ELPAÍS* : No hace tanto que una Administración pública ofrecía 10 por un suelo que iba a expropiar para hacer una carretera o un hospital y el propietario exigía 100 e incluso 200. El asunto acababa irremediablemente en los tribunales porque al gobierno de turno le salía más caro expropiar el terreno que hacer la carretera. Estaba en vigor la ley del "todo es urbanizable", aprobada por el Gobierno del PP en 1998. El Gobierno trabaja ahora en la redacción de un reglamento que acote con fórmulas matemáticas un sistema de valoraciones más racional y aplicable solo en los casos de expropiación. La comisión redactora de la ley del Suelo elabora desde hace dos años un reglamento -el primero en toda la historia de España- que pretende acotar mediante fórmulas el valor de estos bienes para evitar la feroz especulación de años pasados. "Es aceptable que el valor de los suelos varíe un 15% o un 20% pero no un 1.000%", argumenta el arquitecto y urbanista, Gerardo Roger, miembro de la comisión redactora en una jornada informativa organizada por el bufete Cuatrecasas Gonçalves Pereira en Valencia. Y se explica.
Desde finales de los noventa y hasta el estallido de la crisis, en verano de 2007, el suelo ha aumentado su valor, "llegando a quintuplicar la inflación y el IPC de este periodo". Esta alocada manera de valorar el suelo ha duplicado el precio de la edificación en zonas urbanas. Si antes los terrenos representaban el 20% o 30% del precio de las casas, ahora la repercusión sobrepasa el 50% y, si se trata de localizaciones céntricas, incluso el 70%.
Como argumenta Roger, padre de la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), el régimen urbanístico español es una extravagancia en todo el mundo: "El sistema se apoya sobre tres patas: Al propietario del suelo se le regala por ley el valor del negocio inmobiliario reclasificado. A cambio, los propietarios están obligados a pagar los costes anticipados de la actuación urbanística para luego acceder a los beneficios y la Administración no paga un euro y tiene derecho a participar en una parte de las plusvalías privadas".
El borrador de reglamento se envió a principios de septiembre a colegios e instituciones profesionales, organizaciones empresariales, sociedades de valoración y comunidades autónomas para que alegaran. En estos momentos se están valorando. Una vez acabe el proceso, irá al Consejo de Estado y después se aprobará. "El Ministerio (de Fomento) lo quiere disponible lo antes posible", explica Roger.
Hasta hace poco esa máxima popular de "la tierra para el que la reclasifica" daba pie a todo tipo de abusos. El dueño, al día siguiente de la reclasificación tenía garantizado el 90% del valor de su propiedad o expropiación. Un suelo podía pasar de valer seis euros el metro cuadrado a 100. "Es un sistema rígido, antimercado", opina el urbanista, que recuerda el artículo 47 de la Constitución que prohíbe especular con el suelo.
El futuro reglamento busca que los terrenos u otros bienes inmuebles sean valorados por lo que se puede medir, por lo fáctico, no por un futurible. La norma establece dos tipos de suelos; el rural y el urbanizado. En el caso de los suelos rústicos su precio se calcula por el uso que tiene o, si está en barbecho, por su renta potencial si estuviera con el mejor cultivo posible. Las autopistas radiales de Madrid son un caso paradigmático; el metro cuadrado de suelo expropiado se pagaron a menos de 10 euros, los propietarios no estuvieron conforme y recurrieron, y los tribunales fallaron que su precio debía de ser de unos 70 euros el metro cuadrado. El responsable de las expropiaciones se enfrenta a un grave problema. "Con este reglamento se frena estas diferencias", explica. En la fórmulas que se barajan influye la localización -será más caro un suelo si está pegado a Valencia que si está en el Rincón de Ademuz- o la accesibilidad. "Son modelos matemáticos que acotan las arbitrariedades", refiere.
En los suelos urbanizables se produce el efecto contrario "las plusvalías para el que las trabaja". Grosso modo, al dueño se le paga lo que vale el suelo, siempre de acuerdo con su entorno, más lo invertido por el dueño, más las mismas plusvalías que recibe la Administración Pública. "Le valoro la expectativa urbanística en proporción a lo que usted se está gastando", añade. Es un sistema más lógico y más adaptado al mercado, concluye Roger.
* El País - 29.11.10
Fórmulas matemáticas para expropiar y evitar la especulación
Galicia llega una década más tarde a la ordenación urbanística del Cantábrico
Aquel mismo año, en Foz se visaron proyectos para 3.246 nuevas viviendas, y en Barreiros, para 1.149. Entre los años 2000 y 2005, antes de que el sector del ladrillo saltara por los aires, el parque gallego de segundas residencias aumentó en 55.000 unidades, casi el doble que la suma del asturiano (21.000 casas) y del cántabro (11.000).
Cuando a Asturias le llegó el reconocimiento europeo, su Gobierno llevaba 15 años trabajando en la protección del litoral. La aprobación del plan, en mayo del 2005, estuvo prologada por una fase previa de preservación de la costa, que dio continuidad a una anterior de dinamización que posibilitó la recuperación de las playas y de la fachada marítima asturiana.
Cantabria cuenta desde el 2004 con una planificación de su litoral con rango de ley. Como el asturiano, el cántabro ha sido otro modelo para Galicia. Por algo el Gobierno de Touriño reclutó como directora técnica del plan del litoral gallego a la que fue directora de Ordenación del Territorio del Ejecutivo de Cantabria, Miriam García, que ha mantenido con la Xunta de Feijoo la responsabilidad que le dio el bipartito. El modelo cántabro, que prologó su plan con una moratoria de dos años a la construcción en la costa, fue adoptado en Galicia con la ley de los 500 metros. Esa comunidad cuenta con directrices del territorio desde el 2001.
El precedente más inmediato para la ordenación gallega de la costa es el vasco, en vigor desde el 2007. Pero la pieza clave son las directrices, aprobadas en 1997, que se desarrollan en 15 planes parciales y varios sectoriales, como los dedicados a la implantación del AVE y la energía eólica.
Galicia también es la última comunidad costera española que pone orden en su litoral.
* La Voz de Galicia - 28.11.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
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Colectivos de Orihuela instan a castigar en las urnas al corrupto
La Policía Local inmovilizó el vehículo que la anunciaba por megafonía, y el Ayuntamiento amenazó con llevar a los tribunales a las emisoras de radio que difundieran unas cuñas "absolutamente manipuladas" que contenían titulares de prensa relacionados con la corrupción publicados durante los últimos meses. Pese al boicot del PP, el frío y la lluvia decenas de vecinos se concentraron ante el Ayuntamiento, algunos disfrazados de presos, otros de payasos. En las pancartas se leía: Imputados del PP dimitid pitando o Yo pago, tu pagas, el paga y ellos roban. En la protesta se radiaron algunas conversaciones telefónicas entre empresarios y políticos del PP incluidas en el sumario judicial. En el discurso, que leyó Guadalupe Sánchez, portavoz de la plataforma, exigieron la dimisión de los cargos imputados, la creación de una comisión de investigación y fomentar una regeneración de la vida pública. Además, mostraron el "rechazo al contenido repugnante de unas grabaciones que ponen de manifiesto operaciones mafiosas" que presuntamente han realizado empresarios y políticos afines.
Mientras esto ocurría en la puerta del Ayuntamiento, su alcaldesa, Mónica Lorente, del PP, se dio un baño de multitudes reuniendo a un millar de deportistas y aficionados para inaugurar un polideportivo en la zona de la costa.
* El País - 28.11.10
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
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Canarias.- La corrupción salpica a diez grandes empresas
En este amplísimo grupo se cuentan, entre grandes y pequeños, a medio centenar de empresarios. La mayoría continúa arrastrando la situación de imputado en unos turbios asuntos que siguen pendientes de ventilarse mediante juicios. Vistas que aún no tienen fecha.
El último golpe dado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dejado bien a las claras que la presunta comisión del delito de cohecho, el más extendido, no es una cuestión reservada para los inversores de menor enjundia, los que estén atravesando una situación más delicada.
La primera empresa de categoría que se vio salpicada en una operación de este tipo fue Hidrocantábrico, sociedad de la que era intermediario Enrique Guzmán, uno de los imputados en el caso Eolo. Su sumario, que ha dejado tras de sí una media docena de encartados, bucea en un intento de amaño en la adjudicación del concurso para la construcción de parques de aerogeneradores en las islas. Éste será el primer caso que se cierre con una vista oral que algunos sitúan en la Audiencia Provincial al inicio de 2011.
Tras Eolo llegó Faycán. En Telde han sido cuatro las compañías de reputado prestigio que se han visto relacionadas con las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de obras, contratos y servicios por el Ayuntamiento de Telde entre 2004 y 2006. A saber, las constructoras Dragados y Mazotti -con su ex director regional, Abelardo Martínez y su administrador Alejandro Navarro a l frente- la empresa Cobra (Antonio Nadal) y la cooperativa Grupo Europa (José Manuel Antón). A todos ellos se les acusa de cometer sobornos con la edil fallecida Toñi Torres para hacerse con proyectos o construir viviendas en el municipio.
El doblete de Grupo Europa
La instrucción de Góndola, en Mogán, sirvió para añadir al listado el nombre del empresario canario Santiago Santana Cazorla, en el punto de mira de la Justicia por haber construido una depuradora en un lugar inadecuado. En esta causa repite nominación la cooperativa Grupo Europa, que aspiraba a levantar, como en Telde, promociones de casas de protección oficial en el sur de la isla.
Sin salir de Gran Canaria, también se contabilizan una serie de casos de presunta corrupción de segunda nivel -Doramas, Paraíso y Brisan- en los que los empresarios implicados se emplazarían en un segundo escalón por su 'modestia', a excepción de Mazotti, que repite en San Bartolomé de Tirajana.
Por último, en Lanzarote se encuentran las citadas Urbaser y FCC -con Jacinto Álvarez y su libreta como elementos claves en las indagaciones y otros seis empresarios de estas sociedades- y en Tenerife son Antonio Plasencia e Ignacio González los que representan la cuota del empresario potentado en el caso Las Teresitas, con un buen puñado de tomos por desvelar.
* La Provincia - 29.11.10
Foto: Telde (GranCanaria), ayuntamiento - infolabtelde.blogspot.com
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Guipúzcoa.- La obra inconclusa de Urbancasa
Por la Audiencia de Guipúzcoa han pasado a lo largo de las dos últimas semanas testimonios desgarradores de acusados, que sobrellevan el caso como pueden: algunos con resignación y otros con abatimiento. La mayoría de los episodios, en ocho localidades, siguen un mismo patrón. Los estafados ven en una revista un anuncio de una promoción urbanística. Se interesan por ella y Crespo y Ferrer -a quien la defensa y el presunto estafador han tratado de presentar como simple parte firmante- les enseñan el terreno, una casa piloto y les prometen que disponen de todas las licencias. Los afectados entregan un dinero en concepto de reserva y otro como anticipo.
Pasan los meses y las obras no comienzan; muchos timados reclaman su dinero y otros aceptan edificar su casa en otro lugar. En todo momento, Crespo y Ferrer aseguran que hay problemas, pero siempre concluyen diciendo que la casa se construirá. Finalmente, las obras no comienzan y sólo es devuelta una parte del dinero y, además, en algunos casos.
En la salida de la Audiencia de Guipúzcoa, un joven consuela a su novia, que llora por impotencia. Es, según los letrados, el caso más "sangrante" de la estafa. La pareja decidió cambiar su residencia y trasladarse a vivir a Lesaka (Navarra), en un lugar tranquilo. Él, cocinero, y ella, administrativa, solicitaron un préstamo de 150.000 euros para afrontar los pagos de reserva y anticipo, que sumaban 124.000 euros. Tras varios meses, Crespo y Ferrer desaparecen y, aún hoy, siguen sin haber recuperado su dinero. Por el contrario, tendrán que pagar una hipoteca durante los próximos 38 años. "Mi intención es seguir devolviendo el dinero cuando salga de la cárcel, comenzando por el caso de Lesaka", asevera Crespo a la conclusión del juicio.
Pasan las sesiones, comparecen los acusados, los afectados y varios testigos. Incluso, se conoce que Crespo pagó desde la cárcel 18.000 euros a un comisionista francés. El fiscal, que opina que los presuntos estafadores tienen el millón de euros a su disposición, eleva su petición de pena al máximo aplicable a una estafa continuada, ocho años por considerar que, en muchos casos, los estafados querían adquirir las casas como primera vivienda.
Las acusaciones, por su parte, piden diferentes penas. Algunas solicitan un castigo como el que demanda el fiscal, pero otras consideran que se debe considerar cada timo un hecho diferenciado, con lo que las penas podrían llegar a ser de 64 años, ocho por cada localidad.
La defensa, que solicita la libre absolución para los acusados, sostiene que en los contratos queda claro que los inmuebles que los estafados pretendían comprar no son viviendas. "Firmaron a sabiendas de lo que firmaban", remarca. En todo caso, el letrado indica que, en caso de aceptarse la petición del fiscal, deben aplicarse los atenuantes de dilaciones indebidas y de proporcionalidad punitiva de la pena, al haber sido ya condenados por la Audiencia de Navarra. Si esto fuera así, descontando los cuatro años que se les impuso y los tres que han pasado en la cárcel, ambos quedarían libres en 2011. Los afectados, sin embargo, difícilmente recuperarán su dinero.
Los testimonios
- Crespo: "Si no estuviera en la cárcel, habría podido pagar las deudas".
- Ferrer: "No entiendo mucho de estos temas. No sabía que estaba haciendo nada malo".
- Afectados: "Me decían que 'esa casa te la hago por mis cojones". "Sabían lo del crédito y que no dábamos más de sí. Nos quedamos sin dinero y sin casa. Aún nos quedan 38 años de préstamo por pagar". "Fue todo un cúmulo de mentiras. Siempre daban largas, nos decían que estuviéramos tranquilos, que no había prisa". "En vez de casas, había olivos plantados".
* El País - 28.11.10
Foto: Guipúzcoa, urbancasa - accióncontralaespeculación
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El precio del urbanismo en la Axarquía
Algunos de estos alcaldes tienen además pendientes otros procedimientos que todavía no han sido resueltos, como es el caso del alcalde de Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda, condenado por la Audiencia Provincia a nueve años de inhabilitación después de haber sido absuelto. Además, al menos otros seis alcaldes y ex alcaldes y un número no determinado de concejales y ex concejales están siendo investigados o están inmersos en diversos procesos judiciales todavía no resueltos también por presuntos delitos urbanísticos relacionados con la ejecución de viviendas en el campo.
Este es el caso del ex regidor de Sayalonga, José Luis Navas, que renunció a la Alcaldía del municipio tras ser condenado por un juzgado, pero posteriormente la Audiencia de Málaga revisó la sentencia y decidió absolverle. Lo mismo sucede con el alcalde de Riogordo, Francisco Alarcón, al que la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación y una multa de 5.400 euros por la comisión de un presunto delito de prevaricación urbanística por omisión.
En la misma situación están el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández; el ex alcalde y actual portavoz del PSOE de Torrox, Francisco Muñoz, por la aprobación de cinco proyectos de actuación, o el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Marín Alba, imputado por los delitos de cohecho, blanqueo de capital, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.
Preocupación
La situación preocupa no sólo a los regidores y ediles, sino también a los dirigentes socialistas y populares, ya que consideran que se está pagando un alto precio. «Son buenos alcaldes que no podrán repetir como candidatos porque han sido condenados a inhabilitación», señala el secretario provincial de Organización del PP, Francisco Salado.
«Estos pueblos deben tener el mismo trato que ha recibido Marbella en cuanto a la legalización de las viviendas, pero al final están siendo los que están pagando el pato, cuando la Junta de Andalucía ha estado mirando hacia otro lado», dice Salado, cuyo partido está teniendo problemas para completar las listas y tener candidatos en algunos pueblos como Salares debido a lo sucedido con el ex regidor.
Aunque desde el PSOE nadie quiere hablar abiertamente sobre lo que está sucediendo con el urbanismo en la Axarquía, la preocupación se palpa en el ambiente, ya que está en juego es el gobierno de la Diputación Provincial de Málaga.
CONDENAS
Cómpeta. Leovigildo Pérez (ex alcalde del Partido Popular), siete años de inhabilitación y 12 meses de multa.
Arenas. Victoriano García (ex regidor de IU), ocho años de inhabilitación. La misma condena para el ex edil de Urbanismo José Antonio Alcoba (PP).
Salares. Jorge Luis Fernández, (ex alcalde PP), un año de cárcel y ocho de inhabilitación.
La Viñuela. Juan Millán, alcalde (PSOE), quince años de inhabilitación y multa.
Canillas de Aceituno. José Manuel Aranda, alcalde (PSOE), nueve años de inhabilitación y 12 meses de multa. Tiene pendientes varios procedimientos más, algunos de los cuales afectan también a los concejales que apoyaron las licencias
Canillas de Albaida. Antonio Gregorio Díaz (PP), siete años de inhabilitación.
Procesos judiciales pendientes. Contra el ex alcalde de Sayalonga y siete ediles; contra el ex alcalde de Torrox y nueve ediles; contra el máximo regidor de Colmenar, contra el alcalde de Riogordo, contra el ex alcalde de Alcaucín y contra el ex alcalde de Benamocarra y su equipo de gobierno, entre otros.
* Sur - 28.11.10
Foto: El urbanismo descontrolado en el suelo no urbanizable de la Axarquía pasa factura a los alcaldes. :: SUR
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Lugo.- Un auto judicial crítico que ve indicios de omisión del deber y prevaricación
Indicios serios y contundentes de un posible delito
«A la vista de las diligencias de investigación practicadas puede afirmarse que existen indicios serios y contundentes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio (...) así como la posible comisión de otras infracciones penales (falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos)».
Constructores, funcionarios y políticos, en el punto de mira
«Pudiéramos estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística (...) parecer haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales, encargados precisamente de proteger el suelo público, y una promotora particular, para, actuando en contra de los intereses generales, beneficiar injustamente a dicho promotor, firmando, informando y aprobando el convenio urbanístico, Peri, proyecto de equidistribución y licencias, que desde el punto de vista de esta instructora, incumplen de forma manifiesta la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de urbanismo».
Reprimenda al alcalde y la infracción «más flagrante»
Para la jueza, la firma del convenio urbanístico entre el alcalde y el promotor en julio de 2005, sin contar con otro propietario, y la posterior exclusión de su parcela pasándola de la CS-5 a la CS-9 «constituye una infracción grave de la Louga». Además, considera que «la infracción más flagrante, la que lleva a adoptar sin más dilación las medidas cautelares», se ha cometido al faltar los preceptivos informes previos de la Consellería de Cultura al estar afectados los terrenos por las termas romanas, un bien de interés cultural, y el hospital García Portela, un edificio catalogado.
Un informe del Seprona que «llama la atención»
«No puedo dejar de llamar la atención sobre el informe emitido por el Seprona, que al entender de esta juez, incurre en manifiestos errores de índole jurídico, cuando menos, sorprendentes y, en todo caso, contradictorios» con la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1, así como con informes anteriores de la Consellería de Cultura. Añade el auto que «contrariamente a la actuación del Seprona», la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística sí efectúa las mediciones para concluir que la CS-5 está en suelo urbano consolidado a 165 metros de las termas y a 30 del sanatorio.
* El Progreso - 27.11.10
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv
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La corrupción ¿bien de interés cultural?
La tradición, en primer lugar. Desde El Lazarillo de Tormes en el siglo XVI, sabemos que la corrupción es una de nuestras más arraigadas costumbres. Nobles y villanos, reyes y presidentes, han saqueado las arcas públicas y privadas durante centurias. España puede acreditar una gran tradición en esta práctica, y es sabido que nuestro país tiene un amor por sus tradiciones sin parangón. La corrupción es, pues, "un signo identitario del pueblo español".
Nacidos para la gloria. Los corruptos, como los toros de lidia y como los toreros, gozan de una vida singular, muy superior a la de sus congéneres. Reciben un trato exquisito. Y, a diferencia de los astados que mueren ensangrentados y de los diestros que pueden salir malparados, nuestros corruptos a gran escala suelen salir casi indemnes de las cogidas. Para ello existen expertos y caros abogados prestos al quite, el reglamento con sus lagunas y humana aplicación, la cuadrilla en apoyo solidario, la afición que les admira. De hecho, muchos españoles llevan un corrupto dentro, tanto o más que un torero.
Valores estéticos. La corrupción española también es una mezcla de danza, arte y virilidad. A lomos de coches de lujo y embutidos en trabillas italianas, oro y gualda perpetuos, presuntos corruptos bailan ante nuestros ojos, marcando sus soberanos genitales. Sus capoteos mediáticos nos embelesan, nos turban.
La trascendencia. Contemplar la corrupción sirve para descargar colectivamente sentimientos positivos y negativos que relajan el espíritu. Y en esa lucha, casi religiosa, entre el bien y el mal, vemos -irritados algunos, complacientes otros- el triunfo del mal y aprendemos la realidad de la vida.
Así que, una vez declarada la corrupción de interés cultural, turístico y patriótico, habría que aplicarse en su explotación económica. Convertir España en un gran parque temático y registrar la franquicia para exportarla a tantos países que nos siguen los pasos daría trabajo a incontables guías que llevarían a los turistas a contemplar los ladrillos del litoral que han edificado millonarias fortunas particulares, el cemento que embellece el interior, los campos de golf allí donde de natural no hay agua, los vertederos de basuras y escombros por doquier, un castillo con subvenciones fantasma, la noria de los eventos con comisiones dudosas, la montaña rusa del blanqueo de dinero negro o las administraciones de lotería donde se compran boletos premiados para eludir impuestos. Además de las infraestructuras necesarias -que reactivarían el sector de la construcción-, se crearía una industria del souvenir: talonarios, sobres bajo mano, material de espionaje, camisetas, jarras y llaveros con la efigie de las estrellas de la corrupción.
Apuntemos también la posibilidad de levantar escuelas y universidades de corrupción con todas sus materias específicas (cohecho, prevaricación, soborno, tráfico de influencias, fraude fiscal, oratoria demagógica). Y academias o seminarios para quienes solo desean aprender los mecanismos de la "economía sumergida", como cobrar facturas sin IVA y otras menudencias que detraen para el bien común casi el 25% de los ingresos del Estado.
Si consiguiéramos que hasta fuera protegida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO, la corrupción española homologaría a los grandes malversadores y especuladores mundiales. Agradecidos, dejarían de atacarnos.
Así que supongo que estarán de acuerdo en que se impone subvencionar -más aún- a los artistas de nuestra corrupción, no dejar que la fiesta muera. Sin apoyos, estos bravos ejemplares desaparecerían. España sería otra: honesta, responsable, culta. Irreconocible, en una palabra.
Cierto es que casi todos los organismos internacionales han constatado la correlación entre corrupción y deterioro de la democracia, y han llamado a atajar lo que, dicen, no puede contemplarse en ningún caso como comportamientos individuales desviados, sino como putrefacción del ordenamiento social. A gran o pequeña escala, afirman esos organismos, se roba el dinero de todos. Incluso aquí hay enemigos de tradición tan acrisolada. "La corrupción es incompatible con la democracia, hiere gravemente a los propios fundamentos del sistema", afirma Carlos Jiménez Villarejo, nuestro primer fiscal anticorrupción. Pero ¿a quién le importan todas estas jeremiadas?
En Las ciudades invisibles, Ítalo Calvino habla de un "infierno de los vivos" y sus dos formas de afrontarlo. Una, "volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo"; la otra, "buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure, y dejarle espacio". En esas está España: ¿parque temático u honestidad? No me discutirán que hay razones poderosas para optar por lo primero.
* Rosa María Artal es periodista y escritora.
* El País - Opinión - 27.11.10
Viñeta: El Roto, corrupción - 8.03.10 - elpais.com
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PSOE y PP de Jaén regularizan 5.000 viviendas ilegales
Se trata de 5.000 chales, la mayoría de segunda residencia, construidos en las últimas décadas "con el amparo pasivo de las Administraciones", como señaló el concejal de Urbanismo y portavoz socialista, Manuel López, que admitió que este problema había entrado "en un callejón sin salida" con la nueva normativa urbanística.
La inclusión de estas viviendas en el nuevo PGOU ha contado con la complicidad de la Junta, que el mes pasado confirmó el indulto de 142 chalés para los que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir había determinado su demolición por ocupar el dominio público hidráulico. Ayer, sin embargo, la alcaldesa, Carmen Peñalver, defendió la inclusión de las casas en el nuevo PGOU "para evitar la especulación y dar seguridad a las familias" Los socialistas contaron ayer, sorprendentemente, con la sintonía del PP, que ya en la anterior legislatura intentó, sin éxito, legalizar los chalés. El portavoz popular, Manuel Peragón, justificó la alianza con los socialistas "por responsabilidad", aunque les advirtió de que la negociación aún no ha terminado: "Tienen que luchar con la Junta para dar a las viviendas el mayor estatus de legalidad".
IU no discrepaba del proceso de legalización, pero sí con la fórmula elegida por su socio de gobierno, el PSOE. Al calificar la zona como suelo urbano consolidado los vecinos no tendrán que asumir los gastos de urbanización de la zona ni ceder ningún aprovechamiento al Ayuntamiento. "Es una carta blanca a todo tipo de especulación y un asalto al PGOU", dijo la edil Isabel Mateos, que acusó a socialistas y populares de entablar una lucha "por la conquista de los votos" de estos vecinos.
* El País - 26.11.10
Foto: Ayuntamiento Jaén
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"La ciudadanía no quiere dar su opinión sólo cada cuatro años"
-¿Se ha perdido el sentido de la democracia?
-Sí. La democracia cada vez parece algo más alejado de los ciudadanos. Se ve en el aumento de la abstención.
¿El absentismo preocupa a la clase política o sólo se ve como un problema cuando afecta a sus fieles?
Llega un momento en que incluso los fieles en cuestión no votan.
En Vitoria, por ejemplo, se tiene la percepción de que se vota más al candidato que al partido.
Un partido funciona en base a sus estrellas. Antes se votaba por un programa, pero ya no. Se ha pasado del ciudadano al que hay que convencer al ciudadano que hay que seducir.
Usted es de aquellos que afirman que la democracia es el sistema político menos malo.
Sí [categórico].
Cada día en el Ayuntamiento de Vitoria están más presentes las elecciones municipales. ¿Ahora, por las críticas y las promesas, es cuando la democracia se pone a prueba?
Claro, claro. La época de elecciones es época de críticas y programas. Sin embargo, si hicieras una encuesta a la gente sobre esos programas, habría una minoría de respuestas coherentes.
Usted también es muy crítico con los medios de comunicación.
Hay muchos problemas en el periodismo actual. El primero, el tecnológico. La información se ha acelerado, pero esa instantaneidad no da tiempo a la reflexión. Además, los medios han aumentado su competencia y se han multiplicado, sobre todo a través de Internet...
Aumenta la cantidad, pero no la calidad.
Exactamente. Nunca ha habido tantos rumores, manipulaciones e información oculta como hoy en día.
Si queremos ciudadanos que participen en los asuntos de la ciudad, ¿ese mensaje no puede paralizarles?
Los ciudadanos deben participar conscientemente. Igual les compensaba quedarse en casa viendo un partido de fútbol pero, si lo hacen, luego no podrán quejarse porque se implante esto o aquello. De todas formas, creo que no hay que tener miedo a participar.
Sin embargo, participar se asocia más a crítica que a debate.
Es verdad. La participación no es sencilla. Pero ahora, en todo el mundo, la gente no quiere que sólo le pregunten su opinión una vez cada cuatro años. Eso no funciona. La democracia no es fácil; es algo más que ser un dictadorcito durante cuatro años. Por eso debe haber diálogo.
Sin embargo, el concejal gasteiztarra de Urbanismo ha acuñado ya una frase, ante las dudas sobre los proyectos estratégicos: "Si consultáramos a la gente por cada cosa que hacemos, no haríamos nada".
Es posible, es posible.
Entonces, ¿sobre qué hay que consultar a los vecinos y sobre qué no?
La clave está en cumplir tu programa y, luego, consultar sobre otras cuestiones no incluidas en ese programa. Pero la participación no sustituye a la responsabilidad de los electos. La política no es una ciencia exacta. Hay que asociar las decisiones lo más que se pueda a la población, pero lo importante es que los ciudadanos cuenten con las herramientas necesarias para participar, si es que quieren hacerlo.
* Noticias de Álava - 27.11.10
Foto: Vitoria, entrevista I.Ramonet - noticiasdealava
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Cantabria.- ARCA dice que Mazón ha confirmado que derogan PORN para no acatar sentencias
La asociación ha aclarado que no está en contra de la modificación de este plan, pero ha criticado que los trámites iniciados por el Gobierno regional supongan su derogación y cambiar los límites con criterios, a su juicio, "exclusivamente políticos".
ARCA ha lamentado que "al frente a la ordenación del territorio y del urbanismo esté una persona que desprecia el imperio de la ley y que ha dedicado toda la legislatura a desmantelar los históricos logros de su antecesor en el cargo", ha dicho en referencia a José María Mazón.
Y al consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo le ha achacado que no se esté tramitando el Plan Regional de Ordenación del Territorio, se "recorte" el Plan de Ordenación del Litoral y las Normas Urbanísticas.
* ABC - EFE - 27.11.10
Foto: Santoña (Cantabria), marismas - 20minutos.es
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Las Palmas.- Un ex edil de Soria pactó la compra del Canódromo un tercio más barata
Pero pasaron ese año 1998 y el siguiente, terminó el mandato y Pascual Mota no pudo presentarse a la reelección. Era uno de los cuatro concejales díscolos de Soria, como se les denominó entonces a él y a los también ediles del PP Rafael Viñes, Tino Montenegro y Julio Aldaz, por bloquear la aprobación del Plan General. Tras los comicios, con mayoría absoluta de los populares, se retomó el planeamiento urbanístico y se conoció la operación del Canódromo, con otros vendedores -Inprocansa, inmobiliaria propiedad del empresario Eduardo Fernández, que participa en Lifeblood, que acaba de conseguir un polémico contrato millonario con la Consejería de Sanidad-, y a través de un convenio urbanístico de por medio que planteaba la permuta de parcelas.
"Yo no puedo acusar a nadie y no tengo pruebas, pero cuando salí de la política y vi aquello, con las torres previstas en la esquina, no me encajaban las cosas y sospecho que hubo algo raro", comentaba ayer Mota. El ex concejal considera ahora, once años después de abandonar el Ayuntamiento, que de haber continuado él con la negociación las cosas habrían sido distintas. "De lo que estoy seguro es de que si hubiese salido mi idea, nadie se habría llevado un duro de más", abunda.
Pascual Mota, eso sí, jamás supo qué empresa era Inprocansa -que creó luego Urbacan, promotora de la operación del Canódromo- ni conoció a Eduardo Fernández. "Nunca oí hablar de ellos, pero tampoco Jorge Rodríguez me contaba nunca nada sobre cómo iban las negociaciones. Simplemente, después de aquel día que le conté mi propuesta a Soria, nunca más supe del asunto. Hasta creo que fui yo quien les abrí los ojos con lo que se podía hacer allí", recuerda.
* La Provincia - 25.11.10
Foto: Las Palmas, torres Canódromo (archivo) - canarias7.es
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Anticorrupción pide al juez de la 'Gürtel' que se actúe ya sobre los aforados de Castilla y León
El presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, habría recibido 24.000 euros. Habrían cobrado también el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; Gerardo Galeote, ex eurodiputado y ahora asesor de Rajoy en temas europeos; y el ex diputado Jesús Merino. Correa se habría reservado para sí una parte del total pagado por Teconsa a cambio de conseguir la construcción de la citada variante.
Los informes policiales emitidos desde que en febrero de 2009 estalló el caso ya señalaban al presidente de las Cortes castellano-leonesas y ex consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, Toti, como perceptor de cobros.
Otros informes también implican a la actual consejera de Agricultura, Silvia Clemente, pero el escrito entregado ayer por la Fiscalía no la incluye. Hay dos contratos bajo sospecha, ambos adjudicados a la empresa Teconsa. El primero se refiere a la ya citada construcción de la variante de Olleros del Alba (León) y el segundo, a la planta de residuos de Gomecello (Salamanca).
Salvo viraje de última hora, el juez Pedreira decidirá a comienzos de la próxima semana si accede a la petición de la Fiscalía, aunque todo indica que dará su conformidad dictando un auto de inhibición. El inminente levantamiento de las actuaciones que aún permanecen secretas en el sumario Gürtel obliga a adoptar una decisión rápida sobre lo ocurrido en Castilla y León.
La nueva inhibición de Pedreira se producirá así, previsiblemente, antes de que el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) se pronuncie sobre si acepta o no investigar la presunta financiación ilegal del PP en esa comunidad.
El precedente valenciano, cuyo tribunal superior ha estado mareando la perdiz durante más de un año, extiende sombras de duda sobre cuál será la actuación del TSJ de Castilla y León.
* Público - 26.11.10
Foto: Castilla y León, presidente Cortes Jose_M._Fernandez_Santiago - elpais
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El Ayuntamiento de Orihuela boicotea un acto contra la corrupción
La Plataforma por la Transparencia, integrada por una quincena de colectivos cívicos, partidos y sindicatos, contrató un vehículo profesional para que emitiera por las calles unas cuñas con algunos titulares de prensa referidos a los casos de corrupción que han salpicado a ediles del PP, e instando a la ciudadanía a participar en la concentración de hoy. Según denunciaron ayer en una improvisada rueda de prensa Agustina Ballester, Nuria Iniesta y Guadalupe Sánchez, representantes de la plataforma, el vehículo con la megafonía salió el jueves a la calle y a los pocos minutos fue detenido por agentes de la Policía Local, que le pidieron un permiso especial. El conductor argumentó que cada semana hacía lo mismo para anunciar otras actividades o comercios.
Miembros de la plataforma acudieron al Ayuntamiento a solicitar la autorización, y por la tarde el vehículo volvió a circular. A los pocos minutos, una patrulla policial lo volvió a detener y ordenó su "inmovilización" porque lo que tenían era una solicitud de permiso, y no el definitivo. "Nos hemos quedado sin propaganda por las calles", admitía ayer resignada Sánchez, quien aseguró que los agentes amenazaron con sancionarla. Pero sus problemas no acabaron ahí. La campaña de cuñas en las radios locales apenas llegó a emitirse por "presiones y amenazas de la alcaldía", según Lucas López, de la plataforma.
Las advertencias del Ayuntamiento no fueron verbales, sino por escrito y remitidas a la Cadena SER, Onda Cero y Punto Radio. Las dos primeras emisoras no emitieron las cuñas, y la última, con sede en la vecina localidad de Guardamar del Segura, radió unas pocas el jueves, y luego dejó de hacerlo. David Costa, concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento, en un escrito con membrete de la alcaldía y dirigido a los directores de las radios, avisó de que emprenderán acciones legales contra los medios que difundan estas cuñas.
El PP, que gobierna en el Ayuntamiento de Orihuela desde 1986, está muy molesto con el contenido de las cuñas, que considera "absolutamente manipulado". El texto de los anuncios radiofónicos mezcla titulares de prensa del caso Brugal con comentarios sobre las deficiencias en educación, servicios sociales y trabajo que sufren los oriolanos. La concejal Josefa Ferrando salió en nombre del PP para defenderse de "las calumnias y mentiras" del "tripartito", en alusión a la oposición municipal del PSOE, Centro Liberal y Verdes, "que se esconden tras una plataforma inexistente para arañar un puñado de votos".
David Costa, en la carta a los medios, advertía de que "no se va permitir que se realicen manifestaciones de contenido claramente injurioso, calumnioso o directamente falso" y amenazó a "todo aquel que traspase la línea de la crítica política a que responda de sus actos ante los tribunales". El PP asegura que el Ayuntamiento no debe ocho millones de euros a sus proveedores, que el empresario Ángel Fenoll no pagó la campaña electoral de la alcaldesa, Mónica Lorente, y que ella tampoco adjudicó contratos a la empresa de su hermano.
"Es increíble lo de las amenazas y lo que nos está pasando", se lamentaron las representantes del colectivo censurado. "Lo único que hemos hecho ha sido poner en unas cuñas lo publicado en los periódicos. Eso no es delito y, además, dicen lo que la mayoría de la gente intuye", aseguró Guadalupe Sánchez. Ayer, la plataforma entregó a los directores de las emisoras una carta responsabilizándose directamente del contenido y de la difusión de las cuñas, aunque las radios no las emitieron.
Más de 15 colectivos cívicos, sindicatos, asociaciones culturales y partidos políticos pretenden sumarse hoy a mediodía a la concentración en la puerta del Ayuntamiento bajo el lema Por la transparencia y contra la corrupción. La plataforma tiene previsto leer un comunicado y luego emitir por megafonía las grabaciones a políticos hechas por Fenoll e intervenidas por la Policía en el caso Brugal. Los abogados del PP pidieron al juez que prohibiera la emisión pública de estas grabaciones, y el magistrado ha dado traslado del caso a la fiscalía, que se pronunciará el lunes.
Por otro lado, la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, del PP, ordenó ayer a la Policía Local el desalojo de un joven del pleno municipal, que trataba de urbanismo, después de que empezara a grabar con una videocámara. El joven alegó que ejercía un derecho constitucional y desde el PSOE, su portavoz, Antonio Martos, denunció "el abuso de autoridad de la alcaldesa".
Los anuncios que no se emitieron
- Cuña 1:
- El Ayuntamiento de Orihuela debe más de ocho millones de euros a proveedores.
- El 'caso Brugal' destapa que Fenoll está detrás de la millonaria contrata de basuras y pagó la campaña electoral de Mónica Lorente.
- El fiscal ve indicios de hasta cinco delitos en la actuación de la alcaldesa de Orihuela en la contratación de las basuras.
- Detenidos tres concejales del equipo de gobierno que ayudaron a Fenoll a crear una tapadera de empresas.
- Cuña 2:
- El 'caso Brugal' alcanza a la mitad del grupo de gobierno del Ayuntamiento de Orihuela.
- El fiscal Anticorrupción considera que Mónica Lorente adjudicó el servicio de jardines en Orihuela Costa a su hermano Jorge Lorente.
- El director de gabinete de Mónica Lorente, imputado por delito electoral.
* El País - 27.11.10
Foto: Orihuela, ayuntamiento - aquagest
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La joya de la corona a la venta: ¡no a la privatización del Canal de Isabel II!
MATTEO GUAINAZZI* : Si Usted fuera dueña de una empresa que ha generado 98.5 millones de Euros de beneficios (después de impuestos) en 2009 y prevería un resultado neto de 61 millones en 2010; una empresa con 2200 trabajadores altamente cualificados; una empresa con más de 150 años de experiencia, que ofrece un servicio de calidad muy apreciado por los ciudadanos; una empresa cuyos resultados netos han permitido financiar la construcción de un nuevo teatro (100 millones de Euros), líneas de metros, carreteras, acontecimientos deportivos y culturales, además de su misión de servicio público; si usted fuera dueña de esta joya industrial-financiara, ¿qué haría?... A esta pregunta la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, contesta: ¡venderla! Esto es lo que puede pasar con el Canal de Isabel II (CYII), la empresa pública que gestiona los servicios de captación, tratamiento y distribución del agua en la Comunidad de Madrid.
Dos artículos en la ley de acompañamiento de los presupuestos regionales del 2008 prevén que la empresa pública será remplazada por una sociedad anónima, el 49% de cuya acciones se pondrá a la venta. “Una oportunidad para que todos los madrileños puedan ser dueños del su empresa de agua”, afirmó la Aguirre. Pero, ¡un servicio público ya pertenece por definición a tod@s l@s ciudadan@s! Sin embargo, el interés mostrado por grandes transnacionales como Agua de Barcelona para hacerse con el control del Canal demuestran que las acciones acabarán presumiblemente a grandes inversores, no a los pequeños ahorradores. La ley pretende además transferir a la sociedad que se cree todos aquellos bienes patrimoniales que no sean imprescindibles para garantizar el abastecimiento y saneamiento. Se trata de una gran cantidad de suelo, instalaciones y inmuebles con un enorme valor de mercado: ¡una ganga para los compradores!
Envuelto en un total secretismo, sin ni comunicaciones a su Consejo de Administración, el proceso ha seguido su lenta marcha en estos dos años. El Gobierno Regional contrató en Avril de este año sendos informes al Banco BBVA, a Rotschild y a Cuatrecasas sobre las condiciones de salida al mercado. Como desvela Morales de Urioste en un reciente articulo en “Rebelión”, “se están sustituyendo puestos de trabajo internos […] por […] subcontratación, […] eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apena se sacan oposiciones […] para sostituir los puestos vacantes.”
Un amplio abanico de asociaciones vecinales, movimientos sociales, partidos y sindicatos, reunidos en una plataforma ciudadana en contra de la privatización, expresa su más firme oposición a este proceso, ya qué:
* conllevaría un empeoramiento de la calidad del servicio de abastecimiento como consecuencia de la previsible reducción de la plantilla de trabajadores e incremento de la precariedad laboral con el fin de reducir costes
* supondría que las arcas públicas dejaran de recibir los beneficios económicos que esta empresa actualmente genera
* prácticamente desaparecerían las inversiones en reducir las pérdidas en las redes de distribución, pues en la mayoría de los casos no resultan económicamente rentables, y se descartarían definitivamente las inversiones de carácter puramente medioambiental
* desaparecerían además las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, ya qué serían incompatibles con la condición de empresa privada, al ir dirigidas a reducir el consumo y por tanto las ventas de agua y los beneficios económicos
* produciría el desplazamiento de la población hacia el consumo de agua mineral embotellada, por el previsible deterioro de la calidad del agua, lo que incrementaría el gasto mensual por familia
* La quiebra de una empresa privada dueña del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro adecuado de agua potable para la ciudadanía.
Todavía es posible parar los pies a quienes quieren hacer del agua – elemento básico para la vida y la dignidad de la personas y derecho humano básico según Naciones Unidas – un jugoso negocio. Pero, hace falta una fuerte movilización de l@s trabajadores y los ciudadan@s. Sin movilización, sus garras se apoderarán del agua que es, todavía, de tod@s.
* Plataforma Ciudadana contra la Privatización del Canal de Isabel II
* Otro Madrid - Opinión - 21.11.10
Arenas propone un gran acuerdo para regularizar 300.000 viviendas «alegales»
En esta línea, aseguró que se trata de «un problema importante y real» que afecta a «muchas personas que han venido de fuera a vivir en Andalucía» y que, por tanto, «procede» abordar «con todas las consecuencias» una situación que afecta a «una gran fuente de riqueza y también de creación de empleo». «Tenemos que aprovechar cara al futuro que la región es la mejor zona residencia de Europa y no cargárnosla mediante la inseguridad y la desconfianza que genera la normativa jurídica», subrayó.
Arenas arremetió así contra lo que calificó de «diarrea legislativa» de la Junta de Andalucía que ha venido, en los últimos años, a «complicar el panorama» en materia urbanística al tiempo que avanzó que, desde el PP-A, van a impulsar «modificaciones» en torno al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) -«que hasta el nombre tiene feo», ironizó- y a la «famosa» Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que ha sido «tan eficaz que su reglamento que ha tardado diez años en desarrollarse».
Sobre la necesidad de promover un «gran pacto social y político» para dar solución a las viviendas «alegales» e impedir situaciones «terribles e impensables», trasladó que no es una iniciativa «ni singular ni extraña» e hizo referencia a acuerdos similares que se han alcanzado en Madrid, Extremadura, Cantabria, Aragón o la Rioja.
Recordó, al hilo de esto, que se han dado «pasos muy importantes» en algunos municipios grandes como Marbella, Jaén o Chiclana y señaló de vital ese acuerdo en municipios pequeños «con muy poco asesoramiento». «Hay que dar respuesta a las víctimas, a aquellos compradores de buena fe», concluyó.
* Ideal - EP. - 27.11.10
Foto: Arenas mantuvo ayer un encuentro en Almería con representantes de residentes británicos en la Comarca de Almanzora. :: EFE
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El TSJA desestima el recurso de Nerja contra el Plan Comarcal del Territorio
Entre otras cuestiones que afectan al planeamiento urbanístico del municipio, este documento anuló la clasificación como suelos urbanizables de los terrenos del campo de golf de La Coladilla, que el Ayuntamiento vendió cuatro años antes a la multinacional Medgroup por quince millones de euros. Estos suelos estaban reconocidos como urbanizables en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que la propia Junta de Andalucía aprobó en el año 2000.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso SUR, el Ayuntamiento nerjeño denunciaba que la aprobación del POTAX era contraria a derecho ya que «fue anterior al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, por desconocer el derecho de participación y audiencia de la actora y por omisión en su tramitación del trámite de evaluación ambiental», según recoge el fallo, que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.
Asimismo, el Consistorio nerjeño, gobernado con mayoría absoluta por el PP desde 1999, entiende que el plan urbanístico de la Junta «desconoce asimismo la autonomía de los municipios al proceder indebidamente a la clasificación de suelo, vulnerando igualmente la legislación sobre dominio público», según se recoge en la sentencia.
Sin embargo, el alto tribunal andaluz va desmontando, a lo largo de las doce páginas que componen este veredicto, los argumentos municipales, con alusiones a normativas regionales, nacionales, y europeas, así como a diversa jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. En el apartado séptimo, el TSJA se centra en la demanda del Ayuntamiento acerca de que el POTAX cambia la calificación de varias zonas del PGOU nerjeño, en concreto «Los Tablazos, Maro, Sanguino o en el sector del suelo urbanizable SUNP-RDT, que en la aprobación definitiva del documento pasaron a estar contempladas como tales zonas de interés territorial». A este respecto, el TSJA sostiene, citando la sentencia del Tribunal Constitucional 170/1989: «En relación entre el interés local y el supralocal es claramente predominante este último». «Es más, en ámbitos estrictamente urbanísticos, propios de la intervención local, las atribuciones no sólo en materia de ordenación del territorio sino en otras como el medio ambiente o incluso el urbanismo, autorizan también la actuación autonómica», señala también el TSJA.
Pleito con Medgroup
El alto tribunal asegura que el POTAX respetó la autonomía local constitucionalmente garantizada. En el fallo no se hace un pronunciamiento especial sobre las costas. El alcalde de Nerja, José Alberto Armijo (PP), dijo ayer a este periódico que no tenía constancia oficial de este fallo, pero que cuando lo tengan estudiarán si se puede recurrir. La sentencia podría sentar un precedente judicial en el pleito que mantiene Medgroup contra el Ayuntamiento, al que le reclama los 15 millones pagados al no poder ejecutar el campo de golf.
* Sur - 27.11.10< Foto: nerja - hotel-construido-en-dominio-publico - google
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La firma de la familia del alcalde de Moncada facturó a Emarsa 1,7 millones en seis años
Por ello facturan 144.000 euros anuales. A este fijo hay que sumarle otras obras de mantenimiento que no supieron concretar y que, según las auditorías, completaría los 1,66 millones. Uno de los responsables de la empresa aseguró que su trabajo está muy ajustado al presupuesto y que al mes obtienen unos 1.000 euros de beneficio.
Los dos administradores de esta empresa son también hermanos de Concha Gea, concejal del equipo de Gobierno de Medina y también cuñada. Gea trabaja en la Diputación de Valencia donde el edil de Moncada es vicepresidente primero y portavoz del PP.
Cabe recordar que Enrique Arnal, concejal del equipo de Medina entre el 1999 y 2001, fue director financiero de la depuradora de Pinedo. En estos momentos, la Emshi ha presentado una querella por presuntos delitos de estafa continuada y malversación de caudales públicos, así como administración desleal.
Sobre la contratación de Gea Manuel SL, así como todas las demás adjudicaciones, el Partido Socialista aseguró que "son irregulares y se realizaron al margen de la ley". Para esta denuncia, el PSPV se basa en las auditorías realizadas sobre las cuentas de Emarsa.
Por otra parte, el Comité de Empresa de Emarsa, ahora en liquidación, cargó ayer contra los gerentes de la depuradora. "La depuradora ha sido rentable toda la vida y solamente su declive se ha producido por conductas presuntamente delictivas programadas y orquestas por gerentes y consejos de administración, todos ellos de carácter político y al servicio de intereses partidistas", aseguraron. Para el órgano de representación de los trabajadores, que se irán a la calle con la liquidación de la empresa pública, calificaron el escándalo de Emarsa como una "epidemia de corrupción" y exigieron su derecho a conservar sus puestos de trabajo.
En otro orden de cosas, el PP, al frente del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia, rechazó ayer con sus votos una propuesta del PSPV para "exigir" la dimisión del presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), el popular Enrique Crespo, así como de los cargos orgánicos del PP en la capital valenciana que ocupaban puestos de responsabilidad en Emarsa tras las irregularidades detectadas en su gestión.
El portavoz del PP en el consistorio, Alfonso Grau, acusó a los socialistas de que esta moción es "una historia más para tirar las responsabilidades a este equipo de gobierno y a la alcaldesa en un asunto en el que, como en otros, no tiene nada que ver".
* Levante - 27.11.10
Foto: Moncada (Valencia) - moncada
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El Principado imita a Gallardón y se vende patrimonio a sí mismo para lograr liquidez
La operación de crédito encubierto del Principado a través de Vipasa se centra en generar más deuda saltándose el límite de endeudamiento marcado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a las autonomías dentro del plan para la reducción de déficit y gasto públicos. Esta es la gran novedad del último presupuesto de Vicente Álvarez Areces como presidente, y de la legislatura. Esta operación sigue los pasos del Ayuntamiento de Madrid, que encabeza Alberto Ruiz-Gallardón (PP), que ha vendido la mayor parte de Mercamadrid a una empresa municipal para conseguir dinero para pagar a sus proveedores. El gobierno local de Gallardón también vendió el año pasado 18.000 viviendas públicas por 260 millones de euros para alimentar su presupuesto. Este año ha vendido unas 630 por valor de 64 millones.
En el caso de Asturias, el Gobierno del Principado venderá a la empresa pública Viviendas del Principado S. A. (Vipasa) parte de su parque inmobiliario -unas 7.500 viviendas- por valor de 102 millones de euros, eludiendo así el límite de endeudamiento permitido. Vipasa, que hasta ahora simplemente gestionaba estas viviendas, en su mayor parte de alquiler protegido, pasará de casero a propietario en una operación que le obligará a solicitar un crédito por esta cantidad.
A falta de concretar los pormenores de la actuación, la versión que ayer ofreció Jaime Rabanal es la siguiente: Vipasa se comprará 100 millones en viviendas del Principado -no cuantificó cuántas- y pagará dos millones «por otros» bienes patrimoniales del Principado que no quiso precisar. Tras esto, las viviendas serán ofrecidas por Vipasa a sus actuales arrendatarios, que en todo caso mantendrán sus condiciones actuales aunque no acepten comprar los inmuebles. Rabanal defendió esta decisión argumentando que «en un momento como este hay que poner el patrimonio del Principado al servicio de las políticas públicas». El Consejero lanzó un mensaje tranquilizador al sector inmobiliario asegurando que estas ventas «no entrarán en competencia con la promoción privada o concertada» porque «no sería deseable» en plena crisis del ladrillo. Además, Rabanal aseguró que parte de estos 102 millones servirán para mantener las ayudas a la vivienda en niveles «similares a los de 2010» compensando en parte el gran recorte que han sufrido las subvenciones del Estado en este campo.
Desde Izquierda Unida, formación que controla la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de la que a su vez depende Vipasa, se reconoció abiertamente que la operación es para «acudir al endeudamiento», alegando que Asturias se lo puede permitir porque es una de las regiones más saneadas del país. Además, desde la coalición se aclaró que el crédito de 102 millones que tendrá que pedir Vipasa «no pondrá en peligro su viabilidad». Este dinero, según IU, se destinará a inversiones.
Además de estos 102 millones extras, el Principado ingresará el año que viene 10 millones más a través del canon del agua. Este ejercicio el Principado ha ingresado 25 millones por este concepto. Para 2011 ha presupuestado 35 millones, lo que supone un incremento de esta partida de un 40 por ciento. Desde la Consejería de Economía se aseguró ayer que esta subida no afectará por igual a todos los usuarios. Lo anunciado por Rabanal es que la subida del agua se llevará a cabo con una modificación del recibo. Así, los consumos mínimos serán sustituidos por una cuota fija y otra variable, haciendo distinción entre los consumos domésticos y los industriales. Esto garantiza, según la Consejería, que «todas las unidades contaminantes asuman los costes fijos generados con independencia del consumo realizado o de la forma en que el agua sea suministrada». Las medidas recaudatorias extras incluyen el nuevo impuesto verde -una cesión de la parte socialista del Gobierno a IU- que aportará a las arcas regionales 8 millones de euros al repercutir sobre el uso industrial del montes.
Pero no todo serán subidas de impuestos. En el tramo autonómico del IRPF se crea una deducción para fomentar la gestión forestal sostenible por parte de los propietarios de fincas. Se estima que esta deducción puede beneficiar a 300 asturianos.
En lo que se refiere a los niveles de inversión anunciados ayer por Rabanal, éstos llegarán, incluido el dinero que destinarán a este capítulo las empresas públicas, a un total de consolidado de 1.070 millones. Este año la cantidad fue de 1.280 millones. Con este dinero el Principado, entre otras cosas, garantiza el final de las obras del nuevo Hospital Central Universitario de Asturias (HUCA) y cumplir los compromiso recogidos en el pacto social con los sindicatos y la patronal. Las inversiones previstas en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar Social para este año llegan a los 350 millones de euros. Otro gran proyecto que tendrá fondos suficientes será el centro cultural Niemeyer de Avilés.
Rabanal destacó que el Presupuesto mantiene «el firme compromiso con la austeridad», ya que el gasto corriente se reduce un 4,89 por ciento y con el sostenimiento de lo servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales). El 68,21 por ciento de los 4.133 millones de euros del Presupuesto es gasto social, un punto superior al de 2010 (67,23 por ciento). Algunas de las escasas partidas que no se reducirán son, según Rabanal, las dedicadas a I+D+i, que crecerán en un 2,85 por ciento, y los fondos de la Universidad de Oviedo, un 5 por ciento.
Al tiempo, el consejero de Economía se mostró confiado en que el Principado cumpla el límite de endeudamiento impuesto por el Gobierno central. Rabanal explicó que Asturias cerrará el año con una deuda de 1.827 millones de euros, lo que supone 7,8 puntos respecto al Producto Interior Bruto (PIB), «dos puntos por debajo de la media de todas las comunidades autónomas», aseguró. Para Rabanal, «es el Presupuesto adecuado para hacer frente a la crisis». El documento final llegará a la Junta General del Principado a lo largo de la próxima semana para su debate.
* La Nueva España - 26.11.10
Foto: Oviedo, calle Uría - laregioninternacional.com
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México.-Critican especialistas urbanismo en Monterrey
Por su parte, León Krier, teórico del urbanismo de origen italiano, urgió a recuperar la identidad del primer cuadro de Monterrey, no mediante la construcción de más museos o centros comerciales, sino con el regreso de sus habitantes y la mezcla de todos estos factores.
Reconstrucción es una oportunidad para corregir
Los múltiples daños que dejó el huracán Alex en la zona metropolitana de Monterrey generan la oportunidad de que las autoridades corrijan una serie de errores que arrastra la ciudad, afirmó el arquitecto argentino, Rubén Pesci.
El también asesor de la administración estatal expresó que luego de la destrucción que dejó el meteoro, las autoridades deben aprovechar para realizar ajustes en la vida urbana de la ciudad, como elevar la cantidad poblacional por hectárea de la ciudad, construir represas que capten agua y eviten inundaciones, incluso dentro de la zona metropolitana; y ya no urbanizar en zonas bajas o de río.
El urbanista, que ha participado en proyectos a nivel internacional, comentó que actualmente se comete en Monterrey es optar por una baja densidad poblacional, pues al día de hoy se ubica aproximadamente en 47 habitantes por hectárea, mientras que el promedio en América Latina se encuentra en 250 personas por hectárea.
“Hay que hacer medidas de retención de agua, ésta es la gran ingeniería del futuro, la retención de agua, entonces, (se deben hacer) microrepresas, microcontenciones, inclusive en las áreas urbanas, generando a veces pequeños lagos urbanos, reservorios para que cuando vienen estos grandes aluviones haya espacio para retener el agua o para disminuir su velocidad, esto ya está contenido incluso en el Atlas de Riesgo.
* Milenio - 24.11.10
Foto: Monterrey (México) - maps-of-mexico
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