C.Valenciana: La Fiscalía abre 42 investigaciones en un mes por delito urbanístico

ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia ha abierto 42 diligencias de investigación penal por posible delito urbanístico durante el mes de enero. Lo ha hecho después de conocer los expedientes sancionadores que tenían 45 ayuntamientos por construcciones ilegales en suelo rústico no urbanizable de uso común y que dieron a conocer el pasado 31 de diciembre después de que se lo solicitara expresamente el ministerio público.

Los expedientes sancionadores son obligación de los ayuntamientos y tienen una vida máxima de cuatro años. Pasado ese tiempo, la infracción prescribe: la casa no se puede derribar. Montroi, cuyo ex alcalde Javier Carrión (PP) fue detenido el pasado miércoles junto a otras seis personas (dos ingenieros y cuatro empresarios, que no un notario como inicialmente se dijo) por supuesto delito urbanístico y prevaricación, fue uno de los municipios que no contestaron a las peticiones realizadas en el último año por la Fiscalía de Valencia.

De hecho, entre la documentación incautada, según fuentes de la investigación, hay expedientes que han prescrito. Y por ello se investiga también la actuación del actual alcalde, el socialista Antonio Polo. La Guardia Civil finalizó ayer el decomiso de toda la información que había en las dependencias del consistorio. Y entre hoy y mañana, previsiblemente, los detenidos serán puestos a disposición judicial. En el centro de la causa: 77 chalés, sobre todo vendidos a británicos, escandinavos y alemanes, que compraron, en el mejor de los casos, una participación de una parcela indivisa, y así lo firmaron algunos ante notario, en lugar de una vivienda.

Catorce ayuntamientos ignoraron el requerimiento de la Fiscalía de Valencia de poner en su conocimiento los expedientes administrativos abiertos desde 1994 por construcciones ilegales en terreno rústico no urbanizable de uso común. Son municipios, entre ellos Montroi, ubicados en las comarcas del interior de Valencia, especialmente en Los Serranos, La Vall d'Albaida, El Rincón de Ademuz o El Camp de Túria.

La gran mayoría de los municipios sí respondió. Y 92 localidades, el 40%, asegura no haber abierto ni un expediente. La Fiscalía tiene serias dudas respecto de la sinceridad de estos últimos. No, obviamente, en aquellos casos en los que el total del suelo municipal es urbano.

Por las dudas, la Fiscalía dio hace medio año un paso más y solicitó a la Guardia Civil que vigilara especialmente a una veintena de localidades.

El tráfico de información arroja una cifra provisional que da una dimensión de la realidad de la ilegalidad en la construcción en terreno rústico no urbanizable de uso común: 4.476 expedientes abiertos por 157 municipios entre 2005 y 2008. Y falta por saber la información correspondiente al 60% de los municipios. Es lógico pensar, y así lo hace la sección de medio ambiente y ordenación del territorio, que son muchos más los casos aún por destapar.

La razón de esa ilegalidad parece estar, y así lo señala la Fiscalía en un análisis sobre la situación de la construcción ilegal en suelo rústico no urbanizable, en la dejación de los ayuntamientos, más que en su ignorancia de la norma a cumplir. De hecho, el ministerio público puso hace ya meses a disposición de la Federación Valenciana de Municipios un documento en el que se recogían detalladamente las competencias de las corporaciones locales (sancionar y comunicar la infracción a la Fiscalía) así como el catálogo de infracciones penales y sus penas en caso de no cumplir con esa obligación.




* ELPAIS.com - 5.02.10
Foto: Ademuz (Valencia) - personales.upv.es

.................................... Leer más...

Zamora: El TS confirma la anulación del desarrollo en «Higueras»

LAOPINIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) acaba de confirmar que los promotores del Plan Parcial «Higueras» no podrán llevar a cabo, por el momento, la construcción del centro comercial previsto, denominado «El Zoco», ni de viviendas, ya que la aprobación del desarrollo urbanístico de este sector se basa en un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) anulado judicialmente en su día.

Como la magistrada de Zamora, se muestra de acuerdo en que aunque el PGOU se hubiera anulado, este Plan Parcial tampoco se ajusta a sus determinaciones y por tanto lo considera, de la misma forma, nulo.


Los magistrados del TSJ resuelve con las mismas tesis que la jueza zamorana la apelación presentada en su día por los propietarios de los terrenos, después de que se aprobara el siete de agosto de 2006 el permiso del Ayuntamiento capitalino para actuar en este sector, situado frente al centro comercial Valderaduey, en el barrio de La Alberca. De hecho, el Juzgado Contencioso de Zamora anuló el acuerdo de la Corporación municipal por tratarse de un acto administrativo que manaba de una norma ya anulada por el TSJ.


Ambas decisiones judiciales se derivan de los recursos presentados en su día por cinco de los propietarios de terrenos de ese Plan Parcial que se mostraban disconformes con la edificabilidad que se les asignó respecto de otros. Asimismo, denunciaron que el proyecto de actuación no se ajustaba al contenido del Plan de Urbanismo, y encontraban una des proporcionalidad grande entre los beneficios urbanísticos de los distintos titulares de fincas en la zona afectada. Los recurrentes, por ejemplo, entienden que a sus parcelas les debería haber correspondido edificación plurifamiliar (bloques de viviendas) y no unifamiliares.


La consecuencia inmediata de la anulación del TSJ será el bloqueo de las concesión de licencias en el Ayuntamiento hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Una vez que el documento urbanístico entre en vigor, el equipo de Gobierno interpreta que el Plan Parcial Higueras recuperará su legalidad puesto que el futuro PGOU asume ese plan parcial como nuevo ordenamiento urbanístico tal y como estaba desarrollado en 2001. Con el nuevo Plan en la mano, el plan parcial «habrá pasado por todos los cauces legales necesarios, incluidos los periodos de exposición pública», es decir, sería similar a repetir su aprobación.


Con respecto a la nueva piscina con cargo al FEIL que se construye en el sector, el equipo de Gobierno mantiene que «no corre peligro» al estar construida en una parcela de titularidad municipal.





* La Opinión Zamora - 5.02.10
Foto: Obras de urbanización en el Plan Parcial «Higueras», paralizadas desde hace meses. - L. O. Z., laopinióndezamora.es

.................................... Leer más...

El alcalde de Albaida se enfrenta a 15 meses de multa por delito urbanístico

MÁLAGAHOY* : El juicio se ha previsto que se celebre hoy en el Juzgado de lo Penal nº5. El alcalde de Canillas de Albaida, Antonio Gregorio Díaz Navas (PP), ha sido acusado de un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía le pide 15 meses de multa, a razón de 20 euros diarios, además de siete años de inhabilitación para ostentar cargos públicos.

El juicio contra Díaz Navas está previsto que se celebre hoy en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga, aunque el alcalde de este municipio de la Axarquía ha enviado al juzgado un certificado médico que desaconseja su asistencia a la vista oral por problemas de salud, por lo que ayer todavía existían dudas sobre el aplazamiento o celebración de la sesión judicial.

Los hechos por los que ha sido acusado y será juzgado el alcalde de Canillas tienen su origen en julio de 2004, cuando Peter P., promotor y propietario de una parcela, solicitó en el Ayuntamiento licencia de obras para levantar una vivienda en una finca no urbanizable, ubicada en el paraje El Mosquín de Canillas de Albaida. La petición del permiso de obras, según el fiscal, no se apoyaba en documentación preceptiva como un proyecto técnico, visado o proyecto de actuación. Sin embargo, a pesar de tratarse de terrenos no urbanizables y carecer de informes técnicos, el alcalde expidió en noviembre de ese mismo año la licencia de obras.

El fiscal hace ver en su escrito de acusación provisional que el expediente de esta obra sólo consta de cuatro folios y que "omite la reclamación de documentación técnica visada del arquitecto municipal". Tres años más tarde, ya en noviembre de 2007 y una vez iniciado el procedimiento judicial contra el alcalde, el abogado del promotor presentó en el Ayuntamiento de Canillas de Albaida un escrito al que adjuntaba un proyecto de actuación que tenía fecha de 2003 en el que vinculaba la vivienda en suelo rústico a una explotación agrícola. El fiscal resalta que "a pesar de que en dicha finca no se ha desarrollado explotación alguna en ningún momento", el Ayuntamiento tramitó "con la misma celeridad" el proyecto de actuación.

Estos hechos son para la Fiscalía constitutivos de un presunto delito de prevaricación urbanística, de ahí que también reclame la nulidad de la licencia que otorgó el alcalde de Canillas de Albaida porque "permitió" en contra de las leyes "una construcción en suelo no urbanizable fuera de los supuestos autorizados", infringiendo el procedimiento y omitiendo el proyecto de actuación, única posibilidad legal que existe para poder edificar en suelo rústico.





* Málaga Hoy - 5.02.10
Foto: Canillas de Albaida (Málaga) - wikimedia.org

.................................... Leer más...

A Coruña reduce sólo la altura de edificios nuevos

ELPAÍS* : Un embrollo monumental sacude desde hace una semana la actualidad de A Coruña por la reforma de su plan general de ordenación municipal (PGOM), ahora en fase de alegaciones. Todas las alarmas saltaron cuando el PP salió denunciando que el documento dejará "fuera de ordenación" al 60% de los pisos de la ciudad, ya que al rebajarse considerablemente la altura máxima de los edificios, los existentes se quedarán en "un limbo legal", imposibilitando incluso, según repitió este partido, que se puedan suscribir hipotecas para su compraventa.

"Mentira, falacias, todo es tendencioso e irresponsable", clamó el alcalde socialista Javier Losada.

Pero la alerta vecinal se disparó y el temor a que se rebaje el valor de las propiedades derivó incluso en la creencia de que se podrían derribar todos aquellos inmuebles que superen la altura que marcará la futura norma urbanística. Y el Gobierno municipal acabó dando marcha atrás. "Ante la alarma social creada por el PP", el alcalde y la concejal de Urbanismo, Obdulia Taboadela, prometieron "introducir un cambio" en la futura normativa para que "ningún edificio de la ciudad quede fuera de ordenación" y así "dar seguridad jurídica" a todos los dueños de pisos ya existentes. "Podrán hasta demolerse y volver a ser reconstruidas con la misma altura y volumen al que tenían", aseguró ayer Taboadela. Sólo los nuevos inmuebles verán limitada su altura en función del ancho de la acera, como establece el futuro PGOM.

Un anuncio que sin embargo no contribuyó a aminorar la espiral de acusaciones, declaraciones y contradicciones que enmarañan cada día un poco más la ya grande confusión que existe en la ciudad. Incluso afloran divergencias entre los socios de gobierno, dado que los nacionalistas, que gestionan la concejalía de Rehabilitación y Vivienda, son partidarios de limitar ese "cambio" que anunciaron los socialistas para preservar uno de los elementos que más les gusta de la futura normativa, que "rompe y corrige todos los excesos" de los 25 años de Francisco Vázquez en la Alcaldía.

El plazo para presentar alegaciones al PGOM que sustituirá el plan en vigor desde 1998 acaba el día 18. Es, de momento, lo único certero en todo este enredo sobre una categoría jurídica (los inmuebles fuera de ordenación) que "existe en todos los planes urbanísticos" sin mayores consecuencias, alega el Gobierno local, pero que para la oposición es "una auténtica barbaridad" ya que reduce el valor de los pisos afectados en el caso que sea derribado su edificio.

La Federación de Asociaciones de Vecinos se está pensando si al final presenta alegaciones. Quienes sí lo harán son los promotores, contrarios a un nuevo PGOM que ven inviable, con excesivas cargas "para que resulte rentable desarrollar algunas zonas" y con una previsión excesiva de viviendas de promoción pública -el 40% que marca la ley-.

Los arquitectos, por el contrario, no presentarán ninguna por considerar que el plan redactado por el urbanista catalán Xoan Busquets es "el mejor posible y la última oportunidad para acabar con el caos urbanístico" que padece desde hace décadas A Coruña. "El problema es que en esta ciudad cada vez que aparece un metro de suelo, saltamos todos al máximo, hay que dejarse de hipocresías", clamó ayer el presidente de los arquitectos coruñeses, Manuel de la Iglesia, al lanzar un llamamiento, especialmente a los promotores, para que piensen y hagan un urbanismo más racional, no en vertical.

La nueva norma que ahora está en trámite "pone fin a una forma de hacer negocio en A Coruña y abre otra con límites de construcción más acorde con un tiempo y una situación económica en la que se acabaron las vacas gordas", remachó el presidente de la delegación coruñesa del Colegio Oficial de Arquitectos. Y responsabilizó de la polémica tanto al PP por "sacar fuera de contexto una figura jurídica sin consecuencias para provocar cierto pánico" como al gobierno local por "su falta de información".

En lo que sí están unidos socialistas y nacionalistas es en defender un cambio drástico del urbanismo que se hacía en A Coruña y en sus reproches al PP por su "maniobra electoral con una campaña tendenciosa y falsa de agitación". "Las líneas maestras del nuevo plan general se mantiene para hacer una ciudad con más calidad urbana, más zonas verdes y con menos presión urbanística", asegura el gobierno municipal.

"No me fío", respondió ayer el portavoz del PP, Carlos Negreira, que exige ver los ambiso por escrito antes del del día 18.





* ELPAIS.com - 5.02.10
Foto: A Coruña, ayuntamiento - Daniel Csörföly 04 (wikimedia.org)

.................................... Leer más...

Montroy: El Consell halló irregularidades y no actuó

LEVANTE/Valencia* : La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda conocía la existencia de "asentamientos residenciales irregulares" en Montroy desde el año 2007, pero no actuó para solucionar el problema. Un informe de dicha conselleria sobre la aprobación de la reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montroy, fechado el 30 de mayo de 2007, advertía de que el municipio se encontraba "bastante disgregado y salpicado de edificaciones aisladas" y proponía dar "una solución a la problemática derivada de los asentamientos irregulares".

Entre las actuaciones planteadas en este Plan General se apuntaba "la delimitación, como zonas de reserva residencial en suelo no urbanizable común, de aquellas áreas que presentan asentamientos residenciales irregulares, acotando su extensión y posibilitando su desarrollo posterior". Todo ello eran recomendaciones de la Comisión Territorial de Urbanismo incorporadas al nuevo PGOU de Montroy. "Le correspondía al ayuntamiento desarrollar ese plan y, por tanto, esas recomendaciones", describió ayer una portavoz de la conselleria. La misma fuente confirmó que en la conselleria no existe "ningún expediente por irregularidades urbanísticas" abierto por el Ayuntamiento de Montroy. Pero tampoco la conselleria actuó, a diferencia del caso Catral de 2006, ni dio parte a la Fiscalía. En ambos casos dirigía la conselleria Esteban González Pons.





* Levante-EMV - 4.02.19
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

.................................... Leer más...

Muro: El ex alcalde Ramis, condenado a diez años de inhabilitación

DIARIODEMALLORCA* : Miquel Ramis, que fue alcalde de Muro durante varias legislaturas, presidente y fundador del partido Convergència Democràtica Murera, ha sido condenado a diez años de inhabilitación para ejercer cargo público. La sentencia condenatoria, emitida por la titular del Juzgado de lo penal nº6 de Palma, es firme ya que el acusado admite los hechos y acepta la pena máxima solicitada por la acusación.

Ayer se celebró el juicio contra Miquel Ramis, aunque éste estuvo ausente. Su abogado, Rafel Perera presentó documentos acreditativos de que Ramis padece una enfermedad grave por la que recibe tratamiento en Barcelona. No obstante, Perera presentó también un escrito, que ya había remitido con anterioridad a la juez instructora. En ese documento su representado se declara culpable de prevaricación.
Aun así, el acusado pedía la pena mínima. Cabe destacar que el fiscal solicitaba siete años de inhabilitación y la acusación particular, que ejercía, Jaume Perelló (UM), pedía diez años.

Los antecedentes

Los hechos que han ocasionado el proceso y la consecuente condena se remontan a 1998. En septiembre de ese año se abrió un expediente por infracción urbanística contra un vecino de Muro y la entidad Construcciones Es Moyà SL. Dicho documento relataba que en 1997 se habían ejecutado obras de ampliación de una vivienda en suelo rústico sin la preceptiva licencia municipal.
Como consecuencia de ese expediente se efectuó una propuesta del instructor en la que pedía una serie de sanciones económicas al propietario y a la empresa constructora. La resolución se notificó en abril de 2005 y posteriormente se desestimaron alegaciones de la propiedad. En ellas, el dueño solicitaba la caducidad y prescripción del caso argumentando que las obras habían finalizado antes de 1997, y que el expediente hablaba de trabajos inconclusos. El celador municipal de Muro emitió un informe ratificando que las obras "estaban en construcción y no acabadas en la fecha de la inspección", según reza textualmente.
Como consecuencia se dictó un decreto de Alcaldía el mes de noviembre de 2005 con una sanción al propietario y al constructor por un importe total de 8.870 Euros.
Construcciones Es Moyà recurrió argumentando que no había sido la empresa que llevó a cabo las obras y que, por tanto, no era responsable de la infracción. Esta entidad era propiedad de los padres de la concejala Catalina Alzamora, del mismo partido que Ramis. El padre de la edil, Jorge Alzamora, era socio entonces del alcalde Ramis en el Hotel Alcúdia Suite.

La prevaricación

A pesar de ello, Ramis, ejerciendo de alcalde, dictó un decreto en abril de 2006 en el que estimaba el recurso del constructor y ordenaba el archivo del expediente. Dicho archivo se hizo en contra del criterio del instructor de los servicios jurídicos municipales y del propio celador. Éste ratificó que el 4 de septiembre de 1997 la empresa Construcciones Es Moyà era la que realizaba las obras objeto del expediente por infracción urbanística.





* Diario de Mallorca - 4.02.10
Foto: Muro (Mallorca), ajuntament - mallorcaweb.com

.................................... Leer más...

Cádiz: El sueño roto del piso para jóvenes

ELPAÍS* : Hace tres años Rocío Castro brindó con champán junto a la alcaldesa de Cádiz. Teófila Martínez, del PP, le acababa de entregar las llaves de su vivienda en el casco antiguo gaditano. Un piso en la calle Arricruz de 60 metros cuadrados. Cumplía un sueño: acceder a su primera casa junto a su marido y sus dos hijos, que ahora son ya tres. Pero ese sueño cumplido se ha tornado en una pesadilla.

Su casa formaba parte de uno de los programas estrella del Ayuntamiento de Cádiz: promociones de vivienda en alquiler para menores de 35 años con opción a compra.

El Consistorio ha empezado a comunicar a los beneficiarios las condiciones para adquirir su domicilio pero el precio se ha disparado. "Nos dijeron que rondarían los 60.000 euros y ahora nos piden 120.000", denuncia indignada. Ahora teme que todo el dinero invertido en la casa de sus sueños se pierda y ella y su familia se queden en la calle.

Rocío Castro guarda su foto con la alcaldesa. También el recorte de prensa en el que el concejal de Vivienda, Juan José Ortiz, explicaba que el precio de estas casas rondaría los 60.000 euros. "Ha sido un error de apreciación", se justifica ahora el edil. "Nosotros hacíamos referencia a casas de unos 40 metros cuadrados y hemos aplicado el precio de referencia establecido por cualquier iniciativa municipal autonómica, que es de 1.743 euros por metro cuadrado", un precio más cercano a la media de una vivienda de renta libre que al de una de protección oficial. El Consistorio publicitó entonces el coste de la vivienda más pequeña, pero muchas de las casas incluidas en esta promoción superaban ese tamaño.

Por esta cuenta la vivienda de Rocío Castro costaría 104.580 euros, puesto que tiene 60 metros cuadrados, a lo que hay sumar el incremento que supone el IVA, lo que eleva el precio a unos 120.000 euros. "A nosotros nos dieron la casa porque teníamos la renta baja. Nos engañaron si ahora nos reclaman dinero como si fuésemos ricos". Este plan municipal establecía un plazo de cinco años para decidir si el adjudicatario quería comprar o no la casa. El dinero pagado por el alquiler sería descontado del montante total. "Sólo nos vale para pagar la diferencia que supone el IVA", protesta la joven. Ella está parada. El sueldo de su marido ronda los 1.000 euros. "Ningún banco nos da ninguna hipoteca por más de 100.000 euros. Alguno nos podría dar hasta el 80% pero tendríamos que pedir un préstamo personal, que nos denegarían", explica indignada.

Como ella otros 15 beneficiarios de estas promociones han decidido denunciar públicamente su situación. Algunos, como los residentes en la calle Goleta, han añadido quejas por el mal estado de sus inmuebles con goteras y filtraciones de agua nada más estrenar sus nuevas viviendas. Han recibido el apoyo del PSOE. "La empresa municipal de vivienda, PROCASA, está vendiendo casas como una agencia inmobiliaria. Vende a precio de mercado para financiarse y lucrarse a costa de estos jóvenes que se creyeron esta iniciativa del Ayuntamiento", lamenta la edil socialista Natalia Álvarez.

El PP se defiende. Cree que no se le entendió cuando habló de precio inicial de las casas. Lo atribuye a un error de interpretación. "El PSOE actúa de vocero para negar los méritos de un plan que fue pionero en España y que ha copiado hasta la Junta de Andalucía", protesta el concejal Juan José Ortiz. También recuerda a los adjudicatarios que el Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con una caja andaluza para ofrecer a estos futuros compradores una hipoteca joven en condiciones ventajosas. Pero Rocío Castro niega la mayor. "El interés que piden es mayor que el que ofrece ahora cualquier banco. Nos engañaron y lo saben. Queremos una reunión y que nos aclaren nuestro futuro". Lo dice con los recortes en la mano. Los que anunciaban las condiciones ventajosas que ahora no han llegado. Y con la foto del brindis con la alcaldesa, de la que ahora se avergüenza.





* ELPAIS.com - 4.02.10
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)

.................................... Leer más...

El Plan do Litoral sólo protege el 5% del suelo urbanizable

LAOPINIÓN/A Coruña* : El Plan de Ordenación del Litoral (POL) que ha redactado la Xunta sólo prohibe levantar viviendas en 26 de las 505 hectáreas de suelo vacío y apto para construir que tiene el municipio de A Coruña. Las nuevas directrices del Gobierno gallego para proteger la costa gallega afectan sólo al 5,1% del suelo urbanizable y urbano no consolidado, por lo que se convierte en el municipio de la comarca menos afectado por el frenazo al ladrillo.

El nuevo plan del litoral que la Xunta ha entregado a los concellos ordena un total de 2.661 hectáreas de las 3.800 que posee el municipio de A Coruña, pero sólo impide la edificación en una pequeña parte, la que está protegida. Algo más de 22 hectáreas tienen la calificación de protección ambiental (marismas, acantilados, bosques) y cuatro, la de protección de corredor (ríos y lagunas). Sólo en estas zonas está prohibido el desarrollo residencial.

El Ejecutivo gallego clasifica 121 hectáreas de A Coruña con la denominación de mejora ambiental y paisajística, que permite la construcción, aunque impone limitaciones. Sin embargo la Xunta deja al Ayuntamiento total libertad para construir en 357 hectáreas de suelo urbanizable y urbano no consolidado. La protección ambiental es la que más afecta a este municipio, sobre todo en primera línea de costa, a menos de 500 metros del mar. En este tramo de litoral están protegidas 17,06 hectáreas.

El POL afecta sobre todo a la urbanización de 3.200 viviendas que el Concello prevé construir en O Portiño. Otras dos zonas, donde el plan general prevé importantes desarrollos urbanísticos, salen muy bien paradas con este plan. Es el caso de San Roque de Afuera, donde se prevé levantar dos edificios de ocho plantas. A pesar de que este ámbito está casi al borde del mar la Xunta ha determinado que lo ordene el plan general coruñés.

Lo mismo sucede con otro sector, el de San Amaro, donde se construirán cinco edificios de siete plantas, menos uno que tendrá una. El sector de San Amaro tampoco sale perjudicado porque el plan del litoral establece en su artículo 3 que no afecta a los desarrollos urbanísticos que tengan su instrumento de desarrollo y de gestión aprobados definitivamente antes de la entrada en vigor del POL, lo que sucede en este caso.

El plan del litoral de la Xunta no se aplica al suelo urbano consolidado ni los núcleos rurales ni los sectores o ámbitos con sus instrumentos de planeamiento y gestión aprobados. Un dato importante es que el POL no fija plazos por lo que en un sector que tenga un plan parcial o una reparcelación, por ejemplo, aprobada aunque fuese hace años, no estará afectada por la nueva normativa del litoral aunque se trate de terrenos ordenados por dicho plan del litoral.

A Coruña es el municipio menos afectado por el POL, mientras que en el extremo opuesto está Oleiros: de las 503 hectáreas de suelo vacío y apto para construir que posee, la Xunta le prohíbe edificar en 81,66, es decir, el 37,8%. Oleiros además es el municipio con más hectáreas con protección de corredor, más que las de protección ambiental, debido a la cantidad de ríos y la laguna que posee.
Casi igual se encuentra Culleredo, con el 37,6% de suelo en el que no podrá poner ni un ladrillo. Le siguen Bergondo, Sada, Betanzos, Arteixo, Miño y A Coruña de último.

El POL prevalece

El Plan de Ordenación del Litoral, una vez aprobado de forma definitiva, prevalece sobre el planeamiento municipal, por lo que los municipios tendrán que adaptar sus planes o normas subsidiarias a lo que disponga esta nueva norma. Además, el propio plan del litoral establece que en caso de dudas en su interpretación se aplicará la que contemple un mayor nivel de protección.

Los objetivos generales del POL son favorecer el desarrollo compacto, evitar la dispersión, fomentar la rehabilitación y la renovación, e impedir nuevos crecimientos aislados. Aunque en este caso hace una excepción, las industrias y equipamientos, pues permite clasificar suelo urbanizable industrial aislado, según figura en su artículo 37.

El POL protege en A Coruña dos zonas de interés paisajístico, la del entorno de la Torre y la de las islas y el Monte de San Pedro. Esta última afecta a la futura urbanización de O Portiño, que en parte queda incluida en esta protección. El entorno de esta urbanización, además, figura clasificado al mismo tiempo como urbanizable y como rústico especialmente protegido en los paneles del plan general expuestos en la Casa del Agua.

Urbanizable o rústico

El responsable de Urbanismo del Concello, Alfredo Cerezales, ha explicado que no existe ninguna contradicción pues es suelo rústico y lo que figura como urbanizable sólo significa que la consecución de estos terrenos para convertirlos en zonas verdes y espacios libres se hará imputándolo, adscribiéndolo, a tres urbanizaciones, sectores urbanizables, que se desarrollarán en las cercanías. Este experto recuerda que el artículo 32 de la legislación permite hacerlo.

Un suelo rústico puede clasificarse, como sistema general, adscrito a un sector de suelo urbanizable, efectivamente, pero la clase de suelo debe aparecer siempre como rústico. Y no sólo figura como urbanizable en los planos, también en las fichas de los sistemas generales adscritos, cuando, si fuese como afirma el Concello, debería figurar como rústico.





* La Opinión Coruña - 4.02.10
Foto: A Coruña, vista general - seriestemporales-ieo.net

.................................... Leer más...

Más infraestructuras insostenibles gracias a la Ley de Economía Sostenible

La futura Ley de Economía Sostenible se utilizará para mantener el gasto en infraestructuras a pesar de los recortes presupuestarios. ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* considera que es un ejemplo claro de cómo la Ley no busca la sostenibilidad.
Ayer José Blanco, Ministro de Fomento, anunció que, pese al recorte presupuestario previsto para su ministerio, se mantendrán las inversiones previstas en infraestructuras de 15.000 millones de euros hasta 2011, 7.000 para este año.

Para ello fomentará los acuerdos público-privados, de forma que la financiación sea en un 50% por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), entre un 20 y un 30% por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), y el resto, a partes iguales, entre las constructoras adjudicatarias de la obra y la banca. Para conseguir el dinero privado se realizarán avales públicos para los préstamos, transfiriéndose todo el riesgo de la inversión a entes públicos.

Las infraestructuras a las que se refiere José Blanco son las incluidas en el Plan Estratégico de Infraestructuras de Transporte (PEIT), que supone 6.000 nuevos kilómetros de autovías y 9.000 de alta velocidad, entre los que se encuentran el AVE a Galicia, como señaló también ayer el Ministro. Actualmente ya somos el país europeo con más kilómetros de autovías y, este año, seremos el primer país del mundo en número de kilómetros de alta velocidad ferroviaria. Todo ello produce que las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector del transporte estén desatadas.

El mecanismo de financiación público-privada estará facilitado por la futura Ley de Economía Sostenible, actualmente en proceso de tramitación. En concreto los artículos comprendidos en el capítulo V.

Para Ecologistas en Acción queda, una vez más, patente la nula sensibilidad ambiental de este Gobierno, tanto por sus iniciativas políticas, como por la legislación que impulsa.





* Ecologistas en Acción - 2.02.10
Foto: Autopistas de peaje vacías - elpais.com


.................................... Leer más...

Detenido el ex alcalde de Montroi y otras seis personas por corrupción urbanística

ELMUNDO/Valencia* : El ex alcalde de Montroi, el 'popular' Francisco Javier Carrión, y otras seis personas han sido detenidas este miércoles en el transcurso de una operación policial contra la corrupción urbanística. Según el fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se investigan delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y otros pendientes de diligencias declaradas secretas. Los siete detenidos aún no han pasado a disposición judicial.

El delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, ha asegurado que entre los detenidos hay cargos públicos, entre ellos el ex alcalde, pero también "alguna persona relacionada con las actividades económicas" que se investigan.

Peralta ha confirmado que las actuaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil han sido ordenadas por el juez "por presuntos delitos de urbanismo" y ha informado de que se han intervenido "documentos" en el registro de la Casa Consistorial, y de que las "supuestas irregularidades urbanísticas" que se investigan "proceden de la anterior legislatura", cuando el PP y Unión Valenciana gobernaban en coalición.

La operación, coordinada por la sección especial de medio ambiente de la Fiscalía de Valencia, ha comenzado a primera hora de la mañana con el registro del Ayuntamiento (que continúa). Sin embargo, las pesquisas se han extendido a tros siete domicilios y tres empresas de Valencia, Silla y Montroi. Tres de los 11 registros ordenados esta mañana ya han concluido.
Chalés en suelo no urbanizable

Al parecer, los agentes del grupo contra delitos de Patrimonio están buscando documentos relacionados con la construcción de 83 viviendas en terrenos rústicos no urbanizables. Los chalés iban dirigidos a ciudadanos ingleses y alemanes.

El Ayuntamiento de Montroi está controlado por el PSPV-PSOE desde el año 2006, después de que el anterior alcalde, el 'popular' Francisco Javier Carrión, dimitiera al no contar con el apoyo de la oposición en la aprobación de los presupuestos.

Según fuentes de la investigación, el registro estaría relacionado precisamente con la gestión municipal durante la pasada etapa, en la que el PP gobernaba con junto a Unión Valenciana.
Investigación 'bajo secreto'

El actual alcalde, José Antonio Polo, no ha confirmado el objeto de la investigación, ya que se encuentra "bajo secreto", pero ha asegurado que el equipo de Gobierno está ofreciendo "la máxima colaboración" en el registro.

Preguntado sobre la gestión urbanística del anterior equipo de gobierno, se ha limitado a explicar que únicamente había "una carencia" referida a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que el consistorio aprobó en julio de 2007 cuando ya se había producido el relevo en la alcaldía. Un informe de la Conselleria de Urbanismo ya advierte de estas irregularidades.

De hecho, Polo ha reconocido que las docenas de chalés edificados en la urbanización Els Mallars no tienen licencia y, por ello, el Ayuntamiento "está intentando" desarrollar un Programa de Actuación Integrada (PAI) para las regularizarlas.
'No hay licencias de edificación'

"No hay licencias de edificación, nunca se han dado. Hay casas que tienen más de 30 años y ésas, a lo mejor, lo consiguieron en su día; estamos intentando desarrollar un PAI para que todo esté en orden", ha precisado.

Con alrededor de 3.000 habitantes, Montroi es un pequeño municipio de la comarca de la Ribera Alta, ubicado a apenas 27 kilómetros de la ciudad de Valencia.





* El Mundo - EFE - 3.02.10
Foto: Los chalés se habrían construido en suelo no urbanizable - cope.es

.................................... Leer más...

Detenido el ex gerente del Instituto Turístico de Baleares por presunta corrupción

RTVE* : El que fuera gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares y actual director de Calidad Ambiental del Govern, Antoni Oliver Ensenyat (UM), ha sido detenido en el transcurso de la operación contra la corrupción ordenada por el Juzgado de instrucción nº10 de Palma. A esta detención se añade la de otras dos personas más en la localidad mallorquina de Pollença, aunque se desconoce la identidad y si son o no también cargos públicos, según fuentes policiales.

Estas dos últimas detenciones se han producido tras el registro de un local comercial de Pollença y en el marco de la llamada operación policial "Voltor" (buitre en mallorquín), que investiga un supuesto caso de corrupción durante la actual legislatura y cuyas diligencias están bajo secreto de sumario.

En el transcurso de esta operación ha sido registrada la sede de Inestur, ubicada en el parque tecnológico de Palma (Parc BIT), donde agentes de la Policía Judicial han decomisado diversa documentación.

El primer detenido este miércoles ha sido el director general de Calidad Ambiental del Govern balear, Antoni Oliver, miembro de UM y hasta hace pocas semanas gerente del Inestur.
Arrestado en la Consellería de Medio Ambiente

Según han informado fuentes de la investigación, el arresto, que se ha realizado en la sede de la Consellería de Medio Ambiente, ha tenido lugar poco antes de las 13.00 horas y, a continuación, Oliver ha sido conducido a la sede de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares.

Oliver ha sido hasta hace pocas semanas gerente del Inestur, por lo que presumiblemente la investigación judicial tiene que ver con la gestión de este organismo público -dependiente de la Consellería de Turismo del Govern balear- durante la actual legislatura, a cargo de Unió Mallorquina.

Los registros responden a unas diligencias que se están instruyendo en dicho juzgado, sobre las que está declarado el secreto de sumario.

Fuentes de la Consellería de Turismo han señalado a Efe que, al aparecer, los agentes protagonistas del registro han solicitado diversa documentación, que les ha sido entregada. La actitud de este departamento autonómico es de "total colaboración" con la Justicia.

Esta operación en Baleares contra la corrupción coincide con otra que se desarrolla también en el Levante, en concreto un registro del Ayuntamiento valenciano de Montroy por un posible caso de corrupción urbanística que, al parecer, estaría relacionado con la etapa de gestión del anterior equipo de gobierno, formado por el PP y Unión Valenciana.
Antich promete "firmeza" si la operación es por la gestión de esta legislatura

Por su parte, el presidente balear, Francesc Antich, minutos antes de conocerse la detención de Oliver, afirmaba que el Govern "actuará con la misma firmeza" si los hechos que se están investigando en el marco de los registros en el Inestur se han producido en la actual legislatura o en la anterior, cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo autonómico.

En declaraciones a los medios en el Consolat de Mar, Antich ha admitido desconocer el "contenido" del registro, aunque ha precisado que la Conselleria de Turismo -a la que está adscrito el Inestur- está "sobre el tema", y ha garantizado la "total y absoluta colaboración" del Ejecutivo autonómico con la Justicia.

Así, el presidente remarcaba que "si alguien no ha hecho las cosas bien, se deben adoptar las medidas necesarias" y, en la misma línea, ha recordado que "en distintas ocasiones he dicho que este Govern se está esforzando muchísimo en poner todas las medidas y controles para que no se produzcan este tipo de situaciones", entre las que destaca la aprobación y puesta en marcha del Código Ético para cargos públicos.

Preguntado por una eventual dimisión del concejal de Palma por UM Miquel Nadal, que hasta hace dos meses ocupó el cargo de conseller de Turismo y se ve envuelto en causas judiciales por corrupción -este martes mismo protagonizó un careo con su correligionario Miquel Grimalt, conseller de Medio Ambiente, dentro del 'caso Maquillaje'- Antich se limitó a señalar que "se trata de una cuestión que tratará el partido".
Casos de corrupción en Baleares

La cúpula de Unió Mallorquina ha sido imputada en varios casos judiciales, como es el caso de la presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar; del ex conseller de Turismo Miquel Nadal; o del ex presidente de la formación nacionalista hasta diciembre pasado, Miquel Ángel Flaquer.

En el caso del PP, también están imputados en diversos casos de supuesta corrupción el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, y su mujer, Maite Areal; el ex conseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona; o el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán.

Para frenar los numerosos casos de corrupción destapados de la pasada legislatura, el Ejecutivo de las islas presidido por el socialista Francesc Antich ha aprobado la aplicación de un "código ético" por el que cualquier cargo ejecutivo deberá dimitir si un juez le impone medidas cautelares. Éste ha sido el caso del ex conseller de Turismo Miquel Nadal y del ex portavoz de UM en el Consell de Mallorca Miquel Ángel Flaquer.




* RTVE.es- 3.02.10
Foto: Sede del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares.RTVE.es

.................................... Leer más...

La Guardia Civil registra el ayuntamiento de Montroy por un delito urbanístico

ELPAÍS/Valencia* : Los agentes de la Guardia Civil están registrando las dependencias del ayuntamiento de Montroy (Valencia) en busca de documentación sobre la supuesta concesión irregular de al menos 77 licencias de chalets construidos en terreno rústico no urbanizable. La investigación se inició antes del verano y está dirigida por el juez de instrucción nº1 de Picassent.

El ayuntamiento de Montroy está presidido por el alcalde socialista Antonio Polo, que llegó al cargo en 2006, tras la dimisión del anterior regidor del Partido Popular.

La investigación se centra en una trama en la que al menos habrían participado entre 5 y 7 personas, varias de ellas presumiblemente miembros de la anterior y actual corporación municipal.




* ELPAIS.com - 3.02.10
Foto: Montroy (Valencia) - valenciaterraimar.org

.................................... Leer más...

Los vecinos denunciarán el expolio y destrucción del Monte Sacro ante la Fiscalía

LAVERDAD/Murcia* : Tras la primera movilización ciudadana en defensa del Monte Sacro, el pasado viernes 29 de enero, los vecinos quisieron denunciar el expolio al que está sometida esta colina. Primero se dirigieron a la Guardia Civil, donde se les informó de que, al tratarse de una parcela situada dentro del núcleo urbano, la denuncia debía interponerse en la Policía Municipal.

Una vez en la Policía Local les remitieron a la Nacional, por “no tener competencia en este asunto”. A su vez, la Policía Nacional les aseguró que dicha denuncia correspondía hacerla en las dependencias de la Policía Local, pues no se trataba “de una causa penal”
Ante esta situación, los vecinos, que se volverán a manifestar el próximo viernes, denunciarán el expolio y la destrucción a la que se está sometiendo el Monte Sacro ante la Fiscalía.



* La Verdad - 1.02.10
Foto: El profesor García del Toro lidera la primera movilización en defensa del Monte Sacro./ JM RODRÍGUEZ/ AGM

.................................... Leer más...

Paraños no sabe cuándo hay misa

FARODEVIGO* : En navidad a las diez de la mañana y el párroco nunca es el mismo. Los feligreses de la parroquia de Paraños en Covelo viven una relación difícil con la iglesia desde que, en verano pasado, denunciaron la venta de la rectoral por el Obispado y se enfrentaron a su sacerdote porque aseguraba que la venta no se había realizado. La noticia de que un juzgado de Santiago investiga los hechos les llena de alegría pero quieren ver la propiedad devuelta.

No tener un párroco permanente ni horario fijo de misa son dos de las consecuencias que padecen los vecinos de Paraños, en Covelo, desde que denunciaron el verano pasado la supuesta venta fraudulenta de la casa rectoral de la parroquia por el Obispado de Tui-Vigo.
La relación con la iglesia comenzó a ser "difícil" cuando se enfrentaron al cura que tenían asignado y este decidió no volver por la parroquia. Prácticamente cada domingo oficia la eucaristía un sacerdote distinto. Además, aseguran que las misas de entresemana han dejado de celebrarse. "Como cada día vén un cura agora as misas son a unhas horas un pouco intempestivas, por exemplo a de Nadal foi ás dez da mañá", afirma Karina Mouriño, presidenta de la Asociación de Vecinos de Paraños, quien explica que "as persoas que van á misa están molestas".
A pesar de estas incomodidades, los vecinos estas satisfechos por haber denunciado el caso. "Para nós é unha alegría saber que as nosas reclamacións son escoitadas nos órganos oficiais de xustiza", indica Karina Mouriño, y desea "que os imputados saian finalmente condenados".
Los vecinos decidieron actuar al enterarse de la venta de la casa rectoral por 60.000 euros, con pago aplazado. Una transacción que se les ocultó e incluso negó.
Después de reformarla con piscina, suite y garaje apareció a la venta en Internet por 680.000 euros. Al parecer, fue el funcionario Carlos G. G., de la Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais de la Xunta, quien la compró al obispado.
Tras varios meses de protestas vecinales por lo sucedido, la justicia ha decidido que hay indicios de delito y que la compra de la casa rectoral será investigada. Por el momento, ya han declarado el anterior obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, y el comprador de la vivienda.
Los vecinos de Paraños quieren que su situación sirva para que personas que sufren casos similares se atrevan a denunciarlos y darles luz. Además pretenden que la propiedad retorne a su uso y defienden que la casa fue construida por un matrimonio de Paraños hace 200 años para sus dos hijos curas y para los sucesivos sacerdotes que oficiaran misa en la parroquia. Durante todo este tiempo fueron los vecinos quienes se encargaron de su mantenimiento y reformas.
Al comprobar las mejoras en la casa, preguntaron a su párroco y éste les comunicó que desde 2003 la casa rectoral había sido cedida por veinte años a un matrimonio a cambio de su cuidado y la restauración del retablo de la iglesia, pero este último nunca llegó a efectuarse.
Sin embargo, al acudir al Registro de la Propiedad, los vecinos comprobaron que sí hubo venta en 2008 y ésta estaba firmada por su párroco con autorización del Obispado. Y el comprador era un restaurador de la Consellería de Cultura que ahora está siendo investigado.
Una vez concluya la investigación, los vecinos de Paraños descubrirán si la Iglesia actuó de buena fe o si estaba implicada en el supuesto delito.





* Faro de Vigo - 31.01.10
Foto: La casa rectoral rehabilitada en Paraños y que se investiga ahora por la justicia. D.P./ Xosé M. Sendín, farodevigo.es

.................................... Leer más...

Madrid: El golf: ¿De interés general o familiar?

NUEVATRIBUNA* : La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal, ha vuelto a colocar en el primer plano informativo los 'favores' que el Gobierno madrileño hace con total impunidad a amigos y familiares. El fallo es la respuesta a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, que acudió a los tribunales después de que Esperanza Aguirre se saltara el veto del ayuntamiento, que le negó la licencia, y recurriera a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin el preceptivo permiso municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".

El TSJM pone en entredicho la actuación en todo el asunto del vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia, su cuñado, José Juan Caballero. Otras empresas relacionadas con el vicepresidente se beneficiaron de varias subcontratas de una obra cuyo presupuesto alcanzó los 3,5 millones de euros.

No es la primera vez que las acusaciones de nepotismo han salpicado al Ejecutivo madrileño. En octubre de 2006, se publicó que Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, había ganado 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.

Por no mencionar los más de ocho millones de euros que habrían ganado en dos años y medio los tíos maternos y los primos de Esperanza Aguirre con la compraventa de las fincas que adquirieron en el verano de 2001 y que vendieron en enero de 2004 en Tres Cantos, según denunció el portavoz socialista, Miguel Aguado. Según la denuncia, la operación fue realizada por los Gil de Biedma Seoane, principales socios españoles de la firma de corredores de seguros AON Gil y Carvajal, en enero de 2004, ocho meses después de que el Gobierno Local, formado por Tres Cantos Unido y el PP, aprobara el nuevo PGOU, en mayo de 2003, tres semanas antes de las elecciones municipales.

De todos los supuestos 'pelotazos' en los que han incurrido los gobernantes madrileños el más sonado es este, que además consiguió 'hermanar' por una vez y sin que sirva de precedente a la presidenta y al alcalde, su eterno rival político, Alberto Ruiz Gallardón. Ambos mantenían vínculos empresariales cuando se realizo la denominada “Trama del Ladrillo de Tres Cantos”, como desvela la información que ofrecieron los socialistas tricantinos. Otro dato, no precisamente menor, es que los terrenos por los que familiares de Esperanza Aguirre obtuvieron grandes plusvalías estaban afectados por el trazado del AVE, diseñado desde el Ministerio de Fomento gobernado en aquel entonces por su propio partido. El negocio arrancó en 1998 cuando el PP decidió colocar la única estación del AVE Madrid Lleida, a su paso por Guadalajara, en la pequeña localidad de Yebes.

Todos estos asuntos, a pesar de su gravedad, parecen una minucia a la luz de las revelaciones que se han producido durante el último año sobre las relaciones de la Comunidad de Madrid y la trama Gürtel, aún pendientes de dilucidar en los tribunales. Sobre Aguirre y su equipo pesan, además, las sospechas de haber montado toda una red de espionaje, lo que Manuel Cobo ha definido como la gestapillo, y de haber recibido cuantiosas donaciones de Gerardo Díaz Ferrán, el jefe de la patronal que actualmente está en la picota por su gestión empresarial, lo que se conoce como el caso Fundescam. Y, por cierto, estas donaciones se produjeron de cara a la campaña de las elecciones de 2003, tras las que Aguirre se hizo con el poder en Madrid gracias a otro escándalo mayúsculo: el tamayazo.





* Nueva Tribuna - 2.02.10

.................................... Leer más...

Murcia: La Concejalía no responde a los vecinos que ya hace dos años pidieron datos de la urbanización

LAVERDAD* : «El santuario de la Fuensanta y su entorno es lo primero que enseñamos a los foráneos que visitan Murcia, junto con la Catedral y el Casino; por eso hay que preservarlo». Así opina José Antonio Albero Pineda, propietario de 'La Casa del Monte', una vivienda familiar construida hace más de sesenta años en el camino de la Subida a la Fuensanta, de Algezares. Albero, como otros vecinos de las pedanías de Algezares y Santo Ángel, están preocupados por el plan parcial aprobado por el Ayuntamiento en el último Pleno, que permite la construcción de hasta 1.300 viviendas, en bloques de cuatro y cinco alturas más bajo.

Este vecino, que ha dirigido varios escritos a la Gerencia de Urbanismo desde el año 2007, el último avalado por una veintena de vecinos de Algezares, se lamenta de no haber recibido ninguna respuesta sobre el destino urbanístico de una gran parcela de unos 13.000 metros cuadrados existente frente a su casa.
El alcalde pedáneo le aseguró que el solar, -situada a mano izquierda del camino de subida al santuario, frente al número 36- estaba calificado con la siglas DE, que en la terminología urbanística se corresponde con parcela dedicada a equipamientos locales y, que por tanto, permite la construcción de un colegio o un centro de salud, por citar dos ejemplos.
La preocupación de José Antonio Albero se acentuó cuando en septiembre de 2007 observó que se habían iniciado las obras en el solar y le informaron de manera verbal que se estaba explanando y preparando el terreno para la construcción de edificios y dúplex de carácter privado.
Albero se personó en el Ayuntamiento y consultó el expediente. Fue entonces cuando observó que en los planos, la parcela que anteriormente venía calificada con la denominación DE (equipamientos), aparecía sólo como parcela Az3 y más tarde con las dos denominaciones, lo que le llevó a pensar, y así lo plasmó en un nuevo escrito dirigido a la Gerencia de Urbanismo con fecha de 24 de septiembre de 2007, si se había realizado una recalificación «que permita que los antiguos terrenos para equipamientos de Algezares se destinen a aprovechamiento de empresas o sociedades privadas».
A la vista de que no recibía ninguna contestación de la Gerencia de Urbanismo, con fecha 5 de octubre de ese mismo año, presentó otro escrito firmado por otros 20 vecinos de Algezares reiterando las mismas dudas sobre el futuro de la parcela que, inicialmente, se iba a destinar a equipamientos.
Un 'bocado' al monte
El 11 de febrero de 2008, José Antonio Albero presentó otro escrito en Urbanismo. En esta ocasión, Alberto advertía de que «lejos de dar una contestación a los citados escritos, el Ayuntamiento está permitiendo la realización de unas obras de excavación desmesuradas en la parcela antes citada, y además han continuado las citadas excavaciones hasta desmontar parte de la montaña colindante. Se ha rebajado el terreno en la zona más cercana a la carretera de subida al santuario de la Fuensanta unos tres metros, y en la zona de rebaja de la falda del monte, unos ocho metros. El que suscribe entiende -añadía en el escrito- que permitir que se aumenten metros urbanizables de parcela quitando monte de pinos es actuación que debiera ser comprobada por esa Administración».
Indicaba, asimismo, que «no existe frente a la citada obra ningún cartel que indique la existencia de licencia de obras, técnicos o empresa que se hagan responsable de las mismas y que permitan a los interesados acudir al Ayuntamiento y verificar si existe la licencia de obras».
José Antonio Albero pedía que se diera contestación a los 21 vecinos, que se enviara una inspección para comprobar la legalidad de las actuaciones y que se repusiera el terreno de la montaña a su estado y extensión originales.
La única respuesta fue un escrito del servicio de Disciplina Urbanística donde se le informaba que, tras la inspección, se había levantado parte de infracción a la empresa por movimientos de tierra. Sin embargo, los vecinos siguen sin tener respuesta sobre el destino de la parcela.
Albero llama también la atención acerca de que el plan parcial se desarrolle sobre una rambla, donde está prevista la construcción de edificios de cinco plantas y bajo y una carretera de veinte metros de ancho.





* La verdad - 2.02.10
Foto: Murcia, santuario de la Fuensanta - P.Pérez, panoramio.com

.................................... Leer más...

Chiclana: El disparate con luces y taquígrafos

DIARIODECÁDIZ* : Cómo un terreno de Chiclana con una inexistente construcción de 640 metros cuadrados se convierte en ocho parcelas dispuestas para ocho chalés. Hace muchos años, en un histórico juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz, un abogado le preguntó a un testigo: ¿Está autorizado un militar que recibe una orden para discutir, enjuiciar o distinguir si esa orden es un disparate? La respuesta fue rápida. "No sólo está autorizado, sino que ésa es su obligación", contestó el entonces ex jefe del Gobierno Manuel Azaña.

La Operación Obra Nueva, la legalización masiva de viviendas construidas ilegalmente en Chiclana y en El Puerto mediante un método tan limpio, tan perfecto, tan poco oculto que hasta se realiza con documentos notariales y pasa por registros de la propiedad, evoca aquella pregunta y aquella respuesta tras los juicios que han sentado en el banquillo al arquitecto Joaquín Pallí.

¿Están obligados los notarios y los registradores de la propiedad ante quienes se pretende declarar una obra nueva o practicar la parcelación de un terreno a distinguir si se trata de un disparate? ¿Están obligados a velar por la legalidad urbanística y por ello a ser escrupulosos a la hora de dar paso a una inscripción?

El arquitecto Joaquín Pallí suma cuatro condenas (sólo una firme) por falsificar certificados de antigüedad de construcciones. Es el primer paso que dan los dueños de un terreno para iniciar el proceso que les llevará a legalizar lo ilegal. Ese certificado afirma, falsamente, que en un terreno hay una construcción que tiene más de cinco años, lo que supone que ha prescrito la infracción urbanística. Los propietarios del terreno acuden a una notaría con ese certificado, hacen una declaración de obra nueva y, tras obtener un documento notarial, la inscriben en un registro de la propiedad. Así, en poco tiempo y por un precio, lo que era ilegal ya es legal.

Eso ha ocurrido en varios cientos de casos sin que saltasen las alarmas ni en las notarías ni en los registros de la propiedad. En algún caso, resulta muy difícil entender qué fue lo que evitó frenar el proceso. Por ejemplo, en el caso por el que el pasado miércoles iba a ser juzgado de nuevo Joaquín Pallí.

Según el fiscal, A., dueño de un terreno ubicado en Chiclana, en la Dehesa Boyal, contrató a Pallí para que le hiciese un certificado de antigüedad de una vivienda. El arquitecto hizo el certificado en enero de 2007 de la finca propiedad de A., según anota el propio arquitecto.

En el certificado consta que en la finca número 43.608 hay "una edificación compuesta por varias construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada de una planta sobre rasante". También que la edificación tiene "una superficie total de 640 metros cuadrados construidos, perfectamente distribuida en varias dependencias y servicios y en buenas condiciones de uso y conservación". Finalmente, que a la edificación "se le estima una antigüedad de 5 años".

A. acudió con ese certificado, en el que dice que la finca es suya, a una notaría para hacer una declaración de obra nueva e inscribirla en el registro de la propiedad. El documento notarial que obtuvo está fechado en Chiclana el 23 de febrero de 2007. En él consta, en primer lugar, que A. es dueño de la finca 43.608. Y aparece entonces la primera sorpresa: que como título, A. aporta el de compra de esa finca a otra persona, "mediante escritura de fecha de hoy, autorizada por el infrascrito notario".

A. acaba, pues, de comprar la finca cuya propiedad le atribuye el certificado del arquitecto. Una finca que el notario, extrañamente ajeno a la ubicación de la Dehesa Boyal, menciona como "urbana".

El documento notarial continúa. Y pasa a hablar de la edificación que se levanta en la finca 43.609. El notario explica entonces que el compareciente. A., "con dinero de su peculio privativo, sin adeudar nada por materiales, mano de obra ni dirección, sobre la finca de su propiedad, a que se refiere el exponendo I de esta escritura, hace más de cinco años construyó una casa destinada a vivienda".

El lector del documento se siente obligado, al topar con ese párrafo, a volver a la página anterior. Efectivamente: allí dice que A. acaba de comprar la finca en la que ahora, en la siguiente página, dice que "hace más de cinco años" construyó la casa destinada a vivienda.

La casa en cuestión, precisa a continuación el documento notarial, tiene una superficie total de 640 metros cuadrados y está valorada en 269.253 euros. "Dicha cantidad, según manifiesta el declarante, ha sido abonada mediante varios pagos en efectivo desde que se inició la construcción hasta que finalizó en el año dos mil uno a diversos proveedores", agrega el documento notarial, que menciona después el certificado expedido por el arquitecto Joaquín Pallí, con el que A. acredita que la edificación fue terminada hace más de cuatro años.

Tras otras anotaciones, el notario escribe finalmente que, como no consta en el registro de la propiedad anotación preventiva alguna sobre algún problema urbanístico con la finca y como ha transcurrido el plazo legal de prescripción para las infracciones urbanísticas graves, la edificación se considera incorporada al patrimonio de su titular.

La historia podía haber terminado ahí. Pero ocurrió que el Juzgado número 3 de Chiclana abrió un procedimiento en 2008 contra A. y contra Joaquín Pallí relacionado con la finca 43.608. Y entonces sucedió que salió a la luz que el 23 de febrero de 2007 hubo un tercer episodio en la notaría a la que acudió A. para inscribir su obra nueva.

Lo que sucedió fue que la juez del Juzgado Mixto número 3 de Chiclana consideró oportuno solicitar al registrador de la propiedad que hiciese una anotación preventiva sobre la finca 43.608: le pedía que hiciese constar que había un procedimiento penal que afectaba a ese terreno. El objetivo era frenar así cualquier operación de compraventa o de otro tipo relacionada con la finca en tanto no fuese resuelto el caso.

El registrador le contestó a la juez en octubre de 2008. Le dijo que no admitía la inscripción que solicitaba. Porque aportaba datos insuficientes y "por considerar que los defectos apreciados en esta nota de calificación tienen carácter subsanable".

Al tiempo, le comunicó también a la juez, "a efectos informativos", algo realmente jugoso: que la finca 43.608 había sido dividida horizontalmente en ocho departamentos que figuraban inscritos como fincas independientes. Y que eso había sido realizado en virtud de una escritura otorgada en Chiclana el 23 de febrero de 2007, ante un notario: ante el mismo notario al que acudió ese mismo día A. a inscribir su obra nueva, su vivienda de 640 metros. Los departamentos resultantes, agregaba el registrador, habían sido transmitidos a personas distintas de los imputados.

Una foto tomada de Google en 2008 muestra la finca 43.608: está dividida en ocho parcelas y en dos de ellas se levantan dos chalés.

El juicio sobre este caso ha pasado de la Audiencia a un Juzgado de lo Penal. En el banquillo se sentarán A. y el arquitecto Joaquín Pallí.





* Diario de Cádiz - 2.02.10
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es

.................................... Leer más...

La Administración pagó dos veces por el proyecto del hospital del Baix Llobregat

ELPAÍS/Barcelona* : Adjudicaciones millonarias hechas a dedo y sin garantías, retrasos injustificados y desvíos presupuestarios que harían temblar al gerente de cualquier empresa privada. Es la otra cara del hospital comarcal del Baix Llobregat, que ayer abrió puertas en Sant Joan Despí y que la Sindicatura de Cuentas analiza en su último informe.

A juicio del fiscalizador de las instituciones públicas catalanas, la construcción del centro ha tenido un sobrecoste irregular que alcanza los 15 millones de euros. De entrada, la Sindicatura de Cuentas denuncia que el proyecto ejecutivo del centro fue encargado -y pagado- dos veces al mismo estudio de arquitectos y que no hay constancia de que la primera vez se recibiera ningún documento.

El informe que ayer registró la Sindicatura en el Parlament se centra en la gestión del Consorcio Sanitario Integral, gestor, entre otras instalaciones, del Moisés Broggi. Este consorcio es de capital público con una participación minoritaria de la Cruz Roja y en 2007, año que ahora se fiscaliza, su consejo rector estaba presidido por el ex alcalde de L'Hospitalet y hoy ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

- Contratos duplicados. El proyecto ejecutivo fue encargado dos veces. La primera, por importe de 665.000 euros, al despacho Brullet Pineda Arquitectos, "se hizo sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", según la Sindicatura. Debía entregarse el 15 de febrero de 2005, pero según el fiscalizador "no se ha facilitado la documentación que justifique el cumplimiento contractual". Lo que sí consta es que dos años más tarde, en enero de 2007, se adjudicó al mismo despacho, también "sin ningún proceso de contratación", otro contrato de proyecto ejecutivo para el mismo hospital, esta vez por valor de 1,2 millones de euros. La redacción de este segundo proyecto implicó un retraso de ocho meses y, pese a que el contrato lo permitía, no se penalizó a los arquitectos.

- Sobrecoste injustificado. El contrato inicial para la construcción del centro, firmado en 2005, superaba en 7,4 millones el importe del precio de adjudicación, algo que la Sindicatura denuncia por incumplir la ley de contratos públicos. A esta cifra se debe sumar otro desvío injustificado. Con fecha de 21 de diciembre de 2006, la empresa pública que promueve el hospital firmó un nuevo contrato en el que se volvió a modificar el precio del anterior en 6,9 millones de euros. La Sindicatura recuerda que este incremento no está justificado porque "no se corresponde con un incremento de la superficie construida". Apenas dos meses después, en febrero de 2007, se firmó un tercer contrato en el que se suprimieron partidas de construcción de obra para incorporar el importe de la redacción de un nuevo proyecto ejecutivo por valor de 1,2 millones y honorarios de dirección de obra por 68.000 euros. El hospital, sin contar los equipamientos internos, acabó costando 87 millones de euros, unos 15 más de lo previsto. Sin embargo, fuentes del sector sostienen que en obra pública son frecuentes los desvíos de hasta el 20%.

- Intereses de demora. Las sucesivas modificaciones del proyecto y los retrasos de las obras obligaron a posponer la inauguración.

También se tuvo que alterar la cláusula de pago de la obra y se modificó el régimen financiero de cálculo de los intereses de demora que implicaba un incremento del gasto de 3,1 millones de euros. Este cambio también tiene claroscuros a juicio de la Sindicatura, ya que se habría vulnerado la ley de libre concurrencia al no haber dado entrada a otras empresas que podrían haber ofertado mejores condiciones.

- Venta del banco de sangre. El Consorcio Sanitario Integral (CSI) también es acusado por la Sindicatura de haber vendido de forma irregular su banco de sangre. La operación se realizó en 2006 y comportó un beneficio de 3,2 millones. El problema, según el fiscalizador, es que dentro de los bienes transferidos se incluyeron los que la Cruz Roja Española cedió en uso para la constitución del Consorcio de la Cruz Roja de Cataluña. Estos bienes, recuerda la Sindicatura, "no eran propiedad del CSI; para poder venderlos, antes debería haberse tenido que formalizar su cambio de propiedad".

El director general del consorcio, Santiago Nofuentes, negó ayer cualquier irregularidad en la gestión de las obras del hospital. "Todo fue aprobado por el Departamento de Salud", aseguró a EL PAÍS. Sobre la duplicidad en el proyecto ejecutivo, Nofuentes aseguró que el primer proyecto fue entregado pero se decidió hacer un segundo proyecto por la decisión de "ampliar el hospital". A este mismo hecho atribuyó el sobrecoste de la obra. Sobre el banco de sangre, Nofuentes aseguró que el dinero ingresado responde a una compensación de la Generalitat por dejar de prestar el servicio y centralizarlo en el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. "Hemos alegado ante la Sindicatura y garantizo que todo ha sido legal". Cruz Roja y los arquitectos Brullet Pineda declinaron ayer hacer declaraciones.




* ELPAIS.com - 2.02.10
Foto: Baix Llobregat (Barcelona), hospital - elpunt.cat

.................................... Leer más...

Polop: Cano financió el negocio familiar desde el banco que dirigía

LASPROVINCIAS/Alicante: Juan Cano, presunto autor intelectual del asesinato de su predecesor en la alcaldía de Polop, llevaba casi tres lustros haciendo negocios inmobiliarios, según se desprende del sumario que tramita una juez de La Vila en relación al crimen de Alejandro Ponsoda. Y no le iba nada mal. A los 290.000 euros que se embolsó con la venta de una parcela a una promotora en la localidad se suman las gestiones que hizo durante su etapa como directivo de uan entidad bancaria de la comarca de La Marina Baixa.

Un testigo, F.M.F., declaró el pasado 21 de noviembre que financió desde la sucursal que dirigía en La Vila la empresa de su padre, Abel Inmobiliaria SL: «Juan nos daba la financiación que necesitábamos para las construcciones que estábamos realizando».
Pero el ex alcalde, que en el 95 compatibilizaba su cargo de concejal de Urbanismo con su trabajo en un banco, tampoco dejó abandonados a sus amigos cuando atravesaron dificultades. Este mismo testigo asegura que intercedió por él en la entidad bancaria para que le concedieran un préstamo de 30.000 euros, pues había acumulado una deuda de 60.000 .
La trayectoria laboral del imputado en diversas sucursales de la caja sale a relucir otras muchas veces en el sumario. Un superior, director de zona, desveló a los agentes que un notario de La Vila recién llegado a la localidad se quejó de la actuación de Cano al considerar que estaba desviando todas las operaciones a la oficina del notario antiguo, con quien le unía una estrecha amistad.
Este mismo trabajador se refirió a otro incidente laboral en el que se vio envuelto el sospechoso, en este caso relacionado con los recibos de la correduría de su mujer.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene ya dos investigaciones paralelas: la del asesinato de Alejandro Ponsoda propiamente dicha y la de una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.
En relación a estas últimas pesquisas, los agentes han interrogado a promotores con intereses en Polop y se han incautado de diversos expedientes durante el registro de la Alcaldía, entre ellos el relativo al Plan de Actuación Integrada (PAI) que afecta a la partida rural de El Matet.
Igualmente, varios documentos sobre operaciones inmobiliarias particulares fueron decomisados en la vivienda del ex alcalde. Algunos apuntes estaban relacionados con unos terrenos de su propiedad ubicados en La Nucia.
Precisamente, un intermediario del sector de la construcción manifestó a los investigadores que Cano andaba buscando comprador para esas parcelas, en las que podía estar interesada una cadena de supermercados, y fijó para ellas un precio inicial de 1,5 millones de euros.
Para tratar este asunto llegaron a celebrarse hasta tres citas, según D.J.F., más conocido como Paco, pero el asunto «quedó en el aire», según el testigo.
A mediados de 2008, la UCO ya advirtió a la juez que investiga el asesinato de Ponsoda, María Antonia Raedo, de que se vislumbraban en las pesquisas indicios de corrupción política, por lo que le solicitaron que abriera una segunda causa penal.





* Las Provincias - 2.02.10
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com

.................................... Leer más...

Uno de los candidatos a albergar el almacén nuclear se echa atrás por la presión vecinal

20MINUTOS/Segovia* : El Pleno del Ayuntamiento de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), reunido en sesión extraordinaria y urgente, ha acordado este lunes anular el acuerdo que amparó la presentación de la candidatura del municipio para albergar el futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares.

El acuerdo fue adoptado con el apoyo de los siete concejales que integran la corporación, 3 del PP, 3 del PSOE y un edil independiente, el único que con anterioridad había votado en contra de la propuesta de acoger la instalación. El alcalde de Santiuste de San Juan Bautista, Octavio Esteban (PP), ha explicado que el ayuntamiento ha decidido que retirará su candidatura "debido a la presión de los pueblos del alrededor y porque muchos vecinos estaban en contra".

"Estamos trabajando para que Santiuste entre en la denominación de origen Vinos de Rueda y los vecinos sostienen que este objetivo no se conseguirá con un almacén nuclear en el municipio, además de que temen que los cultivos se vean afectados" por los posibles efectos de emplazar el ATC en la comarca. Esteban indicó que la candidatura ante el Ministerio de Industria fue presentada en las oficinas de la Subdelegación del Gobierno en Segovia y que en estos momentos la secretaria de la corporación estudia el procedimiento para que sea formalmente retirada.

No obstante, el alcalde de Santiuste remarcó que "habíamos presentado un proyecto viable, para revitalizar la economía de la zona, dar vida al pueblo y para mantener y fijar la población, porque a la vuelta de 15 años de 650 habitantes pasaremos a menos de 200". El Ministerio de Industria hará pública en los próximos días la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, que tras un trámite de reclamaciones, será definitiva.





* 20 Minutos - 1.02.10
Foto: Entrada a la localidad segoviana de Santiuste de San Juan Bautista. (Imagen: Juan Martín Misis / EFE)

.................................... Leer más...