Ratifican la condena al ex alcalde de Salares por un delito urbanístico

MÁLAGAHOY* : La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena al ex alcalde de la localidad malagueña de Salares Jorge Luis Fernández (PP) al que le fue impuesto a un año de prisión y ocho de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito contra la ordenación del territorio. Este nuevo fallo se produce después de que el ex alcalde y un promotor, I. O. M., que también fue condenado en este procedimiento, presentaran un recurso de apelación tras ser ambos condenados.

La Audiencia ha desestimado el recurso de apelación y confirma la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga, según el fallo. El juez considera como hechos probados que Fernández tenía pleno conocimiento de unas obras irregulares para la construcción de una vivienda unifamiliar ejecutadas en el paraje "El Pino" entre 2001 y 2007 sin la correspondiente licencia y en suelo no urbanizable.

El ex regidor, "plenamente consciente de la ilegalidad de los trabajos", hizo caso omiso a las advertencias de la secretaria municipal y a las denuncias interpuestas por el propietario de una parcela situada junto a la que se desarrollaron las obras.

Según la sentencia, Fernández no reparó en la denuncia presentada por este vecino en julio de 2005 y no ordenó el inicio de actuaciones para el restablecimiento de la legalidad urbanística infringida, ni contestó a los requerimientos de información de la Junta de Andalucía. Además, con la finalidad de dar a la construcción que se realizaba apariencia de legalidad, expidió en septiembre de 2006 un certificado afirmando que la vivienda estaba "totalmente terminada y reunía las condiciones necesarias de habitabilidad". La Audiencia Provincial también ha ratificado la condena al promotor de la obra a un año de prisión, una multa de quince meses y su inhabilitación como constructor durante un año por un delito contra la ordenación del territorio.





* Málaga Hoy - EFE - 18.10.10
Foto: Salares (Málaga) - andaluciaturismodigital

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Canarias tiene un sistema urbanístico obsoleto que produce normas en exceso

ELDÍA* : Si Canarias quiere alcanzar un desarrollo sostenible lo primero que debe hacer es repensar sus instituciones y procesos de toma de decisiones en materia de ordenación territorial, que derivan del sistema impuesto en España en 1956. Ahora ambos constituyen un lastre al ser "obsoletos", por lo que urge su adaptación y modernización, según explicó ayer el Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Carlos III de Madrid en la primera de las mesas de trabajo en el marco de las jornadas parlamentarias sobre "Ideas para el futuro", que en esta última edición abordó el binomio territorio y población. Además, este sistema produce normas en exceso que resultan contradictorias entre sí.

Este último aspecto fue una crítica compartida por Víctor Hernández, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y Miguel Becerra, director adjunto de Gestur Tenerife, que también intervinieron en la mesa que abordó el territorio, así como Juan José Santana, jefe de área de Coordinación de Planeamiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

En la mesa sobre población participaron Luis Alberto García, catedrático de Psicología de la Educación de la ULL; Vicente Manuel Zapata, profesor titular de Geografía Humana de la ULL y Dirk Godenau, director científico del Observatorio de la Inmigración en Tenerife (Obiten).

Parejo explicó que uno de los problemas "prácticos" que enfrenta Canarias en materia de ordenación territorial es que la legislación canaria sigue lastrada por el corsé del conjunto institucional de 1956, por lo que hay que replantearse el proceso de toma de decisiones en esta materia para hacerlo más simple y adaptarse a la evolución de las circunstancias.

Eso sí, el nuevo modelo debe contemplar que ya no hay dinero público para ayudas, por lo que para ser sostenible debe apostar por la "compactación": combatir la dispersión de la población para lograr una mayor eficiencia energética y abaratar el coste de los servicios públicos. Una vía para conseguirlo, explicó parejo, es la apuesta por la rehabilitación urbana.

Víctor Hernández aclara que "el desarrollo tiene que ver con progreso, no con crecimiento" y explicó que con transformaciones "simples" se puede mejorar la eficiencia territorial. Aboga por una "revolución" que actualice el urbanismo vigente para hacerlo más "dinámico". Critica que España pasó de "casi no tener normas" territoriales a una "inflación" posterior que ha llegado a convertirse en una verdadera "hemorragia" que hace difícil cumplirlas porque son contradictorias y actúan en distintos niveles de aplicación.

Miguel Becerra defendió el nivel técnico de esas normas, si bien cree que lo coyuntural se impuso sobre lo estructural, por lo que ve un desarrollo normativo con "demasiado detalle" en ciertos asuntos.





* El Día - 15.10.10
Foto: Mogán (Gran Canaria), urbanismo salvaje - R.Cordero, elpais.com

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Baleares.- Ordinas dice que era ´vox populi´ que se pagaban comisiones

DIARIODEMALLORCA* : La ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antònia Ordinas ha afirmado hoy al juez que "era 'vox populi' y muy extendida" que en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) se pagaban comisiones durante el pasado mandato, las cuales eran superiores al 15 por ciento. Ordinas ha declarado hoy como imputada durante más de una hora ante el juez Juan Ignacio Lope Sola, que instruye el llamado "caso Ibatur" sobre el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno a este instituto público, un organismo dependiente de la Conselleria de Turismo durante la pasada legislatura del PP.

La ex gerente del CDEIB, que pasó varios meses en la cárcel por otro caso de supuesta corrupción, el "caso Scala", ha afirmado que el ex director general de Promoción Industrial Kurt Viaene le dijo que en su consorcio "eran muy tontos" porque cobraban pocas comisiones en comparación con el Ibatur, un instituto que, según él, "era el modelo" a seguir en este tema.

Si en el caso del CDEIB estas comisiones -que percibían ella misma, Viaene y el ex conseller del PP Josep Juan Cardona- rondaban el 5 y el 15 por ciento de lo que se facturaba a las empresas que las pagaban, en Ibatur, le aseguró Viaene, "se pagaba mucho más", aunque no precisó el tanto por ciento al que se refería, ha dicho Ordinas.

"Todo el mundo lo hace", le dijo Viaene sobre las comisiones, una práctica extendida de la que, según la imputada, sabían trabajadores de la administración, empresarios y periodistas.

La "diferencia" entre el CDEIB y el Ibatur, le relató Viaene a Ordinas, es que en el consorcio "los trabajos se hacían con sobrecoste" y en el instituto directamente "no se hacían".

Ordinas, en libertad bajo fianza tras admitir en prisión que escondió en el jardín de su casa una caja de Cola-Cao con 240.000 euros dentro, colabora con la Fiscalía en estos dos casos y ha admitido haber cobrado comisiones del CDEIB, aunque hoy ha sostenido que de Ibatur no recibió "nunca nada".

La ex gerente ha indicado que el CDEIB tenía problemas de financiación y que, cuando lo hizo saber en una reunión, el ex gerente del Ibatur Raimundo Alabern -también imputado- le dijo que era "absurdo" que se preocupase por eso, ya que "para Ibatur era muy fácil conseguir financiación" por medio de préstamos.

La imputada ha sido preguntada por la colaboración del CDEIB en el proyecto "Honey Moon" del Ibatur sobre promoción turística en China para recién casados, investigado por supuestos desvíos de fondos.

Ha dicho que si bien en un principio puso 210.000 euros, al ver que no se justificaba el dinero se forzó al ex concejal del PP y sobrino político del ex presidente Jaume Matas, Felipe Ferré, a devolver el dinero.

Según Ordinas, Ferré, con quien participaba en varias empresas que se beneficiaron de contratos del Ibatur y del CDEIB y que la semana pasada declaró ante el juez en este caso, "presumía de tener acceso directo a las cúpulas" y era quien entregaba las comisiones del CDEIB a Viaene.

También ha sido preguntada por el imputado Kamal Dorai, que se encargaba del cáterin de ferias y eventos del Ibatur, y ha dicho que no trabajó para el CDEIB a pesar de que Alabern quería que fuera así.

Según Ordinas, era "vox populi" que Dorai, quien supuestamente pagó comisiones al Ibatur, hacía unos cáterins "infectos" con productos de "baja calidad" y altos precios.

"El producto que ofrecía no era de los que tenían las garantías de producción insular, de hecho se comentaba con mucha guasa que en una de las ferias ofreció un queso de una región de España que no era el de Mahón, que era el que tenía que estar en esa feria", ha asegurado.





* Diario de Mallorca - 18.10.10
Foto: Antonia Ordinas, a su llegada a los juzgados de Vía Alemania - diariodemallorca

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El ejemplar Carlos Fabra

IGNACIO ESCOLAR* : Le dice la sartén al cazo. O lo que es lo mismo, elogia el molt honorable imputado Francisco Camps a su colega acusado, el honesto Carlos Fabra: “En 200 años no ha habido un líder político que haya hecho tanto por esta tierra”. “Se ha dejado la vida por Castellón, sin metáforas ni retórica”. “Es un ejemplo de seriedad”. “Tenéis a un gran presidente y estamos contigo”. “Ante las insidias y los ataques de los que tenemos enfrente, siempre encontrarás el cariño de la gente”. Y voy a dejar aquí las citas, que me estoy ruborizando, no sin antes recordar tres cositas. La primera, que las insidias y ataques que sufre Fabra no son obra de los de enfrente, sino de la Justicia. El presidente de la Diputación de Castellón, ese “político ejemplar”, que dijo Rajoy, lleva siete años alargando un proceso judicial por el que ya han pasado nueve jueces. La Fiscalía pide 15 años de cárcel por soborno, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra ha sido incapaz de explicar de dónde vienen 5,3 millones de euros que han aparecido en 94 cuentas bancarias a su nombre. Según los peritos, también se olvidó de declarar al fisco 1,7 millones de euros de nada.

La segunda, que no sé si Fabra se ha dejado la vida por Castellón. Pero sí que salvó la suya en una extraña operación de trasplante de hígado en un hospital público de Madrid –donde su yerno, Juan José Güemes, era consejero de Sanidad–, a pesar de que su centro de referencia era el Hospital La Fe, en Valencia.

La tercera, que eso de que no ha habido otro líder igual en dos siglos es una clara injusticia… con los demás Fabra. Carlos Fabra, el metabarón de Castellón, es presidente de la Diputación, igual que lo fue su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tío-tatarabuelo. Ni los Borbones pueden presumir de tanta continuidad dinástica.





* Público - Opinión - 18.10.10


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Valencia.- El PGOU recalifica suelo de colegios y parques para edificar 2.000 casas

LEVANTE* : El Ayuntamiento de Valencia aprovechará la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia, que prevé la recalificará 481 hectáreas de huerta protegida, para hacer otras recalificaciones puntuales en el casco urbano y dar salida de una tacada a pequeños solares urbanizables de la ciudad que se han quedado aislados por falta de interés de los promotores. La fórmula para hacerlos más atractivos a ojos de las constructoras será recalificar y aumentar su edificabilidad residencial en detrimento normalmente de parcelas vecinas reservadas a uso dotacional, educativo y espacios verdes.

Se trata de trece unidades de ejecución ubicadas en suelo urbano consolidado de Campanar, Tendetes, Malilla, Orriols y el entorno del Camino de Moncada y San Miguel de los Reyes. Con estas modificaciones de las unidades de ejecución se podrán construir unas 2.000 viviendas más, que se añaden a las 30.000 que está previsto construir en la huerta que se recalifique en la revisión del plan. El nuevo planeamiento diseñado por el gobierno de Rita Barberá da un nuevo bocado de 481 hectáreas a la huerta.
En el antiguo Camino de Moncada, la revisión del PGOU prevé recalificar varias parcelas -ocupadas por viviendas ruinosas- que en 1988 se reservaron para un nuevo colegio y una zona verde para hacer 160 nuevas viviendas, sobre las 25 previstas inicialmente. Casi siete veces más. Las parcelas destinadas a jardines y colegios se reducen a la mínima expresión y en su lugar aparecerán torres de entre 6 y 10 alturas.
El suelo escolar previsto inicialmente (9.000 metros cuadrados) permitía hacer un colegio de dos líneas o un instituto pero a reducirse a 5.298 m2 por debajo del parámetro de 5.500 m2 que la Generalitat exige para colegios de una línea. La zona verde original queda fragmentada por las torres de viviendas que se proyectan en la revisión del PGOU.
En las fichas de las nuevas unidades de ejecución en suelo urbano no figura en qué zona de la ciudad se compensa el suelo dotacional que desaparece, tal como marca la Ley Urbanística Valenciana.
Otro de los ámbitos donde se recurre al aumento de densidad edificatoria para financiar la eliminación de tapones urbanísticos está en el entorno de San Miguel de los Reyes, una de las zonas de huerta de máxima protección previstas en la revisión del PGOU.
Se trata de una unidad de ejecución ubicada enfrente del monasterio protegido y sede de la Biblioteca Valenciana donde la edificabilidad casi se duplica. De este modo, el ayuntamiento hace más rentable una unidad con elevadas cargas porque hay que derribar un edificio moderno fuera de ordenación y realojar a los vecinos. De los 27.790 m2 (86 viviendas) previstos inicialmente frente a San Miguel de los Reyes se pasa a 40.498m2 (327 viviendas). Se podrán construir doce fincas de cinco plantas.
Las trece unidades de ejecución que se modifican forman parte de la revisión del PGOU que está en fase de exposición al público en la página web del ayuntamiento y en el edificio de la Tabacalera.

Más de 200 modificaciones
El gobierno municipal del Partido Popular ha aprobado más de 200 modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana que han hecho posibles, entre otras, la construcción de viviendas de alta gama en el entorno del edificio de la Tabacalera o la permuta del solar del nuevo campo del Valencia, en la avenida Corts Valencianes.
El incremento de edificabilidad en estas parcelas a costa de consumir suelo para equipamientos es una vuelta al concepto de urbanismo desarrollista de los años 60 con mucha densidad de edificios y pocas zonas verdes y dotacionales, advierte el grupo municipal socialista.





* Levante - 18.10.10
Foto: Tapón urbanístico entre el Camino de Moncada y la avenida Constitución.- levante

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Los alcaldes tránsfugas de Gondomar obstruyen una orden de demolición

ELPAÍS/Pontevedra* : Los alcaldes tránsfugas de Gondomar -Alfonso de Lis por las mañanas y el titular, Martín Urgal, como regidor vespertino- están ignorando los requerimientos judiciales interesados en el derribo de una vivienda unifamiliar cuya licencia de construcción ya le costó a Carlos Silva, el alcalde del PP en el anterior mandato, su expulsión de la política. No es el único vínculo. La petición de la licencia fue tramitada, para su hija, por Jaime Fernández, auxiliar administrativo del departamento municipal de Urbanismo y, entonces, responsable del Registro y custodio o mero porteador de la carpeta con los documentos a firmar por el alcalde.

Su testimonio en otro juicio celebrado contra Silva por falsedad documental contribuyó a que el ex alcalde esquivara la cárcel que el fiscal pedía para él. Ahora, los requerimientos del juzgado sobre esa vivienda salen de Urbanismo para su tramitación en la Alcaldía, único órgano competente en el procedimiento, pero ninguno regresa a Urbanismo con la firma de Urgal o De Lis para continuarlo.

La demolición de la vivienda, construida en Cruceiro-Donas, fue ordenada en febrero de 2008 en sentencia que el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) confirmó en julio del año pasado: la casa no cuenta con amparo normativo, ni en el plan general de urbanismo de 1997, anulado por el TSXG en 2001 y por el Tribunal Supremo (TS) en 2005, ni en la normativa autonómica sustitutoria. Es lo que sucede con centenares de construcciones en Gondomar. Pero la licencia para esa casa de Cruceiro fue otorgada por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva el 17 de enero de 2006, fecha que pone un punto de inflexión en la gestión urbanística local.

La junta de gobierno, desentendiéndose de las sentencias judiciales, había otorgado hasta entonces licencias a mansalva. Un pequeño lote de ellas condenó a todos sus miembros en primera instancia por prevaricación continuada, aunque la Audiencia Provincial estimó que la prevaricación solo estaba suficientemente probada en la licencia tramitada por Jaime Fernández, que, según él, no fue la última: "Se concedieron licencias hasta mayo de 2006", asegura.

El Gobierno local del PP había respondido a la anulación del plan de 1997 con sucesivas maniobras de distracción que usó hasta la extenuación para no reconocer las órdenes judiciales. Primero, porque la sentencia del TSXG no fue firme hasta que la confirmó el TS y, cuando esto sucedió, en febrero de 2005, el pleno municipal amañó la continuidad del plan con una supuesta corrección de las lagunas señaladas en las sentencias para anularlo.

Hasta el 16 de enero de 2006 no hubo manera de que Silva y compañía se dieran por enterados de que estaban actuando ilegalmente. El requerimiento de la Xunta para que anularan el acuerdo plenario que mantenía la vigencia del plan fue ignorado porque llegó (por Registro) fuera de plazo, y los posteriores autos del TSXG (del 21 de noviembre de 2005 y 10 de enero de 2006) que ordenaban el cese tajante de licencias cayeron en un limbo, hasta que el último de ellos, sin saberse cómo, apareció sobre la mesa de la secretaria municipal, que ese mismo día trasladó su contenido a un informe advirtiendo a los ediles de los riesgos penales que estaban asumiendo. Pese a ello, otorgaron la licencia de Cruceiro.

La orden de demolición, aunque deriva de ese correoso caldo de cultivo, no es consecuencia directa del mismo, sino de la encarnizada hostilidad de dos hermanos que "están a despedazarse en los tribunales". Jaime Fernández es uno de ellos. Entró en el ayuntamiento como secretario particular de Ramón Sestelo, el alcalde que precedió a Carlos Silva, y continuó dos años (de 1999 a 2001) al servicio de este; después pasó a Urbanismo.

En el juicio por falsedad documental contra Silva, celebrado en mayo de este año, Fernández testificó a favor del ex alcalde. Los documentos que le inculpaban se trapichearon en bares del pueblo, a 500 euros la pieza, según sus compradores, y certificaban una falsa antigüedad de viviendas para dejar constancia de la prescripción de obras ilegales realizadas en ellas. Tampoco aquí pudo aclararse en qué momento, en qué lugar ni por qué mano se introducían en la carpeta de firmas que Fernández presentaba a Silva.
La sombra alargada de Carlos Silva

"Habiendo transcurrido con exceso el segundo plazo concedido al Concello para contestar al requerimiento de 9 de marzo de 2010", señala el 1 de septiembre la última providencia judicial en relación con la vivienda de Cruceiro, "se requiere nuevamente al Concello para que en el improrrogable plazo de 10 días indique nombre del funcionario responsable de la demora, al objeto de ser requerido personalmente para depurar responsabilidades". Todos piensan en el funcionario Jaime Fernández, aunque ya no es responsable del Registro ni de la carpeta de firmas del alcalde. Pero esas tácticas de desentendimiento trascienden su papel, formaron escuela en los dos mandatos de Carlos Silva.

Como alcalde, Silva no se enteró de que otorgaba licencias urbanísticas ilegales -hasta la de Fernández, y ni así: "Después de tanto ruido con la corrupción, se me condena por una simple falta administrativa", dijo en una entrevista-, ni de que firmaba documentos falsos que Fernández le traía en la carpeta para legalizar obras ilegales. Tampoco se enteró de que sus principales ediles -el de Urbanismo y el portavoz de su Gobierno, condenados por cohecho- vendían a cachos la edificabilidad de un plan general en marcha ni de que el Ayuntamiento perdía 750.000 euros en una permuta con un promotor. Méritos suficientes todos para que Rafael Louzán le fichara para su equipo en la Diputación Provincial.

Ahora sus seguidores entretienen a los jueces para llegar a legalizar la vivienda de Cruceiro en un nuevo plan general. De otro modo, el Ayuntamiento, que dio la licencia, tendría que indemnizar a Fernández por el derribo. Y sucesivamente, reclamar patrimonialmente a Silva y compañía, que prevaricaron al darla.




* El País - 18.10.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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Cartagena.- La UE cuestiona Novo Carthago

LAVERDAD/Murcia* : La Unión Europea ha lanzado un nuevo manguerazo de agua fría al proyecto urbanístico de mayor envergadura defendido en la última década por la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Cartagena, junto con los de Lo Poyo y La Zerrichera, descartados por problemas judiciales. Siguiendo la metáfora, lo relevante es que en este caso las autoridades comunitarias han echado sobre la macrourbanización más agua y aún más fría, porque no sólo insisten en sus dudas sobre el grado de impacto en el entorno del Mar Menor y el saladar de Lo Poyo sino que afirman ya que el proyecto en sí no está suficientemente justificado.

«Los motivos aducidos por las autoridades españolas para justificar este plan o proyecto son 'razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole social o económica', justificados en 'los 8.000 puestos de trabajo directos que generaría la actuación con una inversión de aproximadamente 1.000 millones de euros'. Sin embargo, no se aporta ningún documento o análisis que permita confirmar esa aseveración», afirma la Comisión Europea en un informe al que ha tenido acceso en exclusiva 'La Verdad'.
Se trata de una carta remitida el pasado mes de julio pasado por el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Ladislav Miko, al Ministerio de Medio Ambiente español y la Comunidad Autónoma en la que resume las conclusiones a las que ha llegado su departamento tras analizar la documentación remitida por esta última en relación con Novo Carthago.
Desde 2005, las autoridades comunitarias se han interesado en tres ocasiones por los pormenores de la macrourbanización proyectada por la promotora Hansa Urbana, que quiere levantar 12.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en una zona protegida por sus valores naturales. En concreto, el paraje de San Ginés de la Jara está incluido en la Red Natura 2000 y destaca por la presencia del humedal o saladar de Lo Poyo y una Zona de Especial Protección de las Aves (Zepa).
En su último informe a la Comisión Europea la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad (de la Consejería de Agricultura y Agua) explicó que había diseñado una serie de «medidas compensatorias» para reducir el impacto ambiental de la urbanización sobre la zona.
Datos de otros residenciales
Sin embargo, el Gobierno regional admitió que esas precauciones «mitigarían pero no eliminarían los riesgos de repercusiones negativas» sobre la Red Natura 2000, y en especial por las «especies y la potencialidad ecológica» de la ZEPA.
Ante esta respuesta, Bruselas pidió más papeles a las autoridades regionales para conocer con detalles si se cumplirá la llamada Directiva de Hábitats (en su artículo 6.4) y sigue insistiendo en que de momento no está acreditado «que se haya realizado una adecuada evaluación de las repercusiones del proyecto teniendo en cuenta los objetivos de conservación de los lugares de la Red Natural 2000 afectados».
En concreto, se refiere al paisaje de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor y cita «los impactos acumulados con otros planes o proyectos existentes en la zona». Es decir, que no basta con evaluar de forma aislada Novo Carthago sino ponerlo en relación con la presión urbanística actual de la ribera del Mar Menor y los planes de nuevas urbanizaciones en la zona.
Bruselas echa en falta medidas «específicas» para la «conservación del lugar y los hábitats y especies perjudicados, y que sean proporcionales desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo».
Más y mejores medidas
La Unión rechaza por ejemplo restaurar sólo una parte del humedal de Lo Poyo, y quita valor a construir un Centro de Interpretación y Conservación del saladar. Es más, a su juicio esto último «no proporciona ningún tipo de compensación específica de los efectos negativos del proyecto» ni asegura «la coherencia global de la Red Natura 2000».
Bruselas pide un esfuerzo en cantidad y calidad, y sugiere a las autoridades españolas que apliquen el derecho europeo según los consejos de dos documentos de la Comisión.




* La Verdad - 17.10.10
Foto: Un hombre pasea en bicicleta y otro a pie por un camino de tierra junto a la finca de Novo Carthago, donde unas banderolas anuncian la urbanización, en enero pasado - laverdad

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Trescientos vecinos de Dénia claman contra las obras en una plaza centenaria

LEVANTE/Alacant* : "Por favor no nos quitéis el Panterri, no enterréis una parte importante de nuestra memoria histórica y de nuestros sentimientos". Así terminó el manifiesto que en la tarde de ayer leyó Virginia Ramírez ante trescientos vecinos de Dénia que se concentraron en la calle Cop, junto a lo que queda de la histórica plaza del Panterri (ese es su nombre popular) o de la Constitució. Esa última frase desató un aplauso encendido de todos los manifestantes, que, a continuación, corearon el lema de "salvem el Panterri".

La protesta de ayer fue más emotiva que numerosa. Los vecinos que la secundaron intentaron insuflar algo de vida en una plaza centenaria que tiene los días contados. Ya se han iniciado las obras de remodelación que eliminan un elemento arquitectónico tan singular como el del parterre. La alcaldesa, Ana Kringe, del PP, ha asegurado que estas obras no las paraliza ni el sursuncorda. De hecho, el viernes las máquinas entraron en la plaza en una demostración de que, efectivamente, el gobierno local no se plegaba a las presiones vecinales.
Ayer, ya quedaba bien poco del centenario parterre. En un extremo de la plaza, estaban apilados los sillares de piedra del Montgó que lo coronaban.
Los manifestantes interpretaron ese mensaje de que las obras no se van a parar como "tozudez". Denunciaron que con la excusa de modernizar se va a destruir "esta plaza más que centenaria en la que se han vivido tantos y tantos hechos que forman parte de nuestra historia".
Pero, más allá de la importancia histórica de una plaza en la que están la iglesia de l'Assumpció y el ayuntamiento, que es un edificio señorial del siglo XVII, los manifestantes reivindicaron la memoria sentimental del Panterri, que es, por deformación de parterre, como se conoce en Dénia a este espacio urbano. "La major parte de la gente de Dénia ha hecho su trayecto vital por el Panterri; han pasado por él desde que nacieron hasta que dejaron este mundo", indicaba el manifiesto. "Si lo hacen desaparecer, las nuevas generaciones podrán saber, pero no sentir lo que de verdad ha significado para los vecinos".
Los manifestantes argumentaron que destruir el parterre es como "si se cortaran los árboles de la calle Campo en nombre de la modernidad y la movilidad".
A la protesta, asistieron, entre otros, el historiador Vicent Balaguer, la portavoz socialista y ex alcaldesa, Paqui Viciano, el nuevo edil del Bloc, Josep Crespo, y los presidentes de las asociaciones de vecinos de Baix la Mar y Roques.





* Levante - 17.10.10
Foto: Los manifestantes se concentraron en la calle Cop, ya que no tenían permiso para hacerlo en la plaza del Panterri.- levante

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Más de 12.500 pisos en Málaga valen ya menos de lo que indica su hipoteca

LAOPINIÓN* : El desplome de más del 20% de los precios de la vivienda en Málaga desde que empezó la crisis tiene un efecto pernicioso, advertido por no pocos analistas: la pérdida patrimonial de muchos de aquellos que compraron casas con valores inflados y que ahora se encuentran con que sus pisos valen menos de lo que indica la costosa hipoteca que firmaron en su día. Un estudio realizado por la prestigiosa agencia de calificación Standard & Poor´s revela que un 8% de los pisos que se compraron en España en los años 2006, 2007 y 2008 en España (en particular los de estos dos últimos ejercicios) están devaluados y, por tanto, no valen los que sus compradores pagan religiosamente por ellos mes a mes en su cuota hipotecaria.

Para Andalucía, el informe arroja un porcentaje del 8,3%, lo que para Málaga, el auténtico motor inmobiliario de esos años en la región, supone un verdadero revés. En estos tres años se firmaron en la provincia unas 148.000 hipotecas por valor de 23.800 millones de euros. Pues bien, un total de 12.500 de esos préstamos hipotecarios corresponderían a viviendas que no valen lo que sus sufridos propietarios firmaron por ellas en su día. La mayor parte de los afectados, según opina el sector, respondería al prototipo de compradores que, con sus ahorros, compraron una segunda residencia como elemento de inversión o a jóvenes que adquirieron su primera casa como trampolín con el pensamiento de, al paso de los años, venderla y poder adquirir otra mejor.
«Para ellos, la bajada de precios ha sido muy negativa, ya que contaban con revender esa casa y sacarle una ganancia que ahora no existe. Pero no afecta tanto al que compró su casa con la idea de vivir en ella indefinidamente», comenta el delegado de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Alfredo Martínez. A esas personas solo les queda, a su juicio, esperar a que , a medio y largo plazo, los precios vuelvan a repuntar poco. Pero una revalorización rápida para sacar beneficio es, hoy por hoy, una utopía.
De la misma opinión es el consejero delegado de Analistas Económicos de Andalucía (AEA), Francisco Villalba, que cree que ahora se están pagando los «excesos» de un tiempo en el que la vivienda fue considera el mejor y más fácil vehículo de inversión. Villalba piensa que a los precios de los pisos les queda todavía un margen de bajada del 10% hasta llegar a ese 30% que AEA siempre ha considerado como el sobreprecio arrastrado desde el boom inmobiliario. Sólo entonces, en su opinión, podrán tener también salida rápida ese stock de 22.600 viviendas sin vender en Málaga que sigue paralizando al sector inmobiliario.

Riesgos de la bajada de precio

Sin embargo, algunos vienen alentando sobre el peligro de la bajada de precios. El director general del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, considera que nuevos descensos traerían más pérdida patrimonial para los que compraron entonces y abriría la puerta a que se repitan errores del pasado: «Si siguiéramos así sólo conseguiríamos dar ventaja a los especuladores con liquidez, que comprarían muy barato todo ese parque de vivendas para luego volver a venderlas a precios desorbitados», ha afirmado en varias ocasiones.
La desenfrenada espiral de precios que se vivió entre 2004 y 2008, donde un piso podía subir de precio en varios millones de las antiguas pesetas en sólo un par de meses, provocó que muchos compradores accedieran a pagar lo que se les pedía amparados por un crédito bancario que fluía de forma irresponsable, como han demostrado los posteriores problemas de liquidez de muchas entidades financieras. La burbuja inmobiliaria estalló justo cuando la crisis económica y el paro comenzaron a hacer aparición. No en vano, el informe de Standard & Poor´s también revela que un 6,3% de los créditos firmados en esa época –5,9% a nivel nacional– también presentan problemas de morosidad. Haciendo la proyección, en Málaga tendrían ese problema más de 9.250 hipotecas.
El problema para los bancos y cajas también es morrocotudo, ya que aunque haya casas que terminan siendo embargadas porque sus dueños no las puedan pagar –algo que, de hecho viene sucediendo en los últimos dos años–, no habría ganancia alguna, más bien al contrario. La subasta de esos pisos a los precios en que ahora mismo se mueve el mercado no igualaría el de las hipotecas concedidas en su día para esos inmuebles. Para el banco o caja, el verdadero negocio es que el hipotecado siga pagando.





* La Opinión de Málaga - 17.10.10
Foto: Más de 12.500 pisos en Málaga valen ya menos de lo que indica su hipoteca - laopinion

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Hotel del Palau, urbanismo y delito

CARLES PAREJA LOZANO* : La imputación penal de los responsables del urbanismo barcelonés y de un reconocido arquitecto por el caso del hotel del Palau constituye la última manifestación de un fenómeno que causa asombro a los que llevamos ya bastantes años dedicados al derecho urbanístico: la criminalización de las mal llamadas recalificaciones urbanísticas, que, según parece, resultan en sí mismas sospechosas de entrañar un buen número de delitos.Las recalificaciones o, más propiamente, las modificaciones de los planes aparecen previstas expresamente en la vigente legislación y constituyen un instrumento habitual e imprescindible para el desarrollo de las políticas urbanísticas. Si alguien obtiene beneficios ilícitos de una actuación urbanística debe ser perseguido penalmente, pero por causa de la ilicitud de tales beneficios, no por la actuación urbanística en sí, que aparece con carácter general sujeta al derecho administrativo. Únicamente cuando existan indicios de que la obtención de tales beneficios ilícitos era la finalidad perseguida con la modificación del plan procederá la calificación penal de la tramitación urbanística seguida, ya que en tal supuesto estaríamos ante la denominada prevaricación urbanística prevista en el art.320 del Código Penal.

En el caso del hotel del Palau, y como evidente daño colateral de las andanzas del inefable dúo Millet-Montull, parece que la imputación de la cúpula del urbanismo barcelonés se relaciona con una supuesta ocultación de la identidad real del propietario de las fincas, dado que quien había promovido la actuación urbanística, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música, ya no era propietario de los terrenos cuando se aprobó su recalificación, sin que dicha información constara en el plan. Supuestamente, el error u omisión en la identificación de los propietarios podría esconder una finalidad especulativa en la operación, en lugar de las finalidades de interés público que, también supuestamente, comportaba el hecho de que esta actuación fuera promovida por el Palau.

No obstante, esta vinculación entre propiedad de las fincas y bondad de la actuación urbanística nada tiene que ver con el criterio que debe guiar la formulación y aprobación de los planes urbanísticos. Las administraciones competentes deben decidir la procedencia de modificar o no el plan en función de la racionalidad y bondad de la ordenación urbanística, sin olvidar que es también necesario garantizar su viabilidad: que genere las suficientes plusvalías urbanísticas para afrontar las cargas de urbanización y poder llevar a cabo la actuación prevista por el plan. Y en este contexto carece de toda relevancia quién va a ser el propietario final de las fincas. Tanto es así, que la propia legislación estatal sobre el suelo prevé expresamente la participación de los particulares no propietarios en los procesos urbanísticos.

En el caso del hotel del Palau las plusvalías se generaron en gran parte a favor de la Generalitat de Catalunya, que realizó una excelente operación patrimonial mediante el cambio de calificación de la finca de su propiedad, de residencial a equipamiento, según el convenio firmado en su momento. Para que estas plusvalías fueran efectivamente apropiadas por la Generalitat, así como por el Palau, era imprescindible que un tercero asumiera su pago mediante la adquisición de las fincas recalificadas destinadas a la construcción de la instalación hotelera, tal y como además se estableció expresamente en el referido convenio. En consecuencia, la decisión urbanística de implantar un hotel en ningún caso podía aparecer supeditada a que el titular de las fincas fuera el Palau de la Música (¿o es que acaso el Palau tenía que convertirse en un empresario hotelero?), sino a la conveniencia para la ciudad de tal decisión.

No voy a entrar aquí en el legítimo debate planteado por determinadas entidades vecinales sobre la bondad urbanística de la propuesta; pero es evidente que dicho debate no debería haberse situado nunca en la órbita del derecho penal. No parece, pues, que se esté cumpliendo en este caso con el principio de última ratio propio de la intervención penal ante la eventual existencia de ilícitos administrativos, sino más bien todo lo contrario. En este contexto, es ciertamente lamentable que, partiendo de una errónea aproximación a la naturaleza de las actuaciones urbanísticas, pueda cuestionarse la honorabilidad de excelentes servidores públicos y profesionales con una trayectoria personal sin tacha alguna.

Pero más allá de esta circunstancia, los efectos de este intervencionismo de la jurisdicción penal pueden ser especialmente nocivos para el buen funcionamiento de la Administración pública, ya que pronto va a resultar algo cercano a la heroicidad participar en la gestión de la cosa pública. Y disponer de los mejores, dispuestos a ello, es fundamental para la construcción de un país.


* Profesor titular de Derecho, Administrativo de la UPF. Abogado.




* El Periódico - Opinión - 16.10.10

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Alicante.- La Fiscalía ve indicios para imputar a Castedo y Alperi

INFORMACIÓN* : El ex alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y la actual alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, están en el punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción que considera que ambos podrían tener responsabilidades penales en presuntas irregularidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU). El fiscal ve indicios tanto para imputar a Alperi como a su sucesora -mano derecha del ex alcalde y ex concejala de Urbanismo antes de ser primera edil- en relación con presuntas anomalías vinculadas al PGOU, según ha podido saber este diario.

Las supuestas irregularidades urbanísticas que el fiscal pide investigar forman parte de una de las piezas separadas que el juez de Orihuela que instruye el grueso del "caso Brugal" envió a Alicante por tratarse de asuntos desvinculados de la trama principal, aunque descubiertos a raíz de ésta.
Todas las investigaciones parten de un nexo común, que son las intervenciones telefónicas efectuadas por la Policía a, entre otros, los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregoy y Ángel Fenoll y hasta el propio presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll.
El procedimiento que afecta al PGOU de Alicante recayó en el juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular, Manrique Tejada, ha asumido la investigación. Este diario ha podido saber que tanto el informe policial remitido al Palacio de Justicia de Benalúa como el elaborado por la Fiscalía Anticorrupción contienen material del que se desprende que podrían existir indicios de delito hasta el punto de que el fiscal, en su argumentación para que el asunto se enviara a Alicante, plantea la posible imputación del anterior regidor y de la actual .
El asunto está bajo secreto de sumario (motivo por el que no han trascendido las supuestas anomalías) y el principal escollo con el que ahora se encuentra el magistrado Tejada radica en que no dispone de la causa completa para calibrar el alcance de los hechos avanzados por la Policía y el fiscal. El propio juzgado solicitó las diligencias el pasado mes de julio sin que hasta el momento las haya recibido. Prácticamente todos los juzgados con piezas separadas del "caso Brugal" están esperando la documentación que tiene que enviar el juez de Orihuela, Carlos San Martín. El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, se encargó en su momento de repartir un avance de los procedimientos por los seis juzgados a los que les ha tocado pronunciarse sobre la competencia en estos asuntos.

Aforado
Una vez que la causa sobre las supuestas irregularidades urbanísticas llegue al juez Tejada, éste tendrá que estudiarla, realizar una instrucción previa y decidir si, como prevé el fiscal, se produce una imputación formal, o si no existe base para ello. Si el magistrado viera indicios de delito tras efectuar estas averiguaciones y estos implicaran a Alperi, el caso tendría que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia al estar el ex alcalde aforado por su actual condición de diputado autonómico.
La situación de aforado del anterior alcalde ya ha obligado en otras ocasiones a los jueces alicantinos a remitir causas al tribunal autonómico. Tal fue el caso de los tres aparcamientos subterráneos adjudicados a Ortiz, un asunto en el que se investigaba un presunto trato de favor al empresario por parte del Ayuntamiento y que, tras la instrucción llevada a cabo por el magistrado Jesús Gómez-Angulo durante casi un año, acabó archivando el TSJ nada más recibir la causa.
Igual final para Alperi tuvo el "caso Mercalicante" abierto por un desfalco millonario en la empresa de capital mixto. El máximo órgano judicial de la Comunidad, a cuyo frente se encuentra Juan Luis de la Rúa, concluyó que el ex alcalde no podía ser considerado responsable del agujero contable de la mercantil.

El juez de Orihuela no entrega documentos desde hace 40 días
El juez del caso Brugal, que investiga, entre otros, el Plan Zonal de la Vega Baja o la adjudicación de la recogida de basuras en Orihuela, anunció el 2 de septiembre que levantaba el secreto de sumario. Cuatro días más tarde, el día 6, entregó a las defensas, en soporte digital, las escuchas policiales a políticos y empresarios imputados; entre ellos, el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, o los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. En total, casi 2.000 folios de documentación y sólo una pequeña parte de lo que hay en el sumario. Cuarenta días los abogados se preguntan dónde está el resto. El magistrado ya dijo entonces que tenía graves problemas para facilitar la documentación por la falta de medios en el juzgado. No ha puesto al día de hoy otra excusa. En este tiempo sólo ha notificado recursos contra sus autos. D.P./M.A.

El mismo juzgado que investiga a Gregory
El juzgado que ha asumido la investigación por presuntas irregularidades en el PGOU de Alicante es el mismo que indaga también supuestas actuaciones delictivas en relación con la compraventa de camiones de Autisa, mercantil del empresario Rafael Gregory, imputado en el grueso del "caso Brugal". Esta pieza separada, también desgajada de la investigación de las basuras, fue incorporada a la abierta la pasada primavera por la presunta estafa en el renting de camiones en la que aparecen imputados Gregory y un hermano suyo.





* Información - 16.10.10
Foto: Alperi y Castedo (archivo) - adn

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A Coruña.- Los edificios que destruyó el siglo XX

LAVOZDEGALICIA* : El Ayuntamiento se marcó como objetivos para la elaboración del nuevo listado de bienes protegidos la actualización del catálogo vigente, la inclusión de nuevos elementos exteriores al ámbito del Pepri y dar coherencia al catálogo con la normativa que regula la ciudad. El concejal de Rehabilitación Urbana e Vivenda, Mario López Rico, explicó que con el paso del tiempo los poderes públicos, en concreto la administración local, se ha dado cuenta de la necesidad de promover la revisión de los planes generales y de conservar el patrimonio construido ya que se trata, según aseguró, «dun ben estratéxico, que conserva as señas de identidade do pasado dunha cidade e que conforma a aposta de futuro con elementos diferenciadores que dan calidade urbana e valor patrimonial á Coruña».

De hecho, según indica, las ciudades que logran conservar, rehabilitar y proteger sus elementos patrimoniales adquieren «un valor que cada vez se aprecia máis».

Mario López Rico explicó que los años 60 fueron «terroríficos» en la ciudad coruñesa ya que desaparecieron entonces innumerables y magníficos ejemplos de la arquitectura coruñesa. Se derribó, por ejemplo, la antigua fachada de Juana de Vega donde estaba ubicado el Hotel Francia, entre el Banco de España y la plaza de Mina, y la presión urbanística modificó completamente y de forma irremediable la fachada del Cantón Grande y del Cantón Pequeño, donde la tradicional arquitectura coruñesa de galerías fue sustituida por grandes edificios que, según comentó el concejal de Rehabilitación Urbana «coparon con contundencia o espazo máis emblemático da cidade como mostra do seu poderío económico durante os anos 70 e 80».

Otros derribos paradigmáticos a lo largo del último siglo fueron los del asilo de la calle Adelaida Muro, la Casa dos Tobías de Puerta Real o la Casa Gótica (del siglo XV) del Parrote, que fue demolida en el año 1936. En la zona del relleno portuario, donde actualmente están los jardines de Méndez Núñez, el Pabellón Lino desapareció debido a un incendio y el Teatro-Circo Emilia Pardo Bazán se demolió en 1915 para dejar espacio al actual edificio de la Autoridad Portuaria. A lo largo de toda la ciudad se produjeron casos similares: en la Gaiteira se derribó la Estación del Norte; en la calle Betanzos se demolió el antiguo colegio de los Maristas; los hoteles Atlantic y Palace, en los Cantones y el mercado Da Guarda diseñado por Pedro Mariño. También en la Ciudad Vieja se eliminaron antiguos edificios monumentales y de muy buena calidad arquitectónica para dejar libres solares «nos que despois se levantaron verdadeiros adefesios», comentó López Rico.

A pesar de que hubo momentos de la historia coruñesa en la que primó la especulación y el urbanismo voraz que hizo desaparecer significativas construcciones, el concejal y arquitecto López Rico destaca que las galerías de la Marina consiguieron sobrevivir «porque foron protexidas polo recoñecemento mundial que xa tiñan, pola magnífica calidade da construcción e porque se conservaron en óptimas condicións xa que sempre estiveron ocupadas por xente con máis ou menos posibles». Por lo tanto, aunque las galerías sufrieron «atentados» puntuales y salpicados a lo largo del tiempo estos no consiguieron hacer desaparecer toda la fachada de cristal y madera.

Según indicó el concejal nacionalista, el Ayuntamiento coruñés está realizando ahora un esfuerzo importante para que el nuevo PGOM amplíe la protección a edificios y construcciones singulares y, de esta forma, evitar que desaparezcan bien por la acción urbanística bien por la dejadez de sus propietarios. La declaración de las zonas ARI (área de rehabilitación integral), la revisión del plan Pepri y las ordenanzas que extienden a toda la ciudad las ayudas para rehabilitación son algunas de las actuaciones municipales que luchan contra el abandono de los edificios de la ciudad y los atentados urbanísticos. En este sentido, destacó que ya se ha realizado la séptima convocatoria de ayudas para rehabilitación en el casco histórico puesto que, según reconoce, «non hai conservación e rehabilitación sen a intervención pública».





* La Voz de Galicia - 17.10.10
Foto: La Casa Gótica del Parrote, que había funcionado como cárcel, fue demolida en 1936 - lavozdegalicia

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El Raval: la ciudad sin puertas

JUDIT CARRERA/Barcelona* : Sostiene la antropóloga brasileña Teresa Caldeira que las periferias urbanas son simultáneamente espacios de marginalidad e innovación creativa, porque sus habitantes no son sólo consumidores o víctimas de los que las diseñan, sino agentes que participan de forma activa en su proceso de urbanización. Las periferias, según Caldeira, no serían espacios cerrados o aislados, sino procesos de formación social y urbana en constante transformación que nos obligan a repensar ese sistema de coexistencia pacífica entre diferentes al que llamamos democracia.La Rambla del Raval cumple 10 años y nuestro centro más periférico sigue viviendo al límite. Su condición de barrio frontera -recordemos que raval proviene del vocablo árabe rábad, que significa espacio marginal o exterior a las murallas- no le ha abandonado a lo largo de la historia. Su transformación ha sido colosal y globalmente positiva durante los últimos 30 años, como se han encargado de demostrar numerosos estudios. Y, sin embargo, el Raval sigue siendo -con permiso de las periferias metropolitanas- el espacio de vida más precario de Barcelona.

Su esperanza de vida media es siete años inferior a la del barrio de Les Corts. Aumenta el fenómeno de los sin techo, se intensifican las situaciones de infravivienda y vuelve a haber hambre en el Raval. Sus escuelas reciben todo tipo de presiones y asisten impotentes a la huida de los hijos de las clases medias. En el año 1996, los habitantes de origen extranjero suponían el 9,4% de la población; 14 años más tarde, esta cifra supera el 47%, mientras que en el resto de ciudad se mantiene alrededor del 17%. Las 109 hectáreas del Raval soportan la presión simultánea de inmigración, ocio nocturno, turismo y exclusión social en intensidades muy extremas.

Pero mientras algunos se empeñan en cerrar los porches de la Boqueria como solución a los problemas, la vida en el Raval sigue transcurriendo en un delicado equilibrio. En él conviven más de 70 nacionalidades que comparten pisos, calles, negocios y oratorios. Sin embargo, ninguna de las comunidades de origen extranjero supera el 10% de la población total: algunos expertos defienden que la densidad urbana ha sido el mejor antídoto contra la formación de guetos en el barrio. En el Raval se oyen diariamente decenas de lenguas, ajenas a los debates que en parlamentos y televisiones siguen anclados en la supuesta contradicción entre catalán y castellano. Si es cierto que el choque de civilizaciones se juega diariamente en nuestros barrios, entonces el Raval es un modelo de pluralismo y de democracia por venir. Porque la vida fluye en el Raval, con tensión, sin duda, pero con espacios urbanos que albergan usos mixtos, así como una vida cultural y económica intensa y variada. También esta rambla que ahora celebra su décimo aniversario se ha acabado convirtiendo en un ejemplo de buen urbanismo, aquel que, según Manuel de Solà-Morales, y más allá de cánones de belleza o de grandeza, proporciona al ciudadano la conciencia de pertenecer a una comunidad más amplia. En la Rambla del Raval, uno percibe la magnitud y los límites del barrio mientras toma conciencia de su inserción en la ciudad, con la perspectiva lejana de la torre de Collserola en el Norte y el cercano olor del puerto en el Sur. En muchos aspectos, el Raval cumple las condiciones de apertura, pluralidad y autoconciencia que la filósofa Seyla Benhabib otorga a un espacio público plenamente democrático.

Es inútil poner puertas en el Raval: la realidad se infiltrará a través de cualquier valla. La lucha por el Raval no es una batalla de restricciones o control policial, sino el deber de exigir políticas urbanas, sociales y educativas que consigan reducir las desigualdades, mejorar las miserables condiciones de vida de una parte importante de sus habitantes y preservar lo que, sorprendentemente, funciona. Porque en la pequeña superficie del Raval se concentran algunos de los principales retos de la sociedad contemporánea y, a pesar de todo, el barrio se sostiene. Y lo hace poniendo cada día a prueba nuestra democracia de manera radical. La hospitalidad es el derecho de todo extranjero a no recibir un trato hostil por el mero hecho de ser llegado al territorio de otro. Cuando Francia reivindica el derecho de expulsión, el Raval ofrece en su frágil equilibrio algunos signos de esperanza.


* Judit Carrera es politóloga.



* El País - http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Raval/ciudad/puertas/elpepuespcat/20101007elpcat_4/Tes">* El País - Opinión - 7.10.10


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Canarias tiene un sistema urbanístico obsoleto que produce normas en exceso

ELDÍA* : Si Canarias quiere alcanzar un desarrollo sostenible lo primero que debe hacer es repensar sus instituciones y procesos de toma de decisiones en materia de ordenación territorial, que derivan del sistema impuesto en España en 1956. Ahora ambos constituyen un lastre al ser "obsoletos", por lo que urge su adaptación y modernización, según explicó ayer el Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Alcalá de Henares y de la Universidad Carlos III de Madrid en la primera de las mesas de trabajo en el marco de las jornadas parlamentarias sobre "Ideas para el futuro", que en esta última edición abordó el binomio territorio y población. Además, este sistema produce normas en exceso que resultan contradictorias entre sí.

Este último aspecto fue una crítica compartida por Víctor Hernández, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias y Miguel Becerra, director adjunto de Gestur Tenerife, que también intervinieron en la mesa que abordó el territorio, así como Juan José Santana, jefe de área de Coordinación de Planeamiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

En la mesa sobre población participaron Luis Alberto García, catedrático de Psicología de la Educación de la ULL; Vicente Manuel Zapata, profesor titular de Geografía Humana de la ULL y Dirk Godenau, director científico del Observatorio de la Inmigración en Tenerife (Obiten).

Parejo explicó que uno de los problemas "prácticos" que enfrenta Canarias en materia de ordenación territorial es que la legislación canaria sigue lastrada por el corsé del conjunto institucional de 1956, por lo que hay que replantearse el proceso de toma de decisiones en esta materia para hacerlo más simple y adaptarse a la evolución de las circunstancias.

Eso sí, el nuevo modelo debe contemplar que ya no hay dinero público para ayudas, por lo que para ser sostenible debe apostar por la "compactación": combatir la dispersión de la población para lograr una mayor eficiencia energética y abaratar el coste de los servicios públicos. Una vía para conseguirlo, explicó parejo, es la apuesta por la rehabilitación urbana.

Víctor Hernández aclara que "el desarrollo tiene que ver con progreso, no con crecimiento" y explicó que con transformaciones "simples" se puede mejorar la eficiencia territorial. Aboga por una "revolución" que actualice el urbanismo vigente para hacerlo más "dinámico". Critica que España pasó de "casi no tener normas" territoriales a una "inflación" posterior que ha llegado a convertirse en una verdadera "hemorragia" que hace difícil cumplirlas porque son contradictorias y actúan en distintos niveles de aplicación.

Miguel Becerra defendió el nivel técnico de esas normas, si bien cree que lo coyuntural se impuso sobre lo estructural, por lo que ve un desarrollo normativo con "demasiado detalle" en ciertos asuntos.




* El Día - 15.10.10
Foto: Santa Cruz, mamotreto las Teresitas - google

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Condenado el alcalde de Quesada

DIARIOJAÉN* : Manuel Vallejo Laso, el alcalde socialista de Quesada, ha sido condenado a seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público por no denunciar las casas ilegales levantadas en su término municipal entre los años 2003 y 2005. También han sido castigados con penas de prisión otros ocho vecinos por construir sus licencias.Se trata del primer caso en el que se condena a un alcalde en activo de la provincia por delitos relacionados con el urbanismo. En román paladino, la Justicia ha considerado que Manuel Vallejo Laso hizo “la vista gorda” con numerosas edificaciones levantadas sin licencia en el paraje de El Llano, una zona no urbanizable situada en las afueras de Quesada.

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 dice textualmente: “Esas construcciones, que eran conocidas por el alcalde, no fueron deliberadamente denunciadas a la Fiscalía para proceder contra sus promotores, directores o técnicos”. Este proceso judicial comenzó por una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, concluida en junio de 2008. En principio, fueron imputadas veinticuatro personas. No obstante, sólo nueve se sentaron en el banquillo de los acusados. Se trata de seis propietarios, dos constructores y el propio Manuel Vallejo Laso. Los demás casos ya habían prescrito.
La resolución judicial asegura que los acusados levantaron en el paraje de El Llano viviendas unifamiliares de unos cien metros cuadrados, con piscina. Son construcciones destinadas a la segunda residencia y al recreo. Incluso, una de ellas cuenta con dos plantas y casi doscientos metros de superficie. Por ello, los propietarios y los constructores han sido condenados a ocho meses de prisión.
Por otro lado, el Ayuntamiento llegó a paralizar las obras de varias de estas construcciones en más de una ocasión, algunas hasta en seis veces. ¿Por qué, entonces, se ha condenado al alcalde de Quesada? Simplemente, porque conocía la situación de ilegalidad y no la denunció ante la Guardia Civil y Fiscalía “como era su obligación”, tal y como se establece en la sentencia del Penal número 1.
Sobre el espinoso asunto de las demoliciones, la juez ha decidido no derribar lo construido al margen de la normativa. Su razonamiento es el que aplica la jurisprudencia de la Audiencia Nacional. La magistrada Carmen Carpio asegura que en el paraje de El Llano existen unas 115 viviendas, de las que sólo el 40 por ciento son de reciente construcción. Es decir, judicialmente no se puede actuar contra las demás edificaciones, por lo que se quedarán en pie “por los siglos de los siglos”. Si se echan abajo las más nuevas, supondría “un agravio comparativo” para sus propietarios, “además de un elemento de distorsión”. Al respecto, la jueza aporta otros argumentos para no demoler los chales: “Se encuentran junto a otras que no han sido demolidas, no están aisladas, cuentan con acometidas de luz y agua y satisfacen los impuestos de naturaleza urbana”.
La sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia en el plazo de diez días. El alcalde ya ha anunciado que presentará alegaciones, pues se considera inocente. También se da por seguro el recurso de la Fiscalía, que solicitará al máximo órgano judicial de la provincia que derribe las viviendas ilegales.





* Diario Jaén - 15.10.10
Foto: Quesada - galeon

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Mucho ruido y tres nueces

MANUEL BUITRAGO/Murcia* : Aquí hay cosas que no cuadran. Doce días después del zarpazo pegado por la Fiscalía y los agentes de la UCO al núcleo del urbanismo murciano -poniendo la imagen de la ciudad y de la Región a los pies de los caballos- nos encontramos con que el juez del 'caso Umbra' ha ido tomando unas decisiones que para nada se ajustan, aparentemente, a la gravedad de los hechos que se investigan. Al menos, como han sido escenificados ante la opinión pública. Con la perspectiva de estos días, existe una desproporción inexplicable entre la operación policial que desencadenó la detención de tres personas, varios registros, la apertura de cajas de seguridad y una lista de imputados, con lo que el juez resolvió inmediatamente después: los tres arrestados quedaron en libertad al día siguiente pagando unas fianzas minúsculas si se miran bajo la lupa de la alarma social creada.

El empresario Renato de Noce se libró de la cárcel con una cantidad 30 veces inferior por la que tiene que responder Isabel Pantoja. Mientras tanto, el funcionario y ex número dos del Urbanismo en Murcia, Alberto Guerra, afrontó la menor fianza, pese a haber sido colocado en el centro de la diana y ser presentado, supuestamente, como el más salpicado por una trama de corrupción cuya arboladura se desconoce. Sólo asoma una rama que, por ahora, se ve poco poblada de pruebas graves a tenor de las medidas cautelares tomadas contra éstos. Se podían haber ahorrado las detenciones. Bastaba con haberlos citado a declarar y que luego apechugaran con lo que viniera... salvo que primara el deseo de pasearlos ante las cámaras. En el caso de Jesús Samper, choca que haya salido sin ninguna medida cautelar, con todo lo que viaja y lo que mueve, aunque le hayan colgado otro presunto delito.
Llama también la atención que el juez no haya apreciado riesgo de fuga ni de destrucción de documentos para ordenar otras medidas severas de los antes detenidos. Y hay montañas de documentos levantadas con los convenios urbanísticos de la zona norte. Que se sepa, son los papeles que se llevaron los agentes de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, junto a los que se hayan requisado en los demás registros.
Si las fianzas sirven para calibrar el nivel de la corrupción que se persigue, hay que decir que la Fiscalía tendrá que esmerarse más para darle mayor sentido a lo que está pasando. Le vale porque el tema se le desinfla ante la opinión pública. Los implicados siguen inmersos en un procedimiento por una larga lista de presuntos delitos. Cabe deducir, en teoría, que queda tela que cortar y que pueden producirse -ya veremos- otros hitos relevantes que den un giro de 180 grados a un caso que, según lo visto hasta ahora, no parece estar a la altura de las expectativas que levantó el primer día y que puso a la Región en el disparadero nacional de una forma excesiva y gratuita. Ya se ha comprobado que una imagen vale más que mil juicios. Todo muy extraño. Que el juez nos ilumine...




* La Verdad - Opinión - 16.10.10

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Valencia.- Un técnico de Bellver sabía de la protección del Jardín de Monforte

ELPAÍS* : Un técnico del área de Urbanismo del ayuntamiento de Valencia, jefe de servicio, ha reconocido ante el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Valencia que sí sabía de la protección especial de los Jardines de Monforte. Eso sí, excusa no haber instado que el expediente del aparcamiento que afecta al subsuelo de los Jardines de Monforte fuera a Patrimonio, como exige la ley, porque no sabía que también estaba protegido el entorno. Precisamente por eso está imputado el concejal de urbanismo, Jorge Bellver, junto a otros siete funcionarios del consistorio, por supuestos delitos de prevaricación y contra el patrimonio. Bellver dijo en su declaración que no sabía que los Jardines de Monforte tuvieran ninguna protección.

Dijo que nadie se lo había dicho, que hizo lo que le indicaron los técnicos La protección existe desde la década de los años 40 y en los mapas del Plan General de Ordenación Urbana consta que afecta tanto a los Jardines como a su entorno. El testimonio de Bellver pierde credibilidad dado que otros expedientes que ha firmado, que afectaban a bienes protegidos, para hacer actuaciones similares, sí tienen el preceptivo informe de Patrimonio.

Otros aparcamientos

Un responsable de sección, también del equipo de Bellver, pasó esta semana igualmente por el juzgado. Dijo no saber nada de la protección de los Jardines de Monforte ni de su entorno. Sin embargo, como explicó ante el juez, participó en el expediente de la construcción de un aparcamiento que afecta a la Glorieta, en el centro de la ciudad de Valencia. En ese expediente, sí se pidió el informe a Patrimonio.

Entre la documentación que habitualmente manejan los técnicos de la concejalía de Bellver está la lista de bienes protegidos, el catálogo BIC (Bien de Interés Cultural). Por ejemplo, en el proyecto de ejecución de las obras del Nou Pont de Fusta, hecho por Aumsa, aparece un plano de la ciudad. En él, se ve claramente que los Jardines de Monforte y su entorno están protegidos. Hasta el momento, el juzgado no tiene una explicación de porqué el concejal de Urbanismo -que en la página web de su área tiene en exposición pública las exigencias para licencias de obras, en muchas de las cuales, incluso menores, exige el informe de Patrimonio- no pidió a Cultura la valoración oportuna para actuar en el entorno de los Jardines de Monforte.





* El País - 16.10.10
Foto: Jardines de Monforte - flickr

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Córdoba.- Piden que se conserven los arrabales medievales

DIARIODECÓRDOBA* : La plataforma ciudadana contra la destrucción del patrimonio Salvemos los Arrabales ha comenzado a reivindicar que se declaren Bien de Interés Cultural (BIC) los restos arqueológicos que aún se conservan en el plan parcial O7 del Plan General de Ordenación Urbana, es decir, la zona entre el barrio de Poniente y la Ronda destinadas para la construcción de viviendas y en las que se han encontrado unos numerosos restos de entramado urbano de época islámica, así como otros hitos arqueológicos.

La plataforma ha iniciado su actividad reivindicativa a través de la web http://defendamoslosarrabales.org, a través de la cual ya ha recibido la adhesión de 263 firmantes a título individual y de colectivos como la Sección de Arqueología de CNT-Córdoba, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, la plataforma A Desalambrar y una decena de asociaciones ciudadanas de diversos puntos de España para la protección del patrimonio arqueológico e histórico-natural.

Salvemos los Arrabales reconoce en su propia web "lo poco que queda realmente museable" en el plan parcial en desarrollo, ya que en diversas parcelas se ha comenzado a construir y las obras de urbanización han arrasado con gran parte del yacimiento, según estima, un millón de metros en total. Sin embargo, la plataforma destaca el valor de los elementos (cientos de casas y almunias, edificios monumentales, baños, palacios, mezquitas, etcétera) encontrados y se pregunta qué ha ocurrido con la promesa de las distintas administraciones competentes de construir en Córdoba parques arqueológicos.




* Diario de Córdoba - 10.10.10
Foto: Imagen de ayer de una de las zonas donde aparecieron restos.- diario de cordoba

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Sector Ocho, un pufo urbanístico en Palencia

DIAGONAL* : El alcalde y los concejales que autorizaron la venta de terreno público para la construcción de viviendas libres han sido sancionados por prevaricación y desobediencia a la justicia por el alto tribunal de Castilla y León. Las irregularidades urbanísticas que en agosto de 2004 denunció el ex concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Palencia, Mariano San Martín, poco a poco han tomado cuerpo en forma de sentencias judiciales, con acusaciones de prevaricación y desobediencia a la justicia a los miembros de la corporación palentina que apoyaron con sus votos los proyectos urbanísticos irregulares.

El Ayuntamiento de esta localidad está presidido por Heliodoro Gallego, del PSOE, y el proyecto fue aprobado por los concejales del PSOE y del PP. En ninguno de los cuatro cuatrienios en que se divide el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) figuraba el desarrollo urbanístico del denominado Sector Ocho, un terreno próximo al polígono industrial de Palencia. Sin embargo, de la noche a la mañana se desarrolló el proyecto, en el que figuraba que las mejores zonas, en cuanto a aprovechamiento, fueran a manos de empresas privadas y las peores se las quedara el Ayuntamiento, sin ni siquiera negociar las cuotas de participación que las empresas constructoras deben ceder obligatoriamente a la administración local.

Con todo, la irregularidad más grave consistió en que las futuras viviendas en este sector se venderían a precio libre. Tal acuerdo es ilegal, ya que la ley prohíbe expresamente la venta de terreno público para construir viviendas de este tipo. Así lo hizo ver San Martín, quien, incluso después del acuerdo, solicitó por escrito la rectificación de la decisión, por no ajustarse a la legalidad vigente. La corporación no atendió sus alegaciones, por lo que el tema finalmente llegó a los tribunales de la mano del propio San Martín, que ha continuado con el proceso pese a no ser ya concejal.

Con el Ocho llegó el escándalo

El Sector Ocho se compone de una superficie de 20.000 m2 de terreno público, en dos parcelas diferentes, que el Ayuntamiento vendió a la empresa Vian Valdajos, que posteriormente la vendió a Arranz Encinas, la empresa que construyó las viviendas. Sobre estas maniobras, Mariano San Martín ha manifestado a DIAGONAL que “parece que existe una denuncia de Arranz Encinas contra Vian Valdajos por estafa, ya que cuando le vendieron los terrenos se le ocultó que sobre ellos había una reclamación judicial”.

Sobre el desarrollo de las obras, San Martín comenta que “la construcción se realizó con una rapidez inusitada y se entregaron las viviendas a los compradores, se les metió a vivir rápidamente, para que, en caso de que el juzgado falle en contra del Ayuntamiento, ellos puedan alegar que las viviendas ya están ocupadas y que ya no se puede hacer nada”.

Pero, a pesar de estas prácticas, las sentencias judiciales van dando la razón a las alegaciones del ex edil de IU. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palencia ha obligado a calificar las viviendas construidas como de protección oficial, indicando que no existen problemas técnicos ni jurídicos ni económicos para la conversión de las viviendas de precio libre en protegidas. Como afirma San Martín, “hay incluso una norma estatal que dice que si existen viviendas de precio libre que no hayan podido ser vendidas puedan posteriormente venderse como protegidas, por lo que con mayor motivo puede hacerse con viviendas construidas que incumplen la legalidad en cuanto a su calificación inicial de precio libre”.

El ayuntamiento hace mutis

Sin embargo, el Ayuntamiento no está cumpliendo la sentencia alegando que es imposible su ejecución puesto que las viviendas han sido ya vendidas a precio libre. Para ello encargó un informe a la Universidad Carlos III de Madrid, por el que pagó 18.000 euros más IVA, en el que se dijera lo que el Ayuntamiento pretendía: que no se puede ejecutar la sentencia.

Esta negativa ha provocado un Auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 que impone una sanción económica al alcalde y a los concejales que votaron la resolución de no ejecutar la sentencia. La no ejecución de la sentencia también ha supuesto que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ CyL) acuse de prevaricación y desobediencia a estos ediles.

Tras un recurso, el TSJ CyL ha admitido que no se ejecute la sentencia, pero exige que, a cambio, el dinero obtenido de la venta de los terrenos públicos en los que se han construido ilegalmente viviendas de precio libre se utilice para la adquisición de otros terrenos que se destinen a la construcción de, al menos, el mismo número de viviendas de protección oficial. El problema que se le plantea ahora al Ayuntamiento es cómo recuperar ese dinero, que ya ha empleado en otras inversiones.

LOS PROPIETARIOS ESTÁN A SALVO

Pese a los intentos de poner a los compradores en contra de Mariano San Martín, éste alega que “no tienen por qué salir perjudicados, ya que si no superan en cinco veces el salario mínimo interprofesional (SMI) se pueden quedar con la casa aunque sea protegida, por lo que les tendrían que bajar el precio. A quienes superen el baremo y se tuvieran que ir por no cumplir los requisitos para acceder a una Vivienda de Protección Oficial les tendrían que proporcionar una nueva vivienda de las mismas características y al mismo precio.





* Diagonal - 6.10.10
Foto: Palencia - diagonal

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Ben Magec denuncia las obras ilegales en la playa de La Laja en Las Palmas de Gran Canaria

CANARIASACTUAL* : Ben Magec-Ecologistas en Acción ha denunciado este jueves el proyecto que está ejecutando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la playa de La Laja bajo el nombre de ‘Actuación en torno de Playa de La Laja, regeneración y mejora medioambiental del acceso sur a la ciudad y creación de un mirador paisajístico”, al no contar con los permisos necesarios para dicha obra. En un comunicado, la organización recuerda que desde el pasado mes de julio, la institución local desarrolla una serie de actuaciones en las inmediaciones de la citada playa y que se ejecutan “en un entorno que está dentro del Dominio Público Marítimo Terrestre y que, por consiguiente, necesitan de la correspondiente autorización de la Demarcación De Costas para poder realizarse”.

El pasado 8 de octubre salió a información pública el proyecto referido anteriormente, dando un plazo de 20 días a la ciudadanía para informarse sobre el proyecto y presentar alegaciones al mismo. “Es obvio que a día de hoy, el proyecto de actuación en la playa capitalina está aún en información pública, pero el Ayuntamiento viene ejecutando la obra desde finales de julio, sin esperar a cumplir los plazos pertinentes y desde luego sin los permisos necesarios por parte de la Demarcación de Costas”, agregan los ecologistas.

PIDEN LA PARALIZACIÓN INMEDIATA

De este modo, exigen la “paralización inmediata de la obra por parte de la Demarcación de Costas, al no tener los permisos necesarios el Ayuntamiento capitalino y el inicio de un expediente sancionador al no haber respetado los plazos que marca la ley”.

Ben Magec-Ecologistas en Acción incide en “lo endeble de los mecanismos de participación ciudadana en las decisiones sobre el territorio”.

“Si ya de por si la información pública es un mecanismo muy injusto e ineficaz, si las propias administraciones se lo saltan a la torera e inician las obras sin esperar por los plazos legales queda muy claro de que forma se vienen haciendo las cosas en Canarias con respecto al urbanismo”, concluye.





* Canarias Actal - 14.10.10
Foto: La Laja (Gran Canaria) - google

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