La fiscalía implica al presidente valenciano, Francisco Camps, en la trama corrupta

ELPAÍS* : Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana, está implicado en la trama de corrupción masiva que durante al menos los últimos diez años ha dirigido Francisco Correa, el hombre contratado para montar los actos del Partido Popular durante el mandato de José María Aznar y que seguía encargándose de los eventos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Así se deduce del informe que la Fiscalía Anticorrupción entregó ayer al juez Baltasar Garzón.

En ese informe, la Fiscalía pide al juez que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dado que Camps es aforado, y de la Comunidad de Madrid, donde hay implicados tres diputados regionales del PP: Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Benjamín Martín Vasco, ex responsable de la empresa de suelo de Arganda del Rey (Madrid), y Alfonso Bosch, gerente de la empresa municipal de suelo de Boadilla del Monte (Madrid).

El informe de la Fiscalía cita una pequeña ramificación de la red corrupta con el pago de supuestos sobornos por los negocios facilitados desde la Comunidad Valenciana. El aforado que estaría implicado en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón es el máximo cargo del Gobierno valenciano, su presidente, el popular Francisco Camps, según fuentes de la investigación.

En las grabaciones aportadas en la denuncia sobre la trama corrupta que dirigía Francisco Correa aparece una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para el presidente valenciano, Francisco Camps. Garzón ha investigado tres facturas sobre este punto. Es la única referencia al pago de sobornos a cambio de un trato privilegiado con la Administración valenciana.

Es un "tema menor" dentro de la trama corrupta, que salpica fundamentalmente a la Comunidad de Madrid, pero que afectaría a un cargo especialmente relevante, el presidente del Ejecutivo valenciano, que ha negado cualquier implicación en los hechos.

La investigación abierta en noviembre de 2007 a raíz de la denuncia de un ex concejal del PP ha hallado indicios de que los tres parlamentarios madrileños podrían haber cobrado "cientos de miles de euros" a cambio de favorecer los negocios de Correa y de su trama empresarial.

Por eso, la Fiscalía ha remitido un informe a Garzón en el que propone la inhibición total del magistrado para que sea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que se encargue de la instrucción. Las implicaciones de los parlamentarios madrileños en los negocios turbios que investiga la Audiencia se explican así en la denuncia:

- Adjudicación de locales en Boadilla del Monte. Francisco Correa se ufanaba en diciembre de 2007 de la adjudicación de unos locales en Boadilla del Monte (Madrid), donde gobernaba una de las personas con las que había realizado negocios, el popular Arturo González Panero.

Correa, en una grabación aportada al sumario, consideraba que la adjudicación de los locales a un amigo suyo se había hecho "en unas condiciones muy ventajosas". El beneficiario fue José Ramón Blanco, ex consejero delegado de Repsol, colaborador de Correa y otro de los imputados.

Logró 32 locales y un aparcamiento de 180 plazas por un canon anual de 320.000 euros durante 75 años. Un negocio por el que podría ganar más de un millón de euros al año.

El gerente de la Empresa Municipal del Suelo, encargada de ese proyecto, es Alfonso Bosch, diputado regional por el PP, aludido por Correa en sus conversaciones e incluso implicado en un vídeo comprometedor donde se repartirían comisiones.

- Adjudicaciones a Martinsa. Los miembros de la red corrupta se refieren en sus conversaciones a supuestos pagos de una inmobiliaria. "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda; tardó seis meses y, golpe en mesa, febrero, abril, junio jodido y mayo liquidado. Me debe aún un millón de euros...".

En otra conversación, Correa y sus colaboradores implican a un ex alto cargo de Arganda del Rey (Madrid), Benjamín Martín Vasco, ex consejero delegado de la empresa pública de suelo de Arganda del Rey, que en noviembre de 2004 adjudicó a Martinsa un desarrollo urbanístico para levantar 300 viviendas. "Le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".

Martín Vasco, diputado autonómico del PP, dimitió ayer forzado por Aguirre como presidente de la comisión que investiga el espionaje a cargos populares de Madrid. En la denuncia inicial se aludía a aumentos de edificabilidad en los planes parciales de Arganda como elemento clave para obtener plusvalías con la complicidad de miembros del consistorio.

- Contratos de la Consejería de Deportes. El ya ex consejero de Deportes de Madrid, Alberto López Viejo, adjudicó en los últimos años contratos al entramado de empresas de Correa. Por ese motivo, Esperanza Aguirre decidió atajar el escándalo destituyéndole. La Comunidad contrató cerca de ocho millones con la trama, de los que cinco corresponden a la Consejería de Deportes y están pendientes de pago.






* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 19/02/2009
Foto: Francisco Camps, el martes, en Benidorm (Alicante).- EFE

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El suelo urbanizable creció más del doble de lo necesario en nuestro país entre 2001 y 2007

ELMUNDO* : El crecimiento urbano en España es completamente "insostenible", según el último informe del Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE). Este organismo ha revelado que entre 2001 y 2007 el suelo de naturaleza urbana (terreno urbano y urbanizable) creció más del doble de lo necesario.

El informe denuncia que el planeamiento urbano y la ordenación del territorio dejan mucho que desear en España y que el crecimiento urbano está "claramente desvinculado" de la necesidad de vivienda. Según el estudio, en 29 de las 50 capitales de provincia estudiadas, el terreno de naturaleza urbana creció una media del 39%, lo que supone seis veces más que el aumento poblacional.

En algunas ciudades, puntualiza el informe, el crecimiento ha sido "espectacular", como en Murcia, que ha llegado al 216%, Toledo (135%), Salamanca o Barcelona, mientras que en otras, como Granada, pese a que la población ha decrecido el 2,22%, el terreno urbanizable ha aumentado un 14%.

También en el periodo 2001-2007, el valor catastral creció una media del 25% en todas las ciudades estudiadas, un valor que se duplicó en Murcia (160%), Madrid (143%) y Barcelona (118%) principalmente por el aumento del patrimonio urbanizable.

En el caso de Murcia, la revalorización catastral se debe a una "reclasificación masiva" del terreno, en Madrid a las grandes bolsas de suelo urbanizable, y en Barcelona a la revalorización de los inmuebles del centró urbano, puntualiza el OSE.

En cuanto a la sostenibilidad local, el informe destaca que casi la mitad de los municipios estudiados tiene planes asociados a la Agenda 21 Local, un compromiso universal, acordado en la cumbre de Río de Janeiro (1992), para hacer compatible el progreso con el respeto al medio ambiente. Sin embargo, según el estudio, aunque en la práctica los municipios cuenten con estos planes, en la realidad, no se ponen en marcha porque carecen de presupuesto.

El informe recuerda que cumplir este compromiso es tan fácil como rehabilitar las ciudades "en clave energética". Eso sería no sólo un elemento de futuro y de desarrollo sostenible, sino "una respuesta a la crisis actual" y a la falta de empleo y de dinamización de la economía.

Por último, el OSE advierte de que los principales riesgos del mundo rural son el despoblamiento y abandono, que conducen a la falta de infraestructuras y servicios, y reducen la calidad de vida de sus habitantes (el 20 por ciento de la población española). No obstante, destaca que, en sustitución de la agricultura tradicional, el mundo rural puede encontrar nuevas oportunidades en los cultivos ecológicos, los biocombustibles y las políticas ligadas al cambio climático.






* El Mundo - EFE - 17.02.09
Foto: Terrenos aún por edificar | Carlos Alba, elmundo.es

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Las denuncias vecinales revelan planes urbanísticos sin estudio de inundabilidad

LEVANTE* : La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana paralizando la construcción de 300 pisos sobre suelo inundable de Peñíscola ha puesto de relieve la existencia de grietas por las que se está esquivando la aplicación del Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundación (Patricova), un instrumento pionero en España.

La Confederación Hidrográfica del Júcar, con competencias sobre el dominio público hidráulico que gestiona la Comisaría de Aguas, y la Conselleria de Agua, Medio Ambiente y Urbanismo, promotora y responsable de la aplicación del Patricova, coinciden en la validez de este instrumento. No obstante, aquí acaban las coincidencias.
Fuentes de Medio Ambiente dijeron que el Plan de Reforma Interior (PRI) anulado por el TSJ afectaba a suelo urbano "consolidado". Las fuentes ignoran por qué el Ayuntamiento de Peñíscola, que ayer anunció oficialmente que no continuará con el proyecto, no exigió el informe de inundabilidad y la razón de que la Comisión Territorial de Urbanismo no lo demandó.
Por su parte, fuentes de la Comisaria de Aguas del Júcar confirmaron que "nadie" había solicitado a este organismo que informara, como es preceptivo por la Ley de Aguas, el por otra parte inexistente estudio de inundabilidad en Peñíscola.
Las fuentes admitieron que si un ayuntamiento o las comisiones territoriales de urbanismo no piden a la Comisaria de Aguas que informe un estudio de inundabilidad, ellos no intervienen y, por tanto, la carencia no consta en este organismo. Según estas fuentes existe un número "indefinido" de actuaciones urbanísticas a las que no se ha aplicado el Patricova y ponen como ejemplo que en tan solo una semana se han conocido dos casos en Peñíscola y en Utiel que tienen su origen en denuncias vecinales.
Según estas fuentes, la Comisaría de Aguas solo informa sobre la corrección del estudio que normalmente le remiten los ayuntamientos o la conselleria y que elaboran los promotores de suelo, ya sea una corporación municipal o una empresa privada.
"Nosotros determinamos si ese informe está bien hecho y si se han considerado todos los elementos. Sí es así, el estudio cuantifica el riesgo: calado y duración de la inundación y periodo de recurrencia y generalmente propone medidas correctoras. Sin embargo, la responsabilidad de exigir que se cumplan estos requisitos que hacen posible urbanizar suelo calificado a priori como inundable recae en los ayuntamientos y nosotros solo intervenimos si existe afección al dominio público, que por otra parte debe quedar fuera de cualquier proceso urbanizador", dijeron.

Un PAI paralizado en Utiel
Las denuncias de los vecinos de una orilla del río Magro en Utiel han logrado paralizar las obras de un PAI que se estaba desarrollando justo al otro lado del río. El PAI se llama Sector-3 Barrio de San Isidro, tiene 42.600 metros cuadrados y está previsto que se edifiquen 170 viviendas de tipo unifamiliar.
La actuación, pese a levantarse sobre suelo inundable, no dispone del estudio de inundabilidad que regula el Patricova y que si fue solicitado sin embargo para una actuación similar situada justo al lado de la denunciada. Sin embargo, la paralización no se produce técnicamente porque el proyecto urbanístico carezca de estudio de inundabilidad al que obliga el Patricova.
Fue la denuncia de los vecinos la que alertó a la guardería fluvial, que comprobó que algunos viales y el alcantarillado invadían la zona de policía del cauce, donde además se estaba sobreelevando el terreno, lo que traslada el riesgo a los vecinos situados al otro lado del río.






* Levante-EMV - José Sierra, Valencia - 18.02.09
Foto: Peñíscola (Castellón), terreno inundable paralizado - levante-emv.com.

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El jefe del Plan Forestal de la Comunidad, imputado por presunta prevaricación

ELMUNDO/Madrid* : El juzgado de instrucción nº6 de Collado Villalba, que investiga la construcción de un hotel de lujo en suelo protegido en Cercedilla, ha citado a declarar, en calidad de imputado, a Pablo Sanjuanbenito García, jefe de Área de Desarrollo del Plan Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, por un presunto delito de prevaricación.

Deberá declarar el 9 de marzo.

A través de un auto con fecha 4 de febrero, el Juzgado admite la ampliación de denuncia presentada por Ecologistas en Acción y asciende a cinco personas las imputadas en las Diligencias Previas abiertas.

El pasado 8 de octubre ya declararon como imputados el arquitecto municipal de Cercedilla, José María Pérez Poza; el presidente de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara, José Luis Hurtado Alemán; la presidenta de la empresa promotora de las obras Chalet Peñalara de Fuenfría SL.Julia Castelo Berástegui y al arquitecto redactor del proyecto del nuevo hotel, Fernando Venero Frieben.

Los hechos que se denuncian se iniciaron en 2006, cuando el arquitecto municipal de Cercedilla informó favorablemente sobre la construcción de un hotel de lujo en suelo especialmente protegido, en un monte de utilidad pública, aprovechando la existencia de un edificio ruinoso que sirvió de refugio-albergue de montaña.

Este refugio fue autorizado en 1917 como concesión para el uso y disfrute de los socios de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara. El edificio fue abandonado a mediados de los años noventa y quedó en estado ruinoso.

"Desde el inicio de las obras y hasta 2008, los agentes forestales llegaron a interponer hasta seis denuncias que nunca fueron tramitadas por la Consejería de Medio Ambiente. Ante la pasividad de esta administración los hechos se denunciaron en los juzgados de Collado Villalba", señala Ecologistas en Acción.
La Comunidad no había tomado una decisión

La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid subrayó que el jefe de Área de Desarrollo del Plan Forestal de la Consejería de Medio Ambiente, Pablo Sanjuanbenito García, no ha recibido notificación de su supuesta imputación en un caso de prevaricación, al tiempo que apuntó que la decisión sobre esta operación no ha sido tomada todavía por el Gobierno regional.

Así, fuentes de Medio Ambiente señalaron que Sanjuanbenito no ha sido informado sobre la denuncia, ni ha sido convocado todavía para prestar declaración. En cuanto al fondo del asunto, "lo único que ha hecho es abrir un expediente tras la propuesta de la Real Sociedad Alpina Peñalara, que tiene el derecho de uso del albergue, de cambio de su titularidad".

El responsable de Medio Ambiente "se ha limitado a recibir la propuesta para estudiarla y solicitar un informe al servicio jurídico de la Consejería para determinar si puede realizarse", señalan las mismas fuetnes. "Por lo tanto no hay decisión tomada por parte de la Consejería", subrayan desde la Consejería, donde apuntan que se están planteando la posibilidad de denunciar a Ecologistas en Acción.






* El Mundo - Europa Press - 17.02.09
Foto: Cercedilla (Madrid), hotel denunciado - Ecologistas en Acción

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Residentes británicos piden a su primer ministro que los proteja frente a la ley urbanística

LASPROVINCIAS/Valencia* : El International Herald Tribune, uno de los diarios con mayor prestigio en Europa, publicaba en su edición del martes un artículo crítico sobre el urbanismo español. El periódico recogía la noticia de que medio millar de ciudadanos británicos residentes en España van a dirigir al primer ministro inglés, Gordon Brown, para que intervenga ante el Gobierno español ante los "abusos" urbanísticos que se están cometiendo en España y la Comunitat.

Los ciudadanos británicos se hacen eco del Informe Auken aprobado el pasado miércoles por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. El documento denuncia la situación de "corrupción endémica" generada en España por los abusos urbanísticos ante la pasividad de las autoridades españolas.

El eurodiputado popular español José Manuel García Margallo indicó que es la evidencia más clara del "daño" que este tipo de informes pueden hacer a la imagen de España y la Comunitat Valenciana en uno de sus principales mercados turísticos.

García Margallo recordó que el informe que tiene que debatirse en el pleno de la Eurocámara del 26 de marzo no es vinculante, "pero daña la imagen de España".

El artículo explica que medio millar de ciudadanos británicos residentes en España pedirán antes de que acabe el mes a Brown que haga de "voz" de los afectados por los "abusos". Entre todos ellos tienen propiedades en España por un valor superior a los 13 millones de euros. "El 24% han cerrado acuerdos sobre propiedades ilegales, que no pueden ser devueltas y se enfrentan a una posible demolición", resalta.

Los ciudadanos británicos acusan a los abogados españoles de no haberles dado "una correcta representación legal". Los peticionarios esperan que si fuerzan la intervención de Gran Bretaña y la Unión Europea, "se hará justicia".

Mientras, la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo está preparando un documento sobre la situación del urbanismo valenciano alternativo al Informe Auken. El conseller José Ramón García Antón explicó ayer que su departamento está confeccionando un informe que mejorara la visión del urbanismo en España y sobre todo en la Comunitat, dibujado por la eurodiputada danesa.

La intención de la Conselleria es que los europarlamentarios españoles lo incorporen a la resolución alternativa que tienen prevista en el pleno del Parlamento Europeo del próximo 26 de marzo, donde se tiene que votar el informe Auken.

Tras la aprobación del informe Auken, los representantes españoles del PP y el PSOE en la Eurocámara anunciaron la presentación de resoluciones alternativas con el objeto de suavizar las conclusiones del documento elaborado por la eurodiputada danesa.

El conseller de Medio Ambiente mostró su extrañeza por la dureza del informe redactado por Margrete Auken. García Antón recordó que mantuvo un encuentro con la eurodiputada danesa en el que se le explicó la labor que estaba realizando su departamento para reunificar la legislación y mejorarla. "Llegamos a enseñarle planes que íbamos a aprobar y se mostró favorable", recalcó el representante del Gobierno valenciano.

En cualquier caso, García Antón explicó que desde la Conselleria se estaba trabajando de forma conjunta con el PSOE para consensuar un pacto urbanístico en la Comunitat que permita superar el conflicto abierto con el urbanismo.

El conseller recordó que fueron los socialistas los que llevaron a Europa el urbanismo valenciano, "y ahora parece que se han dado cuenta de que lo mejor es que algunos problemas se resuelvan internamente". "Obviamente han cambiado de postura, aunque no ha sido suficiente para frenar el informe", puntualizó.






* Las Provincias - 18.02.09 -
J. SANCHIS

Foto: Benissa (Alicante), urbanizaciones - lasprovincias.es

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Madrid: Un paisaje en peligro

ELPAÍS* : El Arzobispado quiere construir una 'ciudad de la Iglesia' en la cornisa occidental de Madrid. El mejor paisaje de Madrid peligra. La línea de cornisa que dibuja en cuatro escalones geológicos la hasta ahora arbolada fachada occidental de la ciudad, la misma que perfilaran en sus grabados y dibujos Teixeira, Winthuysen y Francisco de Goya desde la Pradera de San Isidro, va a recibir en las próximas semanas, si nadie lo remedia, hasta 28.604 metros cuadrados de construcciones de nueva fábrica.

El promotor de la obra, con la oposición vecinal y municipal desde que se pergeñara el proyecto hace una década, es el Arzobispado de Madrid, que ha elegido este talud histórico, enclavado entre Las Vistillas y el ábside de la basílica de San Francisco el Grande, para edificar su compacta Ciudad de la Iglesia, con un edificio de fachada de hasta 140 metros.

La Comisión de Urbanismo, que precede al próximo Pleno municipal de fin de febrero, se apresta hoy a desechar las alegaciones vecinales en contra y a dar su luz verde a un proyecto denominado de Plan Parcial de Reforma Interior de la Cornisa del río Manzanares, del Arzobispado de Madrid.

El proyecto consiste en levantar sobre este espacio -tan unido a la imagen de la ciudad y de su paisaje- una Casa de la Iglesia, uno de cuyos edificios cuenta con 140 metros de fachada y 14.000 metros cuadrados de superficie, con su correspondiente estacionamiento para 200 plazas y cuatro plantas; además, una residencia de sacerdotes, con 3.147 metros cuadrados de superficie y tres plantas, más un centro integrado para mayores, de 5.557 metros cuadrados de superficie sobre la actual zona que ocupan la ermita de Santa María de la Cabeza y un hogar para indigentes en la esquina de la calle de Segovia y la ronda de igual nombre; más una biblioteca diocesana de San Dámaso, de 6.000 metros cuadrados, una calle abierta al tráfico en zona verde y otra, de igual apertura, con 1.600 metros cuadrados, que dividirá el llamado parque de la Cornisa, como la vía anterior, para uso particular del Arzobispado, según denuncia la Asociación Vecinal del Parque de la Cornisa.

Durante los últimos años, el Arzobispado de Madrid planeó ubicar su biblioteca diocesana de San Dámaso en el interior de la capilla del Obispo, en la plaza de la Paja, cerrada por obras desde hace una década. Es, con los Jerónimos, el único vestigio del estilo gótico tardío de la ciudad y una de las escasísimas joyas arquitectónicas medievales.

De prosperar este proyecto arzobispal, la ciudad de Madrid perderá también 15.000 metros cuadrados de zonas verdes, donde crecen hoy al menos quinientos chopos, abetos y otros árboles sobre frondosas praderas que tapizan el talud. El proyecto, ideado por el Arzobispado desde hace años y modificado en numerosas ocasiones desde 1997, ha sido objeto de una dura impugnación vecinal así como transacciones políticas entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento, que dice recibir a cambio una escuela infantil de 1.001 metros cuadrados, con dos plantas, y una instalación de uso deportivo público de 5.213 metros cuadrados de superficie distribuidos en dos alturas.

Según la denuncia vecinal, la ejecución de este plan implicará la pérdida de la traza de la Cerca histórica de Felipe IV, tapial presente en toda la planimetría de Madrid desde el siglo XVII, así como la de los jardines tardorrománticos, herederos de los renacentistas que circundaban el palacio de los príncipes de Mélito desde 1570, legados a los Duques de Osuna y referencia de los jardines de El Capricho, en la Alameda de Osuna. De ellos quedan aún vestigios en el jardín del Seminario diocesano, un imponente edificio decimonónico de ladrillo que domina esta zona occidental de Madrid y que hoy se encuentra semivacío por falta de vocaciones sacerdotales. El seminario se erigió sobre el antiguo palacio ducal.

Una mera prospección arqueológica permitiría hallar los vestigios de este enclave renacentista, del que quedan todavía dentro del jardín del seminario una antigua fuente junto a una columna de orden toscano, además de numerosas escaleras de piedra para cubrir los desniveles de esta zona ataludada.

Para la paisajista Ángela Souto, "esta cornisa es el rasgo de identidad paisajística más singular de la ciudad". Souto, profesora de Paisaje en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, remarca que "la cornisa se asienta sobre un escarpe o promontorio geológico que da su personalidad a la ciudad; se trata de un paisaje de una enorme fragilidad visual que hoy, ante este proyecto, se ve seriamente amenazado". Souto subraya además la presencia sobre la cornisa madrileña de "hitos, siluetas y torres, además de una base vegetal arbórea en los jardines del seminario". Y sentencia: "Todo este paisaje, si se construye sobre él, va a quedar destruido".

El arquitecto Vicente Patón resalta lo que define como "el macizamiento al que va a quedar sometida esta zona impar de Madrid". Y explica que "en su perímetro interior, esta zona contigua a San Francisco el Grande alberga hasta seis monumentos, entornos o elementos arquitectónicos catalogados como Bienes de Interés Cultural, es decir, que deberían gozar de la máxima protección urbanística reconocida por ley". Sin embargo, agrega el arquitecto, "tras sucesivos cambios en el Plan General de Ordenación Urbana, se van a imponer a toda la zona unos volúmenes de edificabilidad desmesurados e irreversibles, que implicarán además patios perimetrales para ventilarlos y elementos de cubierta con una presencia visual muy impactante". Y añade: "Todas las alegaciones que desde el Colegio de Arquitectos y desde la Comisión de Patrimonio se formularon en su día contra esta desmesura rebotaron en el Ayuntamiento", destaca Patón, "menos una que criticaba el primer proyecto arzobispal que consistía en colocar ahí un enorme adefesio de cristales".

"El área de la cornisa ha sufrido del olvido por verse encerrada en una bolsa incomunicada con la ciudad", se lamenta desde Viena Álvaro Bonet, que realiza en la capital austríaca una estadía de Arquitectura y Paisajismo. "Sin embargo, su valor patrimonial histórico y medioambiental es enorme", añade. "Ya el proyecto del arquitecto Juan Navarro Baldeweg de 1982 se proponía integrar el área en la ciudad y hacía un cosido que convertía la zona del seminario en un jardín público". Por cierto, Las Vistillas y el Seminario, pese a hallarse incomunicadas, se conectan con un vínculo visual potente.

Para Milagros Hernández, concejal de Izquierda Unida, "el equipo de Gobierno municipal cede aquí suelo público urbano a una institución privada como la Iglesia católica, que quiere levantar sobre un espacio de todos su Vaticano particular". Francisco de Santiago, asesor del Arzobispado consultado ayer al respecto, remitió al ingeniero Ramón Colsa para ampliar la información del proyecto. Sin respuesta.






* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - MADRID - 18/02/2009
Foto: 'La pradera de San Isidro' por Goya- MUSEO DEL PRADO, elpais.com

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"Goberne quen goberne, Galiza non se vende"

El pasado domingo 15 de febrero tuvo lugar en Compostela una manifestación denunciando la destrucción del territorio, de la biodiversidad, de los recursos naturales, y del patrimonio cultural de Galiza; denunciando la actitud continuísta neoliberal del gobierno galego (PSOE y BNG) respecto a las políticas anteriores del PP; y apostando por proyectos basado en la sostenibilidad ecológica y la justicia social.

¿Qué es Galiza Non Se Vende? Difundimos un breve acercamiento a esta plataforma y la cobertura de su última manifestación.

La plataforma Galiza Non Se Vende se presentó públicamente en noviembre del 2007. 57 colectivos componen dicha plataforma que denuncia la destrucción del territorio y exige un cambio inmediato que "ponga la sostenibilidad ecológica y la justicia social en el centro de las políticas" con el objetivo de construir "una Tierra viva y una vida digna para todos"

Los colectivos parte son organizaciones y asociaciones políticas, sociales, ecologistas, culturales y vecinales. De la red no formarán parte fuerzas políticas y sindicales. La red será horizontal y con una estructura mínima, y el protagonismo será de los colectivos integrantes.

Las mobilizaciones convocadas por la plataforma surgen como una reacción y denuncia contra la destrucción del territorio, del paisaje, de la biodiversidad, de los recursos naturales, y del patrimonio cultural. Contra el empeoramiento de la calidad de vida y la hipoteca que se impone a las generaciones futuras para enriquecer a una minoría. Contra la extensión de un modelo económico insolidario y depredador al servicio de los intereses capitalistas y especulativos. Contra el neoliberalismo y por un desarrollo sostenible.

Galiza No Se Vende sitúa entre los principales problemas de Galiza el plan acuícola elaborado por la Xunta que implica la devastación de espacios protegidos poniéndolos en manos de multinacionales del pescado, la Ley de Minería, la Ley de Puertos Deportivos, el urbanismo salvaje, la destrucción del litoral y de las rías, la instalación de industrias peligrosas y contaminantes como Reganosa y Ence, la eucaliptización de los montes galegos, la falta de un proyecto de desarrollo agrario, así como la destrucción del entorno provocada por los parque eólicos y la contaminación generada por las centrales térmicas.

Los objetivos de la plataforma son:

- Intercambiar información y experiencias entre personas y colectivos en defensa del patrimonio natural, social y cultural de Galiza y de sus valores ambientales proponiendo alternativas de conservación y restauración que mantengan su integridad. La red Galiza Non Se Vende actuará de multiplicadora de los esfuerzos destinados a generar alternativas y cambios en el modelo de gestión del territorio.

- Apoyar las mobilizaciones sociales en defensa de los valores del territorio y actos de protesta por la represión e injusticia (denuncias, juicios) contra personas y colectivos que pacificamente están ejerciendo el derecho libre a defenderlo y de su legalidad, difundiendo alertas y convocatorias de mobilización.

- Difundir las noticias de los colectivos, logrando que trasciendan del ámbito local, convirtiendo la red Galiza Non Se Vende en una herramienta de amplificación de la problemática del territorio galego y permitiendo adoptar una visión de conjunto de las agresiones a nuestro patrimonio natural.

- Aumentar la sensibilización social mediante la divulgación y concienciación de la ciudadanía ofreciendo un canal de denuncia y participación activa.

- Generar sinergias que permitan mejorar la capacidad de presión sobre gobiernos y empresas sumando las fuerzas de los colectivos integrantes.

- Alcanzar un gestión más sostenible y solidaria de los recursos naturales de Galiza y una ordenación del territorio racional y socialmente justa.



Más información: Galiza Non Se Vende: Manifesto por un Litoral Vivo


2ª Manifestación nacional: "Goberne quen goberne, Galiza non se vende"

El pasado domingo 15 de febrero, Galiza Non Se Vende convocó su segunda manifestación nacional, el lema "Goberne quen goberne, Galiza non se vende". Miles de personas -la cifras rondan las 6.000 personas- se acercaron a Compostela para manifestarse.

La manifestación partió de la Alameda al mediodía, recorrió las principales calles del casco histórico de Compostela y concluyó en la Praça da Quintá, donde se leyó el manifiesto consensuado por la totalidad de las organizaciones convocantes de la mobilización
Un manifiesto que denuncia la actitud continuísta neoliberal del gobierno galego (PSOE y BNG) respecto a las políticas anteriores del PP, "cayendo en manos del capitalismo más depredador"
Un manifiesto que incide en las nefastas políticas ambientales que devastan los recursos naturales de Galiza y alimentan un orden social injusto e insostenible.

Texto íntegro del comunicado[Traducción]

Compañeros y compañeras:

Volvemos hoy aquí, un año después de la última cita, porque sobran los motivos.

Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE expresamos nuestra más enérgica protesta ante el panorama que deja este gobierno disfrazado de progresista con sus políticas ambientales y sociales que están destruyendo los recursos naturales de Galiza, su biodiversidad y su patrimonio humano y cultural. Políticas ambientales y sociales que significan la continuación de las de gobiernos anteriores en el triste camino de entregar el país a las grandes empresas multinacionales y a los grandes intereses económicos, utilizando el gasto público para alimentar este obsoleto e injusto modelo económico y social.

Políticas que, ciegas y sordas ante las profundas crisis económica, energética y ambiental que vivimos, pretenden seguir, como si nada pasara, en la senda imposible del “crecimiento económico continuo e ilimitado”. En la trastornada senda de destruír más, para producir más, para consumir más.

La lista de los objetivos y puntos de denuncia es, por desgracia, larga y variada. Se centran en el corazón dañado de nuestra realidad natural y social: Denunciamos el proceso de marbellización de nuestro litoral. Especulación y paseos de hormigón. Niveles de contaminación de nuestras rías que las hacen incompatibles con la pesca y el marisqueo. Un Plano de Puertos Deportivos que pretende multiplicar por cuatro los que ya existen, enmascarando urbanizaciones y apropiación privada del litoral, buscando tan sólo un buen negocio a cuenta de nuestra costa.

Denunciamos un Plano Acuícola devastador de las zonas mejor conservadas del litoral para provecho de las empresas transnacionales. Un plano acuícola que ameaza Corrubedo, Quilmas, Corcubión, Merexo, Camelle, Arou, Seráns, Oia, Lira, Camariñas, Muros, Malpica, Valdoviño, Ribadeo… y hasta 12 lugares más.

Denunciamos un Plano Eólico caótico que no tiene en cuenta áreas de alto valor ecológico, arqueológico, ni las zonas protegidas, que agasalla con nuestros montes a las compañias privadas de electricidad: Serra da Groba, Serra do Xistral, Serra de Careón, Serra do Suído, Os Ancares y tantos otros lugares.

Denunciamos un Plan de Minería, que es un triste modelo de expoliación del territorio, zonas de gran riqueza natural: A Serra do Courel, a Terra Cha y muchas otras comarcas de Galiza.

Todos estos planes y deshechos se camuflan bajo la mentirosa cantinela de una supuesta creación de puestos de trabajo. Una cuenta que sólo cuantifica los puestos que se crean y nunca tiene en cuenta los que se destruyen, tanto en la pesca como en el marisqueo, como en la agricultura, en la pequeña industria, en el comercio tradicional y en el turismo rural y cultural. Defendemos la pesca artesanal, totalmente desamparada en el camino programado hacia su extinción.

Denunciamos la continuidad del modelo de concentraciones parcelarias destructoras de áreas de valor ambiental, agrícola y paisajístico, que ahondan en un modelo de agricultura industrial e insostenible.

Exigimos medidas que eviten el progresivo abandono del rural y del agro, que nos hace ser dependientes, teniendo que importar los productos más básicos y, por la contra, fomenta la introdución de los peligrosos transgénicos y de los cultivos energéticos.

Nuestros ríos están completamente contaminados y la degradación y sobre-explotación hidroeléctrica está matando su biodiversidad. Los vertidos a los ríos Umia, Tambre, Sar, Gallo, Alvedosa, Lagares, Lengüelle o el desastre do Xallas, son sólo algunos ejemplos.

Nuestros montes están sufriendo un proceso de eucaliptización total, acabando con la biodiversidad autóctona, para beneficio exclusivo de las celulosas. Un proceso estrechamente ligado a los incendios forestales que genera mayor vulnerabilidad ante temporales como los que acabamos de padecer.

Industrias nocivas y peligrosas se esparcen por todo el país, como Reganosa, Ence, o el proyecto de Parque de Residuos en el Ribeiro… Denunciamos los lagos artificiales d´As Pontes y Meirama por el peligroso impacto ambiental y social y denunciamos el posible traslado de Ence a la localidad d´As Pontes.

Sufrimos un sistema de transportes que fomenta el uso del vehículo privado, significa la continua construción de carísimas autovías y supone un fuerte e irreversible impacto en el territorio. Un sistema que nunca resuelve definitivamente el problema de la saturación del tráfico sino que lo acrecenta. El Plan de Carreteras de Galiza o el de Vigo Íntegra son buenos ejemplos de malgasto del dinero público en la perpetuación de un sistema obsoleto e ineficaz, que lleva aparejado el abandono del transporte público, terrestre, marítimo y ferroviario.

El golpe de gracia a nuestra pobre red de ferrocarril viene ahora de la mano del AVE, que va a significar el cierre de docenas de estaciones y el desmantelamiento del precario sistema de trenes de proximidad, en aras de un negocio destructor del territorio, elitista y energéticamente insostenible. La legalidad urbanística, ambiental y de patrimonio son sistemática e impunemente vulneradas con la complicidade de las distintas administraciones, cuando no por su propia actuación e iniciativa. Los cascos viejos de las villas y ciudades, nuestro patrimonio histórico, arqueológico y natural son presa de la destrución más feroz, incluso los espacios que supuestamente están protegidos.

Proliferación de parques industriales desproporcionados y sin planificación; directrices de ordenación del territorio simplistas y de óptica meramente urbana; proyectos de áreas metropolitanas impactantes y centralizadoras, como las de Coruña-Ferrol o Vigo-Pontevedra; urbanismo masificador y salvage, campos de golf, depuradoras inoperantes, tratamiento de residuos ineficaz basado en la incineración contaminante y tantas cosas más…

Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE expresamos nuestras ganas de vivir y de recuperar y potenciar los espacios y conocimientos que nos sirvieron durante siglos, para que nosotros y las personas que vengan después tengamos un futuro garantizado.

“Nosotros sabemos que la Tierra no nos pertence, sino que somos nosotros los que le pertencemos a la Tierra“. (1)

Por eso no la podemos vender.

Pertenecemos a una tierra antigua, montuosa y delicada, humanizada de hecho sostenible a lo largo de siglos. Una tierra donde casi cada lugar tuvo y tiene utilidad material y significado vital y que lleva asociado, por tanto, un importante patrimonio cultural, histórico, arqueológico y etnográfico. Es un importante patrimonio inmaterial que está inserto en la conciencia colectiva del País.

“Nosotros sabemos que el ser humano no creó el tejido de la vida, sino que es tan sólo un hilo de él. Y aquello que hagamos a ese tejido lo haremos también a nosotros“.(1)

Las personas que gritamos GALIZA NON SE VENDE tenemos muy claro que no vamos a quedar indiferentes ante falsos discursos de ciudadanías y democracias cuando se nos criminaliza por ser ciudadanos y ciudadanas y expresar lo que pensamos. No nos vamos a quedar indiferentes ante discursos que vacían de contenido las palabras, e ocultan detrás actuaciones llenas de parcialidad.

“Cómo se puede comprar el azul del cielo o el calor de la tierra? Quién puede vender el viento, las ondas del mar o la luz del amanecer? El ser humano no puede poseer la tierra, como tampoco puede ser amo del cielo, del frescor del aire o del brillo del agua. Nosotros somos una parte de la Tierra, y ella es una parte de nosotros”.(1)

Por eso estamos aquí, para mostrar que aún mantemos intacta nuestra dignidad de pueblo que no quiere morir. Para defender el paisaje, la naturaleza, la Tierra, nuestra identidad y nuestra forma de vida. Para reclamar nuestro derecho a una tierra viva y a una vida digna.

Para gritar una vez más, con voz unánime, fuerte y clara:
GOBERNE QUEN GOBERNE, GALIZA NON SE VENDE
Compostela, 15 de febreiro de 2009

(1) “Nosaltres som una part de la terra” Mensaje del Gran Jefe Seattle al presidente de los Estados Unidos de América en el año 1855. J.J. Olañeta, editor. Palma de Mallorca 2002.


Fuente: Galiza Non Se Vende





* Nodo 50 - Martes 17 de febrero de 2009
Foto: Galiza Non Se Vende

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Un conseller de Camps lleva 10 años adjudicando obras a la empresa de unos íntimos amigos

SER/Valencia* : Serafín Castellano ha adjudicado numerosas obras a la empresa de unos amigos personales, Construcciones Taroncher y Asociados SL. Con esos amigos comparte además intereses comunes, ya que su esposa y la administradora de Construcciones Taroncher y Asociados SL compraron unos terrenos en abril del año pasado. En la firma ante notario para formalizar la hipoteca de las tierras estuvo presente el propio Conseller, casado en gananciales con su esposa.

Durante 2008, la empresa de los amigos personales de Serafín Castellano, Conseller de Gobernación de la Comunidad Valenciana, Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher, administradora y apoderado de Construcciones Taroncher y Asociados SL respectivamente, se ha encargado de distintas obras de la Generalitat.

En concreto ha llevado a cabo, por ejemplo, las obras de la sala de mando del Centro de Emergencias de la Comunidad Valenciana, la reparación del tejado del mismo centro, la instalación del sistema de detección de incendios y gran parte de la reforma del alumbrado. En todos los casos a través de contratos menores que evitan el concurso con otras compañías y que la adjudicación tenga que hacerse pública a través de los boletines oficiales. Según la documentación en poder de la Cadena Ser, la firma autorizando las obras es del propio Conseller de Gobernación.

Desde que Construcciones Taroncher y Asociados se crea, en septiembre de 1996, ha contratado con distintas administraciones de la Comunidad Valenciana, pero fundamentalmente con la Generalitat a partir de que Serafín Castellano se convierte en Conseller de Sanidad, en el año 2000.

Un año después, la constructora se hace con la adjudicación de las obras en el laboratorio de hormonas del Hospital Universitario La Fe de Valencia por 63. 523 euros. En el mismo año, la Consejería de Sanidad que dirige Serafín Castellano le adjudica la ampliación del centro de salud de Riba-Roja de Túria por 227.970 euros. Construcciones Taroncher y Asociados también se encargaría de las obras de rehabilitación de suelos y puertas en los quirófanos del hospital maternal y del hospital infantil del Hospital Universitario La Fe, por los que recibiría casi 100.000 euros.

Y a partir de ahí, cuando Serafín Castellano deja de ser Conseller de Sanidad para asumir la portavocía del Partido Popular en las Cortes, la Consellería de Sanidad seguirá usando los servicios de la constructora. Le adjudica otras reformas que se acometen en el Hospital Universitario La Fe y en otros centros, como las obras de acondicionamiento del Centro de Salud de Manises. En total, más de 800.000 euros.

Serafín Castellano ha reconocido en que es íntimo amigo de los dueños de esta empresa constructora. Admite también que firmaron juntos la compra de unos terrenos, pero no ve inconveniente alguno en que sean contratistas del departamento que el dirige. Ni siquiera en las obras encargadas sin concurso, las obras a dedo que él mismo autoriza con su firma.

Compra de terrenos

La esposa de Serafín Castellano, Nuria Fundamento Rioja, y Mari Ángeles García, propietaria de Construcciones Taroncher y Asociados desde que la funda en 1996, compran juntas en abril de 2008 unos terrenos de 27.000 metros cuadrados en Lliria, en Valencia. Para ello suscriben una hipoteca con el Banco Popular de la que son responsables solidarias. A la formalización del préstamo acuden el propio Conseller de Gobernación, su esposa, Nuria Fundamento Rioja y el matrimonio de Mari Ángeles García y José Miguel Pérez Taroncher.

Serafín Castellano, un zaplanista reconvertido

Serafín Castellano fue zaplanista hasta que se distanció del ex presidente de la Generalitat, como tantos otros, para acercar su postura a la de Francisco Camps, actual presidente autonómico. Castellano ha ocupado distintas consellerías del gobierno valenciano con los populares en el poder. En el año 1999 fue Conseller de Justicia y Administraciones Públicas hasta el año 2000, cuando pasa a ocupar la Consellería de Sanidad hasta el 2003. A partir de este año es el portavoz del Partido Popular en las Cortes y en el 2007 ocupa el cargo de Conseller de Gobernación, que ocupa en la actualidad.

Serafín Castellano es amigo personal de José Miguel Pérez Taroncher, con el que comparte cacerías y partidos de pelota.






* SER - 16.02.09

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Garzón investiga una comisión de tres millones por un pelotazo inmobiliario

ELPAÍS/Madrid* : Correa exigió cobrar una deuda de dos millones al Gobierno de Esperanza Aguirre. La promoción Boadilla Park, aprobada en 2006, es uno de los más lucrativos casos de supuesta corrupción que tiene bajo su lupa el juez Baltasar Garzón en relación con la trama vinculada al PP que dirigía Francisco Correa.

Los datos que obran en el sumario tienen el siguiente perfil acusatorio: UFC, constructora de José Luis Ulibarri, amigo de Correa, partió como claro caballo ganador en un concurso de suelo en Boadilla del Monte, un municipio madrileño donde el PP gobierna con amplia mayoría absoluta. Al concurso también se presentaron Nozar y Tecomsa, entre otras empresas constructoras.

Según fuentes conocedoras del sumario, la explicación que tiene Garzón en la denuncia que investiga sobre el desenlace del concurso es tan simple como explosiva: "Se adjudicó a UFC porque esta empresa pagó tres millones de euros [en comisiones ilegales]" a los responsables de adjudicar el concurso y a los que intermediaron en favor de Ulibarri. El concurso se adjudicó el 28 de octubre de 2006.

Según los testimonios obrantes en el sumario, dicha suma se la pagó el constructor José Luis Ulibarri, dueño de UFC, a Correa en su despacho profesional de Valladolid. La entrega fue en metálico. La denuncia señala que el chófer de Correa lo llevó en ese viaje. El chófer fue detenido ayer por la policía, que realizó registros relacionados con la operación, informa Efe. Además, hay testimonios que apuntan que tal suma fue posteriormente repartida con Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, del Partido Popular. González Panero lo niega tajantemente.
Reparto de dinero

En el sumario se han incorporado grabaciones donde se habla de una promoción en Boadilla, sin concretar cuál, donde Correa asegura que cobró el dinero por sus gestiones y luego lo repartió. Correa solía usar un discreto sistema para entregar sus sobornos o reparto de comisiones en metálico: lo hacía en el interior de cajas de zapatos que entregaba a cargos madrileños del PP.

Existe una singularidad en la oferta ganadora que UFC presentó al concurso del Ayuntamiento de Boadilla por 35 millones de euros: era tres millones más barata que la que perdió la adjudicación. Casualmente, la cifra ahorrada por Ulibarri para hacerse con la jugosa promoción inmobiliaria es idéntica a la suma presuntamente pagada en comisiones ilegales y sobornos a la trama de Correa y a los miembros del Ayuntamiento de Boadilla implicados.

UFC, a cambio de quedarse con el suelo, ofreció culminar el proyecto de construcción de 139 viviendas libres "de alto standing" en un tiempo récord doce meses, plazo que, según fuentes municipales de Boadilla del Monte, incumplió. Fue justamente el plazo de ejecución lo que inclinó la balanza a su favor en el fallo final del concurso. Un concejal independiente de Boadilla, Ángel Galindo, denunció en 2005 la irregularidad de esta operación inmobiliaria sobre suelo público.

Existe la sospecha, no verificada, y que consta en el sumario, de que hubo dos pagos por esta operación de 500.000 euros cada uno a una firma de Jacobo Gordon, amigo y ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag.

En el negocio, según la denuncia que investiga Garzón, también estaba Alfonso Bosch, un alto cargo de Boadilla que hoy es diputado autonómico del PP. Sobre este presunto negocio bajo cuerda entre González Panero y Correa existe un precedente que facilitó su logro. Garzón posee testimonios sobre la existencia de un vídeo en el que González Panero cuenta dinero de una presunta comisión anterior rodeado de diversos cargos de su partido.

La grabación tuvo lugar, según los testimonios obrantes en el sumario, en el salón de la finca de Correa. Ese vídeo le sirvió a Correa, según se jactaba de contar a sus interlocutores íntimos, para presionar a González Panero y lograr sucesivos tratos de favor en el Ayuntamiento de Boadilla. González Panero jura ignorar la existencia de dicho vídeo y, por supuesto, niega dicha reunión.

El vídeo presuntamente comprometedor para el regidor de Boadilla también fue visionado por un alto cargo del Gobierno de Castilla y León. Es el vídeo por el que se jacta Correa de tener asegurado negocio en Boadilla por cuatro años. "Tuve que hacerle el vídeo para defender lo mío", se justifica Correa.
"Una empresa grande"

Correa no anda lejos de otro negocio que cobra inusitada turbidez: "Ibámos a adjudicar una cosa grande, una residencia de tercera edad en Boadilla; yo ganaba un pastón, la empresa era de un antiguo amigo mío de Córdoba". Lo decía Correa, sin cargo alguno en el Ayuntamiento de Boadilla, pero que figura como maestro que dirige no pocas operaciones municipales.

El chantaje parece haber sido un habitual método para conseguir contratos. Así, en relación con los contratos obtenidos a través de su trama de empresas, de modo directo o camufladas tras empresas blancas, Correa empezó a hacer llegar el siguiente mensaje a la Comunidad de Madrid: si no cobraba su deuda, que elevaba a más de dos millones de euros, difundiría que la Comunidad de Madrid había estado pagando facturas de actos del PP por la vía de abonar servicios no prestados a sus firmas.

El mensaje amenazador tenía como primer destinatario al entonces consejero de Deportes, Alberto López Viejo, destituido por Esperanza Aguirre sin haber detallado una sola de las decenas de irregularidades que ha dejado como herencia y a las que, el consejero de Hacienda, se esfuerza por depurar y buscar salida legal.

Legó un auténtico marasmo de facturas, ya que las asignaba a cada consejería organizadora de actos de Aguirre y las troceaba para adjudicar a dedo. López Viejo sigue siendo diputado autonómico, aunque Garzón posee datos de que recibió presuntos sobornos.






* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 17/02/2009
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es

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El TSJ paraliza la construcción de 300 pisos sobre suelo inundable

LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado un proyecto urbanístico en Peñíscola que contemplaba la construcción de más de 300 viviendas en un sector "inundable" y que fue aprobado por el ayuntamiento en 2003 y avalado posteriormente por la Comisión Territorial de Urbanismo en mayo de 2004.

La sentencia, dictada el pasado día 2 de septiembre de 2008, la dio a conocer ayer la asociación de vecinos Camí Vell, colectivo que tras cinco años de peleas judiciales ha logrado frenar el denominado Plan de Reforma Interior (PRI) delimitado por las calles N-26, N-17, N-36 y la avenida Papa Luna.
El fallo judicial es muy claro al declarar que la zona en cuestión está efectivamente afectada por el Plan de Acción Territorial de Riesgos de Inundación (Patricova) de la Generalitat. En este sentido, destaca la afección de drenajes al mar desde los barrancos Moles y Mongells, apuntando al respecto que es un sector inundable.
La sentencia emitida por el TSJCV determina que "no se han adoptado ninguna de las medidas previstas, pues ni se ha realizado el estudio de inundabilidad, ni las correspondientes actuaciones de drenaje, ni en definitiva consta que se haya efectuado estudio alguno de la incidencia de riesgo de inundación en la zona y la consecuente adecuación del planeamiento". En consecuencia, en el fallo se declaran "los citados actos contrarios a derecho, anulándolos y dejándolos sin efecto". La sentencia, según señaló el portavoz de Camí Vell, Ezequiel Llorach, es firme y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ya ha ordenado su ejecución a los servicios territoriales en Castelló.
El proyecto urbanístico se aprobó de forma provisional por el Ayuntamiento de Peñíscola el 25 de septiembre de 2003 y de forma definitiva el 18 de noviembre de 2004, mientras que la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón avaló todas estas actuación el 4 de mayo de 2004. Desde la entidad vecinal aseguran que "muchos de los que ejercen funciones en el ámbito urbanístico de Peñíscola en la actualidad, tanto técnicos como políticos, aprobaron activa o pasivamente este proyecto sin tener en cuenta la inundabilidad", por lo que consideran los vecinos que "éstas personas pusieron en peligro la vida y los bienes de terceros que hubieran podido adquirir sus inmuebles en esta zona inundable".
Ezequiel Llorach lamentó que "éstas mismas personas son las que ahora pretenden aprobar un Plan General de Ordenación Urbana según una ley, la LRAU, derogada hace más de tres años", por lo que apuntan que "algo falla en el urbanismo en Peñíscola".
Responsabilidades políticas
Para la asociación de vecinos la resolución del tribunal pone de relieve que "ninguna administración posee carta blanca sino que existen unas reglas que deben ser respetadas por todos". Del mismo modo, consideran que "el Ayuntamiento de Peñíscola debe extraer las consecuencias lógicas de lo anterior respecto a la tramitación del Plan General" y exigen, tras conocer la sentencia, "que se asuman las responsabilidades políticas oportunas", así como la "apertura de expediente a los técnicos que participaron en este proyecto para depurar sus responsabilidades".
Los vecinos de Camí Vell recordaron para concluir que si la entidad no llega a presentar la denuncia, el plan hubiera salido adelante.






* Levante-EMV - Noemí Oms - 17.02.09
Foto: PARALIZADO. Panorámica del sector donde se pretendía construir y que se asienta sobre una zona inundable incluida en el Patricova. - lluïsa garcia, levante-emv

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Correa vinculó entregas de dinero al PP con adjudicaciones de obras de Cascos

ELPAÍS/Madrid* : En las casi 18 horas grabadas a la trama corrupta vinculada al PP que dirigía Francisco Correa, entre otras decenas de frases explosivas o incriminatorias, el jefe de la trama suelta un auténtico misil contra el actual tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el ex vicepresidente y ex ministro de Fomento de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos: "Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas, a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene".

Bárcenas niega tal entrega de dinero y la dirección del PP afirma creerle sin titubeos. Bárcenas se muestra tan alarmado como indignado al conocer el contenido de tales imputaciones de Correa sobre su persona, y no descarta emprender acciones legales contra él si se confirma que ha sostenido tales acusaciones, que juzga "absolutamente falsas y calumniosas".

El actual tesorero del PP -cargo que recibió en junio de 2008 tras tomar el testigo de su amigo Álvaro Lapuerta- sospecha que tal afirmación procede del resentimiento que le guarda Correa. En mayo de 2004, Bárcenas contribuyó personalmente, como gerente del partido, a declarar a Correa persona non grata en el PP nacional, tras conocer que invocaba el nombre del partido y de su tesorería nacional para exigir la adjudicación de contratos en ayuntamientos de Madrid en manos de los populares.

Lapuerta, tras confirmar tal sospecha en una reunión con alcaldes del noroeste madrileño, puso fin, con el pleno apoyo de Mariano Rajoy, a 12 años de contrataciones en régimen de monopolio con Correa para organizar los actos electorales del PP nacional. Bárcenas, con el beneplácito del entonces secretario general del partido, Ángel Acebes, vetó incluso la adjudicación del contrato de organización del congreso nacional del partido en Valencia de junio de 2008. Correa perdió así el principal atractivo de su tarjeta de visita: ya no era el sempiterno organizador de los actos del partido ni podía decir ante sus potenciales clientes: "Vengo en nombre de Génova, de la tesorería".

Desde entonces, Correa se refugió en contratos logrados en las administraciones autonómicas madrileña y valenciana, bajo mandato de Esperanza Aguirre y Francisco Camps, respectivamente. Bárcenas incluso llegó a plantear: "Que lo contraten [a Correa] los de Valencia si quieren, pero nosotros, no". Fuentes de la actual dirección nacional del PP consideran que el tesorero está fuera de sospecha en esta trama.

El sumario en algo sí le da la razón a Bárcenas: Correa lo odia. En un momento dado afirma lo siguiente: "Anoche me despaché con Bárcenas". El enfrentamiento parece vinculado a "la deuda del PP" con las empresas de su red. Las transcripciones arrojan cierta luz sobre tal resentimiento: "Yo facturaba más de 500 millones al año". Tal cifra parece adjudicarla Correa a campañas del PP a escala nacional, pero podría incluir otros conceptos, otras fuentes de negocio.

Personas relacionadas con Correa afirman que tuvo una honda amistad en la década de los noventa con Francisco Álvarez-Cascos, una relación que declinó posteriormente. Lo cierto es que en los dos años donde se le han grabado 15 reuniones (2006-2007), Correa no sólo se queja con amargura del impago de deudas del PP nacional con sus empresas, sino también de la morosidad del Gobierno de Aguirre. Llega a manejar varios millones de deuda de la comunidad madrileña con las firmas de su trama, en su mayoría a partir de contratos presuntamente logrados con la mediación irregular del ex consejero de Deportes Alberto López-Viejo, uno de los principales sospechosos de percepción de sobornos.

Correa lo retrataba así: "Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio". Incluso proclamaba en una charla que el consejero de Aguirre le indicaba cómo debía fraccionar el contrato y utilizar una empresa blanca, fuera de toda sospecha, para cobrarle al Gobierno de Madrid sin levantar sospechas. La finalidad, según Correa, de tales contratos del Gobierno de Aguirre en favor de su red era financiar actos electorales del PP de Madrid, algo que niegan tajantemente altos cargos de la dirección nacional del PP.

Sin embargo, las mismas fuentes sí aceptan que pudo haber irregularidades en tales contrataciones con las Administraciones de Madrid, o de Valencia, en algunos casos a través de empresas tapadera, pero sostienen que sirvieron sólo para el lucro personal del cargo público implicado y del contratado, pero no para financiar el partido. Correa tiene en su mano despejar tal duda. "Yo nunca cantaré", dijo antes de acabar en prisión. Sus interlocutores en las conversaciones grabadas tienen algo muy claro. "Por eso te tienen tanto miedo, Paco. Lo sabes todo de todos. Los tienes pillados".






* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 16/02/2009

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Los tribunales han ilegalizado ya 10.000 camas turísticas en la isla de Lanzarote

LAPROVINCIA* : El TSJC ha anulado las licencias de 22 complejos y aún quedan pendientes cinco resoluciones más. Unas 8.000 plazas están en funcionamiento y muchas forman parte de los hoteles de mayor lujo. El mapa de Lanzarote está plagado de volcanes y, desde hace un lustro, también de hoteles y apartamentos ilegalizados por los tribunales.

El proceso abierto en el año 2000 por el Cabildo de Lanzarote para denunciar ante los tribunales a establecimientos turísticos que a su entender vulneraron el Plan Insular de 1991 y su posterior revisión, la llamada moratoria insular, se tradujo en el inicio de procesos judiciales contra 27 complejos, 22 de los cuales ya han visto anulada su licencia, quince de ellos en Playa Blanca (Yaiza) y siete en Costa Teguise (Teguise). Para los cinco restantes, pendientes de resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) todo parece indicar que es sólo cuestión de tiempo acabar en la misma cuneta.

Este avalancha de sentencias judiciales favorables a las tesis de la corporación insular ha dejado un reguero de plazas ilegalizadas, en concreto 9.657, cifra que se elevaría hasta las 11.396 una vez que, como todo indica, se sumen otras cinco resoluciones en el mismo sentido.

Los fallos confirman la existencia de una amplia gama de incumplimientos, entre ellos la ejecución de obras que no se corresponden con el proyecto para el que se obtuvo autorización previa, permisos concedidos por los ayuntamientos durante el periodo de suspensión de licencias o la ausencia de informes jurídicos en Teguise y la "mera apariencia de informes" en Yaiza e incluso negativos, entre otros. También se avaló la tesis de que es imprescindible contar con el informe de compatibilidad con el Plan Insular, que debe emitir el Cabildo, una obligación con la que tampoco cumplieron.


DE LUJO. Entre el listado de hoteles y complejos de apartamentos cuyo futuro se encuentra en el aire se encuentran algunos de los hoteles más modernos de la Isla y todos los de gran lujo ubicados en la localidad de Playa Blanca. Alrededor de ocho mil de las camas que han sido anuladas por la Justicia se encuentran actualmente en funcionamiento y suponen aproximadamente el doce por ciento de la oferta alojativa insular.

Junto a estas 27, los abogados y técnicos del Cabildo detectaron otros trescientos casos de presuntas irregularidades en planes parciales, pero desistió de denunciarlos con el argumento de centrarse en las plazas turísticas.






* La Provincia - GREGORIO CABRERA - ARRECIFE - 16.02.09
Foto: laprovincia.es

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Palma: Un juez acusa a Cort de permitir el crecimiento ilegal de Son Olivaret

DIARIODEMALLORCA* : Una sentencia critica que el Ayuntamiento persiga a los propietarios de las casas y al mismo tiempo les facilite agua corriente. Un juez de Palma, Juan Manuel Sobrino, acusa al Ayuntamiento y al Consell de Mallorca de haber permitido el desarrollo de una urbanización ilegal, como es la de Son Olivaret, en la barriada de Sant Jordi.

El magistrado se pronuncia en una sentencia sobre el caso de un parcelista que construyó, no una, sino dos viviendas sin autorización, y que por ello fue juzgado y acusado de un delito contra la ordenación del territorio. La denuncia la formuló el ex teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos.
El juez dicta una sentencia absolutoria contra el parcelista porque existe la posibilidad, al menos como intención política, de que su vivienda pueda ser legalizada en un futuro, por lo que no tendría sentido que se le condenara ahora por un delito contra la ordenación del territorio.
El crecimiento de esta urbanización de Sant Jordi se remonta a principios de los años 90. En estos momentos hay cuantificadas más de 120 viviendas levantadas. Hay vecinos que viven todo el año en estas casas, pese a que saben que se trata de construcciones ilegales levantadas sobre suelo rústico o ganadero.
Al resolver este caso, el juez Sobrino mantiene que no existe duda alguna de que Son Olivaret es una urbanización ilegal, pero ello no ha impedido que los vecinos disfruten de sistema de agua corriente, luz eléctrica facilitada por Gesa, línea de teléfono y servicio de recogida de basuras. Es decir, los propietarios disfrutan de los mismos servicios que una urbanización legal.
El magistrado considera, y así lo señala en su sentencia, que es "incongruente" que el ayuntamiento de Palma persiga a un propietario por levantar una vivienda sin permiso y le acuse de cometer un delito contra la ordenación del territorio, pero al mismo tiempo se preocupe por proporcionarle servicios públicos como puede ser el agua corriente o la recogida de basuras. Y es por ello por lo que el magistrado se plantea en la sentencia porqué Cort inicia un expediente de infracción urbanística contra unos vecinos, y no contra la totalidad de los propietarios que han construido viviendas en esta urbanización. También entiende el juez que es una política absurda que el consistorio considere que la construcción de estas casas se considere que son contrarias al planeamiento urbanístico de Palma, pero al mismo tiempo Cort les cobre a los vecinos el Impuesto sobre Bienes Inmuebles como si se tratara de viviendas legales.
Durante el juicio los testigos que fueron llamados a declarar por la abogada defensora, Isabel Coll, recordaron las visitas que hizo el ex alcalde de Palma, Joan Fageda, a Son Olivaret. El entonces primer edil les prometió una solución a esta situación irregular y les puso en contacto con una serie de técnicos para iniciar el proceso de legalización de la urbanización. De hecho, los propios vecinos contrataron a un arquitecto para que redactar un plan especial como paso previo a la legalización de Son Olivaret.
La absolución del vecino que ha construido estas dos casas también ha supuesto el rechazo a la petición de la fiscalía, que pidió que se iniciara una investigación a todos los vecinos que han construido ilegalmente sus casas y que están disfrutando de los servicios públicos.
El fiscal consideró que si todo el vecindario disfrutaba de los mismos servicios no se podía perseguir sólo a uno de ellos al que, por cierto, solicitó una pena de un año y tres meses de cárcel por construir sin licencia.






* Diario de Mallorca - J.FRANCISCO MESTRE - 16.02.09
Foto: La urbanización de Son Olivaret está en Sant Jordi y cuenta con más de cien casas. - Lorenzo, diariodemallorca.es

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Azata, promotora de El Algarrobico, también sembró la polémica con una promoción de lujo en Boadilla

ELCONFIDENCIAL* : Azata, la promotora de José Domingo Rodríguez Losada responsable del macrohotel El Algarrobico, va sembrando la polémica allá por donde construye. La mole de más de 20 plantas que se yergue sobre un terreno protegido del parque natural del Cabo de Gata, en Almería y a 14 metros del mar, fue objeto ayer de una nueva acción de Greenpeace, que recordó su condición de “hotel ilegal”. Pero El Algarrobico no es la única promoción de Azata cuestionada.

La urbanización La Alcazaba, de 219 chalets de lujo en Boadilla del Monte, ya levantó sospechas en su momento. El alcalde de esta localidad madrileña, Arturo González Panero, está imputado en la operación Gürtel contra la corrupción y el blanqueo vinculados al PP.

Casualmente, fue Panero el edil encargado de aprobar La Alcazaba de Boadilla y Leopoldo Arnaiz, el arquitecto de la promoción, además del asesor del planeamiento urbanístico de la localidad. Los socialistas de Boadilla destacaron en su día –y así figura aún hoy en su página web- que “tanto la empresa inmobiliaria como el arquitecto tienen un vasto currículo en materia urbanística (…) El pelotazo está asegurado”. Arnaiz fue imputado junto al ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, en un affaire de recalificaciones fraudulentas, conocido como el escándalo de Compodón.

Parece que Rodríguez Losada tiene querencia por los municipios sospechosos de corrupción. En Marbella tienen su sede Azata Patrimonio y Pinar del Rey 56; en Estepona, objeto de la Operación Astapa, Azata también proyectaba construir “el mayor complejo comercial de España”, de la mano de Costasol de Hipermercados.

La ‘marbellización’ de Boadilla

En Madrid, Azata ha sido muy activa en los municipios de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Aravaca, Las Rozas y Boadilla del Monte. Concretamente en Boadilla, al igual que en Almería, La Alcazaba despertó las quejas de la oposición y los ecologistas, que criticaron “la marbellización” de la localidad, al planearse pegada al encinar del Monte de Boadilla.

Azata consiguió que su Plan Parcial "Sector Camino Bajo – Depuradora" fuera aprobado en 2001. Cuatro años más tarde, Ley 9/2001 del Suelo mediante y un Plan General de Ordenación Urbana nuevo, se dio luz verde definitiva a La Alcazaba. Eso sí, con un aumento de la edificabilidad superior al 120%, según el grupo ecologista Boadilla Ecológica.

Una portavoz de Ecologistas en Acción ha señalado a El Confidencial que “todo el plan general de Boadilla es muy sui generis, lo que da posibilidad a todo tipo de tropelías. Hay un sistema de convenios que permite salvar las expropiaciones a cambio de suelo en otro sitio”. Como quiera que el plan de Azata fuera aprobado a caballo entre dos leyes del suelo madrileñas, "La Alcazaba se benefició del aumento de edificabilidad de una y se libró de la obligatoriedad de construir vivienda protegida de la otra", asegura.

Pero José Domingo Rodríguez de Losada no se ha beneficiado solamente de administraciones populares, como demuestra el reincidente apoyo por parte de la Junta de Andalucía en el Algarrobico. En la nota de prensa que lanzó ayer Greenpeace a propósito de su acción, la organización ecologista denunció la actitud del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, “que ha dejado de lado la legalidad y sigue permitiendo que el hotel continúe en pie a pesar de los doce pronunciamientos judiciales en su contra. De hecho, parte de estos pronunciamientos judiciales apoyan los argumentos defendidos por el propio Ministerio sobre la utilidad pública de los terrenos”.

Medio Ambiente aboga por abandonar la expropiación de El Algarrobico

"A pesar de todas las sentencias sobre la ilegalidad del hotel de El Algarrobico, el Ministerio que se supone debe defender el Medio Ambiente ha decidido paralizar la recuperación de los 100 primeros metros de playa" declaró Pilar Marcos, responsable de la Campaña de Costas de Greenpeace. En esto no se diferencia demasiado del ático de José Blanco en VillaPsoe (A illa de Arousa).

Tras la sentencia del pasado mes de septiembre, por la que el Juzgado número 2 de Almería declaraba nula la licencia de obras del hotel, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un informe a la Abogacía del Estado para analizar cómo afectaba la sentencia al proceso de expropiación. El resultado final fue un informe en el que, sin ningún argumento jurídico de peso, se aboga por abandonar el proceso de expropiación.

Hace dos semanas, Greenpeace mostró su rechazo a estas conclusiones de la Abogacía, y le hizo llegar un escrito sobre sus consideraciones al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; al de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; a la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa y a la Directora General de Costas, Alicia Paz.

"La pasividad del Ministerio sólo sirve para dilatar un proceso que debía haber culminado hace tiempo. Están siguiéndole el juego a la promotora Azata del Sol y al Ayuntamiento de Carboneras. Es el mundo al revés", concluía Greenpeace.






* El Confidencial - Fátima Martín.- 13/02/2009
Foto: Algarrobico (Almería), tapado por Greenpeace - greenpeace

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Más de 3.000 personas se manifiestan con 'Galiza non se vende' para reclamar "derecho a tierra viva y vida digna"

EUROPAPRESS* : Entre 3.000 y 3.500 personas --según estimaciones de la Policía Local de Santiago-- se manifestaron hoy con la plataforma 'Galiza non se vende', en la que se integraron 57 colectivos y asociaciones, por las calles de la capital gallega para protestar contra las políticas sociales y ambientales de la Xunta y reclamar el "derecho a una tierra viva y una vida digna".


A la convocatoria acudieron desde asociaciones en defensa del medio ambiente hasta colectivos independentistas o agrupaciones locales que se oponen a infraestructuras proyectadas por el Gobierno gallego. La marcha, que salió pasadas las 12.30 horas de la Alameda compostelana, recorrió varias calles de la zona nueva y del casco antiguo de la ciudad hasta acabar en la Praza da Quintana, donde varios representantes de diferentes agrupaciones leyeron un manifiesto.

En él, denunciaron las "políticas sordas y mudas" del Gobierno gallego ante las "crisis económica, ambiental y energética" y manifestaron su "más enérgica protesta" ante el panorama que deja el bipartito PSdeG-BNG tras los tres años y medio al frente de la Xunta.

A la manifestación se incorporaron, entre otras, asociaciones como Amigos da Terra, la Federación Ecoloxista Galega, Verdegaia, la Plataforma Cidadá "Cultura si, mausoleo non", la Plataforma Contra a Variante Interior de Noia, el Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol o Burla Negra.

MANIFIESTO

En el documento conjunto recriminaron que, bajo una apariencia "supuestamente progresista", las políticas sociales y ambientales "son continuación" de las implantadas por gobiernos anteriores. "Usan el gasto público para alimentar este obsoleto e injusto modelo económico y social", afirmó uno de los representantes durante la lectura del manifiesto.

Asimismo, censuraron el "olvido interesado de los más necesitados" en la actual situación de crisis a los responsables políticos y señalaron que existe una "falta de verdaderas políticas sociales". Arremetieron también contra lo que calificaron de "marbellización" de la costa gallega y el planeamiento urbanístico.

En concreto, fueron objeto de crítica el Plan Acuícola, que "devasta zonas de la costa en beneficio de multinacionales"; los proyectos de construcción de puertos deportivos; el plan de minería, que constituye un "triste modelo de expoliación del territorio"; y el decreto eólico, pues "no tiene en cuenta áreas de alto valor" ecológico y patrimonial y "regala" los montes gallegos a las empresas eléctricas.

"CANTINELA" DE CREACIÓN DE EMPLEO

Todas estas iniciativas, prosiguieron, están "camufladas bajo la cantinela de la creación de puestos de trabajo" y aseguraron que no se tienen en cuenta los que "se destruyen" en actividades como la pesca y el marisqueo artesanal y la agricultura.

Los manifestantes denunciaron también la contaminación de los ríos o la implantación de "industrias nocivas y peligrosas, como Reganosa, Sogama o Ence-Elnosa" y rechazaron el traslado de la planta de celulosa a As Pontes. En cuanto al transporte, recriminaron al bipartito que "abandone el transporte público" y se preguntaron "¿quién les pidió el AVE? ¿Vamos a trabajar a Madrid todos los días? ¿Para qué lo queremos?".

"La tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la tierra y, por eso, no la podemos vender", concluyó la declaración pública, tras la que los congregados en la Quintana volvieron a gritar el lema de la manifestación: "Goberne quen goberne, Galiza non se vende --gobierne quien gobierne, Galicia no se vende".

BLOQUE SOCIALISTA POPULAR

En la marcha, en la que se escucharon lemas contra los tres grupos políticos con representación en el Parlamento gallego, tuvo cabida también la sátira y un grupo de personas, con pancartas de un supuesto 'Bloque Socialista Popular', corearon a modo de parodia consignas como "ninguna ría sin piscifactoría", "embalses para todos y para todas", "menos cultura y más infraestructuras" y "contra Fraga vivíamos mejor".

Además, algunos de los manifestantes tomaron los lemas de campaña elegidos por los grupos políticos y los parodiaron con carteles en los que se podía leer "el presidente de nadie y contra todos" --en referencia a los mensajes del candidato del PSdeG que rezan "El presidente de todos. Contra nadie"-- y con gritos de "yo no soy Anxo Quintana" --en referencia al vídeo del aspirante del BNG en el que se proclama 'Eu son Anxo Quintana'--.





* Europa Press - 15.02.09
Foto: Manifestantes de 'Galiza non se vende' en las calles de Compostela - R.Escuredo, elcorreogallego.es

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Monòver acumula 1.000 expedientes urbanísticos sin ejecutar en tres años

ELPAÍS/Alicante* : En el municipio de Monòver la disciplina urbanística amenaza con derivar en un Expediente X. El Ayuntamiento, en manos del PP con el apoyo de dos ediles independientes, acumula desde 2005 más de 1.000 expedientes por otras tantas infracciones urbanísticas paralizados, según datos recabados por el este periódico de fuentes municipales.

Entre los expedientes por irregularidades urbanísticas "dormidos", según las mismas fuentes, está uno que afecta directamente al concejal del PP Isidro Tendero. El edil realizó una obra supuestamente ilegal en su chalé, sito en una partida rural, denunciada por el grupo socialista en mayo de 2008. Dos semanas más tarde se incoó el correspondiente expediente, todavía inconcluso como el resto de actas levantadas.

El equipo de gobierno local, que preside Salvador Poveda, del PP, ha declinado ofrecer su versión sobre el estado de las actas por infracción urbanística que los servicios de inspección han levantado desde 2005. Hasta mayo de 2008, la competencia de la disciplina urbanística recaía en el concejal de Urbanismo, Emilio Argilés. Sin embargo, a partir de esa fecha pasó a manos de la junta de gobierno. Argilés rehusó hacer comentarios sobre ese aspecto alegando que no le competía y Poveda no atendió la llamada de este periódico.

En el pleno del viernes, la mayoría del equipo de gobierno aprobó otra modificación en el departamento de disciplina urbanística. El trámite de los expedientes lo ejecutará el alcalde y la sanción a la que hubiere lugar la fijará la junta de gobierno.

Aparte de esta ambigüedad sobre la disciplina urbanística, el municipio está pendiente desde junio de 2007 de la aprobación definitiva del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento prevé recalificar 15 millones de metros de terreno y hasta 33.000 nuevas casas.





* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 15/02/2009
Foto: Monóvar (Alicante), ayuntamiento - es.viajes.yahoo.com

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Decenas de vecinos de Pozo Alcón, imputados por chalés y naves ilegales

IDEAL/Jaén* : La Guardia Civil ha comenzado ya a tomar declaración a decenas de vecinos de Pozo Alcón a los que se está imputando un delito contra la ordenación del territorio. Los especialistas en temas urbanísticos del Seprona llevan meses investigando las construcciones supuestamente irregulares en el término municipal. Entre las personas llamadas a declarar están anteriores responsables municipales, además de particulares.

En Pozo Alcón, en terrenos que están a las puertas del parque natural de Cazorla, Segura y Las Villas, no se han detectado urbanizaciones ilegales, sino la proliferación de construcciones aisladas con uso residencial mayoritariamente y también algunas naves de aperos. Están sobre suelo no urbanizable que, en algunos casos apuntan fuentes de la investigación, gozan de algún nivel de protección. En un pri momento, el número de construcciones supuestamente ilegales detectadas superaban el medio centenar. En esta fase de imputaciones abierta ahora habrá una segunda criba en la que algunos vecinos podrán sacudirse la sospecha de haber cometido infracción penal. Pero el número de llamados a declarar como imputados se cuenta por decenas.
Las pesquisas llevaban paradas desde el mes de junio pasado, cuando el Instituto Armado confirmó la masiva presencia de casas irregulares en el término municipal. Casi un año antes, la actual alcaldesa, Pilar Salazar, había pedido a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística en la localidad. «A los pocos días de tomar posesión como alcaldesa -en junio de 2007-, recibí información de la propia Guardia Civil de que se iban a producir en Pozo Alcón por parte del Seprona actuaciones de inspección sobre ilegalidades urbanísticas». La regidora ha explicado que «ante la alarma social que ésto podría producir, esta alcaldía se dirigió a esta institución (la Guardia Civil) para que antes de que se produzcan actuaciones de difícil solución» se le diese la oportunidad de «regularizar las situaciones de uso y transformación de edificaciones disconformes con la legalidad vigente». Primero había que determinar qué es lo que había que arreglar. Así que se pidió a la Guardia Civil un informe sobre la situación urbanística.
Trámites lentos
Ayer, Salazar indicaba que algunos vecinos habían quedado fuera de la lista de imputados gracias a la gestión del Ayuntamiento. Sin embargo, la salvación legal para esas construcciones requiere mucho tiempo. El Seprona y la Justicia van más deprisa. La regidora de Pozo Alcón explica que la modificación del Plan General de Ordenación de Urbana del municipio está «en fase de avance», ya que el trámite se inició el año pasado con la adjudicación de la redacción del nuevo plan.
«Ha habido desde entonces varias reuniones con distintas consejerías de la Junta en Sevilla, pero cuando un procedimiento judicial empieza tiene que acabar. Aún no hay un avance del plan aprobado» -documento que podría servir de tabla de salvación a aquellos que tengan su parcela en terrenos que se declaren urbanizables- y el trámite es lento.
Según declaró la alcaldesa el pasado mes de junio «regularizar, es decir, legalizar todo aquello que sea susceptible o posible». Pilar Salazar insistía en «dejar muy claro que la intención de esta alcaldía es resolver, solucionar, y que estas situaciones no se vuelvan a producir nunca».
El Seprona ha hecho ya este tipo de batidas en media docena de municipios de la provincia, con varios alcaldes imputados.






* Ideal - J. E. POVEDA - 15.02.09
Foto: Vista general de Pozo Alcón, en la sierra de Cazorla. /IDEAL

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Alicante: El PGOU de los 100 días y 100 noches

ECOLOGISTASENACCIÓN* : No tuvieron ningún recato los redactores del proyecto de revisión del PGOU de Alicante (el arquitecto Jesús Quesada Polo y su equipo) en afirmar en público que su trabajo lo realizaron en 100 días y sus respectivas noches. Dieron a entender que tuvieron poco tiempo y que lo aprovecharon al máximo.

No sabemos si el trabajo nocturno está contemplado en los despachos de arquitectura o si es legal, pero el resultado final es coherente con ese corto espacio de tiempo para redactar el principal documento urbanístico de un término municipal de más de 200 km2. Pues hay que decir que ese proyecto de PGOU tiene abundantes errores, le faltan documentos importantes, y parece redactado para cubrir el expediente, en lugar de ser una propuesta seria, fundamentada y razonada.

Las prisas le vinieron al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alicante de la anterior holgazanería y desprecio mostrados, pues desde marzo de 2003 (aprobación del Concierto Previo), o quizás desde antes, desde el despido del anterior redactor Lluis Cantallops, hasta mediados de 2007, no se movió ni un papel ni un músculo. Cuando era evidente que el plazo impuesto por el reglamento de la LUV (Ley Urbanística Valenciana) prescribía en abril de 2008 (y aún no se había hecho nada), vinieron las prisas, pues eso significaba que el Concierto Previo caducaba y había que empezar desde cero, o sea retrotraer el proceso de elaboración del PGOU a marzo de 2001. El respaldo legal del Plan Rabassa estaba en peligro. Las presiones sobre la Conselleria dieron el resultado, pues se aprobó por Decreto una modificación del ROGTU(Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística) de forma retroactiva y la fecha de caducidad se retrasó por arte de magia seis meses (hasta el 18 de octubre de 2008) y ya para esa fecha estaba listo el bodrio de PGOU preparado por el nuevo equipo redactor.

El PGOU es desarrollista, expansionista, insostenible ambientalmente y apuesta por el crecimiento en una época de crisis y decrecimiento. El único límite auto impuesto parece que está en que la ocupación de nuevos suelos no supere el 30% de lo ya ocupado, pues según la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio todo m2 que lo supere deberá pagar 6 euros a un Fondo de Sostenibilidad gestionado por la Generalitat. Se reclasifican casi 17 millones de m2, incluyendo al Plan Parcial de Rabassa (3,78 km2), de forma que el suelo urbano y urbanizable pasa 46,76 a 63,52 km2, un incremento del 35%. Se proyectan casi 100.000 nuevas viviendas en un horizonte a medio plazo del 2036, horizonte con una gran incertidumbre en cuanto al posible aumento de la población, ya que ésta ha aumentado en la última década al rebufo de la inmigración exterior, con unas tasas de crecimiento de la población local que no llegan a las necesarias para el mantenimiento de la misma. Es más que probable que la población se estanque o que aun retroceda, y hay muchos interrogantes sobre la evolución de la inmigración en los próximos años, dada la situación de crisis económica.

Se apuesta por extender las redes viarias motorizadas (nuevas autovías A-10, A-20, A-30 y conexiones entre esas autovías y las actualmente existentes), siguen escaseando las zonas verdes urbanas, se apuesta por las grandes superficies comerciales en detrimento del pequeño comercio tradicional pues se proyectan 5 nuevas grandes superficies comerciales, que se presentan con el falso nombre de “Centros Cívicos”. Las dotaciones que se promueven solamente son para la “nueva” ciudad que se proyecta, dejando a la ciudad consolidada huérfana de nuevas dotaciones, tan necesarias en la mayoría de barrios de la ciudad y con un déficit crónico.

En resumen el Proyecto de Revisión del PGOU de Alicante es:
- Desarrollista: pretende incorporar al suelo urbanizable casi 17 km2 (el 8% del término municipal) y prepara el terreno para la construcción de casi 85.000 nuevas viviendas. No existe el concepto de rehabilitación ni la mejora del actual parque de viviendas ni de los barrios existentes.
- Insostenible ambientalmente: pues incorpora nuevos suelos urbanizables en suelos con gran potencial agrario, alto valor paisajístico y ambiental(Bacarot), y pertenecientes a la antigua Huerta de Alicante (sector Torres de la Huerta, con más de 17.000 viviendas previstas)
- Poco respetuoso con espacios naturales: pretende circunvalar la Sierra de Fontcalent con una nueva autovía, y rodearla de suelo industrial, pretende construir una carretera y nueva zona terciaria-hotelera en el perímetro de afección del Saladar de Agua Amarga, da el visto bueno a la construcción de más de 13.000 viviendas en Rabassa, rodeando las lagunas de edificios
- Dependiente del coche: el transporte motorizado es el centro de la movilidad prevista, pretende construir muchos aparcamientos subterráneos en el subsuelo de los viarios y zonas verdes, impulsa nuevas autovías urbanas, no planifica el desarrollo del tranvía
- Negacionista del Cambio Climático: para los redactores del PGOU no existe el cambio climático, pues no lo incorporan como el principal problema ambiental, no impulsan las energías renovables en los edificios, no se marcan como objetivo la reducción de gases de efecto invernadero
- Continuista: la ciudad de Alicante tiene un grave déficit de zonas verdes, y de equipamientos (escuelas, centros de salud, centros cívicos, etc) que este PGOU no pretende solucionar
- Poco democrático: no ha existido un verdadero proceso de participación ciudadana en la elaboración del PGOU, incumpliéndose las leyes (Ley 27/2006 que traspone el Convenio de Aarhus) y los reglamentos que regulan esa participación
- Al servicio de los promotores inmobiliarios, pues su principal preocupación es dotar a la ciudad de suelos para nuevas viviendas, que además no son necesarias y ajustarse a los deseos y demandas de ese sector social






* Ecologistes en Acció d’Alacant - 13.02.09
Foto: Alacant desde la Serra Grossa - ecologistasenaccion.org

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Almuñécar prepara su referéndum

ELPAÍS/Granada* : La cuenta atrás para votar sobre el futuro urbanístico de Almuñécar ha comenzado. Los más de 27.000 ciudadanos que tiene censados el municipio, el tercero en la provincia por número de habitantes, tienen la oportunidad de votar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía, si están de acuerdo con la propuesta del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elaborado por el Ayuntamiento sexitano.

El compromiso del equipo de gobierno, que lidera Juan Carlos Benavides, de Convergencia Andaluza (CA), es retirarlo si no es respaldado por el pueblo.

"Es por ti. Es por todos. Éste sí es tu referéndum". Desde el pasado día 12 no es raro encontrar en las calles del pueblo vallas publicitarias o banderolas con esos mensajes. El lema recuerda al que el Gobierno de la UCD empleó en 1981 pidiendo la abstención de los andaluces en el referéndum de ratificación de acceso al autogobierno por la vía rápida de la Constitución, el cual rezaba: "Andaluz, éste no es tu referéndum".

La tradicional pegada de carteles que sirve de arranque en campaña electoral ha sido sustituida en Almuñécar por un reparto en días sucesivos de cartelería para que los vecinos se impliquen y los cuelguen de sus balcones. Quizá sea por eso que la publicidad está más presente en el casco histórico y en la entrada del municipio que en la zona de la playa, donde las viviendas son normalmente segundas residencias.

El camino para llegar a esta consulta ha sido largo. Así lo recordó en la presentación de la campaña el secretario local de Convergencia Andaluza de Almuñécar y La Herradura, Rafael Contreras, quien hizo alusión a las "zancadillas puestas" por la Junta de Andalucía y el Gobierno de la nación que finalmente, subrayó, "han tenido que doblegarse en un tema donde el Ayuntamiento tenía razón".

El Tribunal Supremo anuló el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se denegaba en septiembre de 2006 al Consistorio la posibilidad de celebrar la consulta. Antes, ya se había opuesto a este propósito la Administración autonómica que argumentó que el Ayuntamiento carecía de competencias para convocarla. El alcalde recurrió la decisión y finalmente le dio la razón el Supremo que declaró nulo el acuerdo que se lo impedía. Será la segunda vez en 23 años que un ayuntamiento andaluz pide la opinión en urna a sus vecinos. Hasta ahora sólo lo había hecho el Ayuntamiento de Montellano (Sevilla) en mayo de 2001. El resultado de la votación, acerca de un asunto sobre el agua, fue contrario a la posición defendida por el gobierno local.

La consulta se realiza sobre la aprobación inicial del PGOU, que se hizo en 2005, pese a que fue aprobado provisionalmente un año después. Por esta razón, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almuñécar, Francisco Prados, cree una "farsa" el referéndum que achaca al empeño de Benavides de "salir en los medios de comunicación". El equipo de gobierno asegura que la iniciativa responde a su compromiso electoral de ofrecer a los ciudadanos un "ayuntamiento abierto y participativo".

Los partidos con representación en el Ayuntamiento -CA (10 concejales), PP (cinco), PSOE (cuatro) y uno de IU y otro del Partido Andalucista- tienen distintos puntos de vista sobre el plan y la consulta. Los tres últimos se oponen al planeamiento, mientras que el PP, que apoya el sí, junto a CA, ha censurado el gasto publicitario de Convergencia en tiempos de crisis.

En cualquier caso es un gasto estimado ya que el equipo de gobierno no ha hecho público a cuánto asciende económicamente la campaña ni la celebración del referéndum, si bien hay partidos como el PSOE que calculan que superará los 120.000 euros. "Es un gasto innecesario", lamenta Cuadros, porque además va a preguntar sobre un "plan diferente al que tramita con la Junta debido a las modificaciones que ha realizado en la aprobación provisional".

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Carlos Rojas (PP), que es a su vez alcalde de Motril, cree que es una "oportunidad única" para los ciudadanos de Almuñécar y aunque no es vinculante la consulta, Rojas cree que la Administración autonómica debe tener en cuenta la opinión de los ciudadanos. "Cometería un tremendo error si no lo hace".

Reuniones con vecinos y asociaciones de cada barrio, entrega de material, además de la puesta en marcha para la ocasión desde el pasado mes de enero de un canal de televisión privado, Canal Tropical, forman parte de la campaña que provoca distintas opiniones entre los ciudadanos. El alcalde confía en que la participación sea mayoritaria para conocer qué quieren los sexitanos para el futuro de Almuñécar y su desarrollo.

Benavides cree un "hito histórico" la consulta que demuestra, en su opinión, que el planeamiento urbanístico es una competencia local por lo que recuerda a la Junta que su papel es el de velar para que se cumpla la legalidad vigente.

Si sigue adelante el PGOU sustituirá al aún vigente, que data de 1987. Desde entonces la población ha aumentado en Almuñécar más de un 25%.






* ELPAIS.com - VALME CORTÉS - Granada - 15/02/2009
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)

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