Lugo.- Un auto judicial crítico que ve indicios de omisión del deber y prevaricación

ELPROGRESO* : La juez María del Pilar de Lara Cifuentes, que también instruye el polémico caso Carioca, emitió un auto muy crítico con labor del gobierno local, de los técnicos municipales y hasta del Seprona en la tramitación y supervisión de la CS-5 y que, pese a no ser facilitado a las partes acusadas ni a todos los medios de comunicación, se publicó ayer en la página web de la asociación del Parque. En el documento, la jueza ve indicios de infracciones penales como la omisión del deber de denunciar delitos o de prevaricación, especificando que pueden dar lugar a condenas que van de los seis meses de cárcel a dos años. A continuación se extractan algunos de los puntos más significativos del auto judicial.

Indicios serios y contundentes de un posible delito

«A la vista de las diligencias de investigación practicadas puede afirmarse que existen indicios serios y contundentes de la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio (...) así como la posible comisión de otras infracciones penales (falsedad documental y omisión del deber de perseguir delitos)».

Constructores, funcionarios y políticos, en el punto de mira

«Pudiéramos estar ante la comisión de un delito de prevaricación urbanística (...) parecer haber existido alguna clase de connivencia entre los representantes municipales, encargados precisamente de proteger el suelo público, y una promotora particular, para, actuando en contra de los intereses generales, beneficiar injustamente a dicho promotor, firmando, informando y aprobando el convenio urbanístico, Peri, proyecto de equidistribución y licencias, que desde el punto de vista de esta instructora, incumplen de forma manifiesta la normativa legal y reglamentaria vigente en materia de urbanismo».

Reprimenda al alcalde y la infracción «más flagrante»

Para la jueza, la firma del convenio urbanístico entre el alcalde y el promotor en julio de 2005, sin contar con otro propietario, y la posterior exclusión de su parcela pasándola de la CS-5 a la CS-9 «constituye una infracción grave de la Louga». Además, considera que «la infracción más flagrante, la que lleva a adoptar sin más dilación las medidas cautelares», se ha cometido al faltar los preceptivos informes previos de la Consellería de Cultura al estar afectados los terrenos por las termas romanas, un bien de interés cultural, y el hospital García Portela, un edificio catalogado.

Un informe del Seprona que «llama la atención»

«No puedo dejar de llamar la atención sobre el informe emitido por el Seprona, que al entender de esta juez, incurre en manifiestos errores de índole jurídico, cuando menos, sorprendentes y, en todo caso, contradictorios» con la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1, así como con informes anteriores de la Consellería de Cultura. Añade el auto que «contrariamente a la actuación del Seprona», la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística sí efectúa las mediciones para concluir que la CS-5 está en suelo urbano consolidado a 165 metros de las termas y a 30 del sanatorio.




* El Progreso - 27.11.10
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv

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