JOSÉ CAVERO* : Para muchos ciudadanos, el caso Fabra, presidente de la Diputación de Castelló, es un formidable escándalo de inoperancia judicial con pocos precedentes, tanto por su amplitud como por su duración. El caso Fabra se añade, de este modo, a los escándalos de Jaume Matas y de los alcanzados por el Caso Gürtel, todos destacados dirigentes del PP. Los datos que ayer ha proporcionado el diario El País, que de vez en cuando ha recordado al personaje y sus ´hazañas´, siempre pendientes de ser enjuiciadas, señalan ahora que la investigación judicial abierta por presuntos delitos contra la Administración Pública (cohecho, tráfico de influencias y prevaricación) y fraude fiscal contra Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castelló y líder provincial del PP, encara la recta final.
Los peritos judiciales están rematando su informe sobre el marasmo de ingresos y cuentas corrientes (cerca de un centenar) del dirigente político y sus familiares directos. Y los datos que aporta resultan abrumadores: Los bancos tardaron más de dos años en detallar sus movimientos; Hacienda detectó un desfase de 600.000 euros en su patrimonio en 1999; en el periodo auditado figuran 240 entregas de dinero en metálico, y también ingresó en sus cuentas más de 130 cheques por 2,7 millones de euros.
Según fuentes conocedoras de tales pesquisas, el resultado de las investigaciones, que ha contado con el apoyo de Hacienda, no puede ser más devastador para la imagen de este político del PP. Al contrario que en otros casos, el partido no ha sancionado ni obligado a dimitir de sus cargos institucionales a Fabra, a quien presta todo el apoyo desde hace años a pesar de su imputación judicial y las evidencias en su contra. Indica el informe periodístico que durante los seis años auditados, Fabra obtuvo abultados ingresos sin aparente justificación. Ni guardaban relación con sus fuentes de ingresos conocidas –un salario como presidente de la Diputación de Castelló cifrado en 1999 en 73.000 euros–, ni tenían que ver con cuentas institucionales, ni su forma de entrega (en efectivo o con talones al portador) parecía responder a la economía de un cargo público. En definitiva, «se ha repetido, año tras año, el modus operandi de 1999, año en el que Fabra ya fue acusado de delito fiscal». Y en estos casos se invierte la carga de la prueba: es a él a quien le toca justificar esos ingresos que no declaró a Hacienda.
Fabra, a través de sus cuentas personales o familiares, registró en el periodo auditado (1999-2004) más de 240 entregas de dinero en metálico por un monto de casi 1.800.000 euros, cuando su sueldo oficial acumulado como presidente en la Diputación en ese tiempo no superó los 500.000. Es decir, por esta vía ya ingresó unas cantidades equivalentes a 24,6 veces su salario de todo un año. La técnica no era de mero goteo de cantidades discretas. En ocasiones, de una sola vez recibía fajos de billetes por valor de 65.000, 41.000, 39.500, 32.000 o 31.000 euros... Con una semana de diferencia, en diciembre de 2002, ingresó sendas sumas de 26.000 euros. Sus dos chóferes ya han confesado que ingresaron por orden de Fabra dinero en metálico en sus cuentas.
Pero no acaban aquí los ingresos bajo sospecha que han sido analizados por los peritos a instancias de la juez del caso. A lo largo de los seis años investigados, Fabra ingresó en sus cuentas más de 130 cheques, muchos de ellos al portador, por un valor de más de 2.700.000 euros. Es tanto como decir que ingresó casi 37 veces su sueldo anual por esta vía.
Hay un tercer canal que nutre las cuentas del presidente de la Diputación y líder del PP de Castelló: las transferencias bancarias. En el periodo investigado, sumó cerca de 80 operaciones de ese tipo con un monto total de casi 800.000 euros. Es decir, 11 veces su salario anual. Por último, registra una treintena de abonos que suman casi 30.000 euros. En total, las operaciones de ingreso sospechosas y supuestamente ajenas a sus retribuciones oficiales superan los 5,3 millones de euros. Suman tanto como 73 veces el salario oficial anual de Fabra.
El informe pericial pone fin a seis años de investigación de unas cuentas presuntamente vinculadas a Fabra que han supuesto el examen también de las de sus parientes más cercanos. Pero no ha sido la lentitud de la Justicia ni de la Fiscalía Anticorrupción lo que ha eternizado esta causa, sino la falta de respuesta de los bancos, que tardaron dos años en informar de los movimientos del clan Fabra. Y tras requerirse mediante registro el soporte de cientos de operaciones sospechosas en 2008, hasta primeros de 2009 no se entregó lo fundamental de esos papeles, que luego hubo que cruzar con los datos de Hacienda.
Ahora, con el informe pericial en la mano, el fiscal anticorrupción encargado del caso, Luis Pastor, podrá empezar a perfilar sus conclusiones acusatorias. El bosque del centenar de cuentas de Fabra se ha despejado. Y la vida económica de este dirigente del Partido Popular, también. Sólo falta que los jueces determinen si hay, y en qué grado, responsabilidades penales.
* Levante-EMV - Opinión - 6.04.10
Matas, Gürtel... Fabra...
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La policía desaloja a los vecinos en los derribos del Cabanyal
LEVANTE/Valencia* : Agentes de la Policía Local de Valencia han desalojado, en algunos casos a rastras y en volandas, a concejales y diputados autonómicos que secundaban la protesta de varios vecinos contra el segundo derribo de una de las viviendas afectada por el plan de reforma interior del barrio del Cabanyal.
Poco después de las 13.30 horas, los policías han comunicado a los políticos que se encontraban junto al número 15 de la calle de Vidal de Canelles que iban a empezar a desalojar el inmueble para "materializar la licencia de derribo" de esta casa, una de las cinco que el Ayuntamiento pretende derruir a partir de hoy y que la pala excavadora ha comenzado finalmente a derribar a las 14.37 horas.
Entre los políticos desalojados a la fuerza se encuentran el máximo responsable del PSPV en la ciudad de Valencia, Salvador Broseta, a quien han arrastrado de los brazos fuera del cordón policial, en cuyo interior aún permanecen los periodistas.
Asimismo, los policías han desalojado a la diputada autonómica y portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra, a la coordinadora de Esquerra Unida Marga Sanz y al concejal socialista Vicente González Móstoles, mientras desde una finca colindante varios vecinos han arrojado a los agentes un cubo de agua, todo ello entre los constantes gritos de protesta de las docenas de vecinos que siguen todo este dispositivo en las inmediaciones de la zona afectada.
El dispositivo policial, formado por una treintena de agentes de la Policía Local y una quincena de policías nacionales, ha aguantado un sinfín de insultos por parte de los vecinos, contra algunos de los cuales ha cargado el Cuerpo Nacional de Policía cuando intentaban sortear el cordón de seguridad.
Además, desde numerosos balcones de la calle afectada se han realizado caceroladas, mientras se repiten los llantos, los gritos y las muestras de indignación; representantes de la plataforma Salvem el Cabanyal siguen atentos el avance de la pala excavadora desde primera línea del cordón policial.
La pala ha comenzado a derribar esta casa después de que cuatro policías nacionales, dos de ellos abordo de un coche de bomberos, hayan desalojado del tejado a dos chicos que se habían atrincherado para intentar retrasar el derribo; desde lo alto, y antes de ser reducidos, han arrojado flores amarillas a los policías mientras aseguraban a gritos que son vecinos del Cabanyal "de toda la vida".
Todo este proceso ha sido profusamente grabado y fotografiado por los medios de comunicación presentes aún en el interior del cordón policial, así como por docenas de teléfonos móviles y cámaras digitales de los vecinos que no han parado de corear lemas en contra del Plan municipal de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal.
Se inician los derribos
Varias palas excavadoras comenzaron a primera hora de hoy a derribar un grupo de viviendas de la calle de San Pedro del barrio del Cabanyal, donde se concentró desde un principio un grupo de vecinos para tratar de impedir la actuación.
Según ha informado a EFE la portavoz de la plataforma vecinal "Salvem el Cabanyal", Maribel Domenech, desde las 08.00 horas varios vecinos del barrio han acudido al lugar, en el número 29 de la citada vía, previendo que hoy iban a comenzar los derribos ya que entra en vigor la ley aprobada el pasado 24 de marzo en el pleno de Les Corts, por la mayoría de votos del PP, que autoriza todas las actuaciones del Plan del barrio del Cabanyal de Valencia.
Las palas han derribado ya el inmueble recayente en la calle de San Pedro y en la de Luis Despuig. El concejal socialista Vicente González Móstoles ha acudido a la zona a interesarse por estos hechos. Allí también se ha desplazado el teniente de alcalde Alfons Grau.
Según Domenech, los vecinos han rodeado las casas que se tenía previsto derribar cuando han llegado "alrededor de 30 o 40 policías en varios furgones" y les han retirado del lugar "por la fuerza". La portavoz señaló que comunicaron a los trabajadores que han presentado una cautelarísima en los tribunales y les pidieron que paralizaran los derribos hasta que éstos se pronunciaran al respecto. No obstante, lamentó que en el barrio "se sigue con la ejecución".
En la actuación intervienen "numerosas" palas excavadoras y coches-grúa, y Doménech ha afirmado que, por los medios desplegados en la calle, los vecinos temen que los derribos de hoy vayan a ser "en cadena". Según ha declarado, "se está viviendo un ataque masivo" en el barrio, "cuyo objetivo esta jornada es la calle San Pedro".
No obstante, ha insistido en que los vecinos concentrados en la vía, que protagonizan constantes pitadas, quejas y sentadas de protesta, no van a abandonar la zona a pesar de la presión policial. "No nos hemos movilizado antes de que entrara en vigor, en enero, la orden ministerial que protegía el barrio. Posteriormente a ella, sí lo estamos haciendo porque esto es un atropello", se ha quejado.
Ha criticado además el "excesivo" despliegue policial -del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local- desarrollado con motivo de los derribos, "unos policías que nunca antes han venido a una zona que se considera peligrosa por la venta de drogas", ha criticado.
* Levante-EMV - Agencias - 6.04.10
Foto: levante-emv.com
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La firma que avaló las campañas fantasma trabajó para la Gürtel
PÚBLICO/Madrid* : Documentos aportados al juez muestran que Swat SL organizó un concurso para la trama en Majadahonda. Swat SL, la consultora que dirigió el proceso por el que el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó 3,25 millones en campañas de publicidad fantasma a las puertas de las elecciones de 2007, ha trabajado con la trama Gürtel, según el material reunido por el juez Antonio Pedreira, que hoy dará a conocer su instrucción.
Fuentes de la investigación explican que el juez dispone de varios documentos de 2001 en los que un directivo de Swat SL detalla la vía por la que el Ayuntamiento de Majadahonda debía dividir una adjudicación a la trama de 132.000 euros de forma que no se superara el importe económico a partir del cual la ley obliga a convocar un concurso público. En ese momento el alcalde era Guillermo Ortega, imputado en el caso Gürtel por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.
Según el material aportado al sumario, la receptora de los documentos fue Carmen Rodríguez, esposa del cabecilla de la trama, Francisco Correa, que en aquel momento trabajaba como jefa de Gabinete de Ortega. Las instrucciones le llegaron por e-mail el 25 de septiembre de 2001: "Estimada Carmen: Tal como acordamos te remito el presupuesto de la acción del infoeuro. Saludos, Óscar". Y al día siguiente: "Estimada Carmen: Tal como acordamos, te adjunto la relación de empresas que me has solicitado. Saludos, Óscar".
El firmante es Óscar Bermejo, entonces director de cuentas de Swat SL, que dejó la consultora en 2007. Los documentos de Swat SL muestran el modo de funcionar de la trama y lo imbricada que estaba con esta empresa.
En el material a disposición del juez, Swat SL da instrucciones detalladas sobre cómo debe fragmentarse un contrato para un stand que informe sobre la transición de la peseta al euro, que empezaba a circular el 1 de enero de 2002, en siete adjudicaciones repartidas por todas las concejalías.
Según el plan, la concejalía de Servicios Sociales debía asumir la contratación de "personal de información, 64 días, 8 horas al día, durante tres meses". La concejalía de Urbanismo, al frente de la cual estaba el actual alcalde, Narciso de Foxá, asumía el contrato más caro 30.120 euros para "construcción y materiales del stand"; Régimen Interior se ocupaba de "arte final y 50.000 conversores [peseta-euro]"; Medio Ambiente, de "creatividad, diseño, desarrollo, artes finales, rotulación y vinilación stand"; Educación, de "instalación de servicios, generador, conexión PC, Internet"; Seguridad, de "traslado y emplazamiento" y Hacienda, de "arte final y 100.000 dípticos".
Relación de empresas
En total, el montaje, que fue inaugurado por el alcalde, ascendía a 22 millones de pesetas (132.000 euros). El documento de Swat SL incluye también una relación de siete empresas a las que había que adjudicar alguna de las partes del contrato. Encabeza el listado la propia Swat SL y le siguen Technology Consulting Management (TCM) y Sunset Blvd, ambas ya vinculadas a la trama en el sumario.
Óscar Bermejo, que firma los e-mails, negó en conversación con este periódico que él sea el autor de los mensajes: "Yo esto no lo llevé. Si alguien utilizó mi clave, pues no lo sé, pero yo no llevaba los temas de Majadahonda. Deberían preguntar a los administradores de la empresa".
Público se puso en contacto el pasado jueves con la consultora, en la que también trabajó como ejecutivo el imputado Rafael de León, pero no ha recibido respuesta. Ayer trasladó por escrito varias preguntas al administrador único de la empresa, Juan Miguel Madoz, que tampoco contestó.
Swat SL desempeñó un papel clave en la elección de las adjudicatarias de dos contratos de publicidad del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a la consejería de Economía y Hacienda, en octubre de 2006, de las que no existe constancia que se hayan realizado pese a que costaron 3,25 millones de euros. Poco antes, en agosto, la consultora había obtenido un contrato de asesoramiento del Imade de 1,3 millones de euros.
Mercado Puerta de Toledo
En 2006, el alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, mantenía una estrecha relación con el Imade: era el gerente del Mercado Puerta de Toledo, participado al 100% por este organismo.
Inmediatamente después de lograr el contrato para asesorar al Imade, Swat SL recibió el encargo de redactar sendos informes de evaluación sobre las ofertas presentadas para dos campañas de publicidad: una, de 1,25 millones para resaltar la importancia del "desarrollo equilibrado". La otra, de dos millones para subrayar la importancia de pymes y autónomos. Ambas partidas eran sólo para la creatividad, una cifra que los expertos consideran desorbitada al ser de ámbito regional y sin inserción a medios. Para este tipo de concursos, raramente se supera los 300.000 euros.
Informe previo
Los expertos señalan también la excepcionalidad de que una consultora privada redacte el informe de evaluación de las ofertas, algo que normalmente asumen los técnicos. La evaluación externa suele reservarse para casos muy excepcionales, de máxima igualdad y siempre a posteriori.
En este caso, en cambio, los informes fueron anteriores y sirvieron de base a los técnicos del Imade. En ambas adjudicaciones las diferencias en favor de las empresas sugeridas por Swat SL fueron abismales: de más de 20 puntos.
Los ganadores fueron MQM, proveedora de la trama, y Over Marketing. Ambas empresas, poco conocidas, dejaron atrás a multinacionales como Bassat Ogilvy y Zapping, entre otras.
Los dos proyectos ganadores eran en muchos pasajes clónicos, palabra por palabra. Y en marzo de 2007, justo antes de que se convocaran las elecciones el decreto se firmó el 2 de abril, sus contratos fueron modificados en términos que les favorecían.
* Público - 6.04.10
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
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Madrid: Muchas preguntas el primer día de las agencias de licencias
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid se deshace de la tramitación de licencias de actividad comercial y deja este trabajo y sus ingresos en manos de negocios privados. Siete empresas cumplen desde ayer la función que antes realizaban las Juntas de Distrito y la Concejalía de Urbanismo: comprobar que las actividades se ajusten al ordenamiento municipal. Se denominan Eclu (Entidades Colaboradoras en la gestión de Licencias Urbanísticas.
La decisión se adopta dos años y medio después de que estallase el caso Guateque, una trama de corrupción en la que, presuntamente, los funcionarios del Ayuntamiento de Madrid cobraban bajo cuerda por acelerar el papeleo.
El Consistorio aduce que el cambio "hará que los expedientes se resuelvan más aprisa y aumente así la actividad empresarial", según expuso una portavoz de Hacienda, que detalló que en 2009 se recibieron casi 8.000 solicitudes de licencias de actividades y se dejaron sin cursar unas 3.000. "Entre los plazos de notificación y los acuses de recibo se alargaba el proceso y se incumplían los plazos", argumentó. Por los trámites cumplidos se ingresaron un millón y medio de euros en los fondos públicos. A partir de ahora ese dinero se esfumará en tributo, supuestamente, de una eficiencia mayor. El Ayuntamiento se reserva el control de los trámites de licencias residenciales.
En los negocios que certificarán las solicitudes de empresas, que pronto serán cerca de 20, según Hacienda, hubo ayer más dudas a resolver que papeleo que encauzar. "Hemos tenido unas 40 personas preguntando cosas en la oficina y dos expedientes tramitados", cuenta Eduardo Cárdenas, director técnico de Eciti, una Eclu dependiente del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales.
Por el momento, las agencias de certificación sólo gestionarán cambios de actividad (de una perfumería a una ferretería, por ejemplo) y reformas que no exijan un proyecto técnico. Por ello cobrarán entre un 5% y un 15% menos de lo que cobraba el año pasado el Ayuntamiento, que les ha impuesto esta condición. Algunas empresas, como Eciti, apuestan por bajar los precios al límite; otras, como Verificalitas, hacen lo contrario. La primera cobra 327 euros por un cambio de actividad, y la segunda, 385. "No creemos que gente que va a montar un supermercado se preocupe por 30 euros. Lo que quieren es rapidez de resolución y buena atención", opina el director técnico de Verificalitas, Iván Fernández.
Las agencias esperan hacer negocio este año con nuevas solicitudes y con las atrasadas, y auguran que sus ingresos crecerán, dentro de lo que permita la economía, cuando añadan a sus funciones iniciales, entre 2012 y 2013, la certificación de solicitudes con proyecto técnico y la inspección de locales en los que haya espectáculos abiertos al público. A finales de 2009, una de cada tres discotecas de Madrid funcionaban sin licencia, 650 de un total de 1.895.
"Cuando empecemos con las licencias de obras y las inspecciones, los precios subirán, porque son asuntos más complejos", avanza María Barreiro, de la empresa Aeclu. Antes de todo eso, tendrán que lograr que los empresarios madrileños dejen a un lado las dudas y asuman que el Ayuntamiento ha delegado su tarea en la empresa privada.
* ELPAIS.com - 6.04.10
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE
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Carballo: Más de mil viviendas están fuera de ordenación en la comarca
LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : Las viviendas ilegales y con expedientes abiertos en la comarca se cuentan por docenas, pero son muchas más las que están fuera de ordenación, es decir, las que no encajan en las normas jurídicas de ordenación urbana dictadas desde la Xunta. No se trata, en muchos casos, de viviendas ilegales. De hecho, muchas cuentan con licencia. Son casas que en su día estuvieron dentro del marco legal correspondiente pero que salieron de él con los distintos cambios en la normativa.
Solo en Carballo, cuenta el edil de Urbanismo, José Antonio Viña, puede haber más de 600 viviendas en esa situación. Los propietarios no tienen por qué tener problemas legales, pero sí pesan sobre ellos determinadas limitaciones. Así, no podrán hacer obras mayores ni ampliación de volúmenes, solo mantenimiento.
Habrá que esperar a la entrada en vigor de la nueva Lei do Solo para redefinir el mapa de construcciones fuera de ordenación. Esa ley, explica el alcalde de Cee, Ramón Vigo, permitirá que extensas zonas del municipio antes condenadas a formar parte de esa categoría, podrían finalmente entrar e el ordenamiento. Es el caso de las viviendas situadas en Lobelos que ahora, al parecer, podrán incluirse en el planeamiento.
Actualmente, son muchas las construcciones que quedan fuera de las zonas de expansión de los núcleos rurales. Esas casas apartadas son las que constituyen el grueso de las que quedan fuera de ordenación.
En Cee, dice el alcalde, puede haber varias decenas. El regidor de Corcubión no cree que, en su caso, haya más de 20. Con todo, los alcaldes no tienen cuantificados los casos y muchos aseguran que no hay en sus municipios casas en esa situación, aunque realmente ningún Ayuntamiento se libra. En el caso de Camariñas la cifra puede pasar de largo del centenar, aunque el alcalde, Manuel Valeriano Alonso de León, cuenta con que con la aprobación del PXOM se pueda regularizar un gran número.
En dominio de Costas
Otra parte importante de construcciones fuera de ordenamiento son las que quedan dentro del deslinde de Costas. Algunas casas antiguas se construyeron antes de que la norma que protege el litoral entrara en vigor. Esas no tienen más problema que la imposibilidad de ampliar volúmenes y hacer obras mayores. Hay inmuebles en esa situación en Malpica, en Corme y en Fisterra.
Las que difícilmente eludirán el derribo son las que se hicieron después de la aprobación de esa ley, y en la Costa da Morte los casos se cuentan por docenas. Se encuentran en Seiruga y en Monte da Insua (Malpica) y en el entorno de los arenales de Razo y Baldaio (Carballo) entre otros lugares.
Algunas ya han sido derribadas y un buen número tiene algún tipo de expediente abierto obligando a la reposición de la legalidad.
* La Voz de Galicia - 6.04.10
Foto: Obreros trabajando de nuevo en una promoción en Quenxe tras años de paralización legal - lavozdegalicia.es
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Ibiza: El GEN advierte de que «no se puede hacer otra ley Cretu para salvar ilegalidades»
DIARIODEIBIZA* : El Grup d´Estudis de la Naturalesa (GEN) denunció ayer en rueda de prensa que Ibiza vive un «regreso al pasado» y una «involución» en materia urbanística, a causa del retraso en la aprobación del Plan Territorial Insular (PTI) y de la nueva ley que están negociando el PP y el PSOE para regularizar construcciones ilegales.
Los dirigentes de esta formación Joan Carles Palerm y Neus Prats lamentaron que «las promesas electorales se las lleva el viento» y, en cambio, las actuales instituciones progresistas «practican una política territorial completamente continuista».
Joan Carles Palerm afirmó, en relación a la posible ley impulsada desde Ibiza para amnistiar irregularidades urbanísticas, que «se trata de ilegalidades manifiestas que fueron anuladas por sentencias judiciales» y que supondrían «vulnerar el PTI». «Esto sería prevaricar, y el día que el Consell de Ibiza prevarique, al día siguiente tendrán interpuesta una denuncia en los juzgados. No se puede hacer otra ley Cretu [la que intentó legalizar la mansión ahora derribada] para salvar ilegalidades; fue un juez quien dijo que esos suelos urbanizables son ilegales», afirmó el presidente de la organización ecologista.
También lamentó que el Consell no aprobara el nuevo PTI en su primer año de gestión. «El PTI se hubiera podido hacer el primer año y ahora todas las nuevas Normas Subsidiarias habrían tenido que cumplir unas condiciones diferentes».
«Sólo se persiguen minucias»
Neus Prats dijo que con el intento de legalizar construcciones fuera de ordenación «se está legislando a favor de los grandes infractores y de presuntos delitos urbanísticos que se han cometido en Ibiza. Sólo se persiguen minucias», afirmó.
Prats recordó que el actual equipo de gobierno «prometió que se terminarían las leyes a medida y vemos que nada de esto se hace realidad». «Se ha de exigir a las administraciones públicas que adopten medidas concretas y urgentes y dejar de hacer decretos para proteger a los infractores y a la corrupción», añadió.
* Diario de Ibiza - 4.04.10
Foto: Sant Josep (Ibiza), ayuntamiento - diariodeibiza.es
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Anticorrupción denuncia sobrecostes del 23% en obras de Castilla y León
ELPAÍS* : Las obras de la variante de Olleros de Alba (León) que el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago (PP), adjudicó a la empresa Teconsa, implicada en el caso Gürtel, tuvieron un sobrecoste del 23%. Por si fuera poco, se ejecutaron con más de un año de retraso y nadie protestó.
El presupuesto 2,8 millones se disparó a 3,5 millones a costa de las arcas de esa comunidad, gobernada por el PP. Así se desprende de un informe enviado por la Fiscalía Anticorrupción al Tribunal Supremo que investiga la parte de la trama que afecta al ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, aforado por ser senador. La policía sospecha que Bárcenas y Fernández Santiago pudieron percibir parte de las comisiones que supuestamente abonó Teconsa al cabecilla de la red, Francisco Correa, por interceder en la adjudicación.
La comisión de Correa por su gestión habría sido del 3% del importe total, unos 96.000 euros. El informe deja entrever que el concurso pudo estar amañado a favor de Teconsa y destaca que la mayor parte de los requisitos del concurso eran subjetivos.
Además, a última hora se añadieron otros nuevos que ignoraban todas las empresas participantes... excepto Teconsa. Sólo tres pasaron a la final y, según el informe pericial, las otras reunían más méritos que Teconsa.
Los conceptos argumentados para ampliar la obra y su coste no se sostenían; además, había empresas que por mucho menos de dinero estaban dispuestas a asumir las modificaciones que a la postre llevó a cabo Teconsa. Esa firma, con la que Correa mantenía inmejorables relaciones, es la misma que, sin experiencia previa, fue encargada del sonido durante la visita del Papa a Valencia. La televisión autonómica, Canal 9, dirigida por Pedro García -amigo del jefe de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez-, le adjudicó esas labores a la empresa por seis millones de euros, de los que la mitad fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrató los trabajos a firmas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero proporcionado por la televisión valenciana.
* ELPAIS.com - 6.04.10
Foto: Olleros (León) - mispueblos.es
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Barcelona: ¿Una diagonal a ninguna parte?
ALBERT RECIO* : I. Una diagonal es la recta que en un polígono une dos vértices no contiguos. La forma más corta para transitar entre ellos. En mi ciudad, la Avenida Diagonal es la vía más directa que une el vértice Noreste de la ciudad (junto al mar) con el Sudoeste (tocando a la cordillera de Collserola). Fue también, antes de la invasión masiva del automóvil, el paseo favorito de la burguesía en su tramo central (Passeig de Gràcia-Plaza Francesc Macià). Hoy asistimos a un proyecto de reforma que trataba de ser novedoso en lo urbanístico y en lo político y que, si no media un giro imprevisible, puede acabar convirtiéndose en un fiasco sin paliativos para sus promotores (el Gobierno municipal de Barcelona: coalición de PSC e Iniciativa Verds-EUiA, más las entidades y grupos sociales que le dieron apoyo).
Por su dimensión social y política se trataría de un fracaso que puede trascender los límites de la ciudad, pues está en juego nada más y nada menos que el proyecto de un modelo de movilidad más sostenible y el primer intento de consulta democrática en una gran ciudad española. Por ello resulta relevante analizar el proceso, dónde ha embarrancado, qué consecuencias se pueden extraer, qué cosas aún se pueden hacer.
II. Cualquiera que conozca Barcelona entiende fácilmente el papel que juega la Diagonal, en teoría una de las principales vías de conexión de la ciudad sobre todo tras el proceso de apertura de su tramo septentrional al calor de la transformación del Poble Nou. Es especialmente una gran artería de tráfico con una circulación diaria de 74.000 vehículos y de 650.000 personas transportadas en bus, pero donde los usuarios del saben que el viaje por la Diagonal es un auténtico martirio, con continuas paradas y arrancadas, con un ritmo lento que contrasta con la rapidez de otras formas de transporte público como el metro o el tranvía que circula por la Diagonal (pero sin unir sus extremos): una línea, el Trambesós, que transcurre por el tramo Norte de la Avenida (hasta Badalona) y desde Francesc Macià hacia el Sur hasta alcanzar diversas localidades del Baix Llobregat, con un tramo central que sólo cubre el lento e incómodo bus. Sólo por esto la Diagonal merecería ser reformada, y de hecho desde que se inauguraron las nuevas líneas de tranvía se generó una intensa demanda social en este sentido (con otras razones que avalarían esta reforma como el enorme deterioro urbanístico que padece toda la parte central).
Pero sobre todo, colocar el tranvía y reformar la arteria exigía replantear toda la movilidad de la ciudad, potenciando el transporte público y reduciendo el uso del coche. De hecho el mayor colapso de esta Avenida no está producido tanto por el tráfico que entra y sale de la ciudad (que utiliza preferentemente las Rondas o la Gran Vía) como por el cruce de la Diagonal con la trama del Eixample y, especialmente, las vías que unen los barrios altos con el centro de la ciudad. La reforma de la Diagonal era por tanto una enorme posibilidad para reordenar una parte importante del sistema de movilidad local, avanzar en la promoción del transporte colectivo sobre el privado y cambiar los hábitos de la población. De hecho este era el parecer de los técnicos que impulsaron el proyecto y la demanda social de un variopinto grupo de entidades que llevan años clamando por un modelo más sostenible y menos contaminante de movilidad.
III. A este objetivo de tipo urbanístico-ambiental se sumó una propuesta de índole político-institucional: la de utilizar la reforma como pretexto para llevar a cabo una nueva experiencia de participación política. Hace años que la participación ha pasado a formar parte del discurso de las autoridades barcelonesas, siempre preocupadas por obtener un elevado grado de complicidad social con sus proyectos e interesadas en presentarse como paladines de la modernidad en cuestiones de este tipo. Alguien convenció al alcalde de que ésta era una oportunidad para mostrar la profundidad de su proyecto participativo. La consulta se presentaba tanto como una forma de escuchar a la ciudadanía, como una demostración de la capacidad de innovación social (experimento de voto electrónico, voto a los mayores de 16 años...). Para reforzar este aspecto todo el proceso se dotó de un ambicioso plan participativo con comisiones, debates, actos informativos, etc., que debían culminar en la presentación de los proyectos que iban a ser objeto de la consulta. Un cúmulo de buenas intenciones que, sin embargo, pueden conducir a un resultado desalentador. Quizás el primer paso se dio cuando el Ayuntamiento, siempre temeroso del poder del “partido del coche” eludió plantear la consulta como un debate sobre el modelo de movilidad y trató de reducirla a una votación entre dos diseños urbanísticos presentados por el propio municipio. Con ello debilitó el valor político de la consulta y generó la primera vía de agua, no cerrada, en su propuesta: la oposición pudo argumentar que no tenía mucho sentido realizar una consulta tan costosa para simplemente votar entre dos propuestas que, dado que iban a ser presentadas por el propio Ayuntamiento, poco iban a diferir entre sí. Por ahí consiguieron colar, como veremos, una propuesta envenenada que puede dar al traste con todo el proyecto
IV. Si hay un lobby bien organizado en la ciudad es el de automóvil. Su núcleo central se encuentra en el RACC (Reial Automóbil Club de Catalunya), una organización mixta empresa-institución que provee de servicios a los automovilistas (seguros, red de asistencia, agencia de viajes, etc.) y con un alto predicamento social. Como institución reconocida forma parte del núcleo duro de la autollamada “sociedad civil barcelonesa”: una asociación informal de entidades del que participan los principales clubes deportivos, los centros culturales burgueses y las organizaciones empresariales de la ciudad. Su Fundación se dedica a elaborar todo tipo de informes referentes a la movilidad. Tiene buenas conexiones con el poder político y, especialmente, con los medios de comunicación.
Como es de esperar, el RACC se caracteriza por presentar oposición a cualquier política que altere el predominio del vehículo privado en la ciudad. Hace años consiguió hundir el proyecto de un “Día sin coches” y en los dos últimos años ha sido especialmente beligerante con las medidas de control de la velocidad impuestas por la Generalitat que se han mostrado eficaces para combatir la contaminación y los accidentes, dos de las grandes plagas que genera el coche. Ahora han vuelto a la carga organizando una buena campaña de comunicación iniciada con un debate público y en la que han tomado posición las “figuras” del urbanismo local para desprestigiar el proyecto de reforma, sembrar dudas sobre su eficacia (sobre todo informando a los barrios próximos a la Avenida que ellos van a cargar con el tráfico que se desvíe de la Diagonal) y utilizando a la oposición municipal, especialmente ERC y CiU, como ariete en los debates públicos.
Ya han conseguido lo que estimo una victoria estratégica. En la próxima consulta la ciudadanía deberá elegir entre tres opciones, dos (A y B) recogen las propuestas de reforma que incluyen el tranvía (difieren en que una opta por la solución de amplias aceras laterales y la otra por un bulevar central) y una tercera (C) considera “cualquier otro proyecto”, pensando en el voto de todos aquellos que no quieren reforma alguna o que prefieren que el automóvil privado siga campando a sus anchas. Poco hay que saber de matemáticas electorales para prever que, a menos que el voto reformista se concentre en una sola de las propuestas, la C va a salir ganadora. Esto de hecho ya se ha visto en las primeras encuestas realizadas por algún diario local donde el voto pro tranvía se divide entre A y B y la tercera opción resulta por ello la más votada. Para empeorar aún la situación ya se ha anunciado que el voto es sólo consultivo, que aún en caso de ganar A o B el proyecto no se iniciaría hasta el 2015 y, al haber una amenaza nada desdeñable de que CiU gane las próximas elecciones municipales, puede que toda la consulta quede en agua de borrajas, en gasto superfluo. El mejor panorama para alcanzar una baja cota de participación y que sean los grupos más obsesionados con la defensa radical del coche los que se lleven el gato al agua.
V. Buena parte del peligro de fiasco se explica por el enorme poder que ejerce en la ciudad el “partido del coche”, un verdadero ejemplo de hegemonía cultural sustentada en organización y cobertura mediática (lógica, dada la importancia que la publicidad del automóvil tiene para las empresas del sector). Pero también en la torpeza y confusión con la que el Ayuntamiento, especialmente el Partit dels Socialistes, ha planteado toda la cuestión. Una torpeza que no sólo es el resultado de una impericia política sino de la influencia del “partido del coche” en sus propias filas (por ejemplo el concejal de Urbanismo, García Bragado, no solo se ha opuesto insistentemente a plantear el debate en términos de modelo de movilidad sino que también ha figurado entre los promotores de un modelo de transporte alternativo al tranvía), lo que sin duda ha paralizado la posibilidad de llevar a cabo una buena campaña comunicativa. Al aceptar que los tres proyectos se planteen al mismo nivel se deja al descubierto una gran parte del pretendido proyecto de innovación política.
Pero no sólo han fallado las elites políticas. Los movimientos sociales han sido muy sagaces a la hora de hacer avanzar sus propuestas. A pesar de que en la ciudad existe una larga trayectoria de cooperación entre entidades que promueven una movilidad sostenible, y que estas entidades han sido capaces de crear una plataforma que ha elaborado un conjunto de propuestas básicas para llevar a buen puerto el proyecto [Una plataforma que incluye a sindicatos (Comisions Obreres), ecologistas (Ecologistes en Acció, Greenpeace), organizaciones vecinales (Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona), de consumidores (OCUC) y de defensa del transporte alternativo (Associació de Patinadors de Barcelona, Bicicleta Club de Catalunya, Catalunya Camina, Plataforma pel Transport Públic, Prevenció d’Accidents de Tràfic)], donde han fallado ha sido en realizar su propia campaña. Han estado atrapadas en el proceso participativo que ha promovido el Ayuntamiento, ciertamente más abierto y completo que en otras ocasiones, y se han supeditado a sus avatares y sus ritmos. Cierto es que contaban con muchos menos medios que sus oponentes, pero podían haber realizado su propia campaña utilizando la red social que en conjunto representan y haber empezado a lanzar ideas fuerza al debate social (única fórmula para alcanzar cierta audiencia entre la población poco organizada socialmente). Al limitar gran parte de sus esfuerzos al proceso de participación institucionalizado, han perdido un tiempo precioso frente a la intensa campaña del RACC y sus aliados.
A menos de dos meses de la consulta quedan pocas posibilidades de revertir la situación, pero hay que tratar de explotarlas. Éstas pasan a mi entender por realizar una fuerte campaña que ponga en claro que lo que está en juego es el modelo de movilidad, defensora del tranvía como gran proyecto de ciudad (algo que además puede apoyarse en el éxito de los tramos existentes) y posiblemente que tratara de concentrar el voto en una de las dos propuestas. (Como mínimo en dejar claro que si A+ B superan a C, ha ganado la idea central de embridar al coche en beneficio del transporte colectivo). Una campaña que consiga además que sectores alejados de la propia Diagonal entiendan que aquí se juega una batalla crucial para el modelo de ciudad del futuro.
Se ha perdido mucho tiempo. Ha faltado mucha sensibilidad política y los factores de lastre han sido demasiado importantes. Si al final esto no se corrige y la consulta es un fracaso, ésta pesará para el futuro de Barcelona y de otras muchas ciudades a las que se va a exportar el efecto Diagonal para bloquear propuestas de movilidad sostenible. Si algo no lo remedia también la democracia directa quedará tocada. Por ello a los que hemos sido críticos sobre la forma en que se ha llevado el proceso sólo nos queda el dar la cara en defensa de un modelo de movilidad más racional. Aun a sabiendas de que nuestros pretendidos guías han sido tan ineptos que una vez más nos han extraviado.
* Fuente: Mientras tanto electrónico nº 79, abril de 2010.
* Rebelión - mientrastanto.e - 5.04.10
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
Anticorrupción pide 13 años a Del Nido por cobrar 6,7 millones de Marbella
MÁLAGAHOY* : El abogado sevillano José María del Nido se sentará este martes en el banquillo de los acusados para responder por los 11 delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción porque supuestamente entre 1999 y 2003 cobró al Ayuntamiento de Marbella en concepto de honorarios profesionales más de 6,7 millones que el Ministerio Público considera que se facturaron gracias a un "concierto" previo con los ex alcaldes del municipio Jesús Gil y Julián Muñoz, que vulneraba de forma "grosera" las "más elementales normas de contratación".
Anticorrupción imputa al abogado y presidente del Sevilla FC los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, falsedad documental continuada, tres delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial y en documento privado. En conjunto le reclama 13 años y seis meses de prisión, cuatro de inhabilitación profesional para el ejercicio de la abogacía y otros siete para administrar sociedades o contratar con la Administración, así como 21 años de prohibición para desempeñar cargos públicos. Además, le solicita cuatro multas que suman 54 meses a 30 euros diarios.
Del Nido compartirá el banquillo con Julián Muñoz, nueve concejales de la era del gilismo, Juan Antonio Roca, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y seis profesionales, la mayoría de ellos vinculados a la dirección de empresas municipales. La Fiscalía Anticorrupción precisa que la relación de José María del Nido con Jesús Gil arrancó hacia 1999, poco después del caso Camisetas y una vez que había roto relaciones con el abogado José Luis Sierra, el hombre que había creado el armazón político jurídico del gilismo. En aquella época el Tribunal de Cuentas había comenzado a elaborar un informe de fiscalización tanto del Ayuntamiento de Marbella como del enjambre de empresas municipales supuestamente utilizadas para desfalcar las arcas públicas y Gil necesitaba un profesional solvente que le ayudara a apagar el fuego.
Las investigaciones del Tribunal de Cuentas, con el paso del tiempo, dieron lugar a los conocidos casos Saqueo I y II, en la Audiencia Nacional, así como a 30 procedimientos judiciales en los juzgados de Marbella, entre ellos éste, conocido como caso Minutas. José María del Nido es un abogado de habilidad reconocida que a finales de los 90 mantenía "relaciones de confianza" con Jesús Gil fraguadas "en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la Liga española de fútbol" y afianzada tras su intervención en el caso Camisetas, de acuerdo con la versión del fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción arranca su escrito de acusación provisional detallando que los ex alcaldes Gil y Muñoz al frente de los equipos de gobierno que lideraron "omitieron voluntaria, consciente y de forma reiterada ajustarse a la legislación", para lo que contaron con la colaboración de los técnicos, entre ellos José María del Nido. De esta forma, "sin mediar expediente de contratación alguno, directamente por voluntad del alcalde, de la comisión de gobierno municipal o de los consejos de administración de las sociedades, sin especificar en los decretos o acuerdos la cuantía del servicio" se contrató al abogado sevillano, que entre 1999 y 2003 pasó al cobro honorarios profesionales valorados en 6,7 millones de euros, de los que la mitad aproximadamente corresponden al periodo fiscalizado por el Tribunal del Cuentas.
En junio de 2001, el interventor municipal dirigió al alcalde un informe en el que advertía que era obligatorio que el fichaje del jurista para hacer frente a los informes del Tribunal de Cuentas se hiciera previo expediente administrativo, más aún cuando en numerosas ocasiones las minutas excedían de los 12.000 euros en los que estaba fijado el tope para la contratación directa. La respuesta que obtuvo el interventor fue una suspensión de empleo y sueldo.
En definitiva, Anticorrupción subraya que la contratación de José María del Nido se basó "única y exclusivamente en la voluntad del alcalde", sin que en ningún caso mediara el "preceptivo expediente de contratación o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal competente a tal efecto". Tanto es así, que "el alcalde referido [Jesús Gil] le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico" y le proporcionó una oficina y personal municipal.
La Fiscalía afirma que los honorarios que percibió Del Nido procedentes del Ayuntamiento de Marbella y sus empresas municipales llegaron a representar "al menos el 70% de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla".
Gil le adjudicó "verbalmente" a Del Nido encargos "tan relevantes y costosos para el erario público como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio informe de fiscalización relativo a los años 1990-1999", "como si se trataran de asuntos menores" y sin especificar cuantías. Según la acusación, las cantidades adelantadas a cuenta al letrado y las provisiones de fondos que se le aportaron "no fueron en ningún caso objeto de la correspondiente liquidación de honorarios profesionales".
Para el fiscal la función del abogado residía en "impedir y, en todo caso, retrasar y obstaculizar el inicio de la fiscalización" que la había aprobado la comisión mixta Congreso Senado, así como "controlar y filtrar la documentación a entregar a dicho Alto Tribunal a fin de amparar las irregularidades cometidas en contra de los intereses públicos".
La relación del letrado con Jesús Gil se extendió también a Julián Muñoz, que solía ejercer de alcalde accidental en ausencia de Gil y al que sucedió cuando abandonó la Alcaldía de Marbella poco antes de ser inhabilitado por el caso Camisetas. Anticorrupción precisa que esta relación fue más allá de la mera representación procesal para convertirse en una amistad "estrecha" que "se forjó y consolidó durante el periodo comprendido entre el año 1999 y 2003, principalmente en base a la pujanza de los intereses recíprocos derivados del ilícito enriquecimiento de recursos municipales, en un propósito deliberado, consciente, compartido y renovado en el tiempo" que ambos supuestamente llevaron a cabo "mediante el aprovechamiento y abuso de la posición que ocupaban y disfrutaban en uno de los municipios más ricos del territorio nacional".
Sin embargo, algo cambió en esa relación. Si durante el gobierno de Jesús Gil el asesoramiento que prestaba Del Nido supuestamente para hacer frente a las pesquisas del Tribunal de Cuentas se basaron en un acuerdo verbal, en julio de 2001 Julián Muñoz, a través de la sociedad Control de Servicios Locales, y José María del Nido firmaron un contrato de arrendamiento de servicios, sujeto a derecho privado, que implicaba una remuneración mensual de 48.080 euros, cantidad que el fiscal cataloga de "claramente abusiva e injustificada" y "prescindiendo completamente de la normativa vigente en materia de contratación por parte de las administraciones públicas".
Muñoz, "en connivencia" con los directivos de los consejeros de las sociedades municipales "y su letrado de confianza utilizaron las sociedades para una renovada y mantenida facturación abusiva y fraudulenta de honorarios profesionales en base a genéricos conceptos no justificados e incluso, en ocasiones, no acordes con realidad alguna, aprovechando la ocasión de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, con propósito de ilícito enriquecimiento y en grave perjuicio del patrimonio municipal".
* Málaga Hoy - 4.04.10
Foto: El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, conversa con José María del Nido. - malagahoy.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los fiscales avisan del "peligro" de dar más competencias urbanísticas a los concellos
FARODEVIGO* : El paraíso del ladrillo ha puesto bajo sospecha a decenas de concellos. La Fiscalía gallega vigila con lupa cada obra municipal y tras la reforma de la Lei do Solo, que refuerza el poder de los ayuntamientos, tendrá que estar aún más expectante ante el enjambre de grúas que acecha la costa. ¿El motivo? El temor a que el traspaso de competencias por parte de la Xunta convierta a los concellos en un zorro vigilando un corral.
La voz de alerta la ha dado el fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio Roma, que advierte de los "riesgos" que supone dar a los municipios más responsabilidad en la planificación urbanística tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.
"No todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones de controlar el urbanismo. A lo mejor es factible en determinados municipios, pero otros van a necesitar la asistencia de la Administración autonómica, tengan o no la competencia", sentencia Roma. Los que sí están "en condiciones" para perseguir delitos urbanísticos cometidos por particulares son concellos grandes como Vigo, A Coruña o Ferrol, ya que "están perfectamente blindados". Por el contrario, controlar el todo vale en la construcción resulta más complicado en los municipios que, según apunta, no disponen de personal técnico suficiente.
A partir del próximo día 21 de abril, día en que entrará en vigor la Lei do Solo, los concellos tendrán más poder de decisión, de definición de uso del suelo rústico y en la tramitación de licencias. Podrán conceder permisos sin necesidad de autorización previa de la Xunta a todas las obras vinculadas con una explotación de recursos naturales. A la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores –que requieren proyecto técnico completo– sólo contará el plazo municipal de tres meses, eliminándose también el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.
En el caso de las obras menores, cada municipio resolverá en solo un mes. "Si este control [de la Administración autonómica] desaparece, las consecuencias pueden ser peligrosísimas", advierte el fiscal de Urbanismo. "Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y es que –añade– si algunos ayuntamientos deciden prescindir velar por valores ambientales pueden acabar con ellos".
Es el peligro que corren decenas de ayuntamientos gallegos que están en la lista negra de la Fiscalía gallega por supuestas irregularidades urbanísticas. Porto do Son, Mugardos, Aranga, Oleiros, Arteixo, Nigrán, Gondomar, Barreiros... En ayuntamientos de todos los colores políticos, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta 86 causas tiene abiertas la Fiscalía Superior contra cargos públicos en Galicia. De ellas, 17 están relacionadas directamente con delitos contra la ordenación del territorio y otras 27 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística.
En su labor contra la corrupción urbanística, la Fiscalía gallega quiere implicar a la Xunta y a los concellos. Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior, Carlos Varela, confía en que pese a la nueva configuración de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, creada en 2007 por el bipartito, se mantenga el nivel de colaboración que existía hasta ahora: "Si la Xunta tiene conocimiento de alguna irregularidad urbanística, debe ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal".
En cuanto a la gestión de los concellos, una de las causas que, según advierte el fiscal superior, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. Para Varela, los secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales.
Los datos de la memoria de la Fiscalía de 2008 revelan un descenso de las denuncias de urbanismo en un 31%. Esa tendencia a la baja se mantuvo en 2009. La crisis del sector de la construcción y la lejanía de una cita con las urnas, según apunta el fiscal de Urbanismo, son las principales causa de este descenso. Y es que cada vez que se aproxima una elecciones locales, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.
La pregunta ahora es si la nueva Lei do Solo contribuirá también a que los casos de irregularidades urbanísticas se debiliten. "El deseo es que todas las leyes cumplan los propósitos que tienen encomendados. Unas han funcionado y otras no. Esta es una cuestión que nos va a decir el tiempo. Ojalá se controlen las deficiencias –explica Roma–. Lo que los técnicos deseamos no es que existan muchas sino que las leyes que tengamos sean muy claras. Lo que aporte esta como cualquier otra ley sea luz y nos facilite la labor a todos".
* Faro de Vigo - 4.04.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Mil personas rechazan el macroproyecto hotelero de El Palmar
PÚBLICO/Cádiz* : Un proyecto prevé la construcción de dos edificios con 1.600 plazas a 300 metros de la costa gaditana. Cerca de mil personas, según los convocantes, han rechazado hoy el megaproyecto hotelero que se podría comenzar a construir el próximo año en El Palmar, una playa casi virgen ubicada a unos cinco kilómetros de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.
La Plataforma Contra el Megaproyecto Hotelero de El Palmar (PELP!), que ha sumado en las redes sociales de Internet unas 50.000 personas contrarias a este proyecto, ha convocado esta jornada festiva de protesta a la que se han sumado Ecologistas en Acción, Clean Ocean Project o Greenpeace.
Los organizadores de la protesta han retomado unas declaraciones del alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio Jesús Verdú (PSOE), quien afirmó que El Palmar no se podía dejar "a los del bocadillo de mortadela" y han invitado a los asistentes a traer hoy este embutido como almuerzo.
Antonio Morales, portavoz de la Plataforma PELP! que hoy ha recogido un millar de firmas contra el proyecto hotelero, ha dicho que El Palmar "como playa virgen" exige "otro modelo de turismo" en el que los vecinos sean "el motor" y no un promotor que construya "más de lo mismo, porque para eso tenemos el resto de la costa española".
Nuevo modelo de turismo
Ha añadido que en uno de "los pocos kilómetros que quedan de playa virgen" no debe de tener cabida este "macroproyecto hotelero" contra el que protestan, ha dicho, desde vecinos de las localidades cercanas a admiradores de este paraje, "que vienen buscando algo diferente a lo que tiene el resto de las costas" y reclaman "un nuevo modelo de turismo que, además, nos están solicitando desde Europa".
Este proyecto, que se comenzó a gestar hace una década, prevé construir en una superficie de 270.000 metros cuadrados, a una distancia de entre 300 y 500 metros de la costa, dos hoteles o apartahoteles de dos plantas con unas 1.600 plazas y con una calidad de cuatro o cinco estrellas, según ha explicado el alcalde de Vejer de la Frontera.
Ha destacado que la Junta de Andalucía respalda "al cien por cien" este proyecto, que se ha tramitado con "pulcritud", ha sido debatido "en profundidad" y es apoyado por la mayoría de los vecinos de Vejer porque será un instrumento para "dinamizar" la economía local. El alcalde ha censurado la "demagogia" a los opositores a este proyecto a quienes acusa de "manipular" su impacto en la zona.
* Público - EFE - 5.04.10
Foto: Concentración contra el megaproyecto hotelero de El Palmar en la Playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera. ROMÁN RÍOS / EFE
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El juez reactiva el caso de l'Atzúvia a instancias del fiscal
ELPAÍS/Alicante* : El juez de Dénia que instruye la presunta trama de corrupción urbanística de l'Atzúvia, por la que hace más de tres años se edificaron en este municipio 18 viviendas en suelo no urbanizable, ha reactivado el caso a instancias del Ministerio Fiscal. El juez ha llamado a declarar al concejal de Urbanismo en las dos últimas legislaturas, Antonio Casals, del PP, para que explique los motivos por los que el Ayuntamiento ha legalizado por silencio administrativo uno de los inmuebles implicados.
El magistrado también preguntará a Casals porqué continúa sin dar explicaciones sobre el resultado de los expedientes que el Consistorio abrió en su día contra otros cuatro chalés de importantes dimensiones que se edificaron sin licencia o con licencia para aperos.
La providencia del titular del juzgado número uno de Dénia es más que significativa porque por primera vez abre una investigación sobre la gestión urbanística del consistorio a la hora de permitir construir viviendas en suelo rústico. Hasta el momento, en el caso están imputados dos constructores, Klaus Dieter May y Haral Messner, pero ningún cargo municipal.
Además, el magistrado también le exige a May que en cinco días facilite "los datos del técnico señor Moreno de la Consejería de Medio Ambiente con el cual al parecer han tratado directamente, al objeto de poderle citar a declarar". May declaró ante el juzgado que ese técnico aseguró que las cinco viviendas en cuestión eran legalizables.
La consejería dejó de investigarlas después de que el consistorio asegurara que les había abierto expediente, si bien Medio Ambiente continúa por su lado un proceso administrativo contra otros 13 inmuebles construidos en suelo no urbanizable.
La nueva situación judicial se produce después de que la fiscalía haya pedido al juez las mismas diligencias que en su día solicitaron los grupos ecologistas Gelibre y Acció-Agró Ecologista. Casals, ya en el cargo cuando comenzaron las construcciones irregulares, deberá explicar porqué el Ayuntamiento otorgó recientemente licencia por "silencio administrativo" a uno de los chalé de mayores dimensiones de la trama, del alemán Gerard Raupeter, un nombre que se repite constantemente en las conversaciones de May que la Guardia Civil grabó antes de que el constructor fuera detenido.
El departamento que dirige Casals otorgó este permiso después de que el Ayuntamiento se negara, hasta en cuatro ocasiones, a facilitar al juzgado información sobre los supuestos expedientes y de que en enero de 2007 el consistorio ordenara paralizar las obras de la vivienda, lo que no impidió que éstas continuaran hasta su finalización.
El juez también cuestionará al edil de Urbanismo sobre el farragoso proceso de legalización de la vivienda de Raupeter: en 2006, a través de un expediente de segregación, la parcela cedió algo más de 1.000 metros cuadrados a unos terrenos colindantes que no alcanzaban los 10.000 metros cuadrados y que pertenecían a la empresa May, quien quería edificar allí una vivienda que frustraron las denuncias ecologistas. En 2008 otro expediente, de agregación, permitió a la parcela de Raupeter recuperar los 1.000 metros cuadrados para sumar 20.000, superficie mínima que las Normas Subsidiarias de l'Atzúvia exigen para edificar una unifamiliar aislada en suelo no urbanizable común.
Gelibre y Agró dudan de que aún así la vivienda sea legalizable: porque las normas exigen que no se constituya en la zona Núcleo de Población. Algo que sí habría ocurrido debido a la gran volumetría de la casa y al hecho de que existan otros inmuebles a menos de 200 metros; y también porque la construcción está en el LIC y el ZEPA Valls de la Marina y Montañas de la Marina, protegido por la UE.
* ELPAIS.com - 5.04.10
Foto: l´Atzúvia (Alacant), pedanía de Forna con chalés - lasprovincias.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El ex alcalde de Los Alcázares acumuló un gran patrimonio no justificable
LAVERDAD/Murcia* : El ex alcalde de Los Alcázares, imputado en el 'caso Ninette', adquirió 22 fincas en una década por un valor millonario. Después de dos años largos de investigación, las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº2 de San Javier están lejos de cerrarse. Muy lejos. Son varias las líneas de investigación que siguen abiertas y muchas más, en apariencia, las actuaciones que habrán de practicarse antes de que la juez instructora dé por concluido el asunto, determine los cargos por los que deberá responder cada uno de los imputado y lo remita a la Audiencia Provincial para que celebre juicio.
Ello no es óbice, sin embargo, para que, cada cierto tiempo, se vayan conociendo nuevos y reveladores datos sobre el estado de la investigación y respecto de las implicaciones concretas de la veintena de imputados existentes hasta ahora, a cuya cabeza se sitúan el ex alcalde socialista Juan Escudero, el arquitecto municipal Mariano Ayuso Fernández, el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez, y el constructor y adjudicatario de grandes obras municipales Valero Garcerán Ros. Los lados de un cuadrado sobre cuya área se ha escrito, a lo largo de una década, esta trama, propia de novela negra, sobre el aparente uso del poder político en pro del enriquecimiento personal.
El mejor maestro, a mano
Roca, el cerebro de la 'Malaya'
En el hipotético caso de que hubieran necesitado un maestro en el saqueo de las arcas municipales, tenían a mano al mejor de todos. Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la 'trama Malaya', había convertido Los Alcázares en uno de sus principales centros de interés, al ser el lugar en el que invertía una parte importante del dinero sucio que supuestamente obtenía en Marbella. En esta localidad marmenorense tenía una de las joyas de su vastísimo patrimonio inmobiliario -la lujosa finca La Loma-, promovía dos complejos urbanísticos de lujo -Nueva Ribera Golf y Nueva Ribera Beach- y había levantado un hotel de cuatro estrellas.
Roca, quien mantenía una estrecha relación con el arquitecto municipal Ayuso, con quien parecía comportarse de la misma forma que un jefe lo haría con un empleado, aportó en su última comparecencia en el juzgado de San Javier algunos detalles de las reuniones que mantuvo con el antes alcalde Escudero en su despacho oficial, así como la forma en que éste le asesoró acerca de algunos negocios, como el referido establecimiento hotelero. Circunstancias llamativas, teniendo en cuenta que, en los albores de la 'Operación Malaya', el ex primer edil comenzó negando que conociera a Roca, más tarde dijo que alguna vez lo había saludado como vecino que era de Los Alcázares, luego admitió que lo había visto durante una viaje oficial a Marbella...
Si el 'jefe malayo' sirvió de inspiración o no a estos servidores públicos de Los Alcázares sólo ellos lo saben, pero lo cierto es que el 16 de enero del 2008 un espectacular operativo de la UDEF-BLA -la misma unidad que había puesto patas arriba la ciudad de Marbella- tomaba el Consistorio alcazareño y practicaba varias detenciones, con el ex alcalde a la cabeza. 'Operación Ninette' fue bautizada la redada contra la corrupción, por aquello del señor de Murcia.
No tardó mucho en trascender que el arquitecto municipal Mariano Ayuso había acumulado un impresionante patrimonio: 38 bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos de hasta 230 metros cuadrados, locales...- y dos fincas rústicas, todo ello por un valor catastral de 5.746.129 euros (unos 960 millones de pesetas), aunque los expertos advertían ya entonces de que para conocer el valor real de estas posesiones habría que multiplicar esa cantidad por cinco o por seis. Así, esas posesiones inmuebles valdrían un mínimo de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas).
También le fueron intervenidos un todoterreno Cadillac Escalade (cuesta unos 80.000 euros), un Alfa Romeo 33, un Mercedes CLK (de 45.000 a 50.000 euros), un Audi A3, un Mercedes MB, un Mercedes CL, un Volkswagen Cabrio, un Audi A4 y un BMW 120 D, además de las motocicletas Aprilia Clasic 50, Yamaha YQ y una Harley Davidson.
No iba descalzo, desde luego, Mariano Ayuso.
A Escudero también le iba bien
Veintidós fincas adquiridas
Igualmente trascendió en su día un informe de los inspectores de Hacienda y los especialistas de la UDEF-BLA -desvelado por 'La Verdad'-, que ya alertaba de que las cuentas del núcleo familiar formado por Juan Escudero y su esposa, la también imputada Aurora de la Concepción Martínez Zapata, no cuadraban. Así, indicaba que entre los años 2001 y 2005 tuvieron unos ingresos declarados de 613.224 euros (algo más de 100 millones de pesetas) y que sin embargo tuvieron que afrontar gastos por importe de más de un millón de euros (casi 167 millones de pesetas). Y ello, insistían los expertos policiales, sin haber llegado a contar «los gastos corrientes de la unidad familiar (alimentación, vestido, calzado, agua y luz, enseñanza, asistencia sanitaria, seguros de automóviles e inmuebles...) y cualquier otro pago que soporta una familia en su vida diaria».
Los doce bienes inmuebles, propiedad de Escudero, que fueron analizados por los agentes de la UDEF-BLA estaba valorados por el Catastro en 539.841 euros, aunque el criterio de los expertos, se insiste, es que para conocer su valor real hay que multiplicar por cinco o por seis. O sea, en torno a los tres millones (500 millones de pesetas).
La defensa de Escudero, coordinada por el letrado Aurelio Llanes Castaño, presentó entonces un informe pericial de parte con el objetivo de desacreditar la labor de los expertos fiscales y policiales. Un documento que reseñaba aparentes errores de bulto, como, por ejemplo, el hecho de que el informe de Hacienda estableciera que los ingresos del año 2001 consistían en 80.530 euros, a los que había que sumar otros 60.101 euros por préstamos. La suma de ambos, según Hacienda, es de 103.207 euros, cuando parece evidente que debe ser 140.631 euros.
Lo mismo ocurría en el año 2002, cuando un ingreso de 81.027 euros y un préstamo de 71.520 ofrecía para los inspectores fiscales la suma de 119.767 euros para Hacienda, cuando debe ser 152.547 euros.
Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, posteriores informes de la UDEF-BLA insisten ahora en que el patrimonio acumulado por el núcleo Escudero-Martínez no se justifica en función de sus ingresos formales.
Esta nueva documentación, que hasta hoy se había mantenido bajo secreto sumarial, está en poder de este periódico y ofrece nuevas revelaciones sobre los bienes que atesoraba el ex alcalde socialista.
En concreto, el informe 73.208/09 analiza la documentación intervenida en la vivienda y la academia de enseñanza de Escudero y su mujer, entre la que se encuentra la citada carpeta 'R-02-02-030', que contiene todos los protocolos (copias simples) sobre las operaciones de compraventa de fincas en las que ha participado el matrimonio.
Es en base a esta documentación como los especialistas llegan a la conclusión de que, entre los años 1991 y 2007, el ex alcalde y su esposa «participaron al menos en 35 operaciones inmobiliarias, 34 de las cuales tuvieron lugar entre 1991 y 2004, adquiriendo un total de, al menos, veintidós fincas, y enajenando dos».
Además destacan el hecho de que participaran en la ampliación del capital social del colegio Las Claras del Mar Menor, aportando 42.000 euros. El resto de los protocolos analizados corresponden a la constitución de préstamos hipotecarios.
«De acuerdo con los importes de adquisición 'declarados' (ya que al menos en dos de los casos el precio no concuerda con el protocolo notarial o anotaciones manuscritas sobre el mismo), el montante total desembolsado ascendería a 840.672 euros. Por otro lado, lo recibido en concepto de préstamos suma 983.506 euros y, asimismo, la unidad familia ingresa 109.901 euros por la enajenación de dos fincas en 2000 y 2001», se recoge en el mencionado informe policial.
Y se añade: «Conforme a las tasaciones dadas a los inmuebles en el momento en que fueron constituidas las hipotecas de referencia, tan sólo seis de las veintidós fincas objeto de adquisición arrojan un valor de mercado global de 1.359.857 euros, lo que da una idea de la verdadera magnitud del patrimonio inmobiliario de Juan Escudero y su entorno familiar más próximo».
Una circunstancia, se reseña, a la que hay que añadir las conclusiones a las que en su día ya llegara Hacienda, sobre «la divergencia entre la capacidad económica conocida y los pagos e inversiones conocidos de la unidad familiar del ex alcalde de Los Alcázares».
«No deja de sorprender -manifiestan los investigadores- que a una familia que cuenta con cinco miembros y declara unos rendimientos laborales y de actividades económicas anuales en 1999 y 2000 de alrededor de 46.000 y 55.000 euros, respectivamente, se les preste capital por valor de 983.506 euros ya que, tal como se señala desde la Agencia Tributaria, además de satisfacer los gastos corrientes familiares, hay que afrontar los gastos financieros de semejantes inversiones».
Y acaba concluyendo con cuatro circunstancias que les resultan sospechosas, como lo son «la diferencia de ingresos obtenidos y los pagos efectuados entre 2001 y 2005 (además de los señalados 1999 y 2000), la elevada carga hipotecaria soportada por la familia y la parte de renta que destina a la amortización de capital y al pago de intereses, el patrimonio inmobiliario a nombre de la familia, y el uso de dinero B (negro)», que quedaría demostrado «al haber elevado a público adquisiciones por importes inferiores a los valores catastrales de los inmuebles adquiridos».
Una parcela en Torre de Rame
¿Su cuñada es su 'testaferro'?
Si las mencionadas antes son las operaciones inmobiliarias realizadas a nombre del matrimonio, sin más subterfugio que la posible utilización de dinero negro para abonar parte de las fincas, la Policía sospecha en cambio de otras adquisiciones, mucho menos transparentes.
La que más dudas suscita es la que se refiere a la compra de un terreno en Torre del Rame, un resort de lujo con campo de golf, situado a tiro de piedra de las aguas del Mar Menor y que ha sido el proyecto urbanístico estrella del Consistorio alcazareño.
La parcela pertenecía en origen al empresario local José Díaz García, que fue quien se adjudicó las obras de urbanización de Torre del Rame por un importe de 31.727.606 euros, imponiéndose a firmas de la entidad de Sacyr, ACS, Dragados, Ferrovial y FCC.
La citada adjudicación se produce el 6 de mayo del 2004 y, curiosamente, apenas quince días después, el día 21, José Díaz 'trocea' una de sus parcelas en Torre de Rame y vende dos partes (ambas de 432 m2) a la cuñada de Juan Escudero, Piedad Loreto Martínez Zapata; y otras dos parcelas de idéntica superficie a los dos 'lugartenientes' y grandes amigos del alcalde: el edil José Antonio Martínez Meca, conocido como 'Pepote', quien acabó sustituyendo como primer edil a Escudero cuando éste dimitió por las sospechas de corrupción, y a otro ex concejal del PSOE, Sergio Manuel Gil Garre.
El precio de adquisición de cada parcela fue de 72.750 euros, lo que supone que pagaron 166,6 euros por metro cuadrado, un precio «muy inferior al que se estaba pagando en esa época por esos terrenos», reseña la UDEV, que pone como ejemplo el hecho de que el propio Consistorio vendió ese mismo mes otras fincas a entre 420 y 480 euros/m2. «Entre un 252% y un 288% más que el precio pagado por la cuñada de Escudero, Martínez Meca y Gil Garre».
Traducido al lenguaje de la calle, un auténtico chollo.
Los investigadores de la UDEF-BLA sospecharon desde un primer momento que las dos parcelas adquiridas por Piedad Loreto eran, en realidad, del alcalde Escudero y que su cuñada sólo actuaba como 'testaferro'. Un hecho que tenía su lógica, ya que ello habría permitido que los tres amigos pudieran construirse, en su día, sendas viviendas una al lado de la otra, sobre la misma parcela-madre de Torre del Rame, y pudieran disfrutar de su amistad y vecindad.
Pero en materia penal no bastan las sospechas, por muy certera que parezca la especulación. De ahí que siguieran investigando en pos de algún indicio o prueba que permitiera apuntalar esa teoría.
Los añorados datos surgieron examinando la documentación intervenida al propio Escudero, quien en un portafolios de piel marrón guardaba abundante documentación sobre esa operación de adquisición de las parcelas. En concreto, tenía en su poder una copia simple de la escritura de compraventa suscrita entre la mercantil José Díaz García y su cuñada, fotocopias de transferencias bancarias a la cuenta del vendedor, fotocopias de facturas emitidas por José Díaz García a su cuñada Piedad Loreto, fotocopias de cheques y pagarés librados a nombre de este constructor...
Por si eso no resultaba suficiente, los agentes localizaron anotaciones en las agendas personales de Escudero, en las que, junto a otros aparentes pagos mensuales, se recogían otros bajo las siglas SOL CUÑ. Lo que, según la Policía, se referiría a SOLAR CUÑADA, «en alusión a Piedad Loreto y Torre del Rame».
«Tanto estas anotaciones -insisten los investigadores-, como las anteriores y posteriores, parecen evidenciar la titularidad de Escudero sobre las mismas. Especial mención merece el hecho de que esté incluido el mencionado 'SOL CUÑ', que tal y como se indica hace alusión, más que probablemente, a 'SOLAR CUÑADA', y por tanto a la parcela de la que Piedad Loreto es propietaria en Torre del Rame y que, tal y como se apuntaba, pertenecería realmente a Juan Escudero».
¿Tenía alguna razón, algún motivo de agradecimiento, el empresario José Díaz para venderle al alcalde y a sus dos 'lugartenientes' unas parcelas a tan buen precio?
Pues, al margen de que el Ayuntamiento le hubiera adjudicado las obras para urbanizar Torre de Rame por un importe de más de 30 millones de euros, quizás también el hecho de que, a posteriori, se aprobaran por el Ayuntamiento dos modificaciones del presupuesto, por importe de otros casi 16 millones, para mejorar la calidad de las obras.
¿Más todavía? Pues quizás el dato de que, aunque se comprometió a tener lista la urbanización en el plazo de 18 meses -una 'promesa' que le valió la adjudicación del contrato-, al cabo de cinco años aún no hubiera acabado las obras y que, encima, el Consistorio no lo sancionara. Pero, bueno, toda ésta es otra historia.
L a carpeta bautizada como 'R-02-02-030', perteneciente a la 'Caja 16' con documentos intervenidos en los numerosos registros que se practicaron con motivo de la 'Operación Ninette', contiene una exhaustiva relación de todo el patrimonio inmobiliario acumulado por el ex alcalde de Los Alcázares, el imputado Juan Escudero Sánchez. O, mejor, sobre todas las propiedades que figuran a su nombre o al de su esposa, Aurora de la Concepción Martínez Zapata. Cosa distinta es el que además pudiera tener a nombre de otras personas, como su cuñada Piedad Loreto Martínez Zapata, acerca del cual los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ya tienen algunos valiosos datos.
* La Verdad - 4.04.10
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - EFE, laverdad.es
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'Caso Gurtel': Una mancha en cuatro autonomías
ELPAÍS* : Francisco Correa hizo negocio con su red de empresas gracias a su amistad con dirigentes del PP que gobernaban en una decena de Administraciones. Por un lado, lograba a dedo numerosos contratos de servicios; por otro, intermediaba en adjudicaciones de obras o de suelo a favor de empresarios amigos y cobraba comisión. Para alimentar estas dos vías de negocio, sobornaba a políticos del PP. La rapiña al erario público que Correa perpetró durante más de diez años mancha a cuatro autonomías.
COMUNIDAD DE MADRID Contratos a trozos
El Gobierno de Esperanza Aguirre fue un chollo para Correa. La red corrupta logró cientos de contratos a dedo para montaje de actos institucionales que ordenaba el ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre Alberto López Viejo. Algunos de los contratos se troceaban para evitar que su coste superase los 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso.
El PP de la Comunidad de Madrid pagó a la trama corrupta algunos de sus actos electorales de 2003 y 2004 con cargo a los fondos aportados por empresas privadas a su fundación Fundescam, según los archivos encontrados en un piso de seguridad que utilizaba la trama.
Los ex alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte adjudicaron contratos a las empresas de la trama y favorecieron con obras o suelo a constructoras que, como contrapartida, pagaron comisiones ilegales, según la investigación.
COMUNIDAD VALENCIANA Empresas pagan actos electorales
Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba en exclusiva los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana, cobró al menos 6,3 millones en dinero negro, según la investigación judicial. Además, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana pagaron supuestamente actos electorales del PP: Lubasa, Sedesa, Piaf, Facsa y Ortiz e Hijos, según un informe policial. Desde el Gobierno regional se adjudicaron más de 40 contratos a dedo a Orange Market, cuyo principal responsable hizo regalos de todo tipo a los dirigentes del PP, entre ellos Francisco Camps y Rita Barberá, según documentos del sumario.
La trama corrupta regaló trajes a Camps; a Victor Campos, ex vicepresidente; a Ricardo Costa, ex secretario general; a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y a Pedro García, ex director general de la televisión autonómica valenciana. García adjudicó a una constructora leonesa, Teconsa, el contrato de sonorización e instalación de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia por seis millones de euros. Teconsa, que no sabía nada de sonorizaciones, subcontrató el trabajo por tres millones a empresas especializadas y el resto se lo repartió con Correa, según la investigación judicial.
CASTILLA Y LEÓN Las comisiones por un tramo de carretera
La documentación sobre la adjudicación de la obra de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa apareció en el registro de la sede principal de la red Gürtel junto al reparto de comisiones. El 3% del valor de la obra enriqueció a políticos y al cabecilla de la trama, según esa documentación que, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha destapado la supuesta implicación del entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, hoy presidente del Parlamento de Castilla y León. Fernández Santiago aún no ha sido imputado.
GALICIA Facturas falsas
Documentos incautados en una caja de seguridad de una sucursal bancaria de Pontevedra a nombre de Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP de Galicia, apuntan a la emisión de facturas falsas para justificar gastos electorales del PP y hasta 5,9 millones de euros pagados en dinero no declarado a Hacienda. El 47% de los actos del PP en aquella época se financiaron en dinero negro, según un informe policial. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos".
PP NACIONAL Álvarez-Cascos y Bárcenas
El PP nacional aparece salpicado por las andanzas de Correa, que tenía trato especial, según él mismo ha confesado, con quien fue secretario general del partido y ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con Bárcenas, el tesorero, y con el que fue secretario de Acción Electoral, Jesús Sepúlveda.
Bárcenas cobró supuestamente comisiones ilegales de la trama corrupta. Correa declaró al juez Garzón que Álvarez-Cascos le dio el contrato de AENA, ente público dependiente de Fomento. El montaje y desmontaje de pabellones de AENA en ferias de turismo fue adjudicado a dedo o por concursos restringido a empresas de la trama corrupta durante la etapa en que al frente de Fomento estaba Álvarez-Cascos. El ex ministro niega haber dado trato de favor a Correa y no está imputado de momento. Sepúlveda cobró supuestamente comisiones ilegales por sus favores a la red corrupta, primero desde el PP nacional y luego desde su cargo de alcalde de Pozuelo, según la investigación.
* ELPAIS.com - 4.04.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
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Málaga suspende en zonas verdes
SUR* : Málaga sigue estando muy verde en dotación de zonas ajardinadas. La explosión de ladrillo y cemento registrada en las últimas décadas no ha ido acompañada de una apuesta decidida por espacios al aire libre que sirvan de esparcimiento a los ciudadanos; un déficit que juega en contra tanto de la sostenibilidad del territorio como de la calidad de vida de los habitantes. Y es que la cuestión no es baladí.
Como advierten los ecologistas, los árboles tienen «un elevado valor multifuncional». No sólo vertebran lugares de ocio. Su importancia va mucho más allá. Contribuyen a la regulación del ciclo del agua, protegen las tierras de inundaciones, frenan los procesos de erosión y desertificación, generan oxígeno y ayudan a salvaguardar la biodiversidad de especies de fauna y flora.
Sin embargo, y pese a su importancia, en la paleta del paisaje urbano de Málaga sigue predominando la tonalidad gris. Si bien es cierto que en los últimos años se ha dado un salto considerable, también lo es que el ratio de metros cuadrados de zona verde por habitante -cifrado en 6,3 por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)- se mantiene muy por debajo de los 15 m2 recomendados por la Unión Europea, donde la media ronda los 20 m2.
Estamos pues muy lejos del viejo continente y, lo que es más preocupante, ni siquiera alcanzamos el mínimo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, que establece en nueve metros cuadrados por vecino el umbral de masa arbolada requerido para que un territorio sea saludable. Pero el listado de suspensos no acaba aquí. Queda sumar un tercer 'necesita mejorar' que procede de nuestra propia comunidad autónoma, ya que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) exige que se garanticen los 10,4 metros cuadrados por residente, una meta que desde el ayuntamiento prevén que sea una realidad en 2016, según los cálculos del OMAU.
Mientras tanto, la ciudad se asfixia. Así se recoge en el propio estudio realizado para la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Dicho documento reconoce que los espacios verdes son «imprescindibles para el bienestar físico y emocional de las personas», pero admite que existe un «déficit» de zonas verdes en barriadas con alta densidad de población como es el caso del área de la prolongación de la Alameda, que abarca Cruz del Humilladero, Carranque y Los Corazones.
Los barrios más castigados
La estadística que maneja el OMAU señala que Puerto de la Torre (con apenas 1,20 metros cuadrados de zona verde útil por habitante) es el que tiene menos jardines. Le siguen el sector Rosaleda (Trinidad, Carlinda y Miraflores de los Ángeles) y la ya citada Prolongación de la Alameda, auténticos bosques de hormigón con ratios irrisorios del 1,5 y 1,8 respectivamente. En este escenario, tan sólo dos distritos están dentro de los márgenes que dicta la LOUA. Es el caso de Campanillas y del Centro. El primero encabeza el podio con 32,9 metros cuadrados por vecino; un índice al que sin duda ha contribuido la reciente inauguración del Parque Lineal, un espacio destinado al ocio y el esparcimiento que cuenta con una superficie de dos hectáreas con más de 300 árboles y 21.000 arbustos.
En el caso del Centro se dan varias circunstancias. Por un lado, la presencia de entornos como El Parque, Gibralfaro o los jardines de Pedro Luis Alonso que tiran al alza de la estadística. Y, por otro, el hecho de que tenga pocos residentes (poco más de 80.000 según el padrón). Ambos factores elevan el ratio verde hasta los 11,37 metros cuadrados, el segundo más alto de la ciudad. Eso sí, esta clasificación en la tabla no está exenta de polémica. No en vano, son muchos los expertos que piden que no se contabilice áreas como el Parque a la hora de efectuar las mediciones.
Entre ellos se encuentra Saturnino Moreno. A juicio del director del Observatorio Provincial de Sostenibilidad (proyecto promovido por la Diputación Provincial, la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía), la consideración de zona verde debe cumplir unos criterios de tranquilidad, niveles de ruido y, sobre todo, estar fuera de la dinámica del tráfico, «algo que no ocurre en el Parque de Málaga», puntualiza.
En este sentido, Moreno lamenta que el propio concepto de espacio verde se haya desvirtuado, «ya que muchos de los que se cuentan como tales ni siquiera están insertados en la trama urbana» critica al tiempo que habla de «grandes carencias» y tacha de «pésima» la distribución de las verdaderas áreas ajardinadas. «Por desgracia estamos muy lejos de ser una ciudad sostenible», añade.
En la misma línea se expresa María del Mar Trigo, directora del grupo de aerobiología de la Universidad de Málaga. Al valorar la dotación de espacios verdes de esparcimiento ciudadano utiliza los términos «insuficientes y mal repartidos». Su alegato se centra en que lo ideal es que cualquier malagueño pueda disfrutar de un 'oasis vegetal' sin necesidad de desplazarse más de medio kilómetro desde su domicilio, «algo impensable en barrios como Ciudad Jardín o Pedregalejo», apostilla. «Falta una apuesta por los pequeños jardines de cercanía, unas áreas con gran impacto en la calidad de vida, como han demostrado diversos estudios científicos», sentencia para, acto seguido, reivindicar que no se valore como zona verde urbana una mediana sembrada con palmeras, un parque periurbano como El Morlaco o un recinto de pago como La Concepción.
Si se restan estos enclaves, el panorama es aún más desalentador. «El problema es que no ha habido una previsión y esa mala gestión es ahora difícil de arreglar. Se ha especulado demasiado con el suelo», indica Trigo, quien se queja además de la falta de cultura ecológica. «Estamos a gran distancia de Europa, no sólo porque no ponemos en valor estos espacios sino porque tampoco los tenemos bien cuidados. Sólo se les hace una mera labor de mantenimiento pero no hay un buen calendario de plantación», concluye.
Muy lejos de Vitoria
Son muchas las voces que coinciden en que la ciudad necesita que haya una masa verde más densa para absorber los ruidos, depurar el aire, regular el clima y satisfacer las necesidades de ocio de los malagueños. El portavoz municipal del grupo de Izquierda Unida, Pedro Moreno Brenes, recalca que es «fundamental» que se aumente tanto el ratio por habitante como la calidad de estos espacios ya que, según precisa, Málaga no llega a tres metros cuadrados de zona verde por habitante si se obvian del cómputo las áreas verdes periurbanas como los Montes o La Concepción, «mientras que Vitoria alcanza los 21 metros cuadrados», sostiene.
A nivel nacional Vitoria puede presumir de ser la ciudad más sostenible en equipamientos verdes seguida de Logroño (18,3), Pamplona (16,9), Madrid (15,9) o Santander (14,9). En Europa, Bruselas es el mejor referente, con la friolera de 40 metros por cabeza. Las comparaciones, como advierte el refrán, son odiosas. Eso sí, todo depende del referente y, en esta línea, el director del OMAU (Observatorio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga), Pedro Marín, prefiere contrastar la tasa de Málaga (6,3) con la de otras grandes ciudades como Barcelona (7,7), Valencia (7,31) -«ambas con índices parecidos al nuestro»- o Sevilla, «a la que incluso superamos con un 5,35».
Fuerte evolución al alza
Siguiendo con el optimismo, Marín anima a ver el vaso «medio lleno» y recuerda que, pese a que el ratio de 6,3 metros cuadrados por habitante de zona verde útil es la mitad de lo que recomienda la OMS, Málaga ha experimentado un importante avance en la última década. «Si se echa la vista atrás, en 1995 había 1,3 metros cuadrados por vecino, una cifra irrisoria que hemos multiplicado. Aún no estamos en los 15 metros ideales que plantea la UE, pero tenemos ratios similares a otras grandes urbes y, además, el 60% de la población puede disfrutar de un espacio verde a menos de 300 metros de su domicilio», defiende.
Números aparte, lo verdaderamente importante es la incidencia de estas cifras sobre la salud. Al respecto, Francisco Casas -presidente de la Asociación de Neumólogos del Sur (Nemosur)- insiste en que las enfermedades respiratorias tienen mayor prevalencia en áreas donde hay más contaminación, una circunstancia estrechamente ligada a la presencia de zonas verdes, «que son el pulmón de las ciudades», indica, «ya que depuran el aire mejorando su pureza». En este sentido subraya que la recomendación de la OMS no es arbitraria, «sino que marca los niveles por debajo de los cuales se generan efectos dañinos sobre la salud».
* SUR . 4.04.10
Foto: Málaga es un bosque de hormigón con menos de un tercio de la proporción de zonas verdes por habitante que recomienda la Unión Europea:: SUR
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