Málaga: Diez ex jefes de Urbanismo cobran lo mismo que cuando ocupaban el cargo

ELMUNDO* : El comité de empresa de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga ha presentado en un Juzgado de Lo Social una demanda por conflicto colectivo contra esta entidad al detectar que 10 ex jefes de departamento de libre designación del alcalde cobraban como si siguiesen en esos puestos.

Además se indica que mientras ellos cobran 90.000 euros anuales, los que sí ejercen como jefes de departamento cobran 3.000 euros menos, ya que a los primeros no se les ha congelado el salario, y algunos de estos, aunque fueron cesados hace 10 años, han seguido cobrando como si permaneciesen siendo cargos de confianza, ha informado a Efe la presidenta del comité, Zaida Meabe (CCOO).

La vista por esta demanda, suspendida en una primera ocasión, está pendiente de celebrarse y el comité de empresa no ha encontrado contratos o resolución que justifiquen estos pagos.

Han intentado que los responsables de la Gerencia -dependiente del Consistorio gobernado por el PP- expliquen lo sucedido y aporten documentación, pero al no conseguir que lo justifiquen, han interpuesto la demanda, de la que este viernes ha informado la Cadena SER.

Meabe ha explicado que la decisión se ha adoptado al "afectar a la masa salarial de la Gerencia y al presupuesto del organismo" y pretende que se justifique una situación que -a su juicio- "no se entiende por normal".

Precisa que al principio encontraron que siete ex jefes cobraban igual que seis que sí ejercían como tal y que después la cifra de anteriores cargos que seguían cobrando igual se elevó a diez pese a que fueron cesados de tales puestos por el consejo de administración y sustituidos por otras personas, algunos de ellos hace poco tiempo.

La presidenta del comité ha comentado que parece que las cantidades estaban consolidadas para siempre, ha pedido que se compruebe desde 2004 y ha recordado que ganaron un juicio al no informarles la Gerencia de Urbanismo de las retribuciones del personal y que ahora controlan que se ajusten al convenio y que no falte dinero para los 350 trabajadores de este organismo municipal.

Esta demanda se conoce en plena polémica sobre los sueldos de los cargos públicos días después de que el presidente del PP-A, Javier Arenas, propusiera al PSOE-A pactar en el Parlamento y la FAMP bajar o ajustar los salarios de quienes ocupan estos puestos autonómicos y municipales.

Sin embargo, el PP rechazó este jueves en el pleno del Ayuntamiento de Málaga la propuesta socialista de limitar los sueldos de los puestos de confianza mayores al del alcalde, el popular Francisco de la Torre, que cobra 79.000 euros anuales.

La iniciativa del PSOE recogía limitar la retribución del personal eventual, órganos directivos, directores gerentes de organismos autónomos y empresas municipales y todos los nombrados por libre designación para no sobrepasar lo que percibe el alcalde.







* El Mundo - EFE - 25.09.09
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu

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La Generalitat adjudicó en diez años 825 millones a la empresa de la familia Cotino

LEVANTE/Valencia* : La constructora Sedesa Obras y Servicios, propiedad de la familia del vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, no puede decir que no sea profeta en su tierra. La matriz del Grupo Sedesa, cuyo gerente es Vicente Cotino Escrivá (sobrino del conseller), ha recibido desde 2000 casi medio centenar de adjudicaciones de obra pública de la Generalitat por más de 825 millones de euros.

En el caso de los proyectos de mayor dimensión, Sedesa ha sido beneficiaria de contratos en Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras firmas. Más de 25 veces, la empresa vinculada al vicepresidente ha sido elegida en solitario para ejecutar proyectos, por un montante superior a 90 millones de euros.
La obra de mayor envergadura con participación del grupo del que un día fue socio Juan Cotino es la construcción y explotación de la CV-50 entre Benaguasil y la A3, por un importe de casi 505 millones de euros. En esa UTE participan Sedesa y Dytras, de la que forman parte Dragados y Construcciones, Iridium y Concesiones de Infraestructuras SA. Esa autovía se adjudicó por el sistema de peaje en la sombra, consistente en que las constructoras adelantan el dinero para ejecutar la obra y recuperan la inversión cuando entra en funcionamiento, dado que cobran un canon por vehículo que utilice la infraestructura. Lubasa es uno de los socios más habituales de la empresa de Vicente Cotino en las concesiones otorgadas por la Generalitat.

En la lista de financiación al PP
Se da la circunstancia de que estas dos firmas forman parte de la relación de media docena de constructoras señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la policía judicial como financiadoras del Partido Popular a través de la trama Gürtel.
Además de a la obra pública, el Grupo Sedesa se dedica al urbanismo, la promoción inmobiliaria, las energías renovables, los parques eólicos ( con Endesa y Bancaja construye 018), al sector medioambiental o la gestión de residencias geriátricas, entre otros negocios. Gerocentros del Mediterráneo (del que Sedesa Concesiones posee un 38,7% del capital) explota, con la marca Savia Centros Residenciales, casi 2.000 plazas de mayores subvencionadas, por las que esa firma ingresó unos 46 millones entre 2007 y 2008, según el PSPV.






* Levante-EMV - 25.09.09
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org

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El Puerto: Ecologistas critica la "legalización" del complejo de Las Beatillas y de las viviendas de Los Desmontados

DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción ha criticado que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) excluya de la calificación de sistemas generales el complejo turístico de Las Beatillas y la urbanización ilegal de Los Desmontados. El colectivo conservacionista recuerda que Las Beatillas cuenta con sentencia firme de demolición de TSJA (está pendiente de resolución del Supremo) mientras que hay diligencias judiciales abiertas por la construcción del diseminado ilegal.

Esta calificación, a juicio de ecologistas, es un "premio" para los promotores. En un comunicado apunta: "Si ya es escandaloso que el Ayuntamiento, entonces gobernado por IP, permitiera la construcción de un complejo turístico sin licencia de obras en un suelo protegido como parque público (sistema general de espacios libres), y la negativa de abrir los correspondientes expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística (lo que motivó la retirada de competencias urbanísticas por parte de la Junta de Andalucía), ahora se pretende abrir las puertas a la legalización modificando los límites de ese sistema general para sospechosamente excluir el edificio de Las Beatillas". Para la entidad, una legalización "sería un auténtico fraude de ley".

Además, el colectivo cuestiona que el nuevo Plan General incluya como zonas "urbanas no consolidadas o urbanizables" a núcleos ilegales que están dentro del corredor verde que fija el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC) como es el caso de la Sierra de San Cristóbal, Los Perales y La Manuela.







* Diario de Cádiz - 25.09.09
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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¿Chorizos? Sí, pero de los nuestros

JUANGOYTISOLO* : La mejor noticia de un verano pródigo en desastres, guerras y atentados ha sido para mí la exculpación, confiemos que definitiva, de nuestro santo Job valenciano. Tras sufrir la ordalía del terror sectario, el acoso cruel de una Inquisición y la hipermediatización hostil del caso con la sonrisa crispada del justo cuyos trajes de corte impecable pagó religiosamente al contado en Forever Young y Milano, su sobreseimiento por un juez fuera de toda sombra de amiguismo, me llenó de alivio.

Era hermoso verle en la plaza de toros de su ciudad aclamado por centenares de asistentes al acto de desagravio, arropado por un grupo selecto de compañeros de partido: la sabia y refinada Rita Barberá, por una vez sin sus bolsos de marca Gürtel, el sencillo y honesto presidente de la Diputación de Castellón, cuya innata timidez de buen chico oculta siempre con unas sobrias gafas ahumadas; en fin, por todo el elenco escogido a dedo por un jefe exultante y en olor de multitudes. ¡El triunfo de la verdad y la justicia frente a la calumnia y la imputación falsa levantan el ánimo alicaído de la gente honrada en estos tiempos de relativismo moral y dictadura laica!

El proceso de corte estaliniano montado contra el nuevo Job bíblico, se basaba, como sospechábamos, en un cúmulo de alegaciones carentes de todo fundamento, de pruebas groseramente manipuladas por gente sin escrúpulos. Sin ir más lejos, puedo testimoniar que la supuesta conversación de Job con Álvaro Pérez, El Bigotes, reproduce palabra por palabra la que grabó y me envió meses antes un matrimonio gay amigo para mostrarme que la separación física de la pareja -uno de los cónyuges había viajado a Estados Unidos para preparar su doctorado en Ciencias- no había hecho mella en sus sentimientos de amor recíproco. ¡Agárrese a su silla, atento lector, y lea su transcripción!

El marido: amiguito del alma.

Su esposo: oye, que te sigo queriendo mucho.

El marido: y yo también.

Su esposo: te quiero como un huevo.

El marido: contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?

Su esposo: ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida.

El marido: bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo nuestro... que es muy bonito.

Su esposo: cuanto tú quieras y te dejen y puedas.

Quien conozca el diálogo con El Bigotes difundido por la prensa comprenderá el grado de mi sorpresa al descubrir que la conversación del matrimonio amigo, con añadidos y extrapolaciones destinados a apuntalar la tesis de los vínculos existentes entre el paciente Job y la trama corrupta, era la comidilla de los cínicos y desaprensivos que medran en aguas turbias. El hecho no ofrece dudas: ¡algún sembrador de bazofia había manipulado dos grabaciones distintas como arma arrojadiza contra nuestro espejo de demócratas!

Por dicha razón, el homenaje de desagravio a Job en el coso valenciano me reconfortó. Aparcada la acusación de su soborno por Orange Market o alguna otra empresa de Francisco Correa, el entusiasmo del público llegaba al alma. El justo de mandíbulas contraídas y sonrisa sobrepuesta parecía al borde de las lágrimas. Su exultación iluminaba también el semblante del Jefe, de la alcaldesa, de Carlos Fabra: era la del diestro que, tras una faena inolvidable, da vueltas y más vueltas al ruedo al frente de su cuadrilla. ¡Venceremos, sí, venceremos, porque somos los mejores y conectamos con las preocupaciones cotidianas del pueblo!

De ese pueblo que harto del debate de ideas y exposición de programas contrapuestos, se aferra al viejo espíritu del clan y asume con naturalidad lo de "poco importa que sean chorizos, si son de los nuestros".


* Juan Goytisolo es escritor.








* ELPAIS.com - Juan Goytisolo 23/09/2009


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Los dueños de casas vacías pagarán un IBI más caro

CANARIAS7/Las Palmas* : El Ayuntamiento anunció ayer la posibilidad de imponer un recargo en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios de las viviendas que están desocupadas. La legislación actual avala esta posibilidad y establece un sobrecoste máximo del 50% de la cuota líquida del impuesto.

El director de gobierno del área de Hacienda y Economía del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Benito Cabrera, anunció ayer que se va a estudiar la posibilidad de imponer un sobrecoste en los recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los dueños de las viviendas que estén desocupadas.

La medida, que tiene amparo legal y se aplica en ciudades como Barcelona, es de una gran complejidad ya que requiere un censo exacto de viviendas desocupadas y una definición exacta de lo que puede considerarse como casa desocupada.

Aún así, el Ayuntamiento pretende impulsar esta iniciativa, «que parte del grupo socialista, para sacar al mercado» un gran número de viviendas.

Todavía no está definida la cuantía del recargo, pero la legislación actual de haciendas locales permite la imposición de un sobrecoste que puede alcanzar el 50% de la cuota líquida del impuesto. Eso significa que si una persona paga 255 euros de catastro -la media en 2010- por una casa que no utiliza, de aprobarse el recargo máximo, el impuesto de bienes inmuebles podría encarecerse hasta los 383 euros. La medida también repercutiría en el mercado de viviendas que no se utilizan pero que se adquieren al amparo de los fondos de la Reserva de Inversiones de Canarias.

La complejidad de aplicar un recargo de este tipo -algunas ciudades que lo tenían, como el caso de Madrid, al final renunciaron a cobrarlo- dificulta que la medida se pueda aplicar el próximo año, cuando está prevista la subida de los impuestos como consecuencia de las variaciones de los tipos tributarios municipales. Los nuevos impuestos serán aprobados este viernes por el Pleno tras su paso ayer por la Comisión de Hacienda.

Los cambios en el IAE producen unos 716.000 euros.

Los cambios de tipo y de categoría en algunas calles de la ciudad -fundamentalmente en Siete Palmas y La Minilla, así como en los centros comerciales- van a producir un aumento en la recaudación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de cerca de 716.000 euros. El efecto combinado de ambos en las dieciocho vías -incluidos centros comerciales- que se detallan en el expediente que este viernes se lleva a pleno permite pasar de 690.000 euros a 1,4 millones de euros en estas calles, de las cuales doce pasan a la primera categoría y las otras seis, a la segunda. Lo curioso de este crecimiento es que casi la mitad, es decir, unos 700.000 euros lo abonarán sólo dos grandes firmas comerciales. El Impuesto de Actividades Económicas es el cuarto que más crece, en lo que a recaudación se refiere, dentro de las variaciones de tipos tributarios que impulsa el Ayuntamiento. El aumento que representa en los ingresos municipales es de un 43%, hasta alcanzar los 11,4 millones de euros.







* Canarias 7 - Javier Darriba - 24.09.09
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, vista aérea - Marrero (La Provincia)

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Los vecinos estudian pedir la paralización cautelar de la urbanización del Parque de Lugo

ELPROGRESO* : La Asociación Cultural pola Defensa do Parque de Rosalía de Castro consultará con sus asesores jurídicos la posibilidad de solicitar por vía judicial la paralización cautelar de las obras de construcción de seis torres de viviendas en la zona de O Garañón, después de que el juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo anulase el proyecto de urbanización de esa parcela, aprobado por el gobierno local en 2007, para exigir que se presente un informe previo de la Dirección Xeral de Patrimonio.

En cualquier caso, su presidente, Marcos Bourio, le pidió al Ayuntamiento de Lugo que haga uso de una orden de paralización dictada "hace muchos meses" por la Consellería de Cultura, entonces dirigida por la nacionalista Ánxela Bugallo, para detener los trabajos.

Bourio reconoció que este colectivo, el mismo que presentó la denuncia por la vía contencioso-administrativa, tiene que analizar ahora con sus representantes legales las responsabilidades que pueden derivarse para sus asociados si finalmente solicitan la paralización cautelar de las obras por vía judicial, dado que una sentencia contraria del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que se pronunciará a causa de los recursos anunciados por el Ayuntamiento de Lugo y el propio constructor, podría obligarlos a indemnizar al promotor de las obras.

En todo caso, opina que el Ayuntamiento de Lugo podría paralizar las obras con relativa facilidad "haciendo uso de la ley", porque sólo "tendría que recuperar de la papelera" una "orden de paralización de las obras" dictada por la Consellería de Cultura, al considerar que los trabajos afectaban a dos bienes catalogados, las termas romanas y el sanatorio Portela, opinión ratificada ahora por el juzgado.

"Vamos a responsabilizar al Ayuntamiento de todo lo que está hecho en esa obra", dijo Marcos Bourio, porque "si hubiese cumplido la ley, no estaríamos ahora en esta situación".

Por otra parte, Bourio afirma que el Ayuntamiento de Lugo está actuando "de forma arbitraria", porque "acaba de denegar una licencia en una unidad de actuación contigua, con las mismas características, haciendo uso de los mismos argumentos que empleó la Asociación Cultural por la Defensa del Parque de Rosalía de Castro" para oponerse a la urbanización de O Garañón.

Además, opina que la delegada de Urbanismo, María Novo, tendría que explicar por qué esta sentencia afecta al "60% de las licencias" concedidas en los últimos años, como afirmó la concejala no electa el martes. A juicio de Bourio, Novo "tiene que decir cuáles son y tomar las medidas correctoras oportunas, porque de lo contrario, también estaría actuando de forma arbitraria".

Novo alerta de un "fraude de ley"
La delegada de Urbanismo, María Novo, aclaró que el Ayuntamiento de Lugo podría incurrir en un "fraude de ley" si detuviese las obras de construcción de seis torres de viviendas que un promotor privado ha empezado a ejecutar en las cuestas del Parque de Rosalía de Castro. A pesar de que una sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo anula el proyecto de urbanización aprobado por el gobierno local en 2007, la autoridad judicial no ha ordenado la paralización cautelar de esos trabajos.

En cuanto a la propuesta de Marcos Bourio de detener las obras en base a una supuesta orden de paralización dictada por la Consellería de Cultura, cuando era dirigida por la nacionalista Ánxela Bugallo, la responsable de Urbanismo precisó que ese documento "carece de validez legal".

Además, Novo recordó que la jueza encargada del caso tampoco adoptó entonces la decisión de suspender las obras en la parcela de O Garañón, a pesar de que Cultura ya ponía en entredicho la urbanización de esos terrenos.

"Fariseísmo político"
El alcalde, el socialista José López Orozco, arremetió esta mañana contra el PP y acusó al concejal Jaime Castiñeira de "fariseísmo político". El regidor local le llamó "caradura" al edil popular por "echarle la culpa a los demás" de esa situación, cuando "fue su partido el que aprobó en el año 91 el Plan Xeral que le daba la máxima edificabilidad a la parcela O Garañón".

López Orozco se preguntó si el Partido Popular pretende que el Ayuntamiento de Lugo "incumpla la ley" y le deniegue "una licencia a un ciudadano que tiene derecho a ella", para que los futuros alcaldes de la ciudad tengan que afrontar indemnizaciones millonarias y las arcas municipales queden embargadas durante años.

En ese sentido, el alcalde recordó que el Ayuntamiento de Lugo tuvo que pagar 3,6 millones de euros "por una alegría" del Partido Popular, que se negó cuando gobernaba la ciudad a conceder una licencia de obra en la Avenida de A Coruña.

"Estoy aquí para cumplir y hacer cumplir la ley. Si el PP no hubiese aprobado el plan del 91, que califica esa parcela como urbana con la máxima edificabilidad, Lugo no tendría hoy ese problema", dijo el alcalde. Recordó, además, que la concesión de una licencia es "un acto reglado", que la Administración realiza en función de los informes emitidos por los propios funcionarios.






* El Progreso - 23/09/2009 - Ramudo / AGN (Lugo)
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv.com

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Juzgan a dos ex alcaldes de Monachil por delito urbanístico

LAOPINIÓN/Granada* : Los dos alcaldes de Monachil que llegaron a gobernar en el anterior mandato municipal, Francisco Lara (PSOE) y Antonio Trinidad (PP), compartirán banquillo de los acusados el próximo 9 de octubre en el Juzgado de lo Penal 1 de Granada por un presunto delito de prevaricación relacionado con la construcción de un edificio de apartamentos en Sierra Nevada, por el que también están implicados el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, y un arquitecto municipal.

En el escrito de acusación de la Fiscalía de Granada, al que ha tenido acceso este diario, se incluye una pena de dos años de prisión para Antonio Trinidad, Benjamín Rodríguez y el arquitecto Alfonso Moreno-Cañavate, además de penas de inhabilitación de entre 10 y 20 años y una multa para cada uno de ellos de 57.600 euros. Francisco Lara, el alcalde socialista que estuvo tan solo un año en el poder tras ser depuesto por una moción de censura, se enfrenta a una pena de inhabilitación de diez años para empleo o cargo público. Se da la circunstancia de que ninguno de los tres representantes municipales ejercen hoy actividad política.

Denuncia. El origen de este asunto partió de una denuncia presentada en la Fiscalía por la comunidad de propietarios del Edificio Maribel, en Sierra Nevada, colindante con una parcela de 1.277 metros cuadrados donde hoy ya se ha levantado un bloque de 82 apartamentos llamado edificio Marisol. Dicho terreno multiplicó casi por diez su edificabilidad –según la denuncia de los vecinos– tras aprobarse un polémico estudio de detalle que permitió, a su vez, el cambio de uso: de equipamiento sociocultural a residencial.

La comunidad de propietarios fundamentó su denuncia en la imposibilidad que ofrece la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de cambiar el uso y aumentar la edificabilidad mediante la figura del estudio de detalle. La parcela tenía una edificabilidad de 750 metros cuadrados y, con el citado instrumento urbanístico, se multiplicó casi por diez la superficie construida, hasta 7.190 metros, de los que 4.320 tenían uso residencial y el resto se destinó a aparcamientos y trasteros.

Cambio "ilícito". Según el fiscal, los acusados consiguieron modificar "ilícitamente" la configuración jurídica de la finca utilizando un instrumento "absolutamente no idóneo" e "infringiendo manifiestamente las prohibiciones expresas en la LOUA".

El ministerio público sostiene que los acusados optaron por la figura de detalle en lugar de una modificación puntual de las normas subsidiarias para impedir que interviniera la Junta de Andalucía.

Según el fiscal, el entonces concejal de Urbanismo, Benjamín Rodríguez, que permitió el cambio de gobierno apoyando la moción de censura que presentó PP y PA, en "connivencia" con el alcalde Antonio Trinidad, concedieron en noviembre de 2004 a la empresa Serrabol la licencia de obras con un informe técnico favorable del arquitecto contratado en funciones, "a sabiendas de la ilegalidad de la situación jurídica creada por el estudio de detalle que él mismo había redactado y de la incompatibilidad del uso residencial".

La Fiscalía ha propuesto que testifiquen durante el juicio el administrador de la mancomunidad de propietarios de los edificios Maribel, agentes del Seprona de la Guardia Civil, el secretario del Ayuntamiento de Monachil y el representante legal de Serrabol SL.







* La Opinión de Granada - ÁLVARO CALLEJA - 24.09.09
Foto: Monachil (Granada) - participaenandalucia.net

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De paraíso ambiental a pelotazo urbanístico

MARÍA JOSÉ ESTESO POVES* : Una macrourbanización a cinco metros de Gredos, rodeada de irregularidades que afectan a PP y PSOE, tiene a los vecinos de Candeleda en pie de guerra. “Candeleda es bella. No a otra Marbella” decía una de las pancartas de la manifestación que recorrió las calles de Candeleda el pasado 28 de agosto contra una urbanización de 431 chalés y 200 plazas hoteleras en plena sierra, a cinco metros del parque Regional de Gredos.

Candeleda es una joya situada entre las provincias de Ávila, Toledo y Cáceres. No sólo por su valor paisajístico sino por su clima suave que la convierten en un vergel. Situada al sur de Ávila, está abrigada por Gredos y el pico Almanzor (2.596 m). Cuenta con más de 5.000 vecinos, que llegan al doble en verano.

Pero la sierra está amenazada. En 1999, cuando era alcalde José Antonio Pérez Suárez, PP, apareció por Candeleda un constructor de Ávila, Juan Carlos Jiménez, que tiene varias empresas de construcción y ha trabajado para Caja Ávila. Empezó a comprar pequeñas fincas situadas en la zona de Navalpilón, un paraje en plena sierra alejado 4 kilómetros del pueblo, lindante con el Parque de Gredos. A principios de 2002, el constructor ya se había hecho con 26 hectáreas. Mientras, un grupo de arquitectos redactaba las nuevas normas urbanísticas, aprobadas después por el consistorio y enviadas a la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila para su ratificación definitiva. Las normas fueron rechazadas tres años seguidos, la comisión era contraria a la urbanización de esos terrenos por su proximidad al Parque Regional de Gredos, por su valor paisajístico, es ZEPA, zona de especial protección de aves, y cultural, alberga dos yacimientos arqueológicos catalogados, el Nebral y el Navalpilón de 16’6 hectáreas. El alcalde formaba parte también de la Comisión Territorial de Urbanismo y al cuarto intento, noviembre de 2001, consiguió que se aprobasen las nuevas normas urbanísticas de Candeleda. Entran en vigor y Juan Carlos Jiménez Hernández y su mujer, Margarita Senovilla Dávila, crean Dávila Monteblanco SL para urbanizar los terrenos rústicos que compraron a un euro y medio el metro cuadrado y que se han reclasificado como terrenos “urbanizables no delimitados” .

“Perjuicio publico”
El paso siguiente era el plan parcial que fue aprobado en su primera fase con rapidez ante la proximidad de las elecciones de 2003. De éstas salió elegido un regidor que no compartía las pretensiones de Pérez, el socialista Miguel Hernández, que no llevó a los Tribunales las normas, pero tampoco incluyó la aprobación definitiva del plan parcial en los órdenes del día. La urbanización seguía en el aire. Entonces, el constructor, Juan Carlos Jiménez, realizó dos escritos de queja ante la Junta de Castilla y León y, automáticamente, la Consejería de Urbanismo retiró todas las competencias al Ayuntamiento sobre el plan parcial de Navalpilón alegando ‘inactividad’ y ‘perjuicio público’ por parte del consistorio. Unos meses más tarde la Consejera de Urbanismo, Mª Jesús Ruiz, dio la aprobación definitiva a la urbanización de los terrenos. Esta actuación es casi única en el Estado español, sólo se ha llevado a cabo en Marbella, caso Malaya, entonces el Estado se hizo cargo de las competencias de urbanismo del ayuntamiento marbellí debido a la corrupción generalizada. Esta “peculiar” actuación en Candeleda se suma a otras de la Consejería de Urbanismo de la Junta de Castilla y León regida entonces por Mª Jesús Ruiz, hoy responsable de Medio Ambiente, para construir a toda costa. (Ver nº 105 de Diagonal).

Mientras, la vida política del Ayuntamiento seguía convulsa. Pérez, PP, vuelve a escena en las municipales de 2007. Esta vez encabezó Candidatura Independiente, CI, partido creado en la región por un constructor de Valladolid, Pablo Arias, quien declaró a los medios de comunicación que el objetivo CI es “pactar con aquellos con los que podamos llevar a cabo nuestros proyectos”. El resultado de las elecciones dio empate entre PSOE y PP, y Pérez pactó con el PP. Un año después se alía con el PSOE para una moción de censura que tumbó a la alcaldesa del PP. Hoy Miguel Hernández, PSOE, es alcalde de Candeleda y José Antonio Pérez, CI, teniente de alcalde.

Algunos candeledanos que no daban crédito crearon la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda hace tres años. Desde entonces cuentan con más de 120 socios y el apoyo de la mayoría del pueblo, más de 2.000 personas acudieron a las últimas manifestaciones, han presentado 8.300 firmas al Gobierno y al ayuntamiento, escritos al Defensor del Pueblo, al Parlamento Europeo y hasta al rey. Tienen interpuesto un contencioso administrativos contra la urbanización ante el Tribunal Superior de Justicia y una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Han realizado reuniones informativas para los vecinos y cuentan con el apoyo de más de 25 organizaciones de todo el Estado español.

Diagonal ha hablado con el alcalde de Candeleda, el socialista Miguel Hernández, quien se declara “radicalmente en contra de la urbanización”; sin embargo, la Plataforma cree que no ha hecho mucho para anular el proyecto. Hernández alega que es “injusto” que la Junta le retire las competencias, pero tampoco ha recurrido a instancias superiores. Está molesto por un lema que circuló en la última marcha, “Peperos y sociatas la misma contrata”. Pero el abogado de Dávila Monteblanco SL es un conocido abogado de Ávila que fue concejal socialista, además el alcalde confirma el rumor que circula por Candeleda: “Sí, el constructor dice que es amigo de José Bono”.

Jaime Doreste, abogado de la Plataforma dice que no se entiende la actuación del alcalde. “Le invitamos a unirse a la demanda. Y nos hemos encontrado que se personan como codemandados, eso significa, en resumen, que defienden la postura del promotor”. Por su parte, Hernández asegura que no tiene ningún problema para gobernar con Pérez, el alcalde del PP que aprobó las normas urbanísticas que recogían el plan parcial de Navalpilón y para el que dio la licencia de obras, y asegura que el abogado del Ayuntamiento está, ahora, “estudiando la posibilidad de impugnar el plan parcial”.

La publicidad de la Junta denomina a Candeleda “Vergel de Europa: agua, sol y microclima”. Muchos lo saben, y por eso a este municipio vino durante años el premier británico, John Major a veranear. Además, algunos políticos tienen fincas allí, como el ex ministro de justicia del partido popular, José María Michavila y hasta toreros han elegido este municipio para montar sus ganaderías. La CL-501, que se está construyendo, conectará con la M-501 (la Carretera de los Pantanos, que construyó Esperanza Aguirre a pesar del impacto medioambiental en zonas protegidas, la oposición de los grupos ecologistas y con una sentencia del Tribunal Supremo), acercará Candeleda a Madrid a una hora y poco.

Un pelotazo de 24 millones de euros
Para la Plataforma los cálculos del pelotazo de Navalpilón están claros. Un beneficio aproximado de 10 millones de las antiguas pesetas por chalet reportará al constructor 4.000 millones de pesetas, 24 millones de euros sólo por los chalés. La denuncia ante la Fiscalía asegura que este señor “o era adivino o tenía información privilegiada”. Las normas también aprobaron otro plan, aún sin ejecutar, el Lagunilla Golf.

Además, lo que iban a ser inicialmente 226 chalet y un hotel de 100 plazas en la zona de Navalpilón en Candeleda, ahora debe duplicarse porque la ley ha cambiado durante estos últimos años, serán 431 chalés y 200 plazas hoteleras. Pero el estudio de impacto ambiental que la Junta aprobó no es legal ahora, está basado en las cifras iniciales; por tanto, es necesario otro estudio de impacto ambiental que no existe, y que, sería muy difícil su aprobación en la actualidad debido al impacto ambiental. Por eso el constructor, Juan Carlos Jiménez se reunió hace unas semanas con el alcalde socialista, Miguel Hernández y el teniente de alcalde, José Antonio Pérez Suárez, para solicitarles que les firmase un documento para la construcción de la mitad de las viviendas previstas.

El pasado mes de mayo la constructora mandó sus máquinas al monte. Abrieron zanjas para la captación del agua de la urbanización dentro del Parque Regional de Gredos, sin estudio de impacto ambiental (obligatorio), y con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Tajo que permitió la ocupación del monte público para meter las tuberías y que ha dado más caudal a la urbanización que el asignado a Candeleda. Además, dentro del parque regional, también se construye un gran depósito de 750.000 litros para los chalés con las aguas del arroyo del Castañarejo que surte al pueblo de agua. Las tierras que se extraen de estas obras se vierten ladera abajo. De nada sirvió que los vecinos y vecinas de todas las edades subieran este verano todos los días al monte a parar las máquinas. Han vuelto a denunciar. Pilar Diego, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda, asegura: “Todo el mundo nos da la razón menos la Confederación y la Junta. Veremos los tribunales...”.
“LLEVO 30 AÑOS EN EL AYUNTAMIENTO Y NADIE ME DICE NI PÍO"

José Antonio Pérez Suárez ha hablado con DIAGONAL sobre la urbanización de Candeleda junto al Parque Regional de Gredos. Él ha sido alcalde por el PP durante años, miembro de la Comisión de Territorial de Urbanismo, está imputado por el caso de las Navas del Marqués, y ahora es teniente de alcalde con el PSOE. Sobre las normas urbanísticas aprobadas cuando él era alcalde de Candeleda que permiten construir una gran urbanización en el paraje conocido como Navalpilón, zona protegida que linda Gredos, señala que “se aprobaron porque teníamos una anarquía y esto ha traído desarrollo. A mí me dijeron los arquitectos que redactaron las normas urbanísticas que el pueblo tenía que crecer por ‘dos manchas’ (dos planes parciales a cuatro y siete kilómetros), y yo dije que sí. Además, asegura que Navalpilón, una de las ‘manchas’ no está alejada del pueblo varios kilómetros tal y como se aprecia en los mapas que figuran en el Boletín Oficial de Castilla y León, “eso es otra mentira: Le digo que Navalpilón está pegado al pueblo, vamos dentro del pueblo”, asegura.

A la pregunta de si está a favor de la urbanización responde irritado: “Yo estoy a favor de los tribunales y los tribunales están a favor de la urbanización. Por qué el PSOE no ha cambiado las normas urbanísticas. Si esto es una cuestión de ley, el constructor tiene todos los permisos. Todo lo que está saliendo en los medios es un montaje. Mire: Aquí hay dos administraciones, la Junta del PP, y el PSOE que es el dueño de la Confederación Hidrográfica del Tajo y los dos están de acuerdo”.

Cuando este medio le pregunta sobre la pancarta de ‘ay untamiento’ que se lució en la última manifestación levanta el tono de voz: “Está todo manipulado y en esa manifestación eran todos de fuera. Yo no tengo ninguna denuncia en los tribunales”. Pero al hablar del caso de las Navas del Marqués en el que él está imputado responde: “Yo firmé lo que los técnicos me dijeron”.

Sobre el constructor de la urbanización de Candeleda, Juan Carlos Jiménez propietario de Dávila Monteblanco SL, dice que “es un señor más que se acercó al Ayuntamiento para construir. Es todo mentira. Todo lo que se dice del constructor es falso”, recalca con enfado. A la pregunta de si ve ‘normal’ que el constructor compre a un euro y medio el metro y nada más adquirir los terrenos se recalifiquen. Pérez recalca que “es una falsedad más. Compró -continúa- después de reclasificar los terrenos. Este hombre -refiriéndose al empresario que ganará más de 24 millones de euros con la urbanización- solamente ha cometido un error: Ha pedido el agua para cogerla arriba, antes de llegar al pueblo, él tenía que haberla pedido al Ayuntamiento y no se la puede negar. El hombre quería ahorrarse un dinero”, señala Pérez. Sin embargo, fue él quien firmó un documento argumentando la imposibilidad de abastecer de la red general a la futura urbanización de Navalpilón. Candeleda tiene adjudicado por la Confederación Hidrográfica del Tajo un caudal de ocho litros por segundo. El constructor consiguió que la Confederación le asegurase 12 litros por segundo, bajo un estudio con datos “inflados” sobre el caudal que proviene de Gredos, según la Plataforma.

José Antonio Pérez Suárez concluye sobre el plan parcial de Navalpilón: “Si hubiera que rectificar, rectifico” ¿Se siente usted presionado?, Le pregunta DIAGONAL. “Yo llevo 30 años en el ayuntamiento y nadie me dice ni pío”, contesta.
UN CASO PARALELO A LAS NAVAS DEL MARQUÉS

La corrupción de las Navas del Marqués, Ávila, sigue en los tribunales y hay 15 imputados entre políticos y técnicos. Casi todos en sus puestos. Mario Gómez, abogado de la organización ecologista Centáurea, personada en la causa, asegura que el caso de Candeleda es paralelo al de las Navas. “Existen 6 imputados en las Navas que dieron los permisos de Candeleda en los mismos años. José Antonio Pérez Suárez es uno de ellos. El problema es que los responsables de la Junta de Castilla y León en Ávila parten de la concepción de especular o, como ellos llaman, ‘poner en valor’ el espacio natural tan formidable que tiene Castilla y León y la interpretación es hacer una urbanización que, precisamente, destroza ese valor. Y crean ciudades tan grandes como los pueblos que urbanizan, en las Navas del Marqués eran 1.600 chalés, en Candeleda iban a ser bastantes más, al final van a ser 431 y un hotel de 200 plazas, en ese sentido – asegura Gómez- es paralelo también a las Navas. Como decía la sentencia del Tribunal Superior de Justicia en el caso de las Navas: ¿Es que no hay otro sitio para construir? En las Navas eligieron justo el lugar más valioso, el pinar, en Tierra de Pinares. Han vendido a la gente ese concepto de naturaleza de la televisión: una casita rodeada de árboles como Canadá o centro Europa, cuando allí son bosques inmensos. En Candelada, en un bosque maravilloso al límite con el Parque Regional de Gredos. Además, también hay coincidencia en la connivencia PP-PSOE y técnicos que dan el visto bueno. La consecuencia es que se están cargando un patrimonio natural que no les pertenece. Es patrimonio de la humanidad”, afirma.

La provincia de Ávila tiene un listado de urbanizaciones salvajes situadas en los mejores parajes naturales de la provincia. En las Navas del Marqués pretendían construir 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en zona protegida. Villanueva de Gómez, 7.500 viviendas y tres campos de golf en zona de pinares protegida, Cebreros, una urbanización de 3.000 viviendas y un campo de golf, impulsado por un constructor relacionado con el caso Malaya, y más proyectos similares en Guisando y Piedralaves, todos en Ávila, y ahora, Candelada. Al lado, en pleno Valle del Tietar, la amenaza sigue: Villanueva de la Vera: ‘Jardín Botánico del Golf’ y 270 viviendas de lujo.







* Diagonal - Opinión - 22.09.09

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España, con más corrupción cada año

ABC* : España baja en el índice de percepción de corrupción hasta el puesto 28 por los casos de corrupción urbanística, según el informe presentado hoy por la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) correspondiente a 2009. Una de las causas que inciden en que España baje en la lista, indicó, es la corrupción urbanística, que "afloró gracias a las acciones de los jueces, de las fuerzas de seguridad y a los medios de comunicación".

Aunque España sigue teniendo buena nota, ya que ocupa el puesto 28 de 190 países, en los últimos cinco años ha descendido desde el puesto 22. La tendencia a la baja «es inquietante y nada halagüeña», ha subrayado el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano.

Lizcano añadió que en España se es "más permisivo con la corrupción que en otros países, ya que nuestra cultura nos hace admirar a los más pillos y a los que defraudan mejor".
Muchos de los países que ocupan los últimos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción elaborado anualmente por TI no sólo están a merced de los actos de gobiernos inescrupulosos sino también de grandes compañías dispuestas a celebrar acuerdos corruptos con esos gobiernos. Estas complejas redes, que involucran mucho más que simples sobornos, son posibles gracias a que las compañías creen que pueden participar en este tipo de prácticas delictivas sin sufrir consecuencias.
Pero los sobornos, carteles de fijación de precios e influencia indebida sobre las políticas públicas tienen un costo de miles de millones de dólares y obstaculizan el crecimiento económico sostenible, según la ONG. Tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, las compañías que actúan en colusión con políticos y funcionarios corruptos habrían pagado sobornos por un total de hasta 40.000 millones de dólares por año.
La mitad de los ejecutivos de empresas internacionales encuestados estimaron que la corrupción elevaba al menos un 10% el costo de los proyectos. En definitiva, son los ciudadanos quienes pagan el costo: los casi 300 carteles privados internacionales descubiertos entre 1990 y 2005 aplicaron a sus consumidores sobreprecios por valor de 300.000 millones de dólares.







* ABC - EFE - 23.09.09
Foto: Viñeta de El Roto - elpais.com

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Las obras del hospital de Gandia avanzan mientras la urbanización sigue paralizada

LEVANTE/Valencia* : Las obras del hospital comarcal de la Safor avanzan en medio de la nada. El futuro centro sanitario va tomando forma y la última fecha prevista para su inauguración es febrero de 2011, mientras a su alrededor el polígono de Sanxo Llop sigue lleno de maleza, de naranjos y de campos abandonados.

Es la imagen de una obra esperada y a la que también le falta la carretera de acceso sur al puerto de Gandia, cuyas obras tampoco han comenzado y que también son fundamentales para acceder al futuro centro sanitario.
Con este panorama, el proyecto del sector Sanxo Llop, de 374.000 m2, sigue paralizado a pesar de que el alcalde de Gandia, José M. Orengo anunciara a finales de 2007 que, paralelamente a las obras del hospital se llevarían a cabo los trabajos de urbanización del sector. También el concejal Fernando Mut se aventuró a señalar que la previsión del Ayuntamiento de Gandia era que la totalidad de la urbanización se haya finalizado antes de que acaben las obras del hospital. Las imágenes demuestran que ni una cosa ni otra. La urbanización de la zona no ha comenzado y mucho se deberá de apresurar la empresa adjudicataria para tener listos los accesos al hospital de la Safor. De hecho, la empresa urbanizadora señalaba ayer a Levante-EMV que las obras podrían comenzar en enero o febrero de 2010 y concluir en el verano de 2011, es decir meses después de la fecha prevista para la apertura del centro sanitario.

"Acabar en los juzgados"
El Bloc ha pedido con urgencia al Gobierno local los informes del agente urbanizador para averiguar con exactitud los motivos del retraso que se está produciendo en la urbanización de Sanxo Llop dado que, según Josep Miquel Moya "esto tiene toda la pinta de acabar en los juzgados". Ayer mismo los nacionalistas no dudaban en apuntar los motivos por los que, a su entender, se encuentra paralizada la obra: problemas con la reparcelación de terrenos derivados de una falta de liquidez de la empresa.
La urbanización de Sanxo Llop no ha estado exenta de polémica desde su inicio. Mientras el Gobierno local (PSOE y PdG) apostaba por la zona, la oposición se abstuvo en la adjudicación del proyecto a la empresa gandiense que todavía no ha comenzado la urbanización del polígono.







* Levante-EMV - M. PÉREZ - 23.09.09
Foto: Gandía, obras hospital - levante-emv

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Un Día sin Coches que no moleste al tráfico

Ecologistas en Acción* critica que la mayor parte de los Ayuntamientos españoles participantes en el Día sin Coches de 2009 parecen haber adoptado este criterio: que la jornada no afecte a la fluidez del tráfico habitual de automóviles. Se deja pasar, otro año más, una oportunidad para reflexionar sobre los problemas que genera el abuso del coche en nuestras ciudades, así como de ensayar medidas que luego puedan hacerse permanentes para permitir una movilidad más sostenible.

Según la página oficial de la Semana Europea de la Movilidad, 359 ciudades españolas se han sumado a la misma y a la celebración, hoy, del Día sin Coches. A pesar de que somos el segundo país europeo que más ciudades aporta a esta iniciativa (el primero es Austria, con 375) lo cierto es que la repercusión real en la movilidad y en la calidad de vida de los habitantes de estas ciudades es irrelevante. Ello es así por la falta de interés de la gran mayoría de los Ayuntamientos participantes, que se limitan a realizar algunas actividades cosméticas, sin ninguna ambición real para reducir el tráfico de coches.

Ante el poco empuje e interés de los Ayuntamientos, y del promotor en España, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, no es de extrañar que hoy la mayor parte de los conductores se hayan enterado de la convocatoria al oír la radio dentro de su coche en el atasco de cada mañana.

Además, en algunos casos, los planteamientos municipales rozan el esperpento. No de otra manera se pueden calificar iniciativas como las de Málaga o Valencia, cuando la actividad central del Día sin Coches, una marcha en bici, la adelantaron al domingo para que no interfiriera con el tráfico de un día de diario. Si algún sentido tiene el Día sin Coches es porque permite ensayar cómo puede funcionar una ciudad con menos coches y decidir qué medidas son las más razonables para este objetivo para implantarlas de forma permanente. Y ello no con afán de molestar a los automovilistas, sino con la intención de reducir los grandes problemas que ocasiona el uso excesivo del automóvil en nuestras ciudades: contaminación; ruido; pérdida de autonomía de los niños, que no pueden jugar sin vigilancia en la calle; cesión de espacio público al coche, etc.

El repaso al resto de actividades desarrolladas por nuestros Ayuntamientos tampoco aporta mucho más optimismo. En Madrid el alcalde y muchos concejales usarán este día el transporte público o motos eléctricas en lugar de sus coches oficiales, al tiempo que se anuncia la creación futura de un sistema de préstamo de bicis. En Valladolid se establecen por un día zonas de acceso restringido… pero sin que nadie ni nada controle este acceso a los vehículos de los no residentes. En Santander, hoy los autobuses serán gratis, pero la marcha en bici se deja para el domingo siguiente. Segovia, aquí sí, ha restringido el acceso en coche al centro salvo a los residentes, al tiempo que los autobuses son gratuitos.

En definitiva, para Ecologistas en Acción, una vez más ha quedado claro que nuestros políticos no están a la altura de las circunstancias. No están a la altura ante el reto de contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan los coches en la ciudad. Y tampoco están a la altura a la hora de reducir los gastos y daños que provocan en nuestra salud y bienestar el uso excesivo del coche en las ciudades.








* Área de Transporte de Ecologistas en Acción - 22.09.09
Foto: Atasco (Archivo) - dgt.es

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Madrid: Vecinos de la plaza Mayor critican los cambios previstos por Urbanismo

ELPAÍS* : Vecinos de la plaza Mayor afrontan con una mezcla de desconocimiento y perplejidad los cambios que el Ayuntamiento prepara sigilosamente sobre el color del revoco, de los ventanales, el mobiliario, la estatuaria y los tejados de este singular escenario madrileño. Lo mismo les sucede a representantes del Colegio de Arquitectos, integrados formalmente en órganos de control urbanístico.

"Este plan no resuelve los problemas de ruidos insufribles, tufo perpetuo a calamares, ausencia de estacionamiento para los vecinos, sobreocupación del espacio por las terrazas y falta de cobertura televisiva, entre otros, que la plaza Mayor tiene hoy. Por contra, añade problemas nuevos que la plaza hasta ahora no tenía", dice Ramón R. residente desde hace 25 años. "El verdadero problema es que el Ayuntamiento no hace ningún mantenimiento en el conjunto de la plaza, ni revoco, ni pintura, ni balcones, ni nada. La suciedad es constante. Todo está deteriorado, es verdad; pero con un simple y constante mantenimiento, podría superarse". Y añade: "Creo que estos planes visionarios de unos son capaces de amargarnos la vida a todos".

Por su parte Matilde, que dice vivir junto a una tienda de gorras y sombreros, señala: "Nadie nos ha contado nada de los cambios". El encargado de una de las terrazas desplegadas en tres de las cuatro fachadas de la plaza, junto a la esquina con Arco de Cuchilleros, comenta: "Desde la última reunión de hosteleros y comerciantes, hace unos cuatro meses, no sabemos nada nuevo". Respecto a futuras obras, se muestra preocupado por el impacto que puedan tener sobre su clientela. "Si es para mejorar la plaza, vale; pero los andamios nos ahuyentan al público", advierte.

Lo cierto es que en el debate-tormenta de ideas sobre el Plan de Mejora Integral de la Calidad de la Plaza Mayor convocado el viernes 11 de septiembre en Gerencia de Urbanismo, donde se apuntaron los posibles cambios en la plaza, no quedó definido programa alguno de obras. Elena Marroig, representante del Colegio de Arquitectos de Madrid, COAM, en la Comisión Local de Patrimonio, que se reúne con presencia de Gobierno regional y el Ayuntamiento, afirma: "Ni asistí ni fui invitada a la reunión". Y recuerda: "Cualquier cambio morfológico en la plaza Mayor debe comunicársenos". Tampoco asistió Jorge Pelegrín, que representa al COAM en las reuniones semanales de la preparatoria de la Comisión Local. "Nosotros solemos tratar expedientes de cambio de uso y pocas veces asuntos de estética", explica.

Fuentes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, FRAVM, subrayan que las asociaciones vecinales de La Corrala, Lavapiés, Justicia y Universidad plantearon en febrero de 2008 una reivindicación relativa a la Casa de Panadería, el edificio principal de la plaza Mayor, "para que fuera destinada a fines sociales y asuntos ciudadanos". ¿Qué les respondieron? "No nos hicieron ni caso", dice con una sonrisa de decepción Isabel Rodríguez, de la Comisión Permanente de la FRAVM.

"Aunque toda ciudad pueda ser repensada, a mí me gusta la plaza Mayor tal como está ahora", dice el arquitecto J. Vázquez. "Las cubiertas de pizarra evocan el Madrid de Juan Gómez de Mora, que proyectó la plaza, y la actividad comercial se adentra bajo los soportales. Yo la conocí con jardincillos, parterres y tranvía y era una verdadera pena", concluye. "¿Por qué cambiarla ahora?"






* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - Madrid - 22/09/2009
Foto: Vista de la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor de Madrid. - wikipedia.org

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Fracaso absoluto del 'Día sin coches'

LAVANGUARDIA* : El Día sin coches, que se celebra hoy en las principales ciudades europeas con motivo del fin de los actos de la Semana Europea de la Movilidad, arrancó con la retenciones "habituales" en las principales ciudades españolas, según aseguraron fuentes de la DGT.

"Ha sido una mañana normal" en la que no "ha sucedido nada extraordinario" ni se ha notado una circulación de coches "por debajo" de lo habitual, tal y como señalaron las mismas fuentes, que concentraron las principales retenciones en Madrid y Barcelona entre las 07.00 y las 09.30 horas.

Concretamente, en Madrid, a esa hora se registraron algunos atascos en la A-2, a la altura de Alcalá de Henares, en la A-4, a su paso por Pinto, en la A-5 cerca de Móstoles y en la A-6, en las proximidades de Majadahonda. Mientras, en Barcelona, las principales problemas se localizaron en las rondas, la B-10, la B-20, la B-23, la C-31, y en general en las vías que conectan las ciudades dormitorios de la periferia con la Ciudad Condal.

Ecologistas en Acción criticó ayer al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) y a los ayuntamientos por su "escasa implicación" en el Día sin coches, al tiempo que denunció las "contradicciones" entre los discursos de movilidad sostenible y las políticas reales, que "siguen apostando por vender más y más coches y facilitar su uso en las ciudades y zonas metropolitanas".

Así, a juicio de la organización ecologista, estas "contradicciones" tienen consecuencias "nefastas para la calidad de vida y para el cambio climático". Asimismo, reconocen que "el Día sin Coches ya ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que, en su gran mayoría, continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano".

Según un artículo del Anuario de la Movilidad 2008 del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), un ciudadano pierde en atascos en el área metropolitana de Barcelona 49 horas anuales, mientras que en Madrid pierde 55 horas, lo que equivale aproximadamente a más de siete días laborables de vacaciones extra al año y un coste por trabajador de entre 460 euros al año en Barcelona y 538 en Madrid.

Estos datos también revelan que las retenciones suponen una pérdida media diaria para el usuario de 11,9 minutos en la región metropolitana de Barcelona, y de 14 en Madrid, y en hora punta, sobre todo por motivos laborales, la pérdida asciende a 18 minutos diarios en Barcelona y 33 en Madrid.

En otro trabajo del RACC también se realiza una comparativa entre los tiempos de desplazamiento invertido en transporte privado versus transporte público. En los 10 itinerarios tipo analizados, el tiempo perdido en transporte público es superior al del privado. Destacan aquéllos donde se utiliza el autobús o donde se hace un trasbordo.






* La Vanguardia . E. P. - 22.09.09
Foto: Atascos y contaminación Madrid (Archivo)- Uly Martín (El País)

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Una sentencia ordena el derribo de una nave ilegal en la marina viguesa de A Lagoa

ELPAÍS* : Una y otra vez, el puerto deportivo de A Lagoa choca con la justicia. Esta vez ha sido un juzgado vigués el que ha ratificado las irregularidades de unas instalaciones promovidas por el presidente de Pescanova, Manuel Fernández de Sousa, al pie del monte de A Guía (Vigo), y construidas con el único permiso de la Autoridad Portuaria, sin licencia municipal de ningún tipo.

La sentencia desestima un recurso presentado por los responsables de la marina, por lo que ratifica la orden de derribo dictada por el Ayuntamiento vigués de la nave principal del puerto.

La nave cuya ilegalidad confirma ahora el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Vigo tiene una superficie de casi 1.000 metros cuadrados. Según la sentencia, las obras fueron ejecutadas sin licencia y son incompatibles con la ordenación urbanística de la zona. No es la única nave construida sobre el puerto deportivo, que cuenta con otra orden de derribo, en este caso firme, contra un segundo almacén de embarcaciones.

El rosario de actuaciones ilegales se completa con un restaurante de lujo precintado este verano por el Ayuntamiento por orden judicial. Con un permiso para una caseta desmontable de 30 metros cuadrados destinada a taberna, la empresa de Fernández de Sousa levantó un edificio cinco veces superior al autorizado y que carece de la posibilidad de ser desmontado.

Los promotores de la marina, con capacidad para 355 embarcaciones, contaron con autorización de la Autoridad Portuaria de Vigo, entonces presidida por Julio Pedrosa, del PP, para la ocupación de una lámina de agua. Pero las instalaciones carecen de permisos para las obras en tierra, que consistieron en la ejecución de las dos naves y el restaurante declarados ilegales.

Para la construcción del complejo y como vía de acceso a los actuales usuarios, la empresa empleó reiteradamente un cortafuegos municipal sin permiso del Ayuntamiento. El paso constante de vehículos retrasó varios años una inversión de casi tres millones de euros del Ministerio de Medio Ambiente para un paseo marítimo, actualmente en obras, cuyo trazado coincide con el del cortafuegos. Según un escrito de la fiscalía de la Audiencia Provincial, el puerto deportivo supera las dimensiones del informe de impacto y careció de vigilancia y control, pese a realizarse con materiales de desecho y sobre un banco marisquero de gran valor.







* ELPAIS.com - P.L. - 22.09.09
Foto: Vigo, muelle puerto (archivo)- galiciadigital.com

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El TSJC 'tumba' otra operación urbanística en Sant Cugat

ELMUNDO/Barcelona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha declarado nula la modificación puntual del Plan General Metropolitano en el sector de Can Marcet de Sant Cugat del Vallès, aprobada definitivamente por la Generalitat, tras un nuevo recurso presentado por la inmobiliaria Núñez y Navarro.

El pleno municipal de Sant Cugat aprobó en 2004 dicha modificación puntual para permitir la implantación en la ciudad de la nueva sede de Laboratoris Esteve, todavía sin construir, y trasladar la cesión del 10% de aprovechamiento que estipula la ley a la zona de Can Cabassa para construir vivienda pública de alquiler para jóvenes.

Sin embargo, el alto tribunal catalán considera en su sentencia que esta promoción de pisos para jóvenes no se puede considerar equipamiento municipal, ya que en el momento del acuerdo del pleno la ley no contemplaba estas edificaciones como equipamientos.

Del mismo modo, el TSJC argumenta que los equipamientos municipales que debían construirse fruto de la operación urbanística tendrían que implantarse en la zona de Can Marcet y no en otros sectores de la ciudad.

Por último, la sentencia recoge la ausencia de un informe ambiental y de la reserva del 5% de la superficie para equipamientos dentro del sector modificado, hechos que le llevan a declarar nula la modificación urbanística.

La promotora Núñez y Navarro, que no tiene propiedades en la zona pero que es propietaria de parte del sector de Torre Negra, aseguró en un comunicado que la sentencia "es una muestra más" de cómo las actuaciones del consistorio se apartan de la legalidad.

En cambio, el Ayuntamiento, en un comunicado, negó "rotundamente" que actúe al margen de la legalidad y acusó a Núñez y Navarro de "obstruir judicialmente" el planeamiento urbanístico general del municipio, ya que la inmobiliaria no tiene intereses particulares en esa zona.

Anunció que acata y cumplirá la sentencia, que anula la modificación urbanística por "defectos de tramitación", dijo el Consistorio, que anunció que iniciará una nueva tramitación para llevar a cabo "esta importante actuación urbanística".






* El Mundo - E.P. - 21.09.09
Foto: Sant_Cugat, Nou_Ajuntament - wikimedia.org

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Anulada en Lugo una urbanización de seis bloques

ELPAÍS* : El juzgado de lo contencioso-administrativo de Lugo anuló la aprobación de un proyecto de urbanización impulsada por el Ayuntamiento de esta ciudad, por no respetar los perímetros de protección con dos edificios incluidos en el inventario general del patrimonio cultural de Galicia.

La sentencia no cuestiona la volumetría del complejo -seis edificios de nueve plantas- pero estima el recurso presentado por la Asociación Cultural en Defensa del Parque Rosalía de Castro y su Entorno, sobre la legalidad de la urbanización de viales y servicios realizada en este espacio próximo al parque más importante de la ciudad.

La Consellería de Cultura ya había instado al Ayuntamiento de Lugo el 26 de junio de 2007 a paralizar de forma "cautelar e inmediata" las actuaciones realizadas en lo que se conoce, en términos urbanísticos, como la unidad de actuación CS-5, por tratarse de obras que pudieran afectar a edificios inventariados como patrimonio cultural de Galicia como son el Sanatorio Portela o las termas romanas.

Al no existir un informe previo de la comisión territorial del patrimonio histórico de Lugo, el juzgado entiende que procede la estimación de la demanda y obliga a retrotraer el procedimiento al momento en que "debió evacuarse el informe emitido". La asociación demandante, que lleva más de tres años de trabajo contra esta urbanización y que ha tramitado 12.500 firmas oponiéndose a la misma, ha recibido la resolución con "una inmensa alegría" y asegura que pone de manifiesto "la ilegalidad del proyecto".
Versión municipal

Desde el Ayuntamiento de Lugo, la responsable de Urbanismo, María Novo, avanzó que presentarán recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, al entender que en la sentencia existe jurídicamente algún "error grave". Novo sostiene que la resolución judicial se base en normas subsidiarias que no rigen para ayuntamientos que, como el de Lugo, disponen de un Plan General de Ordenación Municipal y aplica ámbitos de protección que sólo son imputables a suelo no urbanizable cuando, asegura, en este caso se trata de "suelo urbano".

La concejala de Urbanismo advirtió además que los argumentos de la sentencia afectan a un porcentaje elevado de una de las zonas que ha presentado mayor volumen de edificación en los últimos años, Aceña de Olga.







* ELPAIS.com - A. SILVOSA - Lugo - 22/09/2009
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv.com

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Madrid: Campaña contra la privatización del Parque de Valdebernardo

KAOSENLARED* : A lo largo de todo el pasado fin de semana, la Plataforma en defensa del Parque de Valdebernardo viene desarrollando una campaña informativa en los barrios aledaños al parque de Valdebernardo (Vicálvaro, Valdebernardo y Valderrivas), con la instalación de mesas informativas, el reparto de octavillas y la pegada de carteles, contra la intención de la Comunidad de Madrid de ceder la Concesión Integral de la gestión del Parque de Valdebernardo a una empresa privada.

Tras ser rechazada por el PP, la propuesta de anular el concurso de privatización del parque, presentada por IU en el Ayuntamiento de Madrid el pasado 29 de Julio, y en la que se instaba al ayuntamiento a recuperar la gestión y dirección del parque, la plataforma vecinal inicia una recogida de firmas entre los vecinos contra su privatización e insta a la Junta Municipal de Distrito a que haga una consulta ciudadana para que sean los propios vecinos los que decidan el futuro del parque.

El pasado 8 de julio se convocó un concurso para la Concesión Integral de la gestión de todo lo relacionado con el Parque de Valdebernardo por una duración de 40 AÑOS. La Concesión incluye el mantenimiento y conservación del parque, de la estación depuradora de aguas residuales, la explotación de 5 quioscos (2 construidos y se construirían tres más), la explotación del vivero y la posesión de los terrenos de cuatro parcelas que suman 29.809 metros cuadrados edificables.

El Parque de Valdebernardo es propiedad de la Comunidad de Madrid y, hasta la fecha, se había negado a traspasar su competencia al Ayuntamiento de Madrid, a pesar de que éste hace tiempo que se lo había solicitado.

Es el único parque urbano de la ciudad que no es competencia municipal. Ahora queda claro el por qué de la negativa de la Comunidad de Madrid. Con esta privatización de la gestión del Plan Especial Norte (en el que está incluido el parque) se pone de manifiesto una operación especulativa gracias a la que se ponen en manos privadas casi 30.000 metros cuadrados públicos, en una zona verde, para usos urbanísticos edificables para que algunas grandes empresas hagan grandes negocios. Suelo público que se regala a la empresa concesionaria por 40 años más una aportación máxima del Consorcio de 94 millones de euros durante todo el contrato para sufragar los costes de mantenimiento del parque y la depuradora. En definitiva un gran negocio a costa del patrimonio público.

No van a ser los vecinos, ni las entidades de Vicálvaro, ni siquiera el Ayuntamiento o la Comunidad como administraciones públicas, los que vamos a decidir qué se construye en estas cuatro parcelas del parque, sino que va a ser un empresario, o un grupo reducido de empresarios, los que, en función de las posibilidades de negocio, van a decidir qué se hace en el parque de Valdebernardo, dé un servicio necesario a los habitantes de este distrito o no.

La Plataforma en defensa del Parque de Valdebernardo denuncia esta Concesión Integral como una maniobra urbanística especulativa contraria a los intereses de los vecinos de Vicálvaro y solicita a la Comunidad de Madrid que sea anulada inmediatamente, así como que el parque de Valdebernardo, construido con el dinero de todos los vecinos, sea traspasado de forma inmediata al Ayuntamiento.

Una vez que el parque esté en manos municipales se deberían crear cauces para que, de forma democrática y participativa, se pueda debatir públicamente qué dotaciones son las más idóneas en las cuatro parcelas disponibles en ese entorno.


http://www.lollamandemocraciaynoloes.com/2009/09/campana-contra-la-privatizacion-del.html







* Kaos en la Red - Falsa democracia - 21.09.09
Foto: kaosenlared.net

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El TSJ insta de nuevo al alcalde de Alcoi a reponer una zona verde

ELPAÍS/Alicante* : Último y definitivo aviso de los tribunales al Ayuntamiento de Alcoi por el daño causado en el aparcamiento de La Rosaleda. Se destruyó una zona verde y la justicia insta, una vez más, a que se restituya. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha vuelto a desestimar el recurso presentado por el Ayuntamiento e insta a que reponga la zona verde destruida por la construcción de un aparcamiento subterráneo en La Rosaleda. Contra esta resolución no cabe recurso.

Tras recibir la última comunicación del TSJ, en la que desestima el recurso de súplica, el concejal de Promoción Económica, Rafael Sanus, explicó que los técnicos municipales estudiarían de nuevo la manera de poder adaptar el aparcamiento a lo que exige el TSJ, que cifró en una cantidad cercana a los 5 millones de euros. Los autos anteriores del TSJ tienen fecha de 22 de diciembre de 2008, 21 de mayo de 2009 y 2 de septiembre de 2009.

El Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular (PP), ha presentado, desde que en 2005 fue declarada ilegal la construcción, diferentes escritos para evitar la reposición de la zona verde. En ellos alega que el cumplimiento de la sentencia contravendría el Plan General de Ordenación Urbana y la dificultad de adaptar la construcción del aparcamiento a lo que solicita el tribunal, ya que según el gobierno municipal la obra cumple los porcentajes mínimos que exige el PGOU de zona verde.

La construcción del aparcamiento se hizo con el anterior alcalde y actual diputado nacional por el PP Miguel Peralta. Un grupo de ciudadanos afectados por las obras y La Colla Ecologista La Carrasca presentaron una demanda por la destrucción de la zona verde que supondría la transformación de la antigua plaza de la Constitución en el aparcamiento de La Rosaleda.

Los denunciantes reclaman la eliminación de la planta superior y la reposición de los niveles de tierra y superficie de arbolado con los que contaba la plaza antes de su transformación en aparcamiento. El Ayuntamiento espera informes técnicos para elaborar el proyecto definitivo de remodelación y ajustarse a lo que reclama el TSJ.






* ELPAIS.com - L. GADEA - Alcoi - 21/09/2009
Foto: Alcoi (Alicante), puente - wikipedia.org

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Semana de la Movilidad: España en la cola en el uso de bicicletas

El Estado español se encuentra en los últimos puestos en la utilización de la bicicleta en los desplazamientos urbanos. Y eso a pesar de sus mejores condiciones meteorológicas frente a otros países europeos de nuestro entorno. Por ello, Ecologistas en Acción* exige a los Ayuntamientos medidas para permitir y favorecer el uso la bicicleta en la ciudad como un modo de transporte cotidiano, alternativo al coche.
Ésta es una de las mejores políticas para reducir las emisiones urbanas de CO2, objetivo de la Semana Europea de la Movilidad de 2009, así como para mejorar la habitabilidad de nuestras ciudades.

Ecologistas en Acción considera que la utilización de la bicicleta como medio de transporte urbano es un derecho que numerosos ciudadanos y ciudadanas no pueden ejercer porque los Ayuntamientos no ponen los medios necesarios para que se pueda circular en bici por las ciudades en condiciones mínimas de seguridad y eficacia. De hecho, la mayoría de los Ayuntamientos tienen “políticas de tráfico” ancladas en el pasado, que no consideran que la bicicleta sea un medio de transporte más. Por ello, la bicicleta, salvo honrosas excepciones, nunca es tenida en cuenta en el diseño de las calles, la organización de la circulación, los cruces semafóricos o la provisión de aparcamientos para las mismas, así como en su combinación con el transporte público.

En este sentido, las ciudades españolas están a la cola de las urbes europeas, en muchas de las cuales las bicicletas han vuelto a reconquistar el espacio urbano gracias a sus innumerables ventajas. También hay ejemplos en el Estado español (San Sebastián, Barcelona, Córdoba, Sevilla…) pero en ningún caso se ha avanzado tanto como sería deseable y posible.

Según la Unión Europea, casi la mitad de los viajes que se realizan en coche en nuestras ciudades son recorridos de menos de 3 km, algo que costaría recorrer en bicicleta sólo unos pocos minutos. Además, la velocidad media de circulación no supera en muchas ciudades los 15 km/h, velocidad fácilmente alcanzable pedaleando. De hecho, en muchas pruebas comparativas de medios de transporte, se obtiene el mismo resultado una y otra vez: que la bicicleta es más rápida, más eficaz en el consumo energético y menos cara que cualquier otro medio de transporte urbano para distancias por debajo de los 6-8 km (la mayor parte de los desplazamientos urbanos). Sólo hace falta que se permita a las bicicletas circular en condiciones de confort y seguridad.

Este año, en que la Semana de la Movilidad se realiza bajo el lema “mejora el clima de tu ciudad”, conviene insistir en que cuanto más trayectos en coche se sustituyan por recorridos en bicicleta, menos emisiones de gases invernadero se producirán, aparte de que el aire será más sano y se reducirá el ruido. En definitiva, que como se comprueba una y otra vez en numerosas ciudades europeas, el entorno urbano es más habitable y grato con más bicis y menos coches.

Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige a los Ayuntamientos las siguientes medidas a favor de la bicicleta:

* La construcción de una red de carriles-bici en las principales vías urbanas, sobre la calzada y con separador donde sea necesario, que permita circular en bici con seguridad interconectando todos los barrios de la ciudad y éstos con el centro.
* La pacificación del tráfico en el interior de los barrios, con “zonas 30” (donde no se permite rebasar los 30 km/h) que permitan sin peligro la coexistencia de los distintos usuarios de las calles, con prioridad a peatones y ciclistas.
* Aparcamientos seguros para bicicletas en los puntos neurálgicos de la ciudad: desde estaciones e intercambiadores de transporte, pasando por centros de enseñanza, centros públicos, polideportivos, zonas de ocio, etc.
* Medidas que permitan la combinación de la bici con el transporte público, que van desde la posibilidad de transportarla a la mejora de la accesibilidad de las estaciones.

Ha llegado la hora de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros modos de transporte menos contaminantes, más racionales, eficaces, seguros y sostenibles: no sólo el transporte público, sino también la bicicleta.








* Área de Transporte de Ecologistas en Acción - 18.09.09
Foto: bicis - bicing.com

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A 'Sanse' le brota una autovía

MADRIDIARIO* : El cierre norte de la M-50 lleva más de diez años en los despachos de la administración madrileña. La última propuesta se reactivó en el mes de abril tras la reunión del ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Desde entonces la plataforma M-50 NO de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes está dando a conocer las afecciones que sufrirán estos municipios.

El cierre norte de la M-50, bautizado como M-61, tiene que sortear el monte de El Pardo, pero también su paso por los cascos urbanos de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. El primer problema se ha solucionado proyectando un túnel que atravesará el espacio protegido, sobre el segundo inconveniente aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo.

Según denuncia la plataforma M-50 NO, el actual trazado elegido por la Comunidad entrará en San Sebastián de los Reyes atravesando a cielo abierto el parque forestal Retamar, donde crecen viejas encinas, robándole la mitad del espacio. Después continuará por el Cerro del Baile, un futuro desarrollo urbanístico donde está prevista la creación de viviendas protegida.

A continuación, un viaducto construido en el extremo oriental del parque de Arroyo Quiñones -financiado con fondos europeos- salvará el arroyo homónimo. Este viaducto pasará junto a un polideportivo municipal, que es el lugar más frecuentado del municipio, según el propio Ayuntamiento. En concreto, la autovía quedará casi pegada a la piscina descubierta para niños.


Después, la carretera continúa en falso túnel por el nuevo parque de la Dehesa, recientemente construido con un presupuesto de más de 10 millones de euros. Esto supondrá desmantelar tanto parte del parque como el sistema central de agua regenerada para construir el túnel desde la superficie. Su paso por estos cascos urbanos terminaría en los desarrollos de Tempranales (San Sebastián de los Reyes) y Fuentelucha (Alcobendas) pasando muy cerca de futuras viviendas.

Viviendas y espacios naturales
En resumen, cerrar por el norte la M-50 tendrá como consecuencia afectar durante los años de ejecución de las obras zonas urbanas consolidadas, así como la Dehesa Boyal, que forma parque del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y quedará junto al trazado de la autovía. Además, los habitantes de otras zonas urbanas, algunas en proyecto, por donde discurrirá a cielo abierto, tendrán que convivir con una autovía.

"Han puesto más empeño en la batalla política que en el diseño de la carretera", asegura Rubén Holguera, miembro de la plataforma. Y es que durante años el cierre norte de la M-50 ha causado polémica. Ya en 1998 los vecinos consiguieron detener su construcción con sus protestas y acampadas, recuerda Rafa Herguezabal, también de la plataforma.

Después, todos los grupos políticos se opusieron a su construcción salvo que un túnel atravesara toda la zona urbana. En 2007 volvió a resurgir el proyecto, que también contaba con tramos a cielo abierto, y el PP, ya en la Alcaldía, lo apoyó, aunque ha presentado una serie de alegaciones para minimizar el impacto ambiental. El único escollo que quedaba era que el Gobierno regional consiguiese autorización del central, y ahora ya la tiene. Aunque también tendrá que luchar contra la crisis.


Reforestación y pantallas
El Gobierno municipal de San Sebastián de los Reyes explicó a Madridiario que cuentan con que el Gobierno regional tenga en cuenta sus alegaciones, que pasan por volver reforestar todas las zonas afectadas, reconstruir la red de agua regenerada, hacer más largos los falsos túneles, garantizar los accesos a la nueva carretera a los vecinos del municipio y por poner pantallas acústicas en los tramos a cielo abierto.

Las alegaciones prestan especial atención a la zona colindante al polideportivo municipal, donde se ha pedido que la autovía vaya encapsulada y que el remate de la obra "se cuide en extremo para camuflar la infraestructura en este entorno privilegiado". "Si no se tienen en cuenta las alegaciones, no apoyaremos el proyecto", afirmó Raúl Terrón, concejal de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes.

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Alcobendas indicó que la nueva infraestructura es beneficiosa para el municipio donde "no hay ningún colectivo que esté haciendo campaña contra la M-50". No obstante, la asociación de vecinos de Fuentelucha critica que "pasará a poco más de cien metros de las casa más próximas y a cielo descubierto generando más ruido del que permite la normativa".

"Estamos totalmente en contra de esta barbaridad urbanística", sentenció David Arcos, presidente de la asociación, que solo apoyaría el soterramiento total de la carretera en los municipios. Ante todas estas opiniones y propuestas de mejora, que se materializaron en gran parte como alegaciones al proyecto, una portavoz de la Consejería de Transportes recordó que se estudiaron todas las posibilidades y se eligió la mejor, y que tendrán en cuenta todas las alegaciones interpuestas antes de presentar el proyecto definitivo.

Mejora del tráfico
Queda una pregunta: "¿Es necesario el cierre norte de la M-50?". El concejal de Urbanismo de San Sebastián de los Reyes explica que los atascos de la A-1 empiezan en el municipio y que esta carretera, que conectará con la A-1 y la A-6, puede descongestionar el tráfico.

Sin embargo, la plataforma asegura que no servirá de nada, ya que la M-40 está a una distancia de entre cinco y diez kilómetros del nuevo trazado y los atascos se deben a las entradas a los polígonos industriales, la Castellana y las nacionales, pero no a la falta de carriles. Además, las previsiones indican que esta M-61 se va usar menos que otros tramos de la M-50.







* Madridiario - 21-09-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Gustavo San Miguel, madridiario.es

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