DIARIODELEÓN* : Ecologistas en Acción remitió ayer un escrito al alcalde y al concejal de Urbanismo exigiendo la «paralización de las obras en el entorno de la estación de Feve y demás actos que modifiquen el suelo en este sector; el inicio de un procedimiento de restauración de la legalidad que obligue a Feve a reconstruir el edificio demolido y la apertura de un expediente sancionador» a la ferroviaria.
Este colectivo considera que el derrumbe del bar el Hullero «se ha ejecutado presumiblemente sin licencia urbanística y a sabiendas de que el proyecto no ha sido aprobado por el Pleno». Recuerdan que la construcción del tren-tram supone «un despilfarro intolerable en tiempos de crisis» y -”explican-” penaliza la llegada de los trenes regionales y turísticos hasta el centro de León. No descartan acudir a la vía judicial si Feve no presenta la documentación requerida.
* Diario de León - 25.08.10
Foto: León, ayuntamiento - leon-virtual.es
León.- Ecologistas en Acción exige los permisos o paralizar las obras
El desorden urbanístico en Galicia
ALFONSO VILLAGÓMEZ* : En ningún sector del ordenamiento se ha manifestado tanto, y con tan graves consecuencias, las variaciones legislativas como en el urbanismo. Llevamos mas de veinte años tejiendo y destejiendo la legislación del suelo. Galicia es un mal ejemplo de este penelopismo normativo sobre una materia que es crucial para nuestra comunidad autónoma como es la ordenación del territorio. Una materia que reclama más que ninguna la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica. En efecto, una ley tras otra del Parlamento de Galicia han provocado la irritación en los ciudadanos, el desconcierto en los profesionales y un sobresfuerzo añadido para los tribunales de justicia. A una regulación que inicialmente solo incidía sobre aspectos organizativos de la competencia autonómica, le siguieron nuevas disposiciones legales que abordaban ya la actuación, los medios de intervención y definición de las distintas categorías del suelo por parte la por parte de las administraciones publicas de Galicia.
Y, así, en el primer día del año 2003, entraba en vigor la ley de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA), que pretendía sentar las bases para un urbanismo moderno a partir de un nuevo planeamiento municipal ajustado a la realidad territorial, costera y rural del país. Sin embargo, las ambiciosas novedades normativa que se contenían en el articulado de esta ley quedaron en gran parte amortiguadas por las eclécticas y comprensivas disposiciones adicionales y transitorias incorporadas en la misma . Los límites edificatorios que se establecen en el articulado de la Louga para los suelos rústicos y de protección especial, parecían evaporarse en función de criterios utilitaristas contrarios al espíritu de la misma ley; y similar suerte corrieron las serias advertencias impuestas a los municipios para que procedieran a la adaptación de los instrumentos del planeamiento en sus respectivos ámbitos territoriales.
Pero lo peor estaba todavía por llegar. El 90% de los municipios de Galicia no han adaptado sus planes generales de ordenación, y, una vez más, por medio de nuevas modificaciones legislativas, se trastocaron aquellos aspectos mas conflictivos referidos a los límites para la construcción en los municipios del litoral o las medidas de disciplina para las construcciones carentes de la preceptiva licencia, sin que el legislador autonómico se inmutara. El resultado de este desorden no podía ser así otro que un semillero de pleitos para nuestra muy estresada Justicia.
* El Correo Gallego - Opinión - 22.08.10
El TSJA prohíbe acometer actuaciones urbanísticas en paraje El Algarrobico
,+obras+prohibidas+-+elalmeria.es.jpg)
ELALMERÍA* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha acordado prohibir al alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, que acometa actuaciones urbanísticas en el paraje de El Algarrobico y le ha advertido de que, de no acatar la medida, estaría incurriendo en un delito de desobedencia después de que la corporación local aprobase hace un año la adaptación de sus Normas Subsidiarias a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en la que mantenía la calificación de urbanizable para el sector. La providencia dictada por el Alto Tribunal Andaluz, requiere "personalmente" al regidor carbonero para que "se abstenga de cualquier actuación urbanística" en la zona donde se asienta el macrohotel promovido por la mercantil Azata del Sol y en la que se proyecta, además, la construcción de unas 250 viviendas "al estar pendiente de decisión judicial", subraya, el nivel de protección del parque natural Cabo de Gata-Níjar.
La decisión, contra la que ha interpuesto recurso de súplica el Consistorio de Carboneras que aún se tramita tras la impugnación de la organización Greenpeace, se enmarca en la pieza separada abierta por el TSJA en la que decretó, en noviembre de 2008, la suspensión cautelar de lo dispuesto respecto al paraje de El Algarrobico en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en vigor desde nueve meses antes al considerar los tres magistrados de la sala que podría permitir el "uso efectivo" del macrohotel de Azata del Sol.
El Alto Tribunal andaluz prohíbe al socialista Cristóbal Fernández acometer actuaciones urbanísticas en esta zona del litoral carbonero después de que tres colectivos ecologistas pusieran en su conocimiento a finales de 2009 la existencia del acuerdo municipal donde la corporación local dio luz verde a una adaptación de su planeamiento en que continuaba clasificando el paraje de El Algarrobico como urbanizable y autorizaba, implícitamente, la construcción de 250 viviendas, lo que, a juicio de los demandantes, suponía desobedecer al tribunal que ordenó mantener el grado de protección que tenía en el anterior PORN. En el auto, la sala de lo contencioso administrativo requiere al Consistorio el citado acuerdo de pleno, que se justificó por parte del Ayuntamiento en que adaptación de las NNSS a la LOUA es de un procedimiento "y no un instrumento de planeamiento", por lo que, a su juicio, no puede "alterar las clasificaciones de suelo ni otras determinaciones urbanísticas". Sostiene el Consistorio, al hilo de esto, que el suelo de El Algarrobico era urbanizable en el PORN de 1994, que derogaba el ahora suspendido y al que el TSJA ordenó retrotraerse, un extremo muy controvertido ya que los cambios en la planimetría efectuados por la Junta de Andalucía fueron tachados por un juez como una "burda maniobra" e investigados por la Fiscalía, que ordenó el archivo.
* El Almería - 25.08.10
Foto: Hotel El Algarrobico (Almería), obras prohibidas - elalmeria.es
Ecologistas considera "vergonzoso" el cierre continuo de playas derivado del mal estado de las depuradoras
+-+guiaplayas.es.jpg)
QUÉ/Murcia : Ecologistas en Acción considera "vergonzoso" el cierre continuo de playas en la Región de Murcia derivado del mal estado de las depuradoras, estaciones de bombeo y redes de alcantarillado, así como "la falta de previsión ante el aumento de caudal de aguas residuales a tratar en la costa derivado del turismo masivo en época estival". El informe elaborado de banderas negras 2010 'Caos en la Costa', elaborado por esta organización ambiental, destaca los vertidos orgánicos como unos de los elementos más importantes que afectan a nuestras costas.
Ecologistas en Acción viene denunciando desde hace muchos años la deficiencia en la depuración de aguas en la Región de Murcia. Este hecho, se ve agravado en época veraniega, donde la población de las zonas costeras aumenta considerablemente. A su juicio, "las depuradoras no están preparadas para tratar tal cantidad de aguas residuales, por lo que se producen averías y vertidos a nuestras costas".
El cierre de dos playas en Águilas y tres playas en Mazarrón por vertidos de aguas residuales, con las presencia de bacterias coliformes fecales y suciedad por doquier, "son un ejemplo clarísimo de las deficiencias que este colectivo denuncia sistemáticamente", apuntó la organización.
En concreto, la playa de Calabardina permaneció cerrada cinco días y su contigua; la playa de Poniente, lo hizo la friolera de 13 días, casi medio mes de vacaciones para habitantes y turistas llegados a Águilas. Las playas de Mazarrón, La Ermita y El Castellar, también han sufrido vertidos recientes de aguas fecales, derivadas de una rotura en la estación de bombeo del puerto que, junto con las lluvias, ha hecho que estos vertidos lleguen al mar.
En el caso de Mazarrón la situación se agravó debido a las últimas inundaciones y al urbanismo "desmesurado" como ya denunciaba este colectivo hace unos días. No hay que olvidar que las aguas siempre vuelven a su cauce y los obstáculos incrementan gravemente los daños ambientales, económicos y sociales causados en los municipios costeros.
ILÓGICO E "IMPRESENTABLE"
La falta de planificación y de gestión de las administraciones y la dejadez de los ayuntamientos, dejan totalmente en evidencia las buenas prácticas ambientales de su gran "marketing verde".
Estos hechos chocan directamente con los galardones de Bandera azul que ostentan Calabardina y la Playa de Poniente, distintivos que para este colectivo carecen totalmente de rigor ya que evalúan ciertos aspectos, que aún siendo importantes, no son suficientes ya que la parte ambiental queda completamente al margen.
Una región que pretende vivir en su mayor parte del turismo de sol y playa debe cuidar sus playas y prever el incremento poblacional y revisar el estado de sus depuradoras para evitar este tipo de incidentes. El que una playa permanezca cerrada medio mes por contaminación orgánica es del todo "ilógico e impresentable".
Episodios como el de este verano, no pueden ni deben producirse, por ello Ecologistas en Acción exige un compromiso ambiental real a las Administraciones Públicas, cumpliendo las funciones a las que están obligados, siendo transparentes en cuanto a la información que se le da a la sociedad murciana y planificando de una vez por todas el incremento poblacional que sufre la costa en verano.
* Qué - E.P. - 24.08.10
Foto: Mazarrón (Murcia) - guiaplayas.es
Aguirre dio 13 millones a las firmas de publicidad fantasma
PÚBLICO/Madrid* : El Gobierno regional adjudicó a las tres agencias que se coordinaban con la 'Gürtel' 20 contratos entre 2004 y 2008. La mayoría de adjudicaciones coincidieron con la precampaña de 2007. Las tres agencias que se beneficiaron de la publicidad fantasma en Madrid las campañas que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó en 2006 pero que nunca llegaron a realizarse en los términos acordados firmaron un mínimo de 20 contratos con la Comunidad entre 2004 y 2008, el periodo de máxima penetración de la trama Gürtel en el Gobierno regional.
Swat SL, la consultora que sugirió las adjudicaciones fantasma, y Over Marketing y Comunicación (Over MC) y Marketing Quality Management (MQM), las dos empresas que en teoría idearon las campañas Made in Madrid y El motor de nuestro desarrollo, sumaron en total adjudicaciones por valor de 12,8 millones de euros en este periodo, repartidas en ocho consejerías. Todas ellas en concursos abiertos, legales y publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad.
En estos años, el entramado del grupo de Francisco Correa concentró su actuación en Madrid y Valencia. Entre 2004 y 2008, facturó al Gobierno de Aguirre a través de las empresas que controlaba directamente como Easy Concept y Servimadrid alrededor de 3,5 millones de euros. Esta cifra equivale apenas al 30% de lo recaudado por las tres empresas beneficiarias de la publicidad fantasma que pagó el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), dirigido por Aurelio García de Sola y adscrito a Economía.
Las tres agencias se coordinaron con la trama en varias ocasiones, según la documentación que maneja el juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira.
Según correos electrónicos aportados al juez por el ex concejal que denunció el entramado corrupto, José Luis Peñas, Swat SL organizó para la Gürtel adjudicaciones en Majadahonda cuando el alcalde era el hoy imputado Guillermo Ortega y su jefa de gabinete era Carmen Rodríguez, la esposa de Correa. Los emails, firmados por un ejecutivo de Swat SL, daban instrucciones sobre cómo trocear contratos para evitar el concurso público y repartirlos a dedo entre varias empresas amigas.
Empresas pantalla
Por su parte, Over MC ayudaba a la trama a asociarse con empresas pantalla para poder acceder a concursos en Madrid sin dejar rastro, según ha declarado ante el juez la imputada Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept. La empresa trabajó en Balears para otro imputado, Pau Collado, durante la etapa de este como alto cargo de Jaume Matas, antes de asumir él mismo la dirección de Easy Concept.
Según Jordán, fue un directivo de Over MC, Javier Rodríguez Monasterio, quien puso en contacto a la trama con MQM, la otra beneficiaria de la publicidad fantasma. MQM, que acabó contratando a Jordán, fue la empresa elegida por el hoy imputado Alberto López Viejo en 2007 para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre. Pese a ello, las empresas de la Gürtel siguieron facturando a Presidencia por el mismo concepto.
Ese mismo año 2007, MQM abonó a la trama 409.000 euros. El fiscal del caso Gürtel ha pedido la imputación de su administrador, Antonio Martín Sánchez, después de que la diputada de Izquierda Unida Reyes Montiel presentara un escrito al fiscal tras descubrir que la campaña Made in Madrid nunca llegó a realizarse.
De las tres empresas de la publicidad fantasma, la mejor conectada con el Gobierno regional era Over MC. Entre 2004 y 2008 obtuvo siete millones en contratos, ya sea directamente o a través de Traci Comunicación, compañía gemela con la que compartía administrador y apoderado.
Consultorías millonarias
Además del contrato del Imade, Over MC logró otras siete adjudicaciones entre 2004 y 2007, que oscilan entre los 190.000 euros para una campaña publicitaria de Educación, en septiembre de 2006, y 1,31 millones por una consultoría para Familia y Asuntos Sociales, en abril del mismo año. Traci ganó otros cinco concursos. El mayor, para otra campaña en Educación, adjudicada en noviembre de 2006 por 223.000 euros.
Por su parte, Swat SL, que firmó con el Imade un contrato de consultoría en agosto de 2006, justo a tiempo para sugerir el nombre de las empresas adjudicatarias de la publicidad fantasma, había ganado otro concurso análogo en 2004 en el Canal de Isabel II, aunque por más dinero: 1,9 millones.
Finalmente, MQM obtuvo 2,7 millones en cuatro grandes contratos, incluido el del Imade, entre septiembre de 2006 y octubre de 2008, cuando fue contratada por López Viejo en Deportes. El de los actos de Presidencia, firmado justo antes del arranque de la campaña electoral de 2007, se gastó íntegramente durante la campaña. Luego el contrato fue ampliado y se extendió a 2008.
El semestre preelectoral de 2007 fue el momento más intenso de adjudicaciones del Gobierno de Aguirre a las empresas de la publicidad fantasma. En este periodo, la Comunidad firmó diez contratos con estas agencias: cuatro en Educación por un total de 711.000 euros, dos en el Imade por 3,25 millones; y uno en Sanidad (672.000 euros), Medio Ambiente (919.000), Economía (490.000) y Presidencia (250.000). Además, hubo dos modificaciones de contrato, que favorecieron a MQM y a Over MC.
Ni ‘Made in Madrid’ ni ‘El motor de nuestro desarrollo’
En 2006, el Instituto Madrileño de Desarrollo adjudicó, a propuesta de Swat SL, dos grandes contratos de creatividad publicitaria muy por encima del precio de mercado: uno, para reforzar la importancia del “desarrollo equilibrado”, por 1,25 millones, lo ganó Marketing Quality Management (MQM) con el lema ‘Made in Madrid’. El otro, dirigido a autónomos y pymes, lo ganó Over MC por dos millones. Su lema: ‘El motor de nuestro desarrollo’. Los dos proyectos eran prácticamente clónicos, según los expedientes que se entregaron a la Asamblea de Madrid a petición de Reyes Montiel (IU) y Livia Castillo (PSOE). El de Over MC, al ser más cuantioso, incluía elementos propios, como un ciclo de teatro, otro de cine y un gran congreso de pymes y autónomos.Ambas campañas se pagaron, pero no hay rastro de que se realizaran. El consejero de Economía, Antonio Beteta, dijo en abril que se habían integrado en otras campañas para aprovechar “sinergias”.
* 23.08.10
Foto: Pagos del Gobierno de Aguirre precampaña 2007 - público.es
Hasta 8.000 jóvenes podrían tener que devolver las ayudas de 210 euros al alquiler
ELMUNDO* : Malas noticias para muchos de los jóvenes inquilinos de vacaciones que reciben la popular Renta Básica de Emancipación y que no hicieron bien sus deberes el año pasado. El Ministerio de Vivienda ha detectado a través de la Agencia Tributaria que unos 8.000 jóvenes a los que se les había concedido la ayuda de 210 euros en 2008 superaron el requisito de ingresos de 22.000 euros brutos anuales fruto de rendimientos del trabajo. Muchos de ellos tendrán que devolverlas, pero corresponde a las Comunidades Autónomas dirimir cada caso, por lo que aún se desconoce cuántos de los 8.000 beneficiarios tendrán que devolver las aportaciones recibidas, entre otras cosas, porque Vivienda desconoce aún cuántos de esos jóvenes siguen cobrando las ayudas.
En cualquier caso, el Ministerio afirma ha "suspendido cautelarmente el pago de la ayuda a los jóvenes -en los casos en que aún estuviera activo el derecho pues otros casos están ya extinguidos- para asegurar así que sólo reciben la RBE quienes tienen derecho a ella", aunque desconoce el número exacto de las suspensiones, ya que buena parte de los 8.000 beneficiarios puede que ya no la estén cobrando, bien por haber comunicado su situación o por haber superado la edad (30 años).
Obligación de avisar
"Si un joven es despedido y recibe un finito o indemnización, cuando presente su declaración del IRPF y constate que ha superado el límite de 22.000 euros, habrá de comunicarlo inmediatamente a la CCAA", explican en Vivienda. Asimismo, los beneficiarios también deben comunicar con precisión si le comunican un aumento de sueldo. De ho haberlo hecho, tendrán que devolver las ayudas.
Por eso, "eso no significa que el 100% tenga que devolver las ayudas, pues entre ellos, habrá quienes habrán cumplido con su obligación de comunicar que iban a superar los ingresos y quienes no", explican el Ministerio.
La noticia se le ha comunicado directamente a los jóvenes por carta y por medio de un sms, aunque que serán finalmente las CCAA -que manejan los expedientes de las ayudas- quienes verifiquen sus niveles de ingresos reales y analicen caso a caso si pueden o no cobrar las ayudas.
Las críticas de la oposición no se han hecho esperar, ya que los aumentos de renta pueden deberse a horas extra o gratificaciones, factores ajenos al nivel salarial.
Actualmente 213.000 jóvenes. Según reza el Real Decreto que regula la Renta Básica, éstos tienen la obligación de transmitir inmediatamente a sus respectivas CCAA cualquier modificación de los requisitos por los que se le reconoció el derecho a la ayuda.
Por eso, en la misiva enviada por el Ministerio a los adjudicatarios previene de que aquellos que no hubieran avisado de su incremento salarial o de ingresos cuando éste se produjo serán penalizados con unos intereses del 5%.
* El Mundo - 20.08.10
Foto: Se alquila (archivo)- elmundo.es
Benidorm.- Empresarios y políticos admiten que Terra Mítica se hizo deprisa y mal
,+Terra+M%C3%ADtica+-+mediterranea.org.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : Sobredimensionado. Terra Mítica nació con un pecado original. Y los sobrecostes derivados de las prisas, principalmente, así como una gestión más política que profesional hicieron el resto. Estos son los problemas más reconocidos por políticos y empresarios tras diez años de rodaje del parque y cuando la Generalitat, Bancaja y la CAM, sus socios de referencia, la acaban de dejar en manos de la gestión privada para lograr una rentabilidad hasta ahora quimérica.
Pero cuando se colocó la primera piedra del parque, el 20 de febrero de 1998, eran los años del boom económico, "una época de esplendor y no dolieron prendas", recuerda un empresario de Benidorm. Aquellos años son ya historia y los nuevos gestores del parque, Aqualandia, ha anunciado un viraje drástico del parque.
Matías Pérez Such, que fue secretario autonómico de Turismo, participó en las primeras reuniones entre los empresarios que pretendían construir un parque en Benidorm, una idea que asumió primero como propia la patronal hotelera Hosbec y después la Generalitat. "Era una demanda empresarial a la que había que darle curso, de eso nadie duda, aunque probablemente el diseño y la dimensión del recinto no fue la más adecuada", reflexiona quien todavía es miembro del consejo de administración de Terra Mítica. En la misma línea, el presidente de Hosbec, Antoni Mayor, cree que se podría haber hecho un parque un 30% más pequeño. La opinión es compartida por otros empresarios. "El diseño que se hizo para acoger más de tres millones de visitantes y las prisas por terminarlo abocaron a una carrera inversora disparatada", aporta una fuente próxima a las negociaciones para levantar el parque. También hay coincidencia al lamentar a falta de un gestor profesional.
Terra Mítica fue un empeño del entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que inició su carrera política en Benidorm. En agosto de 1992 un gran incendio intencionado arrasó con 450 hectáreas de masa forestal y sería en parte de esa zona y en otros centenares de hectáreas de monte bajo y matorral donde se planteó el parque. La Generalitat expropió 10 millones de metros cuadrados en Benidorm y Finestrat para la Sociedad Parque Temático de Alicante, SA, creada en 1996
El accionariado original de Terra Mítica lo conformaron la Generalitat (14,86%), la CAM y Bancaja, con un 15% cada una, las cajas rurales (10%) y el 45% restante se lo repartieron empresarios valencianos como José Lladró, el naviero Javier Cremades, el promotor inmobiliario Andrés Ballester, la patronal textil, Aumar, así como hoteleros y otros empresarios de Benidorm. Reunieron 120 millones de capital social, aunque la inversión final fue de unos 460 millones.
La construcción fue un camino plagado de despilfarro y sospechas de malversación de fondos públicos, amén de servir como agencia de colocación de familiares, amigos y conocidos de los principales políticos populares valencianos. El parque se dimensionó para recibir 10.000 visitas diarias en temporada alta y entre 3 y 3,5 millones a lo largo del año. Pero desde el inicio incumplió sus previsiones y ya en la primera temporada (abrió en julio de 2000) apenas superó las 2.700 visitas al día. La facturación siempre estuvo lejos de los 90 millones anuales anunciados.
El descalabro económico obligó a buscar socio tecnológico. Entre octubre de 2001 y finales de 2003, Paramount se hizo con la gestión. Otro fiasco abocado a la rescisión, que costó 12 millones más. A finales de 2002 la deuda era de 240 millones. Ese año la empresa facturó 43,5 millones y, aún así, perdió 34,4 millones. En 2009 el volumen de negocio cayó hasta los 17,9 millones, frente a los 24,3 de 2008.
Los accionistas de referencia tuvieron que afrontar una ampliación de capital de 110 millones en 2003 y una suspensión de pagos entre 2004 y 2005, con un pasivo de 218 millones y pérdidas operativas por 120 millones. Una operación acordeón de reducción y ampliación de capital, la aceptación de una quita del 50% de la deuda y la venta del suelo de reserva del parque a Enrique Ortiz por 85 millones permitieron superar el bache y que el parque se jactara de tener beneficios operativos en 2006 y 2007.
Fue un espejismo. Agotado el líquido, Terra Mítica volvió a perder 15 millones y un 10% de visitantes en 2008. Y el año pasado, la CAM y Bancaja desembolsaron tres millones cada una sólo para abrir las puertas en primavera. Ese ejercicio cerró con 16,4 millones de pérdidas.
"Los dos directores generales que más tiempo han gestionado el parque, Miguel Navarro y John Fitzgerald, han vivido de espaldas a Benidorm. Aunque ya se habían dado pasos para integrar el parque en la ciudad, eso no volverá a pasar con los nuevos gestores de Aqualandia", defiende una fuente política. Aqualandia, de hecho, ya está dando pasos para acercar el parque a Benidorm. Una de las tres nuevas áreas que proyecta en el parque es un espacio para la tercera edad y Benidorm cuenta con 200.000 plazas del Imserso. Los nuevos gestores están avalados por el éxito de sus dos parques, Aqualandia y Mundomar, con 900.000 visitantes anuales, casi el doble que Terra Mítica.
Gema Amor, directora del Patronato Provincial de Turismo, defiende que con los nuevos gestores Terra Mítica "levantará el vuelo". La que fuera directora de la Sociedad Parque Temático de Alicante reconoce el poco éxito de la gestión: "Seguramente no hemos acertado hasta ahora en la elección de la mejor gestión". Pero defiende la idea inicial: "La necesidad de levantar Terra Mítica en su momento y la viabilidad en el futuro está fuera de dudas".
Los nuevos gestores confían en elevar las visitas hasta 1,2 millones y no perder dinero desde el primer año. Por eso cerrarán seis meses para hacer obras, invertirán 15 millones en tres años y reestructurarán la plantilla, ahora de más de 600 personas. Luego lo comprarán.
* El País - 23.08.10
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
Foto:
De la destrucción del litoral a las Conspiraciones Tóxicas
CUARTOPODER* : Entre la apreciables novedades del décimo informe Destrucción a Toda Costa publicado por Greenpeace recientemente –ya reflejado en cuartopoder– hay una que destaca por su acierto: el lazo necesario entre la corrupción política y urbanística con la devastación del litoral español. Señala el informe en sus conclusiones que “como los ayuntamientos tienen una gran cantidad de gastos, en lugar de recaudar impuestos directos han ideado una forma imaginativa de recaudar impuestos indirectos: la potestad de decidir qué suelo es urbanizable y cuál no”. Efectivamente en esa decisión está la madre del cordero. Pero la capacidad de ejercerla no se la han inventado las corporaciones locales, aunque imaginación sí le han echado. Es peor. La potestad la otorgó en su momento la Ley estatal del Suelo de finales de 1998 que consecuentemente secundada por las diversas leyes autonómicas del ramo dejó en manos de los poderes periféricos la decisión de declarar lo que es suelo urbanizable y lo que no lo es.
A eso se sumó la lenta y tímida aplicación de la Ley de Costas de 1988, a pesar de los esfuerzos del periodo inicial de Cristina Narbona en el Ministerio de Medio Ambiente, véase el caso de El Algarrobico o el lío de los chiringuitos playeros. El resultado ha sido que las administraciones locales y regionales han tenido carta blanca para cambiar clasificaciones de suelo, presionadas siempre por la avidez constructora que no ha parado en mientes a la hora sobornar a quien fuera necesario, seguros como estaban los promotores de la multiplicación de los beneficios. Hasta el estallido de la crisis y el hundimiento de bastantes chiringuitos que no eran playeros, sino ladrilleros.
En el momento en que estamos es cuando afloran sin parar las consecuencias legales de todo ese caos urbanístico en el que el dinero mandaba sin cortapisas legales. Son cientos los sumarios abiertos en juzgados de toda España, sobre todo en comunidades costeras, por corrupción político-urbanística en sus múltiples variantes: desde reclasificaciones irregulares de espacios protegidos hasta compra directa de concesiones de servicios públicos pasando por alteraciones de documentos públicos para conseguir los objetivos inmobiliarios deseados.
Hay múltiples ejemplos que se conocen cada día, por lo que una lista exhaustiva para ser justa ocuparía cientos de páginas referidas a toda España. Aunque el informe de Greenpeace que comento es solamente sobre la costa, no se puede ignorar que la locura corruptora relacionada con el urbanismo ha alcanzado también a territorios interiores y a las montañas españolas, donde también hay decenas de actuaciones judiciales.
El problema es transversal. Lo vemos en la personalidad de los que ahora comparten banquillo con algunos políticos para explicar cómo hicieron determinadas trapacerías: hay viejos y nuevos ricos, grandes empresarios y empresas, representantes de profesiones de prestigio, advenedizos sin oficio ni beneficio, mafiosos, conseguidores, lacayos que se escudan en la obediencia debida y oportunistas cuya única habilidad consiste en arrimarse a donde huela a dinero.
Y todos ellos relacionados convenientemente con prebostes de primera y segunda fila que han tenido la capacidad de permitir los negocios sucios y lo han hecho a cambio de participación en beneficios a priori o a posteriori. Aquí y ahora, sigue siendo tremendamente revelador de cómo se ha ejercido el tráfico de influencias urbanísticas y corruptas el libro “Conspiraciones Tóxicas” escrito por los periodistas Rafael Carrasco, Miguel Jara y Joaquín Vidal, con quienes, por cierto, no tengo otra cosa que la admiración a su trabajo. El subtítulo es revelador: “Cómo atentan contra nuestra salud y el medio ambiente los grupos empresariales”. Muy recomendable para comprender el daño moral perpetrado por los lobbies a la clase política en general y a la mayoritaria ciudadanía honrada. Perjuicio que va a ser difícil de eliminar, casi tanto como la destrucción material a la que ha sido sometida la costa, reflejada en el informe de Greenpeace, y en la que todos hemos perdido algo de nuestro patrimonio público.
* Cuarto Poder - 22.08.10
Madrid.- Donde dije alquiler social digo subasta
ELMUNDO* : Cuando en mayo de 2005 Alberto Ruiz Gallardón les hizo entrega de sus viviendas, los vecinos de la promoción Sanchinarro X -al noreste de Madrid- oyeron de los labios de su alcalde que "cuando la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda digna, éste tiene que ser articulado por las administraciones públicas, y muy especialmente de los ayuntamientos". Un lustro después, la misma institución pública, ese mismo alcalde, ha decidido vender al mejor postor esas viviendas dignas y las que albergan otros tres edificios municipales.Escribe el resto del post aqui
Los inquilinos creen que el futuro propietario lo primero que hará, entre otras cosas, será actualizar los alquileres a precios de mercado. "Si no conseguimos parar esto ahora, más adelante vendrán más subastas y habrá más afectados", estima Alejandro Muñoz, portavoz de las 630 familias afectadas.
No van desencaminados. La EMVS -la sociedad que desarrolla la política de Vivienda municipal- necesita fondos. De otra manera, jamás hubiera puesto a la venta cuatro promociones en los barrios de Sanchinarro, Carabanchel, Vallecas y Pavones, todas entregadas entre 2003 y 2005, por los que espera obtener 64 millones de euros, a razón de 102.000 euros por vivienda.
De hecho, es la primera vez que el Ayuntamiento emprende una operación semejante, la cual materializará, con extrema rapidez, el próximo 13 de septiembre. "La EMVS pone en marcha medidas aprobadas por el gobierno Zapatero dentro de su Plan de Vivienda, que permite la enajenación de promociones completas destinadas a alquiler, no permitiendo la enajenación de las viviendas de manera individual mientras las viviendas estén sujetas al régimen de protección de alquiler", justifica Pablo Olangua, su director general de Gestión de la EMVS.
Por el mencionado edificio de Sanchinarro, de 300 viviendas, el ayuntamiento espera obtener 29 millones, cuando hace cinco años declaró que había invertido apenas quince.
Lo miren por donde lo miren, los vecinos se sienten engañados. Nadie les consultó y, más allá de una carta enviada el 2 de agosto, nadie se ha dirigido a ellos. Tampoco les ha sentado bien que la decisión se haya hecho pública en verano. Les ha costado reunirse y aclararse y planificar una estrategia en torno a una Plataforma de Afectados por la subasta municipal. Ahora lo tienen claro, hacerse oír hasta el final.
A mediados de agosto, durante un primer plante frente a las oficinas de la EMVS, "nos dijeron que la cosa no tenía marcha atrás", dice Muñoz. Los vecinos no pararán hasta que alguien les haga caso y mañana por la mañana se personarán por tercera vez ante la sede de la EMVS en la calle de Palos de la Frontera de Madrid. Después volverán a hacerlo el 27 de agosto y 1 el 3 de septiembre.
Saben que la Ley no permite que les vendan a ellos las casas individualmente, "por mucho que nos gustase", pero también estiman que "ninguna Ley obliga al Ayuntamiento a tomar esta decisión y podrían esperar hasta la finalización del contrato de arrendamiento y buscar otra opción que no fuese el vender el conjunto de viviendas a una empresa privada".
Además, están convencidos de que, de alguna manera, se les había dado a entender que al cabo de diez años, cuando terminase el contrato de arrendamiento, podrían optar a comprar las casas. Es decir, que se trataba -como reza la nota de prensa que el ayuntamiento envió a los medios de comunicación en su día- de un régimen en alquiler con opción a compra.
Sin embargo, el Ayuntamiento les invita a revisar los contratos que ellos mismos firmaron "Los contratos suscritos en todas estas promociones son de alquiler, conforme a la calificación que tienen las viviendas. En ningún caso puede hablarse de contratos de alquiler con opción a compra, ya que las viviendas no tienen esa calificación", afirma Olangua.
Sin políticos detrás
Los vecinos no quieren que se les vincule con ningún partido político, aunque por ellos se han interesado representantes de PSOE e IU. Se consideran la avanzadilla de un movimiento vecinal que, creen, aflorará a medida que más promociones se vean afectadas. "Las actuaciones futuras dependerán de la situación económica del sector inmobiliario y de las posibilidades que ofrezcan los planes de vivienda estatales", señala Olangua, que no se cierra puertas a futuras ventas.
A los inmuebles no les faltarán novias. El alquiler cautivo y de renta elevable a partir de 2015 y con fecha de caducidad, como es el caso, se ha convertido en uno de los segmentos de inversión refugio para fondos patrimoniales, gestoras inmobiliarias y grandes 'family offices'. Firmas como Lazora, especializadas en gestión de alquiler protegido, los fondos de Amancio Ortega, la familia Lara, Alicia Koplowitz o Manuel Jove podrían optar a la compra.
* El Mundo 23.08.10
Foto: Gallardón, rodeado de los inquilinos de la promoción Sanchinarro X, en Hortaleza, en el año 2005. | Elmundo.es
Los ecologistas achacan los daños en las playas a la mala planificación costera
,++ampliaci%C3%B3n+Puerto+-+lne.es.jpg)
LNE/Avilés* : La comarca avilesina presenta un medio ambiente con muchos grises. Greenpeace acaba de publicar un informe -«Destrucción a toda costa»- que recoge las actuaciones que se han desarrollado en los últimos diez años en detrimento del litoral. Ecologistas en acción, por su parte, también acaba de editar un documento - «Caos en la costa»- en el que otorga una bandera negra a la comarca. Estos galardones son críticos con aquellas obras que afectan principalmente al litoral y cuyo impacto es irreversible o severo. Ambas agrupaciones critican sobre todo la «mala planificación costera». Un ejemplo, sentencian, es la playa de Salinas (Castrillón).
«Desde hace muchos años se repiten episodios de pérdida de arena, desperfectos en el muro que sustenta el paseo marítimo y una preocupación por la estabilidad de las viviendas», aseguran. Ecologistas en Acción precisa en su informe: «La mala planificación implica actuaciones de urgencia muy costosas que podrían haber sido evitadas fácilmente».
El colectivo ecologista lleva tiempo reclamando al Ministerio de Medio Ambiente que se dejen de autorizar y financiar las regeneraciones de playas en aquellos municipios en los que la construcción de infraestructuras como puertos, espigones o paseos marítimos estén impidiendo el aporte sedimentario a los arenales. La demarcación territorial de Costas en Asturias, pese a las propuestas de los ecologistas, tiene previsto realizar una aportación urgente de como mínimo 300.000 metros cúbicos de arena a la playa de Salinas con el doble objetivo de contrarrestar los efectos negativos que origina la pérdida de árido en la estabilidad del muro del paseo marítimo y mejorar las condiciones de uso lúdico del arenal.
Greenpeace también dedica unas líneas en su último informe al principal arenal castrillonense. «Debido a la especulación urbanística de los setenta y a la construcción de un paseo a diez metros de la línea de marea para la construcción de chalés y edificios de trece pisos, sumando a otras causas como los mencionados dragados, el aumento del nivel del mar, los cambios estacionales de los depósitos de arena y otros que no conozcamos o están por determinar, el arenal de Salinas se muere», sentencian. Otra bandera negra de Ecologistas en Acción se la ha ganado, también en Castrillón, el «recorte de protección» de la playa y las dunas del Espartal, catalogadas como Monumento Natural en el Porna (Plan de Ordenamiento de los Recursos Naturales de Asturias).
Pero, ¿que actuaciones se han llevado a la práctica en la comarca en detrimento del litoral? Greenpeace ha hecho recuento de las mismas en la última década. Las resume en: crecimiento de la edificación, proyección de campos de golf, vertidos a la ría y la ampliación del puerto avilesino. De la construcción, manifiestan: «La indefensión del territorio asturiano se hace evidente a la luz de los datos de 2006 sobre el crecimiento de la edificación, que en ese año fue del 46 por ciento y se concentró en Villaviciosa, Avilés, Gijón, Castrillón y Llanes», recalcan.
Respecto a la construcción de «megaestructuras» portuarias, Asturias, a juicio de los responsables de Greenpeace, no ha parado de ampliar las existentes «en una carrera por convertir a Gijón y Avilés en grandes puertos del Atlántico a costa del medio natural y la calidad de vida de sus habitantes». «La ampliación del puerto de Avilés va a a acabar con los últimos vestigios naturales de la ría, las marismas de Recastrón. Un espacio único para fauna marina y aves que agoniza por la ampliación de los muelles del puerto, un grave ejemplo de lo poco verde que ha sido la política ambiental del Principado durante la última década», dicen.
De Gozón, los ecologistas ligados a Greenpeace hacen recuento de la modificación urbanística que se efectuó en 2006 «amparándose en el silencio administrativo». «Las normas subsidiarias fueron modificadas para construir en la parroquia de Verdicio un campo de golf de 27 hoyos y 500 viviendas en 167 hectáreas de terreno clasificadas como suelo no urbano y ocupando el Paisaje Protegido de Cabo de Peñas y el Lugar de Interés Comunitario Cabo Busto-Luanco», explican, y advierten al respecto: «La Cuota denegó la aprobación de un cambio de las normas subsidiarias de Gozón, pero el Consistorio sigue empeñado en sacar adelante el plan y está pendiente de una nueva resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias».
El informe elaborado por Greenpeace también incluye como herencia de la contaminación que sufrió la región en la última década los vertidos que afectaron a la ría de Avilés. «Esta ría recoge vertidos de las principales plantas metalúrgicas asturianas. Aunque entre 2002 y 2006 se extrajeron de sus fondos 160.000 metros cúbicos de lodos muy contaminantes debido a los vertidos históricos de las diferentes fábricas, el problema no se ha solucionado ya que estos vertidos no se han detenido». Dicen también de la playa de San Juan: «En 2004, la dirección general de Costas detectó la presencia de metales pesados como cinc, mercurio, cadmio y plomo que contaminaban gravemente 24.000 metros cúbicos de arena donde los veraneantes extendían sus toallas. Se señaló a la empresa Asturiana de Zinc como el origen de la contaminación».
Ante estos datos, Greenpeace insta al Gobierno regional a «abandonar su servilismo con las empresas contaminantes e incidir en su responsabilidad de proteger la salud y el medio ambiente». «Debe desarrollar un control férreo sobre las irregularidades de la industria que provoca vertidos sistemáticos en las rías asturianas», concluyen los ecologistas en el informe «Destrucción a toda costa».
* La Nueva España - 23.08.10
Foto: Obras de ampliación del puerto de Avilés - lne.es
Foto:
Una obra en Xàbia amenaza su última zona agrícola
+-+Fev%3B+wikipedia.org.jpg)
ELPAÍS/Alicante* : Casi fue un milagro que durante los años dorados de la expansión urbanística la partida La Soberana de Xàbia, uno de los últimos pulmones medioambientales junto al casco urbano, mantuviera su tradicional fisonomía de paisajes agrícolas, viviendas rurales centenarias y muros de piedra. De hecho, a finales de los años noventa y bajo el gobierno del PP, el Ayuntamiento planificó un plan de reparcelación que hubiera acabado con este entorno de propiedades vinculadas a la tierra y heredadas desde décadas de padres a hijos. Aquel proyecto acabó frustrado después de una prolongada resistencia vecinal.
Sin embargo, ahora otro peligro se cierne sobre este enclave: el nuevo plan general que tramita el ejecutivo local (Bloc y PP) prevé ampliar un Plan de Reforma Integral para prolongar la circunvalación de la Ronda Norte de la ciudad que comportaría en la zona un número incalculable de viales e infraestructuras de cemento.
70 casas amenazadas
La ampliación del plan afectaría a 163.885 metros cuadrados situados en La Soberana y en parte de otra zona rural próxima en Els Putxols, y tendría incidencia sobre 90 propiedades agrícolas, que se verían obligadas a ceder en algunos casos hasta el 30% de sus solares, y sobre 70 viviendas antiguas, que quedarían irremediablemente cercadas por nuevos viales de circulación rápida. Y los propietarios deberán hacer frente por esa hipotética reparcelación a fuertes cargas económicas que pueden llegar a 40 euros por metro cuadrado. "No sólo perdemos nuestras tierras sino que tenemos que hacer frente a un gasto inasumible para la mayor parte de los vecinos" señaló un portavoz de los residentes. Y agrega: "La mayor parte de las familias de La Soberana somos propietarios de toda la vida de Xàbia, de clase media, que sólo aspiramos a dejar nuestras parcelas a nuestros hijos como hemos hecho toda la vida".
Los residentes, organizados en asociación, preparan acciones para frenar el documento urbanístico. "En realidad, se trata de reanudar la lucha contra este tipo de acciones que ya comenzamos en los años 90". Exigen coherencia: han recordado que los integrantes de la coalición de nacionalistas y centristas que apoya al alcalde, Eduardo Monfort, consideraron la anterior reparcelación como "un intento para destruir una zona medioambiental consolidada de gran valor paisajístico para Xàbia".
* El País - 23.08.10
Foto: Xátiva (Valencia) - Fev; wikipedia.org
Castro.- La Fiscalía imputa a Muguruza por la gestión urbanística de Santa Catalina
,+colegio+Sta+Catalina+-+eldiariomontanes.es.jpg)
DIARIOMONTAÑÉS* : El alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tendrá que visitar los Juzgados de la ciudad el próximo 7 de octubre. El Ministerio Fiscal le ha llamado a declarar, en calidad de imputado por presunta prevaricación urbanística, en una pieza separada abierta dentro de las diligencias 840/08, en las que el magistrado Luis Acayro Sánchez investiga presuntas irregularidades urbanísticas en la zona de Santa Catalina. La investigación se centra ahora en el SUP 4 (Suelo Urbanizable Programado), una área urbanística en la que se levanta el quinto colegio de la ciudad, el denominado Colegio de Santa Catalina. Desde que comenzara la investigación judicial en el Consistorio castreño, es la primera vez que el Ministerio Fiscal llama a declarar al regidor municipal.
El desarrollo urbanístico de Santa Catalina es un asunto que tiene entre manos el juez Acayro desde hace tiempo. Fuentes cercanas a este periódico aseguran que en los últimos meses ha estado recabando información sobre esta zona. En diciembre de 2008 la Guardia Civil detuvo a un responsable de la empresa de urbanismo e ingeniería Dirsur, F.J.L., y al ex arquitecto municipal Pedro Restegui, por un presunto delito de prevaricación relacionado con el Suelo Urbanizable Programado (SUP-4), en la zona de Santa Catalina. En aquella ocasión se les investigaba por una modificación que realizaron en el Plan Parcial de la zona que la Crotu (Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo) no aprobó. Al parecer, los dos detenidos, pese al no de la Crotu, informaron favorablemente sobre la modificación, que después fue aprobada por el Pleno.
Denuncia de Pacheco
El SUP 4 también es conocido por la polémica que se generó en abril de 2007 y que tuvo como protagonista al consejero Mediavilla sobre el que se vertieron varias acusaciones desde el PP de Cantabria. Además, el alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), informó en aquellas fechas de la denuncia ante el Ministerio Fiscal que presentó contra el consejero de Presidencia, Vicente Mediavilla, por la tramitación seguida por la Crotu en el SUP-4 que incluía la construcción del quinto colegio y viviendas. El primer edil de Piélagos criticaba el trato diferente que la Crotu había dado a la zona de El Cuco con respecto al Plan Parcial castreño. Su denuncia se fundamentaba en la presunta relación familiar entre Mediavilla y el promotor inmobiliario de los terrenos de Santa Catalina.
* El Diario Montañés - 24.08.10
Foto: El colegio de Santa Catalina se levanta en el área urbanística que la Fiscalía investiga en este momento - eldiariomontanes.es
Greenpeace denuncia que una constructora española pretende destruir la única Reserva del golfo de California
GREENPEACE*, junto con las organizaciones Wildcoast, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C (ACCP), ha presentado esta mañana en México DF el informe Cabo Cortés: destruyendo el paraíso. En él se expone cómo Hansa Urbana, controvertida empresa de origen español, tiene previsto construir un megacomplejo turístico en la zona protegida de Cabo Pulmo. Las organizaciones piden que no se lleve a cabo este proyecto, que pone en riesgo un ecosistema considerado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.
En 2008 Hansa Urbana obtuvo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (SEMARNAT) la autorización para iniciar la construcción de Cabo Cortés en Los Cabos (Baja California Sur). Proyectado sobre una extensión superior a 3.800 hectáreas, contaría con un puerto deportivo de 490 amarres, dos campos de golf, capacidad para 30.000 habitaciones y 5.000 viviendas para los trabajadores, es decir una capacidad habitacional casi igual a la de Cancún. Este desarrollo colinda con Cabo Pulmo, un Parque Marino Nacional que es parte de la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO, y que en 2008 fue incluido en el Convenio RAMSAR para la protección de humedales de importancia internacional. Tras dos años de lucha, y tras interponer recursos legales ante el CEMDA y Defensa Ambiental del Noroeste (DAN), la SERMANAT decidió recientemente que no debía autorizar el proyecto.
Greenpeace considera que el hecho de que se otorgara inicialmente la autorización y ahora se pretenda modificar debido a irregularidades pone en evidencia la falta de rigurosidad a la hora de aprobar proyectos que ponen en riesgo el medio ambiente. “Es increíble que autorice un proyecto depredador como Cabo Cortés con un solo trámite y dos años después, sólo por la presión de la sociedad y recursos legales, se decida modificar la autorización. ¿Cuántos proyectos similares existen con autorizaciones que implican el daño a ecosistemas? No queremos que se modifique la autorización de Cabo Cortés, queremos que se cancele pues hay argumentos que van más allá de los recursos legales, que ponen en riesgo a Cabo Pulmo”, explicó Alejandro Olivera, portavoz de Greenpeace México.
Cabe señalar que la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (CONANP) emitió en julio de 2009 una opinión negativa sobre el informe de impacto ambiental presentado por Hansa, y sobre el impacto potencial del proyecto. También existe una opinión técnica de la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial de la Semarnat, que ha señalado la inviabilidad legal del proyecto dado que contraviene tanto el Plan de Ordenamiento Ecológico de Los Cabos como programas sectoriales y legislación. A pesar de esto la Semarnat decidió autorizarlo en 2008.
“Cabo Cortés puede tener un impacto totalmente destructivo sobre el arrecife de coral y todo el ecosistema. Su estudio de impacto ambiental presenta numerosas deficiencias que no han sido corregidas; se basa en información falsa o errónea; no analiza a fondo algunos de los impactos potenciales más graves; y no tiene en cuenta los problemas sociales que puede generar la llegada masiva de trabajadores a una región poco poblada y escasa de servicios”, ha denunciado Fay Crevoshay portavoz de Wilcoast.
La empresa promotora de Cabo Cortés, la constructora Hansa Urbana acumula en España una serie de investigaciones por irregularidades en el proceso de aprobación de su proyecto Novo Carthago (Cartagena, Murcia) especialmente en lo que se refiere a la tramitación urbanística y el proceso de recalificación de los terrenos. La Fiscalía de Murcia lo ha investigado después de conocer que el campo de golf va a construirse en un paraje protegido por la Unión Europea como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Por otro lado, en mayo de 2010 Rafael Gálea, director general de Hansa Urbana fue llamado a declarar por un juez en calidad de imputado, ya que existen “indicios racionales” de participación en delitos contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos. La cuantía de los delitos superaría los seis millones de euros.
Greenpeace considera inaceptable que las empresas inmobiliarias y turísticas españolas, actores clave en el desarrollo insostenible llevado a cabo en España durante los últimos años, y que ahora se demuestra agotado, pretendan reproducir en otros países el desastre que ya han causado aquí. “Su modelo de negocio a corto plazo deja de lado los peligrosos impactos sociales, medioambientales y laborales de sus proyectos e hipoteca el bienestar de las generaciones futuras a cambio de beneficios rápidos para unos pocos. El proyecto de Cabo Cortés puede tener un impacto especialmente nefasto al afectar un ecosistema único, protegido nacional e internacionalmente y cuidado por los habitantes de la zona. Por eso nunca debe construirse”, ha explicado en México Mabel Bustelo de Greenpeace España.
Las organizaciones demandan que Cabo Cortés no sea autorizado y en su lugar proponen que se promuevan intensivamente los esfuerzos de protección de Cabo Pulmo por parte de la comunidad local, que ha usado un modelo de turismo respetuoso con el medio ambiente.
“Nosotros hemos vivido del ecoturismo y de la protección al área marina protegida de Cabo Pulmo. El proyecto Cabo Cortés pone en riesgo nuestro sustento de vida. No hemos sido considerados a pesar de que estamos en su área de influencia. Es injusto que se le otorgue la concesión de 4,5 millones de metros cúbicos anuales de agua en una zona desértica cuando a nosotros nos hace falta y que se descarguen salmueras que vayan a dar al arrecife”, concluyó Mario Castro, habitante de la comunidad de Cabo Pulmo y vicepresidente fundador de ACCP.
Impactos del proyecto:
- La planta desalinizadora descargará 500 litros por segundo de amargos y salmueras que pueden ir hacia al arrecife de Cabo Pulmo.
- Contraviene la legislación que establece que cualquier nuevo proyecto turístico debe asegurar su propio abastecimiento de agua y el de los núcleos de población que se generen como consecuencia. Sin embargo este proyecto, si se desarrolla íntegramente, consumirá el agua equivalente a una ciudad de 71.000 habitantes (4,5 millones de metros cúbicos anuales).
- No se tienen en cuenta los posibles impactos del cambio climático y los pronósticos de un cambio del nivel del mar en el Pacífico.
- La marina modificara el perfil de la costa y afectará a la vida en los fondos arenosos y a la disposición de la arena. Cuando esté funcionando se generará un importante tráfico, que previsiblemente causará vertido de combustibles, basuras y ruidos que afectarán a la zona y más allá.
- La autorización contraviene lo recomendado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ya que Cabo Pulmo se encuentra sin duda en la zona de influencia del proyecto.
- El estudio presenta problemas de identificación y de falta de muestreos adecuados y suficientes se presentan en relación aves, mamíferos y reptiles, varios de ellos especies en riesgo.
* Greenpeace - 24.08.10
Foto: Vista aérea del Parque Nacional Cabo Pulmo, Baja California. México.- greenpeace.org
Palma: La crisis comienza a vaciar las naves de los polígonos industriales
DIARIODEMALLORCA* : La crisis económica está dejando sin inquilinos a muchas de las naves existentes en los polígonos industriales de la isla. Los malos resultados de muchos negocios están obligando a colocar carteles de ´se alquila´ o ´se vende´ en unos espacios que años atrás registraban una fuerte demanda, y que en este momento se quedan en muchos casos sin nuevos ocupantes a causa de los elevados precios que se reclaman por ellos. Tal y como reconocen el director de la asociación de polígonos de Mallorca (Asima), Alejandro Sáenz, y el presidente de Pimem-Industria, Salvador Canudas, "en este momento sobra suelo industrial en la isla, pero sigue siendo demasiado caro para la mayoría".
Polígonos ´estrella´, como Son Castelló y Can Valero son los primeros que están sufriendo el aumento de los espacios que se quedan desocupados, y que incluyen tanto naves como locales de restauración. Alejandro Sáenz destaca que está situación está arrastrando los precios a la baja, un hecho que confirma también Salvador Canudas, y que cifra en descensos que se mueven en la mayoría de los casos entre un 10% y un 20%, aunque subraya que pese a ello los costes siguen siendo demasiado elevados para muchas empresas. En cualquier caso, Sáenz apunta que este fenómeno está haciendo que los problemas de tráfico y de estacionamiento que se daban en esta zona se han reducido considerablemente.
La imagen de esta situación la marca la torre Asima, que en este momento sólo cuenta con dos plantas ocupadas por la Televisió de Mallorca y otra por Acciona. Pero durante los últimos meses se han ido sumando otras muchas instalaciones a esta lista de espacios desocupados.
El director del Instituto de Innovación Empresarial (IDI) del Govern, Ángel Pujol, reconoce también la existencia de ese problema, y no oculta su esperanza de que los precios sigan bajando hasta convertirlos en asumibles para las pequeñas y medianas industrias de las islas, pese a no ocultar que ello no va a resultar fácil.
Sobre este punto, Canudas y la directora de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio, Catalina Barceló, coinciden en que el suelo industrial disponible cuenta con dos grandes trabas para que su valor alcance unos niveles adecuados. Para empezar, los principales polígonos se han convertido en zonas de servicios y muchos de sus espacios han sido ocupados por concesionarios de vehículos, dependencias bancarias o comercios, mucho más rentables y que se pueden permitir desembolsos más elevados. Este hecho hace, según apunta también Ángel Pujol, que el precio de un terreno pueda superar ampliamente los 1.000 euros por metro cuadrado en puntos como Palma, cuando una carpintería, ferretería o similares dificilmente puede superar los 400 o los 500, valor este último con que están saliendo al mercado los terrenos del nuevo polígono de Sóller, según destacó.
Pero además, todas las personas consultadas señalan que buena parte del suelo industrial existente ha sido adquirido por promotores y empresas con el objetivo "lícito de especular con él y obtener beneficios", lo que está haciendo que los valores de estas instalaciones se mantengan altos pese a la caída de la demanda.
Evidentemente, todos apuntan igualmente un tercer factor. La crisis económica está teniendo sobre los industriales un durísimo impacto, lo que impide que en este momento puedan acceder a la financiación necesaria para poner en marcha su traslado desde su actual emplazamiento en zonas urbanas o en terrenos rústicos.
Según destaca Salvador Canudas, el problema alcanza unos niveles especialmente graves porque está provocando que muchas industrias de las islas opten finalmente por trasladar su actividad productiva a otras comunidades autónomas en las que el precio del suelo industrial es "infinitamente más bajo", dejando sólo en Mallorca sus departamentos de diseño, algo a lo que contribuye también el sobrecoste que conlleva el tener que afrontar el transporte hasta la península.
* Diario de Mallorca - 24.08.10
Foto: El polígono de Son Castelló cuenta ya con varias naves vacías y con su torre infrautilizada.- diariodemallorca.es
Castilblanco.- La Audiencia deja en pie un chalé de Las Minas ante su 'previsible' legalización
,+urbanizaci%C3%B3n+Las+Minas+-+elcorreoweb.es.jpg)
ELCORREOWEB/Sevilla* : Nueva sentencia dispar sobre las viviendas ilegales construidas en el paraje de Las Minas. Después de no considerar una piscina como construcción, pero sí la casa, o de rebajar la condena después de demoler una nave, ahora la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha anulado la orden de derribo de un chalé de 170 metros cuadrados construido porque el lugar se ha convertido en una "zona residencial de facto" y los tribunales "son proclives a la regularización" de este tipo de construcciones.
La Audiencia, en una sentencia a la que ha tenido acceso la agencia Efe, confirma la condena de seis meses de cárcel impuesta por el juzgado penal 3 de Sevilla al matrimonio propietario de la parcela, pero anula la parte de la sentencia que ordenaba demoler el chalé. Los acusados J.L.B.V. y su esposa G.V.S. son propietarios de una parcela en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos donde levantaron entre 2003 y 2006 una vivienda de 170 metros cuadrados con muro de contención de 20 metros, caseta para el motor del pozo, una fosa séptica y una conexión al servicio eléctrico.
De acuerdo con la jurisprudencia vigente, el juzgado penal ordenó la demolición, a costa de los acusados, de todo lo levantado ilegalmente y la reposición del terreno a su estado primitivo. Sin embargo, la Audiencia anula ahora esa parte del fallo porque, según dijo en el juicio el arquitecto municipal, "es posible que en un futuro las construcciones sean autorizables" y el terreno está clasificado como rural pero "no especialmente protegido".
"La zona en la que está la construcción constituye una zona residencial de facto" y "es un hecho notorio que tanto la política administrativa como la jurisprudencia de los tribunales de lo contencioso-administrativo son proclives a la legalización y regularización de zonas como la urbanización Las Minas", dice la Audiencia.
Los jueces recuerdan que la propia sentencia ahora rectificada recoge que la zona "cuenta con diversos viales, acometida de luz eléctrica y telefónica, así como servicio de recogida de basuras", y que más de 500 propietarios pagan al Ayuntamiento el Impuesto de Bienes Inmuebles.
El hecho de no acordar la demolición en la vía penal "no significa en absoluto que la resolución santifique la obra", dice el fallo, que recuerda que dicha medida puede ser tomada por el Ayuntamiento o la Junta como administraciones con competencias en materia de urbanismo.
La sentencia de la Audiencia recoge que el propio Ayuntamiento de Castilblanco "toleró la construcción de decenas de viviendas contrarias a las normas urbanísticas en el mismo paraje", hechos por los que el ex alcalde Manuel Ruiz Lucas (Nueva Izquierda) ha sido imputado por la Fiscalía de Medio Ambiente y se encuentra pendiente de juicio.
Por otra parte, la Audiencia rechaza el argumento de los acusados de que desconocían la ilegalidad de su comportamiento, y dice que en un mundo tan intercomunicado como el actual "es difícil acreditar el desconocimiento de la antijuridicidad de un hecho de esa naturaleza".
* El Correo de Andalucía - 21.08.10
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - elcorreoweb.es
Huelva.- La conexión Matalascañas-Sanlúcar por Doñana choca con los ecologistas
,+veh%C3%ADculos+parque+-+diariodesevilla.es.jpg)
DIARIODESEVILLA* : Era uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Almonte para explotar su privilegiado entorno natural de Doñana y comunicar Matalascañas con el municipio gaditano de Sanlúcar de Barrameda a través del litoral. Y aunque la Corporación alumbró la iniciativa con importantes guiños a los ecologistas y buscando poner en primer plano los beneficios medioambientales, lo cierto es que, lejos de entusiasmarles, ha servido para abrir la caja de Pandora, dando pie a un cruce de acusaciones que ha acabado con unas relaciones prácticamente rotas.
La iniciativa municipal proponía cubrir los 34 kilómetros que separan ambos núcleos urbanos a través del litoral y haciendo uso de un transporte público en vehículos todoterreno de características similares a los que realizan las visitas al parque, alcanzando la Punta de Malandar para, posteriormente, cruzar en barcaza el Guadalquivir hasta Sanlúcar. El trayecto se realizaría a una velocidad nunca superior a los 50 kilómetros por hora, por lo que se estimaba que la distancia se cubriría entre 40 ó 75 minutos, dependiendo de las condiciones meteorológicas y del terreno.
De momento no es el único problema que ha de sortear el proyecto. La implantación del transporte regular a través del litoral está explícitamente prohibida en la Ley de Costas e incluso va en contra de las propias normativas del parque nacional de Doñana. Aun así, parece más fácil doblegar la voluntad de la Administración central o que los responsables del parque bendigan la iniciativa a que lo hagan los ecologistas. Aunque en un primer momento fue sólo WWF quien se postuló en contra de la propuesta almonteña, Ecologistas en Acción se ha sumado a las críticas a un transporte que consideran "inviable y agresivo".
WWF califica la propuesta de "innecesaria" al entender que corrompe los objetivos de conservación de este importante ecosistema. La organización ecologista ha comenzado a hacer campaña para que la Consejería de Medio Ambiente, junto con la Estación Biológica de Doñana, establezca condiciones inviolables para minimizar los tránsitos de vehículos por la playa. En juego, mantienen, está el que los 32 kilómetros de costa virgen de la playa del parque nacional continúen siendo "el último vestigio que se mantiene impertérrito en el Sur de Europa de un ecosistema totalmente indemne al urbanismo desmedido y las actividades humanas sin control".
Para la entidad ecologista, las medidas deberían de ir orientadas a lograr un "mayor grado de protección, investigación y de ordenación", no con una "mayor presión". Asimismo, denuncia que un número importante e indeterminado de vehículos al día atraviesan la zona como la cooperativa Marismas del Rocío, los mariscadores y los de vigilancia.
La réplica no se ha hecho esperar y el portavoz socialista del Consistorio almonteño, José Villa, ha arremetido contra los ecologistas a los que acusa de no presentar propuestas alternativas por parte de "aquellos que se consideran sabios sobre este tema".
El énfasis que ha puesto el Ayuntamiento en esta propuesta tiene su razón de ser en la posibilidad de atraer turistas que desembarquen en el aeropuerto de Jerez. Históricamente, el sector hotelero en Matalascañas se ha quejado del hecho de que las comunicaciones lastrasen la llegada de turistas, principalmente por las tarifas tan altas que fija el aeropuerto de Sevilla, lo que deriva en que el turismo extranjero sea casi testimonial. Entretanto, tratar que los interesados en conocer Matalascañas aterricen en la portuguesa Faro (con mucho menor coste) es una utopía, ya que se requieren cuatro horas de desplazamiento.
Con estos precedentes, la alternativa más viable es que los turistas utilizasen el de Jerez y, posteriormente, se trasladasen mediante este transporte que se vendería por los touroperadores como un paseo único a través de playas vírgenes flanqueadas por el pulmón de Europa: Doñana. Precisamente el alcalde, Francisco Bella, ha defendido en innumerables ocasiones que "serían pocos los que se resistirían a disfrutar de un viaje único en el mundo".
La medida supo sumar incluso el apoyo de los populares almonteños, si bien matizaron que la iniciativa tendría que estar circunscrita al ámbito turístico y no podía llevar implícito renunciar a la vieja aspiración de conectar Huelva y Cádiz por el trazado norte como se proponía en el primer Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana y cuyo proyecto finalmente ha quedado en el cajón del olvido, y que sería para el PP la que verdaderamente tendría tremendos beneficios económicos y de desarrollo para la zona.
* Diario de Sevilla - 22.08.10
Foto: Vehículos todoterreno que circulan por Doñana y que el Ayuntamiento quiere habilitar como transporte público para la conexión con Sanlúcar.- diariodesevilla.es
Mogán.- Anfi Tauro renace tras 20 años de litigios
,+recreaci%C3%B3n+maxiproyecto+AnfiTauro+-+laprovincia.es.jpg)
LAPROVINCIA/GranCanaria* : Más de 20 años de litigios, reformulaciones normativas, varias moratorias y el origen de tormentas jurídico-políticas. Ahora, dos sentencias del Tribunal Supremo acaban con un truculento proceso al dar luz verde al proyecto turístico de Anfi Tauro, que contempla la construcción de 7.500 camas, al que seguirán dos playas artificiales y un atraque para barcos. La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha decidido restablecer la plena legalidad del planeamiento urbanístico de Anfi Tauro y despeja el horizonte inversor en una zona que en noviembre de 1987 comenzó a promover el empresario Santiago Santana Cazorla.
"Ya no nos va a parar nada y ahora sólo queda trabajar duro para construir el sueño y convertir este punto de Gran Canaria en un referente turístico de primer orden". Cazorla, que no oculta su satisfacción por el dictamen judicial, sí lamenta que "invertir se ha convertido en un verdadero martirio, cuando lo único que pretendemos es generar riqueza, atraer turismo y crear empleos".
Además, este empresario grancanario señala cómo en 1997 los promotores suscribieron un convenio con el Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo grancanario y el Gobierno de Canarias para estudiar la explotación turística de las zonas de costa de Mogán, acudiendo al modelo de resort único, con puerto deportivo para 500 atraques, campo de golf de 18 hoyos y una clínica especializada en enfermedades respiratorias. "Han sido años en los que nos hemos golpeado una y otra vez con la rémora de la burocracia, que es la culpable del estrangulamiento económico que sufre Canarias", reflexiona.
Un paso más en esta tramitación tuvo lugar en 1999, con la revisión del Plan Parcial Tauro, que delimitaba dos áreas o polígonos de actuación. El primero, en función del campo de golf, de cerca de un millón de metros cuadrados a desarrollar en ocho años y el segundo, en función del parque litoral y el puerto deportivo, de 130.0000 metros cuadrados y una previsión de cuatro años. Del polígono I se ha llegado a ejecutar un campo de golf de 18 hoyos, así como varias villas y el hotel Emerald. "Éstas son las primeras semillas de un árbol que impulsará el desarrollo de la zona y que será uno de los resorts turísticos más importantes de Europa", continúa el empresario, que prevé invertir hasta 400 millones de euros.
* La Provincia - 22.08.10
Foto: Una imagen virtual del valle de Tauro, que incluirá 13 hoteles.- LA PROVINCIA / DLP
Rafael Fernández (TS) aboga por que planificación urbanística e hidrológica vayan "de la mano"
,+construcciones+ilegales+desembocadura+del+Millars+-+gecen.net.jpeg)
20MINUTOS* : El magistrado del Tribunal Supremo y ex_vocal del Consejo General del Poder Judicial, Rafael Fernández Valverde, ha aseverado que "la planificación urbanística y la hidrológica deben ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible". Así lo ha dicho en la conferencia 'El régimen de las concesiones de aguas; en particular, la suficiencia hídrica como requisito para el desarrollo de actuaciones de urbanización', con la que ha clausurado los cursos de verano de la Universidad Católica de Valencia "San Vicente Mártir", que se han desarrollado durante todo el mes de agosto en el Seminario Diocesano de monte Corbán de Santander.
Fernández Valverde ha recalcado que actualmente vivimos un "momento histórico" del desarrollo urbanístico, que se caracteriza por el cambio hacia un urbanismo sostenible.
De ahí que la planificación hidrológica y la relacionada con el planeamiento urbano "deban ir de la mano para garantizar un desarrollo sostenible, porque hasta ahora urbanismo y Medio Ambiente han campado por sus respetos".
El magistrado del TS ha subrayado que el gran reto consiste en resolver los conflictos que suscita la coordinación de ambos intereses, en cuanto que las administraciones con competencias urbanísticas son municipales y autonómicas, mientras que la titularidad de los recursos naturales recae en el Estado.
En este punto, ha especificado que "el diseño de la ciudad no puede ser aislado, sino que depende de un planeamiento global, de manera que principio de autonomía municipal debería integrarse en una legislación más amplia, como la relativa a la regulación del Derecho de Aguas, que es el que hoy nos ocupa".
"Hay que coordinar los intereses de cada municipio con el interés general y, necesariamente, deben convivir", ha apostillado Fernández Valverde.
Fernández Valverde ha apuntado la necesidad de que las confederaciones hidrográficas -que son los organismos responsables de emitir los informes de suficiencia hídrica- profundicen en materia jurídica, "puesto que hasta ahora han funcionado con técnicos muy buenos, especialmente ingenieros, pero muchos expedientes administrativos no han contado con un asesoramiento jurídico suficiente", aunque esta tendencia ha empezado a cambiar en los últimos tiempos, ha admitido el magistrado del Supremo.
"Es evidente que no existe agua para todo el planeamiento", ha colegido el magistrado del TS, quien ha reconocido también que el principio de solidaridad nacional debe estar por encima de la gestión de las diferentes comunidades autónomas, porque "el agua se ha enquistado demasiado políticamente al situarla en un ámbito estrictamente autonómico".
* 20 Minutos - E.P. - 20.08.10
Foto: Almazora (Castellón), construcciones ilegales desembocadura del Millars - gecen.net
Brunete.- El PGOU, parado porque los dueños del suelo "no quieren invertir" y falta aprobar el plan de infraestructuras
+-+brunete.org.jpg)
QUÉ/Madrid* : El alcalde de Brunete, Félix Gavilanes, ha asegurado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) está "parado" debido a que los propietarios del suelo "no quieren invertir" y a que el Plan de Infraestructuras, previo a la puesta en marcha del PGOU, está "pendiente de aprobar". "Estamos parados porque nadie quiere tirar para adelante. Los mismos propietarios del suelo ahora no quieren invertir. El plan de infraestructuras marca al Plan General porque es previo al inicio de la construcción. En momentos buenos este plan hubiera tirado hacia adelante.
Una vez que lo haga el Ayuntamiento, la Comunidad tendrá que decir al respecto", ha puntualizado en una entrevista concedida a Europa Press.
El primer edil ha recordado que el PGOU, un proyecto "ambicioso y muy estudiado", está aprobado por la Comunidad de Madrid pero que "ahora" hay que "desarrollar" el documento para "empezar a trabajar".
"Como alcalde, mi primer objetivo fue sacar adelante el Plan de Urbanismo porque Brunete no tenía. Quisimos hacer un plan ambicioso y muy estudiado. De una sola tacada, quisimos hacer un plan pensando en el Brunete del futuro, ordenar todo el suelo, lo que se va a quedar protegido, lo que va a ser urbanizable. Fue tanto tiempo en el que se tardó en sacar adelante el Plan que Brunete no podía dar licencias. Cuando ha llegado la crisis es cuando ya hemos tenido PGOU", ha aseverado.
Con todo ello, ha explicado que en el nuevo Plan se reserva suelo terciario para la creación de industrial limpia, zonas comerciales y de ocio. "Se ha creado suelo para cubrir todas las necesidades y puestos de trabajo", ha puntualizado.
En cuanto a la construcción de viviendas, el primer edil ha precisado que el 50 por ciento de las mismas tendrá "algún tipo de protección".
"El Plan tiene todos los vistos buenos y queda pendiente de aprobar el Plan de Infraestructuras. Sin embargo, aún no se puede empezar a construir viviendas", ha indicado el alcalde, quien ha mantenido que "el Ayuntamiento y los propietarios del suelo tienen que apostar para que el Plan tire hacia adelante".
* Qué - E.P. - 21.08.10
Foto: Brunete (Madrid) - brunete.org
La destrucción de las playas españolas
MIGUEL A. LOSADA* : Más del 50% de las playas y el 70% de las dunas en la costa española están degradadas o profundamente alteradas; el 60% de los humedales que había en 1950 ha desaparecido; más del 60% del entorno inmediato de las playas de las costas mediterránea, atlántica sur y de los archipiélagos está urbanizado. Con los ritmos de ocupación seguidos en los últimos 60 años, incluidos los tres periodos de recesión económica habidos, hacia el año 2030 la totalidad de la costa española estará tocada por actividades humanas. La costa es la franja marítimo-terrestre donde la corteza pasa de estar permanentemente sumergida a ser tierra firme; un paisaje complejo de múltiples colores y texturas; un organismo vivo en permanente proceso de remodelación y embellecimiento por la acción de las fuerzas de la naturaleza; el destino final de las olas y de los maremotos; una esponja que amortigua y controla sus acciones; el principio de los encuentros del hombre con el mar.
El Reino de España tiene algo menos de 10.000 kilómetros de costa; calas, rasas y acantilados, ramblas y deltas, estuarios, rías y marismas, flechas, cordones y lagunas litorales, playas de arena y guijarros, dunas..., son algunas de las formas naturales que albergan ecosistemas esenciales para la diversidad biológica, que se podían encontrar a lo largo y ancho de la costa española y que formaban parte de su patrimonio paisajístico único, finito, frágil y sensible.
Posiblemente, fueron las cualidades excepcionales de la costa y la tradición jurídica las que motivaron que la Constitución Española, Artículo 132.2, proclamara como bienes de dominio público la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental, y ordenara su regulación por Ley. La Ley de Costas, Ley 22/1988, reconoce el carácter público de la costa y define la parte terrestre de estos bienes y los integra en un concepto territorial, la ribera del mar, utilizado en el Código de las Siete Partidas por el rey Alfonso X el Sabio; además, acota, regula y administra su uso y ocupación temporal. Ella y la normativa adicional de las Comunisdades Autónomas son los instrumentos jurídicos indispensables para que el patrimonio colectivo, especialmente valioso como espacio natural de libertad, sea preservado para el uso y disfrute de los ciudadanos. La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Municipios son responsables de que así sea.
El deslinde es el procedimiento que establece la Ley de Costas para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DMPT). Cualquier uso no común, que por su naturaleza no pueda realizarse sino en la ribera del mar, requiere de un título administrativo, concesión, reserva o adscripción. Desde el deslinde, la ley proyecta su incidencia hacia el interior del territorio, en bandas paralelas a la línea de costa, estableciendo servidumbres de acceso y tránsito y protección (limitación) frente a la urbanización, imprescindibles para garantizar la integridad física y el uso común del DMPT.
Sin embargo, una parte de la costa española está en manos privadas, urbanizada, alterada profundamente o destruida. Ya en 1988, en la exposición de motivos de la Ley de Costas, se decía: "Este doble fenómeno de destrucción y privatización del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, (...) con una perspectiva de futuro, tenga como objetivos (...) la protección y conservación de sus valores y virtualidades naturales y culturales...".
La realidad es que la Ley de Costas no ha podido frenar los motivos por los que fue promulgada. Desde hace una década, los informes anuales Destrucción a toda costa de Greenpeace son referencia crítica de la creación de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas con lo que ocurre en las costas españolas.
A principios de la década de los sesenta del siglo pasado, se accedía a las playas al norte de Oropesa (Castellón) hasta Alcossebre por caminos rurales, entre campos de olivos y naranjos. Formaban parte de la denominación turística de costa de Azahar. Los desarrollos urbanos de Marina d'Or y Torrenostra han transformado de forma radical la costa primitiva y han encajado el Parque Natural del Prat de Cabanes. Al norte, las urbanizaciones de Alcossebre rampan por las estribaciones del Parque Natural Sierra de Irta; ¿qué les depara el futuro al Prat de Cabanes y a la Sierra de Irta?
Son Bou es una de las playas de Es Migjorn en Menorca. Sus arenas blancas, sus dunas y el humedal que a mediados del siglo pasado aún se comunicaba con el mar por varias golas son sus principales cualidades naturales. Al este reposan las excavaciones de una basílica paleocristiana, encajonadas por edificios irrespetuosos e ignorantes y levantados sobre las dunas. La reciente construcción de una carretera y un aparcamiento sobre la laguna litoral anuncia lo peor: ¿en los próximos años se urbanizarán la laguna y las dunas de Son Bou?
A principios del siglo XX, entre los cabos de la Huerta (Alicante) y Palos (Murcia) dando apoyo a la Manga, se podían disfrutar unos 100 kilómetros de costa formada, en su mayor parte, por playas barrera y lagunas litorales entre pequeños tramos acantilados. Sobre aquellas se construyeron pueblos barrera de edificios barrera. Lo que fue bello ahora es lineal, monocromático y simple, sin valor ambiental; todos ellos están amenazados por la subida del nivel del mar asociada al calentamiento global. Se pronostica que, en este siglo, el mar ascenderá entre medio metro y un metro. ¿Se protegen o se desmantelan estos desarrollos urbanos? ¿Quién paga?
La construcción de un hotel mastodóntico sobre el acantilado de la playa del Algarrobico, posiblemente para delimitar (colonizar) un tramo de costa "urbanizable" en las cercanías de Carboneras, ha disparado todas las alarmas. Ocupa terrenos del Parque Natural del Cabo de Gata, que alberga un entorno privilegiado donde todavía es posible el diálogo libre del hombre y la costa. Otros desarrollos penden sobre este parque natural: el crecimiento brutal de San José acosando la playa de los Genoveses y las propuestas urbanizadoras de las Salinas y la Fabriquilla. ¿Son compatibles estas ocupaciones con la Constitución y la Ley de Costas?
Son solo algunos ejemplos. Si las evidencias naturales, las consecuencias y las leyes son tan contundentes, ¿por qué se sigue destruyendo el patrimonio colectivo e ignorando lo que dicen la ciencia y el conocimiento? Si en las últimas elecciones generales todos los partidos llevaron en su zurrón de promesas la sostenibilidad de la costa, ¿por qué allá donde gobiernan porfían con el desarrollo urbanístico a toda costa? ¿Dónde quedó la política del anterior Gobierno, conflictiva, sí, pero a favor de la sostenibilidad de la costa, de los derechos de más de 45 millones de ciudadanos y de un legado ejemplar, justo y solidario, y acorde con el valor ambiental de la costa española?
Desde hace más de 60 años, con breves y notorias excepciones, la costa española se gestiona, principalmente, como un espacio económico donde las todopoderosas industrias de la construcción y del turismo marcan las pautas de uso y explotación, y los municipios costeros encuentran la vía de construir y mejorar sus infraestructuras y financiar sus gastos corrientes. Cuando hay desastres naturales, todos ellos son los primeros en demandar la reconstrucción y las subvenciones pertinentes. Entonces, los partidos políticos callan ante la sinrazón y otorgan. Si las leyes no son las adecuadas, se deben cambiar, pero, entretanto, se deben cumplir con tolerancia cero.
El futuro es desesperanzador, pues la experiencia pasada y la realidad cotidiana nos muestran que, en el Reino de España, no se consigue manejar con inteligencia el binomio desarrollo socioeconómico y proceso evolutivo natural de la costa. La ambición personal de unos pocos y la complicidad de otros están provocando la pérdida irreparable de nuestro patrimonio y dejan un legado insostenible para las siguientes generaciones.
* Miguel A. Losada es director del Centro Andaluz del Medio Ambiente y catedrático de la Universidad de Granada.
* El País - Opinión - 20.08.10
