Los fiscales avisan del "peligro" de dar más competencias urbanísticas a los concellos

FARODEVIGO* : El paraíso del ladrillo ha puesto bajo sospecha a decenas de concellos. La Fiscalía gallega vigila con lupa cada obra municipal y tras la reforma de la Lei do Solo, que refuerza el poder de los ayuntamientos, tendrá que estar aún más expectante ante el enjambre de grúas que acecha la costa. ¿El motivo? El temor a que el traspaso de competencias por parte de la Xunta convierta a los concellos en un zorro vigilando un corral.

La voz de alerta la ha dado el fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio Roma, que advierte de los "riesgos" que supone dar a los municipios más responsabilidad en la planificación urbanística tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.
"No todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones de controlar el urbanismo. A lo mejor es factible en determinados municipios, pero otros van a necesitar la asistencia de la Administración autonómica, tengan o no la competencia", sentencia Roma. Los que sí están "en condiciones" para perseguir delitos urbanísticos cometidos por particulares son concellos grandes como Vigo, A Coruña o Ferrol, ya que "están perfectamente blindados". Por el contrario, controlar el todo vale en la construcción resulta más complicado en los municipios que, según apunta, no disponen de personal técnico suficiente.
A partir del próximo día 21 de abril, día en que entrará en vigor la Lei do Solo, los concellos tendrán más poder de decisión, de definición de uso del suelo rústico y en la tramitación de licencias. Podrán conceder permisos sin necesidad de autorización previa de la Xunta a todas las obras vinculadas con una explotación de recursos naturales. A la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores –que requieren proyecto técnico completo– sólo contará el plazo municipal de tres meses, eliminándose también el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.
En el caso de las obras menores, cada municipio resolverá en solo un mes. "Si este control [de la Administración autonómica] desaparece, las consecuencias pueden ser peligrosísimas", advierte el fiscal de Urbanismo. "Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y es que –añade– si algunos ayuntamientos deciden prescindir velar por valores ambientales pueden acabar con ellos".
Es el peligro que corren decenas de ayuntamientos gallegos que están en la lista negra de la Fiscalía gallega por supuestas irregularidades urbanísticas. Porto do Son, Mugardos, Aranga, Oleiros, Arteixo, Nigrán, Gondomar, Barreiros... En ayuntamientos de todos los colores políticos, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta 86 causas tiene abiertas la Fiscalía Superior contra cargos públicos en Galicia. De ellas, 17 están relacionadas directamente con delitos contra la ordenación del territorio y otras 27 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística.
En su labor contra la corrupción urbanística, la Fiscalía gallega quiere implicar a la Xunta y a los concellos. Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior, Carlos Varela, confía en que pese a la nueva configuración de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, creada en 2007 por el bipartito, se mantenga el nivel de colaboración que existía hasta ahora: "Si la Xunta tiene conocimiento de alguna irregularidad urbanística, debe ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal".
En cuanto a la gestión de los concellos, una de las causas que, según advierte el fiscal superior, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. Para Varela, los secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales.
Los datos de la memoria de la Fiscalía de 2008 revelan un descenso de las denuncias de urbanismo en un 31%. Esa tendencia a la baja se mantuvo en 2009. La crisis del sector de la construcción y la lejanía de una cita con las urnas, según apunta el fiscal de Urbanismo, son las principales causa de este descenso. Y es que cada vez que se aproxima una elecciones locales, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.
La pregunta ahora es si la nueva Lei do Solo contribuirá también a que los casos de irregularidades urbanísticas se debiliten. "El deseo es que todas las leyes cumplan los propósitos que tienen encomendados. Unas han funcionado y otras no. Esta es una cuestión que nos va a decir el tiempo. Ojalá se controlen las deficiencias –explica Roma–. Lo que los técnicos deseamos no es que existan muchas sino que las leyes que tengamos sean muy claras. Lo que aporte esta como cualquier otra ley sea luz y nos facilite la labor a todos".




* Faro de Vigo - 4.04.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es