LEVANTE/Castelló* : La resolución de la Fiscalía que archiva las diligencias penales por el paso del trolebús por el parque Ribalta considera que no hay suficientes indicios de delito pero advierte que éstos sí se producirían en el caso de que no se cumplieran las actuaciones arqueológicas previas al inicio de las obras.
A pesar de no abrir la vía penal, la fiscal advierte que sí se han detectado "irregularidades de índole formal" que están siendo examinadas por el Tribunal Superior de Justicia debido a un recurso contencioso-administrativo interpuesto por el grupo municipal socialista.
Además, la Fiscalía subraya que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) constató que la conselleria sí ha realizado catas arqueológicas en el "paseo de carros" del parque, pero aún no ha cumplido la exigencia de excavar en "la zona de La Farola donde se encuentran la vieja muralla carlista y el refugio de la Guerra Civil".
A este respecto, la resolución del fiscal establece que antes de iniciar cualquier obra en el parque será "procedente" que ya esté "realizado" el plan de acción conjunta del ayuntamiento y la Conselleria de Cultura para cumplir las condiciones de mejora del parque exigidas por Patrimonio, entre las cuales destacan la reforestación, la peatonalización de viales adyacentes, las excavaciones arqueológicas de La Farola y el estudio y reducción del tráfico circundante.
La Fiscalía da por hecho que las obras de Ribalta aún no han comenzado, dado que la Conselleria de Infraestructuras le informó de que los trabajos en el paseo central del parque Ribalta "no se han iniciado" y el inicio de ejecución "está previsto para finales de noviembre de este año".
A pesar de las afirmaciones de la Fiscalía, no pasa desapercibido que la conselleria comenzó las obras el pasado 26 de abril tal como anunció públicamente el propio Consell y como evidencian las imágenes fotográficas. De hecho, Infraestructuras forzó la máquina para iniciar la obra antes del 30 de abril porque de lo contrario habría expirado el permiso de la Dirección General de Patrimonio para actuar en el parque.
De un modo u otro, el fiscal destaca que resulta "lógico y procedente" que dicho plan "estuviera realizado cuanto menos al darse el inicio de las obras y careciendo de finalidad que se realizara en un momento posterior".
Sin embargo, la resolución considera que la obra podría ejecutarse incluso en zona verde al ser "considerada de interés general". Asimismo, recuerda que los cinco informes desfavorables de organismos consultivos (Consell Valencià de Cultura, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat de València, la Universitat Politécnica y la Universitat Jaume I de Castelló) no son de "carácter vinculante".
El decreto también "comparte la inquietud" por el hecho de que el proyecto fuera licitado y adjudicado antes del preceptivo informe de Cultura, aunque matiza que se trata de una cuestión que "en todo caso puede tener transcendencia en el ámbito de la jurisdicción contencioso-administrativa". A fecha de hoy, el fiscal no descarta que el proyecto del trolebús en Ribalta sea irregular, pero aún así entiende que tales hechos no implican un delito penal.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 27.11.09
Foto: Castelló, parque Ribalta - levante-emv.com
El fiscal descarta delitos penales en Ribalta pero halla ´irregularidades´ que analizará el TSJ
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Tres ex concejales de Firgas, acusados de prevaricar
CANARIASAHORA/Gran Canaria* : Fiscalía pide 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público para los ex ediles y 12 años de inhabilitación para el ex alcalde, que no asistió al juicio por problemas de salud. Los ex concejales del Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria) Alfonso Marrero Marrero, José Manuel Marrero Navarro y Asunción Nuez Arencibia, entonces del Centro Canario (CCN), acusados de un presunto delito continuado de prevaricación urbanística cometido en el año 1994, alegaron este miércoles que eran "prácticamente unos mandados" y hacían lo que el ex alcalde Francisco Ponce Gil les "decía".
Así lo manifestaron los tres ex ediles durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al que no pudo asistir el ex regidor, de 77 años de edad y también imputado por el mismo supuesto delito en la causa, por problemas de salud.
La Fiscalía solicita en su escrito de conclusiones provisionales imponer a Ponce la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de doce años y para los entonces concejales Asunción Nuez Arencibia, José Manuel Marrero Navarro y Alfonso Marrero Marrero solicita inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años por otorgar sendas licencias urbanísticas a viviendas unifamiliares, a pesar de los informes técnicos y jurídicos desfavorables. Sin embargo, la defensa pide la libre absolución para sus clientes.
El que fuera primer edil Francisco Ponce fue condenado por sentencia de 10 de enero de 2002 a la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación.
Normas anuladas del Plan de Ordenación del municipio
Según el escrito del Ministerio Público, en virtud del acuerdo de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias de 14 de diciembre de 1990 fueron definitivamente aprobadas las normas subsidiarias del planeamiento municipal de Firgas, contra las cuales presentaron recursos de reposición en vía administrativa entre otros el Ayuntamiento de Firgas, ya entonces presidido por el alcalde Francisco Ponce, recursos que fueron parcialmente estimados mediante otro acuerdo de la comisión de 5 de julio de 1991.
Interpuesto recurso contencioso administrativo contra ambos actos y siendo parte el Consistorio, que se personó en el trámite de conclusiones alegando su inadmisibilidad, la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 28 de julio de 1993 anuló ambos acuerdos por ser contrarios al ordenamiento jurídico.
Además, mediante auto de 16 de mayo de 1994 la misma sala ordenó ejecutar provisionalmente dicha sentencia, pese a la oposición del Ayuntamiento para impedir el desarrollo urbanístico conforme a las normas anuladas, al estimar que causaría a la entidad local demandada y a los particulares afectados mayores perjuicios que los derivados de la suspensión de la aplicabilidad de las normas anuladas.
El 18 de julio de 1994 el director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias remitió escrito dirigido al entonces alcalde de Firgas requiriéndole para que la corporación se abstuviera de conceder licencias de obras en suelos clasificados como urbanos en las normas anuladas, limitándose a concederlas exclusivamente a los delimitados en 1974 y según el procedimiento legal, cumpliendo, entre otros, el informe preceptivo de dicho centro directivo en todos los proyectos para los que se solicitase licencia municipal de obras y debiendo acompañar el promotor, entre otros el visto bueno del técnico municipal.
Sin embargo, el día 2 de diciembre de 1994 se reunió en sesión ordinaria la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Firgas, a la que asistió Ponce y los entonces tenientes de alcalde Alfonso Marrero, José Manuel Marrero y Asunción Nuez, además del ex secretario municipal sin facultad de participar en la toma de decisiones.
Informes desfavorables
En dicha sesión se decidió otorgar sendas licencias urbanísticas para la construcción de viviendas unifamiliares, a pesar de los informes desfavorables del secretario del Ayuntamiento y de la oficina técnica municipal evacuados respectivamente en los expedientes urbanísticos municipales tramitados con carácter previo al otorgamiento de las licencias solicitadas.
La acusación pública insiste en que en ambos casos el fundamento de los informes desfavorables del secretario y del técnico municipal fue que habiendo quedado anuladas las normas subsidiarias del planeamiento de Firgas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el suelo donde se solicitaba autorización para construir tenía la consideración de suelo rústico.
Por ello, los dos empleados municipales alertaron de que el Ayuntamiento no podía otorgar la licencia sin la previa autorización de la obra por la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias.
''Yo ignoraba lo que firmaba''
En cambio, el entonces concejal Alfonso Marrero argumentó este miércoles durante el juicio que "no tenía conocimiento de que las normas subsidiarias hubieran sido anuladas por el TSJC" y "firmaba todo lo que el alcalde decía".
Además, admitió que "ignoraba lo que firmaba". "Sinceramente nosotros no teníamos ni idea de cuestiones de medioambiente y no teníamos conocimiento de nada sino que hacíamos y votábamos lo que el alcalde decía", alegó Marrero, que dijo no recordar su presencia en la comisión de gobierno que aprobó la concesión de dos licencias urbanísticas porque "hace 15 años que ocurrió".
"Votábamos inconscientemente. Yo no sabía lo que firmaba porque tenía una tonga de expedientes en la mesa. A mí me ponían los expedientes delante y yo firmaba y eso era lo que se hacía en aquella época", aseveró, al tiempo que dijo no recordar que fue presidente de la comisión informativa de Urbanismo. "Nosotros éramos prácticamente unos mandaos, unos ignorantes y prácticamente no nos enterábamos de nada", reconoció.
''Había informes que no se leían''
Por su parte, el ex concejal José Manuel Marrero, indicó que "había informes que no se leían" y puede que "igual los de las licencias otorgadas fueran de las que no se leyeron en la comisión de gobierno". "No fuimos informados de la sentencia de las normas subsidiarias y yo no lo conocía", reiteró.
"Por el volumen de trabajo no se leían todos los expedientes, sino que se votaba lo que decía el alcalde", destacó Marrero.
En los mismos términos se expresó Asunción Nuez Arencibia, que también dijo que no conocía la sentencia del TSJC que anulaba las normas subsidiarias ni recuerda que votara a favor de las licencias urbanísticas concedidas por el Consistorio. "No me acuerdo de eso, yo no llevaba obras y no estaba pendiente de eso. Se leían algunos de los informes pero no todos", sentenció.
* Canarias Ahora - E.P. - 27.11.09
Foto: Firgas (Gran Canaria) - infoNorte
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27.11.09
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Oleiros: El plan general ya acumula treinta recursos judiciales
LAOPINIÓn/A Coruña* : Los contenciosos los presentan particulares, empresas, una fundación, una promotora, un colegio y una organizadora de bodas. El pasado mes de junio se presentaban los primeros recursos y a día de ayer la cifra alcanza la treinta. Todas estas impugnaciones, que aún pueden seguir sumando, se han efectuado contra el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Oleiros, aprobado parcialmente el pasado mes de abril.
La mayor parte de los recursos judiciales han sido presentados por vecinos particulares. De hecho existen más recurrentes que recursos pues en muchos casos un sólo recurso ha sido presentado por varias personas.
Una de estas impugnaciones, en concreto, la firman quince vecinos. Mediante la unión de afectados que están en las mismas circunstancias logran que la causa judicial no les resulte tan costosa, al repartirse entre varios los gastos de representación de abogado y procurador.
Entre los que se consideran afectados por las disposiciones del PXOM oleirense también figuran empresas, una fundación, un colegio y hasta una entidad que organiza bodas.
El último recurso presentado hasta ahora contra el plan de Oleiros corresponde a una promotora, Aparanda Promociones. También han impugnado el nuevo planeamiento responsables de la Quinta Canaima, la hermosa villa con un caserón de diseño vanguardista del siglo XX que está a muy pocos metros de la Casa Consistorial.
Esta finca hace años que se alquila para realizar fundamentalmente bodas (tiene capacidad para 250 invitados), aunque también acoge otro tipo de eventos como congresos. Esta finca singular tiene unos 6.000 metros cuadrados y se gestiona mediante una sociedad anónima.
Hijas de Cristo Rey, la entidad religiosa que gestiona un centro educativo en O Carballo, también ha impugnado el Plan Xeral de Ordenación Municipal.
Otra entidad que ha recurrido el planeamiento urbano de Oleiros es la Fundación Juana de Vega, que tiene su sede en un edificio en A Carballeira en Nós y en cuyo patronato figuran entre otros los hermanos Vicente y José María Arias, del Banco Pastor, así como el ex rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Ramón Villares; y el empresario Juan Fernández Arévalo.
Esta entidad ya presentó varias alegaciones cuando el PXOM estaba en exposición pública. En este caso y en la mayoría de los que recurren el planeamiento el desacuerdo se produce por la clasificación urbanística del suelo.
El Tribunal Superior de Xustiza Galicia publica desde el pasado mes de agosto en el Diario Oficial de Galicia la presentación de cada uno de los recursos con el fin de que sirvan para emplazar a las personas que tengan derecho o interés legítimo en estos procesos judiciales y puedan comparecer así de forma legal en el plazo de noventa días.
En la fase de exposición pública el PXOM registró un total de 1.278 alegaciones.
* La Opinión A Coruña - MARTA VILLAR - 26.11.09
Foto: Oleiros (A Coruña), ayuntamiento - vecinosdeoleiros.es
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27.11.09
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Un Cabanyal vivito y coleando
ELPAÍS/Valencia* : El Cabanyal está vivito y coleando pese a los planes de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá de partirlo por la mitad. El colectivo Salvem el Cabanyal presentó ayer en la antigua fábrica de hielo del barrio los contenidos y actividades de la 11ª edición de Portes Obertes, que arranca este sábado y se prolongará durante un mes.
Maneres de viure es el lema de esta edición, que mostrará por primera vez los planos de la Lonja de Pescadores, que cumple 100 años, y de muchas de las casas del barrio. También se mostrará parte del archivo Gonsálvez-Romaní, los arquitectos que levantaron gran parte de este barrio de pescadores en la primera mitad del siglo XX y ofrecerá la visión de varios jóvenes arquitectos sobre cómo rehabilitar el barrio sin destruirlo.
Maribel Domènech, portavoz de Salvem, subrayó que en El Cabanyal hay toda una forma de vida y una arquitectura que vale la pena salvar. El colectivo, que lleva 11 años defendiendo el barrio ante la amenaza de la piqueta, se mostró ayer esperanzado con el informe que debe hacer el Ministerio de Cultura. Esperan que este documento, todavía en proceso de elaboración, dictamine que los derribos de casas son un expolio del patrimonio y que el plan de prolongar Blasco Ibáñez a través del barrio quede en papel mojado.
En este sentido, Salvem lamentó ayer que este año se hayan derribado 96 edificios entre la zona de San Pedro y la calle de la Barraca, inmuebles adquiridos por el Ayuntamiento y que han sido tirados abajo a pesar de que no existe ningún proyecto constructivo en ejecución. "Ha sido una demostración de poder. Estos derribos han ocasionado pérdidas incalculables", agregó Domènech.
En la fábrica de hielo del Marítimo ya se han instalado cuatro grandes pantallas donde se proyectarán imágenes de los interiores de las casas -en toda la zona hay más de 1.600- o la planimetría de la Lonja de Pescadores, también afectada por el plan. En otro rincón se exhibirá material audiovisual sobre la trayectoria de Salvem y se venderá un catálogo sobre Cases del Cabanyal, con instantáneas de 14 fotógrafos.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ - Valencia - 27/11/2009
Foto: Los organizadores presentan esta edición con la maqueta de la avenida Blasco Ibáñez prolongada a costa de El Cabanyal.- SANTIAGO CARREGUÍ, elpais.com
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27.11.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Badajoz, el cubo y lo legal como catastrófico
LACRÓNICADEBADAJOZ* : Varios cientos de personas se manifestaron en la tarde de ayer en Badajoz contra el derribo del cubo, el edificio de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación enclavado en la alcazaba de la ciudad. Al final del acto se leyó un manifiesto en el que se defendió el edificio porque ha venido a contribuir a la rehabilitación del casco antiguo...
...porque su derribo supondría desandar el camino iniciado en orden a la revitalización del centro de la ciudad; porque no implicaría, en sentido estricto, cumplir la sentencia del Tribunal Supremo, que ordena reponer la alcazaba en el estado en que se encontraba con anterioridad a la construcción del cubo; y porque acometer la demolición supondría incurrir en un gasto elevado. Son argumentos cercanos al sentido común que cualquier ciudadano suscribiría sin reparos.
Sin embargo, el objetivo de la concentración de ayer en Badajoz no ha sido solo la defensa del cubo, sino el intencionado olvido de que a esta situación se ha llegado porque años atrás hubo políticos que, a la vista está, actuaron sin atenerse a las normas: el director general de Patrimonio Francisco Pérez Urban; el consejero de Cultura Francisco Muñoz Ramírez y la concejala de urbanismo Cristina Herrera. Y en este aspecto, la concentración de ayer ha sido una gran oportunidad perdida para exigir responsabilidades por el trabajo mal hecho. Un trabajo que le puede costar a la ciudad o a la Administración regional --a los ciudadanos, en definitiva--, como mínimo 13 millones de euros, y que para los autores del manifiesto no merece más que el comentario de que "pueden haberse cometido errores en el proceso". ¿Errores? ¿Es a lo que se dedica el Supremo, a juzgar errores?
La manifestación de ayer tuvo una tercera intención: presionar --"exigencia" ha sido el concepto empleado-- a Amigos de Badajoz, a los que exactamente se les ha tachado de insensatos, de irreflexivos, y de actuar con empecinamiento y soberbia. Esa, como mínimo, desconsideración hacia quienes están respaldados nada menos que por el Supremo es especialmente grave, porque en este asunto, pese a quien pese y con independencia de que habría que invertir el tiempo y los esfuerzos que fueran necesarios para evitar el derribo del cubo, la asociación Amigos de Badajoz encarna al Estado de Derecho del que seguramente todos los manifestantes se consideran devotos, sin caer en la cuenta de que intentar desacreditar a Amigos de Badajoz es intentar desacreditar al Supremo. Lo legal no puede ser en ningún caso catastrófico en una sociedad democrática, en contra de lo que se dijo ayer en Badajoz.
La manifestación significa que queda mucho por hacer en orden a arreglar este hondo conflicto; en orden a defender la legalidad; en orden a asumir responsabilidades; en orden a defender el patrimonio. También el patrimonio social, el desarrollo del casco antiguo, el desarrollo de la Universidad. Que es lo que importa. Pero falta el método. Y las actitudes. La presión, la descalificación, ponen en peligro todo lo que es necesario preservar y mantener. No se hará con pancartas ni con manifestaciones. Sobran los manifiestos (¿acaso hoy el cubo está más a salvo que ayer?) y falta capacidad y generosidad para sentarse a una mesa y acordar cómo hacer para que Badajoz, --no la alcazaba, sino la ciudad en su conjunto--, salga de todo esto con el menor daño posible.
* La Crónica de Badajoz - Editorial - 27.11.09
Foto: Badajoz, el Cubo - elperiodicoextremadura.com
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27.11.09
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Málaga: Teconsa obvió la obligación de informar que subcontrataba
ELPAÍS* : No habrá comisión de investigación en el Ayuntamiento de Málaga sobre el caso Teconsa, el pago de certificaciones de obra a la constructora por un importe seis veces superior a lo realmente ejecutado, que sí ha dado pie a la apertura de diligencias penales en un juzgado por presunta falsedad en documento mercantil y estafa.
El PP alegó ayer la existencia de este procedimiento y la inconveniencia de abrir "investigaciones paralelas" para votar contra la propuesta del PSOE, respaldada por IU.
Ello pese a que en el mismo debate plenario se evidenciaron nuevas irregularidades. Por ejemplo, el concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, reconoció que Teconsa no cumplió con la obligación legal de comunicar al Ayuntamiento que subcontrataba parte de los trabajos que le habían sido contratados. La normativa contempla que la administración adjudicadora debe no sólo conocer, sino autorizar las subcontratas. Según Díaz Guirado, el consistorio ha abierto un expediente sancionador a la compañía que está en suspensión de pagos.
Dudas no resueltas
Además, el portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, acusó al equipo de gobierno de "manipular" el expediente, porque el que fue entregado el pasado lunes a la oposición no estaba foliado, y el que se aportó ayer sí. Fuentes dijo que es "preciso que los malagueños sepan como se ha empleado su dinero" y que la investigación municipal para depurar responsabilidades políticas no tiene nada que ver con la del juzgado. Señaló que el equipo de gobierno que preside Francisco de la Torre "tiene mucho que tapar" y se quejó del tiempo que ha tardado, más de un mes, en facilitar el acceso al expediente a la oposición.
El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, consideró que "hay muchas dudas no resueltas" que el equipo de Gobierno tiene que aclarar. Según la denuncia de una de las subcontratas, el Ayuntamiento pagó a Teconsa 444.927 euros por certificaciones de las obras de construcción de la carretera Azucarera-Intelhorce cuando los trabajos realizados apenas costaron 86.385 euros. Además, la constructoras, implicada en la trama del caso Gürtel, no abonó ni un solo euro a las subcontratas entre abril y agosto. El Ayuntamiento resolvió el contrato con Teconsa a finales de octubre porque las obras estaban paradas desde agosto y se incautó de la fianza de 188.000 euros. Las obras de la carretera Azucarera-Intelhorce están presupuestadas en 4,3 millones de euros.
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 27/11/2009
Foto: Málaga, obras entrada Azucarera - malagahoy.es
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27.11.09
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Elche: El Consell rechaza una recalificación de más de 200.000 m2 en La Marina
INFORMACIÓN/Alicante* : Un informe de la Dirección General de Gestión del Medio Natural ha sido el que ha considerado "no aceptable" la recalificación de unos 200.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable en urbanizable a la entrada al casco urbano de la pedanía de La Marina, que aprobó el Ayuntamiento de Elche en un pleno, en enero de 2002, con el único voto en contra de la concejal de Compromís, Ángeles Candela, entonces en la oposición y en la actualidad formando parte del equipo de gobierno con el PSOE.
El plan permitía a la empresa Perfect Investment la construcción de viviendas unifamiliares en parcelas de 250 metros cuadrados, en lo que hasta ese momento era suelo rústico.
Mientras un informe técnico municipal, adjuntado al plan de recalificación, señalaba que en La Marina, "de los once sectores delimitados, siete de ellos han iniciado la programación, encontrándose en diferentes fases de la misma"; la Generalitat ha puesto en evidencia que, en realidad, "existen seis sectores de suelo urbanizable por desarrollar, por lo que se entiende que esta reclasificación no obedece a una necesidad urgente e inaplazable o a un interés general que justifique la necesidad real de esta reclasificación".
Además, en la Declaración de Impacto Ambiental se considera que "el emplazamiento no se considera apto para el uso residencial", por el impacto paisajístico que introduce en el parque natural de Las Salinas, así como que la existencia de viviendas en esa zona, "construidas al margen de la legalidad, no justifica el desarrollo de este sector".
El informe negativo de la Conselleria de Medio Ambiente se ha producido casi ocho años después de su aprobación por parte del Ayuntamiento, un 28 de enero de 2002. La recalificación de suelo en esta zona de la costa, bajo el proyecto denominado "Esmeralda", fue objeto de polémica al ser cuestionado por la concejal de EU entonces, hoy de Compromís. Ángeles Candela no ocultaba ayer su asombro porque la Generalitat hay visto impacto, que la edil entiende que lo hay, en este sector y no lo haya considerado con el MR-9, construido junto a Las Salinas, en el perímetro de protección.
El tiempo transcurrido "no debería ser normal, porque esa dilación en el tiempo mantiene unas expectativas, y, en urbanismo, las expectativas deben ser las menos posibles. No debería ser normal, aunque estamos acostumbrados a que la Administración autonómica dilate los plazos". Candela entiende que "si en este caso hay impacto ambiental, estando alejado del parque de Las Salinas, cómo no va a haberlo en el sector MR-9, que está en Las Salinas".
La concejal de Compromís recordó que en 2002 el PSOE, con Diego Maciá gobernando con mayoría absoluta, planteó una recalificación de suelo en La Marina, "cuando no se había aprobado ningún sector de suelo urbanizable. No había justificación, porque había suelo, y nos parecía un proyecto a medida, un ejemplo de urbanismo a la carta".
* Información - M. SABUCO - 26.11.09
Foto: La zona en la que se requería recalificar suelo está en la entrada al casco urbano de La Marina desde Elche - DIEGO FOTÓGRAFOS, diarioinformacion.com
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26.11.09
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Cesta de la insostenibilidad para el Presidente de Castilla-La Mancha
Ecologistas en Acción* ha entregado al Presidente de la Junta de Comunidades, D. José María Barreda, la “Cesta de la Insostenibilidad” un conjunto de regalos seleccionados a lo largo y ancho de Castilla-La Mancha y que son reflejo de las actuaciones que están deteriorando el medio ambiente y que deben ser objeto de reconsideración.
Con este regalo Ecologistas en Acción quiere llamar la atención sobre la insostenible situación del medio ambiente de Castilla-La Mancha y reclamar al Presidente de la JCCM que reflexione sobre ella y dé un giro de 180º en su política ambiental.
Ecologistas en Acción mantiene su oferta de diálogo y participación con la Junta y a recobrar, siempre que se planteen contenidos concretos, la relación con la Presidencia y la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente, hoy día muy deteriorada por la falta de interés del Gobierno Regional.
La “Cesta de la Insostenibilidad lote de productos Castilla-La Mancha gran selección situación ambiental” contiene los siguientes regalos.
1.- Un kit de ladrillos de varias calidades, para continuar con el desarrollo urbanístico ejemplar que ha dejado plasmado nuestro Gobierno regional.
2.- Tubos de riego, para continuar con la política insostenible de regadíos, que sólo consumen entre el 80 y el 90 % del agua de la región.
3.- Una muestra de asfalto de los miles de kilómetros de autovías que el Gobierno regional promueve contribuyendo a la fragmentación del territorio y con un impacto ambiental muy negativo sobre el patrimonio natural y en el cambio climático.
4.- Una bolsa del mejor aire contaminado de la región para contribuir al loable objetivo de aumentar en 5.000.000 de tn las emisiones de gases de efecto invernadero que prevé la Estrategia regional de desarrollo energético.
5.- Selección de áridos de las mejores graveras extractivas fluviales de la región (riberas del Henares, del Tajo y del Jarama).
6.- Un envase retornable y retornado de agua del Tajo que el Señor Barreda contribuyó a enviar para salvar las Tablas de Daimiel.
7.- Un cartucho para que pueda cazar intensivamente en cualquier finca vallada ilegalmente y poder seguir manteniendo la irresponsable política cinegética en Castilla-La Mancha
8.-Una garrafa de selectos productos procedentes de incineradoras y cementeras: dioxinas, furanos, mercurios, pcbs, etc.
9.- Pilas y bombillas para garantizar la apuesta del gobierno regional por el ahorro y la eficiencia energética
10.- Una botella de aguas residuales sin depurar procedente de cualquier pueblo de la región.
11.- Una caja de cerillas, para que el fuego del campo militar de chinchilla y otros no dejen de arder.
12.- Un kit de golf para dos personas, para disfrutar de cualquiera de las decenas de campos de golf aprobados por el Gobierno regional
13.- Un fabuloso kit de aviones patrocinados por CCM para los aeropuertos de Ciudad Real y Albacete.
14.- Un avión militar de la OTAN, procedente de la base aérea de Albacete para que los pilotos militares puedan realizar sus prácticas.
15.- Un fabuloso manual para que aprenda lo que son los transgénicos.
16.- Un tríptico informativo sobre el cementerio nuclear que se planea ubicar en la provincia de Guadalajara.
17.- Una bolsa de basura para que sea gestionada convenientemente en cualquiera de las eficientes plantas de tratamiento de la región.
18.- Unas gafas graduadas para que el Sr. Barreda vea la verdadera situación ambiental de Castilla-La Mancha.
* Ecologistas en Acción de Castilla - La Mancha - 24.11.09
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26.11.09
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Urbanismo no ejecuta cinco fallos de demolición en Ifara
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Gerencia de Urbanismo deshoja la margarita con respecto a cinco sentencias firmes que apuntan a derribos en mayor o menor grado en otros tantos inmuebles situados en Ifara y Residencial Anaga. La lentitud en ejecutar estos fallos contrasta con la rapidez con la que se llevó a cabo el verano de 2007 el derribo de la conocida como casa roja en Residencial Anaga. Así lo denunció ayer la Plataforma vecinal creada para oponerse a la aprobación del actual Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.
El abogado de esta Plataforma, Felipe Campos, señala que, curiosamente, en dos de los casos los propietarios de las viviendas son familiares de los redactores del planeamiento, "lo que viene a demostrar que efectivamente, aquí se utiliza el Plan General para intentar legalizar lo que hasta ayer era ilegal".
Llamativo resulta el caso de uno de los chalets sobre el que en el año 2005 el Juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo emitió una sentencia por medio de la cual ordenaba que se anulara la inactividad administrativa de la Gerencia de Urbanismo para actuar con el fin de "restablecer la legalidad" en este inmueble.
Legalidad. Por ello, se instaba a Urbanismo para que procediese lo antes posible a comprobar "la legalidad urbanística" de la edificación construida en la parcela número 19 de Centro Residencial Anaga, "sin prejuzgar su resultado". El recurso había sido presentado por la Adminstradora Patrimonial Radazul SL contra Urbanismo, al considerar que no estaba cumpliendo con su obligación de restablecer el orden jurídico "perturbado" por esta construcción. Los demandantes pedían que se hiciera cumplir la obligación del propietario de demoler el volumen realizado fuera de ordenación, "imponiéndose la sanción que corresponda por la infracción urbanística, suspendiéndose mientras tanto, la eficacia de la licencia de obra y paralización inmediata de las actuaciones".
En su momento los recurrentes habían presentado una denuncia de infracción urbanística contra la propiedad de la parcela por determinados incumplimientos de la normativa aplicable y solicitaron la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Según se considera probado ahora por esta sentencia la Gerencia de Urbanismo reconoció en diversos informes que había ilegalidades pero ignoró la denuncia. También se probó que pese a que las obras eran ilegales, "la Administración permanece inactiva y hace dejación de sus potestades de protección de la legalidad urbanística que son de ejercicio inexcusable e irrenunciables". Por ello, el Juzgado obligaba al Ayuntamiento a actuar de inmediato para aplicar la normativa en la edificación de las parcelas de esta ladera.
Dos años para derribar 5 metros
Caso paradigmático de lo que ocurre en Residencial Anaga es la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que obliga al derribo de cinco metros del edificio La Ninfa. Dos años después de dictarse, se ha hecho lo posible e imposible para no darle cumplimiento. Y ha sido así hasta tal punto que, en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 ha imputado al anterior concejal de Urbanismo, Manuel Parejo y al de Obras, Norberto Plasencia por incumplir el sentido de aquella sentencia. En concreto, mientras el fallo del TS era claro al apuntar el derribo de cinco metros de este edificio por invadir el aparcamiento, finalmente el Ayuntamiento hizo una interpretación muy particular del fallo y procedió a cederle unos metros más al edificio o, lo que es lo mismo, a falsear la parcela sobre la que se levanta, en palabras de la Plataforma encabezada por Felipe Campos. El TS rechazó el recurso de casación interpuesto en su momento por Urbanismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba esta demolición y que databa de diez años antes. Aunque el fallo es contundente también en un momento dado la Sala admite que no se les escapa "la posible dificultad técnica" de la demolición y por ello pide al Ayuntamiento que través de su servicio técnico presente al Tribunal un proyecto de demolición, con especificaciones sobre la forma de realizarla y alcance y efectos que desde el punto de vista de la estructura del edificio pudiera tener. "Para una vez examinado se acuerde lo procedente en cuanto a la mencionada ejecución". Durante años se produjo un baile de cifras sobre los metros que estaban afectados y que oscilaban desde los diez hasta los dos, pasando por cinco que fue la cifra que finalmente dio por válida el TS tras realizar un peritaje. El Supremo descartó que se le había causado indefensión a Urbanismo y además condenó a este organismo al pago de tres mil euros.
* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 26.11.09
Foto: Edificio La Ninfa en Ifara sobre el que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo sin ejecutar para demoler parte de su estructura. José luis gonzález, laopinion.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
El TSJ anula por segunda vez el PAI Mestrets por cargar a los vecinos con7 obras de interés general
LEVANTE/Castelló* : Una segunda sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) anula el programa urbanístico de Mestrets por cargar injusta e ilegalmente a los vecinos con las cargas con el coste de obtener suelo para construir 4.500 viviendas protegidas, el Centre de Convencions de Santiago Calatrava, la Universidad Internacional Valenciana (VIU), la Ciudad Deportiva de Castelló (unión del polideportivo Chencho con el Sindical), la ronda oeste de circunvalación y el encauzamiento de los barrancos del Sol y de Els Canters.
Así lo confirmaron ayer fuentes del TSJ un año después de que el propio tribunal valenciano anulara la modificación número 6 del Plan General de Ordenación Urbana de Castelló que contempla el PAI Mestrets, con el cual el ayuntamiento y el Consell prevén desalojar de sus viviendas a 40 familias del Camí dels Mestrets. Pese a ello, el ayuntamiento y el Consell mantienen su intención de recurrir al Supremo y acogerse al derecho de ejecutar el PAI mientras el alto tribunal emite la sentencia definitiva.
Por lo pronto, los magistrados ratifican la primera sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo y la hacen extensible al PAI al considerar se pretendía financiar a costa de los propietarios afectados los terrenos de siete proyectos "que sirven y redundan en beneficio de todo el término municipal de Castelló, por tanto de interés general de la ciudad". En suma, la inversión de los proyectos afectados superaría los 100 millones de euros.
El fallo judicial también da la razón a los vecinos respecto a las cargas de los barrancos del Sol y Els Canters y concluye que el ayuntamiento y el Consell no pueden obligar a los vecinos a pagar dos encauzamientos que se valoran en más de 4,6 millones de euros.
Además, el tribunal advierte que no consta la autorización preceptiva para encauzar los barrancos y que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) denegó el permiso porque el vertido de los dos barrancos al encauzamiento del río Seco supondría un riesgo desbordamiento ante la falta de capacidad y "se considera incompatible el proyecto presentado con el encauzamiento del río Seco". A este respecto, la nueva sentencia subraya que debió "considerarse determinante la existencia del informe desfavorable del Organismo competente para haber dejado de aprobar definitivamente la modificación ahora impugnada", y por lo tanto el PAI Mestrets que depende de ella.
El fallo judicial emitido el pasado 6 de noviembre -tras seis años de movilizaciones vecinales- no hace más que ampliar y ratificar los argumentos de la sentencia de octubre de 2008, que ya advertía que el plan grava injustamente a los vecinos.
* Levante-EMV - NACHO MARTÍN - 26.11.09
Foto: Los vecinos de Mestrets han protagonizado protestas durante los últimos seis años en cada pleno del ayuntamiento. vicent gamir, levante-emv.com
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26.11.09
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Fiscalía acusa a un edil de La Vila de intentar sobornar al dueño del Atrium
ELPAÍS/Alicante* : El Juzgado nº4 de Alicante ha abierto diligencias por un supuesto cohecho de Pedro Lloret, concejal independiente de La Vila Joiosa, al empresario del hotel Atrium. El complejo se levantó en primera línea del mar, con un exceso de obra de 53.000 metros cuadrados sobre lo autorizado por el planeamiento.
El propietario de Atrium, el empresario Francisco García Martínez, denunció los hechos en la Fiscalía de Alicante en junio de este año. El pasado 5 de octubre la Fiscalía remitió la denuncia al juzgado al entender que "pueden ser constitutivos de delito". De acuerdo con la denuncia del promotor, en el verano de 2004 un supuesto intermediario de Lloret lo citó en Alicante. En la reunión, esa persona le comunicó que el edil estaba dispuesto a retirar los recursos judiciales contra el proyecto a cambio de dinero (una cifra millonaria, según algunas fuentes). El supuesto intento de soborno está grabado.
La ilegalidad urbanística del complejo se destapó en septiembre de 2003 a raíz de dos accidentes laborales que costaron la vida a tres obreros. En paralelo, Lloret inició un constante litigio contra el promotor para frenar el proyecto y demoler el exceso de la obra. El concejal declinó ayer comentar la denuncia: "Me defenderé", señaló. "Tengo la conciencia tranquila, evidentemente que nunca envié a nadie en mi representación", añadió.
Mientras, fuentes de la empresa hotelera han señalado que no acudieron antes a los juzgados a denunciar los hechos, porque el edil nunca cesó en sus litigios.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 25/11/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es
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26.11.09
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Polop: Cano adquirió terrenos que vendió un año después por un precio 38 veces superior
INFORMACIÓN/Alicante* : La vida municipal mientras Juan Cano ha formado parte de la corporación polopina ha estado plagada de tiranteces y desacuerdos, en especial con los partidos de la oposición, aunque también con compañeros de gobierno. Que el alcalde de Polop era quien hacía y deshacía en el Consistorio era un secreto a voces. Al contrario que Ponsoda, que delegaba prácticamente todo, Cano estaba al tanto de todos los asuntos y la mayoría pasaba por sus manos. En especial aquellos que tenían que ver con el Urbanismo.
ncluso hasta los años en los que no ejerció de concejal. Antes de los comicios municipales de 2003 se quedó fuera de las listas por su presunta vinculación con el cobro ilegal de unas comisiones, un asunto del que tuvo conocimiento el PP. Según algunas fuentes, en la presunta extorsión al empresario también figuraría el edil Ximo Montiel. El caso es que aquello le costó no ir en la lista electoral.
En ese interín hasta su regreso se produjo una curiosa operación urbanística que le tuvo a él y a otro ex edil como protagonistas. En 1999, antes de aprobarse el PGOU de Polop, el ya ex concejal Jaime Narbó compró tres terrenos a un matrimonio por 60.101 euros. Dos de esas parcelas eran rústicas y la otra urbana. En el año 2004, el edil vendió las dos parcelas rústicas. Una de ellas a su padre por 7.500 euros y la otra a Juan Cano, por el mismo precio. En aquellos momentos Cano no ocupaba cargo público alguno. La parcela urbana fue vendida por Narbó a la mercantil Blauverd en noviembre del año 2005 -con el PGOU ya aprobado en 2003- por 480.000 euros. En la venta ejerció Juan Cano de representante del concejal polopino.
En cuanto a los terrenos rústicos que adquirió Cano y el padre de Jaime Narbó, ambos los vendieron el 25 de noviembre de 2005 a la mercantil Blauverd, apenas 14 días después de adjudicar la condición de agente urbanizador del sector 8 Teulería-La Paz a dicha empresa. La del padre de Jaime Narbó por un precio de 240.000 euros y la de Juan Cano por 290.000. Es decir, lo que le había costado a Cano 7.500 euros en 2004, lo vendió un año después por un precio 38 veces superior. Y a todo ello, el concejal Jaime Narbó votó en el pleno la adjudicación del plan parcial en el que tenía terrenos, sin ausentarse de la sesión.
Fuentes municipales aseguran que Ponsoda era la persona del partido que atraía los votos en las elecciones pero que, una vez formado gobierno, delegaba casi todas las funciones en sus concejales. En el caso del Urbanismo, el móvil más probable de este crimen, Cano acaparaba todo el protagonismo. "Ponsoda no ejercía nada más que de alcalde. En la época de Cano era él quien cortaba el bacalao. Si en un pleno se le hacían preguntas al alcalde, era Cano el que contestaba la mayoría de las veces", argumentaban las fuentes consultadas.
Esas mismas fuentes inciden en que el suceso del vado en el que presuntamente habría reclamado dinero a un empresario "daba a entender que ese juego se extendía a otras facetas". Pese a que Cano siempre ha insistido en que los planes urbanísticos, once en total, llevaban años aprobados y que no se ha llevado a cabo ninguna actuación posterior, lo cierto es que "se ha seguido comprando y vendiendo suelo y siempre queda alguna guinda en el pastel", agregaron las fuentes consultadas, que señalaron a Cano al afirmar que "si quedaba algo aprovechable por ahí, él lo sabía".
Juan Cano, a lo largo de estos días, también había expresado en todo momento su convencimiento de que el móvil del asesinato de su antecesor tenía que ver con el ámbito personal de Ponsoda. Una hipótesis que barajó la investigación, pero que perdió fuerza con el paso del tiempo. Incluso después de las primeras detenciones, el primer edil seguía insistiendo en lo mismo. Seguramente con la intención de desviar la atención. Mientras tanto, las fuentes consultadas insisten en que habrá más detenciones de personas vinculadas a las compraventas de terrenos y a la recalificación de suelo de rústicos a urbanizables.
* Información - JULIO MARÍN - 25.11.09
Foto: Polop (Alicante), vivienda Juan Cano - Mario Ayús, laverdad.es
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25.11.09
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Juzgado el ex alcalde de Coll de Nargó por delito urbanístico
ELPAÍS/Lleida* : El Juzgado de lo Penal nº2 de Lleida celebró ayer la vista oral por un presunto caso de corrupción urbanística en el que están implicados el ex alcalde convergente de Coll de Nargó (Alt Urgell), Josep Miquel Duró, de CiU, y cuatro concejales, dos de los cuales continúan en el consistorio. El fiscal pide para los acusados un año y tres meses de prisión por haber concedido una licencia para construir un edificio con casi cinco metros más altura de la permitida por la normativa vigente.
El presunto delito contra la ordenación del territorio se cometió a finales de 2005, cuando el anterior consistorio presidido por Duró votó en un pleno municipal a favor de conceder una licencia de obras para construir un edificio que consta de una planta baja para locales comerciales, tres para viviendas y una quinta bajo cubierta. El arquitecto y la secretaria municipal advirtieron a los ediles que la normativa sólo permitía tres plantas.
Dos concejales de la oposición votaron en contra y presentaron un recurso, que a fecha de hoy no ha tenido respuesta. A finales de 2007, la Dirección General de Urbanismo, dependiente del Departamento de Política Territorial, advirtió al ayuntamiento de Coll de Nargó que la licencia era nula de pleno derecho y le instó a paralizar las obras. La misma resolución admitía un exceso de edificación de 2.364 metros cuadrados, la superficie correspondiente a 30 de las 65 viviendas construidas. El consistorio hizo caso omiso y continuó las obras.
Un crecimiento beneficioso para el pueblo
El ex alcalde manifestó en el juicio, a preguntas del fiscal del caso, que autorizó el edificio con más altura de la permitida porque suponía un crecimiento beneficioso para el pueblo y porque la licencia concedida se ajustaba a la normativa urbanística que en ese momento se estaba redactando y que a fecha de hoy aún no ha sido aprobada. Duran reconoció ser uno de los cinco propietarios del solar y que permutó su parte a cambio de una vivienda en el polémico edificio. Los inspectores de urbanismo detectaron otras irregularidades en la tramitación del expediente y concluyeron que la licencia no se debió otorgar.
* ELPAIS.com - LLUÍS VISA - Lleida - 25/11/2009
Foto: Coll de Nargó (Lleida) - radioseu.cat
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25.11.09
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Imputado por 'mobbing' el presidente de la Asociación de propietarios de Catalunya
20MINUTOS/Barcelona* : La Fiscal pide dos años de cárcel para el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Luis Miguel Pahissa, a quien acusa de hacer "la vida imposible" a dos inquilinas de casi 80 años, en uno de los pocos casos de supuesto acoso inmobiliario que ha llegado a juzgarse por vía penal.
En el juzgado de lo penal número 9 de Barcelona se celebra el juicio contra Pahissa, que en su declaración ante la juez ha negado haber acosado a las ancianas, que residen desde hace más de treinta años, como arrendatarias de renta antigua, en la planta tercera del número 18 de la calle Compte d'Urgell de Barcelona.
Por este caso también está acusada la propietaria de los pisos, Esther G.S., que ha dicho desconocer la situación y ha remarcado que se limitaba a ser informada por Pahissa de las decisiones que éste adoptaba.
Por el contrario, las denunciantes, María Dolores P.M., y Leonie C.T., de 78 y 80 años, respectivamente, han detallado el calvario sufrido a raíz de la muerte de sus esposos, ya que han tenido muchos problemas para subarrendar el contrato de alquiler y además el administrador las ha evitado siempre y, cuando han podido hablar con él, las ha menospreciado.
Como ejemplo, María Dolores P.M. ha explicado que tan sólo 16 días después de la muerte de su esposo fue a la casa de Pahissa, junto a su hija, con la que convive en el domicilio, a comunicarle el deceso y a pedirle que iniciara los trámites para subarrendar el contrato, y éste las trató de muy malas maneras, según su versión.
"Nos recibió en su despacho, con las piernas encima de la mesa, no nos invitó a sentarnos y cuando le dije que mi marido había muerto nos dijo que cuando yo muriera a mi hija la echaría a la calle", se ha lamentado, entre sollozos.
Además, ha subrayado la "angustia" que les supuso que el administrador no les cobrara el alquiler durante al menos tres meses seguidos en el último trimestre de 2006 -lo que Pahissa justifica porque se casó, se fue de viaje y tuvo una hija-, ya que temían que les echarían de casa por no pagar el alquiler. Tanto es así que, según la versión de María Dolores P.M., le enviaron a Pahissa varios giros postales confirmando el pago del alquiler, pero siempre les venían devueltos.
Otras de las quejas de las ancianas vecinas es que cuando se construyó un nuevo ascensor, el administrador les prohibió utilizarlo e incluso durante dos años anuló los botones para evitar que el aparato fuera llamado o se detuviera en la tercera planta, en la que vivían.
* 20 Minutos - EFE - 25.11.09
Foto: Mobbing BCN (archivo), puerta forzada - elperiodico.com
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25.11.09
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Los vecinos aceptan los derribos de casas en Ons porque no tendrán que pagarlos
ELPAÍS/Pontevedra* : Las dos primeras viviendas ilegales de Ons fueron ayer derribadas sin que se registraran incidentes. Hay otras 24 amenazadas en mayor o menor grado. Un centenar de vecinos se había embarcado en Bueu a primera hora de la mañana con ánimo beligerante contra la operación, pero esa predisposición duró lo que la propia travesía hasta la isla, a bordo del Pirata de Ons.
Acababan de desplegar su abultada impedimenta de pancartas y arengas, cuando la Guardia Civil entró en escena y dio vuelta a la situación con el primer envite. Las casas iban a ser derribadas "por las buenas o por las malas, porque es una orden que hay que cumplir", señaló el mando que se acercó a los manifestantes. Los vecinos podrían protestar cuanto quisieran, pero no interrumpir el derribo ni agredir a nadie de los que lo realizaran. La empresa, en fin, Tragsa, lo haría gratis, si así lo querían.
El último acicate para motivar la guerra vecinal contra el derribo era que la actuación de Tragsa, si los propietarios no procedían directamente a derribar sus viviendas, comportaba el pago de 50.000 euros por demolición. Ahora se lo ofrecían gratis y, desconcertados, los vecinos sólo acertaron a decidir que irían en manifestación para comunicarlo hasta la casa de Manuel Ferradás, fallecido hace unos meses y cuyos herederos ya estaban en la faena del derribo: se les veía a unos 200 metros, a mazazo limpio sobre el tejado. La marcha, pese a toda la profusión de pancartas, tuvo una impronta de cortejo fúnebre. María del Carmen, una de las hermanas herederas, reaccionó con gran crispación al anuncio de que Tragsa haría el trabajo, hasta que se aseguró de que sería gratis.
La mañana se fue en preparativos y entre acusaciones a "los políticos" de discriminación: "Nos toca porque somos gente humilde". Los manifestantes dejaron el lugar a las máquinas y personal de la empresa estatal. Aún no habían comenzado a derribar cuando, a mediodía, el pasaje volvía derrotado a Bueu, barruntando que lo vivido sólo era el principio de un triste final.
* ELPAIS.com - PRIMITIVO CARBAJO - Illa de Ons - 25/11/2009
Foto: Ons (Pontevedra) - delmorrazo.com
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25.11.09
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CCOO, Ecologistas en Acción y Salvemos la Sierra tachan de "burla" el PORN
ABC/Madrid* : El área de Medio Ambiente de CCOO junto con las asociaciones Ecologistas en Acción y Salvemos la Sierra han tachado hoy de "burla" a la ciudadanía y "a la Ley" el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Guadarrama aprobado por el Gobierno de Esperanza Aguirre.
Así lo han anunciado en una rueda de prensa celebrada hoy en Collado Villalba en la que han criticado el "oscurantismo" con el que la Comunidad de Madrid ha aprobado el PORN por las "prisas" del Ejecutivo de Esperanza Aguirre por "desbloquear una treintena de planes generales de urbanismo" de la sierra.
El hecho de que no se haya hecho público el contenido del texto definitivo y de que no se vaya a conocer hasta que se publique de forma oficial en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, "sin contestar a las 18.000 alegaciones presentadas" y "sin elevarlo al Consejo Económico y Social" (CES), es "prueba" de "ocultismo" para estos colectivos.
Las tres entidades coinciden en que este documento esta "abocado al fracaso" por incumplir, entre otros aspectos, la ley estatal de Parques Nacionales y la propia normativa de la Red de Parques, además de otras normas de la Unión Europea.
Por ello, una vez se haga público en el BOCM, están dispuestos a estudiar al detalle el texto y a elevar a los más altos tribunales la propuesta del PORN de la Comunidad de Madrid, que coinciden en considerar de "burla" a la ciudadanía y "a la legalidad".
Los tres colectivos iniciarán conjuntamente una campaña informativa para abordar cómo afectará este PORN a los territorios, que iniciarán el sábado, a las 10.30 horas, en el Instituto María Guerrero de Collado Villalba.
* ABC - EFE - 25.11.09
Foto: Madrid, denuncia PORN - EFE
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25.11.09
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Una asociación denuncia que el PXOM favorece intereses de algunos políticos
LAVOZ/Lugo* : La Asociación por la Legalidad del Plan Urbanístico de Lugo (ALPUL) denunció ayer que había detectado una serie de lo que definió como «errores» en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, tras el periodo de alegaciones, que podrían favorecer los intereses de determinados políticos y constructores.
Entre los primeros únicamente se citó a Francisco Fernández Liñares, actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño Sil y antiguo concejal de Urbanismo.
La nueva asociación, que preside Manuel Cabanas, encargó un estudio de legalidad, en el que se recogen las diferencias entre las zonas perjudicadas por los cambios, entre las que citó As Gándaras, A Campiña y San Lázaro, que suponen 1,3 millones de metros cuadrados urbanizables, que según Cabanas no se podrán desarrollar.
ALPUL asegura que tiene sospechas fundadas de trato de favor en el PXOM, que no descartan denunciar por la vía penal, en caso de que no se subsanen los errores detectados. Ante las manifestaciones de esta asociación, el Concello de Lugo difundió una nota en la que apunta que las declaraciones de Cabanas «parecen un chantaxe cara a Administración Local e a Xunta de Galicia que neste momento ten a última decisión sobre o plan e que indicou ao Concello de Lugo as observacións que debe modificar».
Según ALPUL, frente a los suelos que dicen han sido perjudicados, «hemos observado -dijo- como otros, vinculados a personas de renombre en esta ciudad han sido favorecidos y parece que en lugar de seguir criterios urbanísticos y profesionales, se han seguido otros tipo».
Cabanas apuntó que toda la información sobre lo que definió en otra ocasión como «errores» la tienen documentada. «Se tiene conocimiento -dijo- de anomalías muy graves. Hay suelos, como una propiedad muy conocida en San Lázaro, que pertenece al señor Liñares, que pasó de ser suelo rústico a urbano edificable, calificación que urbanísticamente carece de mucho sentido». También apuntó que este mismo político, que en su día fue concejal de urbanismo, posee otra parcela de 84.000 metros cuadrados en Fixós que «casualmente linda con suelo urbanizable, que en caso de ser ampliado «incrementaría su patrimonio sustancialmente».
Cabanas apuntó que en los últimos tres años llevan trabajando en este asunto y que encargaron un informe de legalidad a un urbanista. Este estudio fue entregado a la concejala de Urbanismo, María Novo, que dijo que lo iba a analizar y remitirles las conclusiones. «Nuestra sorpresa -dijo- fue que mandó el PXOM a la Xunta y a los perjudicados no nos comunicó nada». Apuntó que después de intentar durante dos meses hablar con Novo, sin resultados, registraron los informes, que también hicieron llegar al portavoz del PP, Jaime Castiñeiras.
«María Novo -dijo el presidente de ALPUL- sigue en sus trece y es reacia a hacer cualquier tipo de modificación». «Nosotros -apostilló- no sabemos que que intenta defender».
Cabanas apuntó que le remitieron un escrito, a través de un abogado, recordándole que una vez aprobado el PXOM, si recurren a la vía administrativa, éste se podría anular por los «errores» de los que tienen conocimiento, después de nueve años de tramitación.
La documentación, según el presidente de ALPUL, será remitida a la Xunta como órgano supervisor para que «pare lo que creemos ilegal e injusto». Insistió en que el efecto que se produce es una descompensación, «Hay suelos -dijo- como cerca del hospital, que meten una serie de cargas y normas que hacen que sean inviables e inejecutables, en tanto que otros sí y es donde se localizan a ciertas personas», apostilló.
* La Voz de Galicia - 25.11.09
Foto:
Los alrededores del campo de golf son zonas muy polémicas - Oscar Cela, lavozdegalicia.es
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25.11.09
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El alcalde detenido por el crimen de Polop fue denunciado por extorsión
ELPAÍS/Alicante* : El urbanismo emerge como trasfondo del móvil del asesinato a tiros del alcalde de Polop (4.100 habitantes, en el prelitoral de Alicante), Alejandro Ponsoda, del PP, hace dos años. El último arrestado por este crimen ha sido su sucesor en el cargo, Juan Cano, también del PP. Cano, edil de Urbanismo desde 1995 (salvo el mandato 2003-2007), fue grabado en dos ocasiones en un supuesto intento de cobro de comisiones a promotores. Ponsoda y Cano discrepaban sobre el desarrollo urbanístico del municipio. El regidor asesinado se opuso a un plan de 5.000 casas que impulsaba Cano a principios de este mandato.
Cano, séptimo arrestado por estos hechos, fue detenido la madrugada de ayer en su domicilio. Antes de ser conducido a los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, los agentes realizaron sendos registros en el Ayuntamiento y en la casa del regidor. El PP reaccionó al arresto del primer edil con su suspensión cautelar de militancia. La investigación continúa, aunque no están previstos arrestos de forma inminente, según señaló ayer la subdelegada del Gobierno, Encarna Llinares.
El asesinato de Ponsoda, según la investigación, se planeó en el club de carretera Mesalina, a las afueras de Benidorm. Cano es asiduo a los locales de estas características, según sus conocidos. En el lupanar contactó con el resto de los miembros de la trama, entre ellos, un narcotraficante, un empresario de calzado y los dos pistoleros de nacionalidad checa que ejecutaron a Ponsoda. Uno de ellos trabajaba en el mencionado club de alterne, y el segundo, en otro local de la comarca. Por estos hechos también han sido arrestados el gerente y el dueño del prostíbulo Mesalina. Los seis ya han sido encarcelados por la juez. En la resolución del caso han sido clave cinco testigos protegidos, vinculados al prostíbulo.
Juan Cano fue el concejal de Urbanismo desde 1995 hasta 2003. No repitió en el siguiente mandato por un oscuro asunto que nunca llegó a ser desvelado públicamente: en 2002, fue grabado en un supuesto intento de cobro de comisiones a un constructor y a un vecino por la instalación de un vado. Ambas cintas están en poder de la Guardia Civil. La grabación provocó la salida provisional de Cano de la política, bajo la amenaza de que trascendiera la cinta.
En 2003, se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de esta localidad, que prevé una decena de sectores urbanizables en millones de metros cuadrados hasta multiplicar por siete su población.
Hasta el nuevo PGOU, Polop era un nido de infracciones urbanísticas. En 2003, Cano y Ponsoda comparecieron como testigos en un juicio contra el constructor y el promotor de una vivienda en suelo no urbanizable por un supuesto delito urbanístico. El proceso, según la declaración del constructor a la que ha tenido acceso este periódico, consistía en que el Consistorio permitía la construcción ilegal a cambio de que se pagaran las tasas municipales por una licencia que no se podía conceder. En el caso del juicio al que el Ayuntamiento llevó a este constructor, el empresario pagó 1.230 euros por las tasas y casi 6.000 por la infracción urbanística. Pero la obra ilegal no se derribó.
En 2006, se detectó en el Ayuntamiento la desaparición del libro de resoluciones de la Concejalía de Urbanismo en la que se registraban las segregaciones de parcelas, los proyectos y las licencias de construcción. Allí estaban todos los trámites de Cano mientras fue concejal del área hasta junio de 2003. La consecuencia es que no se puede certificar que algunas construcciones de Polop dispusieran del correspondiente permiso. La división interna que vivió el PP local producto de las tensiones entre el sector campista y el zaplanista acabó con el retorno de Cano a la lista electoral del PP en 2007. Y Cano volvió a ser nombrado concejal de Urbanismo y Hacienda cuatro años después.
El tiempo, sin embargo, no había curado las heridas de entonces. El último enfrentamiento interno conocido en el seno del Gobierno de Polop fue a cuenta de un proyecto urbanístico fuera de la ordenación. El alcalde detenido intentaba aprobar la construcción de otras 5.000 viviendas a los pies del macizo de Ponoig por encima de la cota actualmente construida, a lo que se opuso categóricamente Ponsoda.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER / EL PAÍS - Benidorm / Alicante - 25/11/2009
Foto: Entierro del alcalde Ponsoda, hace dos años. Con un círculo, el actual regidor, detenido ayer.- ROSA FUSTER, elpais.com
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Badajoz: Adenex exige el derribo del Cubo
HOY* : Adenex ha mostrado hoy su total y absoluto apoyo a la Asociación Amigos de Badajoz en su exigencia de restitución de la legalidad urbanística en el caso del Cubo. Para esta organización conservacionista, la actuación de esta asociación en defensa de esa legalidad urbanística y del patrimonio histórico y cultural pacense "es ejemplar y debería ser motivo de elogio ciudadano".
Por el contrario, la actitud de los responsables políticos que han impulsado este proyecto ilegal e impactante "debería ser motivo de reprobación pública y de exigencia de responsabilidades".
En su opinión, es muy lamentable que aún no hayan asumido sus responsabilidades ninguna de las instituciones implicadas en esta manifiesta ilegalidad, Junta y Ayuntamiento, ni ninguno de los cargos políticos que tomaron en su día las decisiones ilegales, "y han estado jugando con el dinero público y las necesidades y la ilusión de la ciudad".
En lugar de ello, denuncia Adenex, "los responsables de este disparate urbanístico están desviando el malestar ciudadano hacia quienes de forma ejemplar han exigido, y están exigiendo, el respeto al Estado de Derecho, a la legalidad, y el respeto al patrimonio histórico y su conservación".
Por ello, la situación es aún más grave por la actitud "prepotente" de las administraciones que toman, "con frecuente ligereza, decisiones aún sabiendo de su posible ilegalidad, que impulsan proyectos gravemente discordantes e impactantes con el patrimonio cultural o natural, y que pretenden imponer su poder a toda costa, utilizando habitualmente de forma demagógica las necesidades de los ciudadanos".
Esta asociación considera que la vara de medir de la justicia debe ser igual para todos, ciudadanos e instituciones, y que deberían ser éstas últimas, las instituciones representativas, las primeras que, como ejemplo ante la ciudadanía, tendrían que acatar la sentencia y ponerla en práctica, evitando los intentos bochornosos de eludirla.
* HOY.es - 24.11.09
Foto: Badajoz, edificio Biblioteconomía - lacronicabadajoz.com
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24.11.09
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Elche: El Ayto. dice que carece de validez el informe de Patrimonio sobre el Mirador
ADN/Alicante* : El Ayuntamiento de Elche sostiene que el informe de la Dirección de Patrimonio sobre el Mirador del Palmeral, en el que critica su instalación, "carece de validez jurídica", es "un disparate" y sólo pretende "meter el dedo en el ojo a la ciudad".
Así lo ha afirmado hoy el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno del consistorio ilicitano, Alejandro Pérez, quien ha informado que la Comisión de Urbanismo ha decidido hacer caso omiso de ese informe.
"El texto es un disparate que, además, no tiene validez jurídica, pues ese organismo tenía tres meses por ley para emitir el documento y, sin embargo, nos ha llegado al cabo de dos años y medio", por lo que la corporación municipal entiende que el informe es "favorable al proyecto por silencio administrativo", según Pérez.
El edil socialista ha considerado que "el texto está hecho desde el más puro centralismo valenciano y refleja un intervencionismo en las competencias del Ayuntamiento de Elche inadmisible".
A su juicio, "el Patronato del Palmeral, compuesto por la Generalitat y el Ayuntamiento, es el que tiene la responsabilidad sobre el asunto y nadie que no sea éste puede asumir competencias que no le corresponden".
En este sentido, Pérez ha solicitado "respeto al Mirador" y ha asegurado que el informe de Patrimonio "sólo pretende meter el dedo en el ojo a la ciudad".
Por su parte, la portavoz del grupo municipal popular, Mercedes Alonso, ha opinado que es "muy atrevido y osado aprobar el informe, y que se diga que se va a hacer el Mirador, pese a quien pese".
Por ello, Alonso ha pedido al alcalde de Elche, el socialista Alejandro Soler, que reconsidere la construcción de ese hito, al entender que "no es el momento ni el sitio adecuado".
Además, "no es una prioridad y no hay dinero suficiente", ha dicho la portavoz popular, quien ha abogado por invertir en "la búsqueda de empleo para los 32.000 parados que hay en Elche".
Por otra parte, el concejal de Urbanismo se ha referido al palmeral y ha avanzado que se aplazará hasta el pleno de diciembre la aprobación del estudio de integración paisajística del Plan Especial de Protección del Palmeral de Elche.
Pérez ha explicado que se había tomado esa decisión porque a última hora de la tarde de ayer, fecha límite para la recepción de alegaciones, llegó una procedente del colectivo Margalló, que se suma a la presentada con anterioridad por el Hotel Huerto del Cura.
"Dejaremos el asunto sobre la mesa hasta el próximo mes para estudiar bien la alegación y permitir que la oposición tenga tiempo para conocer la información", ha señalado el edil socialista.
Sobre esta misma cuestión, la portavoz popular ha estimado que esa demora "sólo sirve para dilatar en el tiempo algo que es importante".
En cualquier caso, el concejal de Hacienda ha adelantado que antes del 13 de enero del 2009 "se debería aprobar el estudio", un documento que en su día solicitó la Generalitat y que, según Pérez, "no hace falta jurídicamente para la realización del Plan Especial de Protección del Palmeral".
"Lo hemos hecho para que luego no digan que ponemos pegas", ha apostillado.
En la Comisión de Urbanismo se ha comunicado, asimismo, que la Generalitat ha denegado la recalificación del suelo del sector R-12 de la pedanía de La Marina para la construcción de viviendas, "otro varapalo para la política urbanística del Ayuntamiento de Elche", según fuentes populares.
Por otra parte, se ha presentado una moción para aprobar el Plan de Acción Local contra el Cambio Climático en Elche suscrito por el alcalde en San Sebastián.
Ese proyecto, que incluye 236 acciones, pretende reducir en los próximos diez años un 20% las emisiones de dióxido de carbono en la localidad a través de distintas medidas que se desarrollarán en seis áreas de trabajo clave, como la participación ciudadana y el apoyo de la Administración local, así como las acciones en materia de edificación urbana, residuos y energía, entre otros.
* ADN - EFE - 24.11.09
Foto: Elche - parque_municipal - wikipedia.org
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24.11.09
por UrbanismoPatasArriba
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