ELMUNDO/Almería* : El alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL), y su mujer, Francisca Aguilera, compraron el 27 de noviembre de 2003 un terreno rústico de 900 metros cuadrados en el paraje ejidense de la Cañada de Ugíjar por 14.850 euros para venderlo, menos de un mes después, el 23 de diciembre de ese mismo año, por más del triple, 48.682 euros, a la sociedad mercantil Gestora Ejidense, en la que participa el propio matrimonio junto a otros cuatro detenidos en la operación Poniente, puesta en marcha por la Fiscalía Anticorrupción, que hasta el momento se ha saldado con 20 detenidos.
La Fiscalía investiga estos hechos, junto a otros muchos relativos a la trama urbanística, denunciados por partidos políticos, sindicatos y particulares desde el año 2007, que corre paralela a la de la empresa municipal de obras y servicios, Elsur, en este caso a través de subcontratas con las que los arrestados habrían obtenido grandes beneficios del Ayuntamiento inflando facturas y presupuestos.
De hecho, una de las partes en el caso ha destacado la importancia de esta trama urbanística , en la que se podrían haber invertido parte de los beneficios de las subcontratas de Elsur. «Es imposible que se hayan conseguido 150 millones de euros de beneficios sólo con las facturas infladas de Elsur, por muy graves que sean», asegura esta fuente, que piensa que, gracias a estos negocios urbanísticos, las ganancias podrían ser, incluso, superiores a esta cifra.
En concreto, la compraventa realizada por la empresa Enciso y Aguilera SL fue denunciada por Izquierda Unida y por el PP, aunque se de la circunstancia de que, cuando se produjo, Juan Enciso militaba aún en sus filas, puesto que fue expulsado y fundó el PAL en 2005.
Información privilegiada
Según Izquierda Unida, valiéndose de información privilegiada, la empresa familiar del alcalde adquirió los terrenos donde después se construiría un parque para, pocos días después, venderlos por más del triple a Gestora Ejidense, a la que pertenecen, bien como representantes o en sus órganos de administración, el propio matrimonio, a través de la empresa Enciso y Aguilera SL, además de los también detenidos Juan Antonio Galán Martínez, administrador de dos subcontratas de Elsur, Jardines del Poniente y Jardines del Alcor, y de Multigestión Ejido SL; Jesús Aragón García, administrador único de Sillar y Raíz SL, y Ambrosio Cuevas, administrador único de AGC, Agencia Consultoría y Gestión SL.
Fuentes de IU han señalado que en el entramado urbanístico en el que participan algunos de los detenidos, como informó ayer este diario, es habitual el trasiego de dinero con fines especulativos. En este caso, la coalición explica que el objetivo era conseguir la edificabilidad correspondiente al terreno donde iría el parque puesto que, a pesar de ser expropiado, los dueños de solares podrían trasladar dicha edificabilidad que les correspondía a otro lugar.
Se da la circunstancia, además, de que la empresa que vendió los terrenos a Enciso y Aguilera SL fue posteriormente adjudicataria de diversas obras municipales de gran presupuesto, como un plan de reforma interior adjudicado en octubre de 2004 y de la ordenación volumétrica y aprovechamiento de la agrupación de distintas parcelas municipales, también adjudicada durante 2004, pocos meses después de la operación de compraventa.
Pero éste es sólo un ejemplo de la trama urbanística. En la denuncia presentada por IU se citan otros muchos casos. Entre ellos se encuentra otro en que también está relacionada la mujer de Enciso, Francisca Aguilera, que en 2007 figuraba como administradora mancomunada de la empresa Ensap Plaza SL junto a un constructor y promotor que en su momento realizó para el Ayuntamiento la Plaza Mayor y que gestiona el parking junto al Consistorio ejidense.
* El Mundo - Miguel Cabrera - 23.10.09
Foto: El Ejido (Almería), policía ayuntamiento -elpais
El Ejido: Enciso compró barato un terreno donde iba un parque y lo vendió por el triple
en
23.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
El propietario de Mahía se ve imputado en nuevos procesos
ELCORREOGALLEGO/Santiago* : Un juez de Valladolid le investiga para saber por qué prestó 180.000 euros a un alcalde. En los próximos meses se va a intensificar la presencia en los tribunales de Ramón López Casal, propietario de, entre otras, la constructora Maexpa, antigua Mahía. Ayer tuvo que volver a comparecer en los Juzgados compostelanos de Fontiñas para dar cuenta sobre un nuevo capítulo de la demanda que abrió contra él su antiguo socio cofundador de Mahía, Manuel Gómez Maroñas, quien le acusó de apropiación indebida.
Durante hora y media, entre las diez menos cuarto y las once y cuarto de la mañana, López Casal tenía que responder a las acusaciones de los abogados de Gómez Maroñas -Ulises Bértolo y Miguel Bajo Fernández- y de la titular del Juzgado de Instrucción número uno de Santiago, ana López-Suevos Fraguela.
Según pudo saber EL CORREO, López Casal se negó a responder a todas las preguntas que le realizaron Bértolo y Bajo y contestó negativamente sobre los aspectos que se le imputaban cuando las cuestiones se las planteaba la magistrada.
Gómez Maroñas acusa al presidente de Maexpa de manejar de forma irregular 27 millones de euros en forma de préstamos que se concedía a sí mismo desde empresas de su propiedad y que devolvía en las fechas posteriores tras, presuntamente, haber recibido ingresos de otras de sus firmas por similares cantidades a las prestadas. López Casal también fue cuestionado sobre la documentada participación de Gómez Maroñas en juntas a las que éste no asistió, según afirma en su demanda.
Próximamente en Valladolid
Pero los problemas judiciales de López Casal no acaban en Santiago. El magistrado de Instrucción número uno de Valladolid ha modificado la condición de testigo por la de imputado al propietario de Maexpa en el caso de presunta corrupción urbanística de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda.
Ramón López tendrá que comparecer el próximo siete de diciembre ante ese magistrado como imputado para explicar junto a José Manuel Méndez Freijo, alcalde de Arroyo, y José Presas Zobra, propietario de Recreativos Dema, porqué le prestó en 2001 a Méndez Freijo 180.303 euros que éste no devolvió en el plazo pactado de tres meses, ni tampoco entre esa fecha y el año 2005, como refleja la contabilidad en la auditoria posterior que fue realizada.
El fiscal de ese caso recordó al juzgado en un escrito que Méndez declaró en 2008 que "no tuvo relación con Mahía", a la que, sin embargo, sí compró un piso en Vilagarcía de Arousa en 2004. Y además fue después de que la acusación particular -ejercida por la Asociación de Vecinos Arroyo Siglo XXI- entregase al juez las anotaciones del préstamo donde seguía figurando en la contabilidad de Mahía cuando la defensa de Méndez Freijo aportó un recibo firmado por su socio, José Presas, en el que se asegura haber recibido 15 millones de pesetas y, posteriormente, otro similar por la misma cantidad.
Claro que el fiscal mantiene sus dudas sobre esos documentos, que se presentaron al juez ocho años después de la concesión del crédito. Pero además, el acusador quiere saber por qué si el préstamo era para recreativos Dema no se ingresó directamente en la cuenta de esta empresa, y por qué no se entregó mediante cheque. De ahí que el fiscal queira saber por qué Presas no firmó los dos recibos como socio de Dema y sí como representante de la constructora Mahía, propiedad de López Casal.
* El Correo Gallego - M. TIMONEDA - 23.10.09
Foto: Las oficinas de Maexpa ocupan ahora una pequeña parte de lo que fue la sede original de la firma - Patricia Santos, elcorreogallego.es
en
23.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Barcelona: Un bloque de alquiler para jóvenes tiene 40 pisos vacíos hace meses
ELPERIÓDICO* : «Es una pena que haya tantos pisos vacíos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que los necesita. Por aquí cada día se acercan siete u ocho jóvenes a preguntar qué tienen que hacer para alquilarlos, pero yo ya les digo que se tienen que apuntar en el patronato, que va por sorteo». Habla el conserje de la promoción de pisos de protección oficial de alquiler para jóvenes de la calle de Rosselló i Porcel, 12, en Nou Barris, cuyo sorteo, hace algo más de cinco años, fue incluso retransmitido en directo.
En esta promoción, una de las primeras del Patronato Municipal de la Vivienda, hay ahora cerca de 40 apartamentos desocupados, muchos de ellos sorprendentemente tapiados con puertas de hierro. Y no se trata de un caso aislado: entre 120 y 130 del millar de pisos de alquiler para jóvenes que el patronato tiene en Barcelona, el 12%, están sin ocupar.
«La verdad es que me sorprendió encontrarme con que habían tapiado el apartamento de al lado del mío con una puerta de hierro, ya que las puertas normales ya son de seguridad. Eso sí, el apartamento lleva unos seis meses cerrado, no sé si será por eso», explica un vecino del bloque A de la promoción de Nou Barris. El motivo de tan contundente medida de fuerza lo da Antoni Sorolla, delegado de Vivienda del ayuntamiento: evitar okupaciones.
PATRIMONIO PÚBLICO / «Lamentablemente las okupaciones ocurren, y se trata de un patrimonio público y no podemos permitir que cualquiera dé una patada en la puerta y se cuele. Si no se les coge durante las primeras 48 horas hay que ir por vía judicial, y el desalojo se alarga mucho. Por eso hemos optado por la medida de las puertas de hierro», aclara Sorolla.
«Me parece cuanto menos sorprendente que con la situación de crisis que estamos viviendo y la cantidad de jóvenes que no tienen más opción que optar a este tipo de pisos, tengamos que ver esto. No solo permiten que los pisos pasen tanto tiempo vacíos, sino que en vez de agilizar los trámites invierten esfuerzos en tapiar puertas», apunta otro enojado vecino del edificio.
Sorolla tiene perfectamente identificados los motivos de tal anomalía, que afirma se resolverá en breve. Por un lado, hace unos meses se cumplieron cinco años de la entrega de las primeras promociones, con lo que muchas personas que entraron con esos primeros sorteos han dejado de golpe los pisos. Por otro, en febrero entró en funcionamiento el sistema de adjudicaciones con registro único, que servirá para agilizar el proceso, pues reúne las distintas promociones de pisos protegidos, no solo del patronato, pero que debe empezar a rodar.
«En los pisos para jóvenes suele haber bastante rotación, y es bueno que eso pase, ya que se trata de una primera ayuda, pero la situación en la que nos encontramos ahora, en la que estos pisos pueden estar vacíos entre seis y ocho meses, es excepcional y antes de final de año estará normalizada, ya que los pisos ya están sorteados», explica Sorolla. «El problema es que hace unos meses las listas de espera antiguas caducaron, y teníamos que esperar a hacer los nuevos sorteos con el nuevo sistema de registro único, un método que agilizará mucho más los trámites», añade el delegado.
Esta bolsa de pisos vacíos fue sorteada el pasado 8 de octubre junto a otros 90 del Incasol de nueva construcción y, según apunta Sorolla, a partir del 3 de noviembre los afortunados serán llamados para ir a elegir piso, así que en pocos meses la situación estará normalizada. Entraron en el sorteo –con lo que cumplían los requisitos tanto de edad como de ingresos máximos– poco más de 2.000 jóvenes, así que 1.800 deberán seguir esperando su turno.
* El Periódico - HELENA LÓPEZ - 22.10.09
Foto: Entrada del grupo de pisos de la calle de Rosselló i Porcel, ayer. Foto: JULIO CARBÓ, elperiodico.com
en
22.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
3
comentarios
Tema: NOTICIAS Cataluña , NOTICIAS VIVIENDA
Bruselas expedienta a España por la extrema degradación de Daimiel
ELPAÍS/Ciudad Real* : La Comisión Europea ha abierto un expediente de oficio contra España por la degradación de las Tablas de Daimiel, según confirmó la Comisión Europea y fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno tiene 10 semanas para explicar cómo un humedal protegido por la UE lleva cinco años seco y cómo es posible que decenas de miles de pozos, buena parte de ellos ilegales, hayan agostado las lagunas. La UE se une así a la Unesco, que ya planea quitarle su protección a La Mancha Húmeda.
El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, no quita hierro a la situación del parque: "Estamos a punto de perder las Tablas de Daimiel", reconoció ayer en un acto público.
El pasado miércoles, día 14, la Comisión aceleró la queja de oficio que prepara desde hace meses contra España. Los representantes de Medio Ambiente del Ejecutivo comunitario se encontraban en Madrid para la llamada reunión paquete, en la que repasan con el Gobierno y los ecologistas todos los procedimientos de infracción abiertos. El orden del día no incluía Daimiel, pero ante la publicación en EL PAÍS del incendio de turba incontrolable y la alerta de los responsables del parque, el jefe de infracciones de la UE, el español Julio García Burgués, comunicó que ese mismo día había abierto la queja.
La situación era insostenible y no podía esperar a que las asociaciones ecologistas le enviasen el informe con la situación de las Tablas. La carta enviada a España es el paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción. La Comisión abre así un proceso que puede durar años, pero que puede terminar ante el Tribunal de Luxemburgo y con una multa. Pero, sobre todo, saca los colores a los responsables de un desastre ecológico que comenzó hace casi 40 años. España tiene procesos similares abiertos por la mala calidad del agua de los ríos, las minas a cielo abierto en espacios protegidos de León o la contaminación en Huelva.
Bruselas investiga si se ha incumplido la Directiva de Hábitats, de 1992, que establece que los países "adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies". Las Tablas son Lugar de Interés Comunitario y Zona de Especial Protección para las Aves de la UE.
Aunque el deterioro en Daimiel es evidente -sólo 10 de sus 1.600 hectáreas tienen agua-, un equipo de la Comisión visitará la zona antes de diciembre. Ni un diluvio puede hacer que entonces tenga agua.
El Ministerio de Medio Ambiente planea aprobar la semana que viene un trasvase de urgencia desde el Tajo hacia el parque nacional. Se trata de llevar 10 hectómetros cúbicos -cada uno equivale a un volumen como el estadio Santiago Bernabéu-. La comisión de explotación del trasvase Tajo-Segura tendrá que enviar algo más en función de las pérdidas que se produzcan en el transporte. Para reducir esas fugas, el Gobierno utilizará la llamada tubería de la llanura manchega, un trasvase del Tajo al Guadiana para abastecimiento. El Ministerio ha pedido a Villar Mir, presidente de la empresa OHL, adjudicataria de la obra, que acelere al máximo la construcción.
A medio plazo, el Ejecutivo confía en rellenar las Tablas a través del trasvase del Tajo Medio, que sale de Valdecañas, en Cáceres, hacia el Segura. Daimiel está a mitad de camino y fácilmente podría dejar allí 40 hectómetros cúbicos al año. Los ecologistas se oponen a este sistema para mantener con vida el humedal y exigen que se reduzca el regadío. Extremadura no se opone al trasvase y ya ha encargado un informe sobre la viabilidad de la obra.
Puxeu admitió que el trasvase de emergencia "no es una medida ortodoxa, pero sí radical. Y ahora hacen falta soluciones radicales". "En el siglo XXI no nos podemos permitir perder espacios que nunca podremos recuperar en aras de un progreso no bien definido", señaló Puxeu, que lanzó un aviso a los agricultores que desde hace décadas han sobreexplotado el acuífero que nutría las Tablas: "Tenemos que liberar la presión sobre ese ecosistema. Si no es con la razón, será con la compra de fincas o con la legislación".
El secretario de Estado también entró por primera vez de forma abierta en la disputa que libra con la Junta de Castilla-La Mancha, también del PSOE, por la responsabilidad sobre el estado del parque. Puxeu pidió a la Junta que prohíba el regadío "en el preparque", la zona aledaña al espacio protegido y en que los pívots (el sistema de riego por aspersión de la zona) siguen regando cebollas. Aunque los parques nacionales están transferidos a las autonomías por una sentencia del Constitucional de 2005, el de Daimiel sigue en manos del Gobierno, como recuerda a menudo la comunidad. Nadie quiere hacerse cargo de ese secarral en el punto de mira de la UE y la Unesco. Por eso, Puxeu recordó que el preparque es competencia autonómica.
La situación ha llegado hasta tal extremo que cuando el secretario de Estado visitó en junio pasado las Tablas, un agricultor de la zona se acercó a la comitiva y, sin reconocer a Puxeu, le sugirió al director de Daimiel que inundasen pronto el parque nacional porque se estaba quedando sin agua para regar.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - Madrid - 22/10/2009
Foto: Fumarolas producto de fuego de turba junto al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real.- ULY MARTÍN, elpais.com
en
22.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS CastillaMancha
Construyen una urbanización en Utiel en suelo inundable
LEVANTE/Valencia* : Las obras de urbanización promovidas por el Ayuntamiento de Utiel en sector S-3 continúan adelante pese al demoledor informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, basado en un informe de inundabilidad remitido por la propia corporación local el pasado 24 de junio, en el que se concluye que las obras de urbanización "proyectadas en sector S-3 del Termino Municipal de Utiel, "aumentan notablemente el riesgo de inundación".
Según el citado informe, además de incrementar el riesgo de inundación y los calados tanto dentro como fuera del sector que se urbaniza, la actuación proyectada "supone una notable incidencia en el régimen de corrientes del cauce, produciendo afecciones a terceros...".
En consecuencia, el Comisario de Aguas de la CHJ, con fecha 15 de julio de 2009 denegó la solicitud de autorización de las obras, que continuaban en el día de ayer.
El Plan Parcial S-3 de Utiel se desarrolla sobre un espacio aluvial de 55.895 m2 situado en el margen derecho del río Magro, en terrenos situados a un nivel inferior al del encauzamiento artificial del río.
La urbanización se ha hecho levantando el terreno con escombros incluso por encima del nivel del encauzamiento, lo que ha provocado el pánico de la comunidad de vecinos del Barrio de la Fuente, situada en la margen izquierda con 164 viviendas construidas casi un metro por debajo del pretil actual del río Magro.
Los vecinos han denunciado los hechos en la Confederación; en el Ayuntamiento de Utiel; en la conselleria de Territorio y Vivienda; mediante escrito al director general de Urbanismo, José María Selva; a la Policia Autonómica- que llegó a informar someramente y pidió "instrucciones" a la conselleria- y al Defensor del Pueblo, pero las obras continúan.
Sin pasar por el Patricova
La Comisión Territorial de Urbanismo aprobó la Homologación y Plan Parcial S-3 de Utiel el 29 de noviembre de 2004 sin exigir al Ayuntamiento de Utiel-promotor- ni a la firma Urbanizaciones Río Magro, el preceptivo estudio de inundabilidad que requería la urbanización, situada en terrenos grafiados como inundables por el Patricova.
En este sentido, los representantes legales del Barrio de la Fuente responsabilizaron ayer a la conselleria de Medio Ambiente y al Ayuntamiento de Utiel, gobernado por el PP, por no intervenir pese a sus reiteradas denuncias, de cualquier daño a personas o bienes que pueda derivarse de la "situación de peligro y seguridad de los ciudadanos" que reconocía el informe de la Policía Autonómica.
El pasado 2 de octubre, el alcalde de Utiel, José Luis Ramírez, autorizó el reinicio de las obras basándose, dijo, en una propuesta sancionadora de la CHJ, que de forma algo confusa levantó "la medida provisional de paralización de las obras", aunque referida exclusivamente a las actuaciones en la zona de Policía junto al cauce.
La CHJ ratificó al constructor en una reunión celebrada el pasado 5 de octubre a la que no asistió el ayuntamiento, que no dispone de autorización para las obras hasta que no se presente un nuevo informe con medidas correctoras.
* Levante-EMV - J. SIERRA - 22.10.09
Foto: Utiel (Valencia) - valenciaterraimar.org
en
22.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
2
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Córdoba: Varios colectivos exigen un uso social del Mercado del Alcázar
ELDÍADECÓRDOBA* : La Asociación de Vecinos Alcázar Viejo, la Asociación de Artesanos de Córdoba y Ecologistas en Acción se concentraron ayer a las puertas del Mercado del Alcázar para reclamar al Ayuntamiento que este equipamiento sea utilizado para usos sociales y culturales. El motivo de esta reivindicación radica en las actuaciones previstas en el Plan del Casco Histórico, que contempla la adaptación de este edificio para la edificación de un inmueble de oficinas para el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA).
A través de un escrito, los colectivos informaron ayer de que si el Ayuntamiento cede este suelo al IESA durante 75 años se consumaría la privatización parcial de un espacio público "con grandes posibilidades dada su ubicación". Tanto los vecinos como los artesanos consideran que la ubicación del edificio posibilita otros fines que redundan en el beneficio de los ciudadanos de la capital.
Las asociaciones han presentado varias alegaciones ante la Gerencia Municipal de Urbanismo proponiendo varias alternativas como un mercado donde los agricultores locales de productos ecológicos o los artesanos del entorno puedan ofrecer sus artículos. Otro de los proyectos que han planteado es la puesta en marcha de una centro de arte, un museo de la ciudad, un centro de interpretación del Alcázar o un centro cívico. Incluso, los colectivos inciden en que el darle un uso cultural a este espacio supondría, dada su buena ubicación, un elemento más para lograr la Capitalidad Cultural 2016.
* El Día de Córdoba - Gema N. Jiménez - 22.10.09
Foto: Grupo de manifestantes, ayer, ante el mercado. -JUAN CARLOS MOLINA, diariodecórdoba.com
en
22.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
El TSJC confirma la nulidad de la licencia de las torres del Canódromo, que tendrían que demolerse
CANARIAS7/Las Palmas* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado nulidad de la licencia de obra mayor otorgada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a Realia para construir las dos torres del canódromo. La ejecución del fallo implicaría la demolición de ambas construcciones.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias notificó esta mañana la sentencia que desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento capitalino contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria que en marzo del año pasado dio la razón colectivo vecinal Avecalta y declaró nulo el permiso.La licencia de obra mayor de las torres del Canódromo fue concedida por el Ayuntamiento capitalino a Realia el 21 de marzo de 2006.
La resolución judicial en primera instancia, ahora confirmada por la Sala, se limitó a suscribir los argumentos expuestos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las dos sentencias previas que anularon el Plan Especial, la primera de ellas fechada el 3 de septiembre de 2007, y la segunda, a instancias de la citada asociación, el pasado 10 de enero. De hecho, el texto de la sentencia ahora ratificada en apelación transcribe en 13 folios las consideraciones ya expuestas en las anteriores sentencias del caso, y considera nula la licencia de obra mayor al compartir «plenamente los argumentos expuestos por la Sala respecto a la ilegalidad tanto del Pan Especial como del PGO de Las Palmas, disposiciones al amparo de las cuales se dictó la que es objeto de impugnación en este juicio». Por ello, «procede igualmente declarar la ilegalidad» de la licencia, «y la consiguiente anulación».
* Canarias 7 - Antonio F. de la Gándara - 21.10.09
Foto: Las Palmas, torres Canódromo - canarias7.es
en
22.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
Imputada la presidenta del Parlamento balear por corrupción urbanística
ELPAÍS* : El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) Javier Muñoz ha dictado hoy una providencia en la que cita a declarar en calidad de imputados a Maria Antònia Munar, presidenta del Parlamento balear, y al diputado del PP Fernando Rubio. El juez investiga el caso Can Domege, por posibles delitos de malversación de fondos, revelación de secretos oficiales y prevaricación en la adjudicación de unos terrenos de Palma para construir 600 viviendas.La operación la efectuó el Consell de Mallorca en la pasada legislatura, bajo la presidencia de Maria Antònia Munar, con el apoyo del PP.
Munar, presidenta fundadora de Unió Mallorquina (UM), es una de las figuras clave en la formación de las mayorías políticas con el PP desde los años 80. En las últimas legislaturas ha dado mayoría parlamentaria al PP encabezado por Jaume Matas y al PSOE liderado por Francesc Antich. En la causa de Can Domenge, por el último gran solar disponible en el centro de Palma, de 52.000 metros cuadrados, está imputado también Miquel Nadal, consejero de Turismo de Baleares y ex dirigente de Unió Mallorquina (UM). Nadal, ex vicepresidente del Consell, rechazó que vaya a dimitir del Gobierno de Baleares. Cuatro políticos de UM están encausados en este sumario.
El Consell premió la oferta inmobiliaria de 30 millones de las firmas Sacresa y Ferrá-Tur con un proyecto del arquitecto Jean Nouvel. Nadal, antes de convocar el concurso, se reunió con el ex consejero de la Generalitat Joan Maria Pujals (CIU), que representaba a Sacresa. La empresa Núñez y Navarro, que ofreció 60 millones al Consell, se querelló contra los políticos de la antigua mayoría de UM y PP que votaron la decisión.
Un juez de Palma fijó una fianza de 38,5 millones de euros para diversos políticos y empresarios que intervinieron en la toma de decisiones y trámites previos, entre ellos el actual presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer; la empresa Sacrera y el político catalán Joan Maria Pujals.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma - 21/10/2009
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
en
21.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
2
comentarios
Tema: NOTICIAS Baleares
Detenido el alcalde de El Ejido por una trama que malversó más de 150 millones
ELPAÍS/Almería* : La plaza mayor de El Ejido (Almería), una pesadilla rectangular de mármol blanco y palmeras, acoge los principales focos de la penúltima trama de corrupción municipal en España. En un lado de la plaza está el Ayuntamiento, cuyas ventanas más pequeñas corresponden al despacho del alcalde, Juan Enciso, detenido ayer junto a otras 19 personas (entre empresarios, familiares y testaferros) por estar supuestamente al frente de una red empresarial que malversó 150 millones de euros del erario público.
La ristra de delitos que se les imputan es nutrida: blanqueo, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.
En un lateral de la plaza está la empresa mixta de servicios municipales Elsur, participada en un 30% por el Consistorio y cuyo presidente es Enciso. Esta sociedad, que gestiona aspectos vitales como agua, alcantarillado, aceras, alumbrado y parques, supone el 40% del presupuesto ejidense y tiene como gerente al interventor municipal José Alemán, también detenido.
Este alto funcionario, a quien muchos comparaban ayer con Juan Antonio Roca, el cerebro del caso Malaya, por su manejo de todos los resortes de la ciudad en su beneficio, supuestamente subcontrataba obras y servicios a empresarios asociados con el regidor, y abonaba facturas infladas hasta el delirio.
El Ayuntamiento llegó a pagar 3.000 euros por cambiar una bombilla o 2.100 euros por reparar una baldosa rota. Con semejantes albaranes no es extraño que Enciso impusiera a sus 90.000 vecinos, que le votan fervorosamente desde 1991, los impuestos y tasas municipales más altos de la provincia. El actual gerente de Elsur, Mario Pulido, también ha sido detenido.
En el extremo opuesto al Consistorio se halla la sede del Partido de Almería (PAL), la formación fundada por Enciso en 2005 cuando abandonó el PP la víspera de que lo fueran a echar. Ayer, los ediles afines a Enciso se refugiaron en la sede tras ser autorizados a salir del Ayuntamiento por la Policía durante el registro, que acabó a las 21.40.
En el lateral derecho de la plaza dos sociedades tienen su domicilio: Arborimar y Maviroad y están dirigidas por otro personaje central de la trama: José Amate Rueda. Hasta diciembre de 2006, Amate ejerció como director de producción de Elsur. Tras su salida, el directivo fundó estas dos compañías. Una semana después de registrarlas, Arborimar y Maviroad obtuvieron, sin concurso previo, un contrato de seis millones de euros para mantenimiento de jardines. Las empresas no tenían experiencia en el sector.
Sin embargo, la empresa clave del entramado se ubica en Madrid y se llama Gestora Ejidense SL. En esta sociedad, puesta a nombre de un supuesto testaferro, figuran como representantes la esposa de Enciso, Francisca Aguilera, también detenida, y otras empresas de personas que recibieron subcontratas de Elsur, como Juan Antonio Galán, también arrestado junto a Ambrosio Cuevas y Jesús Aragón. En los registros practicados ayer en El Ejido, Almería, Sevilla y Madrid por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, la Policía se incautó de 120.000 euros.
La juez tiene previsto comenzar a tomar declaración a los imputados a partir de hoy. Gestora Ejidense SL es propietaria de unos terrenos que cambiaron de clasificación urbanística con el voto favorable y la firma del alcalde, un asunto que IU denunció ante la Fiscalía Anticorrupción.
El Ejido paga un canon anual de 33 millones de euros a Elsur, a los que hay que sumar las obras contratadas al margen y de las que no hay ningún control.
* ELPAIS.com - F. J. PÉREZ / M. J. LÓPEZ DÍAZ - El Ejido - 21/10/2009
Foto: Agentes de la policía, ayer, a las puertas del Ayuntamiento de El Ejido mientras se realizaba el registro.- FRANCISCO BONILLA, elpais.com
en
21.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
EL Paso: Juicio contra el alcalde y un constructor acusados de delito urbanístico en 2000
ELDÍA/La Palma* : El Juzgado de lo Penal Nº6 de Santa Cruz de Tenerife se trasladó ayer a las dependencias judiciales de Los Llanos de Aridane para llevar a cabo la primera parte de la vista oral en el juicio abierto contra el alcalde de El Paso, Higinio Máximo Brito (CC), acusado de un supuesto delito de prevaricación al permitir presuntamente la comisión de una infracción urbanística durante su primer mandato, hace nueve años, al frente del Ayuntamiento pasense.
Junto a él, en el banquillo de los acusados se sentó el promotor Ricardo Javier Barrios Morales, acusado de un delito contra la ordenación del territorio. El Ministerio Fiscal reclama una inhabilitación de ocho años para el mandatario local, así como un año de prisión para el constructor.
Los hechos hablan de que se edificó en suelo rústico (zona de Tacande) y sin licencia municipal, antes de que Brito fuera alcalde, una nave o almacén-garaje, junto a varias infraestructuras anexas para ampliar la vivienda en donde reside, con un total de 500 metros cuadrados en conjunto. Aunque la nave fue paralizada y precintada tras la intervención del Seprona, sobre la vivienda ampliada recayó, pocas semanas después de la denuncia, un decreto de la Alcaldía que declaraba la prescripción (caducidad) de una infracción urbanística considerada grave.
El juicio para determinar el alcance de los hechos denunciados fue presidido por el juez instructor Fernando Paredes Sánchez. En la sala comparecían primero los dos acusados, con el interrogatorio protagonizado por la fiscal y los abogados de la defensa y la acusación. Luego, la acusación particular formada por los hermanos Pedro Javier y Ana Marlene Moreno Pérez.
Los tres informes.- Máximo Brito se declaró inocente. Aseguró que su decisión se basó en la existencia de tres informes técnicos favorables: el de la Policía Local (sobre la antigüedad de la vivienda), el del arquitecto y el de los Servicios Jurídicos. Además, se refirió a que el Seprona de la Guardia Civil sólo actuó contra la nave, no contra la vivienda, por lo que "entendí que había superado los plazos que marca la Ley para la caducidad de la infracción".
Ante un aluvión de preguntas de la fiscal y los abogados, mostró su convencimiento de que hubiera sido irregular negar su firma a una prescripción informada favorablemente. Al respecto, afirmó: "Mi formación es de maestro y si hoy en día me encuentro con informes técnicos favorables actuaría de la misma manera que lo hice".
El alcalde negó cualquier relación amistosa con el otro acusado, sólo dijo estar vinculado a la intervención en contratos públicos administrativos de las obras que salían a concurso. Además, aseguró que "tampoco sabía que era amigo o conocido del teniente de alcalde y socio de gobierno Jesús Manuel Rodríguez (PP por aquel entonces), al que el constructor le había arreglado su casa particular".
Además, Brito afirmó que no hubo relación entre la denuncia previa de la familia y la celeridad con la que el ayuntamiento solventó la prescripción urbanística a favor de Barrios: "No sabía que se trataba de la misma persona. Sólo me fijé en los informes técnicos. No había pruebas que dijeran lo contrario y la acusación tampoco las aportó".
Además, concretó, "dos meses después, a requerimiento de la oposición (PSC), solicité un nuevo informe técnico que certificó lo mismo, que la prescripción de la infracción urbanística era correcta".
"No pedí ayuda al alcalde".- Por su parte, Barrios reconoció que había cometido una ilegalidad con la construcción de su vivienda y de la nave, aunque en la primera "es cierto que ha prescrito". Sin embargo, la fiscal se centró más en intentar encontrar un enlace más directo entre el promotor de la obra y el alcalde, algo que negó tajantemente el acusado: "Aunque me ha invitado a realizar obras municipales, la relación se queda ahí, como a cualquier otro que llama para hacer trabajos".
Así, en cuanto a la prescripción que solicitó tras conocer la denuncia aseguró que "nunca hablé con el alcalde para que arreglara el problema. Sólo era el momento de presentar la solicitud". Además, afirmó que "no supe hasta hace poco que las obras invadían el suelo que se requiere para el retranqueo con la finca de la parte denunciante". Pese a eso, consiguió la cédula de habitabilidad para llevar electricidad hasta su vivienda.
El promotor dijo que actuó como "muchos otros en suelo rústico, pidiendo licencia para garaje y construyéndome una casa. No sabía que cometía un delito para ir a la cárcel, sino más bien que era una infracción para una sanción administrativa".
* El Día - MAIKEL CHACÓN, Los Llanos - 21.10.09
Foto: Los Llanos de Aridane (La Palma) - mma.es
en
21.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Canarias
La Xunta tiene 300 edificaciones ilegales pendientes de demolición
XORNAL* : La Xunta reconoce en la memoria que acompaña a sus presupuestos que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el ente consorciado entre Administración autonómica y concellos que comenzó a funcionar en 2008 para perseguir las irregularidades en este ámbito, tiene pendientes de ejecutar unas 300 órdenes de demolición. También reconoce que el año próximo se incrementarán los expedientes de persecución de este tipo de ilegalidades.
En la memoria de los presupuestos se indica textualmente que “en el año 2010 se prevé un incremento de los expedientes de legalidad urbanística, teniendo en cuenta la dinámica de actuación de la agencia, pues ya en 2009 tiene 300 expedientes de demolición pendientes”. Para acometer esas demoliciones la APLU destinará 600.000 euros de su partida de inversiones, que ha pasado de 5.000 euros en 2009 a 720.000 en 2010.
Los expedientes de demolición que tiene pendientes la APLU se corresponden únicamente con procedimientos que han seguido la vía contencioso-administrativa, no la penal, se aclara desde la Xunta. Además solo se referirían a suelos no urbanos, ya que en suelo urbano las competencias las siguen teniendo los concellos. Así que quedan fuera de este recuento de demoliciones pendientes, entre otras y principalmente, los grandes edificios que han acaparado la atención en los últimos años, como la colina de Castrelos o las torres de Finca do Conde en Vigo, o el Conde de Fenosa en A Coruña.
Por contra, los derribos que acometerá la Xunta se corresponden con edificaciones principalmente en entornos rurales. Un vistazo a las ya demolidas (en la propia web de la APLU, www.axenciaurbanistica.es, se pueden observar una veintena de casos) permite comprobar que son en su mayoría construcciones enmarcadas en lo que se podría calificar como feísmo: galpones o segundas residencias y naves industriales levantadas en suelo rústico, la mayoría aisladas de otras construcciones.
BALANCE DE 2008
El último balance de actividades de la APLU, el de 2008, reflejaba que ya se habían impuesto 85 multas coercitivas con el fin de ejecutar órdenes de demolición. Esto es, la Administración multa recurrentemente a un particular con una edificación ilegal hasta que éste acometa por su propia cuenta el derribo de lo construido irregularmente. Solo cuando pasa un tiempo considerable es la propia Administración la que ejecuta con sus propios medios el derribo pasándole con posterioridad la correspondiente factura. Fruto de esas multas coercitivas se recaudaron el pasado año 443.000 euros, cifra a la que hay que añadir 1.442.000 euros de las sanciones impuestas por infracciones muy graves. Los ingresos obtenidos por la APLU a través de estas sanciones son repartidos a partes iguales de forma que la mitad es ingresado por la Administración autonómica y la otra mitad por la Administración local afectada.
Con independencia de esos expedientes de demolición, la agencia urbanística levantó en 2008 un total de 265 actas de inspección y completó un total de 218 investigaciones de ilícitos urbanísticos.
Según el plan de inspección aprobado para este año, la APLU está haciendo un especial hincapié en las zonas con mayor presión urbanística o con mayores valores ambientales como son los suelos de protección de costa, de aguas o de espacios naturales. También está extremando la vigilancia en los concellos que tienen su planeamiento urbanístico suspendido y en los limítrofes con las grandes ciudades.
* Xornal.com - David Reinero - 21.10.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
en
21.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Roca se escuda en el difunto Jesús Gil para eludir el juicio del 'caso Malaya'
ELPAÍS/Málaga* : La defensa de Juan Antonio Roca recurrió ayer a una argucia clásica en su intento, probablemente vano, de evitar que el ex asesor urbanístico sea juzgado como presunto cerebro del caso Malaya: echar la culpa sobre una persona fallecida. En este caso, el chivo expiatorio es de primera categoría penal: el difunto alcalde de Marbella Jesús Gil.
El abogado de Roca, Aníbal Álvarez, sostuvo que su cliente "ni diseñó ni ordenó el urbanísmo de Marbella, sino que fue Gil", y, por si no había quedado claro, abundó: "En Marbella no se movía nada sin las órdenes de Gil".
Álvarez sostuvo esta idea ante la Audiencia Provincial de Málaga en la primera sesión de la vista sobre los recursos que 63 de los 103 imputados en el caso Malaya han presentado contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el primer instructor de la causa, el magistrado Miguel Ángel Torres. La vista, que se celebra desde ayer hasta el día 30 en la nueva sala del jurado de la Ciudad de la Justicia, es una especie de ensayo general para el macrojuicio por la corrupción en Marbella, para el que todavía no se ha fijado fecha. La Audiencia confía en que el juicio se inicie en 2010.
El alegato del abogado de Roca era el más esperado de los escuchados ayer. Álvarez evitó desvelar su línea de defensa para el juicio y echó mano de argumentos que ya había utilizado anteriormente en otras vistas sobre recursos. El letrado rechazó la participación del ex asesor urbanístico en la moción de censura que en agosto de 2003 desbancó de la alcaldía a Julián Muñoz. "Ni era político ni tenía cargo como funcionario, así que malamente podía dirigir el Ayuntamiento".
En la misma línea de negación, el abogado arguyó que "no existe ni un solo convenio urbanístico o licencia firmado por el señor Roca, ni éste apareció en los plenos o comisiones en los que se aprobaban".
Respecto a su patrimonio, obtenido supuestamente a través de mercadear con el suelo marbellí y tasado inicialmente por la policía en 120 millones de euros, Álvarez afirmó que "esta cifra corresponde al pasivo, no al activo" de su cliente.
El entramado societario del que, según el juez instructor, Roca se sirvió para ocultar su riqueza también está libre de sospechas, aseveró el letrado: "Todas las sociedades de Roca tiene sustantividad legal, no son fachadas. Presentaban cuentas y tributaban a Hacienda. Si fueran meras pantallas habría que imputar por blanqueo a los bancos que por otra parte, les concedían créditos importantes". Estos argumentos eran anotados por el delegado de la fiscalía anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, que no intervendrá hasta la última jornada de las vistas, el 30 de octubre.
La nueva sala del jurado, con 260 plazas y ampliada para albergar el juicio del caso Malaya, acogió ayer a un ejército de abogados cuyo objetivo principal era echar por tierra el auto de procesamiento -y la instrucción entera- del juez Torres. El defensor de Julián Muñoz, Ignacio Prieto, dijo que que el ex alcalde "no tomaba decisiones urbanísticas y se limitaba a firmar lo que le pasaban". El letrado de Muñoz trasladó la responsabilidad delictiva de su cliente a Roca y a sus sociedades.
El resto de abogados se cnetró en quejarse de la falta de motivación y concreción del auto de procesamiento. Pablo Luna, defensor de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, sostuvo que en la instrucción se ha vulnerado el derecho de contradicción de los imputados mediante un secreto sumarial excesivamente largo. También afirmó que la causa debería juzgarse en la Audiencia Nacional y no en la Audiencia Provincial de Málaga y acusó al juez Torres de "falta de imparcialidad" por haber aceptado, en junio de 2007, la medalla de la Policía Local de Marbella.
* ELPAIS.com - FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 20/10/2009
Foto: marbella, ayuntamiento - google
en
21.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Los investigadores prevén al menos tres imputaciones por prevaricación en Almogía
SUR/Málaga* : Los investigadores encargados de dirimir las presuntas irregularidades relacionadas con expedientes urbanísticos en el Ayuntamiento de Almogía prevén efectuar en las próximas horas al menos tres imputaciones por prevaricación, y en principio no prevén detenciones.Según han informado fuentes cercanas al caso, tras examinar la documentación incautada en el Consistorio se determinará el número de personas que van a ser citadas por el titular del Juzgado de Instrucción nº12 de Málaga en calidad de imputadas, si bien por los datos que manejan hasta el momento, prevén que sean un mínimo de tres.
Las averiguaciones se centran actualmente en ediles, funcionarios municipales y familiares de estos, que podrían haber creado alguna sociedad vinculada con las resoluciones municipales adoptadas. Aunque la investigación se centra en el presunto delito de prevaricación urbanística, las fuentes no descartan imputaciones relativas a otros delitos como falsedad.
Miembros del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de la Policía Judicial de la Guardia Civil participan desde esta mañana en el registro del Ayuntamiento de la localidad malagueña de Almogía.
Fue el teniente de alcalde el que informó al alcalde de Almogía, Cristóbal Torreblanca (PSOE), del registro y de que se había solicitado su presencia en el Consistorio, así como la del secretario y el arquitecto municipal.
Antes de llegar al Ayuntamiento, el alcalde ha indicado que desconocía el motivo de la operación, desarrollada por orden del Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, si bien ha explicado que el SEPRONA ha requerido en los últimos meses documentación al Ayuntamiento, tras denuncias efectuadas por particulares.
El alcalde del municipio, Cristóbal Torreblanca, se encontraba esta mañana en las dependencias de la Diputación de Málaga cuando fue requerido y acudió hasta el Ayuntamiento de su localidad, donde gobierna desde 1983. Además, es diputado provincial desde 1995 y actualmente es responsable del Area de Organización y Gobierno Interior.
La Guardia Civil investiga desde hace unos meses el Ayuntamiento de Almogía y, al parecer, la decisión de registrar sus dependencias tiene como objetivo tratar de confirmar en la documentación de la corporación municipal esa investigación relacionada con temas urbanísticos.
El alcalde Cristóbal Torreblanca aseguró esta mañana que renunciará a su cargo y al acta de concejal si resulta imputado de algun delito. Asimismo, aseguró que, en tal caso, presentaría su baja automática del partido. No obstante, Torreblanca manifestó sentirse tranquilo ya que cree que la operación "no tiene nada que ver con lo que está pasando en otros ayuntamientos". "No se han producido detenciones, ni creo que se vayan a producir", ha afirmado con rotundidad el alcalde.
El Ayuntamiento de Almogía mantiene abiertos 283 expedientes de disciplina urbanística por construcciones llevadas a cabo en suelo no urbanizable, según datos aportados hoy por Cristóbal Torreblanca. "La Guardia Civil sólo nos ha pedido documentación relacionada con quince de estos expedientes", ha matizado.
Por su parte, la oposición en el municipio, IU y PP, han indicado que "esto se veía venir porque en este Ayuntamiento cuando se cometía una irregularidad se imponía una sanción pero no se paralizaba la obra".
El portavoz municipal de IU, Diego Aranda, ha declarado que no le sorprende la actuación porque en varias ocasiones los agentes del SEPRONA habían visitado el Ayuntamiento para examinar documentos, y ha recordado que su grupo ya había advertido en pleno su disconformidad con el procedimiento seguido en relación a los mencionados expedientes.
Según Aranda, el Ayuntamiento sancionaba las obras ilegales pero "se seguía construyendo", y las construcciones no se paralizaban a pesar de que en los documentos se especificaba que debían pararse. "Hasta el pasado mayo, en el Consistorio constaban 283 expedientes de disciplina urbanística, por lo general relativos a viviendas y chalés construidos en el campo, así como por la transformación de casas de apero en viviendas", ha apuntado el edil, quien ha añadido que "esta situación se da desde 2003".
Por su parte, el concejal del PP, José Vila, ha afirmado que también esperaba una investigación judicial, y que se había interesado por la situación de los expedientes en pleno. "Algunos de los documentos no llevan nombres y apellidos y en ellos sólo figura la sanción impuesta", ha comentado.
El municipio de Almogía, que cuenta con más de 4.000 habitantes, está gobernado por el PSOE, que tiene ocho concejales, mientras que IU tiene dos y el PP uno.
Tras conocerse la noticia, muchos vecinos de la localidad se han acercado a la plaza de la Constitución donde se encuentra el Ayuntamiento. Se muestran sorprendidos ya que, según afirman, "son muchos los años que lleva el Partido Socialista gobernando en el pueblo y nunca ha pasado nada".
* SUR - ROSSEL APARICIO | MálagaEFE - 20.10.09
Foto: Almogía (Málaga), registro guardia civil - diariosur.es
en
20.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
La Policía registra el Ayuntamiento de El Ejido por blanqueo de dinero
PÚBLICO/Almería* : La Policía Nacional ha detenido este martes a veinte personas en una operación contra el blanqueo de capitales que se ha desarrollado en Almería, Madrid, Sevilla y El Ejido (Almería), cuyo Ayuntamiento ha sido registrado, según ha informado en un comunicado la Fiscalía. La titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Almería, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción en esta provincia, ha ordenado la detención de veinte personas y los registros de sus domicilios, así como de las sedes de doce sociedades, la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) y el Ayuntamiento de El Ejido.
A los detenidos en esta operación, denominada Poniente, se les imputan los delitos continuados de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil.
Las detenciones y registros han tenido lugar en los municipios de Almería, El Ejido, Madrid y Sevilla.
Investigado desde 2007
La Fiscalía explica que su investigación empezó en 2007 con la intervención de la Unidades de Apoyo de Policía Judicial, Intervención General de la Administración del Estado y Agencia Tributaria adscritas a la Fiscalía Especial Anticorrupción, así como la Jefatura Superior de Policía de Granada, la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía Superior de Andalucía y la Comisaría de Policía de Almería.
La operación responde a una trama empresarial creada por los detenidos en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales SA (El Sur) de El Ejido y el Ayuntamiento de dicha localidad.
Las diligencias de la Fiscalía fueron judicializadas en abril de 2009 acordándose por la titular del Juzgado la intervención telefónica de los terminales de los detenidos más relevantes en la trama empresarial.
Las diligencias fueron declaradas secretas por la juez instructora del caso y continúan en dicho estado.
En el punto de mira desde hace meses
Por otra parte, la empresa mixta de servicios municipales desde hace unos meses está en el punto de mira, entre otras cuestiones, por un supuesto traspaso ilegal de trabajadores de las subcontratas Arborimar y Maviroad.
El sindicato CCOO ha denunciado en una nota la situación que se vive en la empresa y asegura que la intervención ordenada por la Fiscalía Anticorrupción se debe a este caso.
CCOO apunta que los agentes "no están dejando salir a los funcionarios" del Ayuntamiento de El Ejido hasta que faciliten las claves de sus ordenadores y están prohibiendo la entrada y salida al inmueble.
* Público - EUROPA PRESS - Almería - 20/10/2009
Foto: El Ejido (Almería), mar de plásticos - J.Rojas (El País)
en
20.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
La trama Gürtel hizo negocio en urbanizaciones de La Nucia y Altea
ELPAÍS/Alicante* : La trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, actualmente en prisión, buscó negocio en dos planes urbanísticos de La Nucia y uno de Altea. En el programa de actuación integrada (PAI) de L'Algar, en La Nucia, compró en 2006 10.000 metros cuadrados de suelo. En otro, el PAI de Pie de Monte, de un millón de metros cuadrados, medió para la compra de terrenos por parte del empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado, que no fructificó, aunque sí lo hizo por parte de empresarios que promueven otra urbanización en La Nucia, el PAI de la Serreta.
Finalmente, invirtió al menos 200.000 euros en una empresa del promotor de una urbanización de lujo en Altea. Así se desprende de las declaraciones que, ante el juez Baltasar Garzón, efectuó el pasado mes de febrero Jacobo Gordon, vecino de pupitre de Alejandro Agag en sus años escolares, ex socio del yerno de José María Aznar e imputado en la investigación de la red de corrupción que afecta a varias administraciones gobernadas por el PP.
Las declaraciones de Gordon ante el juez de la Audiencia Nacional que emprendió la investigación de la trama Gürtel arrojan luz sobre las alusiones que ya se conocían de Correa en las grabaciones realizadas por la policía. En ellas se refería al alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, como un amigo de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, terminal valenciana de la trama, y al entonces consejero de Territorio, Esteban González Pons, en relación con un negocio urbanístico en la localidad de La Marina Baixa. "Lo desbloqueo yo con el hijoputa de Esteban Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo", decía Correa, aunque el proyecto quedó supeditado al informe de la Confederación del Júcar y no se aprobó.
Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, empresarios que se sitúan en el centro de la mayoría de las operaciones de La Nucia, que urbanizaron varias parcelas de la familia del alcalde en el PAI de La Favara y gestionan el agente urbanizador en el PAI de la Serreta, fueron, según el testimonio de Jacobo Gordon, los socios de Correa, a través de la empresa Inerzia, en la opción de compra sobre el PAI de Pie de Monte."Estuve negociando con el vendedor, con una empresa de allí, de Alicante, que se llama Murcia Puchades", declara Jacobo Gordon ante el juez Garzón tras haber explicado que Francisco Correa le contactó para que estudiara unos "terrenos grandes" en La Nucia, "en un sitio que se llama Pie de Monte". Actuó para ello por cuenta de Hator Consulting, una de las empresas de la trama Gürtel.
Tras señalar que incurrió en muchos gastos, entre otras cosas porque contrató al despacho de abogados de Pérez Llorca, Jacobo Gordon describe la operación: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con ese señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".
A preguntas de la fiscalía -"¿Y esos sí que compraron?"-, Gordon responde: "Esos sí que compraron, esos lo compraron...". Después precisa que se trataba de una opción de compra que "no se ha ejercitado" porque estaba condicionada a la aprobación definitiva del PAI, que no se ha producido. El Grupo Inerzia Sociedad de Gestión, SL, es propiedad de Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, y fue absorbido por Gestrumar, SL en mayo del año pasado. Gestrumar fue la empresa beneficiaria en junio de 2005 de unas permutas de terreno en La Serreta y Pie de Monte que el Ayuntamiento de La Nucia pactó con la empresa Dragados por un valor de 16,7 millones de euros a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el edificio de Urbanismo y una plaza pública con auditorio, expedientes de permuta que fueron fraccionados para eludir la necesidad de autorización del Consell.
La relación de estos dos constructores con el alcalde Bernabé Cano se inició en 2002, cuando la familia de Cano cedió, dos meses después de aprobarse, la condición de agente urbanizador del PAI de 44.241 metros de su propiedad, el sector La Favara, a Saga Bonperal, SL, una de las empresas de Rocamora y Riquelme, que construyó 400 viviendas en el sector.
Jacobo Gordon declara también ante el juez que a través de la empresa de la trama de la que era administrador, Castaño Corporate, y también bajo indicación de Correa, compró "un terreno muy pequeñito", de 10.000 metros cuadrados en otro PAI de La Nucia, el de L'Algar. "Ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica", explica en la declaración, "es decir, los suelos van adquiriendo valor...".
La tercera de las operaciones que revela Gordon en su declaración la reconoce a instancias de la fiscalía, que le pregunta sobre el tema, y consiste en el pago de 200.000 euros a Construcciones y Urbanizaciones San Rafael, de Altea, "para comprar un terreno allí". Se trata de una empresa de Mariano Pérez Pérez, que es también el presidente de Zontaga, SA, la sociedad que promovió Portosenso, una urbanización de 310 viviendas de lujo diseñada por Jean Nouvel, con una ampliación de 100 amarres en el puerto deportivo y un hotel, a cinco kilómetros del núcleo urbano de Altea.
Declaraciones de Jacobo Gordon ante Garzón
- Sobre el PAI de Pie de Monte: "El señor Ulibarri estuvo interesado en la compra de los terrenos y de hecho a mí me contaba el señor Correa que iba a ir de socio con este señor. Se frustró, no sé muy bien por qué. El señor Ulibarri no compró, aquello quedó muerto un tiempo, y luego el señor Correa apareció con otro socio, otro, digamos, posible inversor, que se llamaba del grupo Inerzia, Inerzia con z".
- Sobre el PAI de L'Algar: "Esta me dice a mí el señor Correa que lo tiene todo estudiado, que es una operación buena y que yo voy a firmar, tampoco me sé mucho la historia. Era un terreno muy pequeñito, de 10.000 metros cuadrados, ya le digo que esto es como comprar acciones de Telefónica, es decir, los suelos van adquiriendo valor y, bueno, una posición así, de 10.000 metros, no tienes ni voz ni voto en la junta de compensación, vas un poco a rebufo del que esté allí".
- Sobre Álvaro Pérez: "Sí, bueno, en aquella época, como estaba por ahí por Valencia le veía de vez en cuando, pero a lo mejor hablamos de esto (...) Pues, sí, yo le conocía, pero, vamos, de este tema en concreto, de si él estaba haciendo alguna gestión en la consejería, yo no he hablado con él de eso".
* ELPAIS.com - ADOLF BELTRAN / ARTUR BALAGUER - Valencia / Benidorm - 20/10/2009
Foto: La Nucia (Alicante), el Algar - levante-emv.com
en
20.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
EL Puerto: Un PGOU que lleva diez años en fase de revisión
DIARIODECÁDIZ: Primavera de 2011. Esa es la fecha que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Puerto (conformado por Partido Popular y Partido Andalucista) se ha marcado para la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el documento que marcará el crecimiento urbanístico de la ciudad durante la próxima década. Tras 10 años en proceso de revisión, donde ha habido desde dimisiones y cambios en el equipo redactor hasta informes contrarios de la Junta de Andalucía, el Consistorio portuense se muestra confiado en que el presente mandato municipal culmine con un nuevo planeamiento urbanístico.
La próxima semana se aprobará en una sesión extraordinaria el documento de aprobación provisional 2 del futuro Plan General. Este ha sido elaborado por Territorio y Ciudad, la empresa que encabeza el urbanista jerezano Manuel Ángel González Fustegueras (autor de los planes generales de ciudades tales como Sevilla, Marbella o Chiclana, entre otros), que se hizo cargo de su elaboración en junio del año pasado.
La propuesta de ordenamiento contempla un desarrollo de la ciudad no tanto expansionista sino colmatador. La existencia de un importante número de viviendas ilegales concentradas fundamentalmente en la zona noroeste del municipio ha influido notablemente en la propuesta. Por ello, se apuesta por desarrollar los espacios existentes actualmente entre estos núcleos para, de esta forma, hacer una ciudad lo más compacta posible.
No obstante, el nuevo ordenamiento contempla la construcción de unas 23.646 viviendas. Eso sí, unas 8.000 corresponderían a propuestas de desarrollo que ya venían recogidas en el vigente Plan General y que cuentan con su tramitación ya realizada (aprobados sus planes parciales, proyectos de urbanización, ...) pero no han sido ejecutadas. Tal es el caso de zonas como La Florida (donde se prevén más de 3.000 viviendas, más del 70% de VPO) o el campo de golf de Viña Rango (unas 700), entre otros.
Tanto el Área de Urbanismo del Ayuntamiento portuense como el equipo redactor destacan que el planeamiento hace una gran apuesta por la vivienda de protección oficial (serán unas 8.900 las que puedan acogerse a alguno de estos regímenes). Algunos de los nuevos desarrollos prevén reservas muy por encima del 30% de la edificabilidad residencial que fija como mínima la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).
El documento de aprobación provisional 2 que se llevará a Pleno la próxima semana incluye también la regularización de un importante número de viviendas del término municipal (se estima que unas 3.800). La propuesta divide a todos los diseminados en 11 categorías en función de su grado de consolidación y colmatación así como su cercanía con la ciudad. Y esta calificación incide, por tanto, en el proceso de regularización que se les aplicará. Eso sí, habrá núcleos que no podrán entrar en este proceso ya que se encuentran edificados sobre terrenos catalogados de especial protección ambiental, aunque a los propietarios se le dan alternativas de solución.
Pero, más allá de nuevos desarrollos, tanto la dirección política como técnica del Plan destacan que el documento establece un "nuevo modelo de ciudad" que busca hacer una ciudad "más próspera, ordenada y bella, que contribuya al bienestar de sus ciudadanos y a la evolución positiva del entorno metropolitano".
En este sentido, se hace una apuesta firme por cambiar el sistema de movilidad en la ciudad. El equipo redactor considera fundamental un replanteamiento del transporte colectivo (se fijan intercambiadores de transporte en zonas claves como la estación de tren o la Plaza de Toros, entre otros), la ampliación de la red de itinerarios peatonales y de bicicletas y la construcción de aparcamientos subterráneos en el entorno del casco histórico, entre otras medidas.
No obstante, el nuevo Plan contempla destacadas mejoras en el sistema viario de la ciudad, aunque para ello considera fundamental que la Junta de Andalucía ejecute el futuro acceso a las localidades de la Costa Noroeste a través de la prolongación de la Carretera de El Portal (A-2002) para eliminar de la ciudad el tráfico interurbano. Por cuenta municipal correría la ejecución de un anillo de circunvalación que conectaría la Costa Oeste con el polígono Las Salinas y que serviría igualmente para fijar un límite de crecimiento de la ciudad. Además, se proyectan nuevos corredores norte-sur y este-oeste para facilitar los accesos a los nuevos desarrollos urbanísticos.
La propuesta de futuro ordenamiento recoge también una mejora de la red de infraestructuras y servicios básicos, ampliando la red de tuberías de abastecimiento y saneamiento así como el incremento del número de subestaciones eléctricas en la ciudad. Entre los aspectos más destacados se encuentra la construcción de una nueva depuradora, que se ubicaría a los pies de la Sierra de San Cristóbal (en unos terrenos que hoy día son una cantera de arena). Territorio y Ciudad propone, además, la instalación de cuatro depósitos de almacenamiento para que el agua depurada pueda ser usada posteriormente para el riego del campo de golf de Viña Rango y de las zonas ajardinadas de la ciudad (para ello se plantea una red de reutilización).
Ya por último, en lo que se refiere a espacios verdes, se contempla la reserva de más de 4,3 millones de metros cuadrados bajo la categoría de parques, medida con la que se quiere preservar las zonas forestales del término municipal.
* Diario de cádiz - E. M. Cañas - 20.10.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
en
20.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
1
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía
Sada: El Supremo confirma la anulación del complejo residencial Porto Infanta
LAOPINIÓN/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la promotora Sociedad General de Terrenos y Edificios SL contra la anulación del plan parcial de la urbanización Porto Infanta, un complejo residencial de casi medio millar de viviendas que en su segunda fase incluía la construcción de un puerto deportivo con 300 puntos de amarre.
Para el actual equipo de gobierno, presidido por el nacionalista Abel López, la sentencia dictada el pasado 25 de septiembre por el Tribunal Supremo confirma que Porto Infanta vulneraba la Lei de Costas, por lo que supone "una buena noticia para Sada". El Gobierno local quiso reconocer la labor realizada por la Plataforma para a Defensa da Ría de Sada y considera la resolución judicial "de especial trascendencia" tanto para los intereses del Concello como a la hora de asentar "criterios generales sobre la ordenación urbanística en la zona de protección del litoral". Así, pretende que el futuro PGOM, en fase de redacción, incluya en esta parte de la costa sadense "una gran zona de verde para uso y disfrute de los vecinos".
Porto Infanta fue considerado el proyecto estrella del ex alcalde Ramón Rodríguez Ares, una actuación a la que se opuso frontalmente el BNG, ahora en el Gobierno municipal. En junio de 2001, el pleno aprobó el plan parcial necesario para desarrollar el proyecto y Rodríguez Ares aseguró que la iniciativa conllevaría "un gran beneficio para Sada", que se convertiría así "en la capital náutica del norte de Galicia".
Poco después, se constituía la Plataforma de Defensa de la Ría de Sada (en realidad Ares y Betanzos), que aglutinó a todos los colectivos que denunciaban el impacto medioambiental del proyecto y su efecto pantalla debido a la altura de los edificios proyectados en el litoral sadense.
El colectivo recurrió ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) el plan parcial de Porto Infanta, que fue anulado por los jueces en noviembre de 2004. Los magistrados consideraron que no estaba justificada la expansión del núcleo de población de Fontán y manifestaron que en dos de los cuatro montajes fotográficos realizados para intentar mostrar la futura macrourbanización se podía comprobar "el grave impacto visual y el efecto de muro pantalla" de las edificaciones no sólo desde el mar, sino también desde la carretera.
Antes de que el TSXG dictase la sentencia contraria a este documento urbanístico, emitió un auto en el que decretaba la paralización cautelar de una parte de la urbanización. Fue en 2002.
La anulación de Porto Infanta supuso un varapalo para el Concello de Sada, que en 2004 preveía ingresar 1,3 millones de euros en concepto de aprovechamiento urbanístico, es decir, por los terrenos que le correspondían en la urbanización. El BNG destacaba entonces que la situación obligaría al equipo de gobierno a realizar importantes ajustes económicos, pero Rodríguez Ares salía al paso manifestando que el dinero que se dejaría de ingresar no afectaría "para nada" a las arcas municipales.
* La Opinión A Coruña - NURIA RODRÍGUEZ - 20.10.09
Foto: Recreación virtual de la urbanización Porto Infanta y el puerto deportivo incluido en el proyecto. / m. losada , laopinioncoruna.es
en
20.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Galicia
Territorio banal
ELPAÍS* : Ya casi no hay ciudad portuaria que no haya remodelado su frente marítimo con una morfología orientada al ocio, gran urbe que no planifique sus centros de negocios sobre rascacielos uniformes de cristal o capital estatal o regional que no quiera proyectarse al exterior con edificios emblemáticos rubricados por arquitectos de fama mundial. El urbanismo y la arquitectura no han sido inmunes a la globalización, a la lucha entre ciudades por ganar visibilidad.
Pero este urbanismo emulador, "prisionero de las coordenadas de la imagen", aboca a la despersonalización y estandarización de las ciudades. Ésta es una de las tesis contenida en el libro, presentado esta semana en Valencia, Urbanalización, paisajes comunes, lugares globales (Gili Gaya, 2009), del catalán Francesc Muñoz, profesor de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. La propuesta se vehicula en torno al neologismo "urbanalización" y pone en entredicho la eficacia arquitectónica, social y económica de los modelos imperantes. En su libro, el autor no aborda el caso valenciano como paradigma, pero Muñoz advierte que Valencia "es un caso muy claro de construcción de una marca a través de la arquitectura contenedor, recurriendo a Santiago Calatrava, al mismo tiempo que se evita sacar provecho de los elementos de valor autóctonos como la zona de El Cabanyal", explica. La capital valenciana también ejemplificaría lo que Muñoz denomina "festivalización", la creación de marca usando como señuelo los grandes eventos. "Como estrategia es brillante: intentar ser la nueva Montecarlo europea. La pregunta es qué se gana y se pierde con ese modelo, una reflexión que debería haberse hecho de manera colectiva".
Muñoz extiende el concepto de urbanalización a las periferias de diseminados con casas y adosados clonados e idénticos a los de cualquier parte. Desarrollos urbanísticos que Muñoz analiza con severidad y que han sido intensivos en ésta y otras comunidades. "Se ha hipotecado una parte importante del territorio, suelo que no se debería haber urbanizado nunca y que ahora hay que mantener. El gran drama de las zonas residenciales es que están condenadas al uso del automóvil, al consumo de recursos y a generar simplicidad, paisajes urbanos banales", añade.
Un modelo que conlleva "insostenibilidad medioambiental, económica, social -porque hay segregación-, pero también cultural", sentencia. Desde Valencia, Joan Romero, catedrático de Geografía Humana, se adhiere al razonamiento: "Aquí se ha apostado por la degradación de los referentes identitarios, paisajísticos y culturales y hemos saturado el territorio a costa de una pérdida de calidad territorial irreversible. Un proceso claro de urbanalización del territorio, de construcción de un territorio sin discurso, sin propósito colectivo, basado en la clonación de morfologías y formatos".
* ELPAIS.com - XAVIER ALIAGA - Valencia - 19/10/2009
Foto: Denia (Alicante) - Rodriguillo (wikipedia.org)
en
19.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS URBANISMO
C. Valenciana: Los planes de 52 pueblos prevén pisos para 2 millones de habitantes
ELPAÍS* : La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria han frenado en seco el desarrollo de muchos planes de actuación integrada (PAI) y han dejado otros a medias. La fiebre por enladrillar el territorio, sin embargo, no ha desaparecido de los ayuntamientos, que mantienen la intención de ocupar millones de metros cuadrados a lo largo y ancho de la Comunidad Valenciana.
Así lo muestra un estudio de la Universitat de València que analiza la previsión de crecimiento de los planes de ordenación urbana (PGOU) de decenas de municipios que han iniciado la tramitación para renovar su planeamiento en los últimos cuatro años. Los conciertos previos al PGOU o los propios planes ya aprobados por 52 municipios dan cuenta de que el ansia urbanizadora se mantiene. Al menos sobre el papel, ya que de ejecutarse los proyectos, estas poblaciones ganarían entre todas cerca de dos millones de nuevos residentes. La Comunidad Valenciana tiene actualmente cinco millones de habitantes.
Los nuevos PGOU aún no han sido aprobados por la Generalitat, que tiene la última palabra, pero los datos evidencian que "muchos municipios están haciendo sus planes urbanísticos como si el territorio lo pudiera aguantar todo y la demanda residencial no tuviera límites", apunta el autor del estudio, el catedrático de Geografía Humana y ex cargo socialista Eugenio Burriel.
Entre la cincuentena de localidades sobre las que hay datos "completos y fiables", destacan casos como el de Almoradí, con unos 18.000 vecinos y una expansión prevista en el concierto previo aprobado en 2008 que multiplica por más de ocho su población; o Cabanes, cuyos macroproyectos y plan general multiplican por 15 el suelo residencial, por 30 el número de viviendas y por nada menos que 52 los habitantes (casi 150.000 nuevos residentes potenciales).
En total, los 52 pueblos pretenden incrementar el suelo urbanizado en 272 millones de metros cuadrados y construir del orden de 718.000 nuevas viviendas para dos millones de habitantes potenciales. Es decir, que el terreno construido lo multiplicarían por 3,7, el número de viviendas por 3,1 y los habitantes por 5,1. Las localidades planifican su futuro sin tener en cuenta la oferta residencial del vecino y sin que exista una visión supramunicipal del territorio.El despropósito se hace aún más evidente si se analizan las propuestas en una zona concreta, en este caso las de siete municipios del litoral de La Plana Baixa. En la franja costera entre Almenara y Burriana hay previstas 102.000 nuevas viviendas para 290.000 residentes, en una zona que ahora no llega a los 65.000 habitantes. También se incluyen nueve campos de golf. Entre la autopista A-7 y la costa prácticamente sólo queda libre en los planos lo que ha protegido el catálogo de zonas húmedas, afirma el estudio.
Estos desarrollos se plasman, además, tras una década de crecimiento desaforado. La Comunidad Valenciana es la tercera en número de viviendas y en pisos por cada mil habitantes iniciados entre 1997 y 2006. En sólo diez años se construyeron 713.214 viviendas, con una media anual de 16,6 pisos por habitante, señala el estudio, que concreta: "El incremento fue continuo cada año. Se pasó de 24.260 viviendas en 1996 a casi 100.000 en 2006, con lo cual se multiplicó por cuatro la actividad constructiva, un 50% más que la media española".
Un "tsunami urbanizador" que parece sólo la "punta del iceberg" si se compara con la previsión de construir casi el mismo número de nuevas viviendas concentradas en tan solo 52 municipios, como reflejan los documentos analizados.
En ese contexto, el artículo Los límites del planeamiento urbanístico municipal. El ejemplo valenciano, publicado en el último número de la revista universitaria Documents d'Anàlisi Geogràfica (Universitat Autònoma de Barcelona), critica la "desmesura de la oferta residencial pretendida", a la que no pone límites la Generalitat. Burriel alerta del grave impacto sobre el territorio y especialmente de la ausencia de planes de acción territorial o directrices de la consejería competente que fijen un marco de desarrollo.
La falta de modelo provoca que la planificación esté en manos de los municipios, que estiman sus crecimientos sin tener en cuenta lo que hace el vecino. "Nadie parece haber hecho la suma de las propuestas municipales ni haber reflexionado sobre su insostenibilidad", destaca el informe. Los PGOU que se están diseñando, además, supondrán una dura hipoteca para los municipios. "Estas propuestas municipales no se molestan en justificar con un mínimo de rigor la dimensión de la oferta de suelo y viviendas", y los planes se elaboran desde "una lógica meramente local" en la que los municipios han competido entre ellos por no quedarse al margen de lo que consideran una apuesta por la prosperidad. "Aquí quien no apoya un PAI está muerto", afirmó un concejal de un municipio castellonense incluso el año pasado en plena crisis.
A juicio de Burriel, estos planes locales generarán "ineludiblemente un crecimiento territorial desordenado, un mosaico de urbanizaciones dispersas e inconexas", ya que la mayoría no prevé un desarrollo "secuenciado riguroso". Con una demanda escasa a corto y medio plazo, y una oferta de suelo gigantesca, "las pocas unidades de ejecución que se desarrollen se van a localizar de modo disperso en el territorio", opina el autor del estudio. Aunque muchos planes no se ejecuten ahora por la crisis, una vez que la expansión está sobre el papel, se generan expectativas e intereses que luego son difíciles de rebajar o corregir, como ha demostrado recientemente el caso de la localidad de Parcent, donde el actual Ayuntamiento ha batallado desde que sustituyó al PP en 2007 por que se retiraran tres planes que suponían quintuplicar la población.
"La fijación del cuánto del desarrollo urbanístico no se puede seguir haciendo exclusivamente desde la escala local" y "las comunidades autónomas han de ejercer decididamente sus competencias urbanísticas y de ordenación del territorio, si desean asegurar un urbanismo sostenible", concluye el artículo.
* ELPAIS.com - 19/10/2009
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
en
19.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Los ecologistas critican el "oportunismo" de los alcaldes de la Axarquía
MÁLAGAHOY* : El colectivo GENA-Ecologistas en Acción aseguró ayer que "aplaude" el gesto de apoyo de los alcaldes de la Axarquía, tras la agresión perpetrada por desconocidos a la vivienda del alcalde de Alfarnatejo, Antonio Benítez, aunque lamentó que los regidores "hayan instrumentalizado, de forma torticera, este lamentable suceso para hacer apología, una vez más, de su posicionamiento político colectivo, liderado desde la Mancomunidad, de oposición a las actuales leyes de ordenación del territorio", por lo que desde la asociación criticaron el "oportunismo" de los mandatarios.
Así, manifestaron, a través de un comunicado, su total rechazo a este tipo de manifestaciones violentas "y contrarias a la actitud dialogante que debe imperar en una democracia y en una sociedad civil pacífica", aunque apuntaron que "no está probado que esta agresión se haya debido a un conflicto entre el alcalde de Alfarnatejo y algún vecino contrariado por sus aspiraciones urbanísticas".
En este punto, desde la asociación precisaron que el mismo alcalde "ha afirmado que no tiene constancia de ningún conflicto que justifique esta agresión" y señalaron que tampoco existe precedente alguno en esta comarca de vecinos que hayan realizado una agresión de este tipo contra ningún alcalde.
Respecto al urbanismo, señalaron que la existencia de 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, mas un número no determinado de urbanizaciones del litoral, la intensidad de aprobaciones de proyectos de actuación para viviendas residenciales en suelo rústico, de convenios urbanísticos y de modificaciones de elementos, hechos en tan solo 10 años, es un testimonio patente de, no ya la colaboración, sino del interés de los alcaldes de la Axarquía por impulsar el sector de la construcción y dejar contentos a todos los sectores interesados en la actividad inmobiliaria".
Consideraron que la declaración de los alcaldes, que aseguraron sentirse inseguros ante la presión vecinal para seguir construyendo en suelo no urbanizable, "responde a una política decidida y explícita, impulsada desde la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental-Axarquía, de la que son miembros, de presionar a la Junta para que se eliminen los actuales obstáculos legales para el desarrollismo urbanístico".
* Málaga Hoy - 19.10.09
Foto: Alfarnatejo (Málaga) - diariosur.es
en
19.10.09
por UrbanismoPatasArriba
Unknown
0
comentarios
Tema: NOTICIAS Andalucía