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SUR/Málaga* : El Juzgado de lo Penal nº7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Arenas, Victoria García Cuadra (IU), y al ex edil de Urbanismo, José Antonio Alcoba García (PP), a la pena a cada uno de ellos de doce meses de multa, a razón de 10 euros diarios, e inhabilitación especial para cargo público durante ocho años, además de al pago de las costas procesales por un delito de prevaricación urbanística.
La sentencia, que es firme y tiene fecha de 30 de abril, considera probado que en abril de 2003, Victoriano García, entonces alcalde de la localidad, y José Antonio Alcoba, como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, habían concertado una licencia para la construcción de 27 viviendas en el paraje Las Casillas «a sabiendas de que el terreno era no urbanizable y sin que se llevara a cabo expediente administrativo alguno».
Asimismo, señala el tribunal que la construcción se llevo a efecto hasta su paralización por la nueva corporación municipal.
En la actualidad, las viviendas, que están en el límite con el municipio de Vélez-Málaga, están construidas y habitadas en su totalidad, según el Ayuntamiento.
El fallo del juzgado concede a petición de los acusados el fraccionamiento de la multa (3.600 euros), que podrán realizar en dos pagos de 1.800 euros cada uno, el primero el 27 de mayo de este año y el segundo, el 27 de junio.
Según expresa la sentencia, los acusados habían mostrado en el juicio oral su conformidad con la exposición realidad el Ministerio Fiscal, así como con la calificación jurídica de los hechos, interesándose las partes por una sentencia de conformidad.
Conformidad
El titular del juzgado expresa en la sentencia que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación urbanística y que los hechos se consideran probados en atención a la conformidad sobre los mismos realizada por los acusados en el trámite de juicio oral.
En este sentido, el magistrado hace constar en Fundamentos del Derecho que del delito son autores los acusados por haber realizado, material, directa y voluntariamente, las conductas de esta figura delictiva.
En el fallo se acuerda la toma de testimonio para enjuiciamiento aparte de un tercer acusado.
* SUR - 05.05.09 -AGUSTÍN PELÁEZ
Foto: Arenas (Málaga) - malagacar.com
Condenan al ex alcalde de Arenas a ocho años de inhabilitación por autorizar 27 viviendas en suelo no urbanizable
Tres jóvenes se cuelgan en Esplugues por el encarcelamiento de un activista del plan Caufec
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ELPERIÓDICO/Barcelona* : Tres jóvenes se han colgado esta mañana en las Tres Torres de Esplugues de Llobregat para protestar contra el plan Caufec, que prevé la construcción de viviendas, oficinas y zonas verdes en el barrio de Finestrelles de la población, y el encarcelamiento de un activista.
Esta acción, que se inició sobre las 6.30 horas, critica el encarcelamiento de un activista contra el plan que se negó a pagar una multa de 60 euros por participar en un acto idéntico hace dos años y que la semana pasada ingresó en prisión. Los jóvenes portan una pancarta que reza Por esto, 10 días de prisión.
Una portavoz de Paremos el Caufec ha asegurado que los tres activistas no bajarán hasta que se libere al joven encarcelado, mientras que los Mossos d'Esquadra han asegurado que la situación, por el momento, es de "tranquilidad".
* El Periódico - Europa Press - 4.05.09
Foto: Tres jóvenes colgados en las Tres Torres de Esplugues de Llobregat, esta mañana. Foto: WWW.NOALPLACAUFEC.NET
Fiscal pide ocho años de inhabilitación para la alcaldesa de El Madroño por presunta prevaricación
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EP/Sevilla* : La Fiscalía de Sevilla reclama una pena de un año y medio de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación para la alcaldesa de El Madroño, la socialista María Josefa Rubiano, por el presunto delito continuado de prevaricación que cometió al conceder dos licencias para la construcción de viviendas en terrenos no urbanizables.
En el escrito de acusación, consultado por Europa Press, el fiscal explica que la acusada recibió el 21 de Septiembre de 2004 una solicitud de licencia para construcción de vivienda unifamiliar presentada por D.M.T. y con proyecto técnico realizado por el arquitecto D.C.S.
Según prosigue el Ministerio Público, dicha construcción se iba a realizar en una parcela del terreno conocido como 'Cercado las Eras' que en esa fecha tenía la condición de no urbanizable por aplicación de las normas urbanísticas vigentes en aquel momento.
Así las cosas, la inculpada, "sin recabar informe técnico ni consulta a la Diputación de Sevilla", procedió a conceder la licencia solicitada el 27 de Septiembre de 2004 "pese a constarle la calificación de no urbanizable del terreno". Ya el 30 de junio de 2006 se comprobó la efectiva realización de las obras por su dueño, D.M.T. En auto de septiembre de 2007 se acordó el sobreseimiento provisional respecto al dueño de la obra y al arquitecto redactor del proyecto.
Por otro lado, la acusada acordó en Decreto de 13 diciembre de 2004 conceder licencia a J.L.M. para la construcción de una casa de labranza en la finca 'La Berrocosa', si bien esta edificación --asegura el fiscal-- también se iba a realizar en suelo calificado por la normativa en vigor como no urbanizable y, por tanto, dicha licencia "no se ajustaba a la legalidad".
Según defiende el fiscal en su escrito, la acusada concedió la licencia "pese a que constaba en la solicitud que se trataba de hacer una casa de labranza, se aludía a la edificación como vivienda y se aludía a la existencia de chimenea con lo que se excluía la vinculación de la edificación a explotación agraria o ganadera".
J.L.M. realizó las obras que fueron detectadas como "irregulares" por la Policía autonómica y que dieron lugar a diligencias judiciales por tal construcción en las que se acordó el sobreseimiento provisional el 23 de octubre de 2008. En la fecha de los hechos estaban en trámite la normas subsidiarias de planeamiento cuyo trámite se inició en julio de 1993 y que no habían sido aprobadas por la autoridad competente y por tanto carecían de vigencia.
El Ministerio Público considera que los hechos relatados constituyen un delito continuado de prevaricación urbanística, por lo que reclama para la alcaldesa de El Madroño un año y seis meses de prisión y ocho años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
* Europa Press - 4.05.09
Foto: EL Madroño (Sevilla) - sevillaweb.info
Multas a 46 inmobiliarias por vulnerar derechos del consumidor
ELPAÍS/Cataluña* : Hay contratos de compraventa de viviendas que obligan a subrogar las hipotecas subrogadas previamente, contratos de venta sobre plano en los que la promotora se arroga la potestad de cambiar las características del piso en cuestión y otros en los que se traslada al comprador el pago de todos los impuestos derivados de las transacción. Son cláusulas abusivas en todos los casos, que vulneran los derechos de los consumidores y, por tanto, son motivo de multa.
Inquieto por las malas prácticas en que puede derivar la mayor presión de las inmobiliarias para vender, el Gobierno catalán ha sancionado con 320.800 euros a 46 promotoras y constructras en Cataluña por estas y otras infracciones cometidas en 2008.
Además de los casos comentados, las malas prácticas incluyen el incumplimiento del deber de información y el mal uso de las cantidades pagadas por los compradores como adelanto. El expediente sancionador más elevado asciende a 20.200 euros, según la Agencia Catalana de Consumo, que en 2008 lanzó la primera campaña específica sobre el mercado de la vivienda. Su temor eran las consecuencias de la mayor presión para vender, ya que, con el actual ritmo de ventas de pisos, una promoción tarda en venderse en Cataluña una media de 41 meses, y en Barcelona ciudad, peor: 53, según los datos del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Pero las cuantías totales de las multas no difieren mucho, pese a la crisis, de las aplicadas en campañas globales realizadas en años anteriores.
Entre las 75 empresas visitadas, las cláusulas abusivas han supuesto el principal incumplimiento, con un volumen de multas de 194.300 euros, según el director de la agencia, Jordi Anguera. El segundo gran motivo de infracción, que ha supuesto sanciones de 79.400 euros, es la falta de información.
Cuándo termina la obra
Los compradores de una vivienda tiene derecho a saber cuándo empiezan las obras de su piso, cuándo terminan y en qué momento están, además de si se trata de obra nueva o de vivienda de segunda mano. "Hemos encontrado casos en que se daba por nueva una vivienda que no lo era", explica Anguera.
Las promotoras también han pecado con el uso del dinero que adelantan los compradores de pisos. Cuando el futuro propietario de una vivienda empieza a avanzar cantidades, la ley establece que la señal debe depositarse en una cuenta especial, que el comprador debe conocer, y sólo se pueden utilizar dichas cantidades para la obra en cuestión.
Además deben estar avaladas y garantizadas, de forma que en caso de que la promotora acabe en un consurso de acreedores (es decir, que suspenda pagos, como ha ocurrido con una larga lista de empresas del ladrillo en el último año), las aportaciones de los clientes estén aseguradas. Un total de 20 de las compañías inspeccionadas no había cumplido con esta obligación el año pasado, lo que supuso multas de 29.300 euros.
Desde que estalló la crisis, los teléfonos de la Agencia Catalana de Consumo echan humo. Entre el último trimestre de 2007 y el de 2008 las consultas de los consumidores se dispararon el 34%. Y eso en un año en que no ha habido un conflicto particular, como el gran apagón de Barcelona en 2007 o el cese de actividad de Air Madrid a finales de 2006. El grueso de las consultas tiene que ver con el mercado inmobiliario y sus derivadas, como las comisiones y las hipotecas.
* El País - AMANDA MARS - Barcelona - 04/05/2009
Las comisiones de Son Oms se ocultaron con ventas ficticias
ELMUNDO/Palma* : La investigación del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional sobre la trama político-empresarial en torno a la recalificación del polígono de Son Oms confirma en un informe elevado ahora al juez que las comisiones del 15% en suelo exigidas por los políticos de UM a cambio de la transformación de aquella zona rústica en un polígono industrial se cedieron simulando una compraventa «ficticia» ante notario.
Apunta que así se deduce del análisis de parte de la documentación incautada por la Policía Judicial del despacho del abogado y testaferro de los políticos de UM en el negocio, Jaime Montis, en un registro que se produjo siete meses después de que éste declarase ante la Fiscalía por el caso.
Son las conclusiones a las que llega el extenso dictamen que la Policía ha puesto sobre la mesa del titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Palma que investiga si, como ha denunciado la Fiscalía Anticorrupción, en aquella reconversión urbanística hubo tráfico de influencias, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, delito contra la Hacienda Pública y cohecho. «Uno de los fines con los que se constituyó Gestora Desarrollo Son Oms -la empresa creada por Montis que se quedó con esas comisiones en especie del 15%- fue conseguir el control de la Junta de Compensación [del polígono]; con esta finalidad la sociedad compró ficticiamente el 15% de la propiedad de diversas fincas (...) dicho 15% sería en realidad la contraprestación a pagar por los propietarios de esas fincas para que pudiese producirse la urbanización de Son Oms», sostiene la Policía.
¿Y en qué se basa para afirmar que fue «ficticia»? La respuesta, indica, estaría en una serie de documentos contenidos «en una carpeta amarilla con el membrete Montis Abogados» que recogen la liquidación de Gestora Desarrollo. «Se podía empezar a considerar el calificativo de ficticia por la ambigua alusión al pago anticipado del precio sin especificar el medio de pago utilizado. Asimismo, en los documentos de Gestora se puede verificar que las cantidades supuestamente entregadas no coinciden, circunstancia que hace hincapié en su falta de veracidad».Y es que como resume el informe policial, en la contabilidad de Gestora aparecen precios diferentes a los recogidos en las escrituras notariales. «Muy inferiores al precio real de mercado».
Ese precio, determina la Policía, «ni siquiera llegó a entregarse a los vendedores, ya que fue compensado con unos supuestos créditos históricos en los que Gestora Desarrollo se subrogó». No en vano, siempre según la Policía, este maquillaje contable quedó plasmado en un documento incautado a Gestora donde se dice que las sumas «que rezan en las escrituras fueron compensadas con supuestos créditos históricos subrogados por Gestora Desarrollo que quedaron cancelados con las escrituras».
La Policía también indica como sospechoso que todos los 15% fueran entregados el mismo día mediante escritura notairal, «plasmándose en dos de ellas la urgencia para que el otorgamiento se celebrase en ese día». No en vano, aquella entrega, la concreción de las comisiones pactadas por el ex conseller de Territorio de UM y aún hoy diputado Bartomeu Vicens y el ex presidente del Parlament y peso pesado del partido Maximiliano Morales, se produjo el 6 de abril de 1999. Unas semanas después de que el Consell que por entonces presidía UM a través de la figura de Maria Antònia Munar, aprobase la recalificación. El 25 de febrero de ese año, Montis había creado la sociedad Gestora Desarrollo Son Oms para aglutinar los 15%. Las plusvalías que generaron al pasar de rústico a industrial acabaron en manos de Vicens y Morales.
La Policía considera que el hecho de que aquella compraventa fuese una mera pantomima «respalda la idea de que realmente existió una unidad de acción y un propósito» en la adquisición del 15% de aquellas parcelas. Ya que con aquella cuota Gestora Desarrollo pasaría a tener el control del polígono, su órgano de gobierno.
Todas estos extremos que ahora desvelan las pesquisas policiales han venido siendo denunciados durante los últimos meses por EL MUNDO y por la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. Las conclusiones del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial, a quien el juez recurrió para que analice la extensa documentación incautada del despacho Montis, los confirman. Desde hace unos días están sobre la mesa del Juzgado.
* El Mundo - Estetan Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma - 4.05.09
Foto: Palma, polígono industrial de Son Oms - diariodemallorca.es
Carreño: El ocaso anunciado de Perlora
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LNE/Asturias* : El ocaso de Perlora comenzó años atrás, cuando los vecinos y los trabajadores pelearon por que la Ciudad de Vacaciones no desapareciera como tal, pero de nada sirvió su lucha ni su oposición al derribo de la residencia, en diciembre de 2005. Ahora la historia se repite -está por ver si la lucha sirve para algo- después de años de trámites, concursos y adjudicaciones, que han llevado a que sea una sociedad -con participación regional- la que decida el futuro de Perlora.
Las intenciones de las adjudicatarias de eliminar la práctica totalidad de las villas tradicionales (son 273 y se habla de que la demolición afectaría a más de 260) que pueblan el complejo turístico ha chocado con el rechazo de los vecinos y buena parte de los grupos políticos.
Desde Carreño se afanan en recordar que las villas son la génesis de la residencia y desde el Ayuntamiento los partidos ya han recordado que su derribo supone saltarse las bases del concurso de explotación que las empresas ganaron hace año y medio con una oferta en la que se respetaba la fisonomía y composición del complejo. De momento, el documento que ha presentado la sociedad para tramitar el plan especial de reforma del área de Perlora ha sido frenado por la Comisión de Urbanismo de Carreño.
Con todo, las empresas no cuentan para avalar su propuesta de derribo con la excusa del mal estado de los chalés. Las villas que estaban en mal estado fueron restauradas en 2004 por integrantes del taller de empleo que operaba dentro del complejo vacacional. No están cuantificadas, e incluso muchas quedaron por arreglar, pero aún hoy se pueden encontrar multitud de construcciones del lugar en cuya entrada se encuentra una placa que aclara que los edificios fueron restaurados por la escuela taller de Perlora. En esta operación intervino la Consejería de Educación y Ciencia, con la colaboración del fondo social europeo, en el año 2004. Incluso en el 2007, con la residencia ya clausurada por el Principado, la escuela seguía realizando labores de mantenimiento y restauración.
Ese último año, desde la dirección del centro se señaló que en su última etapa se llevaba a cabo el mantenimiento de algunos chalés, e incluso la edificación íntegra de uno de ellos, incluidos sus cimientos, como práctica profesional de los alumnos. Se indicaba, además, que aún quedaban muchas viviendas pendientes de rehabilitar dentro de las instalaciones pero que debían renovarse antes de que entrase en funcionamiento la explotación privada del complejo vacacional.
El caso es que la intención de la empresa privada va en otra dirección, y sus planes pasan por dejar apenas unas cuantas villas en pie, dentro de una misma manzana, a la entrada de la residencia, «como memoria viva de los tipos edificatorios y de ocupación del espacio más característicos de la ciudad», señalan en su documento. El resto desaparecerán, dejando lugar a «edificios prefabricados en lo constructivo aunque no en el diseño, de manera que con pequeñas obras de cimentación y servicios puedan ser depositados en su ubicación y puestos en uso».
Los nostálgicos de Perlora, aquellos que en 2005 siguieron con pena y lágrimas el derribo de la residencia, temen que la historia se repita.
* La Nueva España - Braulio FERNÁNDEZ - 3.05.09
Foto: lne.es
España roza los 3.000 vertederos ilegales
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PÚBLICO* : La imagen de una bañera abandonada, de sillas rotas o simplemente de bolsas de basura tiradas a la salida de muchos municipios españoles sigue siendo algo común. De hecho, el número de basureros sin licencia asciende ya a 2.987, según consta en la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, referida a 2008 y hecha pública ayer. Esta cifra supone un aumento del 24% respecto al año anterior, según la Fiscalía, que ha constatado que en 2008 aparecieron 176 vertederos ilegales nuevos.
Además de la contaminación asociada a estos focos de basura, existe un importante riesgo de incendio en los vertederos situados en zonas forestales. Concretamente, el año pasado se contabilizaron 379 basureros sin autorización en zonas forestales que la Fiscalía especializada considera "fundamental" que se eliminen. Este tipo de vertederos en el entorno de bosques se incrementó en un 18% en 2008. No obstante, la Fiscalía apunta que se han reducido los fuegos forestales iniciados en vertederos ilegales en un 29% respecto a 2007, lo que equivale a 67 incendios menos.
Otro foco de riesgo para el inicio de fuegos son las áreas recreativas, como ya ocurrió en el Parque Natural de la Cuenca Alta del Tajo (Guadalajara) en 2005. En 2008 había 3.468 áreas de ocio en las que se permite el uso de fuego en zona forestal, frente a las 2.464 de 2007. Ante el riesgo importante de incendio, se eliminaron 117 áreas recreativas el año pasado y en 374 se ha prohibido el uso del fuego en épocas de mayor riesgo.
Por otro lado, el año pasado se detuvo o imputó a 445 personas por causar 392 incendios, de los 11.612 fuegos registrados en toda España. En cuando a la causa, en el 74,4% de los casos con detenidos fue una negligencia o imprudencia, mientras que en el 14,7% se debió a pirómanos, el 12,6% a regeneración de pastos, el 11,5% a venganzas familiares o vecinales y el 3,1% a la acción de personas con sus facultades mentales perturbadas.
Medio centenar de condenas
El año pasado se emitieron 525 condenas en medio ambiente, un 22,47% más que en 2007. De estas sentencias, 32 lo fueron en medio ambiente, 301 fueron relativas a la ordenación del territorio y urbanismo, siete a Patrimonio Histórico, 84 a flora y fauna, 90 a incendios forestales y 11 a malos tratos a animales domésticos.
Entre los casos analizados, la Fiscalía de Algeciras emitió un informe sobre los vertidos de buques en tránsito advirtiendo que las denuncias son frecuentemente archivadas por la dificultad de determinar el autor y por la falta de responsabilidad de las autoridades de Gibraltar, que permiten el paso de buques con deficiencias de seguridad o que incumplen la normativa contra la contaminación. También critica los trasvases rutinarios de combustible a los buques desde gasolineras flotantes sin respetar la legislación comunitaria.
Varón, español, normal e incendiario
La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han elaborado el primer estudio que se realiza en España para conocer el perfil psicosocial del incendiario forestal.
Los resultados muestran que se trata de un varón español, sin antecedentes policiales por incendio forestal ni por otros delitos, ocupado laboralmente en tareas de poca cualificación, principalmente agrícolas. Ha tenido por lo general una infancia y una crianza normales, aunque a nivel educativo sólo ha superado estudios elementales (cuando no es analfabeto).
Habita principalmente en entornos rurales y está adecuadamente socializado (tiene amigos y disfruta pasando con ellos su tiempo de ocio). Su domicilio, e incluso su lugar de trabajo, están situados en la misma localidad del incendio, o en localidades próximas; actúa en solitario, sin que existan cómplices ni coautores, y no pertenece a ningún grupo relacionado con el crimen organizado.
* PÚblico - MARÍA GARCÍA DE LA FUENTE - Madrid - 30/04/2009
Foto: Vertedero en el municipio de Tobarra (Albacete). - Público
Entre todos la mataron y ella sola se murió: esta casa es una ruina
J.L.BÁRCENAS* : Está el campo de batalla inmobiliario lleno de cuerpos sin vida, tal y como sucede tras un enfrentamiento largo y duro como el que se lleva librando desde hace dos años. Los que van sobreviviendo, lo hacen a costa de vender su alma al diablo como única posibilidad de resistir a la debacle total en la que se encuentra el mercado. Mientras hay vida hay esperanza y a ese razonamiento se aferran. Es curioso escuchar a la gente, incluso a profesionales de las entidades financieras, haciendo, a estas alturas, la siguiente pregunta: ¿Dónde está todo el dinero obtenido anteriormente por los promotores?
¿Qué necesidad tienen, en estos momentos, de pedir ayuda a las entidades financieras, habiendo ganado tanto dinero en los últimos años del boom inmobiliario? Quien hace este tipo de cuestiones denota un desconocimiento total del fenómeno tan extraordinario que ha sido esta súper burbuja inmobiliaria.
Los promotores de este país, por norma general – habrá excepciones como siempre ocurre – fueron grandes fortunas desbocadas hace poco tiempo y son grandes ruinas económicas, empresariales, profesionales y, en algunos casos, personales en la actualidad.
Salvo unos pocos que hayan sabido guardar lo ganado en el momento preciso en que se avecinaba la “tormenta perfecta”, el resto de participantes en el sector se han visto engullidos por el epicentro de este ciclón que ha devorado, de forma salvaje y dramática, cualquier posibilidad de supervivencia de las empresas promotoras si no es recurriendo a ayuda ajena.
No le falta razón a la gente a la hora de culpar a los promotores por haber sido los autores materiales de esta escabechina. Pero, como sucede en todo juicio, sobre todo cuando ya ha pasado un tiempo prudencial como para juzgar más detenidamente un hecho ocurrido, hay que dar la oportunidad de defensa al juzgado y escuchar su testimonio.
No pretendo hacer de abogado del diablo ni exculpar a quien no lo merezca pero sí me gustaría poder aclarar que en este festival han intervenido multitud de actores que han obtenido grandes beneficios del trabajo desarrollado por los promotores y que son tan responsables como ellos del estropicio creado en el mercado inmobiliario. No están todos los que son pero sí son todos los que están.
" Ayuntamientos. Son los que han proporcionado el arma del delito. Suelo para todos. Liberación indiscriminada de suelos a precios que justificaban, por lo menos parcialmente, las subidas de precios finales de las viviendas. Todo esto suponía 2 fuentes de financiación para los Ayuntamientos: directamente por la venta de los suelos e indirectamente por las tasas, impuestos y gravámenes municipales ligadas a cualquier actuación urbanística. Así ha crecido el número de nóminas a pagar cada mes en los Ayuntamientos. Con pólvora del rey…
" Bancos y Cajas de ahorro. Son los que han proporcionado la munición con la que cargar el arma del delito. Tampoco les ha ido mal en esos años de desmadre promotor. Beneficios record apoyados en una cada vez mayor presencia en el sector inmobiliario. Eso sí, tan pronto como explotaron en USA las subprime, tocaron retirada y han motivado que el mercado no haya purgado de manera ordenada a todos esos promotores que deberían haber desaparecido víctimas de sus propios errores. Han protegido a malas empresas con malos proyectos empresariales y han dejado morir de inanición a buenas empresas con proyectos solventes en un futuro no muy lejano. Para acabar de rizar el rizo, el Gobierno les ha sacudido, directamente, unos cuantos miles de millones de euros y unos cuantos más indirectamente. Todavía queda el desfile de ayudas estatales para reorganizar el podrido sistema de las Cajas de Ahorro.
" Compradores particulares. Ellos son parte del cuerpo del delito. Muchos de ellos realizaron malas elecciones económicas. Se encontraron con liquidez ilimitada en un entorno que les empujaba a cogerla y gastarla sin tener la oportunidad de pensar en lo que se avecinaba. Hay un atenuante a esta actitud: no conozco a nadie a quien le hayan obligado a comprar un piso, fuera cual fuere el precio del mismo. En cualquier caso hay que dejar claro que ellos son los grandes damnificados por todo este lío. Aquí habría que hacer mención especial a los “inversores” con una función puramente especuladora que, pervirtiendo el funcionamiento de un mercado tan relevante como éste, aparecieron, como los paracaidistas, en medio del mercado.
" Promotores. Dependiendo de qué tipo de promotor se trate, pueden ser arma homicida, cuerpo del delito, carroñeros que viven de las miserias ajenas… Aquí habría que hacer parada y fonda pero no hay tiempo. El caso es que tienen subprime en los suelos igual que muchos compradores particulares tienen subprime en sus propias viviendas.
" Hacienda Pública en general: Estado + Comunidades Autónomas + Ayuntamientos. Herederos o beneficiarios del difunto que no se encargaron de cuidarle en vida. Se han dedicado a ingresar fondos con cargo a todo este festival – IVA, AJD, ITP, plusvalías municipales, tasas y licencias de obras y de primera ocupación, impuesto sociedades, etc…- mirando para otro lado, sin cumplir con una de sus principales funciones públicas: el controlar y velar por el buen funcionamiento de los mercados (aquí conviene incluir al Banco de España).
Respecto a la posible falta de escrúpulos mostrada por parte de los promotores por vender tan caras determinadas viviendas, hay que hacer una reflexión básica:
" Quien haya vendido malos productos al precio que el mercado marcaba para los buenos productos, claramente ha cometido estafa meritoria de ser penada de la forma más dura que la Ley lo permita. Está claro que aquí no se han vendido piruletas. Lo que se vende es, en muchos casos, parte fundamental de la vida de quien lo compra. No ha habido control alguno por parte de las Administraciones para poner coto a todas las salvajadas urbanísticas que se han producido a lo largo y ancho del territorio nacional. Los compradores particulares se han visto indefensos ante la gran cantidad de timos que han tenido que sufrir.
" Quien haya vendido lo que anunciaba que vendía – sin engañar a nadie - al precio que marcaba el propio mercado, no ha hecho más que formar parte de un mercado libre. Eso sí, no exento de riesgo. Hicieron caja con las unidades vendidas pero todo lo construido y no vendido les lastra como un saco lleno de piedras que les lleva al fondo del mar.
* Cotizalia - Opinión - 29/04/2009
La falta de medios impide la presentación de querellas
ELPAÍS/Valencia* : La denuncia viene de lejos y se repite año a año. La falta de medios en las fiscalías de la Comunidad Valenciana condiciona el trabajo del ministerio público, y una nueva prueba de que la situación no mejora a pesar de las continuadas promesas de la Generalitat emerge ahora de la memoria anual de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo que dirige Antonio Vercher.
El repaso a la actividad de 2008 deja constancia de que la ausencia de medios suficientes aqueja a numerosas fiscalías españolas, entre ellas la de Castellón, cuyo comentario destaca Vercher: "Al disponer de una única fotocopiadora y aún siendo la querella el medio más idóneo para ejercitar la acción penal, en la sección [de Castellón] no se interponen querellas, sino denuncias, para no tener que acompañar las oportunas copias".
Una sola fotocopiadora para todo el material que genera el trabajo de 25 fiscales en Castellón. No hay más, por lo que los dos fiscales que se encargan de los delitos de medio ambiente y urbanismo evitan las querellas porque implica entregar fotocopias de las actuaciones a todas las partes, mientras que con la denuncia basta una dirigida al juzgado. El fiscal jefe de Castellón, Javier Carceller, ya lo avisó en mayo de 2008, cuando calificó la situación de "insostenible" y de "caótica". Y el pasado jueves, se quejó de nuevo la fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, que tildó de "mísera" la situación tras el recorte del servicio de taxis para los fiscales.
La Fiscalía de Castellón también destaca en su informe a Vercher "lo difícil" que resulta compaginar "el despacho ordinario del juzgado y las numerosas visitas asignadas todos los meses" con la especialización en delitos medioambientales. Implica un "sobreesfuerzo que en ocasiones, más de las deseadas, llega a la desesperación" cuando los asuntos son complejos. Una circunstancia que abunda en el déficit de medios materiales y de personal.
A ello se suma que las relaciones "problemáticas" de las fiscalías de urbanismo y medio ambiente con las administraciones autonómicas, como apunta la memoria. El caso valenciano no es una excepción. La Fiscalía de Valencia detecta "una cierta frialdad oficial, por el recelo con el que se han recibido algunos de los oficios que se les ha enviado recabando información de determinados expedientes". También es revelador el resultado de la petición de información a los ayuntamientos de la provincia de Valencia sobre los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable. De los 264 oficios enviados el año pasado, en enero la Fiscalía sólo había recibido 98 respuestas. En 40 casos contestaron que no había expedientes sancionadores, por lo que la Fiscalía de Valencia concluye: "O bien nos encontramos ante la idílica situación de absoluto respeto a la normativa urbanística, o como nos tememos, sencillamente los ayuntamientos hacen absoluta dejación de sus funciones". De los 58 municipios que sí han abierto expedientes, sólo 15 lo hacen de forma regular y dos (Llíria y Chiva) transmiten regularmente información a la Fiscalía.
La memoria apunta que las fiscalías valencianas incoaron 721 diligencias de investigación relacionadas con el medio ambiente, ordenación del territorio, flora y fauna, patrimonio histórico, incendios forestales y maltrato a animales. Además, registraron 279 procedimientos judiciales. Hubo 19 sentencias condenatorias y 8 absoluciones, y 16 detenidos por 14 incendios.
* ELPAIS.com - S. V. - Valencia - 02/05/2009
Elogio y defensa de los chiringuitos
JOSÉ ANTONIO MARTÍN PALLÍN* : Desde el Cabo de Rosas hasta la frontera con Portugal, nuestro país dispone de más de mil kilómetros de costa y playa y muy pocos espacios naturales. Nuestra oferta turística es la naturaleza y el clima. Representa una partida muy importante de muestro producto interior bruto. Mientras se mantenga la estructura económica de nuestros consumidores de espacios de ocio y descanso todavía podemos competir en el mercado de las vacaciones en situación ventajosa.
Cuando ya casi todo el espacio disponible estaba cubierto de cemento se reaccionó con una Ley de Costas de 1988 que pretende proteger espacios y elementos naturales frente a las perjudiciales consecuencias derivadas de obras e instalaciones. Nada que objetar.
¿Pero queda algo que proteger? Poco o nada. La realidad es descorazonadora y ha servido para alentar a los infractores. Teníamos un patrimonio que hemos malversado con el aplauso unánime y la entrega entusiástica de los complacientes siervos de los depredadores.
En todo caso, ¿existe voluntad de realizar ineludibles, legales y exigibles demoliciones? Parece que no. Cientos de miles de plazas hoteleras y segundas residencias tienen una sentencia firme de derribo sin que nadie tome la más mínima iniciativa para que se cumplan. Habrá que indemnizar a los terceros de buena fe si es que se demuestra su virginal inocencia. La legalidad se ha convertido así en un vacío patético que simboliza la impotencia de las reglas ante la desvergüenza de los poderosos e impunes.
Pero quedan los chiringuitos como hispánico muestrario de nuestras costumbres de ocio y gustos culinarios. En ellos se podía reposar con una caña o un tinto de verano, jugar al dominó y al mus y ofrecer manjares exclusivos de la vera del mar, además de nuestra universal paella regada con sangría y limón.
Espero que los custodios de las normas sean algo más que unos mecánicos lectores y sepan que la ley sin la razón es el súmmum de la injusticia. No hace falta ser ingeniero o arquitecto para saber que los chiringuitos ocupan unos metros cuadrados de playa. Es necesario reflexionar antes de tomar decisiones al pie de la letra.
Salvando los escasos recintos naturales subsistentes, el resto de las playas mediterráneas españolas, son un pequeño microcosmos. Los chiringuitos están situados en la última línea de playa lindando casi siempre con paseos marítimos desde los que se accede a sus recintos, en los que familias enteras sueltan a sus niños con una cierta tranquilidad salvándolos de los ciclistas alocados y de los residuos digestivos de perros mimados por sus dueños.
Creo que no hace falta ser un experto en ecosistemas para comprobar que en invierno sobra playa y que en verano esas lindes sufren altísimas temperaturas que las hacen inhabitables. Hasta que se instalaron las pasarelas, pisar la arena en pleno mes de julio o agosto producía quemaduras de una cierta intensidad en las plantas de los pies. Todos hemos proferido más de una blasfemia al entrar en contacto con ese espacio al parecer tan agredido por los chiringuitos.
El único espacio habitable es, pues, su sombra acogedora que te ofrece la posibilidad de aislarte o integrarte, según tus gustos y días, con gente que quiere compartir la buena mesa y la fresca bebida, y con la posibilidad, si te apetece, de abrirte paso hasta el mar saltando por encima de los que racionalmente han buscado la proximidad del agua como único espacio vivible.
Los chiringuitos deben cumplir determinadas normas de distancias, alineamientos y saneamientos que la mayoría de sus dueños son los primeros en cuidar con esmero. Generan 50.000 puestos de trabajo directo, más los refuerzos veraniegos y los suministros inducidos. Y entretanto, las arcas de los Ayuntamientos se benefician de los impuestos, los ciudadanos disfrutamos de sus espacios y los bañistas no se ven privados del mar.
Hay mucha tarea por delante, no nos obcequemos con los chiringuitos, dejémosles en paz, siempre que sean un espacio de encuentro placentero que no perjudiquen los intereses generales y las zonas de uso colectivo. Lo lamentable es que su subsistencia, en este raro y trasnochado país, se haya convertido en una opción ideológica de derechas o izquierdas.
Resulta demoledor para el sentido de la justicia contemplar la implacable y eficaz demolición de poblados marineros que llevan más de un siglo en sus asentamientos y el derribo de los chiringuitos, mientras miles de construcciones con sentencia firme de derribo permanecen incólumes.
Si los chiringuitos autorizados no obstaculizan el uso colectivo de la playa, contribuyen a los ingresos por turismo, constituyen espacios de ocio y de descanso y crean puestos de trabajo, ¿qué grave delito han cometido? El problema es real y preocupa a los habitantes de las costas mediterráneas. Pero como Madrid, donde están instalados los medios de comunicación de difusión nacional, no tiene chiringuitos playeros, el debate no existe para esos medios. Ahora bien, si quieren conocer sus dimensiones políticas, sociales y económicas, lean los antaño llamados periódicos de provincias.
* José Antonio Martín Pallín es magistrado emérito del Tribunal Supremo.
* ELPAIS.com - Opinión - 26/04/2009
“Hemos tumbado dos planes urbanísticos”
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DIAGONAL/Entrevista* : En septiembre de 2005, el presidente de la asociación vecinal de Llanes fue desalojado de un pleno en el Ayuntamiento. El motivo, vestir una camiseta en la que se leía “La Talá ilegal”, en alusión al Plan Parcial Urbanístico que el Consistorio aprobó en esa sesión. Tres años después, con el proyecto anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, el Gobierno de Llanes (PSOE) solicitó en la Audiencia Provincial dos años y cinco meses de prisión por un delito de atentado, una petición que ha sido desestimada. Goñi lleva toda una vida luchando contra la especulación urbanística en el oriente asturiano.
Finalmente, en un juicio celebrado el 16 de marzo, el tribunal desestimó la petición del Ayuntamiento de Llanes y todo ha quedado en dos faltas contra el presidente de AVALL y de la Asociación de Colectivos Asturianos (ACA), por las que le piden 1.000 y 180 euros, respectivamente. Hasta ese día, Domingo (Txomin) Goñi protagonizó una huelga de hambre de 15 jornadas junto a los juzgados de Oviedo para protestar por la persecución del Consistorio.
DIAGONAL: No irá a la cárcel, pero según la Justicia es culpable de perturbación del orden público y de lesiones a un agente local. ¿Satisfecho con la sentencia?
TXOMIN GOÑI: En un principio sí, y los colectivos que han estado apoyándome también. Estamos contentos porque había una petición inicial por parte de la acusación particular de dos años y cinco meses de cárcel y por parte de la Fiscalía de ocho meses. Que la Fiscalía haya retirado esa petición, y la sentencia quede en unas faltas, es una pequeña victoria.
D.: Durante la huelga de hambre aseguraba que de salir una sentencia condenatoria recurriría. ¿Mantiene esa intención?
T.G.: Sí, porque hay vías para recurrir y para que no siente precedentes. Lo estoy afrontando no sólo por mi pellejo, sino pensando en lo que va a poder seguir ocurriendo en adelante. Porque las cosas se van a agravar y por eso vamos a seguir peleando para que esto quede en nada: absolución. ¿Que la Audiencia Provincial no hace caso? Recurriremos al Constitucional.
D.: El Plan Parcial de urbanización de La Talá fue anulado en su momento por el Tribunal Supremo de Justicia de Asturias (TSJA)...
T.G.: Fue anulado junto con otras actuaciones urbanísticas del PGOU de Llanes, porque habían sido rescatados de una anulación anterior. El tribunal dijo: “No, ya lo habíamos anulado antes, así que hagan el favor de hacer las cosas mejor”. Pero como han recurrido, la actuación sigue vigente. Ahora el plan parcial de La Talá está a punto de pasar a la fase final: estamos en la fase de pruebas y pueden faltar pocos meses para que el TSJA dicte que es ilegal.
D.: El proyecto fue ilegalizado meses después del pleno del que fue expulsado. ¿Han continuado las obras?
T.G.: Sí, han urbanizado prados: calles, aceras, farolas… también los desagües y las tomas de luz. Y han construido dos casas, que también las tenemos en contencioso. Ya hemos advertido al Ayuntamiento de que por cada casa que se haga vamos a poner un contencioso.
D.: ¿Qué prevén que suceda con los terrenos de La Talá?
T.G.: En su momento hicimos una propuesta para que se convirtiera en un parque, que respetaría un poco las características naturales de la zona. En la última asamblea de AVALL hemos tomado la decisión de trasladar esta idea al nuevo propietario, Cajastur. Esta entidad debería vigilar para que no vuelva a ocurrir lo sucedido con el desarrollo urbanístico. Llevamos mucho tiempo diciendo a las entidades que financian este tipo de obras que si no hay garantías jurídicas suficientes cómo es que se dan los préstamos. Ya lo advertimos hace dos años y no contestan, callan. En Europa están hasta las narices de decirles que así no se puede hacer. D.: Dice que se agravarán las cosas.
¿Su caso deriva de un conflicto personal o de AVALL con el Ayuntamiento o se trata de una estrategia de criminalización de la protesta?
T.G.: Ambas cuestiones van juntas. AVALL lleva 20 años poniendo los puntos sobre las íes al Ayuntamiento de Llanes. Ya hemos tumbado dos planes urbanísticos, la Justicia nos ha dado la razón dos veces. El Ayuntamiento está cabreado con AVALL, y tiene ganas de castigarnos. Pero también hay otros colectivos que están en pie de guerra. Si consiguen dar un golpe y amedrentar a la gente van a tener más facilidad para llevar a cabo sus planes. Con mi caso ha habido una respuesta importante, y estoy convencido de que si no hubiera sido así la Fiscalía no habría rebajado su petición de ocho meses de cárcel. Necesitan frenar cualquier respuesta que no esté domesticada.
D.: Habla de frenar las respuestas no domesticadas. ¿Qué líneas de acción siguen en AVALL?
T.G.: Vamos evolucionando. Empezamos haciendo denuncias, muy tímidamente, ante la Fiscalía. Desde hace cinco años nos lanzamos, a través de la justicia gratuita, a los procedimientos contenciosos administrativos contra las ilegalidades urbanísticas, especulativas y las burradas medioambientales. Pero nos hemos dado cuenta de que eso, aunque puede ser eficaz, es muy lento, y hemos comenzado con los procedimientos penales. En Llanes hemos empezado contra la contaminación de unos acuíferos por parte de una granja de cerdos ilegal.
D.: Llanes es tal vez el mejor exponente en Asturias de la especulación urbanística y de la marbellización de la costa. ¿Cuáles son las causas?
T.G.: Una, las vías de comunicación que avanzaron rápidamente por la zona. Pero todo coincidió con la llegada de unos testaferros o señores ligados a ministros del PSOE, que empezaron a veranear en Llanes. Así como suena. Los primeros movimientos especulativos que se hicieron estaban ligados al aparato del PSOE. Y el Ayuntamiento no sólo no tuvo ningún escrúpulo en aceptar ese dinero fácil y barato del ladrillo, sino que consideró que no importaba destruir el entorno para financiarse.
D.: Entre los culpables, ¿hay nombres?
T.G.: Sí, hay nombres y apellidos. Antonio Trevín, actual delegado del Gobierno, introdujo este modelo de desarrollismo. Otro es la corporación actual del Ayuntamiento encabezada por Dolores Álvarez. ¿Y por qué son culpables? Porque ya han visto el resultado y no paran. Ahora van a hacer un nuevo plan urbanístico que, han dicho, llevarán a cabo con la participación de los ciudadanos. ¿Y lo primero que piden es dos años y medio de cárcel para una de las personas que más está impulsando otro modelo de desarrollo en Llanes? Nos vuelven a engañar, porque no se están planteando ninguna alternativa.
D.: Desde hace décadas Asturias vende el eslogan ‘Paraíso Natural’, pero en los últimos años se ha apostado por una ‘reindustrialización’ de la economía: superpuerto, centrales de ciclo combinado… En otros sitios se han manifestado más por menos.
T.G.: Asturias es una autonomía supuestamente de izquierda. Y eso, aunque no lo parezca, hace mucho a la hora de frenar la protesta. Si hacemos un repaso y vemos qué autonomías han tenido más pujanza en la lucha contra la masificación urbanística son aquellas gobernadas por el PP donde, de una manera más ‘natural’, organizaciones de izquierda se lanzan más a la calle. Aquí eso no ha ocurrido.
EL ORIENTE ASTURIANO, UNA ZONA SIEMPRE AMENAZADA POR EL NEGOCIO DEL LADRILLO
P.M. (REDACCIÓN ASTURIES)
El juicio al presidente de AVALL ha visibilizado la lucha contra la especulación en una de las zonas de Asturias más castigadas por el negocio del ladrillo. Fundada en 1990, AVALL nace con el fin de evitar las Normas Subsidiarias del PGOU del Ayuntamiento de Llanes, con Antonio Trevín, actual delegado del Gobierno, al frente de la corporación. Desde entonces, ha impulsado diversas iniciativas para frenar, en la calle y en los juzgados, algunos de los proyectos más lesivos hacia el medio ambiente del oriente asturiano. Los terrenos de La Talá, unos acantilados próximos a Llanes, fueron adquiridos en 1992 por 300 millones de ptas. por unos inversores madrileños. En 1996, el empresario astur-mexicano Juan Antonio Pérez Simón los compró por 500 y en 2003 el Ayuntamiento aprobó un nuevo PGOU en el que integraba de nuevo el Plan Parcial de la Talá. Tres años después Pérez Simón vendió los terrenos al Grupo NOZAR, que pagó 36 millones de euros con la intención de construir 512 viviendas y un gran centro comercial. La operación dio un último paso en 2008, después de que la Justicia asturiana anulase en 2007, una vez más, el plan urbanístico de Llanes. NOZAR, amenazada por la quiebra, se ‘deshace’ de La Talá, al comprarla Cajastur por 47,56 millones de euros. El PGOU sigue aplicándose porque el Ayuntamiento y el Gobierno asturiano han recurrido la sentencia ante el Supremo. Pero la lucha contra la especulación urbanística no se limita a La Talá. AVALL ve con preocupación nuevos proyectos, en Llanes y en otros concejos cercanos: las 150 viviendas del pueblo de Barro, ya denunciadas; otras 12 en la playa de Toró; el proyecto de campo de golf, hotel y 200 viviendas unifamiliares en Ribadedeva, etc. “También nos preocupa”, dice Goñi, “que están entrando en el interior”. El último ejemplo, un proyecto de campo de golf y hoteles en el concejo de Parres.
* Diagonal - Pedro Menéndez / Redacción Asturies - Del 16 al 29 de abril de 2009
Foto: Llanes (Asturias), Vista de La Talá - AVALL (El País)
La Fiscalía de Urbanismo critica que la Administración le pone trabas
ELPAÍS* : Los agentes forestales del Gobierno de Aragón "sabotean" a las investigaciones de la fiscalía de Medio Ambiente; la Generalitat catalana mantiene "tensión" con la fiscalía de Tarragona y el Consejo de Seguridad Nuclear "ha puesto dificultades" a su investigación sobre la fuga radiactiva de Ascó. No son los únicos casos, pero sí los más llamativos, que revela la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, que coordina Antonio Vercher, y que destaca que las condenas por delito ecológico crecieran en 2008 un 22%.
La Junta andaluza no denuncia extracciones ilegales de agua junto a Doñana, pese a que se le ha requerido, y la Junta de Castilla y León replica "vuelva usted mañana" cuando el fiscal le pide informes. De los 264 ayuntamientos de Valencia a los que pidió datos de construcciones en suelo rústico, sólo 98 contestaron y 40 dijeron que no había infracciones, lo que indica "una absoluta dejación de funciones".
* ELPAIS.com - R. MÉNDEZ - Madrid - 01/05/2009
Cae el Algarrobico del Cantábrico
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PÚBLICO/Cantabria* : "Con todas las ventajas que siempre ha soñado: un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar. Un privilegio que Cenavi pone a su alcance". Esta era la promesa con la que, en 1991, esa constructora anunciaba la venta de 144 chalés adosados en un lugar de ensueño en Arnuero (Cantabria). La urbanización idílica pronto se convirtió, sin embargo, en paradigma del desaguisado urbanístico en esta comunidad.
Hace ya 15 años, un juez emitió la primera orden de derribo al considerar ilegal la construcción. Sin embargo, hubo que esperar hasta ayer para que las excavadoras llegaran y derruyeran 42 chalés a medio construir. Curiosamente, las máquinas eran de Cenavi. El Encinar, como se conoce a esta urbanización de Arnuero, es sólo la punta del iceberg de las irregularidades urbanísticas que han salpicado de cemento Cantabria durante casi dos décadas. Durante este tiempo, los tribunales han anulado planes generales de ordenación urbana en una decena de municipios y dictado una veintena de sentencias, aún pendientes de ejecución, que ordenan demoler cerca de un millar de viviendas con unas 4.000 personas afectadas, dos polideportivos, tres naves industriales e incluso una depuradora, obra del último Gobierno de José María Aznar.
Estas son las cifras que reflejan el alcance de la problemática urbanística en Cantabria. Cada una de las promociones pendientes de derribo tiene sus peculiaridades, pero la mayoría comparten un nexo: se construyeron bajo el amparo de sus ayuntamientos, que modificaban los planes urbanísticos a su antojo, y a la postre, acababan en los tribunales a raíz de las denuncias de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA).
La primera urbanización en caer, aunque sea parcialmente, ha sido la de Arnuero. Algunos de sus vecinos, arremolinados ayer en torno a las excavadoras con pancartas pidiendo justicia, firmaron las escrituras de compra en 1992. A los dos años, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria emitía la primera orden de demolición ratificada por el Supremo en 2000, al estimar que las casas se habían construido sobre un encinar sin condiciones legales para urbanizarlo, merced a un Plan de Ordenación Urbana "ilegal" avalado por el Gobierno cántabro y las licencias municipales.
Derribo en el Alto del Cuco
A este escándalo le han seguido otros en Argoños, Comillas, Suances, San Vicente de la Barquera, Castro Urdiales, Ramales o Piélagos. Este ayuntamiento ha sido el último en recibir un varapalo judicial por avalar con un plan parcial la erosión de una montaña para construir 398 casas. En marzo, el juez ordenó su derribo.
Por su parte, los más de 4.000 afectados que integran la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) llevan años de protestas. Exigen al Gobierno cántabro que haga "borrón y cuenta nueva", es decir, que legalice todas las urbanizaciones o, en su defecto, indemnice a los propietarios de las viviendas que haya que tirar. Ayer mismo, mientras las excavadoras derribaban los 42 chalés en El Encinar, uno de los vecinos que habita uno de los otros 102 pendientes de tirar, Emilio Bocanegra, lamentaba que la respuesta del Gobierno cántabro fuera "derribar y derribar".
ARCA rechaza que la administración pueda dar ahora cobertura legal al millar de casas sobre las que pesa una orden de demolición. Está a favor de las indemnizaciones a los afectados y también de compensaciones urbanísticas, como la entrega de otras viviendas. Pero apela a que para acabar con el clima de impunidad que ha habido en Cantabria con las construcciones irregulares hay que cumplir ya las sentencias.
Su última acción se ha centrado en Argoños, el municipio que acumula más sentencias de demolición diez contra otras tantas urbanizaciones, con más de 150 casas implicadas. ARCA ha recurrido allí el nuevo plan de ordenación urbana aprobado por el Ayuntamiento con la complicidad del Gobierno cántabro. El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) dio en marzo un plazo de 15 días a su alcalde, Juan José Barretabueña, para que inicie el derribo de cinco viviendas, y ordenó a la Fiscalía que investigue si ha cometido delitos de malversación o prevaricación. Según el juez, la oposición del alcalde al derribo era "evidente".
Otro reto para este grupo ecologista es parar la modificación de la Ley del Suelo impulsada por el Ejecutivo regional, que permitiría construir viviendas unifamiliares en suelo rústico. Los ecologistas no rechazan ese desarrollo, sino que quede en manos de los consistorios: "Con lo que aquí ha llovido, la planificación debería estar bien definida por un plan riguroso y no quedar en manos de los alcaldes". Los ecologistas tampoco están conformes con que los ayuntamientos puedan tener potestad para convertir antiguas cabañas de ganado en casas.
La otra cara de la especulación urbanística en Cantabria se vivió ayer en Ajo. Mientras las excavadoras derribaban parte de El Encinar, otra tiraba la humilde casa-bar donde Domingo Herrero, Mingo, vivía desde hace 30 años. Decidió ampliarla en 2002 tras recibir la autorización del entonces consejero de Urbanismo y hoy presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, y del Ayuntamiento. El caso acabó en los tribunales por iniciativa de un ex edil del partido de Revilla, y Mingo, en la calle. "No sé qué será de mi vida", se lamentaba. Sus amigos le han dejado una caravana.
Ejemplos de sentencias sin cumplir
Minería
Una explotación ilegal
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó en febrero la clausura de la actividad minera desarrollada por Minero Siderúrgica de Ponferrada en El Feixolín (León). Además, la sentencia obligó a restituir el daño ambiental causado y a abrir procedimientos sancionadores. La mina lleva funcionando desde hace 15 años, y a día de hoy no se ha cumplido la sentencia.
Campo de golf
Terminado pero sin licencia
La Junta de Castilla-La Mancha publicó en enero la resolución que declaró inviable ambientalmente
el campo de golf de Torrenueva (Ciudad Real), ya construido. No cabe recurso y el campo de golf deberá desaparecer para “restaurar la totalidad de los terrenos afectados”, un total de 48,39 hectáreas.
Hotel Algarrobico
A la espera de sentencia
El hotel El Algarrobico se levanta a medio construir por la promotora Azata del Sol en la costa almeriense. La Fiscalía de Almería investiga si algún responsable de la Junta de Andalucía cometió un delito al modificar los planos que impedían la construcción en la zona. El Ministerio de Medio Ambiente considera que finalmente el hotel se derribará, pero espera a la sentencia judicial que determine si la promotora tiene derecho a indemnización o no.
* Público - GUILLERMO MALAINA - BILBAO - 30/04/2009
Foto: Las excavadoras derriban varios chalés de la urbanización El Encinar, en Arnuero (Cantabria). - HUMBERTO BILBAO, publico.es
Almuñécar: Un juzgado imputa a Benavides un delito de prevaricación
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LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), suma una nueva causa judicial a su lista de acusaciones. Ahora ha sido la magistrada sustituta del juzgado sexitano de Primera Instancia e Instrucción nº2 la que observa indicios de un presunto delito de prevaricación por parte del regidor, el ex concejal de Urbanismo, Emilio González Pavesio, y el administrativo del Ayuntamiento Francisco Onofre.
Los hechos investigados se remontan al año 2005, cuando el gobierno local de Almuñécar dictó, en una junta extraordinaria, un expediente de disciplina urbanística que obligaba al cierre del camping Carambolo y el centro de Educación Ambiental Karanda, de los que es representante legal el concejal de IU en el Ayuntamiento, Fermín Tejero.
El auto judicial (que responde a la querella presentada por Tejero en 2006) considera, no obstante, que la resolución administrativa en contra de la empresa Karanda S. L. se dictó "a sabiendas de su injusticia, según se desprende de las diligencias practicadas".
Los argumentos aducidos en la resolución judicial se basan en un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y en una sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Granada que anulaba "por indefensión" los efectos del expediente disciplinario con efectos retroactivos. "Puede considerarse ´a prima facie´ que existen indicios de la perpetración de un posible delito de prevaricación por parte de los imputados", recoge la resolución.
Según Tejero, la actuación del grupo político de Benavides se produjo "como represalia por denunciar el urbanismo salvaje del Ayuntamiento", pues IU rechazó el planeamiento urbanístico proyectado por el Ayuntamiento y se opuso a que los terrenos donde se ubica el camping y el centro ambiental fuesen declarados de máxima edificabilidad. Es más, el querellante asegura que tras esta confrontación política, el equipo de gobierno envió hasta cuatro inspecciones en un mismo día y ordenó, tres días más tarde, el precinto de las instalaciones "sin causa justificada".
"Los únicos delitos de Karanda S. L. son instalar dos cabañas de madera legalizadas y autorizadas por la Delegación de Turismo desde 1995. Realmente, lo único que ha hecho la empresa es que yo formo parte de ella", declaró Tejero, quien alega que las inspecciones no se produjeron de forma arbitraria, pues "el resto de campings de Almuñécar no se investigó, a pesar de que muchos de ellos no tienen ni licencia".
Junto a esto, el edil de IU añadió que en la sentencia que anulaba el expediente disciplinario se obligaba al Ayuntamiento a concretar qué anomalías sufría el camping y las aulas ambientales para que pudieran ser subsanadas por la empresa gestora, sin que a día de hoy se haya pronunciado el gobierno local al respecto. "El equipo de gobierno no nos ha contestado a nada, toda la tramitación es una chapuza, los expedientes están perdidos, no tienen índices, se quitan los papeles que no interesan y no hemos conocido las actas", denunció Tejero, quien confirma que contra esta práctica se han presentado hasta seis denuncias ante el Contencioso-administrativo.
Asimismo, el concejal de IU señala que en enero de 2008 el Ayuntamiento volvió a cerrar las instalaciones motivando, en esta ocasión, un "falso" cambio de actividad de la empresa, contra lo que se interpuso un recurso de reposición que han tardado un año en contestar.
El alcalde no responde. Benavides no quiso, por su parte, hacer declaraciones al respecto y prefirió que sea la justicia la que determine la existencia o no del delito de prevaricación.
Sí se pronunció el coordinador provincial de IU, Manuel Morales, quien mostró su satisfacción ante la resolución judicial. "Esperamos que este caso prospere junto a las otras muchas causas que están abiertas", apostilló.
Supuesta falsificación. En este sentido, Tejero recordó que también acudió a la vía penal contra el Ayuntamiento de Almuñécar por un supuesto delito de falsificación de firma, que se encuentra en proceso de investigación, como consecuencia de "la presión administrativa y el acoso por parte del gobierno local". Según acusa el querellante, el equipo de gobierno usó su firma de forma fraudulenta para formular una denuncia contra un vecino.
* La Opinión de Granada - NOELIA M. ESTEBANÉ - 30.04.09
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
Urbanismo abusivo e indiferencia pública
FERNANDO MANERO* : A penas una lacónica nota de prensa ha dado cuenta del informe recientemente aprobado por el Parlamento Europeo sobre «el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario». La referencia ha sido fugaz y, como suele suceder con las noticias incómodas o que no se consideran sustanciales, pronto anulada por la vorágine informativa que obliga a mirar en otras direcciones.
Y, sin embargo, el tema reviste una enorme importancia por razones que no conviene descuidar: es, de un lado, la primera vez que un país de la Unión Europea es descalificado con tanta contundencia sobre la forma de ordenar, mediante el urbanismo, su propio territorio; y supone, de otro, un aldabonazo en la conciencia de los poderes públicos y de la ciudadanía en general, destinatarios de las críticas alusivas a un modelo de crecimiento urbano que lesiona principios y derechos que tienen precisamente en la calidad de vida asociada a la calidad de territorio su punto de referencia fundamental.
No es una denuncia que haya surgido por vez primera. Ya en dos ocasiones anteriores (2005 y 2007) el mismo órgano criticó severamente los abusos de esta naturaleza cometidos en nuestro país con argumentos de los que también se haría eco a finales del 2006 el Relator Especial de Naciones Unidas «sobre Vivienda Adecuada». Destacó datos sorprendentes, al señalar que «la compra de una vivienda residencial sobre plano y su posterior venta antes de la firma de la escritura de propiedad puede generar, en algunos casos, plusvalías de más del 846% en menos de un año», o que «el 26% de los ingresos de los ayuntamientos procede de la especulación urbanística, la cual aporta a las autoridades locales más ingresos que el Gobierno central». «España - concluía el Relator de la ONU - debería reflexionar sobre sus políticas económicas y sociales, de modo que las políticas y leyes que emanen de esta reflexión adopten un enfoque de la vivienda y el suelo basado en los derechos humanos». Este informe pasó desapercibido e ignoro si alguna referencia mereció en los órganos de comunicación social.
Pero la realidad es tozuda y, por más que se intente enmascarar o eludir, acaba aflorando con mensajes aún más aleccionadores, que dicen bien poco de la capacidad de reacción de aquéllos a quienes se dirigen cuando persisten en la misma actitud de indiferencia denunciada. El Parlamento europeo, con observaciones y conclusiones muy duras, aprobadas por la mayoría, ha vuelto a llamar la atención sobre un problema que ha puesto a España en el punto de mira de quienes se preocupan por la defensa de un entorno saludable, sostenible y respetuoso con sus valores ambientales. Incluso llega a hablar de que «en España se ha generado una forma endémica de corrupción», advirtiendo del riesgo de congelación de los fondos comunitarios hasta que no se ponga fin a este tipo de actuaciones. No obstante, los eurodiputados españoles se han mostrado disconformes con el acuerdo de la Eurocámara, mientras el Gobierno lo ha ninguneado. El voto negativo de los pertenecientes al Partido Popular tuvo su correlato en la abstención de los socialistas. Un tema incómodo para ambos, en la medida en que ponía de relieve las vergüenzas domésticas a la par que sacaba a relucir responsabilidades implícitas en las que de forma directa se han visto envueltos representantes de todas las formaciones.
¿Qué está pasando en España cuando se trata de algo tan relevante como la calidad de su patrimonio territorial?. Cabe pensar que la batalla por la defensa de los valores ambientales y de la calidad del territorio está seriamente amenazada. A nadie con responsabilidad en el ámbito de la decisión pública parece importarle gran cosa el tema. Un pacto de silencio domina la escena sobre el particular. El principio del 'todo vale' se ha impuesto como principio al amparo de una justicia que en la mayoría de los casos actúa tarde y con sorprendente tibieza.
Tanto en momentos de expansión económica como de crisis la sensibilidad ambiental brilla por su ausencia. Los desastres cometidos por la urbanización abusiva de que ha sido objeto durante los últimos diez años todo el espacio susceptible de ofrecer pingües beneficios a quienes pudieran beneficiarse de ello no van a la zaga de las tolerancia concedida a cuantos en un contexto recesivo puedan encontrar en el pillaje de los valores ambientales el pretexto para justificar demagógicamente que ante todo priman el empleo y la riqueza que con ello se genera. Invocan un argumento que, en verdad, no resiste la mínima crítica: el empleo logrado siempre es precario y fugaz y, por lo que respecta a la riqueza, sólo su magnitud es perceptible en quienes a la postre engrosan sus patrimonios sin escrúpulo alguno. Tal es la lógica que ha regido para la mayoría de los ciudadanos el crecimiento urbanístico en España ante la permisividad de quienes tenían el deber de controlarlo. Algún día habrá que inventariar los casos de corrupción que en nuestro país se han fraguado en torno a la construcción inmobiliaria. Mucho me temo que no se haga, pues, si se hace, el escándalo superaría las previsiones más pesimistas. Hay que ser beligerante con este tema porque creo que, más allá de la corrupción que pueda emponzoñar la imagen de los implicados en las malas prácticas urbanísticas, en el fondo acaba minando los cimientos morales de la sociedad, adultera su jerarquía de valores, enaltece la primacía del desaprensivo y supone una perversión de la democracia cuando se respaldan electoralmente comportamientos delictivos, que lo entienden como una demostración de su impunidad ante la ley.
* FERNANDO MANERO - CATEDRÁTICO DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
* El Norte de Castilla - Opinión - 30.04.09
Valencia: El TSJ estima que el consistorio gestiona mal el suelo y le obliga a reponer 1,5 millones para VPP
LEVANTE* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) obliga al ayuntamiento a retornar al patrimonio municipal del suelo un millón y medio de euros que el consistorio sacó de éste para financiar varias expropiaciones, al entender que se hizo un mal uso del dinero porque no se destinó a la construcción de viviendas protegidas, tal como establece la ley.
El patrimonio municipal del suelo es una caja presupuestaria aparte cuyo objetivo es fomentar la vivienda protegida y que se retroalimenta de ésta, ya que los beneficios que genera deben ir a engrosar dicho patrimonio. Tan sólo se agota si no existe demanda de VPP, situación que actualmente parece impensable.
Para el TSJ-CV, el dinero del patrimonio municipal del suelo que el consistorio destinó a expropiaciones "no cumplió la función retroalimentadora que le es propia", sino que se convirtió "en bienes de dominio y uso público (...) en beneficio de los agentes urbanizadores que, por imperativo legal, debieron ceder de forma obligatoria y gratuita, los terrenos precisos" que requería el ayuntamiento.
El equipo de gobierno local ya ha anunciado, por su parte, que "creará una partida presupuestaria no vinculada al patrimonio municipal del suelo" por la misma cantidad para sufragar "los fines sociales e inversiones concretas que señala la sentencia",. De esta forma, aseguró el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, "se resuelve jurídicamente" el asunto.
Un acuerdo de hace tres años
La resolución judicial hace referencia a un acuerdo de la Junta de Gobierno del 3 de noviembre de 2006 en el que se decidió retirar 1.566.209 euros del patrimonio municipal del suelo y emplearlos en expropiaciones para obtener suelo escolar, vía pública, zonas deportivas y, sobre todo, espacios verdes. El edil socialista Juan Ferrer presentó un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión que fue rechazado en primera instancia, aunque ahora ha sido estimado por el TSJ.
Para el concejal, la sentencia considera, "como nosotros, que el ayuntamiento debe destinar el 5% de su presupuesto al Patrimonio Municipal del Suelo, y a vivienda protegida los ingresos que obtenga de la venta de inmuebles". Por ello, exigió a Barbera que "cumpla la legalidad" y "no enmascare los agujeros generados por su gestión".
* Levante-emv.com - M. Vázquez - 29.04.09
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
Más de una decena de sentencias condenatorias ordenan demoliciones en parajes de Sevilla en 2009
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SIGLOXXI* : El número de sentencias condenatorias que ordenan demoliciones en lo que va de año 2009 en distintos parajes de Sevilla, entre los que destaca "Las Minas" de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, supera ya la cifra de diez resoluciones en este sentido, aunque no todos los condenados llevan a cabo tales demoliciones.
Según los datos recabados por Europa Press de las sentencias procedentes de los juzgados de lo Penal de Sevilla desde los últimos días del año 2008, en estos cuatro meses de 2009 se han dictado once sentencias por delitos contra la ordenación del territorio que llevan aparejada penas de entre seis meses y un año de prisión, además de la orden de demoler lo construido de manera ilegal.
La tónica habitual en los últimos años de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Sevilla es precisamente instar a los jueces de lo Penal a que ejecuten las sentencias condenatorias que ordenan la demolición de viviendas ilegales en suelo rústico por delito urbanístico.
No obstante, en lo que va de 2009 también hay algunas resoluciones que absuelven a los acusados y otras, en concreto dos sentencias, que a pesar de que se condena a alguna pena de prisión no se ordena la demolición.
La Fiscalía, del mismo modo, solicita a los juzgados penales que ordenen en cada caso a los ayuntamientos de las localidades afectadas que colaboren con la Junta, poniendo a su disposición técnicos y policías locales para ayudar a los agentes que la Administración autonómica disponga para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la orden judicial.
Entre los casos más recientes se encuentra la sentencia del Penal 9 que condenó a una pena de un año de prisión a una mujer de 63 años por construir de forma ilegal una vivienda y una segunda edificación que iba a ser usada como tienda-bar en el paraje "Las Minas" de la localidad de Castilblanco de los Arroyos, en Sevilla. En este caso, el juez decretó además la demolición de lo construido y la realización de las obras que sean necesarias para reponer la parcela afectada a su estado original.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó otra condena de seis meses de prisión impuesta por un juzgado de lo Penal a un matrimonio por el delito contra la ordenación del territorio que los acusados cometieron al edificar una vivienda sin autorización en el paraje "Las Minas". La sentencia también acordó la demolición de la casa a costa de los condenados.
Entre las absoluciones, destaca la del alcalde de Lora de Estepa, Salvador Guerrero (PSOE), y el concejal del PP J.M. Díaz de un delito contra la ordenación del territorio por el que la Fiscalía pedía un año de cárcel al apreciar delito en la concesión de una licencia para la construcción de naves. El juez no apreció en este caso conductas delictivas.
* Siglo XXI - E.P. - 29,04,09
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización Las Minas - diariodesevilla.es
Burgos: El TSJ anula por segunda vez el proyecto de actuación del sector urbanístico S-7
DIARIODEBURGOS* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha anulado por segunda vez el proyecto de actuación del sector urbanístico S-7 (Fuentecillas norte) al considerar que vulnera la legislación urbanística vigente. En la sentencia, que estima el recurso de apelación presentado por 10 propietarios de terreno, se anula el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 29 de diciembre de 2006 por el que aprobó definitivamente ese proyecto de actuación.
La resolución judicial obliga a retrotraer el procedimiento administrativo al momento inmediatamente posterior al acuerdo de aprobación inicial para que se tramite el expediente conforme a la Ley de Urbanismo de Castilla y León y se eliminen todos los defectos detectados.
Así, los magistrados ponen de manifiesto que, al tratarse de un sector desarrollado a través del sistema de concurrencia, el proyecto de actuación debe incluir el urbanizador propuesto, así como la adjudicación del concurso para la selección del urbanizador, extremos que no han sido recogidos en el proyecto de actuación impugnado y que son «causa suficiente para anularlo y retrotraer actuaciones».
Otra de las irregularidades detectadas se refiere a que en ese proyecto aprobado definitivamente no consta la identificación registral y catastral de las fincas incluidas en la unidad con fecha posterior a la aprobación inicial. Tampoco figuran la relación de propietarios.
Además, la Sala señala que en esos terrenos existen unos inmuebles que no han sido tenidos en cuenta en el proyecto «y, que según parece, no van a ser respetados». «Los proyectos de actuación deben contener los documentos de información que reflejen adecuadamente las características relevantes de la unidad de actuación y entre ellas indica precisamente las construcciones e instalaciones existentes», indican, tras recordar que por la pericial aportada se acredita que existen construcciones en las parcelas sobre las que no figura información en el proyecto de actuación que refleje de forma adecuada las características de esas edificaciones. Igualmente, el tribunal recuerda que no se han determinado, tal y como establece la Ley, los criterios para determinar las compensaciones y las indemnizaciones que proceden por esas construcciones.
Por último, la sentencia destaca que el proyecto obvia la cuestión relativa a la retribución del urbanizador, pese a que la legislación lo exige.
* Diario de Burgos - B.D. / Burgos - 29.04.09
Foto: Imagen de archivo del sector S-7 (d.), junto a Fuentecillas. - Luis López Araico, diariodeburgos.es
El TSJ anula la resolución del Consell que declaró urbano el paraje del Pinaret
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INFORMACIÓN/Alicante* : En la misma línea que en las aparecidas la semana pasada, otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana vuelve a anular las decisiones de la Generalitat en materia urbanística avalando la actuación llevada a cabo por el Ayuntamiento de Dénia y su gerencia de Urbanismo entre 2003 y hasta la moción de censura de julio de 2007...
... cuando en plena tramitación para elaborar el nuevo Plan General asumió el Partido Popular la alcaldía de la mano de todo lo imprescindible para llevar adelante la operación: los partidos independientes Centre Unificat, Gent de Dénia y Partido Social Demócrata, y el cooperador necesario Juan Collado, tránsfuga socialista.
El fallo judicial declara ilegal la resolución por la que la entonces la Conselleria de Territorio declaró urbano en 2007 el paraje del Pinaret de Jesús Pobre, justo cuando el ayuntamiento tramitaba ya su protección.
La sentencia resuelve uno de los supuestos escándalos urbanísticos que en el anterior mandato utilizó la oposición (PP, GD y Els Verds) contra el gobierno PSPV-Bloc. Y el año pasado, nada más tomar el poder, el actual pentapartito adoptó entre sus primeras medidas constituir una comisión de investigación sobre las supuestas corrupciones del Pinaret. La comisión ni siquiera se ha reunido jamás, y ya no hace falta: el TSJ acaba de avalar las decisiones adoptadas entonces por el ejecutivo municipal. Unas iniciativas emprendidas en aras de proteger el paraje y con el objeto de resolver la problemática suscitada a raíz de que, debido a un error del Plan General Transitorio -entonces ya vigente-, el ayuntamiento había otorgado en 2006 una licencia de obra a la empresa Noka Prada para que llevara a cabo la construcción de una urbanización de 29 adosados en el emblemático paraje del Pinaret, en Jesús Pobre.
Advertido el error, originado en una incongruencia del Plan General -en la ordenación estructural figuraba el Pinaret como suelo forestal protegido, y en cambio en la ordenación pormenorizada parte del paraje constaba como urbano-, el ayuntamiento gobernado por PSPV y Bloc acordó, espoleado por las protestas vecinales e incluso una manifestación que se celebró en Jesús Pobre, iniciar la revocación de la licencia, así como la tramitación para que los terrenos se protegieran definitivamente. Ya en el pasado mes de octubre, una primera sentencia del TSJ dictaminó que la licencia se revocó de manera legal y que, además, la empresa Noka Prada no tiene derecho alguno a indemnización por ello.
La oposición llama "cínico"
al pentapartito
En los últimos 10 días, PSPV y Bloc han recibido el aval judicial a sus proyectos del T-1, del Camí dels Lladres y del Pinaret. Según la ex alcaldesa, Paqui Viciano, "se les están cayendo los motivos esgrimidos para la moción de censura" mientras Pau Reig, del Bloc, denunció la "postura cínica e hipócrita" del pentapartito. Viciano y Reig coincidieron también en acusar al Consell de ceder ante las "presiones" de las promotoras en lugar de "defender el interés general, que es lo que hacía el anterior gobierno de PSPV y Bloc".
* Información - SERGI GARCÍA - 29.04.09
Foto: Vecinos de Dénia y Jesús Pobre se manifestaron en el Pinaret para exigir la protección - ernest weber, diarioinformacion.com
Urbanismo detecta 33 obras ilegales en la inspección por satélite
HUELVAINFORMACIÓN* : Todavía a expensas de finalizar las inspecciones, la campaña de control de obras con tecnología espacial contratada por el Ayuntamiento ha detectado ya 33 irregularidades urbanísticas en el término municipal de Huelva, infracciones que hasta la fecha se han saldado con la apertura de 11 expedientes sancionadores y otros 22 que está previsto que se incoen proximamente.
Las ilegalidades localizadas vía satélite se concentran mayormente en la franja Norte de la capital, supuestos de construcción de viviendas aisladas en terrenos rústicos; algunas ampliaciones de casas antiguas; cuadras y perreras no autorizadas; y, entre otros casos, obras de conservación y mejora sin licencia en los núcleos urbanos de La Alquería y La Ribera.
Se trata de los resultados provisionales de la revisión que se viene haciendo desde el Consistorio en los últimos cuatro años con la tecnología más avanzada. Con un presupuesto de 30.000 euros, la Gerencia Municipal de Urbanismo perpetuó los trabajos que se iniciaron años antes con fondos europeos, adjudicando en 2007 a la empresa Decasat el contrato de consultoría y asistencia técnica para la actualización de su cartografía con una serie de fotografías tomadas por el satélite Quickbird.
Según informaron desde la Gerencia, esta encomienda tiene por objeto la detección de posibles infracciones urbanísticas "no advertidas con los recursos usuales, siendo la base del trabajo dos imágenes de satélite separadas en el tiempo, datadas en diciembre de 2005 y mayo de 2007. La campaña de inspección se desarrolla en una fase previa de oficina (con tareas de planificación, definición de sectores de trabajo o emplazamiento, comprobación de la existencia de expedientes urbanísticos y/o disciplinarios, identificación del responsable o propietario…) y una segunda criba de trabajo de campo.
El área de referencia que se está analizando abarca 75 kilómetros cuadrados, esto es, el término municipal a excepción de dos vastas zonas en las que se descarta la construcción: la ría y las balsas de fosfoyesos.
El perímetro en estudio se ha dividido en cinco sectores: (1) terrenos rústicos en el entorno de Peguerillas y el centro penitenciario. (2) Suelo rústico entre la carretera de Gibraleón y el Polígono Fortíz. (3) Fincas rústicas del entorno del Parque Huelva Empresarial y el Polígono Tartessos. (4) El casco urbano y los polígonos industriales limítrofes (La Paz, la Esperanza, Polirrosa, Romeralejo, Miraval y Naviluz, entre otros).
No se han iniciado aún las tareas de inspección en el último sector, (5) que comprende la franja delimitada por la Avenida Francisco Montenegro hasta la Punta del Sebo, así el Paraje Natural Marismas del Odiel y la playa del Espigón.
Según el informe provisional de la Gerencia, entre febrero y marzo de 2008 se inició el trabajo de campo, basándose el modo de operar en la planificación realizada. Se empezó por el Polígono de Peguerillas, La Ribera, La Alquería y Carretera del Cementerio. En diciembre se retomó la identificación de los cambios constructivos detectados por las imágenes del satélite (diciembre 2005 - mayo 2007). "Durante la ejecución del trabajo de campo -explican- se detectan in situ situaciones urbanísticas inadecuadas, que no son advertidas por las imágenes fechadas entre diciembre de 2005 y mayo de 2007, ya que la ejecución de las mismas pertenecen al periodo 2004 - 2005 y anteriores. Dado el desconocimiento y la dificultad de localización en la base de datos de Disciplina, se opta por realizar una base de datos de todas las construcciones en terrenos clasificados como suelo no urbanizable, para facilitar futuras actuaciones de control y recuperar, en su caso, los expedientes disciplinarios ya incoados".
Respecto a la situación de las tareas de inspección, hasta el momento, se han realizado un centenar de visitas, que han dado lugar a la elaboración de 70 fichas de identificación. De estas, en Suelo No Urbanizable, con el 75% de visitas realizadas, han generado la apertura de 11 expedientes sancionadores y otros 22 pendientes de abrirlos. En cuanto a Suelo Urbano, tras visitar el 50% de cambios detectados por el satélite, se han abierto 16 expedientes que sin embargo, corresponden a situaciones normalizadas, aunque en tramitación (esto es, falta algún certificado, ha caducado la licencia, … pero el departamento de Disciplina urbanística tenía constancia de esa actuación).
* Huelva Información - Inma Gallego/ Huelva - 27.04.09
Foto: Huelva, imagen satélite - huelvainformacion.es
