El ex gerente del consejo del Maresme se lucró con un pelotazo de Pretoria

ELPAÍS/Barcelona* : El caso Pretoria sigue salpicando a políticos y cargos de confianza. Xavier Surinyach, ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme, nombrado por CiU, y hasta enero gerente de la empresa de urbanismo de Tordera (Maresme), se embolsó 380.686,15 euros a raíz de un pelotazo en Sant Andreu de Llavaneres, una de las tres grandes operaciones que investiga la Audiencia Nacional. Para ello, Surinyach se asoció con el presunto cerebro de la trama, Luis García Sáez, Luigi.

Según el sumario, la operación urbanística proporcionó a Niesma Corporación, administrada por Luigi, unas plusvalías de 3,44 millones de euros en solo 22 meses con la compraventa de unos terrenos del municipio. El informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario señala que Luigi recurrió a la sociedad holandesa Ard-Choille y al ex gerente del Consejo Comarcal del Maresme Francesc Xavier Surinyach, que participó en la operación a través de su hijo Jaume Surinyach, que en esa época estaba cobrando un subsidio de paro. Jaume Surinyach fue imputado en 2006 por blanqueo de capitales y fraude fiscal.

El pelotazo se produjo, en tiempo casi récord, gracias a la supuesta intervención del socialista Antonio Jiménez, entonces concejal de Sant Andreu de Llavaneres e imputado en la causa. El edil, según la instrucción, modificó el plan de urbanismo para aumentar el número de viviendas que podían construirse en esos terrenos con el fin de que se revalorizaran enseguida.

Surinyach, a través de su hijo, acudió primero a una ampliación de capital por 35.000 euros en Niesma. Posteriormente, aportó 555.000 euros, que le reportaron, una vez concluida la operación, 380.686,15 euros de beneficio.Tras la ampliación de capital, las aportaciones significativas se realizaron a través de préstamos participativos, es decir, créditos que dan derecho a parte de los beneficios de la empresa. Según el sumario, tres empresas de Luigi -City Actividades Inmobiliarias, Sanur Construcciones y Construcciones Edisan- sumaban el 50% de las participaciones de la sociedad, Ard Choille tenía el 33,3%, y el hijo de Xavier Surinyach el 16,7%.

En la compraventa del inmueble intervinieron, además, dos ex altos cargos de Jordi Pujol, ambos imputados: el ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta y el urbanista Genís Carbó. Prenafeta, a través de su sociedad Poliafers, SA, cobró una comisión de 389.456 euros más IVA por intermediar entre Luigi y la sociedad que adquirió los terrenos, Proyecto Inmobiliario Valiant. Sin embargo, la Agencia Tributaria pone en duda que Prenafeta intermediara pese a ese cobro, puesto que la persona que contactó con la empresa compradora y gestionó la operación fue el propio Luigi.

Los investigadores que seguían el rastro de la operación se sorprendieron cuando descubrieron quién era la persona que había ganado tanto dinero en tan poco tiempo: un joven de 24 años que estaba cobrando el paro. "Resulta evidente que, con los recursos económicos con los que cuenta, no podía asumir los importes correspondientes a su inversión en Niesma", detalla un informe de la Agencia Tributaria.

Con las investigaciones más adelantadas, la respuesta se hizo evidente: "Si bien es Jaime [por Jaume] quien suscribe la ampliación de capital de Niesma por un importe de 35.000 euros", quien otorga los "créditos participativos subsiguientes no es él, sino su padre". Xavier Surinyach incluyó luego los beneficios obtenidos en la declaración de la renta de 2005.

Ayer este diario intentó contactar, sin éxito, con Xavier Surinyach, que aparece mencionado en varias conversaciones registradas por la Guardia Civil a Luigi. Un portavoz del Ayuntamiento de Tordera, gobernado por CiU y ERC, explicó que Surinyach se jubiló el pasado mes de enero, tras dejar su cargo de gerente de la empresa de urbanismo. En esa sociedad recaló cuando CiU perdió el consejo comarcal, que fue a manos del PSC, ERC e ICV-EUiA. Surinyach pasó entonces a desempeñar un cargo de confianza en el Consistorio de Tordera, gobernado por CiU.

La federación nacionalista ayer no pudo concretar si Surinyach es militante del partido. Fuentes del PSC de Tordera, en la oposición, afirmaron que la sociedad pública está en disolución.

La operación

- Niesma Corporación compró las fincas de Sant Andreu de Llavaneres por 6,28 millones de euros en 2004.

- Luigi consiguió, según el sumario, que el concejal de Urbanismo, Antonio Jiménez, elevara el número de viviendas que se podían construir en la zona.

- Niesma Corporación vendió en octubre de 2005 las fincas a Proyecto Inmobiliario Valiant por 9,73 millones de euros.

- Surinyach acudió a una ampliación de capital por 35.000 euros y posteriormente aportó 550.000 euros a través de préstamos participativos, con lo que se hizo con un 16,7% de Niesma Corporación.

- El ex gerente de urbanismo de Tordera obtuvo unos beneficios de 380.686,15 euros tras la venta de las parcelas de Llavaneres.





* ELPAIS.com - 4.06.10
Foto: Promoción inmobiliaria en los terrenos de la Operación Niesma, en Sant Andreu de Llavaneres.- elpais.com


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A Coruña.- La Unesco advirtió al Concello sobre las humedades cuando concedió el galardón

LAOPINIÓN* : Cuando la Unesco decidió el año pasado distinguir a la Torre de Hércules como patrimonio de la humanidad le hizo cuatro advertencias al Ejecutivo municipal si en un futuro quería ahorrarse el mal trago de ver peligrar el título. Una de ellas hacía referencia a las humedades y filtraciones de agua observadas por los técnicos de Icomos cuando evaluaron la candidatura, y que han sido denunciadas recientemente de nuevo por los empleados de la empresa que se encarga de las tareas de portería y recepción en el monumento.

La Unesco recomendó al Gobierno local que se esforzara en solucionar los problemas derivados de las humedades en las paredes del faro, bien mediante la instalación de pantallas protectoras o en su defecto mejorando las condiciones de ventilación en el interior del monumento. Hasta el momento, ni el Concello ni la Autoridad Portuaria, como propietaria de la Torre, han tomado las medidas encaminadas a resolver este problema, como lo demuestra el hecho de que actualmente pueden observarse humedades dentro del faro.

El Ayuntamiento, sin embargo, sí ha tratado de solucionar otras de las debilidades apuntadas por la Unesco, como la carencia de un plan director para el monumento, que según la Concejalía de Promoción Económica y Turismo estará listo en breve. La amenaza de la presión urbanística continúa en el horizonte hasta que el Ayuntamiento decida qué hacer con la urbanización de seis edificios en el Agra de San Amaro, a quinientos metros de la Torre.





* La Opinión A Coruña - 3.06.10
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es

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Un total de 178 viviendas en Santa Cruz de Tenerife quedan fuera de ordenación

20MINUTOS* : El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado a conocer que de las 498 solicitudes presentadas por los ciudadanos en las oficinas de Distrito (Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle y Centro), un total de 320 se encuentran dentro de los parámetros urbanísticos conforme a lo establecido por el documento de revisión del Plan General de Ordenación (PGO) y otras 178 se encuentran fuera de ordenación por razón de altura, según ha adelantado en un comunicado la corporación local.

De las 103 consultas realizadas en el Distrito Salud-La Salle, un 88,35 por ciento de las mismas se encuentran dentro de ordenación, mientras que sólo el 11,65 por ciento excede del número máximo de plantas permitidas por el PGO.

Por otro lado, de las 97 peticiones de información tramitadas en el Distrito Ofra-Costa Sur, un 85,5 por ciento se corresponden a viviendas dentro de ordenación, mientras que el 14,43 por ciento estarían fuera de ordenación.

En el Distrito Centro se realizaron un total de 298 consultas, de las que un 48,66 por ciento presentan parámetros urbanísticos conformes a lo establecido en la normativa y el 51,34 por ciento excede en el número de alturas permitidas y están fuera de ordenación.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de un servicio coordinado desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), en colaboración con estos tres distritos del municipio, comenzó el pasado 27 de enero a atender a los vecinos sobre el estado de sus viviendas en relación con el PGO.

Un equipo de especialistas, formado por seis arquitectos, respondió desde esa fecha y hasta el pasado 25 de abril a todas las peticiones de información requeridas en los mencionados distritos. Del mismo modo, los vecinos pudieron solicitar un informe sobre la situación de su vivienda de forma gratuita.





* 20 Minutos - EP - 3.06.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org

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Tres promotores aseguran que la trama de Gondomar les exigía dinero

LAVOZ/Pontevedra* : Socios de tres promociones inmobiliarias proyectadas en Gondomar fueron ayer claros al asegurar en la tercera jornada del juicio que se sigue por corrupción urbanística en dicha villa que desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP, se les reclamó dinero para propiciar el desarrollo de sus urbanizaciones. «El arquitecto me comentó que pedían dinero», dijo desde Valencia por videoconferencia un buscador de terrenos para grandes superficies comerciales, que en una de las llamadas intervenidas por la Guardia Civil llegó a admitir que «vamos a colaborar, pero no ahora, que no hay nada, podemos hacer una promesa de palabra de honor, nada más».

Una situación similar fue expuesta ante el tribunal por un propietario de terrenos de Gondomar que planificaba un área de viviendas. «Borja -en alusión al arquitecto imputado que iba a desarrollar los tres proyectos objeto de extorsión- me dijo que había que pagar», exigencia que aseguró también le expresó después en persona el concejal de Cultura, José Luis Mosquera. «Él quiere 30 [millones de pesetas] y ya está», se pudo oír decir al arquitecto en una de las conversaciones grabadas entre el arquitecto y el promotor, que no negó en ella la posibilidad de pagar.

Pero todavía más concluyente para evidenciar la existencia de la trama resultó la intervención de Manuel Rodríguez, un promotor vigués que se prestó a denunciar la extorsión que sufría la empresa de unos amigos que iba a hacer una urbanización en Gondomar. Rodríguez contó sus conversaciones con el arquitecto, en las que el profesional le transmitía las peticiones de fondos, y los encuentros que tuvo con Mosquera. Este fue incluso grabado por el mismo con una cámara botón instalada en su chaqueta por la Guardia Civil. El vídeo, mostrado a la sala, da cuenta del regateo que empezó en 270.000 euros y acabó en 210.000.

Rodríguez fue claro al recalcar que Mosquera y el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez «funcionaban como una piña, como una pareja de hecho», pero la apreciación no pudo pasar ayer del terreno de las intuiciones. Gómez fue inculpado por su compañero, señalado incluso como cerebro de la operación por él. Pero nadie, ni el arquitecto, pudo afirmar que el edil de Urbanismo pidiera dinero. Solo aparece en dos de las más de 50 grabaciones telefónicas realizadas por la Guardia Civil. Una sin un fin ilícito claro y la otra como una voz de fondo, que él mantuvo en la vista no reconocer como propia. La investigación policial no tiene dudas, sin embargo, de que Gómez era parte del equipo, pero el jurado puede tener difícil apoyarse en pruebas para lograr su condena.





* La Voz de Galicia - 3.06.10
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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Castellón.- El juez propone sentar a Fabra ante un jurado por cohecho y fraude fiscal

ELPAÍS* : Tráfico de influencias, cohecho y contra la Hacienda pública. El actual titular del Juzgado nº1 de Nules (Castellón), Jacobo Pin, considera que ya existen indicios suficientes de que el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, ha cometido estos presuntos delitos. Por ello, ha optado por dar por concluida la fase de instrucción y transformar las diligencias en un procedimiento que podría concluir en un juicio con jurado. De esta manera, el juez confirma la tesis expuesta por los letrados de la acusación popular, José Luis Vera y Virgilio Latorre, que en representación de la Unión de Consumidores (UCE) ya plantearon en su querella de personación que el procesamiento debería realizarse con jurado.

El auto dictado por el juez apenas hace hincapié en los presuntos delitos cometidos por Fabra, que hace dos meses delegó sus funciones para ser sometido a un transplante de hígado. El auto indica que los hechos "serían constitutivos, en principio, y sin perjuicio de ulterior calificación, de delitos de cohecho y tráfico de influencias". Por ellos, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez imputa a 13 personas, entre las que se encuentran Carlos Fabra, su esposa (María Amparo Fernández), el empresario que les denunció (Vicente Vilar) y la ex esposa de este (Monserrat Vives). Si la imputación se limitara a estos delitos, no habría ninguna duda de que la competencia del procesamiento sería de un jurado. Sin embargo, el juez estima que en el caso de Fabra y Fernández se han de sumar otros delitos "contra la Hacienda Pública". No en vano, el informe pericial realizado por inspectores de Hacienda sostiene que entre ambos cometieron nueve presuntos delitos fiscales y que la cantidad que dejaron de ingresar en las arcas públicas fue de 1,7 millones de euros. En cualquier caso, el juez deja la puerta abierta sobre esta imputación, ya que entre los delitos contra la Hacienda pública no solo se encuentra el fraude fiscal sino también el blanqueo de dinero.

El próximo día 25 se celebrará la vista para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.

Tanto este auto como el que determine si Carlos Fabra se sienta en el banquillo, en el caso de que así lo decida el juez, podrán ser recurridos. Aún así, y dada la diligencia que ha mostrado el noveno juez que participa en la instrucción del caso, el presidente de la Diputación de Castellón podría sentarse en el banquillo antes de que acabe el año. Ayer la dirección nacional del PP no quiso valorar la decisión judicial.





* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Castellón, el presidente de la Diputación, Carlos Fabra - elpais.com

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El TSXG anula el PERI para construir 350 pisos en Cangas por falta de suelo para vivienda protegida

FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) da un duro varapalo a la Unidad de Actuación nº5 de Cangas, al estimar el recurso contencioso interpuesto por cuatro vecinos propietarios de terrenos en el denominado polígono contra el acuerdo de 26 de enero de 2007 por el pleno del Concello de Cangas, por el que se otorgó licencia definitiva al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la mencionada zona. El TSXG anula el acto administrativo por ser contrario a derecho. La actuación urbanística pretendía construir en la zona de Altamira la urbanización más grande de O Morrazo, con la construcción de 350 viviendas y abarca una superficie de 35.000 metros cuadrados, con una inversión de 19 millones de euros.

El tribunal fundamenta la anulación del acuerdo municipal en que se incumple la obligación legal de reserva de suelo para viviendas de protección pública, que tenía que alcanzar el 20% de la edificabilidad residencial de cada sector. El Concello de Cangas, a través de un informe elaborado por el jefe de Urbanismo, Alfonso Marnotes, en la época en la que gobernaba en el Concello el Partido Popular, entendía que "compre sinalar que o mandato do artigo 55.3 da LOUGA para que os plans xerais efectúen unha reserva de vivenda protexida só ten efecto para aqueles que se tramiten a partires da súa entrada en vigor, e o certo é que Cangas non dispón de planeamento xeral adaptado á LOUGA".
Sin embargo, el TSXG rechaza los demás argumentos de los demandantes, que consideraban que el proyecto no había sido sometido al trámite de impacto ambiental, que no cuenta con el informe exigido por la Ley General de Telecomunicaciones y su delimitación de polígonos incumple lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 9/2002, entre otras. "Ni la clasificación, naturaleza y ubicación del suelo, ni la extensión del ámbito afectado por el PERI, revelan como inadecuado o insuficiente el estudio de sostenibilidad ambiental que contiene. Y lo mismo hay que decir sobre lo que alega la codemandada respecto de la denunciada infracción de la ley 9/2002, pues no consta en el PERI que el suelo con destino residencial supere la relación: 0,825 metros cuadrado/metro cuadrado. y sí se respeta el límite de sostenibilidad que impone el artículo 46 de la citada ley para un municipio con la población que tiene Cangas".
También señala que la existencia de un único proyecto de urbanización no constituye la infracción de una norma imperativa ni es un obstáculo insalvable para la ejecución de los polígonos, "ya que evidentemente la relación entre ambos tiene que estar siempre contemplada, al igual que lo que ocurre con la que ha de establecerse con los terrenos exteriores al ámbito. En cuanto a los otros incumplimientos que la parte actora denuncia, la previsión de que estudios de detalle puedan completar o redefinir la red viaria interior de acceso, a los edificios, no puede decidirse que vaya contra lo establecido en el artículo 73.1 de la Ley 9/2002, ya que no es clara la equivalencia entre vías de uso público y acceso a entradas a los garajes.. En todo caso será al redactar los estudios de detalle cuando se podrán comprobar si sus determinaciones infringen dicho precepto". La sentencia no es firme, ya que cabe recurso de casación.
La Junta de Compensación de la Unidad de Actuación Número 5 podría solicitar ahora una indemnización al Concello de Cangas, como consecuencia de la aprobación del PERI, que permitió seguir el proceso de esta urbanización.





* Faro de Vigo - 2.06.10
Foto: Cangas (Pontevedra) - farodevigo.es

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Valencia.- Aumentan las quejas al Síndic por el urbanismo y el medio ambiente

ELPAÍS* : Las quejas de los ciudadanos por los problemas en la aplicación de la ley de Dependencia, bien por la demora en la tramitación de solicitudes, bien por la denegación de las ayudas, volvieron a ser en 2009, con diferencia, las más frecuentes, según el informe que el Síndic de Greuges, José Cholbi, entregó ayer a la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez. Sin embargo, estas quejas se han reducido prácticamente a la mitad en relación con el año anterior, al pasar de 1.864 en 2008 a 948 en 2009. En cambio, frente a ese "importante descenso", se ha producido "un relevante incremento" de las quejas formuladas en otras materias, como medio ambiente, sanidad, hacienda pública y urbanismo, de manera que apenas se ha producido una reducción en el cómputo global, que pasa de 3.927 en 2008 a 3.647 en 2009.

En lo que afecta al urbanismo, el informe señala que "a pesar de que ya no se aprueban y desarrollan tantos proyectos urbanísticos como en años anteriores, el número de quejas no ha disminuido". Además, "la crisis económica sí que ha incrementado el número de quejas presentadas por personas que no tienen vivienda", que han pasado de 83 a 119. La Sindicatura advierte, por ello, del "desajuste" entre la oferta de viviendas de promoción pública y la demanda social, en un momento en que aumenta el número de personas que no pueden acceder a un piso o han sido desahuciadas del que ocupaban.

"A pesar de la crisis inmobiliaria, el urbanismo que pide la sociedad valenciana ha de responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, ha de minimizar el impacto del crecimiento irracional y ha de fomentar la regeneración de la ciudad existente", recomienda el Síndic en su informe, que, por otra parte, plantea que los ayuntamientos eviten la "consolidación de construcciones ilegales". Para ello, incluso propone medidas como el corte del suministro de agua y luz a este tipo de construcciones. La falta de información urbanística o el retraso en conseguirla y "el complicado y conflictivo tema de la ejecución y desarrollo de los planes urbanísticos" han suscitado también numerosas quejas.

La contaminación acústica, las licencias de actividad de industrias contaminantes o la ubicación de parques eólicos son otros aspectos de los que se quejaron los ciudadanos en 2009 en relación con el medio ambiente.

En el apartado de sanidad, las listas de espera, las infraestructuras sanitarias y la falta de respuesta a las reclamaciones fueron las quejas más habituales, mientras que la modificación del Impuesto de Bienes Inmuebles, los impuestos sobre vehículos y las tasas municipales constituyeron el grueso de las quejas relacionadas con la hacienda pública.

Si el total de quejas recibidas por la Sindicatura de Greuges fue de 3.647, de las cuales 20 se incoaron de oficio, la Oficina de Atención Ciudadana de la institución atendió 6.662 consultas frente a las 6.172 del año 2008. Ese incremento, según el Síndic, no hay que interpretarlo como un "empeoramiento del funcionamiento de las administraciones públicas valencianas" sino como una demostración de la confianza creciente en la institución que recoge sus problemas. Cholbi señala, finalmente, que "por primera vez, y sin cambiar los criterios de valoración establecidos" no se destaca ninguna Administración hostil.





* ELPAIS.com - 2.06.10
Foto: Valencia desde el aire - valenciamania.net

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Un promotor, acusado de destruir el patrimonio histórico de Vélez Málaga

LAOPINIÓN* : La Fiscalía de Málaga pide, en su escrito de conclusiones provisionales, dos años de cárcel y una multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros para un promotor que destruyó supuestamente restos arqueológicos en una parcela de Vélez Málaga. En este suelo se había previsto la construcción de cinco viviendas. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía aprobó dos resoluciones los días 19 de marzo y 12 de junio de 2007 por las que se concedieron sendas autorizaciones, provisional y definitiva, «para la actividad arqueológica urgente de excavación» en un inmueble ubicado en la calle San Francisco de Vélez Málaga.

El representante legal de la promotora que debía construir en este solar fue el encargado de solicitar los permisos. La empresa trabajaba con dos compañías aseguradoras, explica la Fiscalía.
«El solar se encuentra ubicado en el barrio del Arroyo de San Sebastián, dentro del Centro Histórico de Vélez Málaga, y se proyectaba la construcción de cinco viviendas», añade el acusador público.

Conclusiones arqueológicas

La arqueóloga de una empresa privada dirigió las excavaciones. Ésta presentó, el 2 de enero de 2008, una memoria preliminar de la actividad arqueológica en la parcela. Se habían encontrado «restos prehistóricos y de las épocas medieval, moderna y contemporánea». La mercantil propuso una serie de medidas, entre las que destacaba la necesidad de controlar «el movimiento de tierras» durante la fase de ejecución de las obras proyectadas.
El 2 de julio de 2008, los servicios técnicos de arqueología, pertenecientes a la Delegación de Cultura de la Junta, «giraron una inspección en la que comprobaron que se había producido el vaciado integral del solar». Asimismo, siempre según la acusación pública, se construyó «la cimentación del inmueble sin control arqueológico alguno».
Como consecuencia de todo ello, se eliminaron totalmente los restos, lo que provocó «la imposibilidad de localizar otros nuevos correspondientes a niveles prehistóricos de ocupación».
Los daños se produjeron «al haber realizado voluntariamente el acusado, conocedor de las circunstancias expuestas y asumiendo las consecuencias que su conducta generaría, un movimiento o remoción de tierras en la parcela». Ello propició la eliminación «irreversible» del patrimonio arqueológico existente en ese suelo, «causando la pérdida de información histórica y de su interés científico». El fiscal califica de «irreparable» la destrucción de este material.

Calificación

«La conducta deliberada efectuada por el acusado ocasionó unos daños al patrimonio histórico no inferiores a 10.000 euros», recalca el ministerio fiscal.
Los hechos han sido calificados como un presunto delito sobre el patrimonio histórico. Además de los dos años de cárcel y la multa de dieciséis meses con una cuota diaria de 15 euros, la acusación reclama que el encausado indemnice, por vía de responsabilidad civil, a la Consejería de Cultura en la cantidad de 10.000 euros.





* La Opinión Málaga - 2.06.10
Foto: Imagen del Casco Histórico de Vélez Málaga.- laopiniondemalaga.es

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Gürtel en lucha - Forges



Viñeta: Forges, Gürtel en lucha - 2.06.10, elpais.com


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Barberá recalificará el estadio del Levante para que salde sus deudas

ELPAÍS/Valencia* : La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y el presidente del Levante, Francisco Catalán, han firmado hoy un protocolo de intenciones con el propósito de recalificar el estadio, de modo que el club pueda hacer frente a sus deudas con la venta del solar como suelo residencial. El Levante declaró el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) el año pasado y arrastra una deuda de 90 millones de euros, según ha confirmado el presidente del club.

Esta es la segunda ocasión en que el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, acuerda una operación urbanística pensada para superar las dificultades financieras de un club de fútbol. Ya lo hizo con el Valencia CF, al reclasificar la parcela del viejo Mestalla para edificar viviendas y otro terreno en la avenida de las Cortes Valencianas para construir el nuevo estadio. La gestión de Juan Soler y la crisis echaron por tierra las expectativas millonarias del doble pelotazo: el suelo de Mestalla está por vender y el nuevo estadio a medias. Ahora es el Levante el que avanza en una solución similar.

La parcela que ocupa el estadio Ciudad de Valencia y su aledaños es de 24.749 metros cuadrados y se recalificará para uso residencial y equipamientos públicos, a través de un convenio urbanístico que "siempre estará dentro de los parámetros urbanísticos de la zona, ya que hay que dar un trato similar al de otros clubes de la ciudad", según ha recalcado la alcaldesa. Este documento permitirá al club presentar un plan de viabilidad y de pagos con garantías ante sus acreedores a finales de julio. "Hay que saldar la deuda y cuando se llegue a ese momento ya se hablará de otros grandes retos, como será recuperar la casa que perderemos. Ese día hay que estar con el contador a cero y con números azules en lugar de rojos", ha apuntado Catalán. El presidente del Levante ha recordado que la deuda de la entidad es de "90 millones de euros y hay cinco años por delante para hacerle frente". "Hay que llegar con una posición de club más estable y fuerte", como primer reto, ha añadido.

Los dirigentes del Levante no descartan jugar en el campo del Valencia mientras construyen su nuevo estadio, según han confirmado durante la firma del protocolo. "Lo que no se puede es empezar construir el estadio sin tener los recursos necesarios para hacerlo", ha advertido Catalán.

La nueva casa granota tendrá un aforo de entre 12.000 y 15.000 espectadores. "No sabemos dónde irá el nuevo estadio, ahora mismo no es una necesidad saberlo, cuando se tengan los recursos se vendrá al Ayuntamiento para decir lo que se quiere hacer. Ahora hay que trabajar para presentar una propuesta interesante", ha explicado. El Levante, al que el Ayuntamiento ha dado largas durante meses para cerrar una operación que se produce cuando el club tiene muchas posibilidades de regresar a Primera, presentará todos los documentos urbanísticos necesarios para su posterior aprobación. El club todavía no ha sondeado el mercado para vender el solar. "Hay que ir paso a paso, la venta del solar será la salvación del Levante y permitirá hacer frente a las obligaciones. Esa etapa se iniciará en octubre y será uno de los grandes retos del consejo de administración", ha subrayado el dirigente granota.

Barberá, por su parte, ha dejado claro que el nuevo estadio "lo financiará el club y lo podrá utilizar el Ayuntamiento de Valencia dentro de sus necesidades generales". "Queremos que siga teniendo una vida fructífera y feliz otros cien años más. Espero que suban a Primera División", ha deseado.





* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Valencia, estadio del Levante - elmundo.es

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Monforte del Cid.- El TSJ anula el polígono de Walaig con más de la mitad del proyecto urbanizado

INFORMACIÓN/Alicante* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha dado la razón a Sepes -Entidad Estatal de Suelo dependiente del Ministerio de Vivienda- al anular el Programa de Actuación Integrada (PAI) del polígono industrial de Walaig aprobado por el Ayuntamiento de Monforte así como la adjudicación de las obras de urbanización a la firma Intersa Levante por 24,3 millones de euros. La vulneración de los principios de publicidad y concurrencia dispuestos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas es la razón en la que ha fundamentado su decisión el TSJ.

Una medida que afecta al centenar de empresas que ya han reservado suelo en Walaig y especialmente a la firma Azkar, que en febrero anunció su intención de instalar su centro logístico provincial en una manzana de 51.000 metros dentro de esta nueva zona industrial pegada a la autovía de Madrid y de 1,5 millones de metros cuadrados.
Esta sentencia es la tercera decisión judicial sobre este asunto que da la razón a Sepes. Ya en 2007, el Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Alicante declaró nulo el PAI aprobado en 2006 por el pleno del Ayuntamiento, -en el que el PP goza de mayoría absoluta-, condenando al Consistorio por no respetar los acuerdos previos.
El Ayuntamiento recurrió el fallo pero con idéntico resultado. Ahora, por tercera vez y de forma inapelable dado que contra esta sentencia no cabe recurso, la Justicia da la razón a Sepes y declara nulos tanto la aprobación del PAI como la adjudicación de las obras.
El director general de Sepes, Félix Arias, ha subrayado la importancia de este fallo judicial que anula la decisión municipal de desistir unilateralmente de los convenios previos firmados con Sepes.

Stop a la venta de parcelas
Las obras de urbanización comenzaron hace dos años y ahora que están a un 60% de ejecución podrían paralizarse ya que Sepes tiene previsto solicitar la ejecución inmediata de la sentencia. También ha recurrido el Proyecto de Reparcelación del PAI y estudia ahora pedir cautelarmente la anotación preventiva de la sentencia en dicho proceso, lo que supondría de facto la paralización de cualquier proceso de venta de parcelas. A pesar de ello, Arias quiere abrir un proceso negociador con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo que garantice el desarrollo del polígono y no retrase su puesta en funcionamiento en exceso con el objetivo de facilitar la creación de empleo y crecimiento económico en el Vinalopó. En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento, propuso el desarrollo de la actuación (casi en su totalidad, terrenos que eran propiedad del Estado) en un proceso que terminó en 2003 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2004, el Ayuntamiento ignoró los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de la obra, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando la Justicia, no se ajustó a derecho.





* Información - 2.06.10
Foto: Las obras en el polígono Walaig de Monforte se encontraban paradas en la tarde de ayer.- diarioinformacion.com

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La Fiscalía reclama dos años de cárcel al ex alcalde de Cómpeta

MÁLAGAHOY* : El ex alcalde de Cómpeta Leovigildo López Cerezo (PP), se enfrenta a una petición de dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio porque en 2007 el Pleno municipal que él presidía aprobó dos proyectos de actuación urbanística que permitieron levantar dos chalés en un suelo que la Fiscalía de Málaga considera que no era urbanizable.

En ambos casos se trataba de parcelas ubicadas en una zona conocida como Las Esparragueras y, según el escrito de acusación emitido por el fiscal, la Junta de Andalucía se había pronunciado en contra de los dos proyectos urbanísticos al entender que no estaban vinculados a explotaciones agrícolas ni ganaderas. Sin embargo, el 27 de abril de aquel año, es decir, sólo un mes antes de que se celebraran las elecciones municipales en las que ya no concurrió López Cerezo, el Pleno de Cómpeta les dio luz verde.

Junto a López Cerezo están acusados Joaquín Carmelo Ruiz, José Arroyo y María Kupers, entonces concejales del Partido Popular que votaron a favor de la edificación en las fincas. La Fiscalía reclama para cada uno dos años de prisión y 10 de inhabilitación para cargos públicos.

Además, han sido encausados la secretaria municipal María Yolanda Navarro y el asesor jurídico Carlos García a los que el Ministerio Público también por un presunto delito de prevaricación urbanística por los que el fiscal solicita un año y tres meses de prisión y una década de inhabilitación. Mientras que al asesor técnico Emilio Álvarez le atribuye este mismo delito pero con carácter continuado y pide una condena de diez años de cárcel, además de 10 años de suspensión para cargos públicos.

El primer proyecto de actuación lo solicitó un particular en mayo de 2004 para edificar una casa en Las Esparragueras. Al tratarse, según el fiscal, de suelo no urbanizable era preciso tramitar un proyecto de actuación que justificara la futura vivienda a fines agrícolas, forestales o ganaderos y acreditara que no induciría a la creación de un nuevo asentamiento residencial. Sin embargo, el técnico Emilio Álvarez emitió en febrero de 2007 un informe en el que afirmaba que desconocía la existencia de un texto legal o norma que especificara los criterios con los que debía acreditarse el fin agrícola, mientras que el asesor jurídico Carlos García aportaba otro informe expresivo de la inexistencia de inconvenientes para que se aprobara el proyecto urbanístico.

Aunque ese mes la Junta informó desfavorablemente, el Pleno aprobó el proyecto el 27 de abril , a un mes de las elecciones, gracias a que los técnicos realizaron "una interpretación torcida y convenida de la normativa urbanística ignorando de manera voluntaria las causas que debían impedir la aprobación del proyecto de Actuación".

En la segunda vivienda la tramitación del proyecto de actuación urbanística fue prácticamente idéntico. La única diferencia estriba en que la licencia de obras de la primera casa fue avalada por el técnico Emilio Álvarez y la de la segunda por este asesor y por la secretaria municipal, María Yolanda Navarro.

En los dos casos, además, se da la circunstancia de que la licencia de obras fue expedida con posterioridad por el actual alcalde de Cómpeta, José Luis Torres, antiguo párroco del pueblo, que no figura entre los imputados en el procedimiento.






* Málaga Hoy - 1.06.10
Foto: Cómpeta (Málaga) - buscarural.com

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El Tribunal Superior prohíbe construir en el área urbana de Oia

LAVOZDEGALICIA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha anulado parcialmente y de manera indirecta las actuales normas subsidiarias vigentes en el Ayuntamiento de Oia. El fallo tumba dos licencias concedidas por el gobierno local en la zona urbana de Oia en el año 2007 al carecer de cobertura legal por no existir en esta localidad un servicio municipal de abastecimiento de agua.

El alcalde, Alejandro Rodríguez, ha dejado de esta manera de conceder licencias en los cascos urbanos de Santa María, Viladesuso-Serrallo y Mougás Porto, según reconoció en el último pleno ante una pregunta del portavoz socialista, José Antonio Olmedo. Cualquier permiso municipal de obras en estas áreas podría ser también anulado por los tribunales ante cualquier denuncia urbanística y los regidores locales podrían incurrir en un posible delito de prevaricación si las concedieran.

Más de la mitad de la población del municipio reside en estas zonas del término municipal, que de esta forma ven que hasta que el Ayuntamiento no pueda prestar este servicio básico no podrán construir en ninguna parcela que sea edificable.

La denuncia partió de Residencial Monasterio de Oia, que acudió a los tribunales cuando el gobierno local autorizó la creación de dos viviendas dentro del ámbito que esta empresa pretendía urbanizar como zona residencial con el futuro Plan Xeral, dentro de su iniciativa para la puesta en valor de la antigua abadía cisterciense.

Los dueños del monasterio objetaron que la ley de bases de régimen local no permite otorgar licencias sin la existencia de un servicio de agua municipal. Las áreas urbanas de Oia disponen de traídas vecinales, puesto que son los propios vecinos los que han acabado organizándose por su cuenta para procurarse un servicio que el Ayuntamiento no presta.

El portavoz socialista Olmedo apremió a las autoridades locales a buscar una solución a esta carencia, que no dudó en calificar como «sangrante», puesto que Oia es el único ayuntamiento de toda la provincia de Pontevedra que no dispone de un servicio municipal de aguas.

El edil de la oposición requirió a las autoridades locales que por lo menos el Concello proceda a municipalizar la traída de Mougás-Porto, concedida en su día a una comunidad de aguas, para desbloquear el planeamiento en este área. También requirió Olmedo al alcalde que demande a las administraciones competentes inversiones para sacar al municipio de su atraso. Por su parte, el regidor de Oia, Alejandro Rodríguez, del PP, afirmó que están realizando gestiones desde el Ayuntamiento. Manifestó en el pleno que la semana pasada se puso en contacto con la presidenta de Augas de Galicia, quien le informó que han desestimado un antiguo proyecto para traer agua potable desde el río Miño por A Guarda.

La Consellería de Medio Ambiente plantea en cambio realizar una inversión de cinco millones de euros para crear una traída municipal independiente en Oia para todas las parroquias que capte el agua de los montes del municipio, según informó el alcalde.






* La Voz de Galicia - 1.06.10
Foto: Oia (Pontevedra), vista - lavozdegalicia.es

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Murcia: La protesta vecinal salva un jardín donde se proyecta hacer una rotonda

LAOPINIÓN* : Vecinos de El Palmar se echaron ayer por la mañana a la calle en protesta por la construcción de una rotonda en el cruce de esta pedanía, en la avenida Primero de Mayo, con la carretera de La Alberca, que tiene previsto ejecutar el ayuntamiento de Murcia y que supondrá desmantelar el jardín de la calle Sagrado Corazón, contiguo al colegio público José Antonio y uno de las zonas verdes más antiguas de la localidad.

El Ayuntamiento, que en principio desoyó a los vecinos, se apresuró ayer a responder que el proyecto será modificado para salvar el jardín.
Los vecinos han recogido casi 500 firmas, en menos de 24 horas, contra este proyecto con las que quieren denunciar también la falta de información por parte de los regidores municipales. Los vecinos que se han manifestado tuvieron conocimiento de estas obras, proyectadas por la concejalía de Circulación, el pasado 24 de mayo cuando los residentes del edificio Barbus vieron a unos operarios trabajando en la zona y pensaron que estaban reparando alguna avería. Posteriormente, se dieron cuenta de que su intención era desmantelar el jardín. El encargado de las obras les dijo que iban a hacer una rotonda y que se vería afectado el jardín, las palmeras y los árboles.
Los vecinos contactaron con el alcalde pedáneo, Diego López, que, según afirman, no sabía nada, y requirieron información a la concejalía de Urbanismo. Tras un periplo por distintos departamentos municipales, no lograron que ningún responsable del Ayuntamiento les diera una explicación. Así comenzaron a recoger firmas y a movilizar a los perjudicados que ayer se echaron a la calle para que se paralice esta obra de la que no se puso el preceptivo cartel anunciador porque a la empresa que hace los trabajos se le olvidó encargarlo, según afirman los vecinos en el escrito que acompañan las rúbricas recogidas. La construcción de la rotonda también invade la calle Sagrado Corazón, donde los coches casi rozan los portales de las viviendas.





* La Opinión Murcia - 1.06.10
Foto: Un momento de la concentración vecinal de protesta que tuvo lugar ayer por la mañana - laopiniondemurcia.es

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Benidorm aprueba 23 torres de hasta 29 alturas

ELPAÍS/Alicante* : El pleno de Benidorm aprobó ayer definitivamente el plan parcial Armanello, donde está prevista la construcción de casi 4.000 viviendas en 23 torres de hasta 29 alturas (la máxima permitida en la zona), repartidas en 532.000 metros cuadrados ubicados tras la línea de construcción actual de la playa de Levante, en la que fue la zona de huerta de la ciudad. También se construirá un gran parque urbano público.

El plan fue adjudicado provisionalmente en julio de 2001 a Enrique Ortiz, aunque ha permanecido bloqueado varios años debido a un rosario de pleitos y contenciosos ya solventados que, tras la aprobación de ayer, dejan el camino expedito a la próxima publicación en el DOCV de su ordenación pormenorizada tras haber subsanado el urbanizador todas las deficiencias detectadas por los técnicos municipales.

Por el camino han quedado 12 recursos y una querella contra Ortiz, además de un cambio de agente urbanizador en noviembre de 2004 a favor de Armanello Milenium. La mercantil que urbanizará el sector se creó en 2002, con posterioridad a serle adjudicada la urbanización a Enrique Ortiz, y su accionariado está compartido por Inmovist (también de Ortiz) y Urbanismo Mare Nostrum (participada por Ballester), otra de las mercantiles que compitió para obtener la adjudicación, aunque se allanó tras alcanzar un acuerdo con Ortiz.

El concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, confía en comenzar las obras antes de final de año, dado que les consta que el urbanizador "tiene los avales necesarios para acometer la reparcelación".





* ELPAIS.com - 1.06.10
Foto: Benidorm (Alicante) - burbuja.info

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La necesidad de una profunda revisión del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía

IGNACIO RODRÍGUEZ, JOSÉ A.GARCÍA Y RAFAEL LEÓN* : Las crisis socioeconómicas actuales, provocadas siempre por la irresponsabilidad y avaricia desmedida de los que manejan los mercados financieros, con la connivencia de un poder político que no tiene la valentía necesaria para enfrentarse al criminal capital especulativo y sus actos, nunca dejan de constituir situaciones indeseables por venir a perjudicar a un amplio espectro de la sociedad, los que menos tienen, en beneficio de los acaparadores y usureros. No obstante, también las crisis, al mermar considerablemente los recursos de los Estados, suponen una excelente oportunidad para optimizar el uso y destino de esos recursos con el objetivo de ir avanzando hacia una mayor sostenibilidad en lo social, lo económico, lo ambiental y lo territorial. Y esto es así de un modo relevante en el ámbito de actuación de las infraestructuras de transporte.

La crisis socioeconómica que atraviesa y condiciona el desarrollo del PISTA, cumplida la mitad de su periodo de vigencia, entendemos debe dar lugar a una revisión en profundidad de sus propuestas, priorizando aquellas actuaciones que desde la sostenibilidad ya eran razonables, pero que con el actual panorama presupuestario y financiero, ya se antojan como inexcusables.

El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía actualmente vigente, pese a su nombre, no contribuye en nada al avance de esa sostenibilidad global mencionada. Un plan que dilapida inversiones para potenciar los modos de transporte más contaminantes, más devoradores de territorio, menos eficientes energéticamente y menos igualitarios y justos en lo social, jamás debería haber contenido en su denominación la palabra sostenibilidad.

Hoy, la crisis, la menor capacidad financiera de lo público, exigen que se proceda, con valentía, responsabilidad y vocación de servicio público, a dar un giro radical a las políticas y actuaciones contempladas en el PISTA para, reduciendo y optimizando el destino de sus inversiones ir configurando ese sistema de transporte sostenible que Andalucía necesita y que los grandes problemas ambientales globales, como el del cambio climático, requieren. Para enfrentar esos problemas y configurar un sistema de transporte sostenible para nuestra Comunidad Autónoma es preciso de una vez por todas dar al ferrocarril el papel que le corresponde, que no es otro que el de columna vertebral del sistema. Es preciso poner en marcha políticas de ordenación del territorio y urbanísticas que, en lugar de favorecer la movilidad, se centren en crear proximidad y accesibilidad para propiciar un incremento notable del número y porcentajes de los desplazamientos a pie y en bicicleta. Y es preciso establecer restricciones que obliguen a reducir ostensiblemente el número de desplazamientos en coche, en beneficio del transporte colectivo.

En relación con lo anterior no deja de ser asunto baladí el hecho de la absoluta dependencia externa de Andalucía con respecto al abastecimiento de combustibles fósiles y, por tanto, las incertidumbres y riesgos que ello supone en cuanto a la fluctuación de los precios del crudo y un posible desabastecimiento en un el futuro que se antoja como no a muy largo plazo. Como tampoco lo es el tema de las emisiones de CO2 y otros gases nocivos a la atmósfera que se maximizan de manera indeseable con el actual modelo de transporte de la Comunidad Autónoma y unas políticas de transporte continuistas en este sentido.

El PISTA, en su diagnóstico, señala con nitidez la ineficiencia de un sistema de transporte, el andaluz, centrado la hipertrofia de carreteras y más carreteras de gran capacidad, de ferrocarriles destinados al tráfico exclusivo de viajeros y con trenes de alta velocidad, de puertos marítimos sobredimensionados y de aeropuertos ineficaces y sin rentabilidad alguna. Y a pesar de ello, posteriormente, abunda en proponer más y más infraestructuras de las anteriormente criticadas, infraestructuras completamente obsoletas y anacrónicas desde el punto de vista de un modelo de transporte sostenible. Un modelo de transporte que ha venido propiciado desde que comenzara a dar sus primeros pasos el Gobierno Autonómico, con la potenciación de políticas de infraestructuras de transporte dirigidas casi exclusivamente a fomentar nodos de relación, abandonando a su suerte al resto del territorio, con lo que podríamos estar dirigiéndonos en Andalucía hacia la consolidación de lo que el profesor Pedro Arrojo denominó hace tiempo como el “modelo argelino”.

Por tanto, para propiciar ese giro radical que la nueva situación requiere, como objetivo general es preciso centrar las inversiones en infraestructuras de transporte en la potenciación del ferrocarril, estableciendo al tiempo una moratoria para las infraestructuras que potencian el uso del coche, así como de otros modos de transporte ineficientes y faltos de rentabilidad, en especial la construcción de nuevos aeropuertos o la ampliación de los existentes.

No obstante, el modelo ferroviario que una Andalucía sostenible necesita, se aleja considerablemente de los postulados que al respecto recoge el PISTA. En este sentido, y en cuanto a la interconexión de los Centros Subregionales andaluces, llama la atención el provincianismo y papanatismo del planteamiento de unirlos todos mediante AVE, algo por otra parte falso, ya que tras “el todo AVE” se oculta un ferrocarril de altas prestaciones y características normales que no es el AVE de los 300-350 km/h. Este ferrocarril normal, en el desarrollo tecnológico actual y por tanto a costes adecuados y asumibles, alcanza velocidades medias de 165 km/h, permite sin dificultad alguna y sin grandes gastos de mantenimiento la explotación de las líneas en tráfico mixto, y logra un mayor beneficio económico, ambiental y social de las inversiones. Construir una línea ferroviaria para tráfico mixto, personas y mercancías, necesita un pequeño incremento de inversión, en torno al 10-15%, respecto a lo que costaría si se diseñara para tráfico exclusivo de personas, pero si una línea construida para tráfico mixto, dada su robustez, permite todo tipo de explotación ferroviaria, una infraestructura construida para tráfico exclusivo de personas, dada su fragilidad, necesitaría una reinversión del 25 al 30%, más el inconveniente que supondría la realización de nuevas obras, si se tuviera que destinar posteriormente al tráfico de mercancías o al tráfico mixto.

Por tanto, la revisión del PISTA en materia ferroviaria, precisa que la interconexión de los Centros Subregionales andaluces se realice mediante un ferrocarril mixto para mercancías y viajeros que alcance velocidades medias de aproximadamente 165 Km/h, extendiendo esta medida a líneas actualmente no contempladas entre las de altas prestaciones como las de Huelva-Zafra-Badajoz, Linares-Baeza-Moreda, Córdoba-Badajoz, Tocina-Badajoz y la conexión con el Levante. Así mismo resulta imprescindible un impulso decidido a las cercanías ferroviarias en las grandes aglomeraciones urbanas. Y, a un más largo plazo, la conexión Bahía de Cádiz-Bahía de Algeciras, y la conexión con el corredor mediterráneo desde Algeciras hasta Almería.

Y es también necesario que todas estas líneas dispongan de una amplia variedad y flexibilidad de servicios de modo que propicien no sólo la conexión de los Centros subregionales, sino también la de cuantas más estaciones intermedias mejor (junto a servicios que sólo conecten a lo largo de todo el trayecto esos centros subregionales, otros que sin tener que cubrir el trayecto al completo, conecten estaciones intermedias entre esos nodos subregionales). Por otra parte, para lograr el objetivo de que todos los habitantes de Andalucía tengan acceso a un buen servicio ferroviario, no basta con que todos ellos se encuentren a menos de una hora de una estación del ferrocarril, tal y como propone el PISTA para Andalucía, sino que es preciso también que éste, vía política tarifaria, sea competitivo en lo relativo a sus costes para el usuario en relación con el uso de coche privado.

En cuanto a la red viaria de carreteras, y dentro de esa moratoria ya mencionada, es preciso abandonar, entre otros, el proyecto de autovía Huelva-Badajoz-Lisboa, así como plantear alternativas diferentes al desdoble de la A-4 entre Jerez y Dos Hermanas, aprovechando el potencial de la actual autopista, rescatando la actual concesión administrativa que merma su utilización por los usuarios. Asimismo resulta imprescindible abandonar el proyecto de la Conexión Sur Metropolitana de Huelva.



* Ignacio Rodríguez García, José Antonio García Cebrián y Rafael León Rodríguez; Portavoz de Obras Públicas, Secretario y Asesor, respectivamente, del Grupo parlamanterio de IU LV-CA en Andalucia.





* Rebelión - 30.05.10


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Ley 'a la carta' en Cantabria

PÚBLICO* : El plan que diseña el Gobierno de Cantabria para sortear las sentencias que ordenan el derribo de más de 500 viviendas es contrario a los criterios que inspiraron la Ley del Suelo, la Ley del Plan de Ordenación del Litoral y la Ley de Costas, así como el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del parque natural de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Las urbanizaciones, pendientes de demolición desde hace más de diez años, se construyeron de forma ilegal en los municipios de Arnuero, Argoños, Piélagos, Miengo y Escalante sobre suelos que, posteriormente, quedaron en su mayor parte bajo la protección de leyes medioambientales menos permisivas con el urbanismo descontrolado.


Ahora, el Ejecutivo cántabro, los cinco ayuntamientos y los propietarios de las casas preparan un plan con el propósito de evitar los derribos. Es el segundo intento después de que la propuesta inicial del Gobierno de Revilla fuera rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Encinar protegido

Entre la veintena de resoluciones que ordenan tirar más de 500 casas [todas están ratificadas por el Tribunal Supremo], sólo se ha cumplido una, parcialmente, en Arnuero. El TSJ cántabro ordenó la demolición de 144 viviendas por su construcción en un terreno que no reunía los requisitos para ser clasificado como urbano. Se trataba de un encinar, en parte ya destruido, que ahora está protegido por la Ley del Plan de Ordenación del Litoral. En otra localidad, Piélagos, su ayuntamiento, el Ejecutivo y los propietarios estudian también cómo sortear cuatro sentencias firmes que afectan a otras tantas urbanizaciones con 65 casas. En todos los casos, el TSJ cántabro determinó que el consistorio calificó el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias. Dos de las cuatro urbanizaciones (24 casas) están construidas además dentro de la servidumbre de protección establecida en la Ley de Costas.

El ayuntamiento que más veces ha pasado por los tribunales es Argoños, que suma hasta 12 resoluciones que ordenan el derribo de 240 chalés y tres bloques de pisos. El Ejecutivo de Revilla también pretende su legalización. En siete de las sentencias, que pesan sobre 28 casas, el TSJ cántabro consideró que estas vulneraban la Ley del Suelo sobre la protección del paisaje. Pero hay más. En otra causa, el mismo tribunal determinó que otras dos urbanizaciones, de 22 y 12 casas, invadieron suelo no urbanizable y rústico de protección forestal. Otra, de 78 casas, está pendiente de derribo porque el estudio de detalle del ayuntamiento invadía a otros dos municipios, sobre suelos además protegidos por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque natural de las marismas de Santoña. El TSJ de Cantabria se amparó en este mismo plan para ordenar el derribo en Argoños de otras dos urbanizaciones, de 91 y 8 casas. El juez reprobó al ayuntamiento que no debió "permitir actuaciones urbanísticas" sobre suelos protegidos.

El Gobierno cántabro también colabora con otro ayuntamiento, Miengo, para evitar el derribo de 20 casas que vulneran la Ley de Costas, según la sentencia. La última causa se sitúa en Escalante. El Tribunal Supremo ratificó la orden de demolición de 32 chalés por exceso de ocupación.

La asociación ecologista Arca, impulsora de casi todos los casos en los tribunales, denuncia que el plan del Gobierno, los ayuntamientos y los afectados es una "aberración". "En lugar de que las irregularidades se ajusten a la ley, pretenden ajustar la ley a las irregularidades", dicen.

El Gobierno cántabro no llevará el plan contra los derribos al Parlamento como proyecto de ley. Serán los grupos PRC, PSOE y PP, que lo avalan, quienes lo presenten como proposición de ley. Esta vía permite su tramitación sin informe jurídico.






* Público - 1.06.10
Foto: Vista de la urbanización Cerrias, en el municipio de Piélagos.- Humberto Bilbao, publico.es

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Málaga: La ITE desenmascara la 'ruina' del centro

MÁLAGAHOY* : La Inspección Técnica de Edificios (ITE), ordenanza con la que el Ayuntamiento de Málaga busca examinar el estado de los inmuebles más antiguos y colaborar con ello a su conservación, está causando un efecto colateral que muchos ya atisbaban: sacar a la luz la ruina, especialmente, del centro histórico de la urbe. Sólo en los primeros peldaños de aplicación de la citada normativa, aplicable inicialmente a las construcciones de cien o más años y aquellas protegidas, ha conllevado la apertura de 31 expedientes que podrían culminar con la declaración de ruina de las mismas.

Para dar buena cuenta de lo que supone este dato, hay que tener en cuenta que en los últimos cinco años la cifra total de declaraciones ha sido de 39, según explicaron a este periódico desde el departamento de Conservación de la Gerencia de Urbanismo. "La inspección técnica ha hecho aflorar muchos casos en los que los propietarios de ciertos edificios, que se habían despreocupado de su conservación, se encuentran con la obligación de pasar examen al inmueble y que cuando lo ven se dan cuenta de que no pueden arreglarlo porque está en muy malas condiciones", expusieron desde el organismo municipal.

Si bien la casuística origen de la ruina de un edificio puede ser muy variada, los técnicos apuntan a que la mayoría de los casos se produce porque "son bloques antiguos, que pasan a múltiples herederos, donde los inquilinos se van yendo y cuyos propietarios viven fuera y normalmente cuesta trabajo ponerlos de acuerdo". Conforme a este planteamiento, el número de episodios en el que la propiedad trata de expulsar a los inquilinos, supuestos conocidos como asustaviejas, no es mayoritario.

El balance aportado a este periódico por Urbanismo constata que de las 39 ruinas ya declaradas, 28 han sido solicitadas directamente por la propiedad, mientras que en los 11 casos restantes es la propia Administración local la que, tras denuncias de vecinos o del Cuerpo de Bomberos, ante situaciones de emergencia, opta por esta medida.

¿Pero, cuándo se llega a la ruina? La respuesta es clara: cuando el valor de las obras que hay que hacer en el edificio para devolverlo a sus condiciones supera la mitad del valor que tiene construir de nueva planta. "Cuando se inicia el procedimiento, los propietarios traen la valoración de las reparaciones, la contrastamos y si vemos que supera la cifra, lo declaramos en ruina", explican los técnicos, que apostillan que una vez se llega a esa conclusión la propiedad dispone de un año, bien para demoler la construcción, bien para impulsar las actuaciones necesarias que permitan la recuperación de la misma.

"La ruina es un arma legal para favorecer la recuperación del inmueble", precisan. Sin embargo, si la respuesta de los dueños sobrepasa este plazo temporal, la construcción pasaría a ser subastada en el registro de solares, un proceso "lento" y que, dadas las actuales condiciones económicas, no acaba de dar el resultado deseado. Cabe recordar que una de las últimas enajenaciones forzosas fue la de Mariscal, 3 y 5, inmuebles en un lamentable estado de conservación. La subasta quedó desierta.

Otro efecto que trae la crisis es que el número de expedientes sobre el que trabajan los técnicos municipales ha aumentado considerablemente en los últimos tiempos. Sumando los casos de ruina al resto de informes sobre órdenes de actuación en las edificaciones en mal estado y los solares, la cifra alcanza los 1.200, "un 50% más que antes de la crisis". "Antes de declarar la ruina solemos reclamar a los propietarios la realización de una serie de obras de mejora, de medidas cautelares, lo que en este momento representa unos 650 expedientes". Aunque no siempre la orden llega a buen fin. "De todas las que mandamos solemos tener un éxito del 75% porque siempre hay algunos recalcitrantes", señalan.





* Málaga Hoy - 1.06.10
Foto: Trabajos de demolición de un inmueble declarado en ruina, en la calle Calvo.- malagahoy.es


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Pontevedra: El cargo de Medio Ambiente se enriqueció especulando con concesiones

ELPAÍS* : El jefe territorial de la Consellería de Medio Ambiente en Pontevedra, Evaristo Juncal Carreira, que vendió tres de sus empresas a colaboradores o socios de narcotraficantes, es conocido en Caldas de Reis, el municipio donde es presidente del PP, por gestionar las bodegas Lagar da Condesa. Este negocio de viñedos de albariño, emplazado a la entrada del ayuntamiento en un pazo de rotundas almenas, a escasa distancia de las gasolineras que Juncal vendió a un presunto testaferro del capo Marcial Dorado, es el elemento más tangible de su actividad empresarial.

Desde los años noventa, este ingeniero técnico, funcionario de la Xunta en el departamento de carreteras y en Augas de Galicia, ha sido propietario de al menos una decena de sociedades que ha ido comprando y vendiendo, a veces con apenas un mes de diferencia. Con dos de estas firmas ha logrado autorizaciones para abrir gasolineras. La primera la obtuvo de la Administración central para una estación de servicio en Caldas, que luego vendió al presunto testaferro de Marcial Dorado, Manuel Cruz López. "Cuando aún no tenía los permisos ya había gente que me quería comprar las opciones de compra [de los terrenos]. Era algo normal", explica.

Gracias al dinero obtenido en esta operación en 1995, y según relata el propio Evaristo Juncal, compró una finca en la parroquia de Lérez, en la ciudad de Pontevedra, y logró una autorización de la Dirección Xeral de Obras Públicas y del Ayuntamiento para levantar otra gasolinera.

Según el ahora jefe territorial de la Xunta en Pontevedra, esta operación no es incompatible con su condición de funcionario de la Administración autonómica. "En estas sociedades siempre he actuado como socio, la administradora es mi mujer", explica Evaristo Juncal. "Patrimonialmente puedo tener lo que quiera. No compro ni vendo gasolina a la Administración".

Juncal Carreira también ha picoteado en el negocio acuícola e hidroeléctrico. En 1995 cuando, según su testimonio, era ingeniero de Augas de Galicia, logró de la Consellería de Pesca una concesión para abrir una depuradora de mariscos y cetárea en Punta Preguntoiro. Lo hizo en una vieja nave que rehabilitó. "Pero ya está vendida", afirma el jefe territorial de la Xunta. Luego intentó abrir una piscifactoría de rodaballo en Punta Cabalo, en A Illa de Arousa, pero el negocio no fructificó.

Además de las bodegas Lagar da Condesa, el presidente local del PP posee actualmente una inmobiliaria Juncal-Froján, SL, a la que él califica como "empresa patrimonial". "Se creó como una inmobiliaria pero vino el mal momento", afirma refiriéndose al pinchazo de la burbuja, "y no llegó a actuar". La sociedad poseía unas parcelas en Sanxenxo para levantar chalés, pero Evaristo Juncal ya se ha deshecho de ellas "perdiendo mucho dinero", puntualiza.






* ELPAIS.com - 31.05.10
Foto: Caldas de Reis (Pontevedra) - denuncia-social.com

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Conflicto social por el acceso a la vivienda: «Siento vergüenza»

ELPERIÓDICO/Barcelona* : Con 436 euros mensuales, Manuel Torres tiene que mantener a su esposa, desempleada como él, y a sus tres hijos. ¿Cómo puede hacerlo? Se ahorra el alquiler porque ha vivido los últimos años en pisos vacíos de Adigsa de El Gornal. No paga electricidad porque el piso tiene cortado el servicio, y el agua la obtiene de la fuente. Y cada noche acude a los contenedores a recoger la comida a punto de caducar que lanzan los supermercados a la basura. Hace algunos meses, lo hacía casi en solitario. Ahora, según cuenta, siempre va acompañado de otros vecinos en su misma situación: parados de larga duración y dependientes de las ayudas del gobierno.

«A veces siento vergüenza por hacer esto, pero algo tengo que hacer para sacar adelante a mi familia. La gente se te queda mirando cuando recoges la comida de la basura, pero no me queda otra opción con los ingresos que tengo», explica Manuel, con cierta impotencia, en el piso que habita desde abril de forma ilegal en El Gornal, en L'Hospitalet.

Manuel ha hecho de «la patada» su forma de vida en los últimos cuatro años. Ha pasado por tres pisos diferentes. Del último que invadió se marchó de forma voluntaria porque los técnicos le explicaron que esa vivienda estaba reservada para una familia muy necesitada. Lo convencieron y decidió marcharse antes del desalojo fijado por los tribunales.

Su mujer va cada mañana a una fuente pública. En su cocina acumula decenas de botellas de agua que necesita para los cuidados de la casa. Para calentar agua para el baño y cocinar, usa un pequeño hornillo de gas propio de los cámpings. «Aunque no sea mi casa, limpio todos los días porque soy maniática de la limpieza», dice. Después de haber trabajado 25 años en la construcción, Manuel lleva 20 meses parado y no tiene demasiadas esperanzas de conseguir trabajo pronto, en vista de la situación económica. Mientras espera un nuevo trabajo, sigue descubriendo pisos oficiales vacíos de El Gornal. «Joncs, 6, 9º 2º: tapiado, Joncs, 21-23 2º 2º: tres años vacío, Aprestadora, 162: seis pisos vacíos desde hace seis años, Juan de Juanes, 33-35: siete vecinos 'de patada'...» La lista parece interminable.





* El Periódico - L'HOSPITALET - 1.06.10
Foto: En casa Manuel Torres y su esposa, en un piso de Adigsa. GUILLERMO MOLINER, elperiodico.es


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