LEVANTE/Valencia* : El Ateneu Marìtim del Cabanyal fue escenario ayer de una de las asambleas de Salvem el Cabanyal más multitudinarias que se recuerdan tras una década de batalla judicial y travesía del desierto. La plataforma vecinal contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez se reunía por primera tras la orden de paralización del plan especial del Cabanyal dictada por el Ministerio de Cultura para firmar un manifiesto exigiendo "un plan de rehabilitación sin derribos".
La convocatoria logró una amplia adhesión de colectivos cívicos, vecinales y grupos políticos (salvo el PP, que no fue invitado).
Los vecinos pidieron "un nuevo plan basado en la rehabilitación sin destrucción, respetuoso con los valores patrimoniales y la vida social del barrio" declarado Bien de Interés Cultural. El Cabanyal -o al menos una parte- reclamó ayer "un plan realista, equilibrado y sostenible". La degradación que sufre el barrio tras años de pleitos con el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat ha abierto una fractura entre los vecinos, divididos entre partidarios y detractores de la gran avenida.
Tras la lectura del manifiesto, las abogadas de Salvem el Cabanyal, Blanca Blanquer y Adelina Serna, anunciaron que la plataforma contraataca judicialmente. Blanquer -que fue directora general de Urbanismo con el gobierno de Lerma- explicó que habían tenido que "actuar de forma urgente" ante las medidas adoptadas por el Consell. Por eso, hoy mismo interpondrán un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Consell que aprueba el decreto ley que blinda el plan especial del Cabanyal. Las abogadas solicitarán la paralización de los derribos como medida cautelar.
Este nuevo recurso de los salvem se presentará el mismo día en que la Diputación Permanente de las Corts se reúne para convalidar el citado decreto ley sobre el Cabanyal. La plataforma también ha remitido una denuncia al Ministerio de Cultura alertando del riesgo de expolio que corre el barrio ante la intención manifiesta del ayuntamiento y la Generalitat de continuar con los derribos y las expropiaciones.
Entre los colectivos que se adhirieron al manifiesto por la rehabilitación del barrio figuran Acciò Ecologista Agró, Acciò i Reflexiò, Escola Valenciana, Ca Revolta, Salvem el Botànic y Xúquer Viu. También suscribió el manifiesto la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, así como representantes sindicales y políticos.
Salvem el Cabanyal acordó ayer nuevas movilizaciones, entre ellas, una manifestación que recorrerá el barrio el próximo 30 de enero. Los responsables de la plataforma reiteraron que se opondrán en la calle a los derribos anunciados por el ayuntamiento. Las máquinas "¡no pasarán!", coreó el público asistente en varios momentos.
En la asamblea, donde no faltaron proclamas políticas y peticiones de dimisión para Rita Barberá,Carmen Alborch, reclamó al ayuntamiento "que acabe con el sufrimiento de los vecinos del Cabanyal" y vaticinó que "el día de la victoria está cerca".
La diputada autonómica Mónica Oltra (Compromís) censuró el modelo urbanístico de PP de "creación a partir de la destrucción" y Amadeu Sanchis (EU) recordó al gobierno local que "tiene delante al Estado y a la sociedad civil". Por su parte, la dirigente vecinal María José Broseta invocó al "consenso para rehabilitar el barrio".
La Generalitat actúa y Peralta critica las prisas
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, criticó ayer "las prisas" del ayuntamiento y la Generalitat por actuar en el Cabanyal después de la orden de paralización del Ministerio de Cultura. Introducir "prisas cuando nunca las ha habido, e incluso cuando la iniciativa privada se ha descolgado sólo responde a una estrategia política y no son estrategias políticas lo que necesita El Cabañal". Lo que el barrio requiere, añadió, es una rehabilitación que respete su carácter de Bien de Interés Cultural (BIC) que le otorgó la Generalitat.
La Conselleria de Medio Ambiente informó ayer de la notificación de ocupación forzosa y pago de expropiación a los propietarios de 24 viviendas, casi todas en el futuro bulevar San Pedro, afectados por el primer proceso de expropiación urgente del plan especial. Las resoluciones, fechadas el pasado 29 de diciembre, ordenan proceder a la ocupación de las tasas previo pago de las valoraciones aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo. Los vecinos afectados recuerdan que las expropiaciones están recurridas. La conselleria ha convocado a los propietarios para el levantamiento de las actas de pago y ocupación, que tendrán lugar entre el 1 y el 5 de febrero en el salón de actos de la Junta Municipal del Marítimo.
* Levante-EMV - 14.01.10
Foto: Asamblea general de Salvem el Cabanyal donde se dio lectura al manifiesto por la rehabilitación del barrio marinero. josé aleixandre, levante-emv.com
Salvem el Cabanyal planta cara al Consell
El fracaso de una ley
JOAN OLMOS* : No es de extrañar que la presión urbanística de los últimos años sobre el litoral haya alcanzado intensamente a la franja de dominio público costero. Un concepto este último, bastante difuminado y sobre el que pesan, desde que el mar se convirtió en recurso de ocio, presiones de todo tipo. La Ley de Costas de 1988, que inició su trámite con fuerte oposición y amplia polémica, es ahora cuestionada de nuevo por motivos análogos a los de entonces. No creo que resulte muy arriesgado afirmar que la ley ha resultado, en su aplicación y gestión, un fracaso.
Para empezar, los sucesivos gobiernos han sido superados por la dificultad de aplicar una norma que afecta a competencias de 10 comunidades autónomas, 25 provincias y casi 500 municipios. Una norma compleja que incluía objetivos no solo sancionadores, sino también de planificación y gestión, que si bien ponía el acento en la defensa del dominio público, prestaba escaso cuidado a las cuestiones medioambientales.
En el plano urbanístico, la ley era -y sigue siendo- un elemento fraccionador del orden jurídico-administrativo, al establecer un territorio -la quinta provincia catalana gobernada desde Madrid, como lo calificó entonces el diputado Miquel Roca en el debate del Congreso- con unas particularidades difíciles de conjugar con la legislación del suelo, ya de por sí excesivamente compleja y cambiante.
Por si fuera poco, el ámbito de su aplicación, el dominio público litoral, estaba -y todavía lo está en algunos puntos- por delimitar, ya que la modorra administrativa y los conflictos jurídicos han impedido completar el preceptivo deslinde. Una delimitación que ponía el énfasis en la zona de tierra, olvidando que también la ley trataba de proteger el mar litoral.
La crítica de aquel momento al "excesivo afán proteccionista" de dicho dominio público, vistas las consecuencias de su aplicación, resulta hoy un sarcasmo, basta comprobar los desmanes que han salpicado nuestras costas. En este sentido, paradójicamente, una aplicación sesgada de la ley ha generado, por un lado, una absurda inseguridad jurídica sobre realizaciones que eran legales con anterioridad a 1988 (a causa, la mayor parte de las veces, de cambios en el deslinde ocasionados por obras promovidas o consentidas por la Administración) mientras ha consentido actuaciones posteriores claramente contrarias a la norma.
La protección se ha centrado, por otra parte, en garantizar el uso lúdico del litoral: construcción de paseos marítimos, no siempre acertados, y una pléyade de costosísimas obras de regeneración de playas que, en algunos casos, una y otra vez han sido arruinadas por los temporales. Otras atenciones y cuidados que requería el litoral han quedado inéditos.
Mientras tanto, el urbanismo depredador, desde el lado "privado" del litoral fue saltándose a la torera la ley, sus limitaciones, sus zonas de afección, creando, ante la confusión competencial y a río revuelto, barreras de hormigón y ladrillo, alterando el régimen de brisas y en definitiva el paisaje costero. En cuanto a los usos que la ley permitía para la zona de dominio público, se ha creado la sensación de que todo era posible en esa preciosa franja de territorio de todos.
La reciente crisis de los chiringuitos es una buena prueba de esto último. La permisividad de las administraciones y la impunidad con la que se ha actuado, han favorecido la proliferación de prácticas abusivas. Las presiones de los empresarios para mantener situaciones irregulares nos han deparado el lamentable espectáculo de unas administraciones locales incitando lisa y llanamente a incumplir la ley, utilizando el populismo y la demagogia hasta niveles insoportables. No es, por desgracia, el primer intento de desobediencia o boicot que nuestra Administración autonómica viene practicando en los últimos años contra leyes del Gobierno del Estado. Para completar el espectáculo, cabe lamentar la posición del líder de la oposición socialista valenciana sumándose al coro y pidiendo una reforma de la ley para consolidar los "excesos". No he podido evitar, al leer la noticia en este diario, mirar la página contigua (sálvense todas las distancias), donde se daba cuenta de la propuesta del Consell para desproteger El Cabanyal. No son los únicos casos en que aparece una regresión muy preocupante respecto de las leyes que en los años ochenta impulsaron la protección de nuestro patrimonio natural y arquitectónico. Véase, por citar una muestra, lo ocurrido en un valioso tramo virgen de la costa de Murcia, donde el Gobierno regional desprotegió 11.000 hectáreas de terreno en 2001 para permitir una urbanización. Y en cuyo caso, por cierto, el perezoso Tribunal Constitucional lleva ocho años sin resolver el conflicto planteado.
Probablemente la ley necesita una reforma a fondo, para simplificar su gestión, resolver de manera razonable el conflicto de competencias, acentuar su carácter proteccionista, ampliando ambientalmente los objetivos y también, cómo no, para garantizar un uso público democrático de la franja costera.
Los ciudadanos necesitamos acercarnos al mar con la seguridad de que unos servicios públicos en condiciones van a garantizar nuestro ocio, el disfrute o simplemente el paseo. Eso afecta no solo a los establecimientos hoteleros, tan respetables como los de tierra adentro, pero que han de entender que ocupan un suelo público de alto valor; también atañe a los servicios de seguridad, de transporte colectivo, de higiene o de simple capacidad para acoger otras actividades no mercantiles, tan escasas en nuestras costas, como por ejemplo, entre otras, la de favorecer instalaciones para muchas familias que no se pueden permitir acudir a los restaurantes. Todo ello, insisto, reforzando el carácter público, protegiendo los valores ambientales y paisajísticos, y admitiendo, por tanto, en algunos casos, restricciones al uso humano.
Al releer lo que escribí en este mismo diario hace 20 años, analizando las dificultades que presumía para la aplicación de la nueva ley por su complejidad (17-12-1988) compruebo que el mensaje que se difundió por aquellas fechas desde determinados sectores (que la nueva norma no respetaba los derechos adquiridos, y que iba a suponer un obstáculo al crecimiento del turismo costero), acabó calando en las sucesivas administraciones, y al mismo tiempo constato que mis temores de entonces, sobre el futuro de nuestras costas, lamentablemente, estaban fundados.
* Joan Olmos es ingeniero de caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Valencia.
* ELPAIS.com - Opinión - 14.01.10
Castro: Pisos con vistas ¿a la piqueta?
ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : «Parte de las viviendas construidas por las promotoras Urdicam y Promociones Cotolino han sido vendidas sin advertir de las ilegalidades a los compradores que han adquirido viviendas ilegales e ilegalizables con el perjuicio que ello supone». Ilegales e ilegalizables. El juez Acayro tiene claro cual es el futuro de las 53 viviendas construidas por Urdicam y las 81 de Promociones Cotolino que se levantan en el entorno de Santa Catalina junto al colegio Arturo.
Lo tiene tan claro que en el auto en el que imputa a 32 personas por «desastre urbanístico» ya estima las posibles indemnizaciones a los compradores (24 en el caso de Urdicam y 20 en el de Promociones Cotolino). En conjunto, los daños y perjuicios ocasionados, incluidas las posibles costas, se cifran en 6 millones de euros en el caso de Urdicam y en un millón en el de Promociones Cotolino. «De tales perjuicios son responsables los promotores al 50% con las autoridades y funcionarios que han intervenido en la tramitación y que deben responder de manera directa y solidaria».
Las otras viviendas afectadas por la investigación de Acayro son las 21 que Inmobilaria Izarra construye en la actualidad. Aunque en este caso, el promotor -al que se le imputó erróneamente en su día presunta estafa- no ha vendido ningún piso. No obstante, se le atribuye un presunto delito de ordenación contra el territorio al igual que a las otras dos constructoras. Eso sí, no tendría ninguna responsabilidad civil.
El futuro de los compradores de Urdicam y Promociones Cotolino parece estar asegurado con las decisiones del juez, pero si los pisos son «ilegales e ilegalizables», ¿cuál es su futuro? ¿La piqueta llegará a Castro? Estos son algunos de los interrogantes que han surgido a raíz de las 60 páginas del auto en el que se ponen sobre la mesa presuntos delitos de prevaricación urbanística y administrativa, estafa, falsedad de documento público...
Parece lógico pensar que si a estos tres promotores se les imputan presuntos delitos contra la ordenación del territorio, «al llevar a cabo una construcción no autorizada sobre bienes de dominio público», sus viviendas podrían estar destinadas a sucumbir ante la piqueta. Pero tendrá que ser un juez en última instancia el que lo decida y el que confirme que estos pisos afectados son «ilegales e ilegalizables». Este periódico se ha puesto en contacto con varios abogados expertos en este tipo de cuestiones y todos coinciden a la hora de señalar que si finalmente estas construcciones se consideran ilegalizables, tendrán que ser demolidas. No habría otra opción.
Lo cierto es que el juez Acayro es muy explícito en su auto a la hora de señalar que ni Promociones Cotolino ni Urdicam «han respetado el estudio de detalle al ocupar el cauce de la vaguada que debía dejarse libre de edificación y que condicionan, 'per se', la ilegalidad de los edificios». A falta de que se resuelvan los recursos de las promotoras, está todo dicho.
Sin sentencias de derribo
A pesar de esa opinión generalizada de que en Castro Urdiales se ha construido en los últimos años 'sin límites', lo cierto es que a día de hoy no hay ninguna sentencia de derribo contra alguna urbanización del municipio. Esta ha sido una de las tesis del alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, para defender que «tan mal no se habrán hecho los cosas cuando no se ha demolido ninguna urbanización».
El último derribo de viviendas ilegales que se conoce data del 10 de julio de 2008. La empresa Excavaciones Brazomar S.L. ejecutó a instancias del Ayuntamiento de Castro Urdiales el derribo de las viviendas número 79 y 80 de la primera fase de la promoción de chalés que estaban ejecutando Bifamiliares y Adosados Castreños SL en La Loma. Dos viviendas que no se habían vendido aún y que fueron declaradas ilegales por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander por haber sido construidas sobre suelo rústico.
* El Diario Montañés - 13.01.10
Foto: Las viviendas «ilegales e ilegalizables» que se ven afectadas por el auto del juez Acayro están próximas a la zona de Santa Catalina. :: ABEL VERANO, eldiariomonanes.es
Arrecife: El TSJC anula la 'corrección de errores' del Plan General y define la situación urbanística de “inquietante”
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DIARIODELANZAROTE* : El Plan General de Arrecife regresa a la actualidad. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento sobre la “corrección y subsanación de errores” del planeamiento de la ciudad. Unas modificaciones introducidas en el Plan General en 2004 aprovechando el trámite de adaptación a la Ley del Territorio.
En su sentencia, el TSJC anula el acuerdo tomado por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2007, con María Isabel Déniz en la alcaldía, que pretendía, según el grupo de gobierno de entonces, corregir los “errores y omisiones detectadas en el Plan General de Arrecife”.
Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma presentaron un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento capitalino al entender que la aprobación acordada por el pleno municipal se había adoptado “con carencia absoluta de trámites esenciales para la modificación o revisión del planeamiento”, por lo que sería “nulo de pleno derecho”.
El Plan General de Arrecife debía adaptarse a las disposiciones de la Ley de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que data el año 2000, pero en ese trámite, conocido como adaptación básica, se introdujeron cambios sustanciales en el planeamiento de la ciudad. La adaptación básica entró en vigor en agosto de 2004.
Esos cambios en el planeamiento, calificados por el Ayuntamiento como “errores”, salieron a la luz pública cuando sectores empresariales de la Isla denunciaron públicamente su existencia. Uno de los cambios afectaba al suelo industrial y a las características de la oferta comercial que se podía implantar en ese tipo de suelo.
Un proceso caótico
Ya en 2006, el Consistorio elevó una consulta a la Consejería de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias para que sus técnicos evaluasen la situación del planeamiento de la capital tras la citada adaptación básica y cómo se podían corregir los cambios detectados.
El Tribunal Superior de Justicia resalta que los técnicos del Gobierno canario elaboraron informes con “conclusiones dispares” sobre la adaptación básica. Así, uno de los dictámenes “admite que existen algunos errores materiales” mientras que otro “considera que todas las modificaciones presentadas no podían ser consideradas como errores por modificar el sentido de la normativa”.
Además, añade el TSJC, “existen tres informes más que no figuran en el expediente administrativo, pero que los concejales del Ayuntamiento de Arrecife conocían”. Alguno de estos dictámenes era mucho más contundente al considerar que la aprobación de la adaptación básica del Plan General “se debería revisar de oficio, previa declaración de lesividad” para el interés general.
“Situación urbanística inquietante”
La sentencia del TSJC hace hincapié en “la disparidad de los informes de los técnicos de la Comunidad Autónoma” y en lo “inquietante” que resulta el pleno anulado y la “situación urbanística” que se dibujó en la sesión, en la que se admitió por dos miembros de la Corporación “que si existía discrepancia” entre el Plan General de 1997 y la adaptación básica “se atendía al primero” en la aplicación cotidiana que se hacía en el Ayuntamiento.
“Es decir, que admiten que si existía discrepancia entre el plan original y el plan adaptado, este último no se aplicaba pese a estar publicado”, llama la atención el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Arrecife 'seleccionó' los informes
Entre los motivos que han llevado al TSJC a anular el acuerdo plenario se destaca que el Ayuntamiento no esperó a que el Gobierno canario se pronunciara definitivamente sobre la adaptación básica sino que seleccionó los informes jurídicos que le interesaban, eso sí, “excluyendo la posibilidad de una revisión de oficio de la adaptación del Plan General”.
Señala que el Ayuntamiento “únicamente” amparó aquellos dictámenes “en los que parcialmente se admitía la existencia de errores”. “El resultado”, para el Alto Tribunal canario, fue la adopción de “una decisión ambigua” y nula al no precisarse el criterio jurídico que se estaba tomando en consideración. Por tanto, el acuerdo adoptado, tanto en contenido como en su finalidad, “era de una ambigüedad tal en materia de urbanismo que lo haría contrario a la seguridad jurídica”.
* Diario de Lanzarote - 13.01.10
Foto: Arrecife (Lanzarote) - lanzarote.com
Camps benefició en el Cabanyal a firmas implicadas en Gürtel
PÚBLICO/Valencia* : Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Según el citado informe policial, pendiente desde julio de que algún juez se decida a investigar su contenido, tanto Sedesa como Lubasa pagaron en dinero B actos del PP valenciano.
La Brigada contra el Blanqueo calcula en 539 millones de euros los contratos públicos de la Generalitat adjudicados entre 2007 y 2009 a Sedesa, propiedad de la familia del consejero valenciano Vicente Cotino. Y en más de 77 los obtenidos por Lubasa entre finales de 2006 y comienzos de 2009. Ambas niegan haber financiado al PP.
Elegidas a dedo
El origen de las plusvalías captadas por Sedesa y Lubasa (a través de su filial Calviga) se remonta a 2005. Ese año, la Generalitat y el consistorio valenciano incorporaron a 11 constructoras privadas como socios constituyentes y sin concurso previo a Cabanyal 2010 SA. Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento en un 55%, la empresa nacía así como sociedad mixta encargada de desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el histórico barrio marítimo, cuya destrucción acaba de paralizar el Ministerio de Cultura.
En junio de 2008, con la crisis inmobiliaria ya desatada y la UE preparada para denunciar ante el Tribunal Europeo la entrada a dedo de capital privado en Cabanyal 2010 SA, las 11 constructoras abandonaron el barco. Pero lo hicieron no sólo recuperando todo lo invertido -7,8 millones de euros- pese a que Cabanyal 2010 SA estaba ya en pérdidas, sino obteniendo una jugosísima "compensación indemnización" cifrada en 870.000 euros: es decir, superior al 10% de la inversión inicial.
El entrecomillado anterior relativo a la compensación figura en un recién conocido informe de la Sindicatura de Comptes valenciana la Cámara de Cuentas autonómica que censura la actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento en Cabanyal 2010 SA.
Para la indemnización, explica la Sindicatura en su informe, se tomó como referencia el IPC "más un punto". Y añade que, para justificar su decisión, la Generalitat y el Ayuntamiento aplicaron de manera indebida un precepto de los estatutos de Cabanyal 2010 SA. Esa cláusula estipula cómo recomprar las acciones en manos privadas... pero una vez transcurridos 10 años como mínimo desde la creación de la sociedad, y no tres.
El gabinete de prensa de la Generalitat rehusó ayer dar una explicación y remitió a los servicios de comunicación del Ayuntamiento de Valencia. Fuentes del consistorio valenciano aseguraron a Público que la operación se hizo "de acuerdo a ley". En relación con la amenaza de la UE de interponer demanda por la vulneración del principio de igualdad de trato en la elección de socios para Cabanyal 2010 SA, las fuentes sugirieron que la amenaza de demanda "quedó en nada". El 8 de octubre de 2009, la Comisión Europea anunció su decisión de demandar a España (las autonomías no tienen personalidad jurídica propia en la UE) por el sistema de contratación seguido por el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA), a través del cual está representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA.
Sin riesgo y como a plazo fijo
Según el Ayuntamiento valenciano, el informe de la Sindicatura es "opinable". No lo es, en cambio, que las constructoras dejaron el negocio como quien liquida un depósito a plazo fijo: sin riesgos y con beneficios.
Conjugando los datos del informe de la Sindicatura con los del reparto accionarial en Cabanyal 2010 SA y el precio pagado por cada acción, se alcanza una conclusión respecto a Lubasa y Sedesa: la primera se hizo con 1.856 acciones desembolsando 928.000 euros y, en 2008, se marchó con el compromiso público de reintegrarle 1.030.520 euros. En lo que concierne a Sedesa, las cuentas son estas: en 2005 se hizo con 500 acciones por 250.000 euros y, tres años más tarde, consiguió que la Generalitat y el Ayuntamiento le garantizasen 277.619 euros.
Las acciones, advierte además el informe, debieron adquirirse no a su valor nominal, que aquí era el pagado en 2005 por las constructoras, sino por su valor teórico. La Sindicatura subraya que el valor teórico de las acciones, expresión que equivale al valor real de mercado, "se encontraba por debajo del nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores".
Les Corts ratificarán el jueves el decreto ley de El Cabanyal
Este jueves, Les Corts validarán el decreto ley del Consell que permite los derribos en El Cabanyal pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, que los considera “expolio”. La Junta de Portavoces, con mayoría del PP, se reunió ayer antes de que se reanuden las sesiones. Tras la junta, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, denunció que el Gobierno valenciano aplica “el estilo Berlusconi, cambiando la ley para que desaparezca la fechoría”. Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que Cultura pretende “humillar” a las instituciones autonómicas. Algo con lo que no está de acuerdo la portavoz adjunta de Compromís pel país valencià, Mónica Oltra, que defendió que los derribos son “un crimen” y que no dudará en ponerse “delante de las excavadoras”. El president, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, se reunieron ayer en el Palau de la Generalitat junto a buena parte de sus equipos para tratar proyectos urbanísticos en Valencia durante el 2010. Alfonso Grau, teniente de alcalde, afirmó que en El Cabanyal “continúan los derribos”, aunque no supo concretar en qué calle. Por contra, los vecinos de Salvem el Cabanyal precisaron ayer que desde septiembre no se han producido demoliciones / SERGI TARIN
* Público - 13.01.10
Foto: Valencia, barrio Cabanyal - publico.es
La juez lleva al banquillo al ex 'alcalde constructor' de Íllora
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IDEAL/Granada* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Loja acaba de dictar un auto -una resolución motivada- en el que propone la conversión en procedimiento abreviado del 'caso del alcalde constructor' de Íllora, Antonio Toral. La definición, 'alcalde constructor', no es un alias: es la constatación de una realidad: Toral compaginó ambas actividades, el ejercicio de la política municipal y la promoción de viviendas, cuando estaba al frente de un Ayuntamiento gobernado entonces por un tripartito: PP, Partido Andalucista y Partido Socialista de Andalucía.
La crucial decisión del juzgado de Loja de transformar las diligencias de investigación en procedimiento abreviado significa que ya hay más que indicios para proceder judicialmente contra Toral y contra el que era su concejal de Urbanismo, Antonio Gallego. Más pronto que tarde, deberán sentarse en el banquillo de los acusados -hay un tercer implicado, un socio del propio Toral-.
No es el último paso hacia la vista oral, pero sólo desde un punto de vista meramente formal. La ley dice que caben recursos de reforma -ante el propio juez que ha dictado la resolución- y de apelación -ante la Audiencia Provincial de Granada- contra el auto de procedimiento abreviado, pero ninguno de ellos paraliza el caso. Es decir, que las partes deberán presentar en los próximos días sus escritos de acusación o de archivo de la causa.
Lo siguiente, ya sí, será la apertura del juicio oral. Ese será el punto final a una instrucción larga: arrancó en 2006, después de que IDEAL publicase una información que avisaba de que Toral había creado una promotora para edificar en unos terrenos que se habían recalificado siendo él el alcalde, esto es, la máxima autoridad urbanística del pueblo. Además, la urbanización que construía Toral invadía, supuestamente, una cañada real.
El entonces alcalde dijo a este periódico que «todo los pasos que se han dado son legales».
Poco después, y basándose en las revelaciones de IDEAL, la Fiscalía presentó una denuncia contra el hoy ex primer edil de Íllora.
Cuatro años después
Han pasado cuatro años desde aquellos acontecimientos, y la jueza de Loja ha concluido que sí hay materia para sentar a Toral en el banquillo de los acusados. Concretamente, la magistrada ha reunido evidencias para atribuir a el ex regidor de Íllora la presunta comisión de tres delitos de tráfico de influencias y un cuarto contra la ordenación del territorio.
Por su parte, las sospechas que recaen sobre Antonio Gallego son por cuatro supuestos delitos de prevaricación urbanística -que un funcionario funcionario o un cargo institucional dicten una resolución injusta a sabiendas de que lo es-.
En cuanto al tercer implicado, el que fuera socio de Toral, la jueza ha observado indicios de que pudiera haber cometido un presunto delito contra la ordenación del territorio.
* Ideal - 13.01.10
Foto: Íllora (Granada) - wikimedia.org
El Puerto: El PGOU prevé cinco veces más viviendas que las permitidas en el POTA
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María prevé unos crecimientos urbanísticos insostenibles ambiental, territorial y financieramente, e ilegales a tenor del claro incumplimiento de los límites impuesto por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
Este Plan determina que los crecimientos de los municipios deberán acotarse a una serie de limitaciones, que son:
- La dimensión del crecimiento propuesto debe basarse en parámetros objetivos, como son el demográfico, del parque de viviendas, usos productivos…, y su relación con la tendencia seguida para dichos parámetros en los últimos diez años.
- Con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incrementos de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente ni los crecimientos que supongan incrementos de población superiores al 30% en ocho años.
Posteriormente a la aprobación del POTA por el parlamento en 2006, la Junta modificó estas condiciones, excluyendo a efecto de cómputo de crecimiento urbanístico los suelos industriales.
En el PGOU solo se ha tenido en cuenta la limitación del 30% de incremento de la población en los próximos ocho años, peros se ignora acoplarse a la tendencia del aumento poblacional en la última década. El PGOU prevé la construcción de 25.364 nuevas viviendas, pero se asegura que se respetan los límites del POTA, ¿cómo es posible? Pues realzando un alarde de auténtica ingeniería ladrillera, que consiste en lo siguiente:
· No computar las viviendas que faltan por construir del PGOU vigente.
· No computar las viviendas ilegales que se legalizan.
· No computando las viviendas que se prevén construir en las ZERPLAs que contempla el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía -El Madrugador y Cantarranas-, que deben destinarse a actividades productivas, pero que se dedican a usos residenciales.
A fuerza de excluir de forma claramente fraudulenta, en el PGOU se computan sólo 10.444 viviendas a efecto del POTA, ni la mitad de las que se prevén construir. Según los cálculos del PGOU se asegura que se podrían construir hasta 11.355 viviendas, teniendo en cuenta un incremento de población de 27.253 habitantes (30 %).
Ecologistas en Acción ha realizado un estudio exhaustivo, basado en el cómputo de todas las viviendas que se pretenden construir, tanto por desarrollos del PGOU vigente que se mantienen, como en los nuevos desarrollos en suelos urbano no consolidado como en suelos urbanizables.
Actual suelo urbano o urbanizable que todavía no se ha desarrollado:
- San José del Pino: 999 viviendas
- Jardín de Cano II: 129 viviendas
- Gaonera: 15 viviendas
- Plaza Jazmines: 46 viviendas
- La China: 910 viviendas
- Bahía Blanca: 103 viviendas
- La Inmaculada: 78 viviendas
- La Florida I y II: 3.360 viviendas
- Las Marías: 819 viviendas
Total viviendas previstas en el actual PGOU y no construidas: 6.459
Suelo Urbano No Consolidado: Bajo esta denominación se incluye un variado tipo de situaciones y suelos:
· Áreas de Regularización (ARG): el PGOU contempla como SUNC la mayor parte de las urbanizaciones ilegales, que no deben ni pueden computarse como suelos urbanos ni como viviendas ya construidas. El que no se compute la superficie de urbanizaciones ilegales supondría primar el urbanismo ilegal, pues permitiría mayores crecimientos a los municipios donde menos se ha respetado la legalidad urbanística. Las urbanizaciones ilegales deben contemplarse como lo que son, suelos no urbanizables que se recalifican a urbanos no consolidados, y las viviendas computar como nuevas viviendas al ser legalizadas. Total viviendas ARG: 4.818
· 11 sectores: en su mayor parte actuales suelos no urbanizables. Incluye las urbanizaciones ilegales de Cantarranas, además de otras zonas que se destinan tanto a uso residencial, como terciario e industrial. Total viviendas Sectores: 1.279
· 12 Áreas de Reforma Interior (ARI): algunas en actuales suelos no urbanizables o de uso industrial. Total viviendas ÁRI: 639
· Ámbitos de Incremento de Aprovechamiento (AIA): que no son tales incrementos de aprovechamiento sino recalificaciones de suelos industriales o equipamientos a residencial, o de no urbanizable a industrial. Total viviendas AIA: no se especifica.
Suelo Urbanizable Sectorizado:
- Costa Oeste: 5.994 viviendas
- Campo golf Viña Rango: 500 viviendas
- Ensanche residencial noroccidental: 2.597 viviendas
- Ensanche residencial Norte: 2.884 viviendas
- Área de actividades Económica El Madrugador: 194 viviendas
Total viviendas en nuevos suelos urbanizables: 12.169
TOTAL nuevas viviendas a construir en ocho años: 25.364
Si se tiene en cuenta que la dimensión del crecimiento propuesto debe realizarse en función de parámetros objetivos demográficos y su relación con la tendencia seguida en los últimos diez años. La tendencia demográfica seguida por El Puerto en los últimos 10 años es la siguiente (según datos del Instituto Nacional de Estadística):
Población: 1/1/1999…….. 75.097 1/1/2009……… 87.696
Incremento de población periodo de 10 años 1999-2009: 12.599 habitantes (16,77 %, 1,677 % anual).
Previsiones para los ocho próximos años: 13,416 % de crecimiento.
Aumento de población prevista próximos ocho años: 11.765 habitantes.
Teniendo en cuenta la ratio que utiliza la Junta de Andaluza de 2,4 habitantes/vivienda, el número de viviendas máximo permitidas y necesarias en este periodo es de 4.902.
Ecologistas en Acción presentará una Alegación a la totalidad a este PGPOU para conseguir que se adapte a la legislación vigente y no se construyen miles de viviendas innecesarias que solo terminarán por inflar de nuevo la burbuja inmobiliaria e hipotecar el futuro de nuestro municipio.
Ecologistas en Acción advierte que si se mantienen estos crecimientos injustificados e ilegales, se planeará recurrir el PGOU ante los Tribunales, lo que puede crear una situación de inseguridad jurídica que no beneficiará a nadie. Recordamos que tanto el PGOU de Chiclana como el de Prado del Rey, han sido anulados por el TSJA a demanda de Ecologistas en Acción al no haberse tenido en cuenta nuestras advertencias de ilegalidad.
* Ecologistas en Acción > Andalucía > Cádiz > El Puerto de Santa María - 11.01.10
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Un mártir del urbanismo
RAMÓN GÓMEZ CARRIÓN* : No había escrito yo nunca sobre el asesinato del ex alcalde de Polop porque no tenía un firme asidero para dar por bueno lo que todo el mundo daba por hecho, que la honradez le había costado la vida. Eso, traducido al lenguaje religioso, significaría que Alejandro Ponsoda es el primer mártir que ha dado este país de corruptos en defensa de la honradez. Lo que pasa es que su sacrificio, que no intento comparar con el de Jesucristo, tampoco servirá para erradicar el pecado del mundo de las finanzas, del tinglado del urbanismo, del contubernio de los depredadores humanos.
Una vez que la juez María Antonia Raedo, con el levantamiento del secreto del sumario, da por bueno que el móvil del crimen fue urbanístico, ya no queda ninguna duda de que Ponsoda fue inmolado por defender la limpieza moral del representante máximo del pueblo que le eligió en las urnas. Este hombre sí que quería a su pueblo, como el pastor que da su vida por las ovejas defendiéndolas frente al lobo. Frente a los lobos. El hombre, lobo para el hombre ("homo, homini lupus"); siete lobos que han sido imputados, unos como autores materiales de los disparos y otros como inspiradores o cómplices del crimen.
Todos nos preguntamos cómo entre personas que parecen normales, que incluso aparentan llevarse bien, surge un asesino. ¿Cómo se gesta el odio? ¿Cómo el ansia de poder o de dinero puede llevar a matar? ¿De qué pasta estamos hechos? Evidentemente de un mal barro, pues ya Caín mató a su hermano Abel poco después de que Dios modelara a Adán y Eva mostrándose como un mal alfarero.
Estamos tristemente acostumbrados a los crímenes pasionales, a las muertes provocadas por maltratadores, a las tragedias provocadas por terroristas. Pero ahora tenemos ya dos alcaldes muertos, el último el de Polop, con políticos imputados.
Si Calderón tiene razón, en el gran teatro del mundo cada uno desempeña un papel. Si malo fue el de Job, peor el de Judas Iscariote. Ponsoda ha hecho de Jesús y su ex teniente de alcalde está acusado de Judas. Los teólogos de la predestinación, se las ven y se las desean para compatibilizar el estar predestinados y el ser libres. ¿Nacemos marcados para el crimen o la virtud?
Sea como fuere, en algún lugar destacado de Polop se debería elegir un monumento a Alejandro Ponsoda, una materialización del homenaje que todos los ciudadanos honrados le tributamos en nuestro interior.
* La Verdad - Opinión - 13.01.10
Vélez pagará 2,8 millones a los vecinos de Ipanema por ruido
LAOPINIÓN/Málaga* : El Ayuntamiento de Vélez Málaga hará frente la próxima semana a buena parte de la sentencia condenatoria dictada en julio de 2008 por el Tribunal Supremo, que condenaba al Consistorio veleño a pagar 2,8 millones de euros a 18 vecinos del conjunto Ipanema, en Torre del Mar, debido a los daños sufridos por la contaminación acústica de los locales de ocio nocturno de la zona conocida como ´El Copo´.
Para ello, el Consistorio depositará 2.086.000 euros en el juzgado. La alcaldesa de la localidad, María Salomé Arroyo, informó de que el Consistorio pagará esta cantidad con la incautación del aval contraído a la anterior empresa concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, a la cual se le demandan 16 millones de euros por daños y prejuicios de la huelga del año 2005.
Para los 812.000 euros restantes, se ha fijado un principio de acuerdo con los vecinos de Ipanema, "con la intención de establecer un plan de pagos", apuntó la regidora veleña. Arroyo manifestó además que, tras la reunión con representantes de Urbaser, se iniciarán los trámites correspondientes para "alcanzar un acuerdo" sobre la demanda que el Ayuntamiento interpuso a la empresa".
El concejal de Hacienda, Fermín Domínguez (PSOE), apuntó que en el presupuesto municipal del pasado año "ya se contemplaba el pago de la sentencia de Ipanema con Urbaser" e indicó que el pleno ordinario del 29 de octubre de 2009 "se estableció la cantidad de 16 millones de euros, que se le reclamaba a la empresa de limpieza".
Domínguez añadió que "la intención del equipo de gobierno es llegar a un acuerdo con Urbaser, para no tener que recurrir a instancias judiciales".
La sentencia de Ipanema fue notificada en junio de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que consideró demostrado que el Ayuntamiento toleraba locales nocturnos de ocio sin licencias y que no cumplían la normativa vigente de ruido.
El Supremo condenó en julio del 2008 al Consistorio veleño a pagar una indemnización de 156.260 euros a cada vecino denunciante, por los daños sufridos por contaminación acústica desde 1990 hasta 2003.
En noviembre de 2009, el TSJA dictó un auto por el que reclamaba el embargo de bienes patrimoniales al Ayuntamiento, al no hacer frente al pago de la sentencia en el plazo previsto de 16 meses. Los vecinos de Ipanema señalaban que habían sufrido ruidos que llegaban hasta los 120 decibelios, cuando la normativa establece el límite en 30.
* La Opinión Málaga - 12.01.10
Foto: Sentencia. Edificio Ipanema, en Torre del Mar. Juanjo Zayas, laopiniondemalaga.es
El sumario del asesinato de Polop confirma el móvil urbanístico
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ELPAÍS/Alicante* : El móvil del asesinato de alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, ocurrido hace dos años fue el urbanismo, según el sumario del caso. La magistrada instructora, la titular del Juzgado nº2 de La Vila Joiosa, levantó ayer el secreto de las actuaciones, dos meses después del primer arresto. Por estos hechos la juez ha enviado a prisión a siete personas, entre ellas, el sucesor de Ponsoda en la alcaldía, Juan Cano, también perteneciente al PP.
Las precarias condiciones de seguridad del juzgado ha llevado a la magistrada a ordenar la custodia de una copia del sumario (7.000 folios) en un banco.
La investigación policial, dirigida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, apuntó desde el comienzo de las pesquisas al urbanismo como móvil del crimen. Polop (localidad alicantina de 4.600 habitantes) tiene en marcha un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que preveía multiplicar por diez la población.
El sumario del caso sostiene que el último de los siete detenidos, el ex alcalde Juan Cano, estaría tras la autoría intelectual del tiroteo a Ponsoda, que habrían ejecutado dos sicarios checos. La principal prueba de cargo contra los implicados sería la declaración de Raúl Montero Trevijo, el primero de los detenidos, condenado por narcotráfico. Es él quien habría situado al dueño y al gerente del club Mesalina, a las afueras de Benidorm, al empresario del calzado de Polop y al alcalde de la localidad, Juan Cano, en un reservado del lupanar donde se habría urdido el compló.
Juan Cano fue concejal de Urbanismo entre 1995 y 2003, año en el que fue homologado el Plan General de Polop, que reconocía 11 sectores urbanizables en 7 millones de metros de su término municipal. Pero en las elecciones de 2003 fue apartado de la lista del PP porque unos meses antes llegó a la dirección provincial del partido una grabación (incorporada al sumario) en la que el mismo Cano, siendo regidor, solicitaba dinero a un empresario a cambio de la concesión de unos permisos.
Entonces Cano se alió con Joaquín Montiel, otro concejal, para obtener en 2004 la dirección del partido en la localidad, lo que sirvió para volver a ser concejal en 2007 y recuperar el control del urbanismo, aunque la mayoría de los sectores ya habían sido adjudicados en su ausencia.
Cano aprovechó su paso por la política para incrementar exponencialmente su patrimonio. En 2007 era titular de 24 cuentas bancarias, y un año antes, su mujer tenía ya 25. En algunas de ellas recibieron ingresos idénticos de hasta 220.000 euros en anualidades diferentes de empresas con intereses urbanísticos en Polop. Meses antes del crimen, Ponsoda rechazó un plan urbanístico que prevía otras 5.000 casas, y que contaba con el visto bueno de Cano.
* ELPAIS.com - 12.01.10
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com
Almería: Medio millar de británicos se echa a la calle para evitar el derribo de sus viviendas
ELMUNDO* : Medio millar de británicos residentes en las comarcas del Almanzora y el Levante de la provincia de Almería marcharon este lunes por las calles de la capital en demanda de una solución "inteligente" a la situación de inestabilidad jurídica de miles de viviendas de las que son propietarios y ante las órdenes de derribo firmes y en ejecución dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para ocho inmuebles diseminados por el término de Albox, cuyas licencias municipales han sido declaradas nulas.
Bajo lemas como 'Permitiría usted que se demoliese la casa de sus abuelos', 'Llegamos, compramos y fuimos engañados' o 'Basta de corrupción e incompetencia administrativa', los manifestantes, en su mayoría jubilados y convocados por la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN) y el grupo homónimo en el Levante, reclamaron al Gobierno andaluz y al Ayuntamiento albojense que "evite estas actuaciones objetivamente injustas", así como que visualicen "los dramas humanos que causan sus decisiones que se escudan en la Ley".
La protesta llega tres días después de que un juez, a instancias de un recurso de incidencia interpuesto por el Ayuntamiento de Vera, ordenase paralizar la ejecución de una orden de derribo dictada contra una vivienda de un miembro de la AULAN y cuando se cumplen dos años de la demolición del inmueble propiedad de Leonard y Helen Prior, a quienes el amparo del Tribunal Constitucional (TC) llegó meses tarde y ahora viven en un garaje.
Una de las portavoces de la AUAN, Patricia Sampson, resaltó que al menos cinco de los afectados por las últimas ejecutorias firmes decretadas en Albox no tuvieron conocimiento del proceso judicial incoado contra sus viviendas en 2002 hasta 24 horas "antes del Día de Navidad", al tiempo que expresó su confianza en la gestión del actual equipo de gobierno en Albox "que nos ha dicho que no va a actuar de forma impulsiva, que no tiene fecha para la demolición y que van a hacer todo lo que esté en su poder para evitarlas".
'Buena fe'
Los ocho inmuebles, una mínima parte de las cerca de 11.000 fuera de ordenación que un estudio elaborado por los dos colectivos apunta que hay que la provincia almeriense, obtuvieron la licencia municipal pese a contar con un informe desfavorable de la Comisión Provincial de Urbanismo. Los propietarios alegan que adquirieron "de buena fe" y aluden a que "algo falla en el sistema cuando se prevé echar a un jubilados sin garantía de indemnización alguna y quebrando sus derechos humanos más básicos".
Las casas unifamiliares se localizan en las pedanías de Las Hortichuelas (2), La Aljambra (2), Las Labores (1), Las Pocicas (1), Rambla de la Higuera (1), El Saliente (1) aunque desde la AUAN y la AULAN destacan que hay "cientos más" inmersos en procedimientos contencioso-administrativos y critican "la lentitud" del sistema judicial español ante lo que califican como un problema que se ha convertido "en un escándalo a nivel nacional e internacional" con amplio eco "en la prensa británica. Esta tontería -advierten- va a provocar que todos los inversores británicos abandonen la zona".
El TSJA, en fallo contra el que no cabe recurso, ordena ejecutar el derribo, para el que aún no hay fecha, al entender que la nulidad prevalece sobre cualquier modificación que se quiera hacer en el planeamiento municipal, vía que la Junta está consensuado con los ayuntamientos implicados para intentar regularizar todas las viviendas fuera de ordenación a excepción de las que se levanten sobre suelo de especial protección o cauce público.
* El Mundo - E.P. - 11.01.10
Foto: Un instante de la manifestación. | Efe
Lugo: El incierto futuro de O Carme
LAVOZ* : En Lugo, decir O Carme, si se trata de urbanismo, es decir fracaso. O Carme es la batalla perdida de varios gobiernos locales, el inacabable quebradero de cabeza de unos propietarios de fincas con derecho a saber qué pueden hacer con ellas; es un terreno, de hecho, rústico al pie de la Muralla.
La decisión de la Xunta de exigir la redacción de un plan especial retrotrae la urbanización de este amplio espacio entre la primera y la segunda ronda a una etapa que parecía superada. La delegada municipal de Urbanismo abordará este asunto en la reunión que mantendrá mañana en la Consellería de Cultura.
La responsable del urbanismo lucense, María Novo, encabezará la delegación municipal que mañana tratará con representantes de la Consellería de Cultura sobre el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal. A ese encuentro irá acompañada de los jefes de servicio de Arquitectura y Urbanismo, así como por un arqueólogo. Novo no sólo quiere hablar del PXOM; quiere aclarar cuestiones relacionadas con la decisión de la Xunta de que el desarrollo de O Carme se articule mediante la redacción de un plan especial.
Sobre los citados terrenos recayó sentencia del Tribunal Superior de Xustiza en cuanto a la consideración de urbanos de aquellos que en el PGOU vigente (1991) no figuraban como tales. Después de vueltas y más vueltas, el Tribunal ordenó que la sentencia se ejecutase por la vía de la modificación del planeamiento. Días pasados, la Xunta decidió que es necesario redactar un plan especial.
La delegada de Urbanismo, María Novo, asegura que, una vez que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la decisión de la Xunta, informó de inmediato al TSXG, para ver cómo debe dar cumplimiento a la disposición autonómica sin dejar de atender la resolución dictada por el Tribunal.
Los propietarios de los terrenos de O Carme llevan esperando desde que empezaron los trámites para revisar el PGOU de los años 60 del pasado siglo a que la Administración les dé una solución.
* La Voz de Galicia - 12.01.10
Foto: Los planes para O Carme han sido numerosos pero ninguno se llevó a cabo hasta el momento - Óscar Cela, lavozdegalicia.es
Cláusulas abusivas en la venta de casas
ELPAÍS/Andalucía* : Uno de cada tres contratos de compraventa de vivienda en Andalucía (35%) incluye algún tipo de cláusula abusiva para el consumidor, como imponer al comprador el pago de plusvalías o los gastos que corresponden legalmente al vendedor, impedir al usuario la libre elección de notario o que se prevea un plazo de entrega de la vivienda sin fijar una fecha cierta.
Así se desprende de la campaña de inspección sobre la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas realizada en 2009 por la Consejería de Salud a través de la Dirección General de Consumo. La consejera de Salud, María Jesús Montero, indicó ayer que, además, en uno de cada dos casos estudiados (49%) se ha detectado algún tipo de infracción de la normativa que protege al consumidor. Sin embargo, los incumplimientos se han reducido en 18 puntos respecto a la campaña de 2006.
Según Moreno, la reducción coincide con la puesta en marcha del nuevo Reglamento de Información al Consumidor en la Compraventa y Arrendamiento de Viviendas, que obliga desde hace tres años a las inmobiliarias y promotoras a tener a disposición del público un documento estandarizado con información clara y precisa sobre las características del inmueble y sobre las condiciones económicas de la oferta.
La campaña de inspección de Consumo en 2009 ha puesto de relieve que de las promociones de viviendas en las que se recogen cantidades a cuenta, el 26%, es decir, la cuarta parte de ellas, no estaba avalada o asegurada individualmente para cada comprador, si bien en 2008 este porcentaje fue el 44%. Además, el 5% de los casos los contratos de compraventa incluyen cláusulas que facultan al vendedor al incremento del precio final pactado.
La Junta abrió en 2009 unos 400 expedientes sancionadores en materia de vivienda que han supuesto más de 2,2 millones de euros en multas. El sector de la vivienda, con 1.270 reclamaciones, ocupa el sexto lugar en cuanto a las quejas recibidas en los servicios de consumo de la Junta, por detrás de los servicios esenciales, los servicios de comunicaciones, el comercio minorista, los transportes y las entidades financieras.
* ELPAIS.com - 12.01.10
Foto: Sevilla, pisos - diariodesevilla.es
Palma: Los vecinos insisten a Cort que pare la "aberración" de Son Bordoy
MALLORCADIARIO* : La Asociación de Vecinos la Gruta 300 de El Molinar, que ha presentado alegaciones a la construcción de más de 600 viviendas en este barrio, en Son Bordoy, insiste en que el Ayuntamiento de Palma debe parar esta "aberración" urbanística, que es un "despropósito social y atenta contra la armonía territorial" del barrio.
En sus alegaciones, los vecinos piden la "retirada inmediata del proyecto", e informan que han solicitado una reunión del Consell de Barri para tratar con las autoridades municipales este asunto.
Esta asociación exige que el Ayuntamiento "informe verazmente" a los vecinos de todo proceso de ejecución del proyecto, así como de la propia postura de Cort respecto al mismo.
Esta asociación entiende que, dado el "enorme" impacto ambiental, social, territorial y paisajístico "sin sentido" que tiene Son Bordoy, los vecinos de El Molinar deben expresar su opinión en el Consell de Barri.
Prácticamente, se recuerda en el comunicado emitido este domingo, todas las asociaciones vecinales están en contra de este "macroproyecto" urbanístico.
Por último, La Gruta 300 quiere recordar que ha sido la única asociación vecinal que ha acudido a todas las reuniones sociales y políticas que, sobre este tema, se han tratado en los diferentes foros.
"El Ayuntamiento debe responder a las demandas de los vecinos y no dejarse llevar por intereses electoralistas; si así lo hace, la alcaldesa, Aina Calvo, volverá a incumplir lo que no se cansa de decir: que "la ciudad es de los palmesanos", señala la asociación.
* Mallorca Diario - 10.01.10
Foto: Palma de Mallorca - wikimedia.org
El feísmo también salpica al Camino de Santiago
LAVOZDEGALICIA* : Tendrían que limpiar un poco el río. Es una pena que los plásticos estén por el cauce, enrollados en los matorrales». Una pareja de peregrinos de Ourense hicieron ese comentario el jueves. Fue por la mañana después de haber seguido la ruta, en paralelo al río, desde Samos hasta la villa lucense de Sarria. Pero no fue el único tramo en el que hallaron los envoltorios de las alpacas de hierba seca surcando los campos y las riberas.
Tampoco fue el único lugar en el que se toparon con construcciones que alcanzan las cuatro alturas, como en Triacastela, u otras desnudas que muestran al caminante el ladrillo desgastado por el paso del tiempo, como en Ayán, un pueblo ubicado a pocos kilómetros del monasterio benedictino de Samos. Es que el feísmo galaico es un fenómeno que parece haberse enquistado también a lo largo de la ruta jacobea.
Un recorrido por la vía francesa entre O Cebreiro y Santiago es suficiente para comprobar cómo los monumentos históricos y los paisajes que han contribuido a convertir la ruta en uno de los grandes atractivos turísticos de la comunidad van intercalándose con construcciones tradicionales ampliadas con ladrillo, extrañas figuras de cemento, grafitis propios de un entorno urbano como el metro de Nueva York, somieres que hacen las veces de cierre de finca, bañeras con dotes de abrevadero o flechas amarillas impresas sobre bloques. Todos ellos son algunos de los puntos negros que se extienden por la ruta a su paso por Galicia.
Incluso hay tramos donde los peregrinos avanzan en paralelo a polígonos industriales. Ocurre en el parque de A Gándara, en Melide. También en O Pino, donde pese a que la obra está ahora paralizada, los caminantes pueden tocar el vallado que marca los lindes del polígono y observar de cerca el desmonte.
Ante este escenario hay arquitectos como el coruñés Alberto Unsain que urgen la puesta en marcha de un plan integral de protección del Camino semejante al que ahora han establecido para el litoral. «El Camino es el bien inmaterial más importante que tiene Galicia y no tiene que estar a la espera de que cada concello lo proteja», explica.
La Xunta trabaja en ello, pero los pasos son lentos. Porque, como apunta el también arquitecto Carlos Quintáns, la heterogénea arquitectura que bordea la vía «es un problema de educación». Por eso es importante, a su juicio, realizar una actuación integral que ejemplifique que pueden hacerse reformas por poco dinero.
Actualmente el decreto específico para la ruta francesa que desarrolla la Lei de Protección dos Camiños de Santiago de 1996 establece una distancia de diferentes grados de protección que van desde los tres a los treinta metros. Dichas marcas se extienden hasta los 300, cuando se trata de asuntos relacionados con el paisaje.
La estructura de protección parroquial que establece la ley actual parece no ser bastante. Uno de los miembros de la Comisión de Patrimonio do Camiño de Santiago de la Xunta, Antón Pombo, explica que están trabajando en una nueva delimitación de la ruta y en la recuperación de trazos históricos de las vías jacobeas. «Os lindes novos están feitos, agora hai que revisalos e aprobalos. Logo farase un plan de protección para cada un dos camiños, pero son moitos quilómetros e leva tempo», apunta. La intención, en principio, es tener listo el de la vía francesa este año.
* La Voz de Galicia - 11.01.10
Foto: Vitor Mejuto, lavozdegalicia.es
Un PAI de Callosa urbanizará una parte de suelo protegido
ELPAÍS/Alicante* : Eran antiguos bancales ganados a la montaña y recuperados nuevamente por la vegetación sobre cuyo suelo está proyectado un PAI que levantaría 112 viviendas unifamiliares. Ecologistas en Acción alegó el sábado contra la pretensión de la empresa Els Pinets de la Font, SL, de construir un PAI en el sector conocido como número 13 Pinets del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Callosa d'En Sarrià.
Esta zona, de 86.694 metros cuadrados y alejada del casco urbano, era suelo no urbanizable hasta la redacción del actual PGOU, aprobado en 2007 y que cambió la consideración del terreno a urbanizable, según recuerda Carlos Arribas, portavoz de la organización ecologista en Alicante.
El colectivo conservacionista, entre los distintos argumentos que esgrime en su oposición al programa urbanístico, subraya la alta calidad paisajística de esta zona ocupada en su mayor parte por pinar adulto y del ámbito que lo rodea. Deja claro, en este sentido, que el sector contiene suelos afectados en parte por dos figuras de protección ambiental: un segmento se incluye dentro del Lugar de Importancia Comunitaria "Aitana, Serrella i Puig Campana" y parte de la zona norte también está recogida en la Zona de Especial Protección para las Aves "Les Muntanyes de la Marina" (ZEPA). Esta última figura fue declarada por acuerdo del Consell el pasado día 5 de junio de 2009.
Ecologistas en Acción denuncia, por otro lado, que entre la documentación presentada en la alternativa técnica de la opuesta de PAI "no existe el preceptivo Estudio de Integración Paisajística" que exige la normativa urbanística valenciana.
El colectivo ecologista califica el desarrollo urbanístico de esta zona de La Marina Baixa como "insostenible medioambientalmente" y recuerda que el propio Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià admitió en acuerdo plenario de 29 de julio de 2004 que el desarrollo urbanístico de este sector sería "ambientalmente muy agresivo". Por ello, en su última alegación, los ecologistas solicitan al Consistorio, del PP, que "inicie el proceso de reclasificación de ese sector a suelo no urbanizable de especial protección atendiendo a sus valores ambientales, paisajísticos y forestales mediante una modificación puntual del PGOU" de la localidad.
* ELPAIS.com - 11.01.10
Foto: Callosa (Alicante), ayuntamiento - comunitatvalenciana.com
Santa Cruz: El Plan tiene el doble de casas fuera de ordenación que Marbella
LAOPINIÓN/Tenerife* : La controversia surgida en torno a la figura urbanística de fuera de ordenación parece surgir de que se trata de uno de los términos menos estudiados de esta disciplina. Así al menos lo señala el catedrático de Construcción Arquitectónica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo Padrón, quien indica que nos encontramos ante una figura con mil y una caras.
Por ello, el que también ejerció como viceconsejero de Medio Ambiente en el último ejecutivo regional presidido por Jerónimo Saavedra y como director de Urbanismo en el Ayuntamiento de la capital grancanaria cree que se hace imprescindible que los planes generales delimiten al máximo y caso por caso las consecuencias que tiene su aplicación en cada una de las viviendas.
Y es que fuera de ordenación abarca un número muy amplio de situaciones. Desde los inmuebles que van a ser expropiados para la construcción de una obra pública hasta la que se queda incluida en esta figura al incumplir alguna norma urbanística por nimia que sea. No obstante, Padrón no duda en que efectivamente sea como sea siempre se causa un daño "objetivo" al propietario que ve afectado su derecho a la propiedad y que muchas veces se plasma en que las propias entidades financieras se niegan a conceder hipotecas.
Préstamos. "Efectivamente, se produce una pérdida de valor patrimonial y se crea una evidente inseguridad jurídica por mucho que se asegure lo contrario", indica el catedrático. Lo ocurrido en Santa Cruz, donde no han trascendido casos de negativas de bancos a conceder préstamos, tal vez no se puede volver a repetir. Padrón considera que a partir de estos momentos lo más seguro es que a las entidades financieras no les van a pasar desaparecidos estos datos. Incluso, Padrón estima que la propia administración debe indemnizar a los propietarios, cuyas propiedades quedan bajo esta catalogación. En Las Palmas de Gran Canaria se optó por aplicar la figura de la edificación agotada, por ejemplo, en uno de los edificios de mayor altura de la capital.
Padrón considera que lo ocurrido en Santa Cruz podrá reproducirse a partir de ahora en otros muchos puntos del país, ya que ahora los ciudadanos empezarán a preocuparse por la situación de sus viviendas en el planeamiento, lo que hasta ahora no había ocurrido, seguramente porque nadie sospechaba que de un día para otro su vivienda quedase bajo esta catalogación.
Y es que el problema de fuera de ordenación se repite ya en prácticamente todos los puntos de la geografía nacional. El debate ha sido especialmente intenso en Marbella, donde el nuevo Plan General de Ordenación (PGO), a punto de ser aprobado de forma inmediata, se tuvo que enfrentar a una bolsa de 18.000 viviendas fuera de ordenación. La mitad de las que se presuponen en Santa Cruz.
El esfuerzo de los redactores del planeamiento ha hecho que se haya dado solución a más del 90 por ciento de los casos. Se trataba de edificios construidos sobre zonas verdes, lo que había dado lugar a la imputación de varios y sucesivos alcaldes y concejales de Urbanismo. Estas viviendas ocupaban casi dos millones de metros cuadrados que se corresponden con las licencias ilegales que se dieron en aquel momento. La solución adoptada fue la cesión del suelo por parte de los promotores que se beneficiaron en su día de la situación de ilegalidad que campó por sus anchas en el Ayuntamiento. Alrededor de 250 empresarios se avinieron a negociar la legalización de cada una de las promociones.
El problema ha tenido también su enjundia en Bilbao, donde se han dado varios supuestos. El último y quizás más llamativo fue el de decenas de viviendas de cinco barrios que quedaron fuera de ordenación por la construcción de un gran puente. En ese caso los vecinos tampoco sabían nada de lo ocurrido hasta que se enteraron casi por casualidad y a partir de aquí hicieron valer sus derechos.
Pero poco que ver con lo ocurrido en Santa Cruz de Tenerife. De hecho, en la capital vasca se conocían las protestas llevadas a cabo aquí y sus motivos. Así lo indica el director del Planeamiento de Bilbao, Mauro Valdivieso, quien informa que en esta ciudad manejan cuatro supuestos de fuera de ordenación. Uno de ellos es precisamente por edificios que superan la altura permitida en el planeamiento. Dentro de los que se detectan en esta ciudad, no es el más grave. Aquí se ha optado también por permitir el máximo de obras y flexibilizar hasta el límite de lo imposible la legislación con el fin de afectar lo menos posible a los vecinos. Luego existe la figura de las edificaciones fuera de ordenación "expresa", quizás la más radical en cuanto se incluyen en esta categoría las edificaciones que van a ser demolidas para la construcción de obras públicas.
No es raro que sea la que más problemas ha traído. En este caso es cuando el supuesto de fuera de ordenación se aplica con más rigor. Sin embargo, la cifra de edificios afectados apenas alcanza la decena que son los que tendrán que ser demolidos para construir un puente que unirá Bilbao y Deusto.
Valdivieso indica que en la capital vasca han intentado que la legislación urbanística sea lo más tolerante posible con los afectados por esta carga. Ocurrió también con los vecinos de otro barrio que tenían dificultades para acceder a sus viviendas situadas en plena ladera. En este caso, se ha apostado por la reubicación de los ciudadanos en lugares situados en el entorno con el fin de evitar el desarraigo social.
La circunstancia más parecida a lo que ocurre en Tenerife es la fuera de ordenación diferida pero no se sabe tampoco a ciencia cierta cuantas edificaciones se incluyen en la misma. En el caso de Bilbao son una serie de edificios con una planta más de la permitida en los sucesivos planeamiento y que además fueron construidos con licencia. Tal cual como ocurre en SantaCruz.
Sin embargo, en la Gerencia de Urbanismo de Bilbao se subraya que hasta ahora no han tenido problemas con sus ocupantes ya que han optado, al igual que ocurrió en la capital tinerfeña gracias a la presión popular, por permitir al máximo las obras que se pueden ejecutar. El horizonte en el que se plantea que podrá tener alguna consecuencia será al final de la vida útil del inmueble.
En Bilbao han presentado problemas también determinadas unidades de ejecución situadas en áreas que anteriormente ocupaban las industrias y donde se han localizados núcleos urbanos sin orden alguno.
Pero el problema de fuera de ordenación se ha localizado también en Córdoba por edificios construidos en suelo rústico. O por ejemplo en la localidad madrileña de Alcobendas donde el Ayuntamiento se ha visto en la obligación de emitir una ordenanza específica para regular esta figura desgajada incluso de su propio Plan General. En este caso se estipula que los edificios fuera de ordenación serán todos aquellos erigidos antes la aprobación del vigente Plan General que resultan disconformes con el mismo en cuanto a las condiciones de edificación o el uso al que está destinados. En la ordenanza se distingue entre las instalaciones, construcciones y edificaciones totalmente incompatibles con la nueva ordenación o las parcialmente incompatibles. En todos estos casos se vuelven a poner sobre la mesa las mismas limitaciones para la ejecución de obras en todas sus variantes como ha ocurrido en otros puntos del territorio nacional.
Lo que parece claro es que la figura de fuera de ordenación esconde en su interior numerosas caras y recovecos lo que ha dado lugar a que los afectados e inclusos estudiosos se enzarcen en mil y unas discusiones para determinar su alcance real y consecuencias.
También parece meridianamente claro que Santa Cruz se ha convertido, casi sin quererlo en pionera a la hora de plantear los problemas que pueden tener los ciudadanos afectados por esta catalogación. Hasta ahora prácticamente nadie había reparado en la magnitud del problema que los propios redactores del planeamiento de Santa Cruz han llegado a calificar de "intenso".
Los miembros de la Plataforma surgida en Tenerife y cuyo movimiento parece haber trascendido ya los límites de la isla indican que se afecta tanto a los derechos sobre la propiedad futura como sobre la actual. No creen que sea necesario esperar treinta años para que los propietarios vean como sus viviendas se devalúan y reducen a escala liliputiense.
La ley garantiza el máximo de información
Desde junio del año 2008, fecha de la última Ley de Suelo promulgada en España, cada vecino tiene el derecho a intervenir de modo efectivo en la elaboración del correspondiente Plan General de Ordenación (PGO) de su ciudad, así como en la evaluación ambiental de sus impactos. Podrá hacerlo no sólo a través del hasta ahora método habitual de las alegaciones, sino también a través de observaciones, propuestas, reclamaciones y quejas a las que se obliga al Ayuntamiento a dar respuesta de forma "razonada". Es más, en la legislación se apunta que en caso de detectar incumplimientos urbanísticos o medioambientales, cada ciudadano contará con garantías procesales y podrá ejercer ante un tribunal de lo contencioso-administrativo una acción pública y no solamente una acción particular. En virtud de todo ello, especialistas en derecho urbanístico consideran que la última ley del ejecutivo central supone un paso de gigante en la ordenación de las ciudades y territorios al reconocer por primera vez a los ciudadanos derechos que hasta ahora se hallaban indefinidos o dispersos en otras normas legales. Esta nueva legislación que es un texto refundido o definitivo que vio la luz en los meses del pasado verano garantiza el máximo de participación ciudadana en todo el proceso de elaboración de los planes generales y a la hora de ofrecer toda la información posible a los vecinos que así lo demanden. No parece claro si el PGO de Santa Cruz incluye estos extremos, por ejemplo se sabe que en el caso de Gijón, donde también se tramita su planeamiento ,no se hizo.
* La Opinión Tenerife - 11.01.10
Foto: Vecinos protestando contra el Plan General de Santa Cruz a las puertas del Ayuntamiento. Jonay Rodríguez, laopinión.es
Cercle Obert exige un debate con afectados y expertos por El Cabanyal
DIARIOCRÍTICO/Valencia* : La entidad cívica y cultura Cercle Obert de Benicalap exigió que se desarrolle "urgentemente" un "gran debate ciudadano", en el que participen afectados y expertos, con el objetivo de acabar con la "corrupción" y la "desinformación institucional" que existe sobre el tema del barrio valenciano de El Cabanyal, según informó el colectivo.
Según Cercle Obert, de este debate debe salir "un gran compromiso que haga habitable, equilibrada y digna la convivencia y el desarrollo en El Cabanyal y en el resto de barrios periféricos y degradados de Valencia". Asimismo, gracias a él se conocerán "las verdaderas razones que tiene el Ayuntamiento y la Generalitat para atentar contra el patrimonio cultural valenciano y el derecho a vivir dignamente", comentó.
En opinión del colectivo, los vecinos de El Cabanyal, "que han luchado por conservar su casa y el patrimonio cultural de todos los valencianos, son víctimas de un gran atropello, de un abuso intolerable e inadmisible y merecen respeto". Por ello, consideró que "es el momento del diálogo y del consenso", así como que "es necesario y urgente iniciar un gran debate abierto a todo el mundo".
"Los problemas de la degradación urbana y humana no se solucionan construyendo pisos de lujo en el popular barrio de El Cabanyal", aseveró la entidad ciudadana, quien incidió en que esto es "una falacia insostenible, un argumento irracional y medieval".
Para la asociación Cercle Obert, "sin una reflexión, donde expertos cualificados participen, así como los propios afectados, no habrá solución a los grandes problemas que generan las ciudades modernas como es Valencia". "Ahora es el Cabanyal y mañana será Benicalap, un barrio que sufre enormes carencias, ignoradas por todas las instituciones valencianas", lamentó, y se preguntó "dónde va a llevar la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a las legiones de marginados y pobres de El Cabanyal cuando lo destroce".
Así, el colectivo hizo hincapié en que "ha llegado la hora de exigir un gran debate y de consensuar compromisos institucionales que acaben con la especulación y con las numerosas carencias y desequilibrios que sufre Valencia" puesto que, tal y como recalcó, "no se solucionan los problemas sociales y urbanísticos ignorándolos o potenciando acontecimientos innecesarios y frívolos cada cierto tiempo".
Cercle Obert, quien destacó que nadie "debe situarse por encima de la ley y de los tratados internacionales sobre Patrimonio Cultural", señaló que "los innumerables incumplimientos y reiterados olvidos del PP valenciano son la mejor prueba que demuestra la enorme falta de respeto y la ausencia de voluntad a la hora de crear una ciudad habitable y digna para todos".
* Diario Crítico Valencia - 10.01,10
Foto: Valencia, vista del Cabanyal - levante-emv.com
El Supremo dice que Urbanismo debe pagar IVA cuando vende suelo
ELDÍA/Córdoba* : El Tribunal Supremo ha puesto punto y final a un viejo pleito del Ayuntamiento que consideraba que la Gerencia de Urbanismo no estaba sujeta a una liquidación del Impuesto de Valor Añadido cuando realiza operaciones de compraventa de terrenos. El alto tribunal ha rechazado de plano las pretensiones del Consistorio confirmando una sentencia del Tribunal Económico Administrativo Central en el que, básicamente, se desmontan los argumentos municipales, confirmando las liquidaciones realizadas hasta el momento del impuesto.
La base del pleito se fundamenta en si las operaciones realizadas por parte de la Gerencia de Urbanismo, un organismo autónomo municipal, deben estar sujetas al cobro y liquidación de IVA por considerarse como una actividad empresarial o si las funciones públicas ejercidas en el desarrollo de la actividad tienen una contraprestación tributaria, un elemento que sí supondría la exención de las operaciones tal y como se establece en la legislación sobre esta materia, vigente desde 1985 y reformada en 1993.
El Supremo establece que la Gerencia de Urbanismo actúa sometida al Derecho Administrativo pero también al Privado, con la misma posición que tendría un ciudadano en un negocio de estas características, aunque con una serie de limitaciones y privilegios por su condición de parte de la Administración. El alto tribunal entiende que en las operaciones basadas en una contraprestación no se encuentran dentro de la actividad administrativa "aunque tales enajenaciones tengan lugar en el ámbito del desarrollo urbanístico porque la operación, en sí misma, no contiene ningún elemento del ejercicio de las funciones públicas y la simple afirmación de que las transmisiones se realizan por parte de un ente público no es suficiente para afirmar la no sujeción (al pago del IVA)". El tribunal continúa: "Son operaciones sometidas al Derecho Privado, y sin elemento alguno de publicidad por más que, como hemos dicho, se inserten en un proceso de desarrollo urbanístico más o menos amplio".
El Supremo entiende, además, que el Consistorio no ha sido capaz de argumentar de forma fehaciente las conclusiones obtenidas por el juzgador del caso, la sección sexta de la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, independientemente de que las operaciones las lleve a cabo una entidad pública. Del mismo modo, condena en costas al Ayuntamiento, con un tope de 3.000 euros del dinero a entregar por perder el caso.
* El Día de Córdoba - 10.01.10
Foto: Córdoba, ayuntamiento - wikanda.cordobapedia.es
Las zonas verdes de Parla-Este, sepultadas bajo cemento
ALEXIA CASTRO/Madrid* : Uno de los más evidentes signos de abandono del barrio de Parla-Este era, hasta ahora, la ausencia de vegetación en gran parte de las zonas verdes destinadas a ajardinamientos. Un hecho de por sí remarcable, porque en cualquier desarrollo urbanístico la vegetación de las zonas comunes se va plantando paulatinamente según se van encontrando disponibles los márgenes de las vías de comunicación y los espacios comunes. Así, a los pocos años ya existe una cobertura vegetal consistente y enraizada. Nada de eso sucedió en Parla-Este. Hace casi dos años se habían plantado los primeros árboles de porte notable en algunos alcorques de ciertas zonas del barrio y, a fecha de hoy, aproximadamente la mitad de esos árboles ya han muerto. El resto de las futuras zonas verdes permanecía como un erial donde los perros abonaban el terreno a sus anchas. Desde hace ya muchos años ha evolucionado el concepto de zonas verdes en ámbitos urbanos hacia diseños de parques y jardines con especies xerófilas, autóctonas y arbustivas que aportan frondosidad, consistencia y diversidad botánica en vez de las pobres, delicadas y carísimas praderas de césped y árboles exóticos. Cuando al comienzo de estas obras empezaron a surgir las primeras voces de alarma y sorpresa era difícil creer en semejante barbaridad. Todos los grandes parterres de las avenidas estaban siendo enterrados en toneladas de cemento, que posteriormente sería forrado de césped artificial, dejando dos ridículos agujeros en cada parterre para plantar costosísimas y frágiles palmeras. Da la impresión de que el Ayuntamiento de Parla entiende que ajardinar significa sepultar bajo toneladas de cemento todo vestigio de naturaleza. Y así poco a poco se fueron cementando la totalidad de las posibles zonas verdes de las calles de Parla-Este, con un colosal despilfarro económico en cemento en vez de plantas.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - 28.12.09
Foto: Parla (Madrid), cemento - elpais.com
