RTVE* : El que fuera gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares y actual director de Calidad Ambiental del Govern, Antoni Oliver Ensenyat (UM), ha sido detenido en el transcurso de la operación contra la corrupción ordenada por el Juzgado de instrucción nº10 de Palma. A esta detención se añade la de otras dos personas más en la localidad mallorquina de Pollença, aunque se desconoce la identidad y si son o no también cargos públicos, según fuentes policiales.
Estas dos últimas detenciones se han producido tras el registro de un local comercial de Pollença y en el marco de la llamada operación policial "Voltor" (buitre en mallorquín), que investiga un supuesto caso de corrupción durante la actual legislatura y cuyas diligencias están bajo secreto de sumario.
En el transcurso de esta operación ha sido registrada la sede de Inestur, ubicada en el parque tecnológico de Palma (Parc BIT), donde agentes de la Policía Judicial han decomisado diversa documentación.
El primer detenido este miércoles ha sido el director general de Calidad Ambiental del Govern balear, Antoni Oliver, miembro de UM y hasta hace pocas semanas gerente del Inestur.
Arrestado en la Consellería de Medio Ambiente
Según han informado fuentes de la investigación, el arresto, que se ha realizado en la sede de la Consellería de Medio Ambiente, ha tenido lugar poco antes de las 13.00 horas y, a continuación, Oliver ha sido conducido a la sede de la Jefatura Superior de Policía de las Islas Baleares.
Oliver ha sido hasta hace pocas semanas gerente del Inestur, por lo que presumiblemente la investigación judicial tiene que ver con la gestión de este organismo público -dependiente de la Consellería de Turismo del Govern balear- durante la actual legislatura, a cargo de Unió Mallorquina.
Los registros responden a unas diligencias que se están instruyendo en dicho juzgado, sobre las que está declarado el secreto de sumario.
Fuentes de la Consellería de Turismo han señalado a Efe que, al aparecer, los agentes protagonistas del registro han solicitado diversa documentación, que les ha sido entregada. La actitud de este departamento autonómico es de "total colaboración" con la Justicia.
Esta operación en Baleares contra la corrupción coincide con otra que se desarrolla también en el Levante, en concreto un registro del Ayuntamiento valenciano de Montroy por un posible caso de corrupción urbanística que, al parecer, estaría relacionado con la etapa de gestión del anterior equipo de gobierno, formado por el PP y Unión Valenciana.
Antich promete "firmeza" si la operación es por la gestión de esta legislatura
Por su parte, el presidente balear, Francesc Antich, minutos antes de conocerse la detención de Oliver, afirmaba que el Govern "actuará con la misma firmeza" si los hechos que se están investigando en el marco de los registros en el Inestur se han producido en la actual legislatura o en la anterior, cuando el PP estaba al frente del Ejecutivo autonómico.
En declaraciones a los medios en el Consolat de Mar, Antich ha admitido desconocer el "contenido" del registro, aunque ha precisado que la Conselleria de Turismo -a la que está adscrito el Inestur- está "sobre el tema", y ha garantizado la "total y absoluta colaboración" del Ejecutivo autonómico con la Justicia.
Así, el presidente remarcaba que "si alguien no ha hecho las cosas bien, se deben adoptar las medidas necesarias" y, en la misma línea, ha recordado que "en distintas ocasiones he dicho que este Govern se está esforzando muchísimo en poner todas las medidas y controles para que no se produzcan este tipo de situaciones", entre las que destaca la aprobación y puesta en marcha del Código Ético para cargos públicos.
Preguntado por una eventual dimisión del concejal de Palma por UM Miquel Nadal, que hasta hace dos meses ocupó el cargo de conseller de Turismo y se ve envuelto en causas judiciales por corrupción -este martes mismo protagonizó un careo con su correligionario Miquel Grimalt, conseller de Medio Ambiente, dentro del 'caso Maquillaje'- Antich se limitó a señalar que "se trata de una cuestión que tratará el partido".
Casos de corrupción en Baleares
La cúpula de Unió Mallorquina ha sido imputada en varios casos judiciales, como es el caso de la presidenta de honor de UM y del Parlament balear, María Antònia Munar; del ex conseller de Turismo Miquel Nadal; o del ex presidente de la formación nacionalista hasta diciembre pasado, Miquel Ángel Flaquer.
En el caso del PP, también están imputados en diversos casos de supuesta corrupción el ex ministro de Medio Ambiente y ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, y su mujer, Maite Areal; el ex conseller de Comercio e Industria Josep Juan Cardona; o el ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma Rafael Durán.
Para frenar los numerosos casos de corrupción destapados de la pasada legislatura, el Ejecutivo de las islas presidido por el socialista Francesc Antich ha aprobado la aplicación de un "código ético" por el que cualquier cargo ejecutivo deberá dimitir si un juez le impone medidas cautelares. Éste ha sido el caso del ex conseller de Turismo Miquel Nadal y del ex portavoz de UM en el Consell de Mallorca Miquel Ángel Flaquer.
* RTVE.es- 3.02.10
Foto: Sede del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) de Baleares.RTVE.es
Detenido el ex gerente del Instituto Turístico de Baleares por presunta corrupción
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Tema: NOTICIAS Baleares
La Guardia Civil registra el ayuntamiento de Montroy por un delito urbanístico
ELPAÍS/Valencia* : Los agentes de la Guardia Civil están registrando las dependencias del ayuntamiento de Montroy (Valencia) en busca de documentación sobre la supuesta concesión irregular de al menos 77 licencias de chalets construidos en terreno rústico no urbanizable. La investigación se inició antes del verano y está dirigida por el juez de instrucción nº1 de Picassent.
El ayuntamiento de Montroy está presidido por el alcalde socialista Antonio Polo, que llegó al cargo en 2006, tras la dimisión del anterior regidor del Partido Popular.
La investigación se centra en una trama en la que al menos habrían participado entre 5 y 7 personas, varias de ellas presumiblemente miembros de la anterior y actual corporación municipal.
* ELPAIS.com - 3.02.10
Foto: Montroy (Valencia) - valenciaterraimar.org
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Los vecinos denunciarán el expolio y destrucción del Monte Sacro ante la Fiscalía
LAVERDAD/Murcia* : Tras la primera movilización ciudadana en defensa del Monte Sacro, el pasado viernes 29 de enero, los vecinos quisieron denunciar el expolio al que está sometida esta colina. Primero se dirigieron a la Guardia Civil, donde se les informó de que, al tratarse de una parcela situada dentro del núcleo urbano, la denuncia debía interponerse en la Policía Municipal.
Una vez en la Policía Local les remitieron a la Nacional, por “no tener competencia en este asunto”. A su vez, la Policía Nacional les aseguró que dicha denuncia correspondía hacerla en las dependencias de la Policía Local, pues no se trataba “de una causa penal”
Ante esta situación, los vecinos, que se volverán a manifestar el próximo viernes, denunciarán el expolio y la destrucción a la que se está sometiendo el Monte Sacro ante la Fiscalía.
* La Verdad - 1.02.10
Foto: El profesor García del Toro lidera la primera movilización en defensa del Monte Sacro./ JM RODRÍGUEZ/ AGM
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Tema: NOTICIAS Murcia
Paraños no sabe cuándo hay misa
FARODEVIGO* : En navidad a las diez de la mañana y el párroco nunca es el mismo. Los feligreses de la parroquia de Paraños en Covelo viven una relación difícil con la iglesia desde que, en verano pasado, denunciaron la venta de la rectoral por el Obispado y se enfrentaron a su sacerdote porque aseguraba que la venta no se había realizado. La noticia de que un juzgado de Santiago investiga los hechos les llena de alegría pero quieren ver la propiedad devuelta.
No tener un párroco permanente ni horario fijo de misa son dos de las consecuencias que padecen los vecinos de Paraños, en Covelo, desde que denunciaron el verano pasado la supuesta venta fraudulenta de la casa rectoral de la parroquia por el Obispado de Tui-Vigo.
La relación con la iglesia comenzó a ser "difícil" cuando se enfrentaron al cura que tenían asignado y este decidió no volver por la parroquia. Prácticamente cada domingo oficia la eucaristía un sacerdote distinto. Además, aseguran que las misas de entresemana han dejado de celebrarse. "Como cada día vén un cura agora as misas son a unhas horas un pouco intempestivas, por exemplo a de Nadal foi ás dez da mañá", afirma Karina Mouriño, presidenta de la Asociación de Vecinos de Paraños, quien explica que "as persoas que van á misa están molestas".
A pesar de estas incomodidades, los vecinos estas satisfechos por haber denunciado el caso. "Para nós é unha alegría saber que as nosas reclamacións son escoitadas nos órganos oficiais de xustiza", indica Karina Mouriño, y desea "que os imputados saian finalmente condenados".
Los vecinos decidieron actuar al enterarse de la venta de la casa rectoral por 60.000 euros, con pago aplazado. Una transacción que se les ocultó e incluso negó.
Después de reformarla con piscina, suite y garaje apareció a la venta en Internet por 680.000 euros. Al parecer, fue el funcionario Carlos G. G., de la Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais de la Xunta, quien la compró al obispado.
Tras varios meses de protestas vecinales por lo sucedido, la justicia ha decidido que hay indicios de delito y que la compra de la casa rectoral será investigada. Por el momento, ya han declarado el anterior obispo de Tui-Vigo, José Diéguez Reboredo, y el comprador de la vivienda.
Los vecinos de Paraños quieren que su situación sirva para que personas que sufren casos similares se atrevan a denunciarlos y darles luz. Además pretenden que la propiedad retorne a su uso y defienden que la casa fue construida por un matrimonio de Paraños hace 200 años para sus dos hijos curas y para los sucesivos sacerdotes que oficiaran misa en la parroquia. Durante todo este tiempo fueron los vecinos quienes se encargaron de su mantenimiento y reformas.
Al comprobar las mejoras en la casa, preguntaron a su párroco y éste les comunicó que desde 2003 la casa rectoral había sido cedida por veinte años a un matrimonio a cambio de su cuidado y la restauración del retablo de la iglesia, pero este último nunca llegó a efectuarse.
Sin embargo, al acudir al Registro de la Propiedad, los vecinos comprobaron que sí hubo venta en 2008 y ésta estaba firmada por su párroco con autorización del Obispado. Y el comprador era un restaurador de la Consellería de Cultura que ahora está siendo investigado.
Una vez concluya la investigación, los vecinos de Paraños descubrirán si la Iglesia actuó de buena fe o si estaba implicada en el supuesto delito.
* Faro de Vigo - 31.01.10
Foto: La casa rectoral rehabilitada en Paraños y que se investiga ahora por la justicia. D.P./ Xosé M. Sendín, farodevigo.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Madrid: El golf: ¿De interés general o familiar?
NUEVATRIBUNA* : La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que ha anulado la decisión del Gobierno de Esperanza Aguirre de construir un campo de golf y varias pistas de pádel sin licencia municipal, ha vuelto a colocar en el primer plano informativo los 'favores' que el Gobierno madrileño hace con total impunidad a amigos y familiares. El fallo es la respuesta a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, que acudió a los tribunales después de que Esperanza Aguirre se saltara el veto del ayuntamiento, que le negó la licencia, y recurriera a una norma que permite a la Comunidad promover una obra sin el preceptivo permiso municipal en casos "urgentes o de excepcional interés público".
El TSJM pone en entredicho la actuación en todo el asunto del vicepresidente Ignacio González, hombre de la máxima confianza de Aguirre, que primero impulsó la construcción de la instalación deportiva y luego se la adjudicó a un socio de su familia, su cuñado, José Juan Caballero. Otras empresas relacionadas con el vicepresidente se beneficiaron de varias subcontratas de una obra cuyo presupuesto alcanzó los 3,5 millones de euros.
No es la primera vez que las acusaciones de nepotismo han salpicado al Ejecutivo madrileño. En octubre de 2006, se publicó que Alminar Villas, una sociedad familiar de José Gil de Biedma, tío materno de Esperanza Aguirre, había ganado 2,1 millones de euros en la compraventa de unos terrenos en Villanueva de la Cañada (Madrid), cuyo plan de urbanización desbloqueó en 2004 Enrique Porto, ex director general de Urbanismo, que también tenía propiedades en la misma zona. Dicha firma vendió en 2006 -al 50% con otra inmobiliaria- por 4,6 millones de euros un total de 24.326 metros cuadrados del sector desbloqueado que compró en 2000 por 419.975 euros.
Por no mencionar los más de ocho millones de euros que habrían ganado en dos años y medio los tíos maternos y los primos de Esperanza Aguirre con la compraventa de las fincas que adquirieron en el verano de 2001 y que vendieron en enero de 2004 en Tres Cantos, según denunció el portavoz socialista, Miguel Aguado. Según la denuncia, la operación fue realizada por los Gil de Biedma Seoane, principales socios españoles de la firma de corredores de seguros AON Gil y Carvajal, en enero de 2004, ocho meses después de que el Gobierno Local, formado por Tres Cantos Unido y el PP, aprobara el nuevo PGOU, en mayo de 2003, tres semanas antes de las elecciones municipales.
De todos los supuestos 'pelotazos' en los que han incurrido los gobernantes madrileños el más sonado es este, que además consiguió 'hermanar' por una vez y sin que sirva de precedente a la presidenta y al alcalde, su eterno rival político, Alberto Ruiz Gallardón. Ambos mantenían vínculos empresariales cuando se realizo la denominada “Trama del Ladrillo de Tres Cantos”, como desvela la información que ofrecieron los socialistas tricantinos. Otro dato, no precisamente menor, es que los terrenos por los que familiares de Esperanza Aguirre obtuvieron grandes plusvalías estaban afectados por el trazado del AVE, diseñado desde el Ministerio de Fomento gobernado en aquel entonces por su propio partido. El negocio arrancó en 1998 cuando el PP decidió colocar la única estación del AVE Madrid Lleida, a su paso por Guadalajara, en la pequeña localidad de Yebes.
Todos estos asuntos, a pesar de su gravedad, parecen una minucia a la luz de las revelaciones que se han producido durante el último año sobre las relaciones de la Comunidad de Madrid y la trama Gürtel, aún pendientes de dilucidar en los tribunales. Sobre Aguirre y su equipo pesan, además, las sospechas de haber montado toda una red de espionaje, lo que Manuel Cobo ha definido como la gestapillo, y de haber recibido cuantiosas donaciones de Gerardo Díaz Ferrán, el jefe de la patronal que actualmente está en la picota por su gestión empresarial, lo que se conoce como el caso Fundescam. Y, por cierto, estas donaciones se produjeron de cara a la campaña de las elecciones de 2003, tras las que Aguirre se hizo con el poder en Madrid gracias a otro escándalo mayúsculo: el tamayazo.
* Nueva Tribuna - 2.02.10
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Tema: NOTICIAS Madrid
Murcia: La Concejalía no responde a los vecinos que ya hace dos años pidieron datos de la urbanización
LAVERDAD* : «El santuario de la Fuensanta y su entorno es lo primero que enseñamos a los foráneos que visitan Murcia, junto con la Catedral y el Casino; por eso hay que preservarlo». Así opina José Antonio Albero Pineda, propietario de 'La Casa del Monte', una vivienda familiar construida hace más de sesenta años en el camino de la Subida a la Fuensanta, de Algezares. Albero, como otros vecinos de las pedanías de Algezares y Santo Ángel, están preocupados por el plan parcial aprobado por el Ayuntamiento en el último Pleno, que permite la construcción de hasta 1.300 viviendas, en bloques de cuatro y cinco alturas más bajo.
Este vecino, que ha dirigido varios escritos a la Gerencia de Urbanismo desde el año 2007, el último avalado por una veintena de vecinos de Algezares, se lamenta de no haber recibido ninguna respuesta sobre el destino urbanístico de una gran parcela de unos 13.000 metros cuadrados existente frente a su casa.
El alcalde pedáneo le aseguró que el solar, -situada a mano izquierda del camino de subida al santuario, frente al número 36- estaba calificado con la siglas DE, que en la terminología urbanística se corresponde con parcela dedicada a equipamientos locales y, que por tanto, permite la construcción de un colegio o un centro de salud, por citar dos ejemplos.
La preocupación de José Antonio Albero se acentuó cuando en septiembre de 2007 observó que se habían iniciado las obras en el solar y le informaron de manera verbal que se estaba explanando y preparando el terreno para la construcción de edificios y dúplex de carácter privado.
Albero se personó en el Ayuntamiento y consultó el expediente. Fue entonces cuando observó que en los planos, la parcela que anteriormente venía calificada con la denominación DE (equipamientos), aparecía sólo como parcela Az3 y más tarde con las dos denominaciones, lo que le llevó a pensar, y así lo plasmó en un nuevo escrito dirigido a la Gerencia de Urbanismo con fecha de 24 de septiembre de 2007, si se había realizado una recalificación «que permita que los antiguos terrenos para equipamientos de Algezares se destinen a aprovechamiento de empresas o sociedades privadas».
A la vista de que no recibía ninguna contestación de la Gerencia de Urbanismo, con fecha 5 de octubre de ese mismo año, presentó otro escrito firmado por otros 20 vecinos de Algezares reiterando las mismas dudas sobre el futuro de la parcela que, inicialmente, se iba a destinar a equipamientos.
Un 'bocado' al monte
El 11 de febrero de 2008, José Antonio Albero presentó otro escrito en Urbanismo. En esta ocasión, Alberto advertía de que «lejos de dar una contestación a los citados escritos, el Ayuntamiento está permitiendo la realización de unas obras de excavación desmesuradas en la parcela antes citada, y además han continuado las citadas excavaciones hasta desmontar parte de la montaña colindante. Se ha rebajado el terreno en la zona más cercana a la carretera de subida al santuario de la Fuensanta unos tres metros, y en la zona de rebaja de la falda del monte, unos ocho metros. El que suscribe entiende -añadía en el escrito- que permitir que se aumenten metros urbanizables de parcela quitando monte de pinos es actuación que debiera ser comprobada por esa Administración».
Indicaba, asimismo, que «no existe frente a la citada obra ningún cartel que indique la existencia de licencia de obras, técnicos o empresa que se hagan responsable de las mismas y que permitan a los interesados acudir al Ayuntamiento y verificar si existe la licencia de obras».
José Antonio Albero pedía que se diera contestación a los 21 vecinos, que se enviara una inspección para comprobar la legalidad de las actuaciones y que se repusiera el terreno de la montaña a su estado y extensión originales.
La única respuesta fue un escrito del servicio de Disciplina Urbanística donde se le informaba que, tras la inspección, se había levantado parte de infracción a la empresa por movimientos de tierra. Sin embargo, los vecinos siguen sin tener respuesta sobre el destino de la parcela.
Albero llama también la atención acerca de que el plan parcial se desarrolle sobre una rambla, donde está prevista la construcción de edificios de cinco plantas y bajo y una carretera de veinte metros de ancho.
* La verdad - 2.02.10
Foto: Murcia, santuario de la Fuensanta - P.Pérez, panoramio.com
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Tema: NOTICIAS Murcia
Chiclana: El disparate con luces y taquígrafos
DIARIODECÁDIZ* : Cómo un terreno de Chiclana con una inexistente construcción de 640 metros cuadrados se convierte en ocho parcelas dispuestas para ocho chalés. Hace muchos años, en un histórico juicio en la Audiencia Provincial de Cádiz, un abogado le preguntó a un testigo: ¿Está autorizado un militar que recibe una orden para discutir, enjuiciar o distinguir si esa orden es un disparate? La respuesta fue rápida. "No sólo está autorizado, sino que ésa es su obligación", contestó el entonces ex jefe del Gobierno Manuel Azaña.
La Operación Obra Nueva, la legalización masiva de viviendas construidas ilegalmente en Chiclana y en El Puerto mediante un método tan limpio, tan perfecto, tan poco oculto que hasta se realiza con documentos notariales y pasa por registros de la propiedad, evoca aquella pregunta y aquella respuesta tras los juicios que han sentado en el banquillo al arquitecto Joaquín Pallí.
¿Están obligados los notarios y los registradores de la propiedad ante quienes se pretende declarar una obra nueva o practicar la parcelación de un terreno a distinguir si se trata de un disparate? ¿Están obligados a velar por la legalidad urbanística y por ello a ser escrupulosos a la hora de dar paso a una inscripción?
El arquitecto Joaquín Pallí suma cuatro condenas (sólo una firme) por falsificar certificados de antigüedad de construcciones. Es el primer paso que dan los dueños de un terreno para iniciar el proceso que les llevará a legalizar lo ilegal. Ese certificado afirma, falsamente, que en un terreno hay una construcción que tiene más de cinco años, lo que supone que ha prescrito la infracción urbanística. Los propietarios del terreno acuden a una notaría con ese certificado, hacen una declaración de obra nueva y, tras obtener un documento notarial, la inscriben en un registro de la propiedad. Así, en poco tiempo y por un precio, lo que era ilegal ya es legal.
Eso ha ocurrido en varios cientos de casos sin que saltasen las alarmas ni en las notarías ni en los registros de la propiedad. En algún caso, resulta muy difícil entender qué fue lo que evitó frenar el proceso. Por ejemplo, en el caso por el que el pasado miércoles iba a ser juzgado de nuevo Joaquín Pallí.
Según el fiscal, A., dueño de un terreno ubicado en Chiclana, en la Dehesa Boyal, contrató a Pallí para que le hiciese un certificado de antigüedad de una vivienda. El arquitecto hizo el certificado en enero de 2007 de la finca propiedad de A., según anota el propio arquitecto.
En el certificado consta que en la finca número 43.608 hay "una edificación compuesta por varias construcciones destinadas a vivienda unifamiliar aislada de una planta sobre rasante". También que la edificación tiene "una superficie total de 640 metros cuadrados construidos, perfectamente distribuida en varias dependencias y servicios y en buenas condiciones de uso y conservación". Finalmente, que a la edificación "se le estima una antigüedad de 5 años".
A. acudió con ese certificado, en el que dice que la finca es suya, a una notaría para hacer una declaración de obra nueva e inscribirla en el registro de la propiedad. El documento notarial que obtuvo está fechado en Chiclana el 23 de febrero de 2007. En él consta, en primer lugar, que A. es dueño de la finca 43.608. Y aparece entonces la primera sorpresa: que como título, A. aporta el de compra de esa finca a otra persona, "mediante escritura de fecha de hoy, autorizada por el infrascrito notario".
A. acaba, pues, de comprar la finca cuya propiedad le atribuye el certificado del arquitecto. Una finca que el notario, extrañamente ajeno a la ubicación de la Dehesa Boyal, menciona como "urbana".
El documento notarial continúa. Y pasa a hablar de la edificación que se levanta en la finca 43.609. El notario explica entonces que el compareciente. A., "con dinero de su peculio privativo, sin adeudar nada por materiales, mano de obra ni dirección, sobre la finca de su propiedad, a que se refiere el exponendo I de esta escritura, hace más de cinco años construyó una casa destinada a vivienda".
El lector del documento se siente obligado, al topar con ese párrafo, a volver a la página anterior. Efectivamente: allí dice que A. acaba de comprar la finca en la que ahora, en la siguiente página, dice que "hace más de cinco años" construyó la casa destinada a vivienda.
La casa en cuestión, precisa a continuación el documento notarial, tiene una superficie total de 640 metros cuadrados y está valorada en 269.253 euros. "Dicha cantidad, según manifiesta el declarante, ha sido abonada mediante varios pagos en efectivo desde que se inició la construcción hasta que finalizó en el año dos mil uno a diversos proveedores", agrega el documento notarial, que menciona después el certificado expedido por el arquitecto Joaquín Pallí, con el que A. acredita que la edificación fue terminada hace más de cuatro años.
Tras otras anotaciones, el notario escribe finalmente que, como no consta en el registro de la propiedad anotación preventiva alguna sobre algún problema urbanístico con la finca y como ha transcurrido el plazo legal de prescripción para las infracciones urbanísticas graves, la edificación se considera incorporada al patrimonio de su titular.
La historia podía haber terminado ahí. Pero ocurrió que el Juzgado número 3 de Chiclana abrió un procedimiento en 2008 contra A. y contra Joaquín Pallí relacionado con la finca 43.608. Y entonces sucedió que salió a la luz que el 23 de febrero de 2007 hubo un tercer episodio en la notaría a la que acudió A. para inscribir su obra nueva.
Lo que sucedió fue que la juez del Juzgado Mixto número 3 de Chiclana consideró oportuno solicitar al registrador de la propiedad que hiciese una anotación preventiva sobre la finca 43.608: le pedía que hiciese constar que había un procedimiento penal que afectaba a ese terreno. El objetivo era frenar así cualquier operación de compraventa o de otro tipo relacionada con la finca en tanto no fuese resuelto el caso.
El registrador le contestó a la juez en octubre de 2008. Le dijo que no admitía la inscripción que solicitaba. Porque aportaba datos insuficientes y "por considerar que los defectos apreciados en esta nota de calificación tienen carácter subsanable".
Al tiempo, le comunicó también a la juez, "a efectos informativos", algo realmente jugoso: que la finca 43.608 había sido dividida horizontalmente en ocho departamentos que figuraban inscritos como fincas independientes. Y que eso había sido realizado en virtud de una escritura otorgada en Chiclana el 23 de febrero de 2007, ante un notario: ante el mismo notario al que acudió ese mismo día A. a inscribir su obra nueva, su vivienda de 640 metros. Los departamentos resultantes, agregaba el registrador, habían sido transmitidos a personas distintas de los imputados.
Una foto tomada de Google en 2008 muestra la finca 43.608: está dividida en ocho parcelas y en dos de ellas se levantan dos chalés.
El juicio sobre este caso ha pasado de la Audiencia a un Juzgado de lo Penal. En el banquillo se sentarán A. y el arquitecto Joaquín Pallí.
* Diario de Cádiz - 2.02.10
Foto: Chiclana (Cádiz), zona ilegales - diariodecadiz.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Administración pagó dos veces por el proyecto del hospital del Baix Llobregat
ELPAÍS/Barcelona* : Adjudicaciones millonarias hechas a dedo y sin garantías, retrasos injustificados y desvíos presupuestarios que harían temblar al gerente de cualquier empresa privada. Es la otra cara del hospital comarcal del Baix Llobregat, que ayer abrió puertas en Sant Joan Despí y que la Sindicatura de Cuentas analiza en su último informe.
A juicio del fiscalizador de las instituciones públicas catalanas, la construcción del centro ha tenido un sobrecoste irregular que alcanza los 15 millones de euros. De entrada, la Sindicatura de Cuentas denuncia que el proyecto ejecutivo del centro fue encargado -y pagado- dos veces al mismo estudio de arquitectos y que no hay constancia de que la primera vez se recibiera ningún documento.
El informe que ayer registró la Sindicatura en el Parlament se centra en la gestión del Consorcio Sanitario Integral, gestor, entre otras instalaciones, del Moisés Broggi. Este consorcio es de capital público con una participación minoritaria de la Cruz Roja y en 2007, año que ahora se fiscaliza, su consejo rector estaba presidido por el ex alcalde de L'Hospitalet y hoy ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
- Contratos duplicados. El proyecto ejecutivo fue encargado dos veces. La primera, por importe de 665.000 euros, al despacho Brullet Pineda Arquitectos, "se hizo sin seguir los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas", según la Sindicatura. Debía entregarse el 15 de febrero de 2005, pero según el fiscalizador "no se ha facilitado la documentación que justifique el cumplimiento contractual". Lo que sí consta es que dos años más tarde, en enero de 2007, se adjudicó al mismo despacho, también "sin ningún proceso de contratación", otro contrato de proyecto ejecutivo para el mismo hospital, esta vez por valor de 1,2 millones de euros. La redacción de este segundo proyecto implicó un retraso de ocho meses y, pese a que el contrato lo permitía, no se penalizó a los arquitectos.
- Sobrecoste injustificado. El contrato inicial para la construcción del centro, firmado en 2005, superaba en 7,4 millones el importe del precio de adjudicación, algo que la Sindicatura denuncia por incumplir la ley de contratos públicos. A esta cifra se debe sumar otro desvío injustificado. Con fecha de 21 de diciembre de 2006, la empresa pública que promueve el hospital firmó un nuevo contrato en el que se volvió a modificar el precio del anterior en 6,9 millones de euros. La Sindicatura recuerda que este incremento no está justificado porque "no se corresponde con un incremento de la superficie construida". Apenas dos meses después, en febrero de 2007, se firmó un tercer contrato en el que se suprimieron partidas de construcción de obra para incorporar el importe de la redacción de un nuevo proyecto ejecutivo por valor de 1,2 millones y honorarios de dirección de obra por 68.000 euros. El hospital, sin contar los equipamientos internos, acabó costando 87 millones de euros, unos 15 más de lo previsto. Sin embargo, fuentes del sector sostienen que en obra pública son frecuentes los desvíos de hasta el 20%.
- Intereses de demora. Las sucesivas modificaciones del proyecto y los retrasos de las obras obligaron a posponer la inauguración.
También se tuvo que alterar la cláusula de pago de la obra y se modificó el régimen financiero de cálculo de los intereses de demora que implicaba un incremento del gasto de 3,1 millones de euros. Este cambio también tiene claroscuros a juicio de la Sindicatura, ya que se habría vulnerado la ley de libre concurrencia al no haber dado entrada a otras empresas que podrían haber ofertado mejores condiciones.
- Venta del banco de sangre. El Consorcio Sanitario Integral (CSI) también es acusado por la Sindicatura de haber vendido de forma irregular su banco de sangre. La operación se realizó en 2006 y comportó un beneficio de 3,2 millones. El problema, según el fiscalizador, es que dentro de los bienes transferidos se incluyeron los que la Cruz Roja Española cedió en uso para la constitución del Consorcio de la Cruz Roja de Cataluña. Estos bienes, recuerda la Sindicatura, "no eran propiedad del CSI; para poder venderlos, antes debería haberse tenido que formalizar su cambio de propiedad".
El director general del consorcio, Santiago Nofuentes, negó ayer cualquier irregularidad en la gestión de las obras del hospital. "Todo fue aprobado por el Departamento de Salud", aseguró a EL PAÍS. Sobre la duplicidad en el proyecto ejecutivo, Nofuentes aseguró que el primer proyecto fue entregado pero se decidió hacer un segundo proyecto por la decisión de "ampliar el hospital". A este mismo hecho atribuyó el sobrecoste de la obra. Sobre el banco de sangre, Nofuentes aseguró que el dinero ingresado responde a una compensación de la Generalitat por dejar de prestar el servicio y centralizarlo en el Banco de Sangre y Tejidos de Cataluña. "Hemos alegado ante la Sindicatura y garantizo que todo ha sido legal". Cruz Roja y los arquitectos Brullet Pineda declinaron ayer hacer declaraciones.
* ELPAIS.com - 2.02.10
Foto: Baix Llobregat (Barcelona), hospital - elpunt.cat
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Polop: Cano financió el negocio familiar desde el banco que dirigía
LASPROVINCIAS/Alicante: Juan Cano, presunto autor intelectual del asesinato de su predecesor en la alcaldía de Polop, llevaba casi tres lustros haciendo negocios inmobiliarios, según se desprende del sumario que tramita una juez de La Vila en relación al crimen de Alejandro Ponsoda. Y no le iba nada mal. A los 290.000 euros que se embolsó con la venta de una parcela a una promotora en la localidad se suman las gestiones que hizo durante su etapa como directivo de uan entidad bancaria de la comarca de La Marina Baixa.
Un testigo, F.M.F., declaró el pasado 21 de noviembre que financió desde la sucursal que dirigía en La Vila la empresa de su padre, Abel Inmobiliaria SL: «Juan nos daba la financiación que necesitábamos para las construcciones que estábamos realizando».
Pero el ex alcalde, que en el 95 compatibilizaba su cargo de concejal de Urbanismo con su trabajo en un banco, tampoco dejó abandonados a sus amigos cuando atravesaron dificultades. Este mismo testigo asegura que intercedió por él en la entidad bancaria para que le concedieran un préstamo de 30.000 euros, pues había acumulado una deuda de 60.000 .
La trayectoria laboral del imputado en diversas sucursales de la caja sale a relucir otras muchas veces en el sumario. Un superior, director de zona, desveló a los agentes que un notario de La Vila recién llegado a la localidad se quejó de la actuación de Cano al considerar que estaba desviando todas las operaciones a la oficina del notario antiguo, con quien le unía una estrecha amistad.
Este mismo trabajador se refirió a otro incidente laboral en el que se vio envuelto el sospechoso, en este caso relacionado con los recibos de la correduría de su mujer.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil mantiene ya dos investigaciones paralelas: la del asesinato de Alejandro Ponsoda propiamente dicha y la de una presunta trama de corrupción urbanística en el municipio.
En relación a estas últimas pesquisas, los agentes han interrogado a promotores con intereses en Polop y se han incautado de diversos expedientes durante el registro de la Alcaldía, entre ellos el relativo al Plan de Actuación Integrada (PAI) que afecta a la partida rural de El Matet.
Igualmente, varios documentos sobre operaciones inmobiliarias particulares fueron decomisados en la vivienda del ex alcalde. Algunos apuntes estaban relacionados con unos terrenos de su propiedad ubicados en La Nucia.
Precisamente, un intermediario del sector de la construcción manifestó a los investigadores que Cano andaba buscando comprador para esas parcelas, en las que podía estar interesada una cadena de supermercados, y fijó para ellas un precio inicial de 1,5 millones de euros.
Para tratar este asunto llegaron a celebrarse hasta tres citas, según D.J.F., más conocido como Paco, pero el asunto «quedó en el aire», según el testigo.
A mediados de 2008, la UCO ya advirtió a la juez que investiga el asesinato de Ponsoda, María Antonia Raedo, de que se vislumbraban en las pesquisas indicios de corrupción política, por lo que le solicitaron que abriera una segunda causa penal.
* Las Provincias - 2.02.10
Foto: Polop (Alicante) - flickr.com
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2.2.10
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Uno de los candidatos a albergar el almacén nuclear se echa atrás por la presión vecinal
20MINUTOS/Segovia* : El Pleno del Ayuntamiento de Santiuste de San Juan Bautista (Segovia), reunido en sesión extraordinaria y urgente, ha acordado este lunes anular el acuerdo que amparó la presentación de la candidatura del municipio para albergar el futuro almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares.
El acuerdo fue adoptado con el apoyo de los siete concejales que integran la corporación, 3 del PP, 3 del PSOE y un edil independiente, el único que con anterioridad había votado en contra de la propuesta de acoger la instalación. El alcalde de Santiuste de San Juan Bautista, Octavio Esteban (PP), ha explicado que el ayuntamiento ha decidido que retirará su candidatura "debido a la presión de los pueblos del alrededor y porque muchos vecinos estaban en contra".
"Estamos trabajando para que Santiuste entre en la denominación de origen Vinos de Rueda y los vecinos sostienen que este objetivo no se conseguirá con un almacén nuclear en el municipio, además de que temen que los cultivos se vean afectados" por los posibles efectos de emplazar el ATC en la comarca. Esteban indicó que la candidatura ante el Ministerio de Industria fue presentada en las oficinas de la Subdelegación del Gobierno en Segovia y que en estos momentos la secretaria de la corporación estudia el procedimiento para que sea formalmente retirada.
No obstante, el alcalde de Santiuste remarcó que "habíamos presentado un proyecto viable, para revitalizar la economía de la zona, dar vida al pueblo y para mantener y fijar la población, porque a la vuelta de 15 años de 650 habitantes pasaremos a menos de 200". El Ministerio de Industria hará pública en los próximos días la lista provisional de candidatos admitidos y excluidos, que tras un trámite de reclamaciones, será definitiva.
* 20 Minutos - 1.02.10
Foto: Entrada a la localidad segoviana de Santiuste de San Juan Bautista. (Imagen: Juan Martín Misis / EFE)
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Siero: Los vecinos de La Parte reiteran su rechazo al campo de tiro
ELCOMERCIO/Asturias* : Los vecinos de las localidades que rodean el Monte de La Parte, donde el Ayuntamiento de Siero está tramitando la apertura de un campo de tiro, reiteraron ayer sus protestas contra las instalaciones. Según señalaron, «no podemos dormir tranquilos sabiendo que algún día va a volver a estar operativo desde primera hora de la mañana y hasta el atardecer y que el repetido y contundente sonido de disparos va a volver al día a día de los vecinos».
Los afectados, que residen en las localidades de La Parte, Mudarri, Valire, Vega Muñiz, Tiroco, Venta de Soto y Posada, recordaron que en los años en los que el campo de tiro estuvo activo, «era frecuente que cuando algún vecino recogía les fabes, tuviera que separar los perdigones que habían caído o que los niños corrieran por los praos para coger los platos que no se habían roto». Incluso apuntaron el caso de una vecina, de avanzada edad y en silla de ruedas que no quería salir de su casa porque decía que «allí arriba había guerra».
Los afectados aseguraron también que a pesar de las continuas protestas de los vecinos, las distintas corporaciones mantuvieron «una callada pero consentidora actitud» hasta el cierre del campo en 2002. Un cierre que según señalaron, «trajo el olvido». Además, explicaron que «el monte se recupero, no volvió a haber incendios, y la fauna de corzos, aves rapaces y arceas volvió a su hábitat».
Sin embargo, el pasado mes de agosto, el Ayuntamiento de Siero apoyó la apertura nuevamente de las instalaciones y la concejalía de Urbanismo estableció las condiciones a exigir al promotor para la puesta en marcha del equipamiento, a lo que los vecinos reaccionaron con quejas y protestas. «Es un monte rodeado de viviendas, algunas a escasos 200 metros y nadie quiere vivir escuchando el continuo sonido de disparos, y menos aún los fines de semana que es cuando más actividad tiene el campo de tiro». Además, los afectados señalaron que «nadie quiere que el monte se llene de miles de kilos de perdigones al año, que contaminan los suelos y las aguas» y mostraron su preocupación sobre la posible devaluación de las fincas. «¿Quién va a venir a hacer una casa al lado de un campo de tiro o a pasar el fin de semana a una casa rural para escuchar disparos?», se preguntaron.
Por otro lado, quisieron dejar claro que «no hablamos de algo que pueda pasar, sino de algo que ya hemos vivido». En la actualidad, el expediente está pendiente de la aprobación inicial, puesto que se le requirieron una serie de mejoras al promotor y aportó documentación complementaria que aún no ha sido dictaminada.
* El Comercio Digital - 1.02.10
Foto: Pola de Siero (Asturias), ayuntamiento - asturiasverde.com
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Valencia: Instan a la Fiscalía a investigar el derribo del muro de Monforte
LEVANTE* : El Cercle Obert de Benicalap envió hoy un escrito a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el que pide que esta institución investigue las obras que el Ayuntamiento de Valencia prevé acometer en el Jardín de Monforte de la ciudad y que "alteran y modifican sustancialmente" un monumento catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
La asociación vecinal presentó esta petición ante el anuncio por parte del equipo municipal de gobierno de que durante el primer trimestre del año se derribará el muro de Monforte y se emprenderán obras en el interior del jardín, sin antes haber elaborado y aprobado el Plan Especial de Protección.
Los artículos 34.2, 39 y la Disposición Transitoria segunda de la Ley Valenciana 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece la necesidad de que las administraciones públicas competentes aprueben los correspondientes Planes Especiales de Protección en el plazo máximo de un año a contar desde la fecha de publicación de su declaración de Bien de Interés Cultural (BIC).
En este sentido, Cercle Obert de Benicalap apunta que "tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Generalitat Valenciana, tienen la obligación ineludible, en el ámbito de sus respectivas competencias, a la inmediata iniciación de los trabajos de redacción y aprobación del Plan Especial de Protección del Jardín Histórico de Monforte, declarado Bien de Interés Cultural".
Sin la existencia de este plan "no se puede emprender ningún tipo de actuaciones y obras de mejora o rehabilitación". Asimismo, la entidad considera que "no tiene sentido alguno alterar o modificar parte del muro, dado que forma parte inseparable e imprescindible del bien de interés cultural y le da valor y sentido como huerto cerrado, como jardín".
Así, insisten en que "no se ha justificado debidamente la necesidad de alterar ciertos fragmentos del muro de mampostería y sustituirlo por una valla de forja de hierro neoclásica, dado que los problemas de humedad que afectan a los árboles y el mal drenaje de las especies vegetales existentes en el mencionado jardín valenciano, no van a poder ser solucionadas con una actuación lesiva realizada en la superficie y justificada por meras razones estéticas".
INVESTIGAR APARCAMIENTO
Además, también piden que Fiscalía investigue, la existencia de un aparcamiento subterráneo en las calles Doctor Severo Ochoa y Monforte, que envuelven al BIC. Este garaje "fue construido e inaugurado oficialmente sin el oportuno estudio de impacto, alterando y condicionado negativamente la pervivencia presente y futura del Jardín Histórico de Monforte", advierte Cercle Obert de Benicalap.
Del mismo modo, creen que "la inexistencia del preceptivo y obligatorio Plan Especial de Protección en un monumento, declarado BIC y de propiedad municipal es un hecho que debe ser investigado y, si procede y se verifica el delito, sancionado, pues si el Ayuntamiento y la Conselleria de Cultura hubieran cumplido con las obligaciones que marca la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, nunca se hubiera autorizado la construcción del aparcamiento subterráneo en el entorno, y ahora, no se intentaría alterar parte del muro de mampostería que da esencia y define al jardín neoclásico de Monforte, como uno de los más valiosos vestigios y singulares jardines históricos existentes en toda la Comunitat Valenciana y en el resto de España".
La asociación ciudadana señala en su escrito remitido a Fiscalía que "no tiene constancia oficial de que los numerosos monumentos BIC existentes en la ciudad de Valencia, dispongan de los preceptivos y obligatorios Planes Especiales de Protección". De ser así, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat "están incumpliendo e ignorando sus compromisos legales y provocan de forma visible y consciente una degradación y abandono del legado patrimonial cultural valenciano".
De este modo, señalan que "resulta imprescindible y necesario que la Fiscalía emprenda las investigaciones oportunas al respecto e incoe las correspondientes diligencias de instrucción penal". Para Cercle Obert de Benicalap la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y el Ministerio de Cultura "tienen que actuar inmediatamente, para evitar la realización de un nuevo expolio contra el patrimonio cultural de todos los valencianos, requiriendo urgentemente a las instituciones públicas valencianas para que procedan a asumir y desarrollar sus labores y obligaciones legales".
* Levante-EMV - 1.02.10
Foto: Valencia, jardín de Monforte - flickr.com
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Clamor por un Cabanyal entero y vivo
LEVANTE/Valencia* : El Cabanyal vivió ayer la manifestación más multitudinaria que se recuerda en defensa de la rehabilitación del barrio y contra el Plan de Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que incluye una prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez hasta el mar que parte el barrio y contempla el derribo de cientos de casas. Miles de personas -30.000, según la organización; y 3.000, a juicio de la Policía local- acudieron al mediodía de ayer a la llamada de la Plataforma Salvem el Cabanyal.
Una manifestación festiva que transcurrió sin incidentes entre la Avenida de Tarongers y la plaza de la Creu y en la que se volvió a exigir, como en los últimos once años, que se detengan los derribos de casas y la aprobación de un plan de rehabilitación integral para recuperar el barrio desde el punto de vista social y patrimonial: "El Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu", rezaba el lema.
Con todo, la marcha celebrada ayer no fue una más. Se produjo tras la declaración del Ministerio de Cultura de "expolio" por parte del ayuntamiento y la réplica jurídica del Consell -un decreto que desprotege el barrio para legalizar los derribos-, que ha desembocado en un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Generalitat y en el enésimo frente político del Consell ante Zapatero.
La portavoz de la Plataforma de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, se mostró "esperanzada" por la actuación del ministerio, que lleva el conflicto a un nuevo escenario en que "está próximo a resolverse". En este sentido, trasladó a la ciudadanía que se trata de "un proceso judicial, no político", como insiste en plantearlo el Consell.
La portavoz se refirió en estos términos antes del inicio de la marcha. Más combativo fue el manifiesto, leído dos horas después ante miles de personas frente al Mercado del Cabanyal. El PEPRI es un "ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad, porque es un barrio singular y hermosísimo digno de permanecer en el tiempo", señalaba. Después de "12 años de lucha", la entidad aseveró que "no va a parar hasta que el barrio se rehabilite y se quede entero y vivo".
Los organizadores fueron muy críticos con el PP, al que acusaron de "llevar la degradación, el dolor y la injusticia social" al barrio. Denunciaron la postura política que ha tomado el Consell y el ayuntamiento, planteando la actuación del Gobierno como un ataque al autogobierno de los valencianos: "No al falso autonomismo; no al falso valencianismo", clamaron.El comunicado de los organizadores denunció la "especulación" como el interés que mueve la prolongación, y señalaron que en los últimos años han sido instalados en el barrio "colectivos desfavorecidos creando inseguridad y un ambiente hostil" para generar un clima de apoyo a los derribos.
Finalmente, se hizo una llamada a la "unidad" y al apoyo de toda la sociedad para lograr el objetivo final de la "rehabilitación sin destrucción" del barrio.
* Levante-EMV - 01.02.10
Foto: Las calles del barrio marítimo presentaban ayer este aspecto durante la manifestación contra la prolongación de Blasco Ibáñez. miguel ángel montesinos, levante-emv.com
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Madrid: Anulado el acuerdo que permitió construir el campo de golf del Canal
ELPAÍS* : El Gobierno regional no justificó suficientemente el "interés general" para construir un campo de golf de gestión privada en Chamberí, sobre un antiguo depósito de agua del Canal de Isabel II. Por eso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) acaba de anular el acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2007 en el que el Ejecutivo de Esperanza Aguirre recurrió al interés general para saltarse las trabas municipales.
La Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento hizo un informe desfavorable de la obra y la Concejalía de Urbanismo le denegó la licencia. Aguirre entonces recurrió al artículo 161 de la Ley del Suelo, que permite a una administración esquivar las normas urbanísticas municipales si existe "interés general".
"La motivación del acuerdo es excesivamente genérica", asegura la sentencia, del 21 de enero pasado. El tribunal no duda del interés general de una "infraestructura esencial" -uno de los depósitos de agua de Madrid- que tiene como fin "dotar de parques y espacios deportivos públicos a una superficie considerable ubicada en una zona céntrica". El problema, según el TSJM, es que para declarar interés general hay que justificar por qué el proyecto no puede cumplir la normativa urbanística. Las pegas que puso el Ayuntamiento de Madrid fueron muy específicas, recuerda la sentencia: "Recaen únicamente sobre las instalaciones de golf, el cerramiento que exigen las mismas y los tres nuevos pabellones proyectados". El Gobierno tendría que haberse centrado en esas cuestiones, porque el resto del proyecto sí cumple la legislación. La sentencia asegura que el Ejecutivo evita mencionar por qué es de interés público que el campo de golf esté precisamente allí, ni por qué no puede sustituir el vallado y los pabellones por otros elementos que sí cumplan las normas. El acuerdo de Gobierno decía que "no resulta posible ni pertinente" adecuar el plan. Eso es "irrelevante", dice el tribunal, porque lo que exige el artículo 161 "es la imposibilidad, no la inconveniencia o la falta de oportunidad".
Entre los impedimentos que encontró Aguirre para sacar adelante las obras estaba el informe desfavorable de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN). Tuvo que intervenir porque el depósito de agua está protegido. La comisión obligaba al Canal a eliminar "las plataformas de bolas de golf y los postes que sujetan las redes". También subrayaba que "el cerramiento incumple las determinaciones establecidas" en el plan general. Otro informe, de diciembre de 2006, del subdirector general para la Gestión Privada de Urbanismo decretaba que las actuaciones no eran viables, porque es necesaria "la tramitación de un plan especial para su implantación ".
"Las instalaciones están sin licencia, es decir, son ilegales", aseguró ayer José Antonio Jiménez, abogado de la asociación de vecinos El Organillo de Chamberí, que recurrió al TSJM. "Nos dirigiremos al Ayuntamiento para que las precinte", añadió. El Gobierno regional no va a recurrir la sentencia, según afirmó ayer una portavoz del Canal. "Mientras tanto, el fallo queda en suspenso", añadió. "Ese campo atenta contra el urbanismo, el medio ambiente y los propios vecinos", afirmó la concejal socialista Carmen Sánchez-Carazo. "Desde el partido socialista vamos a luchar para que se precinte".
* ELPAIS.com - 1.02.10
Foto: Campo de entrenamiento de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí.- RICARDO GUTIÉRREZ, elpais.com
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Alhaurín: El gran pelotazo de San Joaquín
DIARIOLATORRE/Málaga* : El próximo lunes, día 1 de febrero, a las ocho de la mañana, se celebrará un Pleno extraordinario y urgente, con un punto único: “La aprobación del convenio urbanístico de planeamiento entre el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y los propietarios de la Finca San Joaquín”. La aprobación de este Convenio es un mero pretexto para transformar unos terrenos rústicos, de escaso valor, en terrenos urbanizables de un valor incalculable.
La futura Ciudad Deportiva Municipal puede construirse en los innumerables terrenos, que según nuestro Alcalde tiene el Ayuntamiento, sin necesidad de beneficiar a la familia del asesor jurídico de Urbanismo de nuestro Ayuntamiento, Sr. Lamothe, que entró a dedo a trabajar en el Consistorio y a la familia Portales. Los terrenos que ceden, según el Convenio, están calificados como Equipamiento de la citada Finca. Ese proyecto será financiado con cargo al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, 'Plan E 2' por el Estado de la Nación.
CONVENIO: La familia Lamothe y Estezuelas, S.L.(familia Portales parece ser) son propietarios de la Finca No Urbanizable o rústica, San Joaquín, y firman un Convenio con el Ayuntamiento (Sr. Alcalde), en presencia del Secretario del Ayuntamiento, don Alfonso Moreno Olmedo que se limita a dar fe del acto y no a Certificar su Legalidad.
Algunos objetivos del Convenio:
1.- Aprobar por el Pleno y después por la Comisión Provincial de la Junta el siguiente “Pelotazo”: Modificar las Normas Urbanísticas para que la Finca San Joaquín, rústica o no urbanizable (no se puede edificar nada) se convierta en urbanizable (para que se pueda edificar).
¿Quiénes tienen potestad para hacer ese cambio?:
- Primero, el Pleno del Ayuntamiento aprobará, el próximo lunes, el citado Convenio, cosa fácil porque el PP tiene mayoría absoluta. Y después la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta de Andalucía (el PSOE tiene la llave aquí) ratificando la aprobación del Pleno o rechazándolo, como hizo en el 2004.
- Nuestro Alcalde, de muy dudosa reputación, manifiesta en dicho Convenio que la Finca San Joaquín tiene una extensión total de 263.489m2. ¿Están incluidos en esa cantidad el Camino de los Callejones que atraviesa la citada finca, el arroyo Blanquillo y sus cinco metros de deslinde, al margen del cauce, la vía Agropecuaria, servidumbre de paso debido al canal,etc.).
- Este desarrollo urbanístico se lleva a cabo por el sistema de compensación. Es decir, que el 10% de las parcelas que le corresponde al Ayuntamiento se queden con ellas los propietarios del Sector, a cambio de una compensación económica. En la mayoría de los casos realizados previamente por el Ayuntamiento, lo promotores han abonado, en mi opinión, una cantidad muy inferior al precio de mercado. ¿Otro posible aspecto del Pelotazo?
- Ahora viene lo bueno y transcribo lo que dice el Convenio, pag. 4, párrafo 7:”…los propietarios autorizan y ponen a disposición del Ayuntamiento un total de 67.559,90m2, ubicados zona Oeste del Sector … Los suelos citados figuran como Sistema General de Equipamiento, 50.865,95m2 y como Sistema Local de Equipamiento 16.689,95m2. El suelo citado 67.555,90m2 que se pone a disposición del Ayuntamiento con antelación a la tramitación de la Innovación (Pelotazo o modificación de terrenos Rústicos en Urbanizables. Lo que está entre paréntesis lo digo yo y no el documento), obedece a motivos de interés público…”
El siguiente párrafo del punto 4 del Convenio, en mi opinión es una barbaridad porque dice:”Dichos terrenos, aún cuando la cesión se formalizara en el proyecto de Reparcelación, serán puesto a disposición del Ayuntamiento en el mismo momento de la firma del presente documento, siempre que el mismo esté firmado por todos los propietarios de la finca San Joaquín, autorizándose a su vez que por el Ayuntamiento y de forma inmediata, se realicen en los terrenos cuantas mediciones topográficas y pruebas geotécnicas sean necesarias para la construcción de la Ciudad Deportiva, así como, evidentemente, todas las obras necesarias para su ejecución”
¿Preguntas?
¿Hay una ley para los ciudadanos y otras para el Ayuntamiento de Alhaurín? De no ser así, ¿cómo se puede comenzar a edificar antes que se haya aprobado la Innovación (paso de rústico a urbanizable) y el Plan Parcial y los siguientes pasos no hayan sido culminados? Todo ese proceso conllevaría al menos, dos años. A mi parecer, parte del contenido de este Convenio no se ajusta a Ley.
Por último, ¿qué demonios nos regalan estos señores propietarios? O el Alcalde sigue siendo un embustero, o no tiene terrenos para edificar esta Ciudad Deportiva en otro lugar. El Alcalde siempre manifestó, que el ayuntamiento no había vendido la mayoría de los terrenos que le correspondían al Ayuntamiento como cesión obligatoria por desarrollos urbanísticos. ¿Dónde están? ¿Por qué no se hace ahí la Ciudad Deportiva?
* Diario La Torre - 31.01.10
Foto: Alhaurín de la Torre ( Málaga) - alhaurin.com
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El Cabanyal: patrimonio y especulación
RAMÓN LÓPEZ DE LUCIO* : La batalla en torno a la muy interesante barriada marítima de Valencia, el barrio de El Cabanyal, se prolonga desde hace 10 años y se ha convertido en verdadero estandarte, a nivel estatal, de las iniciativas ciudadanas en defensa del patrimonio histórico-artístico de sus ciudades frente a los especulativos proyectos de algunas administraciones municipales. En el caso de Valencia se trata de una retícula viaria consolidada en el XVIII y ampliada en el XIX de largas manzanas paralelas al mar; íntimamente relacionada con algunos otros pocos ejemplos españoles igualmente relevantes (la Barceloneta, Ferrol, Mahón).
Originalmente se trataba de una construcción de barracas que desde finales del XIX se fueron sustituyendo por edificaciones residenciales de 2-3 plantas, incorporando interesantes elementos arquitectónicos y decorativos (mosaicos) de filiación modernista. En las décadas del desarrollismo franquista una parte de esta edificación fue sustituida por vulgares bloques de 5-6 plantas que rompían el tipo arquitectónico y la escala de las calles. En todo caso el barrio conserva a día de hoy un paisaje urbano muy específico y una identidad social marcadamente popular.
El valor del barrio fue reconocido por el propio Gobierno autonómico, que lo declaró Bien de Interés Cultural (con categoría de conjunto histórico) en 1993. Pero la situación del barrio, inmediato a la playa de la Malva-rosa, cuyo paseo marítimo se reurbanizó por esos años, despertaba progresivamente intereses inmobiliarios de claro corte especulativo. La coartada la facilitó una iniciativa de tipo viario, la prolongación del paseo de Blasco Ibáñez hasta el mar, atravesando el barrio y partiéndolo en dos. El proyecto afecta a una banda de entre 100 y 158 metros de ancho por 800 metros de longitud (la totalidad del espesor del tejido urbano). Un total de 11,5 hectáreas que supone el derribo de 450 edificios y de unas 1.600 viviendas.
El instrumento elegido por el Ayuntamiento para llevar a cabo la operación fue un Plan Especial aprobado en el 2000, falazmente denominado de Protección y Reforma Interior. Cuando de hecho lo que venía era a destruir una parte significativa del barrio rompiendo su unidad y su carácter y afectando a numerosos edificios catalogados.
Ante esta amenaza el barrio se organiza creando la Plataforma Salvem El Cabanyal y más tarde el Instituto de Defensa de los Intereses Patrimoniales, Culturales y Artísticos de El Cabanyal-Canyamelar. Después de un proceloso recorrido legal, en el que el Ayuntamiento se ha enrocado en su iniciativa de destrucción y reconfiguración social de la zona, ha sido una reciente orden del Ministerio de Cultura (29 de diciembre de 2009) la que ha determinado que el plan especial supone la expoliación del conjunto histórico de El Cabanyal y ordenando la suspensión inmediata de dicho plan especial en tanto no se lleve a cabo una adaptación del mismo que garantice la protección de los valores histórico-artísticos. Con esta orden el ministerio no hace más que cumplir una sentencia de mayo 2009 del Tribunal Supremo que expresaba la obligación de aquél de dictar resolución motivada.
La reacción durante estos últimos días del Ayuntamiento de Rita Barberá y del Gobierno de Camps ha sido furibunda, llegando a calificar la orden ministerial de agresión masiva al autogobierno valenciano. Sin embargo, está clarísimo -como han argumentado en diversos informes el Consejo Superior de Arquitectos de España, la Real Academia de Historia y significados profesionales del urbanismo- que las instituciones estatales lo único que han hecho es cumplir con su obligación. En este caso, proteger un valioso patrimonio arquitectónico, urbanístico y cultural (de acuerdo con la ley 6/1985 del Patrimonio Histórico Español) de las desfasadas pretensiones de intervención urbanística agresiva sobre un tejido antiguo. Pretensiones ancladas en pleno siglo XIX, el siglo de las grandes vías trazadas sin respeto alguno sobre los cascos viejos. Así como de las apenas encubiertas intenciones especulativas por apropiarse de un espacio especialmente atractivo para edificar viviendas de lujo frente al mar.
* Ramón López de Lucio es arquitecto, catedrático de Planeamiento Urbanístico de la Escuela de Arquitectura de Madrid y firmante del dictamen sobre el PEPRI de El Cabanyal de febrero 2001.
* ELPAIS.com - 31.01.10
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La Laguna: 37 edificios de Las Chumberas están fuera de ordenación desde el año 2000
ELDÍA/Tenerife* : Malos tiempos para los vecinos de Las Chumberas, que cada día se sobresaltan con una noticia peor. Si aún no se habían repuesto de la confirmación de que la aluminosis estaba extendida en el 70% de los edificios (en 29 de los 42 existentes) y de que sólo la rehabilitación planteada cuesta más de diez millones de euros, ayer trascendió que 37 bloques están fuera de ordenación en el PGO vigente desde 2000, extremo que desconocían los propietarios e inquilinos y que ya ha despertado una polémica política de imprevisibles consecuencias y desarrollo.
La cifra de 37 edificios fue confirmada en la tarde de ayer por el concejal de zona, Domingo Galván (CC). Tras la ruptura desde el jueves del mutismo mantenido hasta ahora por el gobierno, el edil, así como el alcalde, intervino desde primera hora de ayer en diversos medios para explicar la situación de la aluminosis, pero no esperaba que, desde el mediodía, Las Chumberas se sumara a la polémica de Santa Cruz por los fuera de ordenación.
Una rueda de prensa del PSC desató la tormenta, al hacer público una carta remitida en los últimos días por Urbanismo a diversos bloques en la que, entre otras cosas, afirmaba de forma literal que "el conjunto de las edificaciones que conforman la urbanización Las Chumberas se encuentra en situación legal de fuera de ordenación".
En un primer contacto con este periódico, Galván negó que se tratara de toda la urbanización, pero no pudo concretar qué número de bloques estaban afectados, si bien se mostró convencido de que la mayoría estaban dentro de ordenación. No obstante, y tras depurar sus datos en Urbanismo, señaló horas más tarde que sólo cinco bloques (que, como los demás, no concretó) están dentro de ordenación desde el año 2000, que 17 quedaron fuera por superar las cinco plantas permitidas en la zona, que dos lo hicieron por situarse en el espacio de protección de la autopista, otro por afecciones de futuros viarios y el resto, por retranqueos.
A diferencia de la interpretación muy crítica de los socialistas, Galván relativiza las consecuencias de este cambio en la catalogación de los edificios, habla de "total normalidad" y que, en todo caso, tratarán de solventarlo incluyendo estas viviendas en la parte ordenada del nuevo PGO. Además, niega que se haya ocultado este cambio a los vecinos "porque existió un periodo de información del actual PGO" y afirmó que este dato no se ha apuntado en ninguna de las reuniones por la aluminosis ni en el informe de Intemac "porque no tenía nada que ver. La reposición obliga a cambiar el PGO y eso nunca se lo hemos ocultado a los vecinos".
Fuentes de la comisión vecinal mostraron ayer a EL DÍA su profunda sorpresa por esta novedad y, sin querer pronunciarse hasta tener más datos, aunque sin disimular su malestar, anunciaron que pedirán una reunión urgente.
Mucho más contundentes fueron Gustavo Matos y Javier Abreu, que acusan a CC de ocultar algo clave en múltiples reuniones a los vecinos y desde hace muchos años, "ya que un fuera de ordenación no se puede reponer y, por eso, CC apuesta sólo por la rehabilitación". Abreu cree que "se ha jugado" con algo muy delicado que afecta a la economía y propiedades de muchas familias y acusó directamente al alcalde, al que tildó de "irresponsable" y del que cree que "le queda el cargo muy grande". Según el edil, que data el cambio en 2004 y no en el año 2000, se dejó fuera para poder crecer en otras zonas, "algo que ocurre con otras urbanizaciones", aunque no quiso precisar.
Los socialistas piden una comisión con los partidos locales incluidos y defienden la demolición y reconstrucción de los bloques afectados, así como que entren de nuevo en ordenación y que haya una profunda reurbanización de la zona. "No se puede decir a estos vecinos que no cabe la reposición y lo contrario en la Cruz Chica", recalcó Abreu en alusión a los afectados por el tren y las promesas del alcalde.
* El Día - 30.01.10
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com
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Tema: NOTICIAS Canarias
El cerebro del 'caso Llíber' extendió su negocio urbanístico en La Marina
ELPAÍS/Alicante* : El cerebro de la trama urbanística de Llíber, el empresario de Xàbia Miguel Muntaner, pugnó por establecer un imperio inmobiliario en La Marina Alta durante la última década, coleccionó varios expedientes de infracción urbanística y utilizó sus contactos con las agencias británicas para intentar trasladar sus actividades a otros países europeos.
Muntaner reconoció en diciembre ante la juez de Dénia que había sobornado al ex alcalde de Llíber entre 1999 y 2003, José Mas, del PP, y al ex aparejador municipal para que permitieran construir 300 chalés en suelo rústico. Los tres permanecen desde entonces en prisión.
Con su participación directa en al menos nueve empresas como administrador o socio, todas ubicadas en Xàbia y vinculadas en su gran mayoría a la promoción urbanística, Muntaner fue una figura representativa de los polémicos tiempos dorados del hormigón. Con una de las firmas más activas, Complejo Comercial Monty's, SA, de la que es administrador único, impulsó uno de los PAI de Parcent, el del Replà, como aparece en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) del 28 de octubre de 2004. Este plan, cuya tramitación fue después seguida por otra empresa y que preveía 1.496 viviendas, recibió la censura de la Unión Europea y acabó siendo rechazado por la Consejería de Territorio.
Además de su actuación en Llíber, en la que no sólo participó como constructor sino también como intermediario, y en la que admitió haber pagado 3.000 euros al ex alcalde por cada licencia ilegal y casi 100.000 euros por 15 de esos permisos al ex aparejador, también desarrolló actuaciones en otras zonas de gran belleza de poblaciones del interior de la comarca, como la Solana de Alcanalí, Benidoleig o Sagra. En esta última, actuó con otra de sus firmas, Urbanización Aitana, SL, que compartía con un socio inglés. La clientela británica fue uno de sus grandes objetivos, como se demuestra en Llíber, donde gran parte de los compradores estafados son de esa nacionalidad.
Muntaner tuvo que enfrentarse a varios expedientes por infracción urbanística: en Xàbia, tras tabicar un sótano para crear 14 minipisos de entre 30 y 60 metros cuadrados; en Benidoleig, por impulsar dos edificaciones que no se ajustaban a licencia, aunque en este caso adujo que no eran de su propiedad; y en Calp, Monty's, SA también aparece en el BOP (Boletín Oficial de la Provincia) en un expediente de infracción por ampliar de forma irregular un edificio.
Dos artículos publicados en la prensa británica y búlgara apuntaban además a este empresario como el máximo responsable de la promoción de un complejo residencial en Varna (Bulgaria) en una zona rústica en la que no se podía edificar. El complejo, Klement Hills, habría sido promovido por Muntaner a través de Monty Ltd. y debería haber estado concluido en 2007, pero allí jamás se realizó ninguna actividad urbanizadora.
Las firmas ligadas a Muntaner también se dedicaron a la actividad textil y a la hostelería. El empresario es propietario de un club de alterne en un sótano de la exclusiva zona de El Arenal de Xàbia donde la Guardia Civil grabó conversaciones del caso Llíber entre varios constructores, según el sumario del caso judicial. Muntaner también se embarcó en la política y en 2001 impulsó con otros socios Unión Democrática Europea, que pretendía apuntarse a la moda de los partidos de signo independiente con gran ascendiente en el voto europeo.
* ELPAIS.com - 31.01.10
Foto: Xabia - lasprovincias.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Arteixo: Trabajar a la sombra de la piqueta
LAOPINIÓN/A Coruña* : Fueron construidos al amparo de una licencia municipal que vulneraba la normativa urbanística. Ocupan terrenos rústicos y costeros y albergan, en total, a una veintena de empresas. Los trabajadores del polígono de Suevos y el complejo de Galán desarrollan desde hace años su actividad bajo la amenaza del derribo. En los últimos dos meses la Xunta y los tribunales han estrechado el cerco y realizado sendos requerimientos en los que ordenan su demolición. Para los empleados es "como vivir con la soga al cuello".
Un concesionario de vehículos de segunda mano, una tienda de artículos de ocasión, un taller de reparación y venta de neumáticos, un establecimiento de electrodomésticos.... Y hasta el depósito municipal de grúa. Son algunos de los negocios de Arteixo sobre los que se cierne la amenaza del derribo por infringir la normativa urbanística.
"Es como vivir con la soga al cuello", lamenta uno de los afectados, que regenta su negocio en una de las naves ilegalizadas de Galán, complejo que, junto al polígono de Suevos, se encuentra en el punto de mira de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
En los últimos tres meses, el cerco se ha estrechado sobre los dos complejos, construidos al amparo de una licencia municipal que fue anulada por infringir la normativa urbanística. Primero fue el turno del polígono de Suevos, un complejo industrial que ocupa los terrenos del antiguo matadero de Mafriesa en el que desarrollan su actividad unas quince compañías. El pasado diciembre el Tribunal Supremo ratificó la orden de derribo de las obras ejecutadas en 2003 por vulnerar la ley de costas. La sentencia es firme.
Solo un mes después, la Xunta hizo pública una resolución en la que ordenaba el derrumbe de las naves de Galán, asentadas sobre suelo rústico y, que al igual que las de Suevos, no disponían de los preceptivos permisos autonómicos. A día de hoy, sólo cuatro naves acogen negocios, las otras dos ofertan con carteles su venta o alquiler.
Los afectados agotan todas las vías y el Concello de Arteixo apura las gestiones. Los primeros solicitan indemnizaciones y los segundos "que se depuren responsabilidades políticas".
* La Opinión A Coruña - 31.01.10
Foto: Polígono de Suevos, en las instalaciones del antiguo matadero de Mafriesa. / juan varela, laopinioncoruna.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Vecinos de la Encarnación dicen que el tiempo les está "dando la razón" en su rechazo al "engendro" de Metropol
EUROPAPRESS/Sevilla* : Vecinos de la Encarnación afirmaron hoy que el tiempo les está "dando la razón" en su rechazo al "engendro" de Metropol Parasol, proyecto que "ya se pensaba que iba a dar problemas e iba a ser muy costoso, además de que no pega para nada"."Está pasando lo que esperábamos que pasara", afirmó en declaraciones a Europa Press el portavoz de la asociación de vecinos 'Entorno Regina', José Luis Cano, quien consideró que "se podría haber elegido otro tipo de proyecto en el concurso, que no fuera tan dañino ni tan costoso, y ya habría mercado y plaza pública".
Sin embargo, lamentó que "ahora sólo hay un engendro allí puesto", por lo que añadió que "muchos de los palmeros que estuvieron apoyando este proyecto, como fueron los comerciantes y placeros, se habrán venido un poco abajo, porque fueron de la mano del Ayuntamiento y en contra de los vecinos, por lo que también tienen su parte de responsabilidad".
"Tendremos que pagar más dinero todos los sevillanos y aquí no dimite nadie", sentenció Cano en referencia al incremento en 18 millones de euros más de la aportación municipal al proyecto, a lo que añadió que "dicen que no sabía, pues que dejen la política y se dediquen a otra cosa, porque se está hablando de dinero público".
Del mismo modo, lamentó que el Ayuntamiento "no habla con los vecinos, con la única asociación legalmente establecida en la zona, que es Entorno Regina, sino con varios que les ríen las gracias", por lo que consideró que "si no se han reunido antes, ahora con el rabo entre las piernas menos se van a reunir".
Asimismo, criticó el "cutrerío" con el que, a su juicio, se está llevando a cabo el proyecto, dado que "la plaza está siendo ocupada como un aparcamiento y los coches están reventando las losetas, ya hay algunas levantadas, cuando empiecen con lo demás van a tener que arreglar lo que ya está deteriorado".
"Es algo sin acabar, sin árboles, sin bancos ni nada y que están tomando los coches, nos hemos quedado sin plaza y sin nada, sólo el armatoste ahí puesto", insistió Cano, quien reiteró que "eligieron un proyecto faraónico que le va a costar el dinero a todos los sevillanos".
Por su parte, los comerciantes de la plaza de abastos de la Encarnación agradecieron a los ciudadanos de Sevilla que "sigan yendo al mercado" a pesar del estado en el que se encuentra y confiaron en que no surjan más problemas en la ejecución de Metropol Parasol.
El vipresidente de los placeros de la Encarnación, Domingo Alcantarilla, explicó a Europa Press que "no queda otra opción que tener paciencia" y reconoció la "buena voluntad" del Ayuntamiento de Sevilla para "solucionar el problema cuanto antes".
Por tanto, aseguró que están "contentos" ante el hecho de que "se han inyectado más dinero" al proyecto para su terminación, aunque admitió que están "más que desesperados, porque demasiado condescendiente y bueno es el público de Sevilla con el mercado de la Encarnación".
En este sentido, insistió en resaltar la importancia de que la gente "sigue yendo a comprar con todos los problemas que conlleva" y señaló el mal estado de las instalaciones, provisionales desde hace más de 30 años, a pesar de que "se intenta que esté lo más aseado posible".
"Vivimos con la ilusión de que vamos a tener un mercado digno y acorde con el siglo XXI", apuntó Alcantarilla, quien se refirió a la posibilidad planteada por el Consistorio hispalense de abrir el proyecto por parte, dando prioridad al mercado. "Parece que sería más factible, porque no habría tanto problema", añadió.
Además, reiteró que "no se puede decir que el Ayuntamiento no tenga ganas e interés en terminar la obra" y confió en que "no puede haber más problemas, porque no se pueden plantear ya más problemas en una obra".
Del mismo modo, el vicepresidente de los comerciantes de la Encarnación defendió el proyecto diseñado por el arquitecto alemán Jürgen Mayer, argumentando que "si se hubiera elegido otro, aunque hubiera sido más fácil, no sería de la envergadura de éste".
* Europa Press - 30.01.10
Foto: La reforma de la Plaza de la Encarnación, en Sevilla, mediante un proyecto del arquitecto Jurgen Mayer denominado Metropol Parasol. - flickr.com
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31.1.10
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Tema: NOTICIAS Andalucía