La Xunta tiene 300 edificaciones ilegales pendientes de demolición

XORNAL* : La Xunta reconoce en la memoria que acompaña a sus presupuestos que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), el ente consorciado entre Administración autonómica y concellos que comenzó a funcionar en 2008 para perseguir las irregularidades en este ámbito, tiene pendientes de ejecutar unas 300 órdenes de demolición. También reconoce que el año próximo se incrementarán los expedientes de persecución de este tipo de ilegalidades.

En la memoria de los presupuestos se indica textualmente que “en el año 2010 se prevé un incremento de los expedientes de legalidad urbanística, teniendo en cuenta la dinámica de actuación de la agencia, pues ya en 2009 tiene 300 expedientes de demolición pendientes”. Para acometer esas demoliciones la APLU destinará 600.000 euros de su partida de inversiones, que ha pasado de 5.000 euros en 2009 a 720.000 en 2010.

Los expedientes de demolición que tiene pendientes la APLU se corresponden únicamente con procedimientos que han seguido la vía contencioso-administrativa, no la penal, se aclara desde la Xunta. Además solo se referirían a suelos no urbanos, ya que en suelo urbano las competencias las siguen teniendo los concellos. Así que quedan fuera de este recuento de demoliciones pendientes, entre otras y principalmente, los grandes edificios que han acaparado la atención en los últimos años, como la colina de Castrelos o las torres de Finca do Conde en Vigo, o el Conde de Fenosa en A Coruña.

Por contra, los derribos que acometerá la Xunta se corresponden con edificaciones principalmente en entornos rurales. Un vistazo a las ya demolidas (en la propia web de la APLU, www.axenciaurbanistica.es, se pueden observar una veintena de casos) permite comprobar que son en su mayoría construcciones enmarcadas en lo que se podría calificar como feísmo: galpones o segundas residencias y naves industriales levantadas en suelo rústico, la mayoría aisladas de otras construcciones.



BALANCE DE 2008

El último balance de actividades de la APLU, el de 2008, reflejaba que ya se habían impuesto 85 multas coercitivas con el fin de ejecutar órdenes de demolición. Esto es, la Administración multa recurrentemente a un particular con una edificación ilegal hasta que éste acometa por su propia cuenta el derribo de lo construido irregularmente. Solo cuando pasa un tiempo considerable es la propia Administración la que ejecuta con sus propios medios el derribo pasándole con posterioridad la correspondiente factura. Fruto de esas multas coercitivas se recaudaron el pasado año 443.000 euros, cifra a la que hay que añadir 1.442.000 euros de las sanciones impuestas por infracciones muy graves. Los ingresos obtenidos por la APLU a través de estas sanciones son repartidos a partes iguales de forma que la mitad es ingresado por la Administración autonómica y la otra mitad por la Administración local afectada.

Con independencia de esos expedientes de demolición, la agencia urbanística levantó en 2008 un total de 265 actas de inspección y completó un total de 218 investigaciones de ilícitos urbanísticos.

Según el plan de inspección aprobado para este año, la APLU está haciendo un especial hincapié en las zonas con mayor presión urbanística o con mayores valores ambientales como son los suelos de protección de costa, de aguas o de espacios naturales. También está extremando la vigilancia en los concellos que tienen su planeamiento urbanístico suspendido y en los limítrofes con las grandes ciudades.







* Xornal.com - David Reinero - 21.10.09
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org