Tenerife: Defensa desoye a la Justicia

ABC* : El Ministerio de Defensa ha iniciado la «expropiación forzosa» de unos terrenos, situados en Tenerife, que el departamento de Chacón debería haber entregado o pagado a los herederos de su inicial propietario, tal y como estableció el Tribunal Supremo el 20 de julio de 2007.

La decisión de Defensa, publicada en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 16, se produce después de que un juez canario volviera a dar la razón a los legítimos dueños y fijara un plazo de seis meses para que el Ministerio cumpliera la sentencia del Supremo, que es firme. Defensa señala que esos terrenos son «necesarios» para mantener «en su actual ubicación» la base militar de Hoya Fría.
Fuentes jurídicas han explicado que la expropiación es, en este caso, un acto «radicalmente nulo», pues no hay duda de que su finalidad es no obedecer al Supremo. La ley que regula la jurisdicción Contencioso-Administrativa afirma en su artículo 103.4 que «serán nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento».
Para buscar el origen de este contencioso hay que retroceder hasta el 5 de marzo de 1937, en plena Guerra Civil. Ese día, Álvaro Rodríguez López hizo entrega ante notario al entonces jefe del Estado de unos terrenos (dos fincas con una superficie de 470.000 metros cuadrados) valorados en 22.188 pesetas. Allí se instalaría el «Campo del general Franco» -hoy base de Hoya Fría- destinado a instrucción militar y de tiro.
Pasaron la guerra y los cuarenta años de dictadura. Y llegó el año 1997, fecha en la que Defensa sacó a subasta pública una parcela, que fue finalmente adjudicada a la cooperativa de viviendas «Hespérides». Fue entonces cuando los herederos de Álvaro Rodríguez López reclamaron la devolución de los terrenos (o el pago de su valor actual). El motivo: el Ministerio había modificado el uso para el que las fincas fueron donadas.
La reclamación llegó hasta el Supremo, que dio la razón a los demandantes y recordó a Defensa que la donación «nunca se pensó» para la construcción de viviendas ni para la «transmisión con ánimo de lucro». Antes de vender, el Gobierno debía haber devuelto las fincas a sus propietarios. Pero la sentencia es papel mojado para Defensa que, dos años después, ni ha devuelto los terrenos ni ha pagado a los demandantes. Es más, ha pasado al contraataque con la amenaza de expropiación.
Fuentes del Ministerio señalaron a ABC que es «del máximo interés» mantener la propiedad de los terrenos y que la controversia se refiere a una parcela de 191.000 metros cuadrados, cuando la finca tiene 700.000.
Según los demandantes, la reclamación afecta a unos 235.000 metros cuadrados, cifra resultante de restar a la superficie donada en 1937 los 170.000 metros adjudicados a «Hespérides» (la cooperativa ya ha saldado de forma amistosa su deuda con los demandantes) y los 65.000 que ahora ocupa una autopista.
En la demanda de ejecución de sentencia, la familia explica cómo desde 2007 hasta ahora ha intentado ponerse en contacto con Defensa para, «de forma amistosa, leal y recta, llegar a una solución extrajudicial (...) sin que se haya obtenido la más mínima atención ni respuesta».
Petición del Congreso
Los demandantes no son los únicos interesados en que Defensa desaloje la finca. La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso aprobó en mayo de 2007 una proposición no de ley en la que insta al Gobierno «a iniciar los trámites oportunos para el traslado, en el menor plazo de tiempo posible», de la base. La Cámara responde así a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal de Santa Cruz de Tenerife.







* ABC - NIEVES COLLI - 22-06.09
Foto: abc.es

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'Aljarafe Habitable' pide que Cultura "recapacite" sobre Montelirio tras el aviso de la Fiscalía

QUÉ/Sevilla* : La organización conservacionista 'Aljarafe Habitable' reclamó hoy al delegado provincial de la Consejería de Cultura, Bernardo Bueno, que "recapacite" sobre la gestión desplegada en el dolmen de Montelirio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y enclavado en una finca de 16.000 metros cuadrados de Castilleja de Guzmán (Sevilla), advirtiendo de que la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico ha "confirmado" las quejas de los colectivos ciudadanos en su memoria del año 2008.

Después de que dicho departamento, coordinado por Javier Rufino, se viera obligado en 2008 a recurrir al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil al no obtener una "respuesta pormenorizada" de la Consejería de Cultura, en el marco de unas diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número siete "por posibles daños" en el entorno del dolmen, el activista conservacionista Eduardo Apellániz dijo a Europa Press que la advertencia de la Fiscalía "confirma lo mal que se está tratando este asunto".

"Es gravísimo, hasta con la Fiscalía", señalaba Eduardo Apellániz en cuanto a la política de la Consejería de Cultura con este dolmen que constituye uno de los principales activos patrimoniales de la provincia en lo que al calcolítico se refiere. Al respecto, explicó que la Fiscalía ha venido a reconocer "lo que era un escándalo a voces". "Bernardo Bueno tendría que recapacitar", dijo este activista de 'Aljarafe Habitable' en cuanto a los aspectos que la Memoria de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de la Fiscalía Superior de Andalucía recoge en 2008 sobre el dolmen de Montelirio.

Según esta memoria, recogida por Europa Press, al departamento que coordina Javier Rufino no le fue "factible" obtener una "respuesta pormenorizada" por parte de la Delegación provincial de la Consejería de Cultura en un procedimiento incoado por el Juzgado de Instrucción número nueve por "posibles daños en la zona" del dolmen de Montelirio, en cuyos aledaños a comienzos de 2008 se descubrió una necrópolis y otros vestigios históricos amenazados por un planeamiento urbano posteriormente suspendido.

"Tal vez por falta de medios", la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico no obtuvo "una respuesta pormenorizada" por parte del departamento de Bernardo Bueno, por lo que se vio en la "necesidad de acudirá a la investigación del Seprona".







* Qué.es - 22-06-09
Foto: Castilleja de Guzman (Sevilla), dolmen - Pérez Cabo (ELPAIS.com)

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Los Monegros No Se Venden: Derecho a discrepar

LMNSV* : El Ayuntamiento de Fraga denuncia a miembros de Stop Gran Scala Baix Cinca: ataca ideas y arremete contra la libertad de expresión. Entendemos por ello que el Ayuntamiento de Fraga no nos reconoce como ciudadanos libres de un estado democrático y se posiciona defensora y al servicio de los intereses de unos dudosos promotores, pretendiendo acallar las voces críticas al proyecto de Gran Scala.

Estamos perplejos al ver como un proyecto indefinido se apodera de nuestro derecho a la libre expresión y que también se apodera del poder legislativo con la cercana aprobación de la ley de centros de ocio de gran capacidad. Si perdemos nuestro derecho a opinar y de decidir sobre nuestras leyes, partiendo de intereses económicos y especulativos y no de la voz de los ciudadanos, haciendo leyes a la carta, rompiendo el consenso de una ley del juego, aprobada hace pocos años, para proteger a los ciudadanos de los problemas que ocasiona en la salud el juego, perdemos nuestra condición de ciudadanos. Una ley de centros de gran capacidad de ocio completamente desorbitada, fruto de políticas desordenadas e irresponsables, en plena crisis y entre tormentas de escándalos de corrupción en el Aragón surrealista. Por ejemplo Euro-disney no supera las 100 hectáreas y aquí las mínimas exigidas para un centro de ocio son 1300 hectáreas. Esta sinrazón es apoyada por el PAR, PSOE y el PP, todo por una idea que unos promotores, con un escandaloso pasado de estafas por Bolivia y España, falsos motores milagrosos, utilización ilegal del logotipo de la DGA, repetidas promesas incumplidas en las que por definición podemos llamarles estafadores y un largo etc., consiguieron engatusar al PAR con cenas, coches y Jets privados. El senador Mur y Muniesa, a quienes la revista Interviú señala relacionados en una estafa millonaria internacional a una empresa China, sirvieron como enlace entre los ubicados en paraísos fiscales y los ubicados en un sillón del Pignateli.
Nosotros no dudamos de nuestra condición de opositores a Gran Scala, no cederemos nuestra libertad ante los políticos que no queréis representarnos por ser capaces de discrepar, de unos presuntos promotores, que tan sólo han vendido humo, actividad que es una acepción del verbo estafar. Ahora hemos concedido nuestras leyes ante un humo, una idea que hace mucho tiempo fracasó en atraer operadores de la magnitud necesaria para llevar a efecto Gran Scala. Nos encontramos otra vez viendo como la DGA vuelve desesperadamente a avalar la idea de Gran Scala, para ver si algo se puede conseguir, pero no nos engañemos más, la imagen del gobierno de Aragón se encuentra muy devaluada, enturbiada en casinos que se deshacen en el aire, en escándalos como La Muela, de un casino en Panticosa que se esfuma…
ILD, los promotores de Gran Scala, quería una alfombra roja y encontró a unos representantes que estaban dispuestos a extendérsela. Ahora se suma el PSOE y el PP, en una aventura de mentiras, de falsas oficinas en Plaza, de ampliaciones de capital inexistentes, de avales que ni se molestaron en presentar, de plazos incumplidos una y otra vez .Nadie se acuerda de La Almolda, ni de Castejón de Monegros, nadie se acuerda de los pueblos de Aragón que se despueblan cada día. Se defiende Gran Scala desde la inmoralidad manifiesta por el vicepresidente de Aragón, quién dijo que el gobierno no iba a ser moralista. Se acepta Gran Scala con la sensacionalista excusa de los puestos de trabajo y no deja de asustar tal convicción que justifica desmanes por trabajo, guerras por puestos de trabajo en armamento. Justificación que opta por ser sumisa a los primeros oportunistas, que por enseñar unos dibujitos ya deseamos ser la tierra de los casinos, de las leyes a su merced y a quienes se atrevan a discrepar: ¡tranquilos! que los incorruptos poderes públicos en su imparcialidad y deber democrático no permitirán que la mafia nos domine, para eso ya están ellos.

Otro Aragón es necesario ya!!! Y No a Gran Scala

* Los Monegros No Se Venden







* alasbarricadas.org - 19-06.09
Foto: alasbarricadas.org

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La Fiscalía critica la lentitud judicial para demoler construcciones que son ilegales

ELCORREODEANDALUCÍA* : La Fiscalía de Medio Ambiente lamenta la lentitud con que los juzgados de lo Penal ejecutan las demoliciones de las construcciones ilegales. En su Memoria Anual de 2008 el Ministerio Público destaca que los delitos urbanísticos siguen aumentando: un 28% con respecto a 2007.

La saturación de los juzgados de lo Penal y la lentitud en ejecutar sus sentencias se está apreciando en los casos en los que se ordena la demolición de una construcción ilegal en un paraje natural. Ésta es una de las quejas de las que se hace eco la Memoria Anual de la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla.

Según explica su coordinador delegado, Javier Rufino, el año pasado los juzgados sevillanos dictaron “una treintena” de sentencias firmes en las que se ordenaba la restauración del suelo a su estado originario en diversos puntos de la provincia. A juicio del fiscal en algunas ocasiones “la efectividad de la demolición se retrasa innecesariamente” por los plazos “injustificadamente amplios” que marcan los juzgados, aunque también reconoce que estos retrasos se deben muchas veces a la “falta de colaboración” de los condenados y hasta de los propios ayuntamientos.

Para garantizar la efectividad de la sentencia, Rufino propone que se inste al derribo y restauración del suelo en “un breve plazo de dos meses”, tiempo suficiente para realizar un proyecto de demolición, ya que suelen ser construcciones de escasa envergadura. También se opone a las suspensiones de las penas de prisión hasta que el procesado no deposite una cuantía que cubra los gastos del derribo, y a que las condenas se sustituyan con multas si no se produce la demolición, pues esto demuestra “la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado”.

Por otro lado, en cuanto al número de asuntos registrados el año pasado en esta Fiscalía, éstos han ascendido un 5%, pasando de las 282 diligencias incoadas en 2007 a las 298 durante el año pasado. Por el tipo de delitos, la Fiscalía alerta de una importante subida de los referentes a la ordenación del territorio, con un 28% con respecto a 2007. En este sentido, Rufino destaca que este tipo delitos acapara el 85% de las investigaciones que se iniciaron el año pasado por los fiscales de Medio Ambiente, ya que de las 298, un total de 255 fueron por infracciones urbanísticas.







* El Correo de Andalucía - Rocío Velis - 22-06.09
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es

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Dénia claudica y renuncia a proteger Racons y a crear VPO y zonas verdes

INFORMACIÓN/Alicante* : Desde que el pentapartito tomó el poder por la fuerza han pasado cosas muy graves, pero esto ya es un escándalo". La frase la pronunció ayer la portavoz del PSPV en Dénia, Paqui Viciano, y su compañero de grupo Vicent Grimalt coincidió en emplear el mismo calificativo. Los socialistas, en la oposición desde julio del año pasado, desvelaron que el equipo de gobierno (PP, CU, GD, PSD y Juan Collado) ha desistido de los contenciosos planteados por el anterior gobierno PSPV-Bloc ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad por 10 modificaciones del Plan General Transitorio (PGT) introducidas unilateralmente por la Conselleria de Urbanismo en 2007 por medio de una corrección de errores.

Y eso significa que el pentapartito renuncia a seguir defendiendo la postura municipal, justo cuando habían empezado a salir las primeras sentencias, todas a favor del Ayuntamiento. Pero lo más significativo es que el Consistorio claudica cuando todo apuntaba a que iba a ganar los pleitos.
Hasta el momento, el TSJ había anulado ya, atendiendo los recursos municipales, dos de las modificaciones hechas por la conselleria en el PGT (la declaración del Pinaret de Jesús Pobre como urbano y el incremento de una altura de edificación en primera línea de les Marines). No pasará lo mismo con las 10 restantes, pues como desveló el PSPV, el pentapartito acordó en Junta de Gobierno Local el pasado día 3 desistir de sus recursos "cuando ya estaban vistos para sentencia y, en buena lógica el TSJ iba a fallar en la misma línea, anulando las decisiones de la conselleria".
Uno de esos contenciosos era el interpuesto contra la decisión del Consell de levantar la suspensión de planeamiento que pesaba sobre el más de un millón de metros cuadrados de los sectores 1 y 2 de Racons. El sector 2 (512.847 m2) era propiedad del actual concejal del PSD, Juan Sancho, que lo vendió apenas unas semanas antes de que la conselleria diera luz verde a su urbanización. Vicent Grimalt calificó ayer de "muy curioso" que Sancho vendiera los terrenos cuando no se podían urbanizar, "a no ser que tuviera indicios de que se iba a cambiar" su calificación.
En un segundo contencioso ahora retirado, el ayuntamiento recurruó la anulación de las otras 9 modificaciones. En términos globales, implican la supresión de más de 125 VPO previstas fuera del casco urbano (en el Montgó o les Marines), y la eliminación de más de 15.000 metros cuadrados de zonas verdes. Paralelamente, se incrementa la edificabilidad en algunos sectores, como Pedrera Azahar o se suprime un vial en les Marines.

"Se han plegado a los promotores"

Para los socialistas de Dénia, la decisión del pentapartito tiene una clara motivación, que no es la defensa del interés general. Y apuntaron directamente a la propia conselleria y a algunos de los principales promotores de la ciudad como grandes beneficiarios de la decisión del equipo de gobierno. Y también, incluso, al edil Juan Sancho. Paqui Viciano ironizó con que "cada día está más claro a qué se refería el pentapartito cuando tomó el poder y dijo que lo hacía para salvar Dénia". Lo hacía, añadió, "para salvar a Dénia de las políticas urbanísticas del PSPV y Bloc" y apostar por un "ayuntamiento que está al servicio de la conselleria, y no de los ciudadanos, que quedan totalmente desprotegidos"; y "al servicio de intereses minoritarios". Vicent Grimalt situó la diana para apuntar más directamente a quienes considera principales beneficiados con este "escándalo" y se refirió a las empresas de dos de los principales promotores locales: Prominver, de Enrique Pla, y Mongomar, de la familia Caudeli.








* Información - SERGI GARCÍA - 19-06.09

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EL TSJ tumba un PAI de 300 viviendas en Enguera

ELPAÍS/Valencia* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha estimado el recurso del portavoz socialista. Alfredo Barberán,grupo socialista de Enguera y ha anulado las bases de un programa de actuación integrada (PAI) en Enguera.

El tribunal considera contraria a derecho la realización del pleno extraordinario de aprobación, tramitado por la vía de urgencia y cuyo expediente no fue facilitado al grupo socialista hasta el mismo día de la sesión.

El alcalde, Santiago Arévalo, del PP, considera "absurda" la sentencia, dado que la urgencia de una cuestión "es una juicio de valor, la determina el pleno, no un tribunal" y ha anunciado un recurso ante el Tribunal Supremo. "Convocaremos otro pleno, volveremos aprobar el mismo expediente y ya está", avanzó el alcalde.

El proyecto de 24.108 metros cuadrados en los terrenos de la antigua fábrica textil Piqueras y Marín, promovido por la mercantil PL Madrid, SL, de Xàtiva, preveía la construcción de 300 viviendas en bloques de cuatro pisos.






* ELPAÍS.com - X. A. - Xàtiva - 21/06/2009
Foto: Enguera (Valencia) - lasprovincias.es

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Sevilla: La visita de la Unesco reabre el debate sobre la Torre Pelli

ELCORREODEANDALUCÍA* : En plena obra, el rascacielos de Cajasol encara otra semana de debate, y no por cuestiones técnicas. El Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco se reúne en Sevilla desde mañana lunes hasta el día 30 y está por ver si los colectivos en contra de su construcción logran que este organismo reconozca el impacto negativo de la torre.

El asunto no estará entre los 133 casos con problemática patrimonial que, a escala global, revisará el Comité en su cita de Sevilla, pero se tratará extraoficialmente, de ahí que los colectivos en contra del rascacielos de Cajasol ya hayan organizado un calendario de actos.

Sólo el tiempo dirá si la Catedral, el Archivo de Indias y los Reales Alcázares acaban en la lista de Patrimonio en Peligro por el impacto negativo de la torre, obra del arquitecto argentino –nacionalizado norteamericano– César Pelli con una altura de 178 metros, 80 más que la Giralda. La pérdida de la categoría de Patrimonio Mundial de estos monumentos, a priori, parece complicada.

No obstante, pese al apoyo de las administraciones y a la legalidad del rascacielos, lo cierto es que hay precedentes en los que la presión de la Unesco ha bloqueado un proyecto. A los casos ya conocidos de Colonia y Oviedo –en los que el organismo de la ONU desautorizó y consiguió parar proyectos urbanísticos con rascacielos– se une ahora el de Praga. Recientemente, la Unesco ha mostrado formalmente su preocupación por la construcción en el barrio de Pankrác de varios edificios de unos 100 metros.

Si la Unesco no respalda el proyecto, Sevilla podría seguir los pasos de Colonia, a la que el organismo de la ONU incluyó en 2004 en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro ante la insistencia de las autoridades alemanas en construir en el barrio de Deutz un ambicioso proyecto urbanístico con cuatro rascacielos.

El tiempo apremia y la obra sigue su curso. El Ministerio de Cultura ha creado un comité de expertos para que analice la polémica y España se presente en la cita del Comité Mundial del Patrimonio de junio de 2010 (en Brasilia) con una postura única. Para entonces ya estará lista la cimentación de los 43 pisos (tres bajo rasante). Y es que el tiempo corre a favor de Cajasol.

Los informes y las voces a favor y en contra se multiplican. El punto de partida fue un documento demoledor de Icomos (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), organismo consultivo oficial de la Unesco. Denunció el impacto que para el patrimonio puede tener el edificio, lo que motivó que el tema casi fuese incluido en la reunión de Sevilla, organizada para inscribir nuevos sitios en la Lista del Patrimonio Mundial y revisar los que están en peligro.

El promotor (Cajasol), el Ayuntamiento y la Junta defienden el proyecto y aseguran que no “agrede” al casco histórico. Es más, sostienen que da respuesta a lo planteado en el PGOU, que no tiene afección visual a pie de calle, en el corazón donde se ubican los monumentos protegidos, que los problemas de tráfico los solucionarán las administraciones con transporte público, que el edificio, pese a su altura, será “sostenible”, rentable y beneficioso para la economía de la ciudad.

En el otro lado del ring está la plataforma Túmbala, que pretende que los 178 metros se recorten. Este colectivo, que aglutina desde ecologistas hasta profesores universitario o entidades sociales de diversa índole, asegura que la torre “amenaza” los valores patrimoniales y paisajísticos del Centro; que va en contra del modelo de ciudad sostenible mediterránea; que su “errónea” ubicación creará un caos “espectacular” de tráfico e incluso que la especulación urbanística, en plena crisis, es éticamente “injustificable”, sobre todo porque viene “de una entidad financiera a la que se le supone una vocación social”. Además, apuntan que un rascacielos no moderniza una ciudad, ya que eso depende de la mentalidad de sus moradores.

Lo cierto es que el proyecto enclavado en Puerto Triana no se libra de la polémica y desde su nacimiento ha estado en la diana. Puerto Triana en sí arrancó en 1998, durante el mandato de Soledad Becerril (PP), como un ambicioso complejo con 87.000 metros cuadrados de edificabilidad, de los que al menos 72.000 eran para centros comerciales y de ocio. Ricardo Bofill diseñó una torre de 80 metros para la sede de las cajas de ahorro. Todo debía estar listo en la primavera de 2003. Con 150 millones de euros, generaría 5.000 empleos.

El resbalón vino cuando en 2003 la Consejería de Obras Públicas redujo de forma drástica la edificabilidad a 45.000 metros cuadrados, destinados sobre todo a centros administrativos, lo que llevó a replantearlo como sede de oficinas. Entonces abandonó el proyecto Rodamco, grupo especializado en centros comerciales.

El segundo escollo fue político: al llegar al Gobierno local, IU se opuso al proyecto. Los socios privados salieron del mismo y las cajas de ahorro sevillanas compraron su parte, retomando las negociaciones con el Ayuntamiento. Pasado un lustro, Puerto Triana volvió a empezar de cero en 2003. Tres años después, la Gerencia de Urbanismo aprobó el Plan de Reforma Interior incluyendo la posibilidad de construir una torre de entre 150 y 225 metros o dos edificios de 90 metros.

El Ayuntamiento apostó por un rascacielos para liberar el resto del espacio y disponer de un símbolo arquitectónico de la Sevilla de siglo XXI. Las cajas, por su parte, recelaron en un primer momento porque levantar más de 22 plantas supone un enorme gasto. Pero la entidad financiera cambió de opinión. El 17 de julio de 2007 se puso la primera piedra, tras un concurso de arquitectura basado en el diseño de un gran rascacielos. Y ya se construyen las pantallas que rodearán el recinto.







* El Correo de Andalucía - Obreros trabajando ayer, sábado, en la cimentación de la torre / Paco Cazalla, elcorreodeandalucia.es

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La ciudad de Valencia pierde 30 millones en el solar del nuevo estadio

ELPAÍS* : El Valencia Club de Fútbol ganó 30 millones de euros en la permuta del solar sobre el que se construye el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. O lo que es lo mismo, la ciudad de Valencia pierde esa cantidad a causa de la tasación asumida en la operación por el equipo de la alcaldesa, la popular Rita Barberá.

Según un informe de la Gencia Tributaria incluido en la investigación que desarrolla la Fiscalía de Valencia sobre la permuta, la tasación de los más de 80.000 metros cuadrados de ese solar asciende a 75 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento acordó con el club un valor de 45 millones, tras asumir la más alta de las tres tasaciones que solicitó cuando el convenio estaba por firmar.

Esa sustancial diferencia, según la Fiscalía de Valencia, es producto directo de una decisión a sabiendas favorable para el club tomada por el Ayuntamiento de Valencia, concretamente por Rita Barberá, alcadesa, y por los concejales Jorge Bellver, de Urbanismo, y Alfonso Grau, de Grandes Proyectos.

Si es o no sostenible una imputación contra la alcaldesa, aforada por su condición de diputada, es una cuestión que está en manos del fiscal general del Estado, que tiene sobre la mesa dos informes: uno, de la Fiscalía de Valencia considerando que sí; y otro, de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, competente para aforados, que opina lo contrario. Las diligencias se mantienen abiertas en espera de la respuesta de Cándido Conde-Pumpido.

El Ayuntamiento recalificó para uso deportivo privado la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas donde se construye el nuevo estadio del Valencia. Un informe de la Universidad Politécnica valoró esa parcela y sus nuevos usos en 33 millones de euros y dos informes privados en 43 y 45 millones de euros, respectivamente. La Corporación aprobó el acuerdo con el club con la tasación más alta, la de 45 millones. El club, a cambio, entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad. Esas parcelas están valoradas en 18 millones de euros. Los 17 millones de diferencia debían ser compensados por el club con un abono en efectivo. De momento, ni las parcelas ni el dinero se han entregado al Ayuntamiento. Sin embargo, sobre el solar previsto, aunque con las obras paralizadas por falta de fondos, ya se levanta el esqueleto del futuro estadio.Meses después de que el Ayuntamiento aprobara en pleno el convenio, el club solicitó una recalificación parcial del solar, concretamente de los metros cuadrados que en el proyecto inicial conveniado estaban destinados a oficinas. Pidió permiso para poder disponer de una licencia de uso hotelero. Y el Ayuntamiento volvió a decir que sí sin hacerse ningún cuestionamiento sobre el impacto económico respecto del pacto entre las partes.

Una denuncia de los vecinos obligó a la Fiscalía de Valencia a abrir una investigación. Los denunciantes consideraron que el Ayuntamiento había dejado a los ciudadanos sin unos terrenos de uso público para acceder a los deseos de un club de fútbol que salía claramente beneficiado en la operación económica.

La Fiscalía inició las diligencias y llamó a declarar a varios técnicos del área municipal de Urbanismo. Además, reclamó al Ministerio de Economía y Hacienda una nueva valoración sobre la parcela.

Esa valoración se eleva a 75 millones de euros. Ello significa, tal como consta en el informe, que el Valencia suma un beneficio de 30 millones de euros como consecuencia del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento.

La Fiscalía de Valencia, una vez estudiada toda la documentación aportada por el Ayuntamiento y las explicaciones de los técnicos, considera que el equipo de Rita barberá que dirigió las negociaciones con el club de fútbol conocía indiscutiblemente las intenciones de solicitar una posterior recalificación para permitir un ventajoso uso hotelero en el complejo deportivo. De ello, responsabiliza a Grau, a Bellver y a la propia alcaldesa.

Precisamente, por el hecho de encontrarse con una aforada, la Fiscalía de Valencia tuvo que enviar el asunto a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Ésta reclamó en dos ocasiones informes complementarios para conocer el detalle de todo lo actuado.

Su criterio es diferente, ya que no ve claro que de ese beneficio sean responsables los dos concejales y la alcaldesa. Más aún, sin entrar demasiado en el fondo de la cuestión, entiende que hay falta de pruebas para sostenerlo.

A su juicio, la última recalificación, la que permite al Valencia disponer de una licencia de uso hotelero en el complejo, se produce con posterioridad a la firma del acuerdo. Ante la divergencia entre ambos, el asunto está en manos del fiscal general del Estado.







* ELPAIS.com - LYDIA GARRIDO - Valencia - 21/06/2009
Foto: Valencia, nuevo estadio (archivo) - elpais.com

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Un millar de personas se manifiestan en Cangas en contra del puerto de Massó y los rellenos en la costa

FARODEVIGO* : Detrás de una pancarta con la leyenda “Tí que vives do mar, únete e defende o teu posto de traballo”, un millar de personas partieron ayer desde la Alameda Vella de Cangas para recorrer el centro urbano en manifestación contra el puerto deportivo de Massó y los rellenos en el litoral. La protesta, organizada por la cofradía “San José” y la red de colectivos “Galiza non se vende” estuvo encabezada por el patrón mayor, Evaristo Fernández, y otros miembros del cabildo, así como representantes del movimiento ecologista.

También participaron marineros y colectivos de otros municipios de la ría, con una nutrida presencia de jóvenes. La manifestación ralentizó el tráfico en la Avenida de Bueu, Alexandre Cribeiro, Avenida de Vigo y Castelao, donde los participantes se plantaron frente al Concello para desplegar sus pancartas y corear consignas contra el proyecto de Marina Atlántica, las autorizaciones de la Autoridade Portuaria y la pasividad del BNG y PSOE, especialmente la alcaldesa, para frenar las obras. “¡Veu máis xente da que esperaba. Imos seguir nesta guerra en defensa do noso mar e ímola gañar!”, proclamó el patrón mayor. “Para ser a primeira non está mal, pero detrás virán outras se isto non funciona”, añadió Antonio Fernández Cordeiro, portavoz del Foro Social.
La protesta comenzó en la Alameda Vella con los argumentos de los convocantes sobre el “atentado ecolóxico” que supone el proyecto para Massó, la “perda de 500 empregos no mar”, la “ilegalidade” de las obras y el “pelotazo especulativo” que representa esa “usurpación de terreos e privatización do mar”. El recurso a la Guardia Civil para proteger las obras, el “ataque frontal ao pequeno comercio” –los convocantes criticaron la ausencia de este sector en la protesta–, y, sobre todo, la “deixación de funcións municipais” y la supuesta connivencia de la prensa fueron otros de los mensajes más recurridos. En días previos, un coche con megafonía alertaba de la destrucción de empleos y la afectación a la playa de Rodeira.
Entre el público se encontraba el concejal de Urbanismo, artífice político de la movilización contra el proyecto de Marina Atlántica. Abalo cifró en “mil persoas” las que le acompañaban y cuyo mensaje resumió como “a necesidade de recuperar a unidade de acción no goberno en defensa dos traballadores e do sector mariñeiro”. También acudió el edil de Cultura e Patrimonio Xosé Manuel Pazos, de Esquerda Unida (que forma parte de ACE). El BNG no acudió a la manifestación, aunque su portavoz, Óliver Álvarez, comunicó que “respetan” a los asistentes, “pero tamén aos moitos que non asistiron”, e instó a Abalo a “sentarse con Marina Atlántica e a Autoridade Portuaria para resolver o problema”. La edil no adscrita, Begoña Pérez, se dejó ver al principio de la manifestación, mientras que el PSOE no compareció.
Desde el Foro se hizo un llamamiento a mantener la “guardia permanente” en el vial de A Congorza para evitar el suministro de materiales a la obra y a acudir a los plenos que se celebren. La sesión ordinaria de junio, prevista para el viernes, se traslada al jueves siguiente. “Iremos a preguntarlle catro cousas a un partido que dí que é socialista e obreiro, e tamén aos que teñen alí a alcaldesa, a ver se non pensan mover un dedo”, manifestaron sus portavoces.

Reivindicación pacífica
A pesar de las tradicionales consignas “se isto non se asume, lume, lume, lume!” o “se isto non se amaña, caña, caña, caña!”, y de mensajes dispersos contra la Guardia Civil o el uso de métodos de protesta más contundentes, la manifestación finalizó sin incidentes. “Imos a seguir nesta batalla e ímola gañar, pero desde o respeto e de forma pacífica”, proclamó el patrón mayor.






* Faro de Vigo - G.M.P. - 21.06.09
Foto: Marineros de Cangas y de otras cofradías de la ría encabezaron la protesta por las calles del centro urbano cangués. - Gonzalo Núñez, farodevigo.es


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Vecinos y usuarios piden el derribo del aparcamiento de Las Teresitas

CANARIAS7/Tenerife* : Alrededor de dos centenares de personas, la mayoría vecinos del barrio de San Andrés y usuarios de la playa de Las Teresitas, se manifestaron hoy para reclamar el derribo de las obras del aparcamiento en construcción a pocos metros de la arena, paralizadas por carecer de permisos.

La protesta fue convocada por colectivos vecinales y por Asamblea por Tenerife, que denunciaron que este aparcamiento, popularmente conocido como "mamotreto", es el primer paso en un proyecto de desarrollo urbanístico promovido por el Ayuntamiento y que incluye un hotel, un centro comercial y un puerto deportivo.

"Contra la corrupción urbanística" y "Zerolo dimisión", en alusión al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, fueron algunas de las consignas coreadas por los asistentes, que recorrieron las calles de San Andrés.

El "mamotreto" debe ser derribado, por su "intolerable" impacto paisajístico a la entrada de la playa y porque actúa como una muralla entre el pueblo de San Andrés y Las Teresitas, según los organizadores de la protesta.

"No queremos un aparcamiento privado ni un centro comercial con restaurantes y bares que van a arruinar a los establecimientos del pueblo y darán lugar a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, rechazamos una construcción que, una vez finalizada, dejará al pueblo enterrado entre la montaña y el hormigón", según Asamblea por Tenerife.

En la manifestación se reclamaron aparcamientos gratuitos, una playa limpia, con baños y duchas decentes y kioscos dignos, "una simple reforma y acondicionamiento de la playa".

Leticia Armas, portavoz de los convocantes, denunció que se mantiene a la playa de Las Teresitas en un estado de abandono para que la gente se aburra y digan a los políticos que hagan lo que quieran con ella.

El "mamotreto" es "el primer eslabón de una cadena de destrozos que se realiza con el dinero de los contribuyentes", dijo, y reclamó "que se respete la naturaleza y los derechos de todos los vecinos, que se respete la playa de todo Santa Cruz".

A la manifestación se sumaron representantes del PSC-PSOE, entre ellos su portavoz en el Parlamento de Canarias, Santiago Pérez, y la secretaria de Justicia y Seguridad, Sandra Rodríguez.







* Canarias 7 - EFE - 20.06.09
Foto: Santa Cruz de Tenerife, aparcamiento Las Teresitas - canariasaldia.com

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Los jueces tardan 12 años en decidir si Avacu representa o no a 300 familias

LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Constitucional ha concedido el amparo a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) y obliga al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) a revisar el recurso presentado por la entidad en representación de 300 familias valencianas a quienes la Generalitat denegó unas ayudas de vivienda en 1995.

Catorce años estas familias siguen sin saber si tienen derecho o no a cobrar estas subvenciones, simplemente porque decidieron que Avacu defendiera sus intereses pero los tribunales consideraban que la entidad no estaba legitimada para representarles.
El via crucis de estos afectados comenzó en 1995, cuando presentaron las solicitudes de ayudas para comprar una VPO, contempladas en el Plan de Vivienda 1992-1995, "presentadas con posterioridad al 15 de octubre de 1995", según consta en la sentencia del Constitucional ganada por Avacu. Desde la entidad explican que el Plan de Vivienda 92/95 (aprobado por los socialistas cuando gobernaban en la Generalitat) se cerró "anticipadamente, mientras que los ciudadanos interesados en obtener dichas ayudas acudieron a la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), donde se les recogía la documentación y se les informaba de que, a pesar de dicho cierre, se prorrogarían las normas de dicho plan hasta que se aprobase el siguiente", según explicaban ayer desde Avacu a la agencia Europa Press. En esta época ya gobernaba la Generalitat el PP, y al frente de la Coput se encontraba Luis Fernando Cartagena. "Más de 300 familias compraron sus viviendas y presentaron la documentación con arreglo al plan vencido".
Sin embargo, "cuando se aprobó el siguiente plan no se recogieron los supuestos de estos ciudadanos, lo que creó un vacío legal que dio lugar a que sus solicitudes se rechazaran porque la Coput consideró que se presentaron fuera de plazo".
Los afectados acudieron a Avacu que inició el tortuoso camino de las reclamaciones ante la administración. Primero contra el servicio territorial de Arquitectura y Vivienda de Valencia, que denegó las peticiones que formulaban los solicitantes. Ante esta negativa, Avacu optó por presentar en 1997 los recursos que la sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ decidió rechazar el 21 de febrero de 2001 "por falta de legitimación activa de Avacu para cuestionar" la denegación de las ayudas.
La asociación decidió entonces presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que también desestimó su demanda porque pilló el régimen transitorio de aplicación de la Ley Reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa de 1998 que da al TSJ la decisión en última instancia.
Avacu presentó en 2006 un recurso de amparo al Constitucional que ahora obliga al TSJ a volver a analizar los recursos presentados en nombre de las 300 familias para ver si pueden o no cobrar las ayudas. Avacu se muestra optimista porque "existen sentencias anteriores, ordenando a la conselleria que admita las solicitudes rechazadas".
"Las asociaciones
no están solas"
El presidente de Avacu, Fernando Móner, subrayó ayer que "las asociaciones de consumidores no están solas", sino que son "un grupo de consumidores y usuarios, cada vez mayor, que se unen para defenderse de los atropellos, vengan de donde vengan", sentenció.
La jefa del Gabinete Jurídico de Avacu, Ana Móner, se mostró "satisfecha por todos los años de esfuerzo y constancia" de la asociación y anunció que "seguirán luchando, pues el transcurso del tiempo no debería ser obstáculo para obtener los derechos legales, aunque haya que pedir responsabilidad patrimonial a una administración que permite una demora de 15 años en obtener justicia".







* Levante-EMV - L. B. B. VALENCIA - 20.06.09
Foto: Tribunal Constitucional (Madrid) - publico.es

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El timo de la vivienda

JOSEP MARIA MONTANER* : La vivienda ha sido la gran perdedora en las políticas de las últimas décadas. Y por ello, la mayor parte de la ciudadanía ha salido perjudicada. Se han hecho espacios públicos y equipamientos, arquitectura comercial y operaciones residenciales especulativas. Pero casi no ha habido políticas de vivienda social. El retraso en negociar, aprobar y aplicar la Ley del Derecho a la Vivienda en Cataluña ha comportado que se agudice el vacío de vivienda asequible y adecuada. Además se mantiene el prejuicio de que no se necesitan más.

Así, casi sin cobertura pública, resolver esta necesidad ha quedado en manos, por una parte, de los promotores, que salvo honrosas excepciones han primado el negocio especulativo. Y por otra, ha dependido de las entidades bancarias, que sobrevaloraron hace unos años las mismas viviendas que ahora valoran por lo bajo, reclamando a sus hipotecados no sólo sus pisos, sino que cubran ellos la diferencia entre lo que deben y el valor devaluado. Por esta razón, ya hace meses que miles de afectados por hipotecas que han quedado por encima del valor real o cuyas cuotas les resultan impagables se están organizando para defenderse de los abusos de una banca que, mientras aprieta a los que tienen pocos recursos, reclama fondos gubernamentales de rescate para rehacerce de irresponsabilidades legitimadas por tendencias económicas.

La vivienda, que debería ser la clave de la sociedad, y sus usuarios, que somos todos, han quedado desamparados. Y es esta sociedad la que está pagando por los errores de previsión de las instituciones y los bancos que deberían protegerla y la han defraudado.

Parece que en la Cataluña actual prevalece el prejuicio de que las políticas de vivienda son cosa de la derecha. Aún falta para que se den cuenta de que la base de la vida humana es el espacio doméstico. Lástima que aún falte para que las políticas de vivienda tengan el lugar central que les corresponde.


*Josep María Montaner, arquitecto



* ELPAIS.com - Opinión - 15.06.09

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El Estado desiste a los dos años de expropiar el hotel en la playa del Algarrobico

ELMUNDO/Almería* : La Administración General del Estado ha acordado hoy el desistimiento del procedimiento de expropiación iniciado en julio de 2007 de los bienes inmuebles ubicados en el paraje de El Algarrobico en el municipio almeriense de Carboneras al decaer las causas que lo motivaron tras una sentencia judicial de septiembre de 2008.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Almería, del 5 de septiembre de 2008, ordenaba al Ayuntamiento de Carboneras iniciar el procedimiento de revisión de oficio de la concesión de la licencia del hotel, que podría llevar a la nulidad de la concesión de la licencia de obras.

Tras esta sentencia, el Estado ha dictado una resolución, que ha sido firmada hoy por el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, al ser la autoridad competente para dictar el citado acto administrativo, según ha informado la Oficina de Comunicación de la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Tras este fallo judicial, el Estado ha acordado acudir a la figura del desistimiento del procedimiento de expropiación "en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la posible nulidad".

La Dirección General de Costas, tras conocer de la ocupación de determinados terrenos ubicados en la servidumbre de protección de 100 metros en el paraje de El Algarrobico, dictó resolución el 2 de diciembre de 2005, por delegación del Ministerio de Medio Ambiente, mediante la cual se declaraba de utilidad pública estos terrenos a los efectos de expropiación.

A esta primera resolución, que fue convalidada por acuerdo de Consejo de Ministros con fecha 23 de febrero de 2007, le siguió el acuerdo del delegado del Gobierno en Andalucía -el 30 de julio de 2007-, de necesidad de ocupación de los bienes y derechos, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 9 de agosto, por el que se inició el procedimiento expropiatorio.

Contra el acuerdo del Ayuntamiento de Carboneras de conceder licencia de obras -con fecha 13 de enero de 2003- se pronunciaron diversas asociaciones y la Junta, que pidieron la revisión de oficio de dicho acuerdo, y que fueron desestimadas por el Consistorio.

Presentados los recursos, éstos fueron admitidos a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Almería, y sobre los que ahora se ha pronunciado anulando dicho acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Carboneras "por no ser conforme a derecho", y ordenándole a que inicie el procedimiento de revisión de oficio de dicho acuerdo municipal.

Conocida la resolución judicial de 5 de septiembre de 2008, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, y tras informe de la Abogacía del Estado, entiende que procede el desistimiento de dicho procedimiento de expropiación en tanto no se resuelva la cuestión judicial sobre la nulidad de la licencia.

No obstante, se atienden los efectos que podría tener sobre la determinación del justiprecio de los terrenos, y en atención al hecho de que si, finalmente, se declarara nulo dicho acuerdo municipal (bien en su revisión de oficio, bien por la vía judicial), la expropiación se haría innecesaria o, cuanto menos, su objetivo se circunscribiría sólo a los terrenos y no a la edificación.

La Administración General del Estado acuerda por tanto no continuar adelante con un procedimiento que puede suponer un detrimento de los fondos públicos, aunque dicha resolución de desistimiento tampoco es impedimento para que si se alteraran las circunstancias que concurren tras la sentencia se inicie de nuevo el procedimiento expropiatorio.







* El Mundo - EFE - 19.06.09
Foto: Un barco de Greenpeace fondeado frente al hotel del Algarrobico. | Arturo González (archivo)

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Un polígono en Alcàsser con informes en contra agrava las inundaciones en Silla

LEVANTE/Valencia* : La empresa de Fernando Bas Grau instaló un sistema de gestión de las aguas pluviales que tiene graves deficiencias según los estudios. El entonces concejal de Urbanismo de Silla que aprobó el proyecto es hoy diputado provincial.Las cíclicas inundaciones que afectan al núcleo urbano de Silla se han visto agravadas tras la urbanización del polígono de l'Alter, de Alcàsser. La obra la promovió la empresa Promociones Baspal, cuyo administrador es Fernando Bas Grau, suegro del presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Un informe del Ayuntamiento de Silla señala que la gestión de aguas pluviales que Promociones Baspal desarrolló en el polígono fue "insuficiente" y concluye que aguas abajo se producen inundaciones cada vez con mayor frecuencia. Por allí discurre el cauce de la Rambleta, que se adentra en Silla, cuyo casco urbano puede verse afectado con lluvias torrenciales, advierte. Las obras del polígono, que ya han concluido, también afectan a una parte del término municipal de Silla.
Los técnicos han realizado un seguimiento de las obras y el informe desvela deficiencias en el sistema de gestión de las aguas pluviales. Afirma que la balsa de laminación construida "sirve de poco" por falta de capacidad, deficiencia de llenado y carencias en el sistema de vaciado. El agua discurre por los viales del polígono y se concentra al sureste. Ante lluvias de escasa intensidad las arquetas con rejilla resultan "insuficientes" y son objeto "de emboces continuos". En días de lluvia de intensidad media, el agua se acumula en la zona baja, inunda aceras y parcelas y toma el canal de salida de las obras del AVE. A lluvias más intensas el fenómeno se acrecienta, según la documentación.
Promociones Baspal fue creada el 4 de febrero de 2004 y según el registro mercantil cuenta con un empleado. La firma se dedica a la construcción, reparación y conservación de edificaciones. Fernando Bas Grau presentó el proyecto de urbanización comprendido entre las calles Fusters, Pedrapiquers, Llanterners y Antic Regne el 2 de diciembre de 2003, meses después de que su yerno se convirtiera en jefe del Consell.
En junio de 2005 el consistorio de Alcàsser presidido por Remedios Avia (PP) aprobó definitivamente el proyecto. Y siete días después lo hizo también el de Silla en contra de los informes de sus técnicos. El hoy diputado provincial Isidro Prieto era el concejal de Urbanismo. Prieto asegura que se hicieron reuniones para "introducir medidas correctoras, pero las aguas llegaban a Silla igual. Ahora se está empezando a dar solución a este problema por una inversión de la Generalitat de casi 8 millones de euros". El entonces alcalde, Josep Lluís Pitarch (Bloc), asegura que su equipo de gobierno exigió una corrección al proyecto y logró que se ejecutara una balsa de decantación y que por eso dieron su apoyo, explica. A Pitarch lo mantenía en la alcaldía un cuatripartito y el Partido Popular controlaba el área de urbanismo.
Pero el arquitecto municipal insistía en febrero de 2005 en que la documentación aportada por Baspal se limitaba a afirmar que tiene "resuelta" la evacuación pero mostraba sus dudas de que esto fuera así. Ese mismo mes Bas pide al Ayuntamiento de Silla la licencia administrativa para proceder a la urbanización en la parte que afecta a este término.
La familia de Isabel Bas, la mujer del presidente de la Generalitat, era propietaria en un 90% de los terrenos, según documentación del Ayuntamiento de Alcàsser. Incluso una parcela del polígono que se halla dentro del término de Silla es propiedad de una cuñada de Camps.
La parcela de Gloria Bas se fusionó con el resto de propiedades de la familia. Después, Fernando Bas cedió a la empresa Pavasal la urbanización y aún no le han entregado las obras aunque ya están concluidas, según dijo el propio Bas a este diario.
Los técnicos nunca vieron claro el proyecto
Aquel año se aprobó también el acceso ferroviario del AVE en el tramo Alcàsser-Picassent que supuso la modificación del PGOU y la ordenación de la zona este del polígono. A la primera petición formulada por el suegro de Camps a finales de 2003, el Ayuntamiento de Alcàsser, gobernado entonces por el regionalista Julio Chanzá, no puso objeción ya que la urbanización de la zona mejoraba la comunicación dentro del polígono. Pero el Ayuntamiento de Silla no lo vio claro y el 29 de diciembre de 2003 ya reclamaba un informe con cálculos sobre el drenaje y el arquitecto señalaba que mientras no se clarificara el desagüe de pluviales y su evacuación no se podía informar favorablemente. Silla considera "del todo punto inaceptable" que el polígono vierta las aguas directamente a la cuenca de la Rambleta e insta a Alcàsser a una solución que no sea trasladar las aguas abajo. Alega que el Patricova rechaza incrementar el riesgo de inundación en otros municipios potencialmente afectados y advierte del incremento de caudales por la regresión de la superficie de cultivo y de que la capacidad del desagüe de la Rambleta es "limitada" y que incluso con lluvias de escasa intensidad se provocarán inundaciones en la zona urbana de Silla.







* Levante-EMV - CARLOS ALÓS - 18.06.09
Foto: Instalaciones de la última fase del polígono de l´Alter de Alcàsser ya acabadas pero aún cerradas; al fondo, Silla. - abelard comes , levante-emv.com

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Sevilla: Los delitos urbanísticos crecen un 28% y rondan el millar de casos desde 2005

DIARIODESEVILLA* : Los delitos urbanísticos crecieron en 2008 año en Sevilla un 28,78% con respecto al año anterior, lo que ha llevado a la Fiscalía de Medio Ambiente a mostrar su "preocupación" por el incremento de casos a pesar de las sentencias condenatorias que se han registrado en los últimos años y la decisión de los jueces de acordar la demolición de las edificaciones.

La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo recoge que el año pasado se incoaron 255 investigaciones por delitos contra la ordenación del territorio frente a los 198 que se contabilizaron en 2007. La mayoría de estas infracciones son cometidas por particulares que levantan pequeñas construcciones en suelo rústico.

Desde 2005, el número de delitos contra la ordenación del territorio que ha investigado la Fiscalía hispalense asciende ya a 906 y, según la memoria, estas investigaciones acaparan el 85% del trabajo que realizan los fiscales especialistas en Medio Ambiente. Así, de las 298 diligencias de investigación incoadas en 2008, 255 lo fueron por delitos contra la ordenación del territorio frente a las 23 relacionadas con el Medio Ambiente, nueve contra la Flora y la Fauna y cinco contra el Patrimonio Histórico.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Javier Rufino, señala que desde 2007 los jueces de Sevilla han dictado unas 40 sentencias firmes en las que se acuerda la demolición de las construcciones ilegales, con la finalidad de restaurar el suelo a su estado original. El fiscal advierte de que estas condenas han generado "notables problemas" a la hora de ejecutar el derribo, "por las naturales trabas creadas por los condenados, la sistemática impugnación de cualquier providencia orientada a ejecutar tal pronunciamiento y la falta de colaboración de algún Ayuntamiento particularmente afectado".

Otras veces la efectividad de la demolición se retrasa "innecesariamente", dice el fiscal, porque el juzgado de lo Penal fija un plazo "injustificadamente amplio" para llevar a cabo la demolición.

Para dar eficacia a la medida de demolición, la Fiscalía ha optado por oponerse a cualquier suspensión de las penas de prisión mientras no se satisfaga el pronunciamiento relativo a la responsabilidad civil que constituye la demolición, siempre que el acusado sea solvente. La negativa a demoler ha llevado a dos juzgados a dictar órdenes de ingreso en prisión de los condenados, aunque el encarcelamiento no se ha producido porque el reo ha recurrido esta decisión.

La Fiscalía también se opone en estos casos, cuando no se produce la demolición, a que se sustituya la pena de prisión por una multa, ya que, según el Ministerio Público, el hecho de no derribar "demuestra la falta de compromiso del reo en reparar el daño causado".

En cuanto a las zonas más conflictivas durante 2008, la memoria de la Fiscalía subraya los procedimientos abiertos que afectan a los parajes de El Serafín, en La Rinconada, y Clarevot, que abarca a varios municipios, además de la investigación iniciada sobre suelos no urbanizables en El Arahal. Sólo en esta última localidad se espera que la unidad de Policía Adscrita a la Junta remita más de 170 atestados por posibles delitos en este paraje, donde una sola de las parcelaciones tiene 294.883 metros cuadrados y unas 147 parcelas de entre 1.000 y 3.000 metros cuadrados, donde ya se han levantado edificaciones sin licencia.

La Fiscalía de Medio Ambiente muestra su preocupación por el incremento de delitos urbanísticos a pesar de la relevancia pública que se está dando a las condenas. "La situación ha empeorado y sorprende que pese al poder disuasorio que debiera tener el conocimiento público de las frecuentes sentencias condenatorias, publicadas en muchas ocasiones en los medios de comunicación, continúen proliferando las pequeñas edificaciones en suelo rústico y, en ocasiones, en suelos de especial protección". El fiscal concluye que ante este fenómeno, el uso y eficacia de las facultades de disciplina urbanística de los Ayuntamientos es "ínfima", sobre todo en cuanto a la adopción de medidas cautelares.







* Diario de Sevilla - J. Muñoz - 19.06.09
Foto: La imagen muestra una parcelación ilegal, uno de los fenómenos que más trabajo generan a la Fiscalía de Medio Ambiente. - diariodesevilla.es

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El juez del 'caso Guateque' centra la investigación en cuatro concejales

ELPAÍS/Madrid* : El caso Guateque salpica ya a parte de la cúpula del Ayuntamiento. Santiago Torres, el juez que investiga la mayor trama de corrupción descubierta en Madrid relacionada con la concesión de licencias a locales, fija su investigación ahora sobre 16 cargos de confianza municipales, incluidos cuatro concejales del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

Se trata de Luis Asúa, edil responsable del distrito de Retiro; Luis Miguel Boto, de Chamartín; Dolores Navarro, responsable de Arganzuela, y Elena Sánchez, de Hortaleza. Tres de ellos estaban en otros distritos en el mandato anterior, periodo sobre el que pide información el titular del Juzgado de Instrucción 32 al Ayuntamiento de Madrid.

Los cargos que ostentaban entonces todos ellos (salvo Boto, los demás han cambiado de destino) están en una gigantesca base de datos en poder del magistrado: la de la Concejalía de Medio Ambiente, departamento del que partieron las irregularidades de este caso, iniciado hace dos años. En total, 10 ediles y nueve cargos de confianza, según esa documentación, ordenaron agilizar las licencias, a tenor de las anotaciones hechas en los expedientes por los funcionarios (véase gráfico en la página siguiente).

Torres pide información sobre quiénes, en determinadas fechas entre 2005 y 2007, ocupaban el puesto de concejal u otro alto cargo. Al menos tres de estas fechas, citadas en la providencia del juez, del 10 de junio, coinciden con las anotadas en los expedientes. Es el caso, por ejemplo, de Elena Sánchez, entonces edil de Ciudad Lineal, que pidió agilizar una licencia para una cafetería de Arturo Soria. Los funcionarios lo anotaron el 9 de enero de 2006: "Prioridad concejal de Ciudad Lineal".

Las coincidencias en las fechas siguen en el caso de las gestiones de Luis Asúa, entonces en el distrito de Centro, para dos locales en la calle de la Cruz y en la de Salitre, y las de Dolores Navarro (Tetuán) para un restaurante en Capitán Haya. Cuando el contenido de estos expedientes fueron publicados por EL PAÍS hace año y medio, los ediles alegaron que tramitaron su agilización por las quejas recibidas de los dueños de los locales por el atasco de las licencias.

El magistrado solicita también datos de quiénes eran en esas fechas (entre 2005 y 2007) los gerentes (la mano derecha de los concejales) y otros altos cargos de siete de los 21 distritos: Hortaleza, Chamartín, Latina, Retiro, Barajas, Carabanchel y Salamanca. Según la providencia del juez, el origen de esta petición es la declaración de una funcionaria imputada, Esther del Olmo Rodríguez, del Departamento de Evaluación Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente. Dos de los principales cabecillas de la trama, Victoriano Ceballos y Joaquín Fernández de Castro -ambos imputados-, eran los responsables.El testimonio de la imputada Del Olmo, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, "ha resultado crucial". Y eso significa, según la misma fuente, que el siguiente paso será llamar a declarar en calidad de testigos o imputados a algunos de estos cargos de confianza del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Madrid,

"Yo he llamado muchas más veces de lo que aparece en la base de datos", aseguraba ayer uno de los altos cargos sobre quien reclama información el juez; "era todo un desastre y me interesaba por algunos expedientes. Es una cosa normal porque era un caos". Considera que la declaración de Del Olmo es una maniobra exculpatoria de los principales imputados en el caso Guateque, Joaquín Fernández de Castro y Victoriano Ceballos, compañeros de Del Olmo.

Asimismo, el juez pide las declaraciones a Hacienda entre 2003 y 2006 del ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y ex concejal Alberto López-Viejo, destituido en febrero por estar implicado en el caso Correa de corrupción vinculada al PP. Su esposa, Teresa Gabarra, obtuvo para un restaurante suyo una licencia en un tiempo récord, 20 días, tal y como declararon dos inspectores municipales ante el juez. Un portavoz del TSJM señaló que esta reclamación obedecería a intentar conocer los bienes de la mujer de López-Viejo. El juez Torres ya se interesó por el patrimonio de López-Viejo el 27 de marzo. Reclamó las declaraciones del Registro de Actividades de Altos Cargos de la Comunidad y el de Bienes y Derechos Patrimoniales de Altos Cargos del Gobierno regional. El magistrado pedía también al Registro Civil el régimen económico del matrimonio.

Los investigados

- Luis Asúa, ex concejal de Centro.

- Dolores Navarro, ex concejal del distrito de Tetuán.

- Luis Miguel Boto, concejal de Chamartín.

- Sánchez Gallar, ex concejal de Ciudad Lineal.

- Jorge Rodrigo, ex gerente de la Junta de Hortaleza.

- Fernández Sánchez, ex gerente en Salamanca.

- Ángel R. Herraiz, gerente de la Junta de Chamartín en 2005.

- Sonsoles Medina, gerente de la Junta de Carabanchel en 2006

Los ediles en el foco de investigación

Luis Asúa Brunt, concejal de Retiro.

- Cuando era concejal de Centro pidió adelantar la licencia de un bar en la calle de la Cruz y de otro local en Salitre.

Luis Miguel Boto, concejal del distrito de Chamartín.

- Pidió adelantar la licencia de una bocadillería en el paseo de la Castellana. Sigue en el mismo puesto.

Elena Sánchez, concejal de Hortaleza.

- Desde su puesto anterior, como edil de Ciudad Lineal, pidió priorizar una licencia de una cafetería en Arturo Soria.

Dolores Navarro, concejal del distrito de Arganzuela.

- Cuando estaba en Tetuán pidió adelantar la licencia de un bar restaurante en la calle del Capitán Haya.


Con información de Beatriz Jiménez.







* ELPAIS.com - JORGE RODRIGO, EX GERENTE DE LA JUNTA DE HORTALEZA. - Madrid - 19/06/2009
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE

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Los ayuntamientos siguen sin colaborar en atajar las infracciones urbanísticas

MÁLAGAHOY* : La inmensa mayoría de los ayuntamientos de la provincia de Málaga siguen sin perseguir y actuar contra las infracciones urbanísticas que se comenten en sus términos municipales. Esta aseveración vuelve a ser puesta sobre la mesa por la Fiscalía de Málaga y subrayada en la memoria de 2008 elaborada por este departamento.

En el documento, el fiscal delegado de la sección de Delitos contra el Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Patrimonio Histórico, Juan B. Calvo-Rubio Burgos, denuncia por enésima vez la falta de "colaboración" y de labor persecutoria de buena parte de las corporaciones locales en esta materia.

Pero las apreciaciones del fiscal no apuntan únicamente a los consistorios, de los que únicamente salva a Málaga y Vélez-Málaga, sino que también aluden a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Sobre este departamento, subraya negativamente la espectacular caída en el número de denuncias que formuló el pasado ejercicio, ya que pasa de 89 en 2006 a sólo 14 en 2008. La cifra, a juicio de Fiscalía, es escasa "en relación con el volumen de infracciones" que se cometen en la provincia.

En cuanto a los ayuntamientos, el Ministerio Público destaca que el pasado ejercicio se observa "una menor iniciativa en la persecución de las infracciones delictivas" que tienen lugar en sus localidades. "Motu propio, pocos han iniciado actuaciones que hayan sido puestas en conocimiento de la Fiscalía", añade, aunque admite que en la mayoría de los casos los ayuntamientos han contribuido cuando se les ha demandado cooperación.

El fiscal constata, sin embargo, la existencia de algunas excepciones entre las corporaciones municipales, caso de Málaga y Vélez-Málaga. En el primero de los casos, se destaca que la Gerencia de Urbanismo de la capital ha aumentado un 20% el número de denuncias interpuestas respecto al ejercicio anterior, con un total de 65, mientras que en el segundo, se indica, de un lado, que adquiere nuevamente "protagonismo", con 22 denuncias, pero, de otro, que ello representa apenas la mitad de las presentadas en 2006.

Asimismo, la memoria de la Fiscalía ensalza la labor realizada por el Seprona, de la Guardia Civil, aunque se apunta "la escasa aportación" que ha supuesto la creación del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Benemérita, "no por desidia o inoperatividad de sus miembros, sino, evidentemente, por la falta de medios con que iniciaron el trabajo y, quizás, porque su creación fue dirigida más bien a la persecución de delitos urbanísticos como consecuencia de la corrupción". Además, se critica la poca actividad en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio de la unidad adscrita a la Policía Nacional.

De acuerdo con la memoria anual, los supuestos delitos contra la Ordenación del Territorio siguen encabezando el listado de investigaciones abiertas por la Fiscalía, con 276 de las 360 totales, lo que supone el 76%, y conlleva un aumento del 13% respecto a 2007. A ellas se suman las vinculadas con delitos contra el Medio Ambiente, 57, que se multiplican pos siete; el Patrimonio Histórico, con 5, y la Flora y la Fauna, con 23. De todas las diligencias de investigación correspondientes a 2008, 146 fueron archivadas por entenderse que los hechos no eran constitutivos de delito; 90 fueron trasladados a los juzgados; 77 estaban pendientes de diligencias y 47 conllevaron la interposición de una querella.

En cuanto a las sentencias formuladas en 2008, la memoria fiscal constata que no se registró ninguna relacionada con delitos contra el Medio Ambiente, el Patrimonio Histórico e Incendios Forestales y sólo una por delitos contra la Flora y la Fauna. A ellas se suman 30 sentencias por delitos contra la Ordenación del Territorio, de las que 22 fueron condenatorias.

De estas últimas, según la información de la Fiscalía, hay 13 vinculadas a la construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares de valor paisajístico. Estas sentencias dieron lugar a la demolición en diez de los casos. También se contabilizan 9 sentencias por informar favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas.







* Málaga Hoy - S. Sánchez - 18.06.09
Foto: Vista de las construcciones diseminadas levantadas en algunos municipios de la comarca de la Axarquía., malagahoy.es

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El Tribunal Superior requiere información al Concello sobre el derribo de Jacinto Benavente

FARODEVIGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) pide cuentas al Concello de Vigo sobre lo que ha hecho hasta ahora para llevar a la práctica la sentencia de derribo de las viviendas de Jacinto Benavente, ordenada por ese mismo órgano judicial en 1999. Le da diez días para que "remita testimonios de todas y cada una de las diligencias que se hayan practicado para llevar a debido efecto la ejecución de la sentencia pronunciada".

Ésta afecta a 180 viviendas que están ubicadas en el conocido como Peri "Jacinto Benavente"; es decir, entre las calles Coruña 76-78 y Chano Piñeiro 1,3,5,7 y 9.
Concello y propietarios se aferran al procedimiento iniciado el mes pasado en la Gerencia de Urbanismo, para adaptar todas las viviendas al actual planeamiento urbanístico, porque habían sido declaradas ilegales con el anterior. Fuentes municipales aseguran que trasladaron al alto Tribunal información sobre trámite iniciado por los propietarios para pedir una nueva licencia, acorde al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).
Hace justamente sólo un mes que los propietarios de las viviendas solicitaron la adaptación de la construcción al nuevo PXOM en la Gerencia de Urbanismo. Los vecinos tratan así de legalizar sus pisos por vía municipal y luego solicitarán ante los tribunales la inejecución del derribo. De momento, esperan la respuesta del Concello, que tendría que ratificar en un pleno municipal que la construcción queda legalizada conforme al nuevo ordenamiento municipal.
Pero el letrado que representa a la mayoría de los propietarios de la comunidad de Jacinto Benavente, José Luis Barros, avanzó ayer que apelarán contra el escrito remitido ahora por el TSXG al Concello pidiendo explicaciones. Tienen cinco días para presentar el recurso y en éste, argumentarán que están en medio de un proceso de legalización. "Alegamos que no tiene objeto, dada la nueva situación del edificio y pretendemos así impugnarlo", explicó ayer el abogado.
Fuentes municipales aseguraron ayer que se realizó un envío el pasado 18 de mayo de toda la información al Tribunal Superior. Le trasladaron así la intención de que los propietarios presentaron la solicitud de nueva licencia. Aún no se ha resuelto la solicitud, y luego tendría que incorporar más información. No obstante, el Concello indica que cumplirá y acatará todos los requerimientos que se marquen desde la autoridad judicial competente.
La sentencia de derribo del TSXG se demora desde hace una década. La razón no es otra que un recurso de casación presentado por el Concello ante el Tribunal Supremo para evitar el derribo y en las salas del TSXG durante 2006. El fallo judicial se conoció hace dos meses. Fue desfavorable al Concello, por lo que la demolición sigue en vigor.
Pero estas viviendas no son las únicas en esta situación. El Concello de Vigo ya encargó en abril de este año a la Escuela Superior de Arquitectura y al Colegio Oficial de Arquitectos dos informes para remitir al TSXG, que avalen la demolición parcial de otro edificio afectado por una orden de demolición: O Piricoto. En este caso, el Concello asume que la legalización pasaría por la demolición parcial del inmueble para adaptarlo al entorno del pazo de Castrelos, tal y como le pide el máximo Tribunal gallego.






* Faro de Vigo - 18.06.09
Foto: Una vista de las viviendas afectadas, entre las calles Chano Piñeiro y A Coruña. J. Lores, farodevigo.es

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Valladolid: El juez ordena al alcalde demoler partes del edificio Caja Duero

20MINUTOS* : La Justicia se ha vuelto a pronunciar en contra de una decisión urbanística del alcalde. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ordenado que se ejecute la sentencia de abril de 2008 que declaró ilegal la licencia de rehabilitación del edificio de oficinas y viviendas de la Plaza Zorrilla, donde Caja Duero tiene su sede central.

El juez ordena a Javier León de la Riva, que tiene su vivienda en este edificio, que «bajo su directa y personal responsabilidad» ordene la demolición de las obras que se hicieron con el permiso de la licencia ahora anulada. Para ello le da tres meses de plazo.

La sentencia afecta a las galerías de la fachada interior del edificio, elementos de la cubierta y parte de la fachada exterior. Deberán reconstruirse los elementos protegidos que fueron tirados. Asimismo, ordena que se dejen de usar y se desaloje a los dueños de los áticos que antes no existían y se levantaron gracias a la licencia.

La federación, satisfecha

El caso lo llevó a los tribunales la federación de vecinos, que ayer se mostró satisfecha por el pronunciamiento del juez y exigió responsabilidades políticas «al más alto nivel por estos desaguisados». «Es lamentable que la obcecación de nuestro alcalde genere por enésima vez perjuicios a toda la ciudad», dijo su presidente, Ángel Bayón. La federación indicó que no es la primera vez y recordó los casos de Niña Guapa o de Juan de Austria.







* 20 Minutos - J.S.C.. 18.06.2009
Foto: Valladolid, edificio pza Zorrilla - nortecastilla.es

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Condenan a tres años de prisión al ex alcalde de Abdalajís

LAOPINIÓN/Málaga* : El ex alcalde del Valle de Abdalajís Tomás Gómez Arrabal (PP) cumplirá a sus 64 años una condena de tres años de cárcel por delitos continuados de prevaricación urbanística durante el periodo en el que gobernó en la citada localidad malagueña, en concreto por los hecho acaecidos entre 2001 y 2004.

Así lo ha acordado el propio ex regidor con la Fiscalía de Málaga, quien solicitaba en un principio para Gómez Arrabal una pena de 30 años de cárcel y 111 años de inhabilitación, por 12 delitos de prevaricación urbanística, nueve de ellos de "carácter continuado".
Asimismo, la resolución judicial también recoge que tres ediles de los cuatro que formaban parte de la comisión de gobierno de aquellos años cumplan 27 meses de prisión, y que el tercero, en esta caso una ex concejala, pague una multa de unos 108.000 euros, aclaró a este periódico Gómez Arrabal, quien no pudo evitar mostrarse muy confuso con la sentencia judicial.
"Este fiscal ha sido durísimo con nosotros. No cabe otra palabra. Cualquiera en el pueblo puede decir que no nos hemos enriquecido con las licencias concedidas a los vecinos. Es más, yo no tengo ni propiedades en el Valle, sólo una casa fuera del pueblo que me dejó mi padre en herencia. Éso demuestra que actuábamos sólo pensando en el bien de nuestros conciudadanos", resaltó indignado el ex regidor, quien pidió para él y sus antiguos compañeros políticos la solicitud de indulto por parte del juez.
El ex alcalde popular adelantó que un amplio grupo de vecinos están recogiendo firmas en la localidad y en municipios vecinos a favor de un indulto para los acusados y, según sus cálculos, ya se podría sobrepasar el millar de apoyos. "Además, recientemente hubo una concentración en el pueblo en señal de protesta por esta resolución judicial, y para el 27 de julio está prevista otra concentración en la plaza central del pueblo", continuó Gómez Arrabal.
Por otra parte, en relación al ´caso Mirador´, que afectaba a toda la corporación municipal anterior a la actual por permitir la ejecución de una urbanización sin planeamiento vigente, la Fiscalía ha acordado siete años de inhabilitación para los ediles implicados, según fuentes judiciales consultadas.







* La Opinión de Málaga - LOLA SÁNCHEZ. - 17.06.09
Foto: Abdalajís (Málaga) - andalucia.org

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