MÁLAGAHOY* : El abogado sevillano José María del Nido se sentará este martes en el banquillo de los acusados para responder por los 11 delitos que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción porque supuestamente entre 1999 y 2003 cobró al Ayuntamiento de Marbella en concepto de honorarios profesionales más de 6,7 millones que el Ministerio Público considera que se facturaron gracias a un "concierto" previo con los ex alcaldes del municipio Jesús Gil y Julián Muñoz, que vulneraba de forma "grosera" las "más elementales normas de contratación".
Anticorrupción imputa al abogado y presidente del Sevilla FC los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude, falsedad documental continuada, tres delitos societarios, malversación de uso de bienes muebles, deslealtad profesional, falsedad en documento oficial y en documento privado. En conjunto le reclama 13 años y seis meses de prisión, cuatro de inhabilitación profesional para el ejercicio de la abogacía y otros siete para administrar sociedades o contratar con la Administración, así como 21 años de prohibición para desempeñar cargos públicos. Además, le solicita cuatro multas que suman 54 meses a 30 euros diarios.
Del Nido compartirá el banquillo con Julián Muñoz, nueve concejales de la era del gilismo, Juan Antonio Roca, el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y seis profesionales, la mayoría de ellos vinculados a la dirección de empresas municipales. La Fiscalía Anticorrupción precisa que la relación de José María del Nido con Jesús Gil arrancó hacia 1999, poco después del caso Camisetas y una vez que había roto relaciones con el abogado José Luis Sierra, el hombre que había creado el armazón político jurídico del gilismo. En aquella época el Tribunal de Cuentas había comenzado a elaborar un informe de fiscalización tanto del Ayuntamiento de Marbella como del enjambre de empresas municipales supuestamente utilizadas para desfalcar las arcas públicas y Gil necesitaba un profesional solvente que le ayudara a apagar el fuego.
Las investigaciones del Tribunal de Cuentas, con el paso del tiempo, dieron lugar a los conocidos casos Saqueo I y II, en la Audiencia Nacional, así como a 30 procedimientos judiciales en los juzgados de Marbella, entre ellos éste, conocido como caso Minutas. José María del Nido es un abogado de habilidad reconocida que a finales de los 90 mantenía "relaciones de confianza" con Jesús Gil fraguadas "en el contexto de sus quehaceres como directivos de clubes de la Liga española de fútbol" y afianzada tras su intervención en el caso Camisetas, de acuerdo con la versión del fiscal.
La Fiscalía Anticorrupción arranca su escrito de acusación provisional detallando que los ex alcaldes Gil y Muñoz al frente de los equipos de gobierno que lideraron "omitieron voluntaria, consciente y de forma reiterada ajustarse a la legislación", para lo que contaron con la colaboración de los técnicos, entre ellos José María del Nido. De esta forma, "sin mediar expediente de contratación alguno, directamente por voluntad del alcalde, de la comisión de gobierno municipal o de los consejos de administración de las sociedades, sin especificar en los decretos o acuerdos la cuantía del servicio" se contrató al abogado sevillano, que entre 1999 y 2003 pasó al cobro honorarios profesionales valorados en 6,7 millones de euros, de los que la mitad aproximadamente corresponden al periodo fiscalizado por el Tribunal del Cuentas.
En junio de 2001, el interventor municipal dirigió al alcalde un informe en el que advertía que era obligatorio que el fichaje del jurista para hacer frente a los informes del Tribunal de Cuentas se hiciera previo expediente administrativo, más aún cuando en numerosas ocasiones las minutas excedían de los 12.000 euros en los que estaba fijado el tope para la contratación directa. La respuesta que obtuvo el interventor fue una suspensión de empleo y sueldo.
En definitiva, Anticorrupción subraya que la contratación de José María del Nido se basó "única y exclusivamente en la voluntad del alcalde", sin que en ningún caso mediara el "preceptivo expediente de contratación o cualquier formalidad legalmente prevista por el órgano municipal competente a tal efecto". Tanto es así, que "el alcalde referido [Jesús Gil] le designó de hecho como jefe de los servicios jurídicos de la Corporación sin sujeción al ordenamiento jurídico" y le proporcionó una oficina y personal municipal.
La Fiscalía afirma que los honorarios que percibió Del Nido procedentes del Ayuntamiento de Marbella y sus empresas municipales llegaron a representar "al menos el 70% de la actividad desarrollada por su despacho colectivo de Sevilla".
Gil le adjudicó "verbalmente" a Del Nido encargos "tan relevantes y costosos para el erario público como la coordinación de las labores de fiscalización del Tribunal de Cuentas en los años 1999-2000, así como la formulación de alegaciones al anteproyecto y al propio informe de fiscalización relativo a los años 1990-1999", "como si se trataran de asuntos menores" y sin especificar cuantías. Según la acusación, las cantidades adelantadas a cuenta al letrado y las provisiones de fondos que se le aportaron "no fueron en ningún caso objeto de la correspondiente liquidación de honorarios profesionales".
Para el fiscal la función del abogado residía en "impedir y, en todo caso, retrasar y obstaculizar el inicio de la fiscalización" que la había aprobado la comisión mixta Congreso Senado, así como "controlar y filtrar la documentación a entregar a dicho Alto Tribunal a fin de amparar las irregularidades cometidas en contra de los intereses públicos".
La relación del letrado con Jesús Gil se extendió también a Julián Muñoz, que solía ejercer de alcalde accidental en ausencia de Gil y al que sucedió cuando abandonó la Alcaldía de Marbella poco antes de ser inhabilitado por el caso Camisetas. Anticorrupción precisa que esta relación fue más allá de la mera representación procesal para convertirse en una amistad "estrecha" que "se forjó y consolidó durante el periodo comprendido entre el año 1999 y 2003, principalmente en base a la pujanza de los intereses recíprocos derivados del ilícito enriquecimiento de recursos municipales, en un propósito deliberado, consciente, compartido y renovado en el tiempo" que ambos supuestamente llevaron a cabo "mediante el aprovechamiento y abuso de la posición que ocupaban y disfrutaban en uno de los municipios más ricos del territorio nacional".
Sin embargo, algo cambió en esa relación. Si durante el gobierno de Jesús Gil el asesoramiento que prestaba Del Nido supuestamente para hacer frente a las pesquisas del Tribunal de Cuentas se basaron en un acuerdo verbal, en julio de 2001 Julián Muñoz, a través de la sociedad Control de Servicios Locales, y José María del Nido firmaron un contrato de arrendamiento de servicios, sujeto a derecho privado, que implicaba una remuneración mensual de 48.080 euros, cantidad que el fiscal cataloga de "claramente abusiva e injustificada" y "prescindiendo completamente de la normativa vigente en materia de contratación por parte de las administraciones públicas".
Muñoz, "en connivencia" con los directivos de los consejeros de las sociedades municipales "y su letrado de confianza utilizaron las sociedades para una renovada y mantenida facturación abusiva y fraudulenta de honorarios profesionales en base a genéricos conceptos no justificados e incluso, en ocasiones, no acordes con realidad alguna, aprovechando la ocasión de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, con propósito de ilícito enriquecimiento y en grave perjuicio del patrimonio municipal".
* Málaga Hoy - 4.04.10
Foto: El ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, conversa con José María del Nido. - malagahoy.es
Anticorrupción pide 13 años a Del Nido por cobrar 6,7 millones de Marbella
Los fiscales avisan del "peligro" de dar más competencias urbanísticas a los concellos
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FARODEVIGO* : El paraíso del ladrillo ha puesto bajo sospecha a decenas de concellos. La Fiscalía gallega vigila con lupa cada obra municipal y tras la reforma de la Lei do Solo, que refuerza el poder de los ayuntamientos, tendrá que estar aún más expectante ante el enjambre de grúas que acecha la costa. ¿El motivo? El temor a que el traspaso de competencias por parte de la Xunta convierta a los concellos en un zorro vigilando un corral.
La voz de alerta la ha dado el fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza, Antonio Roma, que advierte de los "riesgos" que supone dar a los municipios más responsabilidad en la planificación urbanística tanto por su falta de recursos como por la proximidad con los protagonistas de las infracciones.
"No todos los ayuntamientos están en las mismas condiciones de controlar el urbanismo. A lo mejor es factible en determinados municipios, pero otros van a necesitar la asistencia de la Administración autonómica, tengan o no la competencia", sentencia Roma. Los que sí están "en condiciones" para perseguir delitos urbanísticos cometidos por particulares son concellos grandes como Vigo, A Coruña o Ferrol, ya que "están perfectamente blindados". Por el contrario, controlar el todo vale en la construcción resulta más complicado en los municipios que, según apunta, no disponen de personal técnico suficiente.
A partir del próximo día 21 de abril, día en que entrará en vigor la Lei do Solo, los concellos tendrán más poder de decisión, de definición de uso del suelo rústico y en la tramitación de licencias. Podrán conceder permisos sin necesidad de autorización previa de la Xunta a todas las obras vinculadas con una explotación de recursos naturales. A la hora de conceder licencias en suelo rústico para obras mayores –que requieren proyecto técnico completo– sólo contará el plazo municipal de tres meses, eliminándose también el permiso del Gobierno autonómico, que suponía otros tres meses.
En el caso de las obras menores, cada municipio resolverá en solo un mes. "Si este control [de la Administración autonómica] desaparece, las consecuencias pueden ser peligrosísimas", advierte el fiscal de Urbanismo. "Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas y es que –añade– si algunos ayuntamientos deciden prescindir velar por valores ambientales pueden acabar con ellos".
Es el peligro que corren decenas de ayuntamientos gallegos que están en la lista negra de la Fiscalía gallega por supuestas irregularidades urbanísticas. Porto do Son, Mugardos, Aranga, Oleiros, Arteixo, Nigrán, Gondomar, Barreiros... En ayuntamientos de todos los colores políticos, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo de corrupción. Hasta 86 causas tiene abiertas la Fiscalía Superior contra cargos públicos en Galicia. De ellas, 17 están relacionadas directamente con delitos contra la ordenación del territorio y otras 27 pesquisas se refieren a delitos de prevaricación que podrían derivar en delitos contra la normativa urbanística.
En su labor contra la corrupción urbanística, la Fiscalía gallega quiere implicar a la Xunta y a los concellos. Sobre la actuación de la Administración autonómica, el fiscal superior, Carlos Varela, confía en que pese a la nueva configuración de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, creada en 2007 por el bipartito, se mantenga el nivel de colaboración que existía hasta ahora: "Si la Xunta tiene conocimiento de alguna irregularidad urbanística, debe ponerla en conocimiento del Ministerio Fiscal".
En cuanto a la gestión de los concellos, una de las causas que, según advierte el fiscal superior, explica "no pocos casos de impunidad urbanística" está en el debilitamiento de las competencias de control municipal. Para Varela, los secretarios, interventores y tesoreros municipales deben jugar un papel clave en el control interno de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales.
Los datos de la memoria de la Fiscalía de 2008 revelan un descenso de las denuncias de urbanismo en un 31%. Esa tendencia a la baja se mantuvo en 2009. La crisis del sector de la construcción y la lejanía de una cita con las urnas, según apunta el fiscal de Urbanismo, son las principales causa de este descenso. Y es que cada vez que se aproxima una elecciones locales, tal y como reflejan los balances de la Fiscalía, las diligencias en materia de urbanismo se disparan.
La pregunta ahora es si la nueva Lei do Solo contribuirá también a que los casos de irregularidades urbanísticas se debiliten. "El deseo es que todas las leyes cumplan los propósitos que tienen encomendados. Unas han funcionado y otras no. Esta es una cuestión que nos va a decir el tiempo. Ojalá se controlen las deficiencias –explica Roma–. Lo que los técnicos deseamos no es que existan muchas sino que las leyes que tengamos sean muy claras. Lo que aporte esta como cualquier otra ley sea luz y nos facilite la labor a todos".
* Faro de Vigo - 4.04.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Mil personas rechazan el macroproyecto hotelero de El Palmar
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PÚBLICO/Cádiz* : Un proyecto prevé la construcción de dos edificios con 1.600 plazas a 300 metros de la costa gaditana. Cerca de mil personas, según los convocantes, han rechazado hoy el megaproyecto hotelero que se podría comenzar a construir el próximo año en El Palmar, una playa casi virgen ubicada a unos cinco kilómetros de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.
La Plataforma Contra el Megaproyecto Hotelero de El Palmar (PELP!), que ha sumado en las redes sociales de Internet unas 50.000 personas contrarias a este proyecto, ha convocado esta jornada festiva de protesta a la que se han sumado Ecologistas en Acción, Clean Ocean Project o Greenpeace.
Los organizadores de la protesta han retomado unas declaraciones del alcalde de Vejer de la Frontera, Antonio Jesús Verdú (PSOE), quien afirmó que El Palmar no se podía dejar "a los del bocadillo de mortadela" y han invitado a los asistentes a traer hoy este embutido como almuerzo.
Antonio Morales, portavoz de la Plataforma PELP! que hoy ha recogido un millar de firmas contra el proyecto hotelero, ha dicho que El Palmar "como playa virgen" exige "otro modelo de turismo" en el que los vecinos sean "el motor" y no un promotor que construya "más de lo mismo, porque para eso tenemos el resto de la costa española".
Nuevo modelo de turismo
Ha añadido que en uno de "los pocos kilómetros que quedan de playa virgen" no debe de tener cabida este "macroproyecto hotelero" contra el que protestan, ha dicho, desde vecinos de las localidades cercanas a admiradores de este paraje, "que vienen buscando algo diferente a lo que tiene el resto de las costas" y reclaman "un nuevo modelo de turismo que, además, nos están solicitando desde Europa".
Este proyecto, que se comenzó a gestar hace una década, prevé construir en una superficie de 270.000 metros cuadrados, a una distancia de entre 300 y 500 metros de la costa, dos hoteles o apartahoteles de dos plantas con unas 1.600 plazas y con una calidad de cuatro o cinco estrellas, según ha explicado el alcalde de Vejer de la Frontera.
Ha destacado que la Junta de Andalucía respalda "al cien por cien" este proyecto, que se ha tramitado con "pulcritud", ha sido debatido "en profundidad" y es apoyado por la mayoría de los vecinos de Vejer porque será un instrumento para "dinamizar" la economía local. El alcalde ha censurado la "demagogia" a los opositores a este proyecto a quienes acusa de "manipular" su impacto en la zona.
* Público - EFE - 5.04.10
Foto: Concentración contra el megaproyecto hotelero de El Palmar en la Playa de El Palmar, en Vejer de la Frontera. ROMÁN RÍOS / EFE
El juez reactiva el caso de l'Atzúvia a instancias del fiscal
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ELPAÍS/Alicante* : El juez de Dénia que instruye la presunta trama de corrupción urbanística de l'Atzúvia, por la que hace más de tres años se edificaron en este municipio 18 viviendas en suelo no urbanizable, ha reactivado el caso a instancias del Ministerio Fiscal. El juez ha llamado a declarar al concejal de Urbanismo en las dos últimas legislaturas, Antonio Casals, del PP, para que explique los motivos por los que el Ayuntamiento ha legalizado por silencio administrativo uno de los inmuebles implicados.
El magistrado también preguntará a Casals porqué continúa sin dar explicaciones sobre el resultado de los expedientes que el Consistorio abrió en su día contra otros cuatro chalés de importantes dimensiones que se edificaron sin licencia o con licencia para aperos.
La providencia del titular del juzgado número uno de Dénia es más que significativa porque por primera vez abre una investigación sobre la gestión urbanística del consistorio a la hora de permitir construir viviendas en suelo rústico. Hasta el momento, en el caso están imputados dos constructores, Klaus Dieter May y Haral Messner, pero ningún cargo municipal.
Además, el magistrado también le exige a May que en cinco días facilite "los datos del técnico señor Moreno de la Consejería de Medio Ambiente con el cual al parecer han tratado directamente, al objeto de poderle citar a declarar". May declaró ante el juzgado que ese técnico aseguró que las cinco viviendas en cuestión eran legalizables.
La consejería dejó de investigarlas después de que el consistorio asegurara que les había abierto expediente, si bien Medio Ambiente continúa por su lado un proceso administrativo contra otros 13 inmuebles construidos en suelo no urbanizable.
La nueva situación judicial se produce después de que la fiscalía haya pedido al juez las mismas diligencias que en su día solicitaron los grupos ecologistas Gelibre y Acció-Agró Ecologista. Casals, ya en el cargo cuando comenzaron las construcciones irregulares, deberá explicar porqué el Ayuntamiento otorgó recientemente licencia por "silencio administrativo" a uno de los chalé de mayores dimensiones de la trama, del alemán Gerard Raupeter, un nombre que se repite constantemente en las conversaciones de May que la Guardia Civil grabó antes de que el constructor fuera detenido.
El departamento que dirige Casals otorgó este permiso después de que el Ayuntamiento se negara, hasta en cuatro ocasiones, a facilitar al juzgado información sobre los supuestos expedientes y de que en enero de 2007 el consistorio ordenara paralizar las obras de la vivienda, lo que no impidió que éstas continuaran hasta su finalización.
El juez también cuestionará al edil de Urbanismo sobre el farragoso proceso de legalización de la vivienda de Raupeter: en 2006, a través de un expediente de segregación, la parcela cedió algo más de 1.000 metros cuadrados a unos terrenos colindantes que no alcanzaban los 10.000 metros cuadrados y que pertenecían a la empresa May, quien quería edificar allí una vivienda que frustraron las denuncias ecologistas. En 2008 otro expediente, de agregación, permitió a la parcela de Raupeter recuperar los 1.000 metros cuadrados para sumar 20.000, superficie mínima que las Normas Subsidiarias de l'Atzúvia exigen para edificar una unifamiliar aislada en suelo no urbanizable común.
Gelibre y Agró dudan de que aún así la vivienda sea legalizable: porque las normas exigen que no se constituya en la zona Núcleo de Población. Algo que sí habría ocurrido debido a la gran volumetría de la casa y al hecho de que existan otros inmuebles a menos de 200 metros; y también porque la construcción está en el LIC y el ZEPA Valls de la Marina y Montañas de la Marina, protegido por la UE.
* ELPAIS.com - 5.04.10
Foto: l´Atzúvia (Alacant), pedanía de Forna con chalés - lasprovincias.es
El ex alcalde de Los Alcázares acumuló un gran patrimonio no justificable
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LAVERDAD/Murcia* : El ex alcalde de Los Alcázares, imputado en el 'caso Ninette', adquirió 22 fincas en una década por un valor millonario. Después de dos años largos de investigación, las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción nº2 de San Javier están lejos de cerrarse. Muy lejos. Son varias las líneas de investigación que siguen abiertas y muchas más, en apariencia, las actuaciones que habrán de practicarse antes de que la juez instructora dé por concluido el asunto, determine los cargos por los que deberá responder cada uno de los imputado y lo remita a la Audiencia Provincial para que celebre juicio.
Ello no es óbice, sin embargo, para que, cada cierto tiempo, se vayan conociendo nuevos y reveladores datos sobre el estado de la investigación y respecto de las implicaciones concretas de la veintena de imputados existentes hasta ahora, a cuya cabeza se sitúan el ex alcalde socialista Juan Escudero, el arquitecto municipal Mariano Ayuso Fernández, el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez, y el constructor y adjudicatario de grandes obras municipales Valero Garcerán Ros. Los lados de un cuadrado sobre cuya área se ha escrito, a lo largo de una década, esta trama, propia de novela negra, sobre el aparente uso del poder político en pro del enriquecimiento personal.
El mejor maestro, a mano
Roca, el cerebro de la 'Malaya'
En el hipotético caso de que hubieran necesitado un maestro en el saqueo de las arcas municipales, tenían a mano al mejor de todos. Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la 'trama Malaya', había convertido Los Alcázares en uno de sus principales centros de interés, al ser el lugar en el que invertía una parte importante del dinero sucio que supuestamente obtenía en Marbella. En esta localidad marmenorense tenía una de las joyas de su vastísimo patrimonio inmobiliario -la lujosa finca La Loma-, promovía dos complejos urbanísticos de lujo -Nueva Ribera Golf y Nueva Ribera Beach- y había levantado un hotel de cuatro estrellas.
Roca, quien mantenía una estrecha relación con el arquitecto municipal Ayuso, con quien parecía comportarse de la misma forma que un jefe lo haría con un empleado, aportó en su última comparecencia en el juzgado de San Javier algunos detalles de las reuniones que mantuvo con el antes alcalde Escudero en su despacho oficial, así como la forma en que éste le asesoró acerca de algunos negocios, como el referido establecimiento hotelero. Circunstancias llamativas, teniendo en cuenta que, en los albores de la 'Operación Malaya', el ex primer edil comenzó negando que conociera a Roca, más tarde dijo que alguna vez lo había saludado como vecino que era de Los Alcázares, luego admitió que lo había visto durante una viaje oficial a Marbella...
Si el 'jefe malayo' sirvió de inspiración o no a estos servidores públicos de Los Alcázares sólo ellos lo saben, pero lo cierto es que el 16 de enero del 2008 un espectacular operativo de la UDEF-BLA -la misma unidad que había puesto patas arriba la ciudad de Marbella- tomaba el Consistorio alcazareño y practicaba varias detenciones, con el ex alcalde a la cabeza. 'Operación Ninette' fue bautizada la redada contra la corrupción, por aquello del señor de Murcia.
No tardó mucho en trascender que el arquitecto municipal Mariano Ayuso había acumulado un impresionante patrimonio: 38 bienes inmuebles urbanos -chalés, pisos de hasta 230 metros cuadrados, locales...- y dos fincas rústicas, todo ello por un valor catastral de 5.746.129 euros (unos 960 millones de pesetas), aunque los expertos advertían ya entonces de que para conocer el valor real de estas posesiones habría que multiplicar esa cantidad por cinco o por seis. Así, esas posesiones inmuebles valdrían un mínimo de 30 millones de euros (5.000 millones de pesetas).
También le fueron intervenidos un todoterreno Cadillac Escalade (cuesta unos 80.000 euros), un Alfa Romeo 33, un Mercedes CLK (de 45.000 a 50.000 euros), un Audi A3, un Mercedes MB, un Mercedes CL, un Volkswagen Cabrio, un Audi A4 y un BMW 120 D, además de las motocicletas Aprilia Clasic 50, Yamaha YQ y una Harley Davidson.
No iba descalzo, desde luego, Mariano Ayuso.
A Escudero también le iba bien
Veintidós fincas adquiridas
Igualmente trascendió en su día un informe de los inspectores de Hacienda y los especialistas de la UDEF-BLA -desvelado por 'La Verdad'-, que ya alertaba de que las cuentas del núcleo familiar formado por Juan Escudero y su esposa, la también imputada Aurora de la Concepción Martínez Zapata, no cuadraban. Así, indicaba que entre los años 2001 y 2005 tuvieron unos ingresos declarados de 613.224 euros (algo más de 100 millones de pesetas) y que sin embargo tuvieron que afrontar gastos por importe de más de un millón de euros (casi 167 millones de pesetas). Y ello, insistían los expertos policiales, sin haber llegado a contar «los gastos corrientes de la unidad familiar (alimentación, vestido, calzado, agua y luz, enseñanza, asistencia sanitaria, seguros de automóviles e inmuebles...) y cualquier otro pago que soporta una familia en su vida diaria».
Los doce bienes inmuebles, propiedad de Escudero, que fueron analizados por los agentes de la UDEF-BLA estaba valorados por el Catastro en 539.841 euros, aunque el criterio de los expertos, se insiste, es que para conocer su valor real hay que multiplicar por cinco o por seis. O sea, en torno a los tres millones (500 millones de pesetas).
La defensa de Escudero, coordinada por el letrado Aurelio Llanes Castaño, presentó entonces un informe pericial de parte con el objetivo de desacreditar la labor de los expertos fiscales y policiales. Un documento que reseñaba aparentes errores de bulto, como, por ejemplo, el hecho de que el informe de Hacienda estableciera que los ingresos del año 2001 consistían en 80.530 euros, a los que había que sumar otros 60.101 euros por préstamos. La suma de ambos, según Hacienda, es de 103.207 euros, cuando parece evidente que debe ser 140.631 euros.
Lo mismo ocurría en el año 2002, cuando un ingreso de 81.027 euros y un préstamo de 71.520 ofrecía para los inspectores fiscales la suma de 119.767 euros para Hacienda, cuando debe ser 152.547 euros.
Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, posteriores informes de la UDEF-BLA insisten ahora en que el patrimonio acumulado por el núcleo Escudero-Martínez no se justifica en función de sus ingresos formales.
Esta nueva documentación, que hasta hoy se había mantenido bajo secreto sumarial, está en poder de este periódico y ofrece nuevas revelaciones sobre los bienes que atesoraba el ex alcalde socialista.
En concreto, el informe 73.208/09 analiza la documentación intervenida en la vivienda y la academia de enseñanza de Escudero y su mujer, entre la que se encuentra la citada carpeta 'R-02-02-030', que contiene todos los protocolos (copias simples) sobre las operaciones de compraventa de fincas en las que ha participado el matrimonio.
Es en base a esta documentación como los especialistas llegan a la conclusión de que, entre los años 1991 y 2007, el ex alcalde y su esposa «participaron al menos en 35 operaciones inmobiliarias, 34 de las cuales tuvieron lugar entre 1991 y 2004, adquiriendo un total de, al menos, veintidós fincas, y enajenando dos».
Además destacan el hecho de que participaran en la ampliación del capital social del colegio Las Claras del Mar Menor, aportando 42.000 euros. El resto de los protocolos analizados corresponden a la constitución de préstamos hipotecarios.
«De acuerdo con los importes de adquisición 'declarados' (ya que al menos en dos de los casos el precio no concuerda con el protocolo notarial o anotaciones manuscritas sobre el mismo), el montante total desembolsado ascendería a 840.672 euros. Por otro lado, lo recibido en concepto de préstamos suma 983.506 euros y, asimismo, la unidad familia ingresa 109.901 euros por la enajenación de dos fincas en 2000 y 2001», se recoge en el mencionado informe policial.
Y se añade: «Conforme a las tasaciones dadas a los inmuebles en el momento en que fueron constituidas las hipotecas de referencia, tan sólo seis de las veintidós fincas objeto de adquisición arrojan un valor de mercado global de 1.359.857 euros, lo que da una idea de la verdadera magnitud del patrimonio inmobiliario de Juan Escudero y su entorno familiar más próximo».
Una circunstancia, se reseña, a la que hay que añadir las conclusiones a las que en su día ya llegara Hacienda, sobre «la divergencia entre la capacidad económica conocida y los pagos e inversiones conocidos de la unidad familiar del ex alcalde de Los Alcázares».
«No deja de sorprender -manifiestan los investigadores- que a una familia que cuenta con cinco miembros y declara unos rendimientos laborales y de actividades económicas anuales en 1999 y 2000 de alrededor de 46.000 y 55.000 euros, respectivamente, se les preste capital por valor de 983.506 euros ya que, tal como se señala desde la Agencia Tributaria, además de satisfacer los gastos corrientes familiares, hay que afrontar los gastos financieros de semejantes inversiones».
Y acaba concluyendo con cuatro circunstancias que les resultan sospechosas, como lo son «la diferencia de ingresos obtenidos y los pagos efectuados entre 2001 y 2005 (además de los señalados 1999 y 2000), la elevada carga hipotecaria soportada por la familia y la parte de renta que destina a la amortización de capital y al pago de intereses, el patrimonio inmobiliario a nombre de la familia, y el uso de dinero B (negro)», que quedaría demostrado «al haber elevado a público adquisiciones por importes inferiores a los valores catastrales de los inmuebles adquiridos».
Una parcela en Torre de Rame
¿Su cuñada es su 'testaferro'?
Si las mencionadas antes son las operaciones inmobiliarias realizadas a nombre del matrimonio, sin más subterfugio que la posible utilización de dinero negro para abonar parte de las fincas, la Policía sospecha en cambio de otras adquisiciones, mucho menos transparentes.
La que más dudas suscita es la que se refiere a la compra de un terreno en Torre del Rame, un resort de lujo con campo de golf, situado a tiro de piedra de las aguas del Mar Menor y que ha sido el proyecto urbanístico estrella del Consistorio alcazareño.
La parcela pertenecía en origen al empresario local José Díaz García, que fue quien se adjudicó las obras de urbanización de Torre del Rame por un importe de 31.727.606 euros, imponiéndose a firmas de la entidad de Sacyr, ACS, Dragados, Ferrovial y FCC.
La citada adjudicación se produce el 6 de mayo del 2004 y, curiosamente, apenas quince días después, el día 21, José Díaz 'trocea' una de sus parcelas en Torre de Rame y vende dos partes (ambas de 432 m2) a la cuñada de Juan Escudero, Piedad Loreto Martínez Zapata; y otras dos parcelas de idéntica superficie a los dos 'lugartenientes' y grandes amigos del alcalde: el edil José Antonio Martínez Meca, conocido como 'Pepote', quien acabó sustituyendo como primer edil a Escudero cuando éste dimitió por las sospechas de corrupción, y a otro ex concejal del PSOE, Sergio Manuel Gil Garre.
El precio de adquisición de cada parcela fue de 72.750 euros, lo que supone que pagaron 166,6 euros por metro cuadrado, un precio «muy inferior al que se estaba pagando en esa época por esos terrenos», reseña la UDEV, que pone como ejemplo el hecho de que el propio Consistorio vendió ese mismo mes otras fincas a entre 420 y 480 euros/m2. «Entre un 252% y un 288% más que el precio pagado por la cuñada de Escudero, Martínez Meca y Gil Garre».
Traducido al lenguaje de la calle, un auténtico chollo.
Los investigadores de la UDEF-BLA sospecharon desde un primer momento que las dos parcelas adquiridas por Piedad Loreto eran, en realidad, del alcalde Escudero y que su cuñada sólo actuaba como 'testaferro'. Un hecho que tenía su lógica, ya que ello habría permitido que los tres amigos pudieran construirse, en su día, sendas viviendas una al lado de la otra, sobre la misma parcela-madre de Torre del Rame, y pudieran disfrutar de su amistad y vecindad.
Pero en materia penal no bastan las sospechas, por muy certera que parezca la especulación. De ahí que siguieran investigando en pos de algún indicio o prueba que permitiera apuntalar esa teoría.
Los añorados datos surgieron examinando la documentación intervenida al propio Escudero, quien en un portafolios de piel marrón guardaba abundante documentación sobre esa operación de adquisición de las parcelas. En concreto, tenía en su poder una copia simple de la escritura de compraventa suscrita entre la mercantil José Díaz García y su cuñada, fotocopias de transferencias bancarias a la cuenta del vendedor, fotocopias de facturas emitidas por José Díaz García a su cuñada Piedad Loreto, fotocopias de cheques y pagarés librados a nombre de este constructor...
Por si eso no resultaba suficiente, los agentes localizaron anotaciones en las agendas personales de Escudero, en las que, junto a otros aparentes pagos mensuales, se recogían otros bajo las siglas SOL CUÑ. Lo que, según la Policía, se referiría a SOLAR CUÑADA, «en alusión a Piedad Loreto y Torre del Rame».
«Tanto estas anotaciones -insisten los investigadores-, como las anteriores y posteriores, parecen evidenciar la titularidad de Escudero sobre las mismas. Especial mención merece el hecho de que esté incluido el mencionado 'SOL CUÑ', que tal y como se indica hace alusión, más que probablemente, a 'SOLAR CUÑADA', y por tanto a la parcela de la que Piedad Loreto es propietaria en Torre del Rame y que, tal y como se apuntaba, pertenecería realmente a Juan Escudero».
¿Tenía alguna razón, algún motivo de agradecimiento, el empresario José Díaz para venderle al alcalde y a sus dos 'lugartenientes' unas parcelas a tan buen precio?
Pues, al margen de que el Ayuntamiento le hubiera adjudicado las obras para urbanizar Torre de Rame por un importe de más de 30 millones de euros, quizás también el hecho de que, a posteriori, se aprobaran por el Ayuntamiento dos modificaciones del presupuesto, por importe de otros casi 16 millones, para mejorar la calidad de las obras.
¿Más todavía? Pues quizás el dato de que, aunque se comprometió a tener lista la urbanización en el plazo de 18 meses -una 'promesa' que le valió la adjudicación del contrato-, al cabo de cinco años aún no hubiera acabado las obras y que, encima, el Consistorio no lo sancionara. Pero, bueno, toda ésta es otra historia.
L a carpeta bautizada como 'R-02-02-030', perteneciente a la 'Caja 16' con documentos intervenidos en los numerosos registros que se practicaron con motivo de la 'Operación Ninette', contiene una exhaustiva relación de todo el patrimonio inmobiliario acumulado por el ex alcalde de Los Alcázares, el imputado Juan Escudero Sánchez. O, mejor, sobre todas las propiedades que figuran a su nombre o al de su esposa, Aurora de la Concepción Martínez Zapata. Cosa distinta es el que además pudiera tener a nombre de otras personas, como su cuñada Piedad Loreto Martínez Zapata, acerca del cual los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) ya tienen algunos valiosos datos.
* La Verdad - 4.04.10
Foto: Los Alcázares (Murcia), ayuntamiento - EFE, laverdad.es
'Caso Gurtel': Una mancha en cuatro autonomías
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ELPAÍS* : Francisco Correa hizo negocio con su red de empresas gracias a su amistad con dirigentes del PP que gobernaban en una decena de Administraciones. Por un lado, lograba a dedo numerosos contratos de servicios; por otro, intermediaba en adjudicaciones de obras o de suelo a favor de empresarios amigos y cobraba comisión. Para alimentar estas dos vías de negocio, sobornaba a políticos del PP. La rapiña al erario público que Correa perpetró durante más de diez años mancha a cuatro autonomías.
COMUNIDAD DE MADRID Contratos a trozos
El Gobierno de Esperanza Aguirre fue un chollo para Correa. La red corrupta logró cientos de contratos a dedo para montaje de actos institucionales que ordenaba el ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre Alberto López Viejo. Algunos de los contratos se troceaban para evitar que su coste superase los 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso.
El PP de la Comunidad de Madrid pagó a la trama corrupta algunos de sus actos electorales de 2003 y 2004 con cargo a los fondos aportados por empresas privadas a su fundación Fundescam, según los archivos encontrados en un piso de seguridad que utilizaba la trama.
Los ex alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte adjudicaron contratos a las empresas de la trama y favorecieron con obras o suelo a constructoras que, como contrapartida, pagaron comisiones ilegales, según la investigación.
COMUNIDAD VALENCIANA Empresas pagan actos electorales
Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba en exclusiva los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana, cobró al menos 6,3 millones en dinero negro, según la investigación judicial. Además, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana pagaron supuestamente actos electorales del PP: Lubasa, Sedesa, Piaf, Facsa y Ortiz e Hijos, según un informe policial. Desde el Gobierno regional se adjudicaron más de 40 contratos a dedo a Orange Market, cuyo principal responsable hizo regalos de todo tipo a los dirigentes del PP, entre ellos Francisco Camps y Rita Barberá, según documentos del sumario.
La trama corrupta regaló trajes a Camps; a Victor Campos, ex vicepresidente; a Ricardo Costa, ex secretario general; a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y a Pedro García, ex director general de la televisión autonómica valenciana. García adjudicó a una constructora leonesa, Teconsa, el contrato de sonorización e instalación de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia por seis millones de euros. Teconsa, que no sabía nada de sonorizaciones, subcontrató el trabajo por tres millones a empresas especializadas y el resto se lo repartió con Correa, según la investigación judicial.
CASTILLA Y LEÓN Las comisiones por un tramo de carretera
La documentación sobre la adjudicación de la obra de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa apareció en el registro de la sede principal de la red Gürtel junto al reparto de comisiones. El 3% del valor de la obra enriqueció a políticos y al cabecilla de la trama, según esa documentación que, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha destapado la supuesta implicación del entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, hoy presidente del Parlamento de Castilla y León. Fernández Santiago aún no ha sido imputado.
GALICIA Facturas falsas
Documentos incautados en una caja de seguridad de una sucursal bancaria de Pontevedra a nombre de Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP de Galicia, apuntan a la emisión de facturas falsas para justificar gastos electorales del PP y hasta 5,9 millones de euros pagados en dinero no declarado a Hacienda. El 47% de los actos del PP en aquella época se financiaron en dinero negro, según un informe policial. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos".
PP NACIONAL Álvarez-Cascos y Bárcenas
El PP nacional aparece salpicado por las andanzas de Correa, que tenía trato especial, según él mismo ha confesado, con quien fue secretario general del partido y ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con Bárcenas, el tesorero, y con el que fue secretario de Acción Electoral, Jesús Sepúlveda.
Bárcenas cobró supuestamente comisiones ilegales de la trama corrupta. Correa declaró al juez Garzón que Álvarez-Cascos le dio el contrato de AENA, ente público dependiente de Fomento. El montaje y desmontaje de pabellones de AENA en ferias de turismo fue adjudicado a dedo o por concursos restringido a empresas de la trama corrupta durante la etapa en que al frente de Fomento estaba Álvarez-Cascos. El ex ministro niega haber dado trato de favor a Correa y no está imputado de momento. Sepúlveda cobró supuestamente comisiones ilegales por sus favores a la red corrupta, primero desde el PP nacional y luego desde su cargo de alcalde de Pozuelo, según la investigación.
* ELPAIS.com - 4.04.10
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
Málaga suspende en zonas verdes
SUR* : Málaga sigue estando muy verde en dotación de zonas ajardinadas. La explosión de ladrillo y cemento registrada en las últimas décadas no ha ido acompañada de una apuesta decidida por espacios al aire libre que sirvan de esparcimiento a los ciudadanos; un déficit que juega en contra tanto de la sostenibilidad del territorio como de la calidad de vida de los habitantes. Y es que la cuestión no es baladí.
Como advierten los ecologistas, los árboles tienen «un elevado valor multifuncional». No sólo vertebran lugares de ocio. Su importancia va mucho más allá. Contribuyen a la regulación del ciclo del agua, protegen las tierras de inundaciones, frenan los procesos de erosión y desertificación, generan oxígeno y ayudan a salvaguardar la biodiversidad de especies de fauna y flora.
Sin embargo, y pese a su importancia, en la paleta del paisaje urbano de Málaga sigue predominando la tonalidad gris. Si bien es cierto que en los últimos años se ha dado un salto considerable, también lo es que el ratio de metros cuadrados de zona verde por habitante -cifrado en 6,3 por el Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU)- se mantiene muy por debajo de los 15 m2 recomendados por la Unión Europea, donde la media ronda los 20 m2.
Estamos pues muy lejos del viejo continente y, lo que es más preocupante, ni siquiera alcanzamos el mínimo aconsejado por la Organización Mundial de la Salud, que establece en nueve metros cuadrados por vecino el umbral de masa arbolada requerido para que un territorio sea saludable. Pero el listado de suspensos no acaba aquí. Queda sumar un tercer 'necesita mejorar' que procede de nuestra propia comunidad autónoma, ya que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) exige que se garanticen los 10,4 metros cuadrados por residente, una meta que desde el ayuntamiento prevén que sea una realidad en 2016, según los cálculos del OMAU.
Mientras tanto, la ciudad se asfixia. Así se recoge en el propio estudio realizado para la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Dicho documento reconoce que los espacios verdes son «imprescindibles para el bienestar físico y emocional de las personas», pero admite que existe un «déficit» de zonas verdes en barriadas con alta densidad de población como es el caso del área de la prolongación de la Alameda, que abarca Cruz del Humilladero, Carranque y Los Corazones.
Los barrios más castigados
La estadística que maneja el OMAU señala que Puerto de la Torre (con apenas 1,20 metros cuadrados de zona verde útil por habitante) es el que tiene menos jardines. Le siguen el sector Rosaleda (Trinidad, Carlinda y Miraflores de los Ángeles) y la ya citada Prolongación de la Alameda, auténticos bosques de hormigón con ratios irrisorios del 1,5 y 1,8 respectivamente. En este escenario, tan sólo dos distritos están dentro de los márgenes que dicta la LOUA. Es el caso de Campanillas y del Centro. El primero encabeza el podio con 32,9 metros cuadrados por vecino; un índice al que sin duda ha contribuido la reciente inauguración del Parque Lineal, un espacio destinado al ocio y el esparcimiento que cuenta con una superficie de dos hectáreas con más de 300 árboles y 21.000 arbustos.
En el caso del Centro se dan varias circunstancias. Por un lado, la presencia de entornos como El Parque, Gibralfaro o los jardines de Pedro Luis Alonso que tiran al alza de la estadística. Y, por otro, el hecho de que tenga pocos residentes (poco más de 80.000 según el padrón). Ambos factores elevan el ratio verde hasta los 11,37 metros cuadrados, el segundo más alto de la ciudad. Eso sí, esta clasificación en la tabla no está exenta de polémica. No en vano, son muchos los expertos que piden que no se contabilice áreas como el Parque a la hora de efectuar las mediciones.
Entre ellos se encuentra Saturnino Moreno. A juicio del director del Observatorio Provincial de Sostenibilidad (proyecto promovido por la Diputación Provincial, la Universidad de Málaga y la Junta de Andalucía), la consideración de zona verde debe cumplir unos criterios de tranquilidad, niveles de ruido y, sobre todo, estar fuera de la dinámica del tráfico, «algo que no ocurre en el Parque de Málaga», puntualiza.
En este sentido, Moreno lamenta que el propio concepto de espacio verde se haya desvirtuado, «ya que muchos de los que se cuentan como tales ni siquiera están insertados en la trama urbana» critica al tiempo que habla de «grandes carencias» y tacha de «pésima» la distribución de las verdaderas áreas ajardinadas. «Por desgracia estamos muy lejos de ser una ciudad sostenible», añade.
En la misma línea se expresa María del Mar Trigo, directora del grupo de aerobiología de la Universidad de Málaga. Al valorar la dotación de espacios verdes de esparcimiento ciudadano utiliza los términos «insuficientes y mal repartidos». Su alegato se centra en que lo ideal es que cualquier malagueño pueda disfrutar de un 'oasis vegetal' sin necesidad de desplazarse más de medio kilómetro desde su domicilio, «algo impensable en barrios como Ciudad Jardín o Pedregalejo», apostilla. «Falta una apuesta por los pequeños jardines de cercanía, unas áreas con gran impacto en la calidad de vida, como han demostrado diversos estudios científicos», sentencia para, acto seguido, reivindicar que no se valore como zona verde urbana una mediana sembrada con palmeras, un parque periurbano como El Morlaco o un recinto de pago como La Concepción.
Si se restan estos enclaves, el panorama es aún más desalentador. «El problema es que no ha habido una previsión y esa mala gestión es ahora difícil de arreglar. Se ha especulado demasiado con el suelo», indica Trigo, quien se queja además de la falta de cultura ecológica. «Estamos a gran distancia de Europa, no sólo porque no ponemos en valor estos espacios sino porque tampoco los tenemos bien cuidados. Sólo se les hace una mera labor de mantenimiento pero no hay un buen calendario de plantación», concluye.
Muy lejos de Vitoria
Son muchas las voces que coinciden en que la ciudad necesita que haya una masa verde más densa para absorber los ruidos, depurar el aire, regular el clima y satisfacer las necesidades de ocio de los malagueños. El portavoz municipal del grupo de Izquierda Unida, Pedro Moreno Brenes, recalca que es «fundamental» que se aumente tanto el ratio por habitante como la calidad de estos espacios ya que, según precisa, Málaga no llega a tres metros cuadrados de zona verde por habitante si se obvian del cómputo las áreas verdes periurbanas como los Montes o La Concepción, «mientras que Vitoria alcanza los 21 metros cuadrados», sostiene.
A nivel nacional Vitoria puede presumir de ser la ciudad más sostenible en equipamientos verdes seguida de Logroño (18,3), Pamplona (16,9), Madrid (15,9) o Santander (14,9). En Europa, Bruselas es el mejor referente, con la friolera de 40 metros por cabeza. Las comparaciones, como advierte el refrán, son odiosas. Eso sí, todo depende del referente y, en esta línea, el director del OMAU (Observatorio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Málaga), Pedro Marín, prefiere contrastar la tasa de Málaga (6,3) con la de otras grandes ciudades como Barcelona (7,7), Valencia (7,31) -«ambas con índices parecidos al nuestro»- o Sevilla, «a la que incluso superamos con un 5,35».
Fuerte evolución al alza
Siguiendo con el optimismo, Marín anima a ver el vaso «medio lleno» y recuerda que, pese a que el ratio de 6,3 metros cuadrados por habitante de zona verde útil es la mitad de lo que recomienda la OMS, Málaga ha experimentado un importante avance en la última década. «Si se echa la vista atrás, en 1995 había 1,3 metros cuadrados por vecino, una cifra irrisoria que hemos multiplicado. Aún no estamos en los 15 metros ideales que plantea la UE, pero tenemos ratios similares a otras grandes urbes y, además, el 60% de la población puede disfrutar de un espacio verde a menos de 300 metros de su domicilio», defiende.
Números aparte, lo verdaderamente importante es la incidencia de estas cifras sobre la salud. Al respecto, Francisco Casas -presidente de la Asociación de Neumólogos del Sur (Nemosur)- insiste en que las enfermedades respiratorias tienen mayor prevalencia en áreas donde hay más contaminación, una circunstancia estrechamente ligada a la presencia de zonas verdes, «que son el pulmón de las ciudades», indica, «ya que depuran el aire mejorando su pureza». En este sentido subraya que la recomendación de la OMS no es arbitraria, «sino que marca los niveles por debajo de los cuales se generan efectos dañinos sobre la salud».
* SUR . 4.04.10
Foto: Málaga es un bosque de hormigón con menos de un tercio de la proporción de zonas verdes por habitante que recomienda la Unión Europea:: SUR
Alcoy: El TSJ desestima el recurso de la edil de Urbanismo contra la multa sobre La Rosaleda
LASPROVINCIAS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado, en un nuevo auto relacionado con el caso de La Rosaleda de Alcoy, las alegaciones de la edil de Urbanismo, Eugenia del Castillo, contra la multa de 1.500 euros impuesta el pasado mes de enero. Y es que el alto tribunal reitera que, al menos hasta el 29 de septiembre de 2009, el Ayuntamiento alcoyano no había avanzado adecuadamente en la ejecución de la sentencia que en el año 2005 obligó a reponer la zona verde destruida.
El TSJ manifiesta que «el Ayuntamiento de Alcoy ha adoptado una actitud renuente al cumplimiento de la sentencia; al principio, omitiendo puramente la actividad correspondiente; luego pretextando un proyecto manifiestamente contradictorio con la ejecutoria y con el que pretendía encubrir su desatención; al final planteando un incidente de imposibilidad de ejecución que rozaba la temeridad procesal». Además, añade que «ha sido que la concejal de Urbanismo no ha promovido, al menos desde la firmeza de la sentencia hasta el 29 de septiembre de 2009, iniciativa alguna digna para cumplirla lealmente; antes bien, lo demostrado por el Ayuntamiento es su intención de sustraerse al mandato de este órgano judicial mediante argucias, dejar las cosas como están en definitiva, un supuesto sin duda de insinceridad de la desobediencia disimulada por parte de los órganos administrativos que se traduce en cumplimientos defectuosos o puramente aparentes, o en formas de inejecución indirecta».
Por otra parte, la Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció desmiente las declaraciones vertidas por del Castillo, en las que aseguraba que no había contestado a la invitación del Consistorio para formar parte del jurado que valorará los proyectos presentados para remodelar La Rosaleda. La Carrasca informa que el pasado 24 de febrero «respondimos con unas alegaciones en las que exponíamos los graves defectos de las bases del concurso y manifestábamos que no podían convalidar el concurso de proyectos con su participación si no se corregían antes los defectos denunciados».
El portavoz del PSOE de Alcoy, Antonio Francés, anuncia que el próximo martes se reunirá el jurado para conocer las cinco ofertas presentadas para remodelar La Rosaleda, y como representante de la oposición, avanza que «intentaré evitar cualquier intento más del PP para dilatar el cumplimiento de la sentencia».
* Las Provincias - 4.04.10
Foto: Alcoy, protesta en La Rosaleda (archivo) - diarioinformacion.com
Miembros de Salvemos Las Rozas vierten agua fecal contra el Plan de Urbanismo
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ECODIARIO/Madrid* : Activistas de la asociación Salvemos Las Rozas han vertido hoy aguas fecales ante la puerta del Ayuntamiento y han repartido billetes falsos de 500 euros, para protestar por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que tramita el municipio. Aseguran que el PGOU -pendiente de aprobación definitiva- prevé duplicar el número de habitantes de Las Rozas, de 85.000 a 160.000, lo que, a su juicio, supondrá una "masificación" y "pérdida de calidad de vida".
Con las aguas fecales han querido simbolizar la situación que viven los vecinos, mientras que con los billetes de 500 euros han aludido al "dinero negro de los especuladores".
Además, aseguran que en Las Rozas existen de verdad "vertidos fecales que contaminan todos los cauces de los arroyos, debido a que los colectores están rotos y las depuradoras saturadas".
Los miembros de esta asociación acusan al Ayuntamiento de "ayudar a los especuladores de suelo", de practicar un "urbanismo depredador" y de "incumplir las directivas europeas de saneamiento".
Con su campaña "Stop Urbanismo Fecal: ni un ladrillo más, ni un vertido más", pretenden conseguir "la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.
Tras la protesta, los activistas han celebrado una sesión informativa pública y han recogido alegaciones firmadas por los ciudadanos.
* EcoDiario - EFE - 3.04.10
Foto: ecodiario.eleconomista.es
Numerus clausus
MANUEL ALCÁNTARA* : Por fortuna, el señor Matas, ex virrey de la isla del tesoro, dispone de dinero suelto. Podrá pagar los tres millones de euros que le piden para eludir la prisión y además dejar alguna propina. El ex prohombre balear ha sabido administrarse. ¿Qué importa que se le imputen doce delitos vinculados a la corrupción política? A él parece que no le atañe su vida futura, cubierta de deshonor, ya que ha sabido ganarse la de antes. ¿Qué se debe?, ha preguntado.
Para evitar que sigan reproduciéndose casos semejantes, el PP y el PSOE traman un pacto para que sus numerosísimos cargos no se corrompan. El cupo de golfos mutuos está cubierto. Como en los autobuses cuando se pone el letrero de «completo», no cabe nadie más, sin contar a los que viajan en el estribo. La nueva regulación del pasaje, para que no se peleen unos sinvergüenzas con otros, aspira a sustituir a los políticos por técnicos en las comisiones de urbanismo. También quiere hacer auditorías externas en las corporaciones locales y prohibir los regalos. Todas estas medidas póstumas se deben a que ya no quedan asientos libres en la guagua política. El número de vividores del tinglado excede con mucho la capacidad del circo y más acomodadores que público. No sabemos si servirá de algo publicar las retribuciones de los cargos autonómicos, pero sabemos que hay cargos autonómicos que no sirven para nada. Con nuestro pan se lo coman y de algo tienen que vivir. Lo lamentable es que sean tantos los que hayan elegido el mismo sistema de vida.
* Diario de León - Opinión - 4.04.10
Barcelona: 200 pisos sociales aún no han sido entregados a los 3 años del sorteo
ELPERIÓDICO* : Al menos 204 pisos protegidos de alquiler para jóvenes todavía están vacíos después de que fueran sorteados hace más de tres años en un acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona. Los retrasos en la construcción y la lentitud burocrática han hecho que los jóvenes que ganaron en el bombo el derecho de vivir en un piso con alquiler reducido hayan vivido desde el 2007 con la incertidumbre de no saber cuándo podrán entrar a su nueva vivienda.
Dos promociones de pisos en Barcelona todavía no cuentan con inquilinos: el bloque de 125 pisos de alquiler de la calle de Química con Gran Via (que estará completamente acabado la semana que viene) y otro de 25 viviendas de la calle de Ramon Turró con Bilbao, en el que los vecinos ya entraron a escoger sus pisos en enero pero todavía desconocen cuándo podrán entrar.
Una tercera promoción, recién estrenada en diciembre y también de alquiler para jóvenes, en la calle de Favència, 298-310, tiene vacías 46 de sus 74 viviendas, aunque Adigsa, empresa pública de la Generalitat, asegura haberlas asignado en su totalidad. La empresa ha tenido que contratar a unos guardias de seguridad que permanecen en uno de los pisos vacíos para evitar que las viviendas sean ocupadas.
Además de estos casos, una cuarta promoción de pisos de compra en la calle Pallars con Diagonal aún cuenta con ocho pisos de propiedad para minusválidos que no han podido ser asignados porque ninguno de los afortunados acreditaba tener ingresos suficientes para hacer frente al piso protegido. Los adjudicatarios, la mayoría con pensiones por discapacidad, debían pagar unos 1.200 euros de hipoteca por esos pisos, equivalente en muchos casos a la totalidad de sus ingresos. Las duras condiciones explican por sí solas la desocupación de las viviendas. En esa misma promoción, adjudicada por la inmobiliaria Espais, también hay pisos vacíos para el público general, según los vecinos, aunque el ayuntamiento asegura que han sido adjudicados y que se encuentran en el proceso de entrega de llaves.
LAS LLAVES, EN JUNIO/ El Incasol, la empresa pública de la Generalitat promotora de las promociones de alquiler vacías, explicó que en el bloque de la calle de Química se encontraron con múltiples problemas con las tuberías y cables eléctricos que atravesaban el terreno y complicaron las obras. En el segundo caso, también reconoce un retraso en la ejecución de la obra por la construcción de un párking municipal en los terrenos cercanos. En ambas promociones, Adigsa, la empresa pública encargada de las adjudicaciones, ha prometido la entrega de pisos en el mes de junio.
Los afectados de las tres promociones del Incasol aseguraron a este diario que no han recibido ninguna respuesta lógica de los retrasos por parte de la Administración. Desde hace un año, las fechas de entrega se van corrigiendo y aplazando. «Siempre recibimos una respuesta negativa y una pésima atención. Nunca nos responden. Nunca saben cuál es el problema ni cuánto falta para entregar las llaves. No sabemos nada de nada», explica una afectada de la promoción de la calle de Química, que está organizando una marcha de protesta.
EXCLUIDOS SOBRE LA MARCHA / La tardanza en la entrega ha hecho que muchos jóvenes que cumplían con los requisitos de ingresos mínimos y máximos en el momento del sorteo, hace tres años, ahora no puedan acceder a los pisos. Algunos se han quedado en paro y no pueden acreditar la percepción de ingresos. Otros han mejorado su situación laboral y superan los límites.
Adigsa ha explicado que se volverán a revisar los ingresos pero aceptará a los ganadores que ahora superan los 35 años, aunque en el sorteo estaban por debajo de esa edad máxima.
Los afectados de la calle de Química aseguran que de los 125 pisos adjudicados hace tres años, tan solo 66 están confirmados en las listas definitivas. El resto puede ser excluido por no cumplir ya los requisitos de la adjudicación.
* El Periódico - 1.04.2010
Foto: Barcelona, bloque viviendas protegidas (archivo) - elpais.com
Una juez imputa a la ex alcaldesa de Estepona por corrupción
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ELPAÍS/Málaga* : Poco a poco, los juzgados tratan de desentrañar la forma en la que el endeudado Ayuntamiento de Estepona (Málaga), centro de uno de tantos casos de corrupción municipal en 2008, se ha quedado sin dinero ni propiedades. La penúltima causa estudia la venta de parcelas municipales, por la que el ayuntamiento andaluz habría dejado de ingresar 6,4 millones.
La cifra podría aumentar conforme avance la instrucción, ya que la juez Isabel Conejo, titular del Juzgado número 5 de Estepona, ha recibido informes de otras operaciones urbanísticas que elevarían las pérdidas a 17,3 millones.
Las primeras diligencias han acarreado la citación para declarar como imputados del ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta, la edil Rosa Díaz, miembro del actual equipo de gobierno de David Valadez (PSOE), y el abogado Francisco González Valdés.
Las ventas investigadas se hicieron a través de la sociedad municipal Servicios Estepona XXI, S. L., de la que eran liquidadores el antiguo tesorero, hoy jubilado, y el abogado; Rosa Díaz era alcaldesa del municipio con el Partido Popular en 2002, año en el que se cerraron las operaciones.
La imputación de Díaz supone un nuevo sobresalto y motivo de desequilibrio en el ya inestable equipo de gobierno municipal, formado por una coalición de varios partidos en minoría y presidida por el socialista David Valadez. La concejal, de vacaciones estos días en Marruecos, asegura que todavía no ha recibido citación alguna, pero que está "tranquila", según fuentes municipales.
El antiguo tesorero, Félix Domínguez Pimienta, mostró ayer la "alegría" de que "por fin se aclare el tema en los juzgados". Atribuyó la denuncia a su enemistad con el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa de corrupción municipal, y con Juan Manuel de Hoyos, el liquidador municipal que lo sustituyó. "Nosotros [Francisco González Valdés y Feliz Domínguez Pimienta] no tenemos nada que ver con las valoraciones de los terrenos", explicó.
El ex regidor Antonio Barrientos y Juan Manuel de Hoyos, que declaró como testigo hace unos meses, llevaron las operaciones a la Fiscalía en noviembre de 2006. Fuentes cercanas al caso aseguran que la investigación judicial no se reactivó hasta 2009, después de que Guillermo Álvarez Rato, abogado que trabaja con De Hoyos, se reuniera con la Fiscalía Anticorrupción y volviera a poner esas operaciones sobre la mesa. De Hoyos niega tener nada que ver. "Fue la Fiscalía quien lo rescató y lo llevó al juzgado", dijo ayer.
Las operaciones se detallan en un informe que De Hoyos presentó el 21 de enero de 2004 a la sociedad municipal afectada. El documento recoge la venta de cinco parcelas urbanizables -que suman 27.508 metros cuadrados- a través de Servicios Estepona XXI, S. L., en proceso de liquidación, y que fueron transferidas por el Ayuntamiento esteponero antes de ofertarlas.
Los solares se publicitaron el 9 de agosto de 2002 en un periódico deportivo; se interesaron por ellos tres empresas en las que se repetía el administrador. Finalmente, las parcelas, situadas en el Camino de la Resinera, fueron adquiridas por 4,1 millones. Según la valoración del arquitecto Germán José García Zumaquero, encargada por el liquidador, su precio de mercado aquel año era de 10,5 millones, es decir, más del doble.
Durante su declaración ante la juez, De Hoyos se ratificó en sus informes y le facilitó la documentación de tres casos más. En total, las operaciones por terrenos acarrearon una pérdida de nueve millones, y aquellas en la que lo que se vendía eran aprovechamientos urbanísticos, de 8,3 millones. Estas grandes diferencias hicieron que De Hoyos, que en el momento de la venta no ejercía como liquidador de las sociedades, solicitara un informe jurídico al abogado Guillermo Álvarez Rato en el que se destaca que las transacciones "no se ajustan a derecho".
El letrado aconsejó ejercer acciones penales contra los anteriores liquidadores y los compradores, que se declararan nulas las ventas y reclamar los daños y perjuicios causados. El actual equipo de gobierno recibió los informes a finales de 2008 y se comprometió a estudiarlos. El asunto no ha prescrito, según De Hoyos, por lo que el dinero podría volver a las maltrechas arcas esteponeras. La deuda municipal total está estimada en 160 millones de euros.
* ELPAIS.com - 2.04.10
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
Piden la intervención de los ayuntamientos que no cumplan con el urbanismo
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ELMUNDO/Málaga* : El presidente de la Audiencia de Málaga, Francisco Javier Arroyo Fiestas, considera que los ayuntamientos que no están ejerciendo las funciones asignadas en materia urbanística "de alguna manera deberían ser intervenidas sus competencias por parte de la Junta de Andalucía".
Asimismo, Arroyo Fiestas señaló que "en el momento en que se esté iniciando una construcción ilegal y si estamos detectando que los ayuntamientos son incapaces de pararlo, la Junta de Andalucía debería tener legalmente un sistema para paralizar ese tipo de obras de inmediato".
No obstante, el magistrado precisó, a través de una entrevista concedida a Europa Press, que "no es que los ayuntamientos estén exentos de todo tipo de culpa", porque, a su entender, éstos "han transigido con muchas infracciones urbanísticas".
Para Arroyo Fiestas, "no toda infracción urbanística debe terminar en la jurisdicción penal", aunque admitió que "también es verdad que con el Código Penal en la mano esto sí puede ocurrir". "Qué habría que reformar?, el Código Penal", apuntó el presidente de la Audiencia.
Además, consideró que "habría que potenciar la jurisdicción contencioso-administrativa y las competencias urbanísticas de la Junta de Andalucía y, aparte de incrementarlas, que se ejerzan".
Dijo que "cuando detrás de un problema urbanístico hay corrupción económica, ese asunto debe verse por la vía penal, porque es un delito y así lo exige la ciudadanía", aunque señaló que "hay ocasiones en los que el ayuntamiento ha intentado de alguna manera promocionar económicamente su pueblo, que haya mayor número de gente trabajando y atraer mayor número de residentes".
Entonces, entendió que "la respuesta a los problemas urbanísticos debería venir de la Junta de Andalucía y, en su caso, de los juzgados de lo contencioso", que, apuntó, "están colapsados", mientras que "la respuesta que da la jurisdicción penal es más rápida y contundente".
* El Mundo - 1.04.10
Foto: Axarquía (Málaga), casas diseminadas - sur.es
Galicia: Legalización de viviendas al margen de la norma y de 1.200 naves en terreno rústico
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LAVOZDEGALICIA* : La reciente revisión de la Lei do Solo, que será la última antes de la elaboración de un nuevo marco que sustituirá al que se aprobó en diciembre del 2002, no solo establece medidas para normalizar las urbanizaciones que fueron construidas sin licencia. La decisión del Gobierno Feijoo de decantarse por facilitar una salida a las situaciones irregulares, en lugar de avanzar por la vía punitiva, también beneficiará a los propietarios de viviendas sin licencia y a los de naves industriales que fueron levantadas al margen de la ley.
En el caso de las viviendas que están fuera del marco urbanístico, la reforma legislativa habilita un plazo de dos años para una regularización que, además, requerirá de un pago por parte del propietario. Estos condicionantes, que fueron pactados en la ponencia parlamentaria en la que finalmente no cristalizó el acuerdo inicial entre populares y socialistas, matizan la lectura de que la norma podría permitir una amnistía generalizada de las construcciones fuera de ordenación. La ley abre un cauce para regularizar esas viviendas, pero no implicará una legalización automática.
Los dueños de esas casas anteriores al 2003 no podrán realizar obras de consolidación ni ampliación, porque solo estarán permitidas aquellas que se consideren imprescindibles para su mantenimiento.
Instalaciones industriales
La Xunta calcula que las medidas incorporadas a la Lei do Solo para legalizar asentamientos industriales construidos en suelos que nunca se desarrollaron urbanísticamente o en suelo rústico de uso común pueden favorecer a unas 1.200 naves diseminadas en 45 concellos. Al igual que sucede con las urbanizaciones residenciales sin licencia, la inclusión de esas instalaciones en un ámbito de suelo urbanizable queda supeditada a que sus propietarios urbanicen el entorno y lo doten de los servicios básicos necesarios.
Con estas medidas, la cuarta reforma de la Lei do Solo sumará miles de viviendas y naves industriales, y decenas de urbanizaciones, al proceso de regularización que en su día permitió legalizar 34.000 granjas. La redacción original de la norma urbanística 9/2002 dejó todas esas construcciones fuera de la ley.
* La Voz de Galicia - 2.04.10
Foto: Barreiros (Lugo), costa - mma.es
Teruel: La ciudad está rodeada de 832 casas ilegales, y el problema va en aumento
HERALDO* : La edificación ilegal continúa activa en el entorno de Teruel, a pesar de los sucesivos intentos del Ayuntamiento para frenar este fenómeno, el principal problema urbanístico de la ciudad. Según un censo que acaba de realizar la Gerencia de Urbanismo, en la periferia urbana existen actualmente 832 edificaciones ilegales levantadas sobre suelo no urbanizable. En la gran mayoría de los casos se trata de segundas residencias.
Las principales concentraciones se registran en las zonas de la carretera de Castralvo y la vega del Alfambra. Según indicó el concejal de Urbanismo, Luis Muñoz, durante la realización del inventario se pudo comprobar que la construcción de chalés irregulares sigue activa. La proliferación de casas ilegales es más intensa al sur de la ciudad, aunque también presenta núcleos importantes al oeste, en torno a la carretera de San Blas y La Muela, y al norte.
La elaboración del censo conlleva la imposición de sanciones por edificación ilegal si las infracciones no han prescrito -en febrero de 2009, la Gerencia tramitaba 78 expedientes sancionadores- y es el primer paso para acometer procesos de regularización, cuando sean viables. El Ayuntamiento ha mantenido desde el principio la voluntad de no acometer demoliciones, aunque algunas edificaciones, sobre todo las construidas en suelo no urbanizable protegido, quedarán fuera de ordenación y sin posibilidad de ser reformadas ni mejoradas.
Muñoz advirtió de que, una vez que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, los dueños de las viviendas ilegales tendrán un plazo improrrogable de tres años para presentar planes de regularización de las distintas zonas de construcción ilegal. Estos documentos deben contemplar la creación de una red viaria, la eliminación de las fosas sépticas de vertidos y las cesiones de suelo obligatorias. Además, los propietarios deberán costear las obras de urbanización.
El edil señaló que la iniciativa de los planes de regularización urbanística corresponde a los propietarios, aunque consideró que será "difícil" que esta fórmula prospere. Luis Muñoz añadió que si los dueños de las fincas no dan este paso será el Ayuntamiento el que tome la iniciativa y delimite las zonas de intervención.
Luis Muñoz explicó que, de acuerdo con la Ley de Urbanismo de Aragón recientemente aprobada, la Dirección General de Urbanismo de la DGA elaborará en cuatro años un censo de edificaciones ilegales. En el caso de Teruel, podrá aprovechar el catálogo que acaba de redactar el Ayuntamiento, donde se hacen constar las superficies de las parcelas, las características de la construcción, titularidad y fotos de las casas, entre otras informaciones.
El concejal adelantó que en el nuevo PGOU, en tramitación, las zonas de edificación ilegal se catalogarán como suelo urbanizable en lugar de la previsión inicial de englobarlas en el suelo urbano no consolidado. La propuesta inicial recibió muchas críticas por generar agravios comparativos para propietarios que habían cumplido la legislación. Según Muñoz, la fórmula del suelo urbanizable es, además, más flexible para llevar a cabo procesos de regularización.
200 más en las pedanías
El catálogo se ampliará con las viviendas ilegales levantadas en los antiguos términos municipales de las diez pedanías de la ciudad. Según el concejal de Urbanismo, "si no hay sorpresas", el número de edificaciones irregulares en los barrios rurales rondará las 200. Los principales focos se sitúan entre Castralvo y Aldehuela y en el entorno de Villaspesa.
* heraldo - 2.04.10
Foto: Teruel, ayuntamiento - .terueltirwal.es
Polémica por un proyecto hotelero en una playa virgen del litoral de Cádiz
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EUROPASUR* : La plataforma Salvar El Palmar, que cuenta con más de 19.000 adhesiones en internet, convoca este sábado la segunda manifestación sobre el terreno para mostrar su rechazo a la construcción del histórico proyecto hotelero de la playa de Vejer. La primera protesta reunió a apenas 25 personas en una jornada laborable y lluviosa de diciembre.
La nueva convocatoria está organizada desde hace meses para coincidir con un día festivo de Semana Santa y movimiento de visitantes en la costa. Servirá para calibrar la capacidad de movilización de la plataforma más allá de las "firmas virtuales" cosechadas a través de facebook valiéndose de dos fenómenos: la popularidad de la playa vejeriega en todo el país y la total defenestración del ladrillo. En el centro de la polémica está el plan para construir un apartahotel en una parcela de 245.000 metros cuadrados delimitada por el arroyo de Malcucaña, en el extremo norte del núcleo de El Palmar, donde existen varios miles de casas ilegales, y junto al paraje natural de Castilnovo, que, paradójicamente, está protegido por el Ayuntamiento de Conil (IU).
Las dimensiones del proyecto urbanístico de El Palmar se definen en parámetros que ya han sido aprobados por la Junta de Andalucía: el apartahotel tendrá alrededor de 650 apartamentos de lujo en régimen hotelero en varios edificios. Los inmuebles tendrán una altura de dos plantas, bajo más una, y ático en algunos casos. Aunque será uno de los complejos con mayor capacidad de la Costa de la Luz, el proyecto de Malcucaña tiene un índice de edificabilidad de 0,15 (metros cuadrados construidos por cada metro cuadro de superficie); una de las tasas más bajas de la costa, y que además es la exigida por la Administración andaluza para espacios de valor natural y paisajístico, como es el caso de Trafalgar.
Los hoteles estarán separados al menos 200 metros de la costa, tal y como exige la ley, y no taparán el frente litoral, no por voluntad del Ayuntamiento ni de los promotores, sino simplemente por una cuestión de espacio: la parcela es perpendicular a la playa.
El plan no es nuevo. Fue impulsado en 2001 y, desde 2007, cuenta con la aprobación definitiva de la Junta. ¿Por qué surge ahora, sin apenas margen de maniobra, un movimiento organizado en contra? Antonio Morales, portavoz de la plataforma, responde que "es el momento oportuno". "El no al ladrillo es ahora más clamoroso, y el poder de las redes sociales ha permitido articular la reclamación de mucha gente, algo que antes no era posible", razona.
En la página de Salvar ElPalmar en facebook hay una actividad constante. Se cuelgan y comentan artículos periodísticos, cartas, apuntes de blogs, fotos y vídeos. También se venden camisetas con un ladrillo-chancla como logo a 12 euros, y se solicitan donaciones para la campaña. El portavoz de la plataforma explica que hay "un grupo de diez o quince personas más activo" que está sufragando hasta ahora gastos como la organización de una jornada informativa y la edición de un lustroso folleto en el que niegan los supuestos beneficios del apartahotel y se aboga por un desarrollo turístico en torno a pequeñas empresas.
El alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú, que abandera el proyecto, insiste en que hay "intereses económicos" en la plataforma y, como ejemplo, denuncia la ilegalidad de los cortijos turísticos (www.nabu-cortijos.es) que el propio Antonio Morales regenta en El Palmar. "No es serio ni defendible que una persona que tiene un negocio ilegal en El Palmar se oponga a un proyecto que es legal desde todos los puntos de vista", arremete. Y si es ilegal ¿por qué no se decreta su cierre? "Así se hará, pero ahora no es el momento porque parecería una represalia contra la plataforma y no tiene nada que ver con eso", sostiene el regidor. Morales defiende que los inmuebles están en vías de legalización y cuentan con todos los permisos, salvo la licencia municipal. "Lo hemos intentado todo en el Ayuntamiento pero no nos ofrecen solución. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decir que vivimos aquí y alquilar las habitaciones fomentando aún más la economía sumergida?", se pregunta.
En este conflicto hay dos agentes más. Los promotores (Grupo Tarje y Cajamadrid) se mantienen al margen de la bronca y avanzan en la gestión de un plan sellado por la Junta. Y los vecinos, más preocupados por el acondicionamiento del poblado y la legalización de sus casas que por la construcción del hotel, esperan que al menos los comestibles para la manifestación del sábado se compren en El Palmar.
* Europa Sur - 1.04.10
Foto: Representantes de asociaciones de vecinos, padres y madres de alumnos, comerciantes y mayores de El Palmar caminan por la playa. - europasur.es
Las Rozas: Protesta Sábado 3 de Abril contra el PGOU
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SALVEMOSLASROZAS/Madrid* : La asociación Salvemos Las Rozas denuncia que el documento actualmente en exposicion pública, que se propone para aprobación definitiva del PGOU de Las Rozas, es un atentado contra los intereses ciudadanos, un ejemplo de urbanismo salvaje, especulativo y depredador. Esta versión del PGOU es aun más agresiva que la realizada en 2006 en la aprobación inicial, a que aumenta la edificabilidad en los nuevos sectores, añadiendo 11.300 viviendas en vez de 10.000, lo que supone añadir una población de 40.000 habitantes.
Además incluye una enorme depuradora comarcal en suelo protegido de alto valor ecológico del Parque del Rio Guadarrama y dos nuevos campos de golf.
En Las Rozas hay cerca de 6.000 viviendas vacías en la actualidad y otras 2.500 aun pendientes de construir del PGOU de 1994. Estas 8.500 viviendas supondrán ya un aumento de población de más de 30.000, sobre los 85.000 actuales. Si a estas sumamos las nuevas viviendas propuestas en el PGOU nos encontramos con que la población de las Rozas se duplicaria en unos años, pasando de 85.000 a 160.000 habitantes.
Esto supone una masificación y una perdida definitiva y total de la calidad de vida en el municipio, y la consolidación de un modelo altamente insostenible de ocupación intensiva del territorio, contrario a todo criterio de ordenación territorial, especialmente teniendo en cuenta la actual saturación de infraestructuras básicas, especialmente de saneamiento, y la escasez de servicios, como institutos u hospitales.
A su vez la cantidad de viviendas vacias y pedientes de construir subrayan la absoluta injustificación de este nuevo PGOU y sus 11.300 nuevas viviendas. Esto implica un flagrante incumplimiento de la ley estatal de suelo, que exige la plena justifcación de los desarrollos previstos y demanda la DESCLASIFICACIÓN de aquellos suelos urbanizables de anteriores PGOUs que no se hallan urbanizado y que no estén justificados.
Dado que hay 6.000 viviendas vacias en Las Rozas es evidente que no hay demanda de nuevas viviendas. Dado también que las obras en sectores como la Marazuela están paradas desde hace uno o dos años por efecto de la crisis económica y de la carencia de demanda la asociación exige la DESCLASIFICACION como suelo urbano de las parte no construidas del sector de a Marazuela y la no inclusión de nuevos sectores urbanizables.
La inclusión de dos nuevos campos de golf, con la consiguiente demanda de agua es otro ejemplo más de urbanismo insostenible y especulativo.
El PGOU es expresión máxima de todo aquello que el Parlamento Europeo critica duramente en su Informe AUKEN de 2009, sobre el urbanismo salvaje en España, informe en el que insta a la retirada de fondos europeos a España, por el modelo insostenible de desarrollo y las vulneraciones europeas que se cometen a través de él. El PGOU de Las Rozas prevé una enorme planta depuradora en suelo protegido y el municipio incumple las normativas europeas de saneamiento con un sistema de colectores deficitario y tecermundista, por lo que puede contribuir a la retirada de fondos europeos a España.
Tal como afirma el informe AUKEN, ha sido el modelo económico del ladrillo lo que ha inducido la crisis de especial gravedad que se vive actualmente en España, un suicidio económico del pais que se perpetua y se intensifica con este PGOU. La respuesta a la crisis no puede ser más ladrillo, sino la diversificación radical de la economía, anteponiendo ante todo la sostenibilidad ambiental y social.
La asociación lamenta que el ayuntamiento halla hecho oídos sordos a las quejas y alegaciones de cientos de ciudadanos que defendian un desarrollo sostenible, social y medioambiental y que lejos de ello, halla hecho una redacción aun más agresiva que la anterior, destinada a destruir definitivamente el municipio y atentar contra los intereses ciudadanos, la calidad de vida y el medioambiente.
La asociación denuncia también las dificultades a la participación ciudadana que se ha experimentado durante el proceso de aprobación del PGOU y el secretismo con el que el ayuntamiento ha querido sacarlo adelante. La asociación cuenta a eso efectos con un informe del Defensor del Pueblo que denuncia el ocultamiento de información que se produjo
La asociación exige la retirada del PGOU, la eliminación de todos los nuevos sectores urbanizables, de la depuradora comarcal en suelo protegido y de los dos campos de golf previstos, así como la desclasificación de suelo urbano o urbanizable pendiente de desarrollar del PGOU de 1994.
La asociación anuncia acciones legales, por la via contencioso-administrativa y en Europa, principalmente en función de los siguientes motivos:
1. ocultamiento de información en la aprobación inicial y dificultades a la participación ciudadana
2. incumplimiento de la ley estatal de suelo e injustificación de los nuevos desarrollos y necesidad de desclasificar suelo urbanizable.
3. vulneraciones de directivas europeas de saneamiento y espacios protegidos
* * Asociación Salvemos Las Rozas - 1.04.10
Foto: Las Rozas (Madrid), pancarta contra PGOU - salvemoslasrozas.org
Matas, manual del perfecto corrupto
PÚBLICO* : El auto del juez José Castro hecho público el martes revela un abultado número de prácticas que Jaume Matas y sus colaboradores llevaron supuestamente a cabo para enriquecerse ilícitamente con la construcción del velódromo Palma Arena. La Fiscalía Anticorrupción denuncia que lograron desviar ilegalmente 41 millones de euros. Durante la investigación del caso afloró también una presunta financiación irregular del PP. Estas prácticas han llevado al ex ministro de Aznar a estar imputado por todos los delitos de corrupción política que recoge el Código Penal.
1. El consorcio - Un control a la medida
El presidente Matas y su principal colaborador en la trama, José Luis Ballester, Pepote, diseñaron una estrategia para escapar a cualquier organismo de control. Así, crearon uno a su medida, el Consorcio para la Construcción del Velódromo Palma Arena. Lo integraron la Fundación Illesport, el Govern, el Consell Insular de Mallorca y el Ayuntamiento de Palma. Sus representantes nunca se reunieron, a pesar de las 22 actas encontradas. Matas tomaba las decisiones que debía aprobar el Consorcio y Ballester falsificaba las actas de las reuniones.
2. El arquitecto - Elegido ‘a dedo'
En una de esas primeras reuniones fantasma, Ballester propuso contratar al arquitecto Ralph Schürmann alegando que tenía el respaldo de la Unión Ciclista Internacional y que eso facilitaría la concesión a Palma de la organización del Mundial de Ciclismo en pista que se debía celebrar en 2007, tres años después. "La adjudicación a dedo es un acto de meridiana ilegalidad, ya que las razones de urgencia posibilitan legalmente una reducción de los plazos de los distintos trámites, pero no el saltárselos deportivamente", afirma el magistrado en su auto.
3. Cambio irregular - Los amigos de Matas
Fue la Comisión Ejecutiva de Illesport, sin estar facultada para ello, la que prescindió de los servicios de Schürmann alegando que había presentado sólo un 8% de la documentación del proyecto. Illesport puso al frente de la obra a otros dos profesionales que ya habían impuesto desde el principio como colaboradores, los hermanos García-Ruiz, a los que Schürmann describía como amigos de Matas. Cobraron 8,5 millones.
4. La constructora - Obras sin licitación
La trama pretendía enriquecerse encareciendo el precio de la obra a través de expedientes de modificado. Para ello, necesitaba de "un pacto ilícito" con la constructora. A pesar de que era imposible cumplir el plazo de finalización de la obra, la UTE que formaban FCC y Melchor Mascaró concurrió. El juez acusa a Matas de haber pactado todo con el "máximo responsable" de FCC, al que no cita. En aquel momento, el presidente de FCC era el ex portavoz del PP en el Parlamento Europeo Marcelino Oreja. Antes de que se firmase el contrato de adjudicación, el delegado de FCC en Baleares plantea a José Luis Ballester que el precio ofertado debe ser incrementado en un 20% más un 10% de liquidación final. El motivo, un error de valoración. No hubo problema. Matas aceptó.
5. La cimentación - Un incremento sin justificar de 11 millones
La cimentación y estructura del velódromo se licita por 8,5 millones y termina costando 19,5. Es otro ejemplo de colaboración entre Matas y la UTE de FCC y Masqueró, a pesar de que Fomento de Construcciones y Contratas de Baleares no quería entrar en el proyecto. Recibió órdenes de la central en Madrid.
6. El videomarcador - Una empresa y su filial participan en el concurso
El precio del videomarcador iba a ser de 1.992.000 euros. Al concurso concurrieron dos empresas: Smartvision y Odeco Electrónica. "Lo curioso del caso es que entre las empresas licitadoras concurren dos con apariencia de ser distintas, pero resulta que sus ofertas, puestas al trasluz, coinciden milimétrica y milagrosamente en los conceptos", denuncia el juez. Finalmente, la adjudicación fue para Smartvision, en realidad filial de Odeco. Además, el director de esta es cuñado de Miguel Romero de la Cerda, administrador de Nimbus Publicidad, empresa que también gestionaba la publicidad del PP.
7. La cubierta - 10 millones de desfase
Pese a una licitación por cinco millones de euros, la cubierta terminó con un coste real de 14,5. La decisión de fijar un precio inferior a seis millones de euros tiene la única intención de evitar su publicación en el Boletín de la Unión Europea, acortándose así los plazos. El juez asegura que "el surrealismo llega a su punto álgido" al comprobar que, a pesar de salir a concurso la construcción de la cubierta de madera, al final se adjudica una estructura de cubierta de hierro con el objetivo de ahorrar... con el resultado de que el coste final casi triplica el presupuesto previsto.
8. La carpintería - Pago de 900.000 euros
La UTE gira contra el Consorcio una factura por más de 900.000 euros en concepto de "ayudas a la carpintería". La empresa Sander Douma debía haber abonado esa cantidad, pero se la pidió a las constructoras. Nadie controló el números de operarios que trabajaban en estas labores o su cualificación técnica. Eran los hermanos García-Ruiz los que deberían haber abonado esa cantidad y no el Consorcio.
9. La lona del techo - Un 400% más
La UTE abonó a la mercantil Tecnoeventos por la lona que cubría parte del techo una cantidad cercana a los 700.000 euros, que inclucía el beneficio industrial y el IVA. Pero al facturar dicho servicio al Consorcio, el precio pasó a ser de 1,8 millones de euros. Según recoge en su auto el juez José Castro, "se hinchó desproporcionadamente el precio del trabajo", tanto que superó en un 400% la cantidad abonada por las constructoras a su proveedor.
10. La publicidad - Falsificación de firmas
El Consorcio fantasma acordó destinar 87.000 euros a una campaña publicitaria. La cifra fue aportada por Ballester, que realizó el cálculo en dos días, "siendo todavía más encomiable la diligencia si se tiene en cuenta que los días intermedios eran sábado y domingo", ironiza el juez. Sólo concurrió Nimbus Publicidad. El magistrado dice que hay "serios indicios" de que la trama llegó a falsificar la firma de la vicepresidenta del Govern, Rosa Maria Estaràs, en una de las actas de las falsas reuniones. El importe de la realización de la maqueta del velódromo triplica el precio real. Nimbus la encargó a una empresa por 27.000 euros y recibió 90.000 de los hermanos García-Ruiz. El juez es claro en su auto: "Hay facturas por conceptos inexistentes que no corresponden a la prestación de servicio alguno".
11. Donación pública - Un sí en 48 horas
La agencia Nimbus solicitó una donación de 350.000 euros al Institut Balear de Tusime (Ibatur) para la campaña de promoción. "Que la eficacia de nuestra Administración Pública llegue al extremo de que un escrito presentado un viernes reciba una respuesta afirmativa el lunes siguiente merece sin duda un aplauso, más caluroso aún cuando el importe concedido es de 350.000 euros, que se corresponde justo con la cantidad solicitada", se sorprende el juez Castro.
12. La campaña del PP - El cuñado paga en negro
La investigación del caso Palma Arena ha abierto otras vías que señalan a la financiación irregular del PP. En el registro de Nimbus Publicidad se intervinieron documentos sobre la campaña de las autonómicas de 2007. Su administrador, Miguel Romero de la Cerda, admitió que había cobrado sin factura y en efectivo 71.958 euros del PP. El pago lo realizó Fernando Areal, cuñado de Matas y entonces gerente del PP. Se trataba de no superar los límites que la ley impone a los partidos para las subvenciones de sus gastos electorales.
13. El mitin de Rajoy - Con dinero público
El 18 de mayo de 2007, el líder del PP, Mariano Rajoy, dio un mitin en el Palma Arena, dentro de la campaña de las elecciones autonómicas a las que concurría su entonces amigo Jaume Matas. Se han encontrado dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo, y otra por 1.769 por los servicios de seguridad, que fueron pagadas por Illesport con cargo a los fondos públicos, según refleja el auto judicial.
14. El sobresueldo - Por un informe falso
El gerente del Consorcio y mano derecha de Ballester, Jorge Moisés Marín, consideraba que no estaba bien retribuido. Ballester movió los hilos para que se le encargase un estudio sobre accesibilidad para personas con discapacidad física y cobrase por ello 12.000 euros. No tenía los conocimientos necesarios y era incompatible la realización del informe con su cargo de gerente.
15. Ingreso a matas - La tele de Baleares
El Govern de Jaume Matas quería crear una radio y una televisión autonómicas. Con esta excusa encargó una consultoría convocando a tres empresas, una sin experiencia alguna y dos que compartían logotipo y mantenían relaciones de colaboración. Sólo aceptó una de ellas. Su administrador ya había cobrado 12.000 euros por un estudio adjudicado a dedo por el Govern. Esa empresa, Estudios Jurídicos y Procesales, ingresó a Matas 31.200 euros en una cuenta a su nombre, cuando dejó de ser president.
16. Favor de amigo - "Lo que pida Alemany"
La agencia Nimbus giraba a la Conselleria de Relacions Institucionals facturas mensuales por un valor de 4.591 euros "sin la contraprestación de servicio alguno". Era un favor personal que Miguel Romero, el administrador de la agencia, hacia el Govern para poder pagar a Antonio de Padua Alemany, amigo de Matas y redactor de sus discursos. El entonces director general de Comunicació, Joan Martorell, afirmó en su declaración judicial: "El president dijo que a lo que pidiera Alemany no se le pusieran pegas". La página web Libertad Balear, propiedad de Alemany, fue subvencionada con fondos públicos.
17. Sin concurso - Cambio de favores
José Luis Ballester ofreció la adjudicación de unas obras de derribo a Jaime Navarro, donde hoy está el Palma Arena. Navarro estaba construyendo en ese momento un chalet a Ballester. Le propone realizar primero el trabajo y luego presentar tres presupuestos, dos de ellos ficticios. El definitivo debía ir fraccionado en tres partes de menos de 30.000 euros.
* Público - 1.04.10
Foto: Palma, fachada palacete Matas - diariodemallorca.es
