Dénia: El TSJ anula la recalificación con la que el Consell permitía el balneario

INFORMACIÓN/Alicante* : Nueva constatación de que el Ayuntamiento de Dénia no estaba descargado de razones cuando, en 2007, recurrió las modificaciones introducidas unilateralmente por la entonces Conselleria de Territorio en el Plan General Transitorio (PGT) de la ciudad, a través de una corrección de errores.

Otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad anula en otro de sus extremos aquella corrección de errores estimando todo el contencioso interpuesto por el gobierno local de la época (PSPV-Bloc).
Son ya tres las sentencias emitidas por el tribunal, y todas declaran contrarios a derecho otros tantos cambios introducidos por Territorio en el PGT. No habrá muchas más: como desveló la semana pasada el grupo socialista, el gobierno de Dénia (PP, CU, GD, PSD y Juan Collado) ha desistido de todos los contenciosos pendientes de fallar (un total de 10) contra aquella resolución del conseller. Con ello, el Ayuntamiento renuncia a reclamar más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes, más de 125 vivendas protegidas o a que se mantenga suspendido el planeamiento en más de un millón de metros cuadrados en los sectores Racons 1 y 2.
La nueva sentencia aborta los planes de la empresa Alcoymorand para llevar a cabo su proyecto de hotel-balneario junto al hospital comarcal, que preveía además un gran aparcamiento subterráneo y otras dotaciones, como una gran rotonda y una estación de servicio. Un proyecto que sólo era posible gracias a la recalificación de los terrenos que introdujo la conselleria con su corrección de errores, ya que el Plan los había pintado como no urbanizables. Pero la sentencia no sólo es un varapalo para los promotores del proyecto. Pone además en entredicho la decisión adoptada por el pentapartito de desistir del resto de recursos interpuestos en su día por la Gerencia de Urbanismo del gobierno anterior. Más cuando el TSJ ha fallado ya en todos los casos en el mismo sentido -a favor del Consistorio- y con similar argumento que el que emplea esta nueva sentencia: una corrección de errores "sirve para la corrección de errores materiales entre lo aprobado por el organismo competente y lo publicado".








* Información - SERGI GARCÍA - 24.06.09
Foto: Recreación del proyecto de hotel-balneario junto al nuevo hospital, promovido por la empresa Alcoymorand - INFORMACION

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La policía registra los ayuntamientos de Boadilla y Majadahonda por el 'caso Gürtel'

ELPAÍS/Madrid* : Agentes de la policía judicial de Madrid han llegado esta mañana al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), gobernado por el PP, para registrar la sede en busca de contratos con empresas de la trama Gürtel. Además, han requisado documentación de la empresa municipal de la vivienda.

El registro llega una semana después de que declarasen ante el juez el contable de la empresa municipal de la vivienda y la secretaria de Alfonso Bosch, ex presidente de esta e imputado en la trama. También han efectuado registros en el Ayuntamiento madrileño de Majadahonda.

El ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), está imputado en la trama y el juez le ha impuesto una fianza civil de 1,8 millones de euros, la mayor del caso, por presuntamente rebicir dinero del entramado de Francisco Correa. En la contabilidad B (en dinero negro) de las empresas de Correa aparece una salida de dinero de 510.000 euros a nombre de El Albondiguilla -el apodo con el que se refería a él Correa- y con referencias a "América".

Los agentes han llegado al consistorio de Boadilla sobre las 9.40 y han pedido ver documentos de la empresa de la vivienda y de los contratos del municipio con las empresas de la red que dirigía Francisco Correa.







* ELPAIS.com - REBECA CARRANCO - Boadilla del Monte - 24/06/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.esjpg

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El TSJ ordena derribar medio centenar de casas en la playa del Puig

LEVANTE/Valencia* : De forma inexorable y con la ayuda de los tribunales, el Ministerio de Medio Ambiente intenta recuperar el paisaje natural del litoral Mediterráneo, salpicado de construcciones masivas. En esta ocasión, se trata de las 49 casetas de la playa del Puig, unos edificios que datan de finales del siglo XIX y primeros del XX, que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha ordenado derribar por invadir la zona de dominio público marítimo-terrestre, es decir, por estar encima de la playa.

La sentencia, con fecha de 13 de mayo, desestima el recurso presentado por los 41 propietarios de las viviendas que se levantan en la playa del Puig contra la orden de demolición dictada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004 a través de la Demarcación de Costas de Valencia.
Ello significa que da vía libre a Costas para la demolición de varias hileras de casetas en la playa del Puig, situadas en los 20 metros de dominio público y, en su mayoría, levantadas antes de la Ley de Costas de 1988.
Costas acordó recuperar de oficio la "posesión de bienes de dominio público marítimo-terrestre, indebidamente ocupado por 49 casas en la playa del Puig, calle Pescadores y paseo marítimo", ordenando su "demolición y la restitución de los terrenos a su primitivo estado".
Del expediente administrativo se desprende que los propietarios de estas viviendas "venían ocupando sus 49 casas litigiosas desde hace muchos años, de forma pública, continuada y de buena fe, estando ubicadas en parcelas del término municipal del Puig, junto a la playa, dentro de los hitos de la zona marítimo-terrestre".
La sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo expone los motivos por los que el ministerio comenzó el expediente de recuperación y demolición.
Por un lado, la existencia de un deslinde de 1969, que incluía estos inmuebles en la zona de dominio público marítimo-terrestre. Y, de otro lado, la denegación en 1982 de la legalización de esta ocupación de dominio público.
Los propietarios de las casas se opusieron alegando que las parcelas privadas de sus casas estaban "alejadas originariamente del mar, con títulos pacíficos y públicos". Añadían, además, que habían abonado los "correspondientes impuestos" y que lo que ha ocurrido es que ha "cambiado la morfología del litoral por causas naturales y humanas".

Alegaciones
Además, niegan que se trate de una "apropiación del dominio público", sino que son "propiedades privadas lícitas devenidas en públicas". Y añaden que, salvando alguna escritura aislada, "las propiedades se adquirieron de manera informal a finales del siglo XIX y principios del XX".
El tribunal se apoya en la Ley de Costas que "deniega la prevalencia de las inscripciones del Registro de la Propiedad" sobre unos terrenos que son del Estado. Y, añade, "no hay duda de que los terrenos y viviendas ocupan zona pública marítimo-terrestre" sin la debida autorización, ya que la Administración denegó la legalización de las casas. Esta decisión no fue nunca recurrida.
La sentencia hace especial mención a la Ley de Costas de 1988, que configura una nueva "concepción y naturaleza del dominio publico marítimo-terrestre y de la ribera del mar", con la que se persigue su "protección, conservación y uso público".
Por último, indica la sentencia que "la orden de demolición y la reposición de los terrenos a su primitivo estado no es sino la ineludible consecuencia de la recuperación posesoria de unos bienes demaniales, restaurando la legalidad costera vulnerada".






* Levante-EMV - REGINA LAGUNA - 23.06.09
Foto: Las casas del Puig que se van a derribar.- abelard comes, levante-emv.com

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Tres días de protesta contra el cierre norte de la M-50

MADRIDIARIO* : Asociaciones vecinales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos de izquierda convocan para el próximo fin de semana tres jornadas de protesta contra el proyecto del cierre norte de la M-50, bautizado por la Comunidad como M-61. Consideran que es una obra innecesaria que afectará al medio natural y a la salud de los ciudadanos.

La reunión de abril entre el nuevo ministro de Fomento, José Blanco, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, desbloqueó el proyecto de conectar la A-1, la M-607 y la A-6, conocido como cierre norte de la M-50. Ahora que el Gobierno regional tiene vía libre, ocho organizaciones han programado una serie de actos contra la conexión.

"Es un proyecto tremendamente impactante que no va solucionar los problemas del tráfico y va a tener una gran afección sobre la salud de los vecinos", resumió Paco Segura, de Ecologistas en Acción. Para dar a conocer los efectos negativos que, según afirman, tiene la construcción de esta autovía, y pedir la retirada del proyecto se celebrará una concentración-batucada en la Puerta del Sol el sábado a las 19.30 horas.

Además, habrá una marcha, con batucada y paella, desde la Plaza Mayor hasta Dehesa de Navalcarbón en Las Rozas el sábado a partir de las 12.00 horas; y una manifestación, con fiesta, desde la Plaza de la Universidad Popular hasta el parque de Los Arroyos en San Sebastián de los Reyes el domingo a las 11.30 horas.

Problemas de tráfico
Para las organizaciones convocantes, la M-61, como la bautizó la Comunidad, no va a solucionar el problema del tráfico, ya que las "nuevas autovías tienen efecto llamada" y es un despilfarro de fondos públicos. Paco Segura recordó que la última propuesta de la Comunidad ha sido costear la construcción de esta carretera, que tendrá un coste superior a 2.000 millones de euros, a través del peaje en sombra, es decir, que la Comunidad tendría que pagar a las concesionarias por cada coche que circulara.

El emblema de la oposición a la M-50 es el Monte de El Pardo. Para salvaguardarlo, la Comunidad decidió que sería atravesado por túnel. Sin embargo, esta propuesta perjudicaría al Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, que sufriría las obras y recibiría a través de una chimenea parte de los gases producidos por la circulación subterránea, según destacó este martes Jaime Rodrigues, de IU Las Rozas.

Afección a zonas verdes
El otro tramo de las obras, el situado al Este, afectaría o haría desaparecer varias zonas verdes de San Sebastián de los Reyes, como el parque de la Dehesa, recién construido con fondos europeos, o la Dehesa Boyal, un espacio protegido, según indicó Rafael Herguezabal, de la Plataforma M-50 NO. Además, la carretera pasaría a menos de 100 metros de un polideportivo y dividiría en dos el municipio.

En estos momentos, el proyecto, que recibió un aluvión de alegaciones, está pendiente de la aprobación de la declaración de impacto ambiental por parte de la Comunidad. En este documento, los topillos de cabrera, una especie protegida, podrían provocar que se cambiara el trazado, ya que un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas alertó al Gobierno regional sobre su presencia. "Si se obvia vamos a la Comisión Europea", sentenció el Foro de Movilidad Sostenible, que también se ha sumado a las protestas contra la M-50. Por su parte, CCOO subrayó que lo más importante es "la salud de las personas".






* Madridiario - 23-06-2009 - Carmen M. Gutiérrez
Foto: Juan Luis Jaén - madridiario.es

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La Vila elude cumplir un fallo que anuló una operación urbanística

ELPAÍS/Alicante* : El gobierno de La Vila, del PP, engañó al juzgado de lo contencioso administrativo nº3 de Alicante para no ejecutar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló en 2008 la permuta de más de 10.000 metros de techo en primera línea de mar, de propiedad municipal, por el conocido como chalé Centella, 3.445 metros de zona verde contiguos a un colegio y 1,2 millones de euros de compensación por la diferencia de las valoraciones a favor del consistorio.

La permuta fue anulada porque la parcela edificable provenía del Patrimonio Municipal del Suelo y debió destinarse a la construcción de viviendas protegidas.

El consistorio comunicó en febrero al juzgado que la sentencia del TSJ era inejecutable porque "las fincas propiedad de la mercantil codemandada objeto de la permuta, así como la diferencia de valor (1,2 millones) han sido destinadas a la construcción e instalación de un museo arqueológico en el inmueble denominado chalé Centella y a la ampliación de las instalaciones del colegio público Mare Nostrum y a la renovación y electrificación del tramo Villajoyosa-Benidorm de la línea Alicante-Denia de FGV". Sin embargo, el chalé aludido, calificado en parte como zona verde, sigue como cuando se permutó y permanece cerrado sin actividad. Solo se usa esporádicamente para alguna exposición o como colegio electoral. Es más, el pleno de La Vila aprobó en mayo la ubicación del Museo Arqueológico en el antiguo colegio Doctor Esquerdo, no en el chalé, una reforma que pretende financiar con los fondos del Plan Confianza. Tampoco la parcela contigua al colegio ha sido habilitada como patio y sigue vallada, ni Valdeprocasa ha construido en el bien que recibió. Sin embargo, este periódico ha podido confirmar que la mercantil hipotecó con Bancaja el solar de primera línea y tiene ya solicitadas y pagadas las tasas de la licencia de obras, cuestiones que tampoco fueron comunicadas por las partes al juzgado.

Atendiendo a las circunstancias descritas por el Ayuntamiento vilero, el juzgado admitió en un auto de marzo la propuesta de La Vila para que "sustituya a metálico el reintegro del valor de los bienes afectos al Patrimonio Municipal del Suelo en su día permutados por importe de 7.578.224,21 euros". Es decir, que por no devolverle a Valdeprocasa 1,2 millones y revertir la propiedad de los bienes permutados, La Vila deberá pagar seis millones de más en los próximos 40 años. El edil nacionalista Vicent Serra, responsable de urbanismo antes de la moción de censura, sostiene que la sentencia es ejecutable y argumenta que "no se puede hipotecar el pueblo hasta 2049 por la mala gestión del anterior alcalde".

El terreno adjunto al colegio, de 3.455 metros y calificado como zona verde, del que fue expropiada una pequeña parte para el tren, ya fue objeto de un pelotazo en 2004. Lo compró una mercantil de Antonio Solana, Birmingham Inversiones, SL, por 420.780 euros. Menos de un año después fue vendido a Valdeprocasa, que luego culminó la permuta, dándole un valor de 3,11 millones de euros. Todo ello en la época del anterior alcalde del PP, José Miguel Llorca.

La Vila acumula varias sentencias contrarias por la enajenación de su patrimonio de suelo por un importe de más de 22 millones de euros, de las que solo ha ejecutado una. Con ese suelo que debió destinarse a viviendas protegidas, el gobierno de Llorca financió el Teatro Auditorio (9,6 millones), unas escaleras mecánicas para bajar a la playa (2,9) o las obras en el campo de fútbol (1,9). Otra decena de sentencias judiciales por impago, más intereses y costas, a contratistas suman casi dos millones de euros más.






* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 23/06/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es

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Un juzgado de Almería tumba otra licencia del Ayuntamiento de Roquetas y ordena el derribo de un edificio de 129 viviendas

TELEPRENSA* : Después de que en octubre de 2006 el TSJA revocase la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza, la Justicia ha vuelto a tumbar una licencia del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, concedida en este caso a la promotora Aifos para la construcción en Playa Serena de un edificio de 129 apartamentos.

El fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Almería, que ha sido ya objeto de recurso ante el alto tribunal andaluz por el equipo de Gobierno que encabeza el presidente provincial del PP, Gabriel Amat, revoca la licencia otorgada en 2003 y ordena el derribo del inmueble al contravenir éste la normativa urbanística.

El edificio promovido por Aifos en dos parcelas de Playa Serena cuenta con cuatro alturas y con más de 8.600 metros cuadrados edificados, frente a los 1.342 que podían construirse según el Plan de Ordenación Urbanística. Además de multiplicar por seis la edificabilidad permitida para las dos parcelas sobre las que se alza el inmueble, éste debió albergar según la normativa no más de catorce viviendas cuya altura, a su vez, no podía exceder las dos plantas, frente a las cuatro edificadas.

La sentencia refrenda los argumentos de la administración andaluza, que ya transmitió sus reservas sobre la construcción de este inmueble que ahora peligra en el momento en el que el consistorio concedió la licencia a Aifos. Entonces, la Junta de Andalucía pidió al Ayuntamiento que revisara de oficio la licencia otorgada, algo que nunca se produjo, lo que motivó la apertura del procedimiento judicial que podría acabar con el derribo del edificio en una provincia en la que el 9 de enero de 2008 ya se ejecutó la demolición de una vivienda en Vera, cuyo consistorio otorgó una licencia que fue declarada ilegal un año después al afectar la vivienda a suelos no urbanizables y al haber sido cursada para una instalación de carácter agrícola y no para una vivienda habitual.

Pese a este antecedente, en el que se optó por ejecutar la orden de derribo que meses después sería anulada por el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el futuro del edificio de Playa Serena seguirá siendo durante meses una incógnita, puesto que el recurso planteado por el consistorio tendrá que ser revisado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Éste fue precisamente el órgano que en octubre de 2006 revocó la licencia del centro comercial Gran Plaza que, sin embargo, sigue en pie pese a haber admitido los tribunales que contraviene la normativa urbanística.







* Teleprensa - 23.06.09
Foto: Almería, juzgados - teleprensa.es

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Manifiesto para que se le dé un uso cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo

RTPA* : Unas sesenta personas del mundo académico y cultural de Oviedo y más de una decena de organizaciones sociales y políticas han suscrito un manifiesto en el que solicitan que se dé un uso público y cultural a la Fábrica de Gas de Oviedo y a los chalés de la Fábrica de La Vega. El documento señala que ambos espacios son dos de los más significativos y emblemáticos del pasado industrial de la ciudad y se hallan "desprotegidos y amenazados por la especulación urbanística".

El manifiesto, remitido al Ayuntamiento de Oviedo y al Gobierno regional, emplaza a ambas instituciones a ponerse de acuerdo para proteger ambos conjuntos arquitectónicos y a ponerlos al servicio de la ciudadanía "tal y como se ha hecho en otros muchos lugares de España y del resto del mundo con antiguos edificios industriales".

Así, piden la rehabilitación de la Fábrica de Gas y su transformación en un centro cultural y artístico multidisciplinar, y locales para asociaciones, ONG's, entidades juveniles y culturales, así como equipamientos para el barrio en el caso de los chalés de La Vega

Entre los firmantes figuran personas del mundo académico como el decano de la Facultad de Geografía e Historia Octavio Monserrat y otros profesores de la Universidad de Oviedo como Lluis Xabel Álvarez,Benjamín Rivaya, Pilar García Cuetos, Aladino Fernández, Sergio Tomé, Rubén Vega y Amparo Pedregal.

Asimismo lo suscriben críticos teatrales como Boni Ortiz, actrices como Sheila Montes o Paula Alonso, músicos como Jorge Otero, Xabel Vegas, Dark laEme, Garikoitz Gamarra, Marcos Montoto, cineastas como Alberto Arce, artistas como Fernando Alba o Bernardo Sanjurjo y escritores como Sofía Castañón o Manolo D. Abad.

Entre los colectivos que se han adherido a esta iniciativa se encuentran el Foro de Urbanismo Crítico de Oviedo, la Asociación de Artistas Visuales de Asturias, Ecologistas en Acción, la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo, Cambalache o Xente Gai Astur.







* Radio Televisión del Principado de Asturias - 23.06.09
Foto: rtpa.es

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El fiscal sostiene que Barberá favoreció los intereses del Valencia

ELPAÍS* : La Fiscalía de Valencia sostiene que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y dos concejales favorecieron los intereses del Valencia CF en la permuta del solar sobre el que se levanta el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. La junta de gobierno local aprobó esta operación por 45 millones de euros, cuando un informe de la Agencia Tributaria en manos de la fiscalía eleva la tasación de los 80.000 metros cuadrados del citado solar hasta los 75 millones.

Los 30 millones de euros de diferencia a favor del club son producto en buena medida de una decisión posterior, adoptada por Barberá y los ediles Alfonso Grau y Jorge Bellver, que permitió, entre otras cosas, la construcción de un hotel en la parcela. El precio no se revisó al alza a pesar de la mejora. Así se lo ha trasladado el fiscal Vicente Torres, que investiga una denuncia de dos representantes vecinales del barrio de Benicalap, al fiscal superior, Ricard Cabedo, quien, por el contrario, entiende que no hay pruebas de ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidirá.

El Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia alcanzaron un acuerdo por el que el solar de la avenida de las Cortes Valencianas pasaba de uso deportivo público a privado. Se hicieron entonces tres tasaciones para que el Valencia CF compensase a la ciudad por este solar. La Universidad Politécnica estimó su valor en 33 millones de euros, y otros dos informes privados elevaron esta cantidad hasta los 43 y 45 millones de euros, respectivamente. Las partes acordaron que el valor más ajustado era el de 45 millones. A cambio, el club entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad de Valencia -valoradas en 28 millones de euros- y otros 17 millones de euros en metálico. Toda la tramitación de la operación pasó por Jorge Bellver, edil de Urbanismo, y Alfonso Grau, titular de Grandes Proyectos, además de la alcaldesa.

La Fiscalía de Valencia considera que la permuta fue claramente perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y favorable a los intereses de un particular. Y pretende investigación la actuación de Barberá, aforada al ser diputada autonómica. La decisión compete por tanto a la Fiscalía Superior.

El convenio suscrito en diciembre de 2005 entre la alcaldesa y el club establecía que el solar se recalificaría para su uso terciario. Pero ese compromiso tuvo que modificarse.El convenio entre la alcaldesa y el entonces presidente del club, Juan Soler, suscrito en diciembre de 2005, pretendía que los más de 80.000 metros cuadrados de solar -considerado en el PGOU de Valencia para uso deportivo público- fueran recalificados a uso terciario, aunque sin alterar su edificabilidad. Cuando se aprobó el expediente de modificación en el consistorio, las protestas de los vecinos y la oposición cerrada de los socialistas consiguieron que el gobierno local de Barberá lo dejara en suelo deportivo de uso privado. Un destino que, según las normas urbanísticas, impedía o "prohibía", según recordó ayer el concejal Rafael Rubio, el uso hotelero.

Arrancó entonces toda la maquinaria de valoraciones, tasaciones y tramitación de la permuta. Con posterioridad, en 2008, el equipo de Barberá modificó el PGOU para permitir solo en ese solar el uso hotelero. Lo denunció entonces el concejal socialista Vicente González Móstoles. Así el campo de fútbol consumirá la mitad de la edificabilidad prevista en la parcela -unos 40.000 metros- y el resto lo absorberá el complejo hotelero.

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento valenciano, Alfonso Grau, visiblemente enfadado, tuvo que comparecer ayer para dar explicaciones sobre la permuta de solares. Grau negó que el Ayuntamiento haya querido beneficiar al club de fútbol y cargó contra los socialistas, informa Lidia Maseres. El teniente de alcalde dijo que el PSOE y "quienes lo corean andan enloquecidos por implicar a la alcaldesa Barberá y al equipo de gobierno en alguna irregularidad". El edil se negó, sin embargo, a valorar el informe de la Agencia Tributaria, que eleva en 30 millones de euros los beneficios que habría debido ingresar la ciudad por esta permuta y que se ahorró el Valencia. Grau amenazó con presentar una denuncia ante la fiscalía "para ver de dónde han sacado la información los medios de comunicación". No explicó, sin embargo, por qué la permuta no se ha llevado a cabo casi cuatro años después de suscribirse el convenio con el club de fútbol.

Por su parte, el concejal socialista González Móstoles manifestó que, aunque el PSPV no coincide con la cantidad en la que la Agencia Tributaria ha tasado el terreno -los socialistas apuntaban a más de 100 millones de euros, mientras que la fiscalía lo valora en 30-, sí que comparten el "fondo" del asunto. Según Móstoles, lo que comparten con la fiscalía "es que es un procedimiento irregular".

Fuentes del Valencia CF achacaron ayer a razones burocráticas el retraso en la formalización de la permuta. También admitieron que están pendientes de pagar los 17 millones de euros, informa Nadia Tronchoni.

Otras fuentes, estas municipales, agregaron que el Valencia CF ya trasladó por escrito al Ayuntamiento de la ciudad -concretamente en julio de 2007- que las 19 parcelas previstas en la permuta estaban disponibles. En concreto, la sociedad Belnave, SL, vinculada, según estas fuentes, al club deportivo, fue la que se encargó de comprarlas. La mayoría de ellas son parcelas de campo o huerta y, al parecer, el consistorio no las aceptó ni las registró porque planteaban problemas. Concretamente, tenían problemas de lindes o estaban atravesadas por acequias, y en esas circunstancias el Ayuntamiento no estaba dispuesto a registrarlas. Han pasado dos años desde aquello y nada se sabe. La exigencia de pagar los 17 millones de euros coincide además con un momento en que la situación económica del Valencia CF es delicada.

Grau ha insistido en más de una ocasión en que el solar donde se levanta el nuevo estadio es todavía de titularidad municipal y que si el club no cumple, la ciudad tendrá "un estadio de fútbol gratis".







* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO / CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 23/06/2009
Foto: Valencia, nuevo Mestalla (archivo) - kaosenlared.net

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Tenerife: Defensa desoye a la Justicia

ABC* : El Ministerio de Defensa ha iniciado la «expropiación forzosa» de unos terrenos, situados en Tenerife, que el departamento de Chacón debería haber entregado o pagado a los herederos de su inicial propietario, tal y como estableció el Tribunal Supremo el 20 de julio de 2007.

La decisión de Defensa, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 16, se produce después de que un juez canario volviera a dar la razón a los legítimos dueños y fijara un plazo de seis meses para que el Ministerio cumpliera la sentencia del Supremo, que es firme. Defensa señala que esos terrenos son «necesarios» para mantener «en su actual ubicación» la base militar de Hoya Fría.
Fuentes jurídicas han explicado que la expropiación es, en este caso, un acto «radicalmente nulo», pues no hay duda de que su finalidad es no obedecer al Supremo. La ley que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa afirma en su artículo 103.4 que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».
Para buscar el origen de este contencioso hay que retroceder hasta el 5 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil. Ese día, Álvaro Rodríguez López hizo entrega ante notario al entonces jefe del Estado de unos terrenos (dos fincas con una superficie de 470.000 metros cuadrados) valorados en 22.188 pesetas. Allí se instalaría el «Campo del general Franco» -hoy base de Hoya Fría- destinado a instrucción militar y de tiro.
Pasaron la guerra y los cuarenta años de dictadura. Y llegó el año 1997, fecha en la que Defensa sacó a subasta pública una parcela, que fue finalmente adjudicada a la cooperativa de viviendas «Hespérides». Fue entonces cuando los herederos de Álvaro Rodríguez López reclamaron la devolución de los terrenos (o el pago de su valor actual). El motivo: el Ministerio había modificado el uso para el que las fincas fueron donadas.
La reclamación llegó hasta el Supremo, que dio la razón a los demandantes y recordó a Defensa que la donación «nunca se pensó» para la construcción de viviendas ni para la «transmisión con ánimo de lucro». Antes de vender, el Gobierno debía haber devuelto las fincas a sus propietarios. Pero la sentencia es papel mojado para Defensa que, dos años después, ni ha devuelto los terrenos ni ha pagado a los demandantes. Es más, ha pasado al contraataque con la amenaza de expropiación.
Fuentes del Ministerio señalaron a ABC que es «del máximo interés» mantener la propiedad de los terrenos y que la controversia se refiere a una parcela de 191.000 metros cuadrados, cuando la finca tiene 700.000.
Según los demandantes, la reclamación afecta a unos 235.000 metros cuadrados, cifra resultante de restar a la superficie donada en 1937 los 170.000 metros adjudicados a «Hespérides» (la cooperativa ya ha saldado de forma amistosa su deuda con los demandantes) y los 65.000 que ahora ocupa una autopista.
En la demanda de ejecución de sentencia, la familia explica cómo desde 2007 hasta ahora ha intentado ponerse en contacto con Defensa para, «de forma amistosa, leal y recta, llegar a una solución extrajudicial (...) sin que se haya obtenido la más mínima atención ni respuesta».
Petición del Congreso
Los demandantes no son los únicos interesados en que Defensa desaloje la finca. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso aprobó en mayo de 2007 una proposición no de ley en la que insta al Gobierno «a iniciar los trámites oportunos para el traslado, en el menor plazo de tiempo posible», de la base. La Cámara responde así a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Santa Cruz de Tenerife.







* ABC - NIEVES COLLI - 22-06.09
Foto: abc.es

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'Aljarafe Habitable' pide que Cultura "recapacite" sobre Montelirio tras el aviso de la Fiscalía

QUÉ/Sevilla* : La organización conservacionista 'Aljarafe Habitable' reclamó hoy al delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno, que "recapacite" sobre la gestión desplegada en el dolmen de Montelirio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y enclavado en una finca de 16.000 metros cuadrados de Castilleja de Guzmán (Sevilla), advirtiendo de que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha "confirmado" las quejas de los colectivos ciudadanos en su memoria del año 2008.

Después de que dicho departamento, coordinado por Javier Rufino, se viera obligado en 2008 a recurrir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al no obtener una "respuesta pormenorizada" de la Consejería de Cultura, en el marco de unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número siete "por posibles daños" en el entorno del dolmen, el activista conservacionista Eduardo Apellániz dijo a Europa Press que la advertencia de la Fiscalía "confirma lo mal que se está tratando este asunto".

"Es gravísimo, hasta con la Fiscalía", señalaba Eduardo Apellániz en cuanto a la política de la Consejería de Cultura con este dolmen que constituye uno de los principales activos patrimoniales de la provincia en lo que al calcolítico se refiere. Al respecto, explicó que la Fiscalía ha venido a reconocer "lo que era un escándalo a voces". "Bernardo Bueno tendría que recapacitar", dijo este activista de 'Aljarafe Habitable' en cuanto a los aspectos que la Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Superior de Andalucía recoge en 2008 sobre el dolmen de Montelirio.

Según esta memoria, recogida por Europa Press, al departamento que coordina Javier Rufino no le fue "factible" obtener una "respuesta pormenorizada" por parte de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura en un procedimiento incoado por el Juzgado de Instrucción número nueve por "posibles daños en la zona" del dolmen de Montelirio, en cuyos aledaños a comienzos de 2008 se descubrió una necrópolis y otros vestigios históricos amenazados por un planeamiento urbano posteriormente suspendido.

"Tal vez por falta de medios", la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico no obtuvo "una respuesta pormenorizada" por parte del departamento de Bernardo Bueno, por lo que se vio en la "necesidad de acudirá a la investigación del Seprona".







* Qué.es - 22-06-09
Foto: Castilleja de Guzman (Sevilla), dolmen - Pérez Cabo (ELPAIS.com)

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Los Monegros No Se Venden: Derecho a discrepar

LMNSV* : El Ayuntamiento de Fraga denuncia a miembros de Stop Gran Scala Baix Cinca: ataca ideas y arremete contra la libertad de expresión. Entendemos por ello que el Ayuntamiento de Fraga no nos reconoce como ciudadanos libres de un estado democrático y se posiciona defensora y al servicio de los intereses de unos dudosos promotores, pretendiendo acallar las voces críticas al proyecto de Gran Scala.

Estamos perplejos al ver como un proyecto indefinido se apodera de nuestro derecho a la libre expresión y que también se apodera del poder legislativo con la cercana aprobación de la ley de centros de ocio de gran capacidad. Si perdemos nuestro derecho a opinar y de decidir sobre nuestras leyes, partiendo de intereses económicos y especulativos y no de la voz de los ciudadanos, haciendo leyes a la carta, rompiendo el consenso de una ley del juego, aprobada hace pocos años, para proteger a los ciudadanos de los problemas que ocasiona en la salud el juego, perdemos nuestra condición de ciudadanos. Una ley de centros de gran capacidad de ocio completamente desorbitada, fruto de políticas desordenadas e irresponsables, en plena crisis y entre tormentas de escándalos de corrupción en el Aragón surrealista. Por ejemplo Euro-disney no supera las 100 hectáreas y aquí las mínimas exigidas para un centro de ocio son 1300 hectáreas. Esta sinrazón es apoyada por el PAR, PSOE y el PP, todo por una idea que unos promotores, con un escandaloso pasado de estafas por Bolivia y España, falsos motores milagrosos, utilización ilegal del logotipo de la DGA, repetidas promesas incumplidas en las que por definición podemos llamarles estafadores y un largo etc., consiguieron engatusar al PAR con cenas, coches y Jets privados. El senador Mur y Muniesa, a quienes la revista Interviú señala relacionados en una estafa millonaria internacional a una empresa China, sirvieron como enlace entre los ubicados en paraísos fiscales y los ubicados en un sillón del Pignateli.
Nosotros no dudamos de nuestra condición de opositores a Gran Scala, no cederemos nuestra libertad ante los políticos que no queréis representarnos por ser capaces de discrepar, de unos presuntos promotores, que tan sólo han vendido humo, actividad que es una acepción del verbo estafar. Ahora hemos concedido nuestras leyes ante un humo, una idea que hace mucho tiempo fracasó en atraer operadores de la magnitud necesaria para llevar a efecto Gran Scala. Nos encontramos otra vez viendo como la DGA vuelve desesperadamente a avalar la idea de Gran Scala, para ver si algo se puede conseguir, pero no nos engañemos más, la imagen del gobierno de Aragón se encuentra muy devaluada, enturbiada en casinos que se deshacen en el aire, en escándalos como La Muela, de un casino en Panticosa que se esfuma…
ILD, los promotores de Gran Scala, quería una alfombra roja y encontró a unos representantes que estaban dispuestos a extendérsela. Ahora se suma el PSOE y el PP, en una aventura de mentiras, de falsas oficinas en Plaza, de ampliaciones de capital inexistentes, de avales que ni se molestaron en presentar, de plazos incumplidos una y otra vez .Nadie se acuerda de La Almolda, ni de Castejón de Monegros, nadie se acuerda de los pueblos de Aragón que se despueblan cada día. Se defiende Gran Scala desde la inmoralidad manifiesta por el vicepresidente de Aragón, quién dijo que el gobierno no iba a ser moralista. Se acepta Gran Scala con la sensacionalista excusa de los puestos de trabajo y no deja de asustar tal convicción que justifica desmanes por trabajo, guerras por puestos de trabajo en armamento. Justificación que opta por ser sumisa a los primeros oportunistas, que por enseñar unos dibujitos ya deseamos ser la tierra de los casinos, de las leyes a su merced y a quienes se atrevan a discrepar: ¡tranquilos! que los incorruptos poderes públicos en su imparcialidad y deber democrático no permitirán que la mafia nos domine, para eso ya están ellos.

Otro Aragón es necesario ya!!! Y No a Gran Scala

* Los Monegros No Se Venden







* alasbarricadas.org - 19-06.09
Foto: alasbarricadas.org

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La Fiscalía critica la lentitud judicial para demoler construcciones que son ilegales

ELCORREODEANDALUCÍA* : La Fiscalía de Medio Ambiente lamenta la lentitud con que los juzgados de lo Penal ejecutan las demoliciones de las construcciones ilegales. En su Memoria Anual de 2008 el Ministerio Público destaca que los delitos urbanísticos siguen aumentando: un 28% con respecto a 2007.

La saturación de los juzgados de lo Penal y la lentitud en ejecutar sus sentencias se está apreciando en los casos en los que se ordena la demolición de una construcción ilegal en un paraje natural. Ésta es una de las quejas de las que se hace eco la Memoria Anual de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.

Según explica su coordinador delegado, Javier Rufino, el año pasado los juzgados sevillanos dictaron “una treintena” de sentencias firmes en las que se ordenaba la restauración del suelo a su estado originario en diversos puntos de la provincia. A juicio del fiscal en algunas ocasiones “la efectividad de la demolición se retrasa innecesariamente” por los plazos “injustificadamente amplios” que marcan los juzgados, aunque también reconoce que estos retrasos se deben muchas veces a la “falta de colaboración” de los condenados y hasta de los propios ayuntamientos.

Para garantizar la efectividad de la sentencia, Rufino propone que se inste al derribo y restauración del suelo en “un breve plazo de dos meses”, tiempo suficiente para realizar un proyecto de demolición, ya que suelen ser construcciones de escasa envergadura. También se opone a las suspensiones de las penas de prisión hasta que el procesado no deposite una cuantía que cubra los gastos del derribo, y a que las condenas se sustituyan con multas si no se produce la demolición, pues esto demuestra “la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado”.

Por otro lado, en cuanto al número de asuntos registrados el año pasado en esta Fiscalía, éstos han ascendido un 5%, pasando de las 282 diligencias incoadas en 2007 a las 298 durante el año pasado. Por el tipo de delitos, la Fiscalía alerta de una importante subida de los referentes a la ordenación del territorio, con un 28% con respecto a 2007. En este sentido, Rufino destaca que este tipo delitos acapara el 85% de las investigaciones que se iniciaron el año pasado por los fiscales de Medio Ambiente, ya que de las 298, un total de 255 fueron por infracciones urbanísticas.







* El Correo de Andalucía - Rocío Velis - 22-06.09
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es

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Dénia claudica y renuncia a proteger Racons y a crear VPO y zonas verdes

INFORMACIÓN/Alicante* : Desde que el pentapartito tomó el poder por la fuerza han pasado cosas muy graves, pero esto ya es un escándalo". La frase la pronunció ayer la portavoz del PSPV en Dénia, Paqui Viciano, y su compañero de grupo Vicent Grimalt coincidió en emplear el mismo calificativo. Los socialistas, en la oposición desde julio del año pasado, desvelaron que el equipo de gobierno (PP, CU, GD, PSD y Juan Collado) ha desistido de los contenciosos planteados por el anterior gobierno PSPV-Bloc ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad por 10 modificaciones del Plan General Transitorio (PGT) introducidas unilateralmente por la Conselleria de Urbanismo en 2007 por medio de una corrección de errores.

Y eso significa que el pentapartito renuncia a seguir defendiendo la postura municipal, justo cuando habían empezado a salir las primeras sentencias, todas a favor del Ayuntamiento. Pero lo más significativo es que el Consistorio claudica cuando todo apuntaba a que iba a ganar los pleitos.
Hasta el momento, el TSJ había anulado ya, atendiendo los recursos municipales, dos de las modificaciones hechas por la conselleria en el PGT (la declaración del Pinaret de Jesús Pobre como urbano y el incremento de una altura de edificación en primera línea de les Marines). No pasará lo mismo con las 10 restantes, pues como desveló el PSPV, el pentapartito acordó en Junta de Gobierno Local el pasado día 3 desistir de sus recursos "cuando ya estaban vistos para sentencia y, en buena lógica el TSJ iba a fallar en la misma línea, anulando las decisiones de la conselleria".
Uno de esos contenciosos era el interpuesto contra la decisión del Consell de levantar la suspensión de planeamiento que pesaba sobre el más de un millón de metros cuadrados de los sectores 1 y 2 de Racons. El sector 2 (512.847 m2) era propiedad del actual concejal del PSD, Juan Sancho, que lo vendió apenas unas semanas antes de que la conselleria diera luz verde a su urbanización. Vicent Grimalt calificó ayer de "muy curioso" que Sancho vendiera los terrenos cuando no se podían urbanizar, "a no ser que tuviera indicios de que se iba a cambiar" su calificación.
En un segundo contencioso ahora retirado, el ayuntamiento recurruó la anulación de las otras 9 modificaciones. En términos globales, implican la supresión de más de 125 VPO previstas fuera del casco urbano (en el Montgó o les Marines), y la eliminación de más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes. Paralelamente, se incrementa la edificabilidad en algunos sectores, como Pedrera Azahar o se suprime un vial en les Marines.

"Se han plegado a los promotores"

Para los socialistas de Dénia, la decisión del pentapartito tiene una clara motivación, que no es la defensa del interés general. Y apuntaron directamente a la propia conselleria y a algunos de los principales promotores de la ciudad como grandes beneficiarios de la decisión del equipo de gobierno. Y también, incluso, al edil Juan Sancho. Paqui Viciano ironizó con que "cada día está más claro a qué se refería el pentapartito cuando tomó el poder y dijo que lo hacía para salvar Dénia". Lo hacía, añadió, "para salvar a Dénia de las políticas urbanísticas del PSPV y Bloc" y apostar por un "ayuntamiento que está al servicio de la conselleria, y no de los ciudadanos, que quedan totalmente desprotegidos"; y "al servicio de intereses minoritarios". Vicent Grimalt situó la diana para apuntar más directamente a quienes considera principales beneficiados con este "escándalo" y se refirió a las empresas de dos de los principales promotores locales: Prominver, de Enrique Pla, y Mongomar, de la familia Caudeli.








* Información - SERGI GARCÍA - 19-06.09

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EL TSJ tumba un PAI de 300 viviendas en Enguera

ELPAÍS/Valencia* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha estimado el recurso del portavoz socialista. Alfredo Barberán,grupo socialista de Enguera y ha anulado las bases de un programa de actuación integrada (PAI) en Enguera.

El tribunal considera contraria a derecho la realización del pleno extraordinario de aprobación, tramitado por la vía de urgencia y cuyo expediente no fue facilitado al grupo socialista hasta el mismo día de la sesión.

El alcalde, Santiago Arévalo, del PP, considera "absurda" la sentencia, dado que la urgencia de una cuestión "es una juicio de valor, la determina el pleno, no un tribunal" y ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo. "Convocaremos otro pleno, volveremos aprobar el mismo expediente y ya está", avanzó el alcalde.

El proyecto de 24.108 metros cuadrados en los terrenos de la antigua fábrica textil Piqueras y Marín, promovido por la mercantil PL Madrid, SL, de Xàtiva, preveía la construcción de 300 viviendas en bloques de cuatro pisos.






* ELPAÍS.com - X. A. - Xàtiva - 21/06/2009
Foto: Enguera (Valencia) - lasprovincias.es

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Sevilla: La visita de la Unesco reabre el debate sobre la Torre Pelli

ELCORREODEANDALUCÍA* : En plena obra, el rascacielos de Cajasol encara otra semana de debate, y no por cuestiones técnicas. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco se reúne en Sevilla desde mañana lunes hasta el día 30 y está por ver si los colectivos en contra de su construcción logran que este organismo reconozca el impacto negativo de la torre.

El asunto no estará entre los 133 casos con problemática patrimonial que, a escala global, revisará el Comité en su cita de Sevilla, pero se tratará extraoficialmente, de ahí que los colectivos en contra del rascacielos de Cajasol ya hayan organizado un calendario de actos.

Sólo el tiempo dirá si la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares acaban en la lista de Patrimonio en Peligro por el impacto negativo de la torre, obra del arquitecto argentino –nacionalizado norteamericano– César Pelli con una altura de 178 metros, 80 más que la Giralda. La pérdida de la categoría de Patrimonio Mundial de estos monumentos, a priori, parece complicada.

No obstante, pese al apoyo de las administraciones y a la legalidad del rascacielos, lo cierto es que hay precedentes en los que la presión de la Unesco ha bloqueado un proyecto. A los casos ya conocidos de Colonia y Oviedo –en los que el organismo de la ONU desautorizó y consiguió parar proyectos urbanísticos con rascacielos– se une ahora el de Praga. Recientemente, la Unesco ha mostrado formalmente su preocupación por la construcción en el barrio de Pankrác de varios edificios de unos 100 metros.

Si la Unesco no respalda el proyecto, Sevilla podría seguir los pasos de Colonia, a la que el organismo de la ONU incluyó en 2004 en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro ante la insistencia de las autoridades alemanas en construir en el barrio de Deutz un ambicioso proyecto urbanístico con cuatro rascacielos.

El tiempo apremia y la obra sigue su curso. El Ministerio de Cultura ha creado un comité de expertos para que analice la polémica y España se presente en la cita del Comité Mundial del Patrimonio de junio de 2010 (en Brasilia) con una postura única. Para entonces ya estará lista la cimentación de los 43 pisos (tres bajo rasante). Y es que el tiempo corre a favor de Cajasol.

Los informes y las voces a favor y en contra se multiplican. El punto de partida fue un documento demoledor de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organismo consultivo oficial de la Unesco. Denunció el impacto que para el patrimonio puede tener el edificio, lo que motivó que el tema casi fuese incluido en la reunión de Sevilla, organizada para inscribir nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial y revisar los que están en peligro.

El promotor (Cajasol), el Ayuntamiento y la Junta defienden el proyecto y aseguran que no “agrede” al casco histórico. Es más, sostienen que da respuesta a lo planteado en el PGOU, que no tiene afección visual a pie de calle, en el corazón donde se ubican los monumentos protegidos, que los problemas de tráfico los solucionarán las administraciones con transporte público, que el edificio, pese a su altura, será “sostenible”, rentable y beneficioso para la economía de la ciudad.

En el otro lado del ring está la plataforma Túmbala, que pretende que los 178 metros se recorten. Este colectivo, que aglutina desde ecologistas hasta profesores universitario o entidades sociales de diversa índole, asegura que la torre “amenaza” los valores patrimoniales y paisajísticos del Centro; que va en contra del modelo de ciudad sostenible mediterránea; que su “errónea” ubicación creará un caos “espectacular” de tráfico e incluso que la especulación urbanística, en plena crisis, es éticamente “injustificable”, sobre todo porque viene “de una entidad financiera a la que se le supone una vocación social”. Además, apuntan que un rascacielos no moderniza una ciudad, ya que eso depende de la mentalidad de sus moradores.

Lo cierto es que el proyecto enclavado en Puerto Triana no se libra de la polémica y desde su nacimiento ha estado en la diana. Puerto Triana en sí arrancó en 1998, durante el mandato de Soledad Becerril (PP), como un ambicioso complejo con 87.000 metros cuadrados de edificabilidad, de los que al menos 72.000 eran para centros comerciales y de ocio. Ricardo Bofill diseñó una torre de 80 metros para la sede de las cajas de ahorro. Todo debía estar listo en la primavera de 2003. Con 150 millones de euros, generaría 5.000 empleos.

El resbalón vino cuando en 2003 la Consejería de Obras Públicas redujo de forma drástica la edificabilidad a 45.000 metros cuadrados, destinados sobre todo a centros administrativos, lo que llevó a replantearlo como sede de oficinas. Entonces abandonó el proyecto Rodamco, grupo especializado en centros comerciales.

El segundo escollo fue político: al llegar al Gobierno local, IU se opuso al proyecto. Los socios privados salieron del mismo y las cajas de ahorro sevillanas compraron su parte, retomando las negociaciones con el Ayuntamiento. Pasado un lustro, Puerto Triana volvió a empezar de cero en 2003. Tres años después, la Gerencia de Urbanismo aprobó el Plan de Reforma Interior incluyendo la posibilidad de construir una torre de entre 150 y 225 metros o dos edificios de 90 metros.

El Ayuntamiento apostó por un rascacielos para liberar el resto del espacio y disponer de un símbolo arquitectónico de la Sevilla de siglo XXI. Las cajas, por su parte, recelaron en un primer momento porque levantar más de 22 plantas supone un enorme gasto. Pero la entidad financiera cambió de opinión. El 17 de julio de 2007 se puso la primera piedra, tras un concurso de arquitectura basado en el diseño de un gran rascacielos. Y ya se construyen las pantallas que rodearán el recinto.







* El Correo de Andalucía - Obreros trabajando ayer, sábado, en la cimentación de la torre / Paco Cazalla, elcorreodeandalucia.es

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La ciudad de Valencia pierde 30 millones en el solar del nuevo estadio

ELPAÍS* : El Valencia Club de Fútbol ganó 30 millones de euros en la permuta del solar sobre el que se construye el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. O lo que es lo mismo, la ciudad de Valencia pierde esa cantidad a causa de la tasación asumida en la operación por el equipo de la alcaldesa, la popular Rita Barberá.

Según un informe de la Gencia Tributaria incluido en la investigación que desarrolla la Fiscalía de Valencia sobre la permuta, la tasación de los más de 80.000 metros cuadrados de ese solar asciende a 75 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento acordó con el club un valor de 45 millones, tras asumir la más alta de las tres tasaciones que solicitó cuando el convenio estaba por firmar.

Esa sustancial diferencia, según la Fiscalía de Valencia, es producto directo de una decisión a sabiendas favorable para el club tomada por el Ayuntamiento de Valencia, concretamente por Rita Barberá, alcadesa, y por los concejales Jorge Bellver, de Urbanismo, y Alfonso Grau, de Grandes Proyectos.

Si es o no sostenible una imputación contra la alcaldesa, aforada por su condición de diputada, es una cuestión que está en manos del fiscal general del Estado, que tiene sobre la mesa dos informes: uno, de la Fiscalía de Valencia considerando que sí; y otro, de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, competente para aforados, que opina lo contrario. Las diligencias se mantienen abiertas en espera de la respuesta de Cándido Conde-Pumpido.

El Ayuntamiento recalificó para uso deportivo privado la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas donde se construye el nuevo estadio del Valencia. Un informe de la Universidad Politécnica valoró esa parcela y sus nuevos usos en 33 millones de euros y dos informes privados en 43 y 45 millones de euros, respectivamente. La Corporación aprobó el acuerdo con el club con la tasación más alta, la de 45 millones. El club, a cambio, entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad. Esas parcelas están valoradas en 18 millones de euros. Los 17 millones de diferencia debían ser compensados por el club con un abono en efectivo. De momento, ni las parcelas ni el dinero se han entregado al Ayuntamiento. Sin embargo, sobre el solar previsto, aunque con las obras paralizadas por falta de fondos, ya se levanta el esqueleto del futuro estadio.Meses después de que el Ayuntamiento aprobara en pleno el convenio, el club solicitó una recalificación parcial del solar, concretamente de los metros cuadrados que en el proyecto inicial conveniado estaban destinados a oficinas. Pidió permiso para poder disponer de una licencia de uso hotelero. Y el Ayuntamiento volvió a decir que sí sin hacerse ningún cuestionamiento sobre el impacto económico respecto del pacto entre las partes.

Una denuncia de los vecinos obligó a la Fiscalía de Valencia a abrir una investigación. Los denunciantes consideraron que el Ayuntamiento había dejado a los ciudadanos sin unos terrenos de uso público para acceder a los deseos de un club de fútbol que salía claramente beneficiado en la operación económica.

La Fiscalía inició las diligencias y llamó a declarar a varios técnicos del área municipal de Urbanismo. Además, reclamó al Ministerio de Economía y Hacienda una nueva valoración sobre la parcela.

Esa valoración se eleva a 75 millones de euros. Ello significa, tal como consta en el informe, que el Valencia suma un beneficio de 30 millones de euros como consecuencia del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento.

La Fiscalía de Valencia, una vez estudiada toda la documentación aportada por el Ayuntamiento y las explicaciones de los técnicos, considera que el equipo de Rita barberá que dirigió las negociaciones con el club de fútbol conocía indiscutiblemente las intenciones de solicitar una posterior recalificación para permitir un ventajoso uso hotelero en el complejo deportivo. De ello, responsabiliza a Grau, a Bellver y a la propia alcaldesa.

Precisamente, por el hecho de encontrarse con una aforada, la Fiscalía de Valencia tuvo que enviar el asunto a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Ésta reclamó en dos ocasiones informes complementarios para conocer el detalle de todo lo actuado.

Su criterio es diferente, ya que no ve claro que de ese beneficio sean responsables los dos concejales y la alcaldesa. Más aún, sin entrar demasiado en el fondo de la cuestión, entiende que hay falta de pruebas para sostenerlo.

A su juicio, la última recalificación, la que permite al Valencia disponer de una licencia de uso hotelero en el complejo, se produce con posterioridad a la firma del acuerdo. Ante la divergencia entre ambos, el asunto está en manos del fiscal general del Estado.







* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 21/06/2009
Foto: Valencia, nuevo estadio (archivo) - elpais.com

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Un millar de personas se manifiestan en Cangas en contra del puerto de Massó y los rellenos en la costa

FARODEVIGO* : Detrás de una pancarta con la leyenda “Tí que vives do mar, únete e defende o teu posto de traballo”, un millar de personas partieron ayer desde la Alameda Vella de Cangas para recorrer el centro urbano en manifestación contra el puerto deportivo de Massó y los rellenos en el litoral. La protesta, organizada por la cofradía “San José” y la red de colectivos “Galiza non se vende” estuvo encabezada por el patrón mayor, Evaristo Fernández, y otros miembros del cabildo, así como representantes del movimiento ecologista.

También participaron marineros y colectivos de otros municipios de la ría, con una nutrida presencia de jóvenes. La manifestación ralentizó el tráfico en la Avenida de Bueu, Alexandre Cribeiro, Avenida de Vigo y Castelao, donde los participantes se plantaron frente al Concello para desplegar sus pancartas y corear consignas contra el proyecto de Marina Atlántica, las autorizaciones de la Autoridade Portuaria y la pasividad del BNG y PSOE, especialmente la alcaldesa, para frenar las obras. “¡Veu máis xente da que esperaba. Imos seguir nesta guerra en defensa do noso mar e ímola gañar!”, proclamó el patrón mayor. “Para ser a primeira non está mal, pero detrás virán outras se isto non funciona”, añadió Antonio Fernández Cordeiro, portavoz del Foro Social.
La protesta comenzó en la Alameda Vella con los argumentos de los convocantes sobre el “atentado ecolóxico” que supone el proyecto para Massó, la “perda de 500 empregos no mar”, la “ilegalidade” de las obras y el “pelotazo especulativo” que representa esa “usurpación de terreos e privatización do mar”. El recurso a la Guardia Civil para proteger las obras, el “ataque frontal ao pequeno comercio” –los convocantes criticaron la ausencia de este sector en la protesta–, y, sobre todo, la “deixación de funcións municipais” y la supuesta connivencia de la prensa fueron otros de los mensajes más recurridos. En días previos, un coche con megafonía alertaba de la destrucción de empleos y la afectación a la playa de Rodeira.
Entre el público se encontraba el concejal de Urbanismo, artífice político de la movilización contra el proyecto de Marina Atlántica. Abalo cifró en “mil persoas” las que le acompañaban y cuyo mensaje resumió como “a necesidade de recuperar a unidade de acción no goberno en defensa dos traballadores e do sector mariñeiro”. También acudió el edil de Cultura e Patrimonio Xosé Manuel Pazos, de Esquerda Unida (que forma parte de ACE). El BNG no acudió a la manifestación, aunque su portavoz, Óliver Álvarez, comunicó que “respetan” a los asistentes, “pero tamén aos moitos que non asistiron”, e instó a Abalo a “sentarse con Marina Atlántica e a Autoridade Portuaria para resolver o problema”. La edil no adscrita, Begoña Pérez, se dejó ver al principio de la manifestación, mientras que el PSOE no compareció.
Desde el Foro se hizo un llamamiento a mantener la “guardia permanente” en el vial de A Congorza para evitar el suministro de materiales a la obra y a acudir a los plenos que se celebren. La sesión ordinaria de junio, prevista para el viernes, se traslada al jueves siguiente. “Iremos a preguntarlle catro cousas a un partido que dí que é socialista e obreiro, e tamén aos que teñen alí a alcaldesa, a ver se non pensan mover un dedo”, manifestaron sus portavoces.

Reivindicación pacífica
A pesar de las tradicionales consignas “se isto non se asume, lume, lume, lume!” o “se isto non se amaña, caña, caña, caña!”, y de mensajes dispersos contra la Guardia Civil o el uso de métodos de protesta más contundentes, la manifestación finalizó sin incidentes. “Imos a seguir nesta batalla e ímola gañar, pero desde o respeto e de forma pacífica”, proclamó el patrón mayor.






* Faro de Vigo - G.M.P. - 21.06.09
Foto: Marineros de Cangas y de otras cofradías de la ría encabezaron la protesta por las calles del centro urbano cangués. - Gonzalo Núñez, farodevigo.es


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Vecinos y usuarios piden el derribo del aparcamiento de Las Teresitas

CANARIAS7/Tenerife* : Alrededor de dos centenares de personas, la mayoría vecinos del barrio de San Andrés y usuarios de la playa de Las Teresitas, se manifestaron hoy para reclamar el derribo de las obras del aparcamiento en construcción a pocos metros de la arena, paralizadas por carecer de permisos.

La protesta fue convocada por colectivos vecinales y por Asamblea por Tenerife, que denunciaron que este aparcamiento, popularmente conocido como "mamotreto", es el primer paso en un proyecto de desarrollo urbanístico promovido por el Ayuntamiento y que incluye un hotel, un centro comercial y un puerto deportivo.

"Contra la corrupción urbanística" y "Zerolo dimisión", en alusión al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fueron algunas de las consignas coreadas por los asistentes, que recorrieron las calles de San Andrés.

El "mamotreto" debe ser derribado, por su "intolerable" impacto paisajístico a la entrada de la playa y porque actúa como una muralla entre el pueblo de San Andrés y Las Teresitas, según los organizadores de la protesta.

"No queremos un aparcamiento privado ni un centro comercial con restaurantes y bares que van a arruinar a los establecimientos del pueblo y darán lugar a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, rechazamos una construcción que, una vez finalizada, dejará al pueblo enterrado entre la montaña y el hormigón", según Asamblea por Tenerife.

En la manifestación se reclamaron aparcamientos gratuitos, una playa limpia, con baños y duchas decentes y kioscos dignos, "una simple reforma y acondicionamiento de la playa".

Leticia Armas, portavoz de los convocantes, denunció que se mantiene a la playa de Las Teresitas en un estado de abandono para que la gente se aburra y digan a los políticos que hagan lo que quieran con ella.

El "mamotreto" es "el primer eslabón de una cadena de destrozos que se realiza con el dinero de los contribuyentes", dijo, y reclamó "que se respete la naturaleza y los derechos de todos los vecinos, que se respete la playa de todo Santa Cruz".

A la manifestación se sumaron representantes del PSC-PSOE, entre ellos su portavoz en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, y la secretaria de Justicia y Seguridad, Sandra Rodríguez.







* Canarias 7 - EFE - 20.06.09
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com

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Los jueces tardan 12 años en decidir si Avacu representa o no a 300 familias

LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) y obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a revisar el recurso presentado por la entidad en representación de 300 familias valencianas a quienes la Generalitat denegó unas ayudas de vivienda en 1995.

Catorce años estas familias siguen sin saber si tienen derecho o no a cobrar estas subvenciones, simplemente porque decidieron que Avacu defendiera sus intereses pero los tribunales consideraban que la entidad no estaba legitimada para representarles.
El via crucis de estos afectados comenzó en 1995, cuando presentaron las solicitudes de ayudas para comprar una VPO, contempladas en el Plan de Vivienda 1992-1995, "presentadas con posterioridad al 15 de octubre de 1995", según consta en la sentencia del Constitucional ganada por Avacu. Desde la entidad explican que el Plan de Vivienda 92/95 (aprobado por los socialistas cuando gobernaban en la Generalitat) se cerró "anticipadamente, mientras que los ciudadanos interesados en obtener dichas ayudas acudieron a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), donde se les recogía la documentación y se les informaba de que, a pesar de dicho cierre, se prorrogarían las normas de dicho plan hasta que se aprobase el siguiente", según explicaban ayer desde Avacu a la agencia Europa Press. En esta época ya gobernaba la Generalitat el PP, y al frente de la Coput se encontraba Luis Fernando Cartagena. "Más de 300 familias compraron sus viviendas y presentaron la documentación con arreglo al plan vencido".
Sin embargo, "cuando se aprobó el siguiente plan no se recogieron los supuestos de estos ciudadanos, lo que creó un vacío legal que dio lugar a que sus solicitudes se rechazaran porque la Coput consideró que se presentaron fuera de plazo".
Los afectados acudieron a Avacu que inició el tortuoso camino de las reclamaciones ante la administración. Primero contra el servicio territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, que denegó las peticiones que formulaban los solicitantes. Ante esta negativa, Avacu optó por presentar en 1997 los recursos que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ decidió rechazar el 21 de febrero de 2001 "por falta de legitimación activa de Avacu para cuestionar" la denegación de las ayudas.
La asociación decidió entonces presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que también desestimó su demanda porque pilló el régimen transitorio de aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 que da al TSJ la decisión en última instancia.
Avacu presentó en 2006 un recurso de amparo al Constitucional que ahora obliga al TSJ a volver a analizar los recursos presentados en nombre de las 300 familias para ver si pueden o no cobrar las ayudas. Avacu se muestra optimista porque "existen sentencias anteriores, ordenando a la conselleria que admita las solicitudes rechazadas".
"Las asociaciones
no están solas"
El presidente de Avacu, Fernando Móner, subrayó ayer que "las asociaciones de consumidores no están solas", sino que son "un grupo de consumidores y usuarios, cada vez mayor, que se unen para defenderse de los atropellos, vengan de donde vengan", sentenció.
La jefa del Gabinete Jurídico de Avacu, Ana Móner, se mostró "satisfecha por todos los años de esfuerzo y constancia" de la asociación y anunció que "seguirán luchando, pues el transcurso del tiempo no debería ser obstáculo para obtener los derechos legales, aunque haya que pedir responsabilidad patrimonial a una administración que permite una demora de 15 años en obtener justicia".







* Levante-EMV - L. B. B. VALENCIA - 20.06.09
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es

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El timo de la vivienda

JOSEP MARIA MONTANER* : La vivienda ha sido la gran perdedora en las políticas de las últimas décadas. Y por ello, la mayor parte de la ciudadanía ha salido perjudicada. Se han hecho espacios públicos y equipamientos, arquitectura comercial y operaciones residenciales especulativas. Pero casi no ha habido políticas de vivienda social. El retraso en negociar, aprobar y aplicar la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña ha comportado que se agudice el vacío de vivienda asequible y adecuada. Además se mantiene el prejuicio de que no se necesitan más.

Así, casi sin cobertura pública, resolver esta necesidad ha quedado en manos, por una parte, de los promotores, que salvo honrosas excepciones han primado el negocio especulativo. Y por otra, ha dependido de las entidades bancarias, que sobrevaloraron hace unos años las mismas viviendas que ahora valoran por lo bajo, reclamando a sus hipotecados no sólo sus pisos, sino que cubran ellos la diferencia entre lo que deben y el valor devaluado. Por esta razón, ya hace meses que miles de afectados por hipotecas que han quedado por encima del valor real o cuyas cuotas les resultan impagables se están organizando para defenderse de los abusos de una banca que, mientras aprieta a los que tienen pocos recursos, reclama fondos gubernamentales de rescate para rehacerce de irresponsabilidades legitimadas por tendencias económicas.

La vivienda, que debería ser la clave de la sociedad, y sus usuarios, que somos todos, han quedado desamparados. Y es esta sociedad la que está pagando por los errores de previsión de las instituciones y los bancos que deberían protegerla y la han defraudado.

Parece que en la Cataluña actual prevalece el prejuicio de que las políticas de vivienda son cosa de la derecha. Aún falta para que se den cuenta de que la base de la vida humana es el espacio doméstico. Lástima que aún falte para que las políticas de vivienda tengan el lugar central que les corresponde.


*Josep María Montaner, arquitecto



* ELPAIS.com - Opinión - 15.06.09

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