EUROPAPRESS* : Las Asociaciones de Vecinos del Litoral de Valencia están a la espera de mantener una reunión con el Ayuntamiento de la ciudad en la que pretenden obtener un "compromiso" del consistorio para que el circuito urbano de Fórmula 1 tenga un uso público. Asimismo, desean la puesta en marcha de medidas que logren "minimizar" los "impactos negativos" de las carreras sobre los barrios del entorno.
Las agrupaciones de vecinos Amics de la Malva, Cabanyal, Grau-Port, Natzaret y Pinedo, en la reunión de la Comisión del Litoral del pasado 27 de enero, pidieron a dos representantes de la junta directiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia que solicitara una reunión con el consistorio, explicaron en un comunicado.
Sin embargo, las Asociaciones de Vecinos del Litoral lamentaron que, a tres meses de la tercera edición de la Fórmula 1 en Valencia, que se celebrará del 25 al 27 de junio de 2010, siguen "a la espera" de tener una reunión con el Ayuntamiento de Valencia para.
En este encuentro, los vecinos pretenden obtener un "compromiso de uso público" del circuito urbano-portuario de Fórmula 1. Al respecto, criticaron que el circuito "sólo esta abierto en la zona portuaria y sigue cerrado y abandonado en la parte de competencia municipal del Grau".
Además, destacaron que "se ha convertido en una nueva barrera urbanística que separa aún más a los barrios situados a ambos lados del viejo cauce". Por ello, reivindican la apertura de la pasarela peatonal conectada con un itinerario para comunicar el Grau y Cantarranas con Moreras y Natzaret.
Por otro lado, las asociaciones vecinales persiguen la puesta en marcha de medidas que permitan "minimizar" los "impactos negativos" de las carreras sobre los barrios del entorno. Entre estos "impactos", citaron los ruidos, la contaminación atmosférica, el aislamiento de barrios y los desvíos de tráfico.
Además, señalaron el "grave riesgo de colapso circulatorio" que se produce al coincidir los preparativos del evento y los cortes de calles y accesos con la tradicional presencia de "cientos de miles" de personas en el litoral en la Nit de Sant Joan, que se celebra el 23 de Junio.
* Europa Press - 25.03.10
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com
Las Asociaciones de Vecinos piden al Ayuntamiento de Valencia un uso público del circuito urbano
La Muela pide la dimisión de su alcaldesa, imputada por once delitos
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ABC/Zaragoza* : Ha pasado un año desde que se destapara la «Operación Molinos», una presunta trama de corrupción urbanística que salpicó a la localidad zaragozana de La Muela. En el caso hay 36 imputados, entre ellos la alcaldesa del municipio, Maria Victoria Pinilla, y dos de sus concejales. A la primera se le imputan once delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, estuvo en prisión preventiva durante cuatro meses, sin embargo sigue estando al frente de la Alcaldía.
En un encuentro informal con los medios de comunicación, aseguró que «si tuviera alguna duda de haber hecho una gamberrada por mis hijos y mi pueblo me hubiera retirado, pero hoy por hoy soy inocente».No ve razones para dimitir y por eso piensa seguir al frente de la Alcaldía.
Su decisión tiene dividido al pueblo. Cientos de vecinos de la localidad se han vuelto a echar a la calle para exigir su dimisión, piden que abandone su puesto y sea una gestora la que se encargue de dirigir el Ayuntamiento hasta que se convoquen elecciones. No es la primera vez que sus propios vecinos piden su dimisión. De hecho, el pasado mes de agosto, los vecinos entregaron en el Registro General del Gobierno de Aragón más de 9.000 firmas en favor de la disolución del Ayuntamiento.
Un pueblo dividido
Sin embargo, Pinilla dice sentirse arropada. Hay otros muchos que la apoyan. Y es que desde que saliera a la luz la presunta trama de corrupción en el pueblo se han creado dos bandos: por un lado los detractores de Pinilla, que no cesan en su intento de que abandone su sillón al frente de la Alcaldía; por otro sus defensores, familiares y amigos que, a pesar de los once delitos que se le imputan siguen defendiendo su gestión al frente del Ayuntamiento.
El ambiente es cortante, está enrarecido y las diferencias parecen casi insalvables. Cada uno de los actos públicos que celebra el municipio se convierten en la excusa para que unos y otros midan sus fuerzas. Los plenos son un ejemplo de ello. En el último, celebrado la semana pasada, los aplausos y abucheos fueron una constante tras las intervenciones de la alcaldesa.
Por eso, son muchos los ciudadanos que piensan que esta situación se acabaría con la salida de Pinilla del Ayuntamiento. Hace un año, esta localidad se vio invadida por medios de comunicación y decenas de agentes de la Guardia Civil. En apenas unas horas este pequeño municipio zaragozano saltó a primera línea de la actualidad y durante varios días copó gran parte del interés mediático. El caso salpicó a empresarios y miembros del Ayuntamiento. La investigación judicial continúa en su fase de instrucción y, tras un año de indagaciones, el juez que instruye el caso, Alfredo Lajusticia, ha acumulado casi 50.000 folios.
Pinilla defiende su gestión
«Hace23 años en La Muela había una iglesia medio caída, un frontón en ruinas y las casas de los vecinos». Hoy en día hay cinco colegios, infraestructuras culturales, deportivas y equipamientos sociales, todo ello fruto del esfuerzo, explicó la alcaldesa. En «Zaragón —forma irónica con la que Pinilla se refiere a Zaragoza y a Aragón— molesta que alguien trabaje y se deje en evidencia a otros políticos».
De ahí que asegurara que su situación actual se debe a una «persecución política» para acabar con su carrera. Según ella, el día en el que una encuesta la situó como posible cabeza de lista del PAR en Zaragoza fue consciente de que «iban a ir por mí». Por eso, «esperaba de alguna manera» el momento de su detención. «Había metralletas apuntando a La Muela», concluyó.
* ABC - 25.03.10
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Cangas otorgó 69 licencias de actividad a locales comerciales en situación ilegal en el último año
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FARODEVIGO* : Las inspecciones del Concello de Cangas han conseguido regularizar en el último año la situación de 69 locales con actividad comercial que presentaban algún tipo de anomalía, como carecer de certificado final de obra, licencia de apertura, de actividad o, en varios casos, tener orden de cierre por incumplir los requisitos. En el listado hay desde oficinas bancarias hasta floristerías, pasando por tiendas de muebles, salones de belleza, comercios de ropa, librerías, despachos de pan, farmacias, fruterías, bares, panaderías, estancos, ferreterías, video-clubes, carnicerías, gabinetes psicológicos o apartamentos turísticos, entre otros.
Los controles municipales han logrado poner al día la situación, que en algunos casos acumulaba irregularidades desde hace casi una década, ya que hay expedientes abiertos desde 2002. Tres son de ese año; cuatro, de 2004; 11 de 2005; 13 de 2006; ocho de 2007, cuatro de 2008 y uno de 2009, a los que hay que sumar los tramitados en lo que va de 2010.
La inspección incluyó 215 establecimientos, y en uno de cada cuatro la situación no estaba en regla. El Concello optó por comunicar la situación a los propietarios y darles un plazo para subsanar las deficiencias, que se produjo en la gran mayoría de los casos, lo que evitó que se aplicaran sanciones económicas y el precinto de locales en los casos más graves. Desde la alcaldía, que asumió hace meses todas las competencias en materia de Urbanismo, se insiste en que la finalidad de las actuaciones no es recaudatoria, que, en general, ha habido colaboración de los propietarios para poner al día la documentación y que ese paso les servirá también para acceder a diferentes líneas de ayudas y subvenciones de la Administración, de las que hasta ahora quedaban excluidos por estar en situación irregular.
Además de la campaña para que los establecimientos comerciales se pongan al día, desde el Concello se ha actuado también en la inspección de locales nocturnos con el fin de obligarlos a instalar limitadores de sonido. La medida se amplió a otros establecimientos hosteleros, aunque son los primeros los que acumulan más irregularidades. Desde octubre son nueve los locales con limitadores de sonido precintado: Clip, Templo, Electra, Belle Epoque, Fotogramas, Calle Baja, Boxes, Rocasoula y Cangaceiro. Cuatro siguen pendientes: Ambigú, Lúpulo, Oasis y Square. En algunos casos, el plazo para presentar alegaciones aún no finalizó. También se precintaron dos establecimientos nocturnos por incumplir la legalidad.
"Desde hai anos, moitos veciños presentan denuncias polos ruidos que padecen nos edificios; sobre todo nos pisos que están enriba dese tipo de locais", explica la alcaldesa, e incide en que la normativa limita a 80 decibelios el ruido máximo permitido. "Houbo que poñer precintos porque, con moita frecuencia, os responsables dos locais subían ou baixaban o volume para esquivar as inspeccións da Policía Local". Con los limitadores precintados se evita que éstos puedan ser manipulados sin que lo perciban los inspectores municipales.
Otra de las cuestiones que se está certificando es que la actividad realizada coincida con la licencia concedida. La irregularidad que más se repite es ofrecer música en locales registrados como cafetería, donde sólo se permite la señal de televisión. El Concello ya ha actuado contra los dueños de algunos en los que se han producido denuncias reiteradas. Es el caso de un local de la Avenida de Marín donde el ruido de los billares y futbolines molestaba a los vecinos, que pidieron la intervención municipal para solucionarlo. Los plazos concedidos se agotaron y el Concello precintó el establecimiento hasta que se retiraron las fuentes de ruido.
* Faro de Vigo - 26.03.10
Foto: Cangas(Pontevedra)- farodevigo.es
Cercle Obert de Benicalap denuncia al Ayuntamiento de Rita Barberá y al Valencia club de fútbol
KAOSENLARED* : Cercle Obert de Benicalap EXPONE: Que el concejal de Grandes Proyectos Sr. Grau ha manifestado reiteradamente a los medios de comunicación, que los retrasos en la transferencia de los solares que debe recibir el Ayuntamiento de la empresa privada Valencia club de fútbol, se deben a problemas en la inscripción de las escrituras en el Registro, dado que al parecer la propiedad de algunos de estos solares (la mayoría correspondientes a zonas de huerta, donde existen alquerías, algunas de ellas protegidas e inventariadas) no estaba debidamente acreditada con documentos.
Por tanto, nuestra entidad quiere destacar que se está incumpliendo de forma manifiesta el artículo 113 del Reglamento de Bienes de los Entes Locales que obliga a que “Antes de iniciarse los trámites conducentes a la enajenación del inmueble se procederá a depurar la situación física y jurídica del mismo, practicándose su deslinde si fuese necesario, e inscribiéndose en el Registro de la Propiedad si no lo estuviese”
¿Cómo se ha aprobado la permuta de unos bienes inmuebles entre el Ayuntamiento y el Valencia club de fútbol si parte de estos últimos no constaban inscritos a favor del citado Club?
La Junta de Gobierno Local en sesión de 27 de Julio 2007 aprobó la permuta del solar de la Avenida de las Cortes, con las fincas que el Valencia club de fútbol había propuesto (por valor del 61,5% del valor total de la parcela municipal), más la cantidad de algo más de 17 millones de euros hasta completar el precio total de la parcela de la Avenida de las Cortes/Doctor Nicasio Benlloch.
Nuestra entidad quiere saber si ya se ha ingresado ya la citada cantidad económica a favor del Ayuntamiento?
También queremos saber si se ha concedido un aplazamiento o fraccionamiento del pago de dicha cantidad?
Cercle Obert de Benicalap, ante los años transcurridos y la falta de transparencia en todo el proceso de permuta suscrito entre el Ayuntamiento de Valencia y la empresa privada Valencia club de fútbol, quiere formular las siguientes preguntas a las autoridades locales, dado que la corporación local no vela ni le interesa atender las necesidades de los ciudadanos que habitan en la ciudad de Valencia
¿Se ha solicitado su afianzamiento y/o exigido intereses? Si no se ha ingresado dicha cantidad (17 millones de euros) ni se han entregado todos los solares ¿se ha formalizado la escritura de permuta? ¿Debe entenderse que la parcela de la Avenida de las Cortes/Doctor Nicasio Benlloch es todavía propiedad del Ayuntamiento de Valencia? ¿Cuál es la situación registral actual de dicha parcela? ¿Se ha segregado la porción a permutar?
Y si la aprobación de la permuta era preceptiva para obtener la licencia de obras ¿por qué se ha concedido la misma si el terreno es todavía municipal?
Si la empresa privada Valencia club de fútbol no va a proceder a la entrega de los terrenos ni al ingreso de los 17 millones que adeuda desde hace ya 5 años a la corporación local, ¿por qué el Ayuntamiento de Valencia, en vista del tiempo transcurrido, no denuncia ese incumplimiento por la vía judicial?
Desde Cercle Obert de Benicalap, consideramos que han pasado muchos años desde que la empresa privada Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia, tuvieron a bien suscribir un convenio que no han cumplido, atentando contra el interés general y vulnerando la ley en numerosos puntos.
La permuta no se ha perfeccionado y se han cometido numerosas y gravísimas irregularidades e ilegalidades visibles, por parte de ambas entidades, que afectan muy negativamente al bienestar general de los valencianos.
Cercle Obert de Benicalap quiere recordar a las autoridades locales y a la directiva del Valencia, que tampoco se ha construido el polideportivo público prometido en reiteradas ocasiones por la corporación local y la entidad deportiva privada, denominada Valencia club de fútbol.
La construcción del estadio “Nuevo Mestalla” se encuentra desde hace más de un año parado, gracias a los graves problemas económicos que padece el club de fútbol, Valencia SAD, fruto de su mala gestión.
El Plan Director de Instalaciones Deportivas 2000, aprobado por el Ayuntamiento de Valencia nunca se ha llevado a efecto, a pesar de ser aprobado por unanimidad por la corporación local, Plan que estimamos fundamental para potenciar y favorecer el deporte como un factor de integración y salud entre los ciudadanos.
El fútbol es un deporte importante, pero también lo es velar por los intereses generales y por la transparencia en la gestión pública, aspectos que son descuidados de forma visible por la administración local, tal y como estamos comprobando en el tema del convenio que suscribieron hace tiempo el Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia.
Ante la gravedad del tema y ante los incumplimientos efectuados por ambas entidades, Cercle Obert de Benicalap
SOLICITA:
La intervención urgente de la Fiscalía Anticorrupción y el inicio de las investigaciones pertinentes.
Queremos resaltar que, los terrenos donde hoy se construye el estadio denominado “Nuevo Mestalla”, en vista de las declaraciones efectuadas por el concejal Grau, son de titularidad municipal, al haberse incumplido el convenio.
Por tanto, la corporación local tenía el deber y la obligación de denunciar a la empresa privada, Valencia club de fútbol, exigiéndole y reclamándole la entrega de los terrenos y los millones de euros que adeuda a la ciudad de Valencia, más los intereses producidos por el retraso. Nuestra asociación tampoco puede olvidar que el equipo deportivo privado debe construir un polideportivo público a los vecinos de la zona, en compensación por unas recalificaciones innecesarias y que atentan contra el bienestar general, la convivencia y el futuro de los valencianos.
Como el Ayuntamiento de Valencia no quiere defender los intereses de los ciudadanos, dado que ha ignorado nuestras peticiones, denuncias e iniciativas, la entidad Cercle Obert de Benicalap, solicita la intervención de la Fiscalía Anticorrupción para que incoe diligencias de instrucción penal y proceda a investigar la no perfección de la permuta y los reiterados y visibles incumplimientos del convenio suscrito entre el Valencia club de fútbol y el Ayuntamiento de Valencia.
Valencia, a 24 de marzo de 2010
CERCLE OBERT DE BENICALAP
* Kaos en la Red - 24.03.10
Foto: EL NUEVO MESTALLA, UNA DE LAS MAYORES ESTAFAS COMETIDAS CONTRA LOS CIUDADANOS - kaosenlared.net
La Lei do Solo y la trampa
XOSÉ MANUEL PEREIRO/Galicia* : El tiempo deja a cada uno en su sitio, y al año justo de gestión de la actual Xunta los hechos desmienten a los que sostenían que este Gobierno no hacía nada (entre ellos yo). Pero el equipo de Feijóo, al igual que quebró las cadenas de la imposición lingüística y devolvió la paz del consenso a las aulas otrora enfrentadas, ahora -pero más calladamente y ni siquiera con la excusa de tener que cumplir una promesa electoral- avanza a marchas forzadas en la restitución del urbanismo de toda la vida: el caos. La construcción ad lib con sus aspectos creativos (aunque incómodos para todos) y enriquecedores (muy enriquecedores, aunque no para todos).
Sobre las consecuencias del caos no hará falta que me extienda, porque están a la vista (Advertía George Sand, hace casi dos siglos, que los médicos pueden enterrar sus equivocaciones, pero un arquitecto sólo puede aconsejar a su cliente plantar hierba. Un urbanista, ni eso). El big bang, el caos anárquico y desorganizado, surgió en el desarrollismo, propiciado por la necesidad de tener una vivienda y/o deshacerse de la vieja, y amparado por el incumplimiento general de la normativa. Después, en los viejos buenos tiempos del fraguismo, le sucedió el caos orientado según las normas: en los años 90 se centralizó la gestión en la Administración autonómica (para dejar claro quién mandaba), y a la vez se descentralizaba hacia las administraciones locales (para que pudiesen hacer favores). La normativa urbanística era la más cumplida del mundo, o al menos a los tribunales no llegaban casos, con lo que o no funcionaban las leyes o funcionaban las trampas. La Ley Cuiña de 2002 fue un intento de frenar el libertinaje constructivo, y el Gobierno de PSdeG-BNG pretendió delimitar algo más tanta erección creativa y enriquecedora.
Ahora, la nueva Lei do Solo alarma formalmente por permitir la construcción en zonas rurales y protegidas, pero el fondo es peor. No sólo "suaviza" la, al parecer, ruda y áspera normativa bipartita, sino que desmonta los organismos de control de su cumplimiento y permite fijar las excepciones a los ayuntamientos. La elaboración de la nueva normativa ha estado pastoreada por el responsable de urbanismo en aquella década prodigiosa (1990-1997) que, en otra demostración de la creativa y enriquecedora permeabilidad de lo público y lo privado, después se dedicó a defender en los tribunales a los infractores de aquellas leyes que habría tenido que hacer cumplir. En la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística no sólo se deshacen del director, un técnico tan radical que había sido subdirector general con Feijóo de conselleiro, sino que se prevé una drástica reducción del cuerpo de inspectores. Casi todo -o al menos la Lei- con la sorprendente anuencia del PSdeG, confirmando la vuelta a los buenos viejos tiempos en los que en el partido mandaban los alcaldes (pero ahora ni siquiera los de las ciudades, sino los de los pueblos dormitorio).
Desmantelar la APLU no obedece al viejo buen principio liberal de "menos Estado", sino al más viejo pero menos bueno de no pisarse la cola entre leones. La Axencia Urbanística fue el organismo público que puso en conocimiento de la fiscalía barbaridades como las de Barreiros, un ayuntamiento de 3.000 habitantes en el que se otorgaron licencias para construir otras tantas viviendas (más). Obnubilados por lo creativo y enriquecedor de esa cementorrea, las autoridades locales no se pararon a ver si donde dejaban construir era rústico o urbano, terreno firme consolidado o marisma edificable, y tampoco se acordaron de hacer o pedir a los constructores equipamientos como calles, agua, alcantarillado y otros detalles menos esenciales que los videoporteros, pero obligatorios desde el punto de vista legal. El alcalde ha argumentado que lo hizo por "el bien del ayuntamiento" y que "sus vecinos lo apoyan". Evidentemente, nadie hace nada en detrimento consciente de la institución que preside, y tampoco los cargos que dependen de los electores suelen dedicarse a enervarlos, pero esos argumentos servirían también para justificar desde el linchamiento a la exención de multas.
No hagamos leña del bosque erigido. Barreiros no es un caso único. En Muxía lo intentaron la pasada legislatura, sobre tierras propiedad de algunos concejales y con el compromiso por escrito del gobierno local de rebajar la línea de protección de la costa. Las trabas legales a estas operaciones de enriquecimiento creativo son las que intenta despejar esa callada labor de gobierno. Y mientras tanto, se retiran los recursos contra las infracciones. Una vez, un popular alcalde que ya no lo es (alcalde), en una de las sabrosas conversaciones que manteníamos a modo de tregua, se empeñó en convencerme de las virtudes del "municipalismo". Los ayuntamientos han hecho muchas cosas buenas y satisfecho demandas ciudadanas que tendrían que haber atendido otros, pero no soy "municipalista" por las mismas razones que adujo James Joyce para negarse a la petición de un fan, que solicitaba besar la mano que había escrito Ulises: "No, ha hecho muchas otras cosas".
* ELPAIS.com - Opinión - 25.03.10
Ilegales - El Roto
Viñeta: El Roto - 23 Marzo 2010, elpais.com
Una juez imputa al alcalde de Sada por permitir edificar en suelo público
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LAOPINIÓN/A Coruña* : El alcalde de Sada, Abel López Soto, y la concejal de Urbanismo, María Josefa Carnota, están imputados por cometer un presunto delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio. La magistrada del Juzgado de Instrucción nº1 de Betanzos admitió a trámite una querella presentada por un particular contra la construcción de dos inmuebles, uno situado en la avenida Sada y Contornos, y el otro, en el límite del camino de Fiunchedo.
La juez detectó indicios de irregularidades en la ejecución de los edificios y citó a López Soto y a Carnota para declarar el próximo 26 de abril en calidad de imputados.
El edificio colindante con el camino de Fiunchedo, según sostiene el denunciante en la querella, redactada por el letrado José Ramón Sierra, se construye sobre una zona clasificada como VP, es decir, pública. El inmueble, además, incumple las normas de edificabilidad, ya que triplica la permitida. La licencia para ejecutar las obras concedida a O Meu Lar SL caducó en octubre de 2008. El plazo para construir los pisos era de tres años, pero los trabajos comenzaron poco antes de que caducase el permiso.
El técnico general de Urbanismo del Ayuntamiento, según la querella, advirtió en marzo del año pasado de que existía una "alteración del planeamiento" porque al amparo de una licencia caducada se permitía realizar obras "en contra del planeamiento de aplicación", ya que la Xunta cambió "la ordenación urbanística de la parcela".
"El señor alcalde de Sada y demás responsables municipales siempre solicitan informes externos cuando los de los técnicos municipales no favorecen a la entidad O Meu Lar SL", afirma el afectado, quien denuncia que tanto López Soto como Carnota autorizan la ejecución de unas obras con una "ocupación y edificabilidad ilegal" que suponen "una alteración del planeamiento urbanístico de Sada". El querellante y su abogado destacan que el regidor y la responsable de Urbanismo no actúan "para impedir que se ejecuten unas obras absolutamente ilegales", por lo que subrayan que son autores de un delito de prevaricación por omisión. "Los trabajos provocarán en el futuro daños probablemente irreparables al propio patrimonio municipal y al de futuros compradores de buena fe", recalcan.
El denunciante también presentó la querella contra el arquitecto municipal de Sada y el promotor inmobiliario y único administrador de O Meu Lar SL. El hombre exige a la juez que decrete la libertad provisional de los cuatro procesados bajo fianza de 100.000 euros para garantizar las responsabilidades civiles derivadas del delito hacia futuros compradores. Los pisos del primer edificio, que carece de licencia de primera ocupación, ya han sido vendidos.
* La OPinión a Coruña - 25.03.10
Foto: Imagen del inicio de las obras del edificio que linda con el camino de Fiunchedo. / juan varela, laopinioncoruna.es
Mogán: La juez de 'Góndola' imputa al ex consejero del PP José Jiménez
CANARIASAHORA/Gran Canaria* : El ex consejero de Medio Ambiente y Aguas del Cabildo de Gran Canaria José Jiménez (PP) ha sido citado a declarar como imputado por la juez titular de Primera Instancia e Instrucción número 6 de San Bartolomé de Tirajana, Mónica Oliva, en el marco del caso Góndola que investiga una presunta trama de corrupción del PP en el Ayuntamiento de Mogán.
Jiménez figura en una nueva ronda de citaciones judiciales en calidad de imputado junto al actual concejal de Turismo del grupo de gobierno presidido por Francisco González (PP), Tomás Lorenzo, durante el mandato anterior también al frente de Medio Ambiente.
Además de José Jiménez y Tomás Lorenzo, en junio deberán prestar declaración como imputados asistidos por sus abogados el técnico del Departamento de Aguas de Mogán Adrián Guerra Peralta, el ex asesor de Urbanismo y primo del alcalde, Eduardo Gabriel Marrero González, el funcionario responsable del Consejo Insular de Aguas, José Luis Guerra Marrero y el ingeniero de caminos Francisco González González-Jaraba.
Otras tres personas relacionadas con el caso, Rosa Elena Díaz Machín, Armando Luis Betancor Álamo y Lidia Esther Quintana Álamo, han sido citadas a declarar por la juez instructora en calidad de testigos.
Conversaciones con el alcalde por la depuradora de Taurito
José Jiménez figura en el sumario del caso Góndola en conversaciones pinchadas al alcalde de Mogán, Francisco González, principal imputado del caso con siete delitos, entre ellos, cohecho. El líder del PP de Mogán presionaba en aquellas conversaciones durante varios meses de 2006 al Cabildo de Gran Canaria, a través del consejero de Aguas, para regularizar una depuradora instalada en Taurito por el empresario Santiago Santana Cazorla.
En la conversación grabada el 6 de julio de 2006, a las 10:34 horas, entre Francisco González y José Jiménez, el alcalde le explica al consejero su angustia porque a Santana Cazorla "se le dio deprisa y corriendo el certificado de puesta en marcha, la puso en marcha, pero me está presionando por el tema del agua, tú sabes que no tiene calificación para [...] pozo distribuidor del agua y está distribuyendo el agua en Taurito, ¿eh?....".
El 31 de octubre, a las 13:56 horas, es José Jiménez quien llama al alcalde de Mogán y le explica que la depuradora de Taurito tiene una subvención del Cabildo de 300.000 euros y que Santana Cazorla "ha presentao once certificaciones que se le han pagao, del orden de doscientos cincuenta mil euros, le queda algo menos de cien mil euros pero porque le falta presentar la certificación, no depende de ninguna licencia sino simplemente de que presente la certificación última para pagarle lo último".
El alcalde explica al consejero de Aguas de la época que las trabas "ahora por lo visto es por Unelco", a lo que Jiménez le replica que "pues que se aclare, si es Unelco, nosotros podemos, como ya hemos hecho en alguna ocasión, por interés munici...prioritario, esencial...y tal, que le den la conexión, salvo que la depuradora tenga un defecto de incumplimiento de la norma y no tenga informe de, de Industria [...]".
La conversación de ese día concluye con la afirmación del interlocutor del Cabildo de que "...insisto, no es de nosotros...ha cobrao, y si tu ves que hay, que hay, que tenemos que hacer algo, lo hacemos, vale."
La situación ilegal de la depuradora de Taurito, en suelo rústico y sin informes favorables, y las conversaciones mantenidas durante varios meses de 2006 entre el alcalde de Mogán y el constructor grancanario para regularizar la instalación, llevó a los investigadores del caso a solicitar al juez instructor el 10 de diciembre de 2006 que se intervinieran también los teléfonos de Santana Cazorla, detenido finalmente el 5 de febrero de 2007 en el marco de la operación policial, 18 días después de las detenciones de los principales implicados, el propio alcalde y la ex teniente de alcalde Onalia Bueno.
Entre las conversaciones captadas de Jiménez y González, figura también una en la que el consejero del grupo de gobierno insular presidido entonces por José Manuel Soria, actual vicepresidente del Gobierno de Canarias, informa a Francisco González de que está cometiendo irregularidades al permitir la depuradora y el líder del PP de Mogán muestra su total ignorancia al respecto y lamenta ante el consejero el "chantaje" al que le somete Santana Cazorla.
La ignorancia del alcalde de los delitos ecológicos que pudiera estar cometiendo por la depuradora ilegal de Santiago Santana Cazorla llevó el 27 de octubre de 2006 al consejero de Aguas del Cabildo de Gran Canaria, José Jiménez, a explicar al primer regidor moganero su situación de flagrante ilegalidad, después de que el alcalde insistiera de nuevo con los permisos del Cabildo, porque "estuve hablando con José Manuel la semana pasada que fui a Noruega con él, y él me dijo, bueno y no puedo hablar con Pepe a ver si él...¡coño! si tu le das la subvención ya de una puñetera vez pues yo me ahorro, yo me evito el problema de meterme en un follón, tío. Porque claro...es que me está cha...me está..."
José Jíménez Suárez no acabó el mandato 2003-2007 al frente de Medio Ambiente y Aguas del Cabildo de Gran Canaria. En marzo de 2007 presentó su dimisión a José Manuel Soria por motivos personales, según trascendió en su día para presentarse a una oposiciones a la Comunidad Autónoma de Canarias.
* Canarias Ahora - 25.03.10
Foto: Mogán puerto - puertosdecanarias.com
Álava: Agirre avaló la presencia de De Miguel en empresas mientras era diputado
ELMUNDO/Vitoria* : Según la normativa vigente, los diputados forales, al igual que el jefe del Ejecutivo provincial, no pueden ejercer ningún tipo de actividad «laboral, profesional, mercantil o industrial» excepto la docencia o la investigación. Pese al manifiesto conflicto de intereses, Agirre eligió a De Miguel para una jugosa cartera en la que, entre otros asuntos, el ya ex diputado podía decidir sobre la disciplina urbanística del territorio, sobre la gestión del plan foral de obras y servicios o sobre las relaciones entre los ayuntamientos alaveses y la Diputación.
Es potestad del diputado general "acordar la sustitución de los diputados forales en caso de incompatibilidades".
Fuentes cercanas a Agirre apuntaron que, en ningún caso, se trató de una decisión arbitraria. La Diputación alega que el decreto de compatibilidad, firmado el 21 de enero de 2008, contaba con el visto bueno de la Secretaría General de Diputación, por lo que se solicitarán las explicaciones pertinentes dentro de la casa para determinar las causas de esa decisión.
* El Mundo - 25.03.10
Foto: Vitoria , sede Diputación foral - portalviajar.com
Ponferrada: El Supremo ratifica la nulidad de la ordenación urbanística de La Rosaleda
LACRÓNICA/León* : El Tribunal Supremo ha infligido un nuevo varapalo judicial al Ayuntamiento de Ponferrada, al ratificar, mediante la desestimación del recurso de casación interpuesto por el Consistorio ponferradino, la ilegalidad de la aprobación definitiva de la modificación urbanística del PGOU correspondiente al llamado Sector S3 (La Rosaleda),decretada por una sentencia judicial dictada por el Tribunal Superior de Justicia, TSJ, de Castilla y León el 9 de noviembre de 2005...
... en la que, a su vez, se estimaba el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comarca del Bierzo contra la Orden de 26 de julio de 2001 de la Consejería de Fomento de Castilla y León en la que se aprobó definitivamente la nueva ordenación urbanística de lo que hoy es el barrio de La Rosaleda.
El ‘palo’ a las tesis sostenidas desde hace años por el alcalde, Carlos López Riesco, y por su equipo de Gobierno es de gran calado político y jurídico, no sólo por los argumentos desestimatorios de la casación que emplea el Tribunal Supremo, TS, sino porque en estos momentos existe todo un rosario de sentencias condenatorias o desfavorables al Ayuntamiento y que fueron sistemáticamente recurridas en casación sobre la base de idénticos fundamentos que los que el TS acaba de rechazar con contundencia.
Así, en la sentencia desestimatoria, el Supremo incide en que la sentencia del TSJ recurrida “anula la aprobación del plan impugnado porque el aumento de volumen o densidad de población no se ha seguido, como exige la norma autonómica citada (art. 58.3.d) de la Ley 5/1999, [de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León]), de un incremento proporcional de los espacios libres públicos y dotaciones situados en su entorno próximo”. En ese sentido, para el Alto Tribunal, los argumentos utilizados por la representación jurídica del Ayuntamiento de Ponferrada invoca una vulneración de “preceptos estatales puramente instrumental sobre la aplicación e interpretación de la normativa urbanística autonómica que aplica exclusivamente la sentencia recurrida”.
Este párrafo es clave a la hora de entender todo el proceso suscitado respecto a lo que la oposición municipal calificó en su día como “imprudente” estrategia de recurrir sistemáticamente en casación todo pronunciamiento del TSJ desfavorable al Ayuntamiento, pues como muy bien establecía el propio TSJ de Castilla y León en esta sentencia y en otras muchas también recurridas, no cabía recurso contra ellas porque para su pronunciamiento sólo se había tomado en cuenta la normativa autonómica, por lo que pasara lo que pasara, el Supremo sólo podía entrar a valorar las presuntas vulneraciones de la legislación estatal, pero nunca las cuestiones interpretativas de la legislación autonómica, reservadas en exclusiva al TSJ. En este sentido la sentencia del Supremo es taxativa: “Conviene recordar que el artículo 86.4 de la Ley de esta Jurisdicción dispone que las sentencias que, siendo susceptibles de casación por aplicación de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de Castilla y León sólo serán recurribles en casación si el recurso pretende fundarse en la infracción de normas de derecho estatal o comunitario europeo que san relevantes y determinantes del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora”. Pues bien, en ningún momento fueron invocadas o consideradas normas estatales o comunitarias para fundamentar la sentencia del TSJ, sino únicamente se tomó en cuenta la Ley de Urbanismo de Castilla y León, por lo que el recurso de casación era “imposible” que prosperara” tal y como señalaron en su día numerosos especialistas en derecho urbanístico y los equipos jurídicos de la oposición municipal del Ayuntamiento.
Esta “ligereza” a la hora de recurrir en casación es también la “culpable” de que el Supremo en su sentencia determine que el Ayuntamiento de Ponferrada tendrá que hacer frente a las costas procesales del recurso de casación.
* La Crónica de León - 25.03.10
Foto: Estado actual de La Rosaleda, cuya ordenación urbanística ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo. LABARGA, la-cronica.net
Se acabó la fiesta
ÍÑIGO MAGRO DE ORBE/Valencia* : En unas recientes declaraciones a propósito de la orden ministerial sobre el "expolio" de El Cabanyal, la portavoz del Consell afirmaba (sin pestañear) que era inadmisible la injerencia del Gobierno de España en "la apertura de una calle en Valencia"... Creo que con este tipo de declaraciones se está intentando confundir a la opinión pública, minimizando un asunto que la señora portavoz debería de saber que va más allá de una simple obra municipal. Sin embargo, la banalización del problema no hace más que confirmar las discutibles políticas urbanísticas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Valencia en los últimos años.
Valencia no ha sabido aprovechar sus oportunidades. Sus políticas urbanas han estado encaminadas, en la mayoría de los casos, a conseguir una imagen de "modernidad" basada en actuaciones puntuales, al margen de los problemas reales que, históricamente, han estado presentes en el urbanismo valenciano y que, como la conexión de la ciudad con el mar, siguen sin resolverse.
La Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha convertido en la referencia mediática más evidente de ese modo de "hacer ciudad". Sus "edificios emblemáticos" (formalistas y desarraigados) no han sido capaces de vincularse a la ciudad más allá de su propio simbolismo. Los planetarios, pérgolas, umbráculos, peinetas, cascos galácticos y artefactos varios que lo forman, han ido invadiendo el viejo cauce del río, sin apenas haber sido capaces de cualificar los lugares que ocupaban: ni desde sus desmesuradas escalas, ni desde sus formalismos excluyentes. Estaríamos ante uno de los ejemplos más claros de lo que se ha dado en llamar, no sin razón, la arquitectura del espectáculo.
Y Valencia está harta de espectáculos. Se acabó la fiesta. Porque como dijo el prestigioso arquitecto Oriol Bohigas: "Una ciudad no es solamente la lujosa yuxtaposición de contenedores arquitectónicos, aunque éstos sean tan caros y tan aparatosos como los de la llamada Ciudad de las Artes y las Ciencias".
Han pasado los grandes eventos. La Copa del América apenas nos ha dejado el edificio aislado Veles e Vents, de David Chipperfield, como muestra de calidad arquitectónica; seguimos sin noticias del proyecto de Jean Nouvel Valencia Litoral (la única propuesta seria de tratamiento unitario del frente marítimo); y la dársena interior, que fue objeto de aquel concurso de imposible solución, ha quedado definitivamente encerrada en el anillo de asfalto de la fórmula 1...
Tenía razón Bohigas porque, con aquella afirmación, estaba haciendo un diagnóstico (y un pronóstico) de la política urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento de Valencia en los últimos años.
No dejemos escapar otra oportunidad. Aprovechemos la orden ministerial para proponer "otra forma de rehabilitación de El Cabanyal". Sin destruirlo. Porque pienso que es totalmente incoherente defender una política de apertura al mar y, al mismo tiempo, proponer una acción de esventramento (acción radical y agresiva sobre la trama urbana) que divide por la mitad uno de los barrios marineros con mayor capacidad de regeneración urbana, en el límite de la ciudad con su frente litoral.
No será mediante la penetración de una gran avenida a través de un conjunto de interés patrimonial como debería de plantearse la conexión con el mar. Sería más razonable utilizar las condiciones de la trama urbana y la textura social de ese lugar para, con unas políticas menos agresivas, intentar una regeneración del barrio. Serían unas políticas de esponjamiento que supondrían la rehabilitación de edificios y la construcción de espacios urbanos cualificados (pequeños espacios de convivencia) que, sin duda, acabarían por mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. De esta manera, el barrio vivo de El Cabanyal se acabaría convirtiendo en el filtro urbano por el que discurriría la vida de la ciudad en busca del mar Mediterráneo.
* Íñigo Magro de Orbe es doctor arquitecto y profesor de Proyectos de la Escuela de Arquitectura de Valencia.
* ELPAIS.com - Opinión - 25.03.10
Piden al Parlamento Europeo la protección de la costa española
ECOTICIAS* : Las organizaciones medioambientalistas reivindican la ley de costas como principal herramienta para frenar la depredación del litoral español. Y además, subrayan su compatibilidad con el derecho a la propiedad en Europa y, su aportación al desarrollo de los principios propugnados por la Recomendación 2002/413/CE, del parlamento europeo sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa.
Ante las numerosas iniciativas en varias Comunidades Autónomas que persiguen la modificación de la Ley 22/1988 de Costas, las cinco ONG medioambientales en España quieren subrayar la valía de la actual Ley que tiene como fin proteger las playas y acantilados vitales para el bienestar de la ciudadanía española, y, por ende, la europea. De hecho, la masiva urbanización y destrucción que sufre el litoral español, otorgan un gran valor a las zonas que quedan por urbanizar, de ahí que la aplicación de la Ley 22/1988 sea una de las herramientas legales más válidas para la conservación del patrimonio natural.
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España subrayan la valía de esta norma ambiental que está amenazada por: la permisividad de la Administración General del Estado, por las diferentes iniciativas autonómicas que pretenden legalizar los desmanes urbanísticos en la costa y por último, amenazada por presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y en perjuicio del interés general.
Los eurodiputados dedican esta semana dos días en la comisión de Peticiones para escuchar en Bruselas el punto de vista de las autoridades españolas y las denuncias de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Precisamente el Parlamento europeo ya hizo referencia al problema en el último informe sobre urbanismo español presentado en 2009 por la Eurodiputada alemana de Los Verdes, Magrette Auken, que reclama una moratoria urbanística y la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa estatal y europea. En ningún momento el informe Auken perseguía como objetivo la desprotección del litoral, o la reforma de la ley de costas española.
Varios ciudadanos europeos, que compraron propiedades en la costa, han instado a las autoridades europeas a velar para que ningún acto administrativo limite su propiedad basado en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble. A juicio de las organizaciones ecologistas, esta reclamación es completamente legítima ya que, la normativa no puede aplicarse con carácter retroactivo, pero debe tener sus límites en la función social que el litoral está llamado a cumplir. La aplicación e implementación de la Ley de Costas es necesaria tanto para la conservación de nuestro litoral, su valor y los servicios y beneficios que reporta a la ciudadanía, como para evolucionar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y con futuro.
Además, las organizaciones ambientalistas recordamos que la Ley de Costas española realiza plenamente los principios propugnados por la Recomendación 2002/413/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Por ello, resulta una grave amenaza que se pretenda reformar esta ley para ceder a las presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y perjuicio del interés general.
* Ecoticias - 24.03.10
Foto: ecoticias.com
La juez imputa a más de 30 personas en la trama urbanística de Abegondo
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LAOPINIÓN/A Coruña* : Entre 30 y 40 personas han sido imputadas por la magistrada de la sala dos del Juzgado de Betanzos por la trama urbanística de Abegondo. Entre los acusados se encuentran políticos, funcionarios municipales o arquitectos externos. Desfilan por esta sala de instrucción desde finales del pasado mes de noviembre y está previsto que las declaraciones se sucedan, por lo menos, hasta el próximo mes de abril.
El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, prestó declaración hace dos semanas. "Todo lo que yo he aprobado tenía todos los informes técnicos positivos", explica que manifestó ante la juez. Ayer le tocó el turno a dos arquitectos imputados por firmar proyectos de obra irregulares en el período que se investiga.
Son Alberto Bermúdez Fandiño y Juan Carlos Ares. El primero rubricó proyectos de obra básicos como técnico municipal y como arquitecto del despacho de Antonio Carro, otro de los imputados en el caso. El segundo, se dedicaba a las reformas. Apenas media hora estuvo cada uno respondiendo a preguntas técnicas ante la magistrada; el letrado de los imputados, Salgueiro; y la abogada del ex alcalde Juan José Rocha Carro, María José Casal Rodríguez.
Los dos están acusados de un delito de prevaricación urbanística. La trama afecta a la concesión de licencias de más de medio centenar de viviendas levantadas en suelo rural desde el año 2000 en diversos puntos del municipio como Limiñón, Crendes o Cos.
* La Opinión A Coruña - 24.03.10
Foto: Abegondo (A Coruña) - osloureiros.com
Enésimo 'asalto' a la Cañada
QUÉ/Madrid* : Las máquinas llegaron ayer al número 128 del Sector 4 en la Cañada Real sobre las 9 de la mañana. Según los vecinos, tenían permiso para entrar y derribar ese inmueble, pero no el 130 y el 132 como pretendían. Por eso, una veintena de ellos se 'atrincheraron' durante tres horas en el número 130 (la vivienda del dueño del inmueble derribado) para que no la derribasen.
No lo hicieron, pero allí se vivieron momentos de tensión que hasta provocaron la detención de un vecino por exhibir un arma de fuego. Además de este derribo hubo uno más en el Sector 3, a la altura de la parcela número 20.
En concreto, se trataba de una nave industrial, de 325 metros de superficie, así como un cerramiento de parcela de 1.020 metros cuadrados, estaban localizados en el número 128, y un segundo cerramiento, de 417 metros cuadrados. Numerosas patrullas de Policía Municipal y Nacional custodiaron los derribos.
"Las demoliciones efectuadas esta mañana se enmarcan en el conjunto de medidas que viene desarrollando el Ayuntamiento de Madrid para el mantenimiento de la legalidad urbanística, hasta que se aborde una solución integral que permita afrontar la compleja situación de la Cañada Real Galiana", explicaron desde el Consistorio.
Según sus datos, desde mayo de 2007 el Ayuntamiento de Madrid ha efectuado en la Cañada y su entorno un total de 201 demoliciones de diverso tipo.
"¿DÓNDE VOY CON 59 AÑOS QUE TENGO?"
Alejandro, dueño del inmueble derribado, atendió a la prensa con lágrimas en los ojos. En sus manos, numerosos recibos del IBI con los que quiso demostrar que era 'legal'. Su casa-taller, que es su trabajo y su única posesión, también la querían tirar, de ahí su nerviosismo.
Alejandro Román aseguró que, tras la demolición, él seguirá "viviendo ahí" puesto que no dispone de "otro sitio". Este vecino de la Cañada Real señalaba el solar derribado, mientras impotente explicaba que antes él "vivía ahí". Además, Román se quejó de que desde el Ayuntamiento madrileño no le dan "ninguna solución ni explicación", y denunció que las administraciones locales y regionales "han empezado a meter mano" en esta zona.
Alejandro explicó además que compró los terrenos hace quince años por 2.300.000 pesetas, y que este es su trabajo, su casa y sus únicas posesiones. Detalló además que hace seis años vendió el terreno donde se levantaba el inmueble retirado, pero no llegaron a pagarle.
Lidia Resani, presidenta de la Asociación de Vecinos del Sector 4 denunció también que no se ofrecieran "alternativas" a los vecinos afectados. En ese sentido subrayó la ausencia del Samur Social en el derribo.
"Siempre se digna el Ayuntamiento de Madrid que viene el Samur Social y yo os invito a que lo busquéis a ver dónde está. Lo único que encontramos son tres millones de efectivos de la Policía Municipal de Madrid asediando a todos los vecinos", protestó la representante vecinal, quien explicó la ausencia de este dispositivo a que "al ser vecinos de la Cañada" el Samur les tiene "poco aprecio".
Por su parte, el Ayuntamiento dijo que sí hubo Samur Social.
* Qué - 24.03.10
Foto: Madrid, la Cañada Real - madridiario.es
Aecu se querella contra todos por las 1.300 casas ilegales de Catral
INFORMACIÓN/Alicante* : La Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (Aecu), cuyos responsables mantuvieron ayer una reunión en Catral con 400 propietarios de casas ilegales en la huerta, han decidido crear un frente común con el objeto de presentar, al margen del proceso judicial abierto, una demanda contra el Ayuntamiento de Catral "como institución" y contra el Gobierno Valenciano "por ser los responsables subsidiarios" de haber permitido la construcción de 1300 viviendas sin licencia en suelo no urbanizable; también contra el Colegio de Arquitectos de Alicante, al considerarlo responsable subsidiario por la actuación de algunos de sus profesionales y contra los promotores que edificaron los inmuebles de forma irregular, según explicó ayer el presidente de Aecu, Honorio Fernández.
Además se decidió en la reunión celebrada en la Casa de Cultura de Catral "pedir el auxilio" del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, frente a unas administraciones, local y autonómica "incompetentes" en la gestión del urbanismo, según Fernández.
Frente único
El portavoz de Aecu destacó que en la reunión, la octava de similares características, se hizo un llamamiento a todos los afectados para "crear un frente único" y para que "en realidad" se persiga a los verdaderos culpables de esta situación y "no a sus víctimas que compraron los casas". En este sentido recriminó a los responsables municipales de Catral el hecho de que pretendan, junto con el Consell, regularizar las más de un millar de casas ilegales "a costa de los bolsillos de los propietarios y que los promotores y constructores se vayan de rositas". Reseñar que el Ayuntamiento pone como requisito indispensable para regular las casas que cada propietario asuma el coste de todo tipo de infraestructuras.
* Información - 23.03.10
El juez del 'caso Palau' imputa a las esposas de Millet y Montull
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ELPAÍS/Barcelona* : El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha citado a declarar como imputadas a Marta Vallès y Mercè Mir, esposas de los ex responsables del Palau Félix Millet y Jordi Montull, respectivamente. Ambas mujeres fueron administradoras de dos sociedades que facturaron más de un millón de euros a la institución cultural en el año 2009 por trabajos inexistentes.
Del mismo modo, el juez Juli Solaz también ha citado a declarar a un ex secretario del Palau de la Música que presuntamente tiene en su poder el original del libro de actas de la reunión en la que se aprobaron las retribuciones extraordinarias para Millet y Montull.
La imputación de las esposas de Millet y Montull había sido solicitada por la fiscalía y por los nuevos gestores del Palau hace unos días, si bien la querella del fiscal Emilio Sánchez Ulled presentada el pasado mes de junio ya consideraba a las mujeres partícipes a título lucrativo del saqueo cometido por sus esposos.
El pasado 10 de septiembre, unos días antes de confesar ante el juez una parte del saqueo, Millet y Montull acudieron a un notario de Barcelona para intentar borrar el rastro que incriminaba a sus esposas, de manera que en un pispás rubricaron una serie de actos para transmitirles a ellos las participaciones de las sociedades Ausen Produccions SL y Aurea SA que tenían las mujeres. La primera sociedad estaba administrada por Marta Vallès y el año pasado cobró 682.915 euros del Palau por trabajos inexistentes. La segunda la administraba Mercedes Mir y percibió otros 338.956 euros por estudios que nunca se llegaron a realizar.
* ELPAIS.com - 23.03.10
Foto: Una de las casas que tiene Fèlix Millet en L'Ametlla del Vallès.- Xavier Cervera, elpais.com
La Fiscalía analiza la gestión urbanística de la alcaldesa de Lezama
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ELCORREO/Vizcaya* : La Fiscalía de Vizcaya ya tiene en su poder información relativa a los cambios de uso de diversos terrenos en Lezama propiedad de la familia de la alcaldesa, Alaitz Etxeandia (PNV), para construir unas 50 viviendas. Según desvelaron ayer fuentes del Ministerio público a EL CORREO, la Fiscalía está estudiando documentos relacionados con el caso para determinar si es necesario abrir una investigación. Los mismos medios no quisieron añadir nada más sobre este asunto «de momento».
El caso que interesa a la Fiscalía de Vizcaya, encabezada por Carmen Adán, atañe a una serie de cambios urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento de Lezama en 2007. El Consistorio modificó en octubre de ese año el planeamiento de un área superior a los 7.000 metros cuadrados en el centro del municipio -conocida como Txupetxa- que hasta ese momento figuraba como inundable. Las citadas modificaciones permitieron que esa zona pasase a ser catalogada como urbanizable. Para ello, el Gobierno municipal presentó un informe para eliminar la calificación de inundable. Este documento recibió el visto bueno del Gobierno vasco en unos pocos días, a pesar de que la Dirección de Aguas admitió que sólo había podido analizarlo «con premura».
Meses antes, los familiares de la regidora municipal acordaron vender los terrenos a dos promotoras por un importe cercano a los seis millones de euros. Según un auto judicial emitido el pasado mes de julio y que fue adelantado por este periódico, la familia ya ha cobrado unos 2,2 millones por este acuerdo. Quedan pendientes algo más de tres millones, que deberán ser abonados por las constructoras una vez que el terreno esté listo para edificar. El último compromiso firmado por ambas partes establece abril de 2011 como la fecha tope para que se culminen todos los trámites administrativos. En caso contrario, los compradores podrían instar a los allegados de la regidora a que devolviesen las cantidades percibidas.
Ejecución de sentencia
Las modificaciones en el planeamiento local que permitieron el cambio de usos de la zona de Txupetxa formaban parte de las normas subsidiarias, que regulan el desarrollo urbanístico del municipio. Este documento organizativo fue denunciado por la plataforma vecinal Lezama Bizirik ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en junio pasado dictó sentencia dando la razón al colectivo vecinal y anulando las normas. Entre otras razones, porque no cumplía la ley en materia de edificación de viviendas en suelos potencialmente inundables.
El veredicto del TSJPV fue recurrida por el Consistorio ante el Tribunal Supremo. Lezama Bizirik ha solicitado en varias ocasiones la ejecución del fallo judicial, pero sus peticiones no han sido admitidas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La última resolución apuntaba la necesidad de que exista una sentencia firme -que llegará cuando se pronuncie el Supremo- para ejecutar el dictamen del Superior.
Entretanto, el Ayuntamiento ha decidido impulsar un plan especial que permita la edificación de unas 50 viviendas -entre ellas unas doce de precio tasado- en los terrenos de Txupetxa. Esta modificación concreta se encuentra en sus primeras fases y todavía debe superar una serie de trámites administrativos. Los responsables municipales, en todo caso, prevén para 2011 la construcción de estas casas.
* El Correo - 23.03.10
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
Crisis, corrupción e impunidad: El caso Gürtel
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KAOSENLARED* : En febrero del año pasado, cuando fue detenido, Francisco Correa había solicitado la residencia en Latinoamérica, pues le llegó el tufillo de que varios de sus colaboradores comenzaban a ser investigados. Era el supuesto jefe de una trama de corrupción que sobornaba a cargos públicos a cambio de contratos para sus empresas. El mayor escándalo de corrupción de la democracia.
España desde entonces ha alcanzado un desempleo del 19%. La crisis financiera, que tanto a afectado a otras economías, no se ha manifestado allí mas allá de la burbuja inmobiliaria, afectando a la demanda y al sector de la Construcción. En este escenario, encontramos a este singular personaje, interpetando el papel de untador de políticos, en este caso del Partido Popular, y dejando al país sin “una alternativa”, como algunos editoriales han querido encontrar, al desprestigiar al partido de la oposición en un momento en que el ejecutivo también está en apuros de legitimidad. Sin embargo, a la vista de lo que votan PP y PSOE en el Parlamento Europeo, instancia cada vez mas importante en la política nacional de los países de la Unión, podría decirse que se trata de un único partido. Dentro del territorio nacional juegan los papeles de gobierno-oposición.
A punto de escaparse la liebre, como decíamos, la Audiencia nacional detuvo a varios de los implicados en una red de blanqueo y sobornos que afecta ya a un centenar de implicados. La red empezó a funcionar en 1996, y desde entonces una veintena de políticos del Partido Popular han recibido sobornos por valor de mas de 6 millones de euros. Los delitos que están siendo juzgados se extienden por cuatro autonomías gobernadas por el PP: Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León; y ya han hecho dimitir a cuatro alcaldes madrileños. Solo la comunidad madrileña concedió la organización de unos 350 actos oficiales a las empresas de Correa, por valor de 3.028.049 euros. También los ayuntamientos de Boadilla, Pozuelo, Majahonda y Arganda hicieron contrataciones de sumas abultadas a las empresas implicadas.
Una agencia de viajes de Francisco Correa, llamada Pasadera, fue al parecer la proveedora cuasi-oficial del PP durante años. Organizaba los viajes del partido y del mismo ex-presidente José María Aznar. Según el juez, el dinero era depositado en paraísos fiscales. No se tiene constancia aún de cuantos millones han podido ir a parar a unos diez países diferentes, entre ellos Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. Suiza ha enviado información financiera a la Audiencia Nacional, en cuyos bancos Francisco Correa y su principal colaborador Pablo Crespo, tenían depositados unos 21 millones de euros. Esta suma habría sido creada a partir de negocios relacionados con el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación, delitos por los que se les investiga.
Abecedario de la corrupción gürteliana.
A continuación exponemos una lista de los principales y mas notables encausados en la trama de corrupción del Caso Gürtel, en la que están siendo investigadas un centenar de personas, así como las razones por las que se les investiga:
# Luis Bárcenas: Ex tesorero del PP. Junto con el eurodiputado Galeote, habría recibido unos dos millones de euros en sobornos.
# Costa Climen, Ricardo: Diputado de las Cortes Valencianas y secretario general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según el juez está implicado en la trama.
# Crespo, Pablo: Ex secretario de Organización del PP de Galicia. Número dos de la trama corrupta, mano derecha de Francisco Correa, dio instrucciones desde la cárcel para mover los fondos que estaban en Suiza, donde, junto con el empresario, tenían unos 21 millones de euros de dudosa procedencia.
# Martín Basco, Benjamín: Diputado de la Asamblea de Madrid, cobró presuntamente unos 437.000 euros por favorecer intereses de Correa.
# Betoret Parreño, Rafael: Jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Concuñado de Carlos Fabra. En 2005 Orange Market, filial de Gürtel en Valencia, obtuvo gracias a él el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur.
# Bosch, Alfonso: Diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Imputado por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Recibió sobornos por valor de 250.000 euros para favorecer intereses de Correa. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre.
# Campos Guinot, José Víctor: Ex Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Dimitió en el año 2007 para dedicarse a los negocios. Participó en la organización de la visita del Papa, cuyo coste de organización fue engordado por la trama. Está imputado en el Caso Gürtel.
# Camps, Francisco: Presidente de la Comunidad Valenciana. Acusado de aceptar el regalo de unos trajes de marca valorados en 12.000 euros, y por tanto de tener conocimiento del entramado corrupto, este delito de cohecho ha sido archivado por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano.
# González, Ignacio: Vicepresidente de la Comunidad de Madrid y presidente de la empresa pública de aguas de Madrid Canal Isabel II, está siendo objeto de una investigación por contratos y subvenciones adjudicados a la socia de su mujer por valor de 2.340.000 euros.
# Granados, Francisco: Secretario general del PP. La fiscalía está investigando la situación de Granados al frente del Ayuntamiento de Valdemoro.
# Fabra, Carlos: Presidente del Partido Popular en Castellón. Presidente esa Diputación provincial. Se investiga al susodicho por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad documental y fraude. “Yo no sé la de gente que habré colocado en 12 anos” declaraba jactándose de ello en 2009.
# Galeote, Gerardo: Eurodiputado del PP. Acusado de embolsarse junto con Bárcenas, el tesorero del PP, unos 2.000.000 de euros de Correa.
# Galeote, José: Consejero de la empresa Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla y ex concejal de la misma localidad, recibió presuntamente 612.506 euros en sobornos de las empresas de la trama. Además, pudo haver comprado propiedades en Miami junto con los cabecillas de la red.
# Galeote, Ricardo: Concejal de Estepona. Hermano de Guillermo Galeote. Otrogó contratos con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, por valor de mas de 100.000 euros.
# González Panero, Arturo: Ex alcalde de Boadilla del Monte. Tiene al menos nueve propiedades en Miami, valoradas en unos 2.200.000 euros.
# López Rodriguez, Ginés: Ex Alcalde de Arganda, recibió mas 500.000 euros en sobornos, siempre según el auto de Garzón.
# López Viejo, Alberto: Está acusado de adjudicación irregular de contratos. Durante su etapa como concejal de Limpieza, lo llamaban “el Toyota” porque obligó a varias empresas a comprar vehículos de esta marca en un concesionario concreto. Unos 200.000 euros presuntamente cobró de Correa.
# Martín Morales, Tomás: vicepresidente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Boadilla, recibió 378.000 euros de la trama.
# Ortega, Guillermo: Ex alcalde de Mahadahonda, otorgó contratos a Correa por valor de mas de 2.000.000 de euros.
# Sepúlveda, Jesús: Ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, dimitió en marzo, tras ser imputado. Se le acusa de obtener 422.992 euros en dádivas de la red, además de un coche de la marca Jaguar.
El juez juzgado.
Por si no hubiese suficientes ingredientes en esta tragedia valleinclanesca, el juez que abrió el caso y comenzó la investigación, Baltasar Garzón, está siendo objeto de una investigación que podría apartarle del cargo. Y la denuncia vino del abogado del constructor José Luis Ulibarri, uno de los sospechosos de haber pagado millones de euros para conseguir adjudicaciones. El Tribunal Supremo ha autorizado que Francisco Correa dirija la acusación contra el juez que le estaba juzgando. La artimaña que han utilizado está relacionada con la grabación de las comunicaciones en prisión entre los principales implicados en la trama Gürtel y sus abogados, que ellos relacionan con una violación del derecho a la intimidad de los acusados. Esta acción ha sido justificada por el juez que le sustituye. Los abogados de los acusados podrían estar involucrados con los delitos de que se acusa a sus defendidos, como ayudarles a esconder millones de euros en paraísos fiscales. Es lo que se desprende de las grabaciones. Las consecuencias de anular la legalidad de estas pruebas, como pretenden varios letrados del Tribunal Supremo, podrían traducirse en la prolongación de los procesos judiciales durante varios años, así como la libertad condicional de los imputados, el alzamiento de los embargos o el archivo del caso. El fiscal, sin embargo, se ha opuesto a la querella por considerar que el juez en ningúnn momento es sospechoso de haber cometido delito alguno al tratar de esclarecer la situación legal de los defensores de los imputados.
Censura aus Spanien
Al menos es lo que ha intentado alguna autoridad, por suerte sin éxito, en dos ocasiones ya, en relación a la corrupción. En Alemania se asistió en los cines al documental “Let’s make Money”, de Erwin Wagenhofer, el director de We feed the world, para más señas. En él hay una parte dedicada a lam especulación urbanística en España, y aparecen imágenes a vista de pájaro de las urbanizaciones construidas sin apenas restricciones legales en los años de vacas gordas. Esto mismo, mas de un año después, ha querido hacer la Televisión Española en una serie sobre la corrupción en España, y cuál no ha sido la sorpresa de los españoles cuando se han enterado de que el Ministerio de Medio Ambiente pretendía censurar unos dos minutos de un capítulo en el que aparecían imágenes del telediario de la cadena estatal del 2009 sobre corrupción urbanística en el Litoral.
Pero esta no ha sido la única intentona controladora, el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat de Valencia, se vio obligado a descolgar varias fotografías de una exposición de fotoperiodismo sobre 2009 en las que aparecían políticos implicados en el caso Gürtel, por orden de la Diputación de Valencia. El director del Museo, Romà de la Calle, dimitió indignado, y las fotos fueron repuestas en la exposición, tras un gran revuelo en la opinión pública española y valenciana.
* Kaos en la Red - Carmela Negrete | Periodista - 22.03.10
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
Sentencias condenatorias urbanísticas superaron las 600 el pasado año
ABC* : Así lo ha informado hoy en Salamanca el fiscal de Sala Coordinador de esta Fiscalía, Antonio Vercher, durante su intervención en el XXII Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal de Salamanca. En declaraciones a los medios de comunicación, el fiscal ha destacado que frente a las 525 sentencias condenatorias de 2008, el pasado año se han superado las 600.
Vercher ha indicado además que de las 525 condenas dictadas en el 2008, un total de 310 se referían a delitos de urbanismo propiamente dichos y el resto a medio ambiente, "lo que da una ratio de dos sentencias condenatorias por cada tres dictadas".
Dentro de los infractores de este tipo de delitos, los ayuntamientos "son bastante problemáticos", ha destacado el fiscal, quien ha recordado también que se trata de "delitos bastante nuevos por lo que esperamos que los próximos años la tendencia sea a la baja".
Tal y como ha recordado, hasta "hace unos años" había "cierta" impunidad ante este tipo de situaciones, sobre todo en los ayuntamientos, por lo que se han cometido "irregularidades".
De acuerdo con los ponentes de la primera mesa de esta última jornada del congreso salmantino, las costas españolas son otro de los focos principales de actuación de la Fiscalía.
En este sentido, el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo ha señalado que hasta ahora "costaba aplicar" la medida de la demolición, pero "estamos consiguiendo que se aplique", lo que supone un arma disuasoria contra las construcciones ilegales.
Vercher ha matizado que en este momento se están enjuiciando temas anteriores a la crisis económica, por lo que es probable que aunque "se tenga más cuidado a la hora de delinquir, aumenten las sentencias condenatorias" por la propia dinámica del mercado inmobiliario.
Sobre el carácter disuasorio de las penas, los ponentes se han mostrado de acuerdo en que, en materia urbanística, sí es efectiva ya que la mayor parte de los implicados son "colectivos económicamente fuertes".
Durante su intervención en el congreso de Derecho Penal, Vercher ha analizado los últimos pasos de la Fiscalía en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio, examinando alguna de las situaciones más complicadas que se han registrado.
Según el fiscal, las estadísticas que se elaboran no se hacen por contar simplemente con unos datos y poder compararlos, sino para intentar buscar soluciones, "por lo que nos interesa saber hasta qué punto los problemas se captan y las soluciones se aplican".
En la mesa sobre "Corrupción Urbanística" también has participado miembros de la Guardia Civil para hablar las herramientas que emplean en la lucha contra la corrupción en esta materia.
En este contexto, se han analizado aspectos como las investigaciones patrimoniales, el desvío de dinero a paraísos fiscales, la utilización de empresas pantallas o de entramados societarios.EFE
* ABC- EFE - 19.03.10
Viñeta: especula en accion - Jobi
El urbanismo ilegal tumba al alcalde socialista de Linares de la Sierra
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HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Linares de la Sierra, Jaime Luis Fernández Ceballos, quedó ayer en libertad con cargos, junto a su pareja y al tesorero municipal, después de prestar declaración por su presunta implicación en un delito contra la ordenación del territorio. El pasado mes de noviembre el juez ya ordenó el precinto de una casa ilegal perteneciente a la familia del regidor socialista.
La construcción que parece haber desencadenado una espectacular operación a plena luz del día protagonizada por la Guardia Civil se levantó en el paraje conocido como La Presa, en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. La Fiscalía, tras recibir la denuncia de Medio Ambiente y la Policía Autonómica, abrió diligencias y comenzó a tirar de un hilo que ha conducido finalmente a la Policía Judicial de la Guardia Civil a las instalaciones municipales.
De momento, la operación e imputación del alcalde, según confirmó el mismo PSOE, se relaciona con el urbanismo ilegal y la ordenación del territorio en terreno especialmente protegido.
La Guardia Civil desarrolló la operación a plena luz del día ante la sorpresa de los vecinos de esta población de 300 habitantes. El alcalde salió del Consistorio junto a las fuerzas de la Benemérita, acompañado de dos miembros de su equipo y un teniente de alcalde. Tanto el edil como los demás imputados declararon en las instalaciones del Juzgado de Aracena hasta ser puesto en libertad. La Benemérita también interrogó a algunos vecinos del pueblo serrano y lo tuvo que hacer en la sede del centro Guadalinfo, dependiente de la Junta de Andalucía y la Diputación, que se ubica en la calle Calar.
También está pendiente de resolver la demanda de la empresa Proyectos e Inversiones MJF, que decidió llevar al Consistorio ante los tribunales por paralizar la construcción de una promoción de viviendas poco tiempo después de que el alcalde autorizara supuestamente el cambio de titularidad de la licencia urbanística en favor de la promotora.
El caso ha puesto de relieve los tentáculos del urbanismo ilegal en el Parque Natural de la Sierra de Aracena, un espacio mirado con lupa por Medio Ambiente y la Guardia Civil y que ha sido objeto de cientos de denuncias por construcciones irregulares, la mayoría de ellas construidas aprovechando licencias para casas de apero y labranza que luego se han convertido en chalés de alto standing y hasta complejos rurales.
De momento, el PSOE de Huelva ya ha suspendido de militancia al alcalde de Linares tras conocer su imputación, según apuntó en un comunicado, "en el proceso judicial abierto hace meses contra su cónyuge por la realización de una construcción supuestamente irregular".
Según la nota, "una vez conocida la imputación la dirección socialista adoptó la decisión de suspender cautelarmente de militancia a Jaime Luis Fernández Ceballos, una medida disciplinaria que ha sido aceptada por el propio afectado en su ánimo de no perjudicar al partido". El PSOE también le ha exigido la entrega del acta de concejal.
Según la versión dada por la dirección provincial socialista, "con anterioridad a los hechos producidos esta misma jornada, el PSOE ya había abierto un expediente informativo contra el alcalde tras conocer la noticia de la investigación judicial que afectaba a su compañera sentimental. Este expediente informativo podía concluir con la expulsión de Fernández Ceballos de esta formación política, como así ha ocurrido".
La dirección del PSOE, que ayer trasladó a su plana mayor de forma urgente a Aracena, asegura que "está trabajando para garantizar la gobernabilidad del municipio serrano" y lanzó "un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
La dirección del PSOE de Andalucía avaló la decisión onubense sobre la suspensión cautelar del alcalde. El vicesecretario general del PSOE-A, Rafael Velasco, dijo que Javier Arenas debería tomar ejemplo de esta suspensión cautelar ante los casos de "imputados y condenados que hay en su partido".
Desde el Partido Popular también se ha exigido la inmediata dimisión del alcalde.
El grupo municipal de Izquierda Unida reiteró la exigencia de dimisión o cese del alcalde que formuló en noviembre de 2009 "cuando salieron a la luz pública los hechos por los cuales ha sido imputado ahora". El secretario de Organización de IU, José Luis Pérez Tapias, y la concejal Conchi Pérez, pidieron también el cese de los "concejales socialistas que puedan ser imputados".
IU aprovechó la ocasión para recordar que el alcalde "tiene otra denuncia ante la justicia por la concesión de licencia primero y denegación posterior para la construcción de una promoción de 12 viviendas en terreno no urbanizable". IU añadió que el Defensor del Pueblo andaluz, ante una queja de la Coalición, lo declaró como "entidad no colaboradora por su negativa a aceptar su recomendación de rectificación con el proceso de adjudicación de viviendas municipales".
Según una nota distribuida anoche por IU, "Mario Jiménez, anterior secretario de Organización, e Ignacio Caraballo, entonces responsable de Política Municipal han sido los grandes valedores políticos del alcalde, a quien impusieron como candidato del PSOE y lo han mantenido en el cargo a pesar de las informaciones".
IU advierte que "no pueden ahora mirar para otro lado porque son los máximos responsables políticos de lo que pasa en Linares". Un pueblo que ayer se escondió literalmente en casa ante la presencia de la Guardia Civil.
* Huelva Información - 23.03.10
Foto: Un vecino mira un cartel en el Ayuntamiento, cerrado tras la operación policial. - huelvainformacion.es
