Urbanismo no ejecuta cinco fallos de demolición en Ifara

LAOPINIÓN/Tenerife* : La Gerencia de Urbanismo deshoja la margarita con respecto a cinco sentencias firmes que apuntan a derribos en mayor o menor grado en otros tantos inmuebles situados en Ifara y Residencial Anaga. La lentitud en ejecutar estos fallos contrasta con la rapidez con la que se llevó a cabo el verano de 2007 el derribo de la conocida como casa roja en Residencial Anaga. Así lo denunció ayer la Plataforma vecinal creada para oponerse a la aprobación del actual Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.

El abogado de esta Plataforma, Felipe Campos, señala que, curiosamente, en dos de los casos los propietarios de las viviendas son familiares de los redactores del planeamiento, "lo que viene a demostrar que efectivamente, aquí se utiliza el Plan General para intentar legalizar lo que hasta ayer era ilegal".

Llamativo resulta el caso de uno de los chalets sobre el que en el año 2005 el Juzgado número 2 de lo contencioso-administrativo emitió una sentencia por medio de la cual ordenaba que se anulara la inactividad administrativa de la Gerencia de Urbanismo para actuar con el fin de "restablecer la legalidad" en este inmueble.

Legalidad. Por ello, se instaba a Urbanismo para que procediese lo antes posible a comprobar "la legalidad urbanística" de la edificación construida en la parcela número 19 de Centro Residencial Anaga, "sin prejuzgar su resultado". El recurso había sido presentado por la Adminstradora Patrimonial Radazul SL contra Urbanismo, al considerar que no estaba cumpliendo con su obligación de restablecer el orden jurídico "perturbado" por esta construcción. Los demandantes pedían que se hiciera cumplir la obligación del propietario de demoler el volumen realizado fuera de ordenación, "imponiéndose la sanción que corresponda por la infracción urbanística, suspendiéndose mientras tanto, la eficacia de la licencia de obra y paralización inmediata de las actuaciones".

En su momento los recurrentes habían presentado una denuncia de infracción urbanística contra la propiedad de la parcela por determinados incumplimientos de la normativa aplicable y solicitaron la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado.

Según se considera probado ahora por esta sentencia la Gerencia de Urbanismo reconoció en diversos informes que había ilegalidades pero ignoró la denuncia. También se probó que pese a que las obras eran ilegales, "la Administración permanece inactiva y hace dejación de sus potestades de protección de la legalidad urbanística que son de ejercicio inexcusable e irrenunciables". Por ello, el Juzgado obligaba al Ayuntamiento a actuar de inmediato para aplicar la normativa en la edificación de las parcelas de esta ladera.

Dos años para derribar 5 metros

Caso paradigmático de lo que ocurre en Residencial Anaga es la sentencia firme del Tribunal Supremo (TS) que obliga al derribo de cinco metros del edificio La Ninfa. Dos años después de dictarse, se ha hecho lo posible e imposible para no darle cumplimiento. Y ha sido así hasta tal punto que, en la actualidad, el Juzgado de Instrucción número 3 ha imputado al anterior concejal de Urbanismo, Manuel Parejo y al de Obras, Norberto Plasencia por incumplir el sentido de aquella sentencia. En concreto, mientras el fallo del TS era claro al apuntar el derribo de cinco metros de este edificio por invadir el aparcamiento, finalmente el Ayuntamiento hizo una interpretación muy particular del fallo y procedió a cederle unos metros más al edificio o, lo que es lo mismo, a falsear la parcela sobre la que se levanta, en palabras de la Plataforma encabezada por Felipe Campos. El TS rechazó el recurso de casación interpuesto en su momento por Urbanismo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba esta demolición y que databa de diez años antes. Aunque el fallo es contundente también en un momento dado la Sala admite que no se les escapa "la posible dificultad técnica" de la demolición y por ello pide al Ayuntamiento que través de su servicio técnico presente al Tribunal un proyecto de demolición, con especificaciones sobre la forma de realizarla y alcance y efectos que desde el punto de vista de la estructura del edificio pudiera tener. "Para una vez examinado se acuerde lo procedente en cuanto a la mencionada ejecución". Durante años se produjo un baile de cifras sobre los metros que estaban afectados y que oscilaban desde los diez hasta los dos, pasando por cinco que fue la cifra que finalmente dio por válida el TS tras realizar un peritaje. El Supremo descartó que se le había causado indefensión a Urbanismo y además condenó a este organismo al pago de tres mil euros.







* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 26.11.09
Foto: Edificio La Ninfa en Ifara sobre el que hay una sentencia firme del Tribunal Supremo sin ejecutar para demoler parte de su estructura. José luis gonzález, laopinion.es