Ecologistas en Acción* ante el Documento sobre Delimitación de Diversos Sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado en el municipio de Logroño sometido a exposición pública plantea la paralización de estos nuevos sectores propuestos de Suelo Urbanizable No Delimitado en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo Plan General Municipal.
Las razones expuestas por este grupo ecologista son las siguientes:
El Ayuntamiento de Logroño propone la delimitación de diversos sectores de Suelo Urbanizable No Delimitado (Río Batán, Pedregales, Valdegastea, Zaballos) con el fin de poder construir más viviendas en la ciudad de Logroño.
Actualmente en la ciudad, y como consecuencia de la fiebre constructora de los últimos años, existe una gran cantidad de viviendas vacías, edificios a medio construir y solares urbanos vacíos que podrían satisfacer el crecimiento urbano de Logroño durante varios años.
Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se encuentra redactando el nuevo Plan General de Ordenación Urbana en donde se deberán estudiar las necesidades reales de la ciudad en materia de vivienda y planificar las zonas de crecimiento necesarias, y al margen de los procesos especulativos de los últimos años que han dado lugar a la situación actual.
Por este motivo este grupo ecologista considera que no tiene sentido del delimitar nuevos sectores mientras se esta realizando la revisión del planeamiento urbanístico de Logroño, lo que impediría un verdadero debate sobre que modelo de ciudad queremos y lo vaciaría además de una parte importante de su contenido, al encontrarse con hechos consumados.
Por todo lo cual sé ha solicitado en las alegaciones presentadas:
La paralización de la Delimitación de los Sectores propuestos de Suelo Urbanizable No Delimitado en el municipio de Logroño en tanto en cuanto no se apruebe el nuevo Plan General Municipal, documento en el que deben debatirse y resolverse las necesidades reales de vivienda de la ciudad y las zonas por donde debe extenderse su desarrollo urbanístico.
* Ecologistas en Acción de La Rioja - 23.01.2009
Foto: Logroño, ayuntamiento - 20minutos.es
Piden la paralización de los Sectores propuestos de Suelo Urbanizable en Logroño
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24.1.09
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Interior destapa 164 'ladrillazos' en un solo año
PÚBLICO* : El ladrillazo ya tiene un hueco en las estadísticas policiales y, además, relevante. Policía y Guardia Civil investigaron durante el recién acabado 2008 un total de 164 casos de corrupción urbanística, según los datos del Ministerio del Interior a los que ha tenido acceso Público. Casi un caso cada dos días.
Una elevada cifra que supone, además, un aumento del 40% respecto a las pesquisas realizadas durante 2007, cuando se registraron 117.
No es el único dato de esta tipo de delincuencia que asciende en las estadísticas del departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. De los 134 arrestados por su implicación en corrupción urbanística en 2007, se pasó al año siguiente a 207. Un 54,4% más.
El espectacular auge en el número de tramas destapadas ha coincidido con la creación por parte de Policía y Guardia Civil de grupos específicos de agentes especializados en la lucha contra la delincuencia urbanística. La Guardia Civil puso en marcha en marzo de 2007 grupos de tres agentes en cada una de las 54 comandancias para combatir los delitos urbanísticos, a los que se sumaban 25 más de la Unidad Central Operativa (UCO), con sede en Madrid. En total, 187 agentes.
La Policía había empezado antes, al transformar la Brigada de Blanqueo de Capitales, que conserva el nombre, en el núcleo de las investigaciones contra este tipo de delincuencia. Fueron ellos, de hecho, los que dieron el pistoletazo de salida en la lucha contra la corrupción urbanística con la célebre operación Malaya, iniciada en 2005 y que produjo las primeras detenciones en marzo de 2006.
Desde entonces, como asegura uno de los inspectores que dirige uno de los grupos, "ni hemos parado ni damos abasto ante el número de denuncias que nos llegan".
Kilos de documentación
Lo cuenta en su despacho de la Brigada, situada en el Complejo Policial de Canillas, en Madrid. Las paredes que le rodean están cubiertas casi hasta el techo de decenas de cajas a rebosar de documentos. Los pasillos que llevan hasta él, también. Sobre cada una de ellas, un folio indica a qué caso corresponde los kilos de documentación que contiene. Ganan por goleada las operaciones Ninette y Astapa, los dos últimos grandes golpes realizados por la Brigada contra este tipo de delincuencia. La primera tenía su epicentro en la localidad de los Alcázares de San Juan (Murcia). La segunda, en Estepona (Málaga). A ellas se han sumado a lo largo del año otras en Alicante, Valencia, Madrid, Canarias...
"Estas operaciones no acaban con las detenciones. Casi al contrario, es cuando comienzan de verdad porque tenemos acceso a la documentación cuyo estudio nos permitirá acusar a los implicados o no", recalca este veterano policía que señala como ejemplo que, "aún tenemos algún fleco de la Malaya pendiente de investigar". De idéntica opinión son sus compañeros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil .
El capitán que dirige el grupo principal en Madrid pone como ejemplo la operación Biblioteca, que destapó una trama en la localidad murciana de Librilla "Empezamos a investigar el caso un año y medio antes de que detuviéramos al alcalde y a los otros presuntos implicados en el pasado mes de noviembre. Todavía nos queda muchísima documentación que mirar de la que incautamos para saber en qué medida se beneficiaron los detenidos".
También coinciden policías y guardias civiles al describir el perfil de los corruptos y la "sensación de impunidad" en la que viven muchos de ellos. "Llega un momento en el que pierden la noción de que lo están haciendo es ilegal y se sorprenden cuando los detienes", apunta el inspector de Policía.
"Te dicen que lo hacían los que estaban antes que ellos y que pensaban que era bueno para su pueblo", asegura el capitán de la Guardia civil. ¿Y color político? "Hay más de PP y PSOE porque hay más alcaldes de estos partidos, simplemente", añade este.
Ambos destacan que en numerosas ocasiones el beneficio que obtienen los cargos públicos implicados no es, ni siquiera, económico. "Una noche de juerga con chicas, un puesto de trabajo para un familiar... es suficiente para que algunos se presten al cohecho y la prevaricación", señalan desde el Instituto armado. Sus colegas de la Policía recuerdan incluso un caso en Valencia, bautizado como Sobre, en el que la mordida se reducía a 5.000 euros.
Los conseguidores
"En esos casos, los que se quedan con los millones son las otras piezas de la trama", aclaran en referencia a empresarios y a los que denomina conseguidores; es decir, los encargados de poner en contacto a los políticos con los constructores dispuestos a conseguir recalificaciones y obras a golpe de maletín. "La implicación de éstos es la más difícil de probar", asegura el policía.
* Público - ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA - MADRID - 24/01/2009
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía Ayuntamiento - laverdad.es
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El Ventorrillo gana una batalla
ELPAÍS/Madrid* : Las abuelas del Ventorrillo, un grupo de vecinas que pleitea contra una inmobiliaria para que no las echen de la corrala donde viven, tienen algo que celebrar. Llevan casi dos años entre puntales y escombros, con una malla verde de obra que cubre la fachada y varias casas del edificio clausuradas. Pero un juez acaba de darles un respiro.
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo 25 de Madrid, en un auto del 20 de enero, autoriza al Ayuntamiento a inspeccionar las viviendas vacías que la propietaria del edificio, la inmobiliaria Sistemas 23, tiene cerradas a cal y canto. Urbanismo reclamó hace un año que le dejaran pasar a los pisos clausurados para acometer por ejecución sustitutoria las obras que necesita la corrala. Eso significa que el Ayuntamiento arregla y la empresa paga.
Urbanismo tomó la decisión después de reclamar a la propietaria en cuatro ocasiones, según el auto, que solucionara los desperfectos. En 2001, el Ayuntamiento avisó de deficiencias en el saneamiento de la finca por humedades y trozos podridos de muro. Tras varios requerimientos fallidos, volvieron a reclamar medidas de seguridad en 2007 sin éxito. En enero de 2008, el Ayuntamiento aprobó un decreto para que entraran los técnicos municipales a arreglar la corrala, construida en 1900. La empresa, que ayer declinó atender a este periódico, no les dejó pasar. Ahora el Ayuntamiento dispone de un mes y medio para entrar en la corrala, que de momento no amenaza ruina, según Urbanismo.
El auto "supone un éxito y un precedente por la gran cantidad de viviendas que hay en la misma situación en Madrid", según David Lucas, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento. Para las abuelas es la primera victoria en una lucha que empezaron hace dos años. En 2007, la inmobiliaria les reclamó por carta que abandonaran la corrala, en la que algunas llevan casi 80 años con contratos de renta antigua. La mayoría se negó y empezó a pleitear. Como Adela Salas, de 83 años, que paga 31 euros por un piso de 20 metros cuadrados en el que su familia vive desde 1930. "Tengo muchas esperanzas de que se acabe este quebradero de cabeza", aseguraba ayer.
Desde que se conoció su caso se han hecho famosas. Tienen su propio blog en Internet, han salido en varias televisiones y han recibido visitas de políticos como la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Otra de las abuelas, Luisa Martín (83), espera "que la pesadilla se acabe". Esa pesadilla incluye varias visitas al juzgado. Su abogado ha recurrido a la Audiencia Provincial para evitar que desahucien a la anciana. Aún no sabe si podrá quedarse en la corrala, rehabilitada o no. Pero ya ha decidido que, tras ganar esta batalla, organizará una fiesta con sus vecinas.
* ELPAIS.com - P. ÁLVAREZ / E. G. SEVILLANO - Madrid - 22/01/2009
Foto: Madrid, abuelas Ventorrillo - 20minutos.es
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Cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanísticos
Ecologistas en Acción de Andalucia* se ha dirigido a la consejera de Medio Ambiente para demandarle un cambio sustancial en los criterios que sigue esa Consejería para evaluar el impacto ambiental de los planes urbanísticos. Hay que advertir y denunciar que el caos urbanístico de la mayoría de los municipios andaluces ha sido provocado por Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs) que tienen informe favorable de Medio Ambiente.
Es evidente que el crecimiento urbanístico que ha experimentado Andalucía en estos últimos años, y los planes de expansión que incluyen la práctica totalidad de los nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOUs), es totalmente insostenible desde los puntos de vista ambiental, económico y social. El ritmo de ocupación del suelo en Andalucía ha triplicado el del crecimiento de la población, colmatando zonas litorales, áreas metropolitanas e, incluso, municipios de espacios naturales. El desmesurado peso específico del entramado financiero-constructor ha sido el responsable de esta situación, pues ha venido presionando política y financieramente (bien vía convenios legales, bien vía sobornos ilegales) a las administraciones locales para que pongan más y más suelo a su disposición para construir nuevas viviendas. Esta política irresponsable de basar el “desarrollo” en la mera construcción de viviendas ha agravado en Andalucía la crisis económica que padece nuestro país.
Ecologistas en Acción ha venido denunciando en sus alegaciones a los PGOUs y demás figuras de planeamiento urbanístico que este modelo es insostenible desde el punto de vista ambiental, ineficiente desde el punto de vista productivo, e insolidario desde el punto de vista social. El tiempo y los hechos nos están dando la razón.
La práctica totalidad de los PGOUs que se han venido aprobando desde 1994, año en que se aprobó la Ley de Protección Ambiental de Andalucía que obligaba a someter a evaluación ambiental los planes urbanísticos, incluyen desmesuradas previsiones de crecimientos claramente especulativos, y todos se han aprobado con la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva aprobada por la Consejería de Medio Ambiente (CMA). Muchos de estos PGOUs incluyen macrourbanizaciones asociadas a campos de golf, sin tener siquiera garantía de mantenimiento de los servicios necesarios ni del agua.
Esta vorágine especulativa y este modelo insostenible, reconocido en estudios e informes oficiales, e incluso en Planes de la propia Junta como el POTA, no hubiera sido posible sin el beneplácito de la CMA, que nunca evalúa en las DIAs las consecuencias ambientales a corto, medio y largo plazo de estos crecimientos urbanísticos. Tampoco se analizan ni evalúan los impactos de los planes urbanísticos sobre el paisaje, los recursos naturales o su repercusión sobre impactos globales como el cambio climático. Para la CMA estos impactos parecen no tener la menor importancia. Tampoco se incluyen en las DIAs la realización de balances ecológicos, de forma que se pueda evaluar globalmente las consecuencias del crecimiento urbanístico propuesto en los PGOUs en cuanto a aumento o disminución del consumo de recursos naturales básicos (agua, energía, suelo, materiales), así como de la correcta gestión de sus ciclos.
La CMA ignora incluso los objetivos, criterio, normas, líneas estratégicas, medidas y orientaciones de sostenibilidad ambiental que se incluyen en normas legales aprobadas por la propia Junta de Andalucía y/o el Parlamento Andaluz, como son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible-Agenda 21 de Andalucía. Ésta última, promovida por la propia CMA, nunca se menciona en las DIAs.
Una vez aprobadas las correspondientes DIAs, la CMA no suele realizar un seguimiento de su cumplimiento. Incluso cuando se denuncia los incumplimientos de las condiciones vinculantes que incluyen, la CMA suele contestar que no le compete el hacerlas cumplir, pues asegura que es una obligación de los propios Ayuntamientos. La CMA tiene la obligación legal de supervisar la aplicación de las DIAs que aprueba, su actitud negligente supone una clara dejación de funciones que fomenta todo tipo de ilegalidades urbanísticas.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción entiende que es necesario un cambio sustancial en los procesos de evaluación ambiental de los planes urbanístico, para que se incluyan criterios de sostenibilidad que frenen los modelos especulativos que provocando impactos irreversibles sobre el medio ambiente, los recursos naturales y el paisaje de Andalucía.
Por todo ello hemos solicitado a la consejera:
· Que se replantee la metodología de la evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico, incluyendo objetivos y criterios de sostenibilidad.
· Mantener una reunión para analizar las modificaciones que se deben introducir en la metodología de evaluación del impacto ambiental del planeamiento urbanístico.
* Ecologistas en Acción de Andalucía - 22.01.2009
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23.1.09
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El diputado y 'exconseller' balear del Territori declara ante el juez sobre compras inmobiliarias
ELPERIÓDICO/Palma* : El diputado autonómico y exconseller insular de Ordenació del Territori por Unió Mallorquina (UM), Bartomeu Vicens, ha prestado declaración durante dos horas ante el juez sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias conocidas durante la instrucción del caso Son Oms, de corrupción urbanística.
Vicens, que ha llegado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a las 10.00 horas, ha declarado desde las 11.30 hasta las 13.30 ante el juez Antoni Capó, y ha respondido a todas las preguntas del fiscal Anticorrupción Joan Carrau, según han indicado fuentes del caso.
El diputado ha salido del juzgado después de que el juez no haya pedido ninguna medida cautelar contra él. El exconseller ha salido del Tribunal solo y ha declinado comentar a la prensa el contenido de su declaración: "Todo lo que tenía que decir, se lo he dicho al juez", ha afirmado. Tras Vicens, siguen declarando ante el magistrado otros dos imputados, además de un testigo.
Se enfrenta a 19 años de cárcel
Los imputados citados hoy por el juez son, además de Vicens, su esposa, Antònia Martorell, y la administradora única de la sociedad Metalumba, Elisabeth Diéguez. Como testigo declara un miembro del grupo inmobiliario Gea, una de las sociedades investigadas en la causa por sus relaciones con Vicens.
Según las mismas fuentes del caso, la declaración de hoy de Vicens ha versado sobre una serie de adquisiciones inmobiliarias descubiertas durante la instrucción de este caso de corrupción relacionado con el polígono palmesano de Son Oms, por el que el diputado autonómico está en libertad tras pagar una fianza de 100.000 euros.
Vicens, aforado y exconseller insular del Territori cuando se produjeron la mayoría de los hechos, está imputado por ahora de cinco delitos, entre ellos falsedad, estafa y blanqueo, y podría enfrentarse a una pena que puede rondar los 19 años de prisión. Suspendido por su partido por su imputación en Son Oms, Vicens aún ocupa un escaño en el Parlament balear dentro del grupo mixto.
* El Periódico - EFE - 23.01.2009
Foto: Palma, polígono Son Oms - diariodemallorca.es
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Vecinos de Aluche piden que la "operación campamento" prime lo social sobre lo especulativo
ECODIARIO/Madrid* : La Asociación de Vecinos de Aluche (AVA) expresó hoy su confianza en que la "Operación Campamento" prime los equipamientos sociales sobre la edificación residencial para que la prioridad sea social y no especulativa.
Después de que la delegada de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, anunciara ayer el desbloqueo de la "Operación Campamento", esta organización señaló, en una nota de prensa, que "las propuestas de las asociaciones de vecinos solicitaban un replanteamiento de esta iniciativa para que primaran los equipamientos sociales por encima de la edificación residencial, a fin de que la prioridad fuera social y no especulativa.
"Se solicitaba una reducción de la edificabilidad a través de la eliminación de las parcelas destinadas a la construcción de vivienda libre y la consiguiente redistribución de las parcelas de vivienda protegida y dotacionales, aumentando la superficie destinada a usos sociales públicos y ampliando la zona de protección de los entornos naturales de los arroyos Meaques y Valchico", añadió.
Los vecinos de Aluche esperan que el nuevo plan parcial de la operación contemple estas peticiones y tenga en cuenta que gran parte de la misma afecta a terrenos que estaban declarados como no urbanizables con protección ecológica en el Plan General de 1985 y por tanto se encuentran afectados por la sentencia de 3 de julio de 2007 del Tribunal Supremo, lo que podría generar problemas legales en el futuro.
Finalmente, esta organización advirtió a todos los vecinos de que surgen asociaciones y cooperativas "con promesas infundadas que se aprovechan de las necesidades de vivienda de la gente con el objetivo de obtener beneficios económicos".
"Solicitamos a las administraciones, y en especial a la delegada de urbanismo, que no se limiten a denunciar estas prácticas, sino que actúen legalmente para impedirlas", concluyó.
* El Economista- Ecodiario - Servimedia - 22.01.2009
Foto: Madrid, terrenos Operación Campamento - soitu.es
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El alcalde de Andújar declarará en una investigación por delitos urbanísticos
IDEAL/Jaén* : El alcalde de Andújar, Jesús Estrella, ha sido llamado a declarar «en calidad de imputado» en una investigación por supuestos delitos urbanísticos, según han confirmado letrados que representan a otras personas encartadas en el asunto y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José María Casado, al que el propio Estrella envió un escrito argumentando que él no tenía relación con el asunto.
Su planteamiento no va a ser aceptado ya que, según el responsable del Ministerio Público en la provincia, no hay motivo para que no sea llamado a declarar en el juzgado de Instrucción número 2 de Andújar, que lleva la investigación.
El alcalde deberá aportar a la Justicia todos los datos que posea sobre una serie de construcciones a pocos kilómetros de la ciudad, a la izquierda según se sube por la carretera del Santuario. Por estas obras en suelo supuestamente no urbanizable ya hay -al menos, porque junto con el alcalde puede haber alguna otra persona llamada a declarar- diez imputados más, entre propietarios, aparejadores, además de técnicos municipales y un concejal en quien Jesús Estrella tenía delegadas competencias en materia de disciplina urbanística cuando se hicieron las obras en cuestión. En este momento del proceso se han apreciado indicios de delitos, pero no hay ninguna acusación formal contra nadie.
La investigación se arrastra desde el mes de julio pasado. En esa época ya los especialistas de la Unidad de Delitos Urbanísticos del Instituto Armado detectaron la implicación de una decena de personas que podrían haber cometido delitos contra la ordenación del territorio. Unos por construir en zona no autorizada y otros por asuntos relacionados con la tramitación y concesión de licencias y permisos municipales, según confirmaron a principios de diciembre pasado fuentes de la Guardia Civil y de la sección de la Fiscalía especializada en delitos contra el Medio Ambiente.
Sin embargo la investigación, que no estaba concluida, dejó de avanzar por temas administrativos. Aún faltaba por analizar documentación relativa al caso. Aún así, los investigadores consideraron que había materia suficiente como para poner las pruebas recabadas en manos de los tribunales de Justicia y que fueran ellos los que, caso de considerarlo necesario, pidiesen nuevas diligencias.
* Ideal - J.E.P. - 23.01.2009
Foto: URBANISMO. Vista del casco urbano de Andújar en una imagen de archivo. IDEAL
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Un centenar de personas impide el desalojo del Patio Maravillas
MADRIDIARIO* : La concentración de más de un centenar de personas en la mañana de este jueves frente al centro autogestionado del Patio Maravillas, en el barrio de Malasaña, provocó que la Comisión Judicial encargada de ejecutar la orden judicial de desalojar el inmueble, que estaba prevista para las 9.00 horas, se viera obligada a posponerlo "por falta de medios y seguridad para llevarlo a cabo".
Según señalaron desde los Juzgados, "ante las dificultades de proceder al desalojo del edificio", se decidió posponerlo "sine die". Asimismo, aclararon que la nueva fecha que determine el juzgado "tendrá que ser comunicada con antelación a los 'okupas' del inmueble".
Antes de saber que el desalojo no se iba a producir, durante la concentración, el portavoz del Patio, Toni, indicó que había 70 personas encerradas en el edificio para evitar la entrada de la policía y leyó un comunicado en el que denunciaron el estado de abandono en el que se encontraba el edificio desde 8 años antes de la llegada de los 'okupas', hace un año y medio. En el mismo sentido, explicó que desde su entrada vienen desarrollando centenares de actividades puntuales, así como decenas de actividades que se llevan cabo con regularidad.
En la misma dirección se pronunció la representante del Foro Social Mundial en Madrid, Janan, quien señaló que "lo que la Policía quiere desalojar es más que un centro social 'okupado', van a desalojar un taller de bicis, una asesoría laboral, un espacio para niños, una sala de ensayo, talleres de idiomas, arte, cuentos y vídeo, un comedor y una cafetería". "Quieren desalojar un espacio en que se han realizado miles de actividades, cientos de charlas, de conciertos y de debates", añadió.
En la concentración participaron miembros de diversas asociaciones de la capital como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad, el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), ACIBU, SODEPAR; Médicos del Mundo, Ecologistas en Acción y el Foro Social Mundial, así como por el grupo político de Izquierda Unida.
Ante el Ayuntamiento
Además, el portavoz de los 'okupas' recalcó que el inmueble, aún siendo privado, está calificado como "de dotación social", lo que significa, según dijo, que tiene que estar destinado a dar servicio a la comunidad y, "como sus propietarios no lo están cumpliendo", desde su colectivo solicitaron la expropiación del inmueble para destinarlo a fines sociales como el que ellos realizan. "El Consistorio tiene la potestad para expropiar este espacio y devolvérselo a la ciudadanía, pero nos costa que esta solicitud ni siquiera ha sido tramitada", agregó.
En este sentido, explicó que desde su colectivo pidieron la palabra a través de asociaciones de vecinos "amigas" para asistir el próximo lunes a la Junta Municipal, en la que aseguró que contarán con el apoyo del PSOE y de IU. Además, anunció que convocarán una manifestación para el próximo sábado en la Plaza Mayor, de cara a apoyar su causa.
El concejal de IU del Ayuntamiento de Madrid, Daniel Álvarez, explicó que desde su grupo querían evitar el posible desalojo porque "los derechos de propiedad no pueden estar por encima de los derechos sociales de los vecinos". "Ante la falta de equipamiento público que hay en el Barrio de Malasaña, la sociedad tiene la obligación de autorganizarse para ocupar los espacios públicos o privados", añadió. Asimismo, el representante de IU en la concentración comentó que su grupo está estudiando llevar el caso del Patio Maravillas al Pleno Municipal.
Ante el comunicado enviado este miércoles por la empresa propietaria del edificio, Grupo 2 Reunidos S.L., en el que se aseguraba que el edificio nunca llegó a estar abandonado sino que era utilizado por las 'Obras Misionales Pontificias', el presidente de la Asociación de Vecinos de Malasaña, Antonio, subrayó que el responsable de la empresa, Leopoldo Arnáiz, "tuvo aquí a cuatro seglares haciendo propaganda para justificar que el edificio no estaba cerrado". "Aseguro, como vecino del barrio, que esto estaba cerrado hace más de 10 años", apostilló.
* Madridiario - 22-01-2009 - MDO/EP
Foto: Diego Sánchez, MDO
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Tema: NOTICIAS Madrid
«Veïns de Parcent» reclama medidas cautelares a la UE para frenar los PAI
INFORMACIÓN/Alicante* : El colectivo "Veïns de Parcent" valoró ayer el debate sobre el informe del urbanismo valenciano coordinado por la eurodiputada Magrete Auken que se celebró en Bruselas el martes. "Nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado por la señora Auken, cuyo proyecto de informe fue calificado varias veces como "el mejor en muchos años"", apunta en un comunicado el colectivo vecinal.
En el debate participó el alcalde de Parcent, Máximo Revilla, que en su discurso expuso la más que demostrada inviabilidad de los planes urbanísticos previstos en este pequeño municipio de la Marina Alta y que supondrían 1.800 viviendas.
En este sentido, "Veïns de Parcent" aseguró estar "harto de que esté demostrada la inviabilidad de los PAI y, sin embargo, la conselleria nos deje en un pasillo de espera de manera indefinida". Por eso, "queremos que se actúe ya, porque aún sería peor si la aprobación definitiva llegase, pues entonces nos darían la razón pero puede que demasiado tarde, cuando la razón no nos sirviese de nada porque todo estaría destruido".
Ante esta incertidumbre, el colectivo vecinal insta a la Unión Europea "a aplicar medidas preventivas" y "que la conselleria rechace los proyectos urbanísticos".
Cabe recordar que existen dos informes desfavorables elaborados por la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo así como otro de la Confederación Hidrográfica del Júcar que alerta de la falta de recursos hídricos para desarrollar y abastecer posteriormente a 1.500 casas (el plan más grande previsto por la mercantil Terras de l'Horta). Pese a ello, hasta el momento, la conselleria no ha rechazado los programas aprobados de manera provisional bajo el último mandato del PP en el Ayuntamiento de Parcent.
"Veïns de Parcent" analiza que los eurodiputados "volvieron a manifestar su apoyo a nuestra causa, entre los cuales por ejemplo el señor Parish volvió a citar explícitamente nuestro caso y se quejó de que "esa amenaza sigue estando ahí" y Sir Rober Atkins habló de "escándalo"".
* Información - M. J. M. - 22.01.2009
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El juez manda al banquillo a once personas por prevaricación y delito urbanístico en el Nevada
IDEAL/Granada* : El juez Miguel Ángel del Arco manda a juicio el 'caso Nevada'. En un auto fechado el 20 de enero el magistrado da por cerrada su investigación y mantiene las imputaciones que durante estos dos años ha hecho la Fiscalía. Del Arco considera que existen motivos suficientes para sentar en el banquillo a once personas. Entre ellos están los que han acaparado el protagonismo durante todo este procedimiento, el promotor Tomás Olivo, el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate.
A estos se suman cuatro ex ediles armilleros; el arquitecto encargado de la redacción del PGOU del municipio; el que hizo uno de los planes del centro comercial; un abogado y una letrada de Diputación.
Entre otras muchas irregularidades -de sobra contadas-, el juez menciona la posible caducidad del informe ambiental, la «inobservancia» de la legislación urbanística, la «indiciaria ocupación» de zonas verdes y construcción en suelo no urbanizable, la «impactante» utilización de la rasante sin respetar las normas, la «perturbación urbanística» y el «indiciario exceso de edificabilidad».
El auto mantiene la imputación de un supuesto delito contra la ordenación del territorio y sendos de prevaricación contra el promotor Tomás Olivo y los seis responsables políticos que intervinieron en la tramitación de los expedientes. Además -a instancia de la Fiscalía- acusa a Gabriel Cañavate y a José Antonio Morales Cara de posible infidelidad en la custodia de documentos públicos y presunta prevaricación urbanística. A Olivo también le imputa el fiscal un supuesto delito contra el orden público por desobediencia grave a la autoridad judicial.
Hay cuatro acusados nuevos por prevaricación, todos ellos por emitir informes favorables con los que presuntamente se intentó legalizar el Parque Nevada.
Aquí interviene un despacho de abogados externo al que acudieron los acusados para que le redactara supuestamente un contrainforme con el que rebatir las trabas que había puesto la Consejería de Obras Públicas en 2005. Con una finalidad similar, el Ayuntamiento presentó otro informe elaborado por la letrada del servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, donde en aquel momento el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, ejercía de vicepresidente. Sobre los dos informes el juez dice que son «ambiguos».
También por presunta prevaricación figura en el auto al arquitecto que hizo el proyecto básico de uno de los planes del Nevada (PP-B), que elabora otro informe favorable para contradecir a la Junta. Para el magistrado, esta maniobra es de «difícil sostenibilidad», ya que el arquitecto emite un «informe favorable a su propio proyecto» y se utiliza como argumento para conceder la licencia de obras a pesar de todas las advertencias que habían hecho otros funcionarios y la propia Consejería de Obras Públicas.
Diez días
Por supuesta prevaricación figura en el auto uno de los responsables de la redacción del PGOU de Armilla, que emitió un informe el 9 de noviembre de 2006 favorable al centro comercial, días después de que la jueza paralizara las obras por el contencioso que interpuso la Junta de Andalucía.
El juez Del Arco ha dado traslado a las partes para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral.
* Ideal - Q. CHIRINO Y C. MORÁN - 22.01.2009
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
CCOO denuncia la "especulación urbanística" en el traslado de RTVE
EUROPAPRESS/Madrid* : CCOO ha mostrado su rechazo al traslado de RTVE a una nueva sede y dice no entender que se "aborde una operación de especulación urbanística". También a juicio del sindicato es innecesario un edificio emblemático, cuando lo que hace falta es "el prestigio" de una "programación de calidad".
Asimismo, apunta que "las empresas privadas de la competencia se nos echarían encima (con razón) si nosotros aparecemos en el mercado de derechos con una potente liquidez derivada del enajenamiento de nuestro patrimonio.
En un comunicado, el sindicato señala que si la razón para el traslado es la concentración en un solo edificio de la producción y emisión tanto de televisión como de radio, tal y como ha argumentado la cadena, podría hacerse "en Prado del Rey, con el beneficio reciente del tren ligero en la puerta".
Además, CCOO indica que los edificios actuales de Prado del Rey y Torrespaña son "modernos y albergan infraestructuras y equipamientos costosos que no pueden destruirse, sin vergüenza ante el despilfarro de los bienes materiales". "No se recalificaría un terreno, sino que se derruirían estudios, controles y salas técnicas con un gran valor", se queja el sindicato.
Comisiones Obreras recuerda que la justificación que se dio en su momento para la creación de Torrespaña fue la necesidad de disponer de un centro de operaciones más céntrico en Madrid que permitiera el despliegue de la actividad informativa, y no cree que esa razón haya desaparecido.
Por último, carga contra el presidente de la Corporación, Luis Fernández, al que califica de "iluminado que pasa de su Consejo de Administración" y al que acusa de estar "entregando nuestra calidad de servicio público a la producción externa y a la búsqueda desaforada de audiencia".
* Telecinco.es- Europa Press - 21.01.2009
Foto: Instalaciones de RTVE en Prado del Rey (Madrid) - telecinco.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
La Unión Europea plantea retirar fondos por abusos urbanísticos
ELCORREODEANDALUCÍA* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo plantea la retirada de fondos comunitarios a los países y regiones que cometan abusos urbanísticos y reclama una moratoria para los planes que no respeten rigurosos criterios de sostenibilidad. Así consta en un informe presentado ayer en este órgano.
PSOE y PP exigen modificaciones antes de su votación el próximo 11 de febrero.
El informe, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de Los Verdes, plantea también frenar los programas que no tengan asegurada el agua y denuncia explícitamente que, en torno al urbanismo, “se ha generado una forma endémica de corrupción”, que la eurodiputada vincula especialmente a España. Auken menciona proyectos urbanísticos investigados en regiones como Andalucía y Valencia. Este documento será debatido de nuevo en la Comisión de Peticiones el 10 de febrero y se someterá a votación un día después con la previsión de que llegue a Estrasburgo en marzo.
El texto contó con el rechazo de los eurodiputados españoles de PSOE y PP, mientras que fue apoyado por David Hammerstein, de Los Verdes, quien denunció que “los tribunales no funcionan” en España y que las autoridades autonómicas “han hecho caso omiso” a los informes desfavorables. Por eso, afirmó, han llegado “más de 200 peticiones fundadas” a la Eurocámara en las que los ciudadanos afirman que sus derechos han sido vulnerados.
La eurodiputada socialista María Sornosa anunció, recoge Europa Press, su intención de enmendar los párrafos en los que se amenaza con congelar los fondos comunitarios, consideró que no es “adecuada” la moratoria que reclama sobre los proyectos no sostenibles y abogó por “promover un acuerdo entre los actores sociales”.
El popular Gerardo Galeote anunció una batería de enmiendas de su partido para “corregir la sinrazón” de un informe que tachan de sesgado. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 supuestos abusos de la construcción en la “costa mediterránea” española y alertaron de la indefensión que sufren los habitantes de esta zona.
* El Correo de Andalucía - Manuel Ruiz Rico - 21.01.2009
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - andaluciajunta.es
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21.1.09
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El Patio Maravillas ya tiene fecha de desalojo
REBELIÓN/Madrid* : El Espacio Polivalente Autogestionado El Patio Maravillas ha recibido la orden de desalojar el inmueble situado en la calle del Acuerdo número 8, en el céntrico barrio madrileño de Universidad. El centro social okupado, que lleva en activo desde el 1 de julio de 2007, estaba inmerso en un proceso legal que se ha visto acelerado por esta decisión judicial. El colectivo de personas que participa del Patio Maravillas hace un llamamiento a la ciudadanía a acudir el jueves 22 de enero a las 8:30 de la mañana para mostrar su rechazo a esta orden de desalojo.
En el mes de mayo de 2008 las y los integrantes del Patio se llevaron el primer susto judicial, al enterarse de que había sido solicitado por el ministerio fiscal y la la propietaria del edificio (la empresa Grupo 2 Reunidos, cuyo administrador es Leopoldo Arnaiz Eguren)un desalojo cautelar del inmueble donde desarrollan sus actividades sociales y culturales. Para evitarlo, presentaron más de 150 autoinculpaciones de personas que se reconocían como participantes en el proyecto, así como un dossier de más de 500 páginas donde se resumía la intensa actividad sostenida durante los primeros meses de existencia del centro social. El juzgado nº 48 de los Juzgados de Plaza de Castilla, a cargo del caso, aceptó 57 de aquellas autoinculpaciones y manifestó en Auto judicial su intención de no proceder al desalojo del inmueble hasta haber tomado las declaraciones previas a las 57 personas autoinculpadas. En julio declararon 5 de estas personas, y ninguna más ha sido convocada para hacerlo. Por el contrario, lo que el juzgado ha resuelto, en Auto del 18 de diciembre, es ordenar el desalojo del inmueble. Ejerciendo sus derechos, la asamblea del Patio presentó un recurso a dicha orden exigiendo que el juez mantuviera el compromiso adquirido meses antes. Por respuesta, todo lo que se recibió fue, el jueves 15 de enero, la confirmación del desalojo forzoso para el jueves 22 de enero a las 9:30 de la mañana. Las averiguaciones realizadas en los Juzgados evidencian que desde el día de la presentación del recurso nadie lo ha tramitado (una falta muy grave por dejar a los afectados en una situación de indefensión legal). Para que no quede duda de la grave negligencia hay que hacer constar que "tramitar el recurso" consiste en pasarlo del Registro en la planta 1 de los juzgados al despacho del juez, en la 6. El pasado viernes 16 de enero los representantes del Patio se personaron en los juzgados a las 12 de la mañana para enmendar la situación y detener el desalojo al menos hasta que se hubiera resuelto el recurso. El juez y su secretario ni siquiera estaban en el edificio.
De manera paralela, numerosas e importantes organizaciones que apoyan el proyecto social del Patio Maravillas, han presentado en el mes de diciembre de 2008 una solicitud de expropiación del edificio de la calle Acuerdo 8, ante el Ayuntamiento de Madrid, basando sus argumentos sobre la calificación del inmueble en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que es de "uso dotacional privado", es decir, que debe ser destinado a complementar los servicios a la comunidad que se ofrecen desde el sector público. Al no estar cumpliéndose dicha función desde hace cerca de 10 años, y al hacerse patentes las graves carencias sociales de un barrio como el de Universidad, los solicitantes exigen la expropiación forzosa del inmueble para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Los firmantes de esta solicitud son la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, Médicos del Mundo, y las asociaciones vecinales del barrio: Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU) y Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de Malasaña y Universidad.
Parece simbólico que el desalojo del Patio se programe para el día 22 de enero, el mismo día que tiene previsto inaugurarse el Foro Social Mundial, que celebra su 9ª edición en Belem (Brasil) y de manera descentralizada en otras muchas ciudades del mundo. En Madrid uno de los espacios donde tiene previsto desarrollarse es El Patio Maravillas (donde ya lo hizo el pasado enero de 2008). Es una muestra del daño que el desalojo de un espacio como el Patio puede hacer a las redes y movimientos que luchan en Madrid por otra ciudad y otro mundo posible.
Desde el Patio Maravillas convocamos a los medios de comunicación a una rueda de prensa el jueves 22 de enero de 2009 a las 9 de la mañana en la puerta del inmueble de la calle Acuerdo número 8, y a presenciar y transmitir a la ciudadanía el desalojo del Patio Maravillas por la Fuerza Pública.
Asimismo, convocamos a la ciudadanía madrileña a una manifestación en defensa del Patio Maravillas y de los espacios autogestionados el sábado 31 de enero a las 18 h. desde Plaza de España.
¡Con Madrid no se especula! ¡El Patio vive!
Más información prensa@patiomaravillas.net o en la web www.patiomaravillas.net
* Rebelión - 20.01.2009
Foto: Taller informático en el Patio Maravillas. - REYES SEDANO, publico.es
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21.1.09
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Tema: NOTICIAS Madrid
Corrupción con tarifa plana
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : En Alhaurín el Grande la corrupción tenía tarifa plana. Lo revela el escrito de la Fiscalía de Málaga pidiendo la apertura del juicio oral. La oferta para particulares era de 80 euros por cada metro cuadrado recalificado de más, mientras que para empresarios y autónomos había un precio especial, 6.000 euros por cada piso que se levantaba por encima de lo permitido. De momento, se desconoce si se premiaba o no la portabilidad, o sea si había un trato especial para aquellas empresas que habían dejado de corromper en los ayuntamientos del litoral y se pasaban al interior de la provincia.
Ni ofrecían módem ni router wi-fi, pero el ayuntamiento garantizaba una completa cobertura. Lo hacía tanto a través del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, como de un asesor jurídico municipal, lo que evitaba las interferencias que producían los informes negativos del arquitecto del consistorio.
Frente a los grandes operadores malagueños, los ayuntamientos de Marbella en el caso Malaya o Estepona en el caso Astapa, en Alhaurín el Grande el caso Troya tenía tarifas low cost, y con ellas parece ser que el alcalde Juan Martín Serón logró hacerse un hueco en el mercado de las corruptelas de bajo coste. La oferta estaba sujeta a disponibilidad geográfica, en concreto al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad que se estiraba hacia arriba o hacia los lados según las necesidades. Según sostiene la Fiscalía, con este paquete promocional una veintena de promotores se dieron de alta en el servicio, la compañía de Serón logró unos ingresos de 642.445 euros y se levantaron 128 viviendas piratas, ya que no estaban contempladas en el PGOU.
El problema surgió cuando uno de los promotores se quiso dar de baja en el servicio. Entonces sucedió lo que le ocurre a cualquier ciudadano que pretende cancelar su contrato con su compañía de ADSL o con su operador de telefonía: que le resultó imposible. Por eso, tras muchos intentos infructuosos, el asunto terminó en los juzgados. El promotor era José Burgos Leyva, al que le llegó una factura de 122.000 euros por una licencia de obras para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el Ayuntamiento a pesar de que infringía la normativa urbanística municipal. Burgos Leyva se mosqueó por el hecho de que el Ayuntamiento no aceptara la domiciliación bancaria del recibo y le exigiera el cobro en billetes. La conversación, al igual que ocurren con las llamadas al servicio de atención al cliente de las compañías de telefonía, fue grabada y con ella se inició la instrucción judicial y la investigación de la policía.
Serón fue detenido en enero de 2007 y lleva dos años con el mismo mensaje tipo que las compañías de telefonía utilizan en sus respuestas a las reclamaciones de los clientes. El alcalde de Alhaurín el Grande dice que "todo es un montaje del PSOE, en connivencia con la Fiscalía de Málaga y que no vienen a por él, sino que vienen a por el PP". Lo dijo el día que salió en libertad bajo fianza de 100.000 euros, el día que detuvieron a una veintena de empresarios imputados en el caso, el día que se presentó a las elecciones, el día que las volvió a ganar con más mayoría absoluta de la que tenía y lo ha vuelto a decir el día que trascendió este escrito de la Fiscalía.
También su partido, el PP, está actuando desde ese día como si fuera el servicio de atención al cliente de Martín Serón. Los dirigentes populares repiten este mensaje: "Serón puede seguir en su cargo ya que el partido confía plenamente en su inocencia, para cualquier aclaración o sugerencia puede contactar con nosotros en la ejecutiva provincial de Málaga. Si quiere volver a escuchar el mensaje pulse asterisco y se pone un dirigente de la ejecutiva regional que también está dispuesto a defender a Martín Serón. Gracias por confiar en nuestra compañía". Piiiiiiiiiiii...
* ELPAIS.com - Andalucía - Opinión - 20.01.2009
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21.1.09
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3.500 firmas contra el hotel junto al Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : Los dirigentes de la Asociación de Vecinos del Casc Antic y Barcelona Vella han reunido 3.500 firmas de ciudadanos contrarios a la construcción del hotel junto al Palau de la Música, promovido por el Orfeó Català. Los vecinos piden en su escrito que se paralice el proyecto, pero el Ayuntamiento de Barcelona tiene otro plan.
Urbanismo dará luz verde a un hotel adecuado al entorno y que se ajuste a los dictámenes de Patrimonio de la Generalitat y al proceso participativo del distrito.
Los vecinos, que advierten de que continuarán las movilizaciones hasta que el proyecto sea desechado, han reunido las firmas desde marzo de 2008, cuando empezaron la campaña contra el hotel proyectado por el arquitecto Óscar Tusquets, que preveía derribar dos fincas modernistas de la calle de Sant Pere més Alt para levantar un hotel de 76 plazas y un aparcamiento para 100 coches. El plan sufrió, sin embargo, un serio revés por parte de Patrimonio de la Generalitat, que obligó a conservar las fachadas modernistas y a rehacer el boceto original. Tusquets acogió la decisión con desencanto y lamentó la ocasión perdida.
El distrito de Ciutat Vella invitó en otoño a los vecinos a implicarse en un debate sobre el proyecto que no discutía el hotel. La Asociación del Casc Antic y Barcelona Vella se desmarcaron, por tanto, del proceso participativo que finalizó en diciembre. El debate concluyó solicitando que el proyecto fuera más sostenible y respetuoso con el entorno artístico; que justificara "el uso social" de los edificios y buscara soluciones para evitar el aumento del tráfico y alternativas al aparcamiento. Esta petición fue elevada por la edil Itziar González a Urbanismo, que aceptará un hotel sujeto a esos condicionantes.
* ELPAIS.com - À. P. - Barcelona - 20/01/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Maracena: El Supremo ´entierra´ el antiguo proyecto residencial en Jimesa
LAOPINIÓN/Granada* : El Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a la Junta de Andalucía en su conflicto con el Ayuntamiento de Maracena, entonces gobernado por el PP, en torno a la polémica operación de cambio de uso, de suelo industrial a residencial, en los terrenos de Jimesa, casi 60.000 metros cuadrados donde está previsto proyectar una gran urbanización de viviendas.
Al igual que hiciera la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Supremo, en una sentencia con fecha de 18 de diciembre, se inclina por impedir, por la vía de la suspensión cautelar, el desarrollo urbanístico en los términos previstos por el anterior gobierno municipal, que optó por clasificar el suelo como urbano consolidado, lo que incrementaba la edificabilidad y posibilitaba construir un mayor número de viviendas.
Lo cierto es que, a efectos prácticos, la decisión del Supremo no altera el presente convenio urbanístico, que fue corregido por el actual gobierno local, la coalición PSOE e IU, adaptándolo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicha coalición, a su llegada al poder, logró desatascar y legalizar un macroproyecto urbanístico que ha pasado de 638 viviendas a 450, de las que 135 serán de protección oficial, según el compromiso establecido en el nuevo convenio donde se clasifica el suelo como urbano no consolidado.
El origen del conflicto se remonta al acuerdo del pleno municipal, celebrado el 25 de septiembre de 2005, que aprobó el cambio de uso de suelo industrial a residencial por un procedimiento administrativo incorrecto, según denunció la Junta de Andalucía que procedió a impugnarlo en los tribunales. Un auto del TSJA, con fecha del 30 de marzo de 2007, daba la razón a la Junta pues consideraba que la modificación aprobada suponía una reforma estructural del planeamiento general y alteraba el uso del suelo previsto.
El tribunal optó en dicha ocasión por suspender cautelarmente el desarrollo urbanístico ante la posibilidad de que se llevasen a cabo actuaciones urbanísticas con una mayor edificabilidad y luego se consideraran ilegales. Hace unos días, el Supremo, ajeno a la decisión de la nueva corporación local de corregir el convenio, se pronunció en la misma línea y confirmaba la sentencia del TSJA, al tiempo que ordenaba el pago de las costas procesales a la parte recurrente, en esta caso, al Ayuntamiento de Maracena.
Con ello se cierra el capítulo referido al primero de los convenios aunque queda pendiente de desarrollo el nuevo proyecto urbanístico que el actual gobierno quería hacerlo realidad en el actual mandato. Los problemas laborales surgidos en la empresa propietaria de dichos terrenos y la crisis económica, que se ha cebado especialmente en el sector de la construcción, han dejado en el aire el proyecto de zona residencial. Tanto es así que ayer el alcalde maracenero condicionaba el desarrollo del convenio al mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa de pavimento.
* La Opinión de Granada - A.C. - 20.01.2009
Foto: Maracena (Granada) - Jessica Mur (Ideal)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Albacete: Se multiplican por cuatro las demoliciones por incumplir la normativa
LAVERDAD* : Las actuaciones de restitución de la legalidad vigente mediante demoliciones se multiplicaron por cuatro el pasado ejercicio. Al menos así consta en el memoria del servicio de Disciplina Urbanística que recoge que durante el 2008 se produjeron 25 demoliciones para restituir la legalidad, cuando un año antes apenas fueron 6, y en los tres años anteriores no pasaron de dos derrumbes.
Esta actuación forma parte de unas de las 520 denuncias realizadas por la inspección durante el pasado ejercicio, de las que 105 terminaron con la suspensión de las obras, ya que en ocasiones la sanción no es suficiente. En otros 93 casos los inspectores tuvieron que dictar resoluciones de corte de luz y en otras tantas de corte de agua con el objeto de que la obra no pueda seguir adelante hasta que cumpla con la legalidad vigente. En otros 28 casos, incluso las obras tuvieron que ser precintadas para impedir el acceso a ellas.
Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, el Ayuntamiento ofrece una serie de incentivos al personal del Disciplina Urbanística (como ocurre con otros servicios municipales) en función de los frutos de su trabajo. Aunque la cuantía de este año no está todavía determinada, los inspectores del servicio cobrarán por los 530 expedientes tramitados y las 607 actuaciones. Por cada acta, los inspectores reciben diez puntos, cifra que se eleva hasta los 25 en el caso de las suspensiones de obra y 50 por cortes de luz y de agua. Si la obra se precinta el inspector recibe 300 puntos y otros 400 si hay que demoler el edificio construido irregularmente. Por su eficacia en el trabajo, los inspectores recibieron durante el pasado ejercicio 32.625 puntos a los que habrá que sumar un punto por cada 60 euros de sanción impuesta a los infractores de la norma urbanística.
* La Verdad - E.J. - 20.01.2009
Foto: Albacete, ayuntamiento - picasaweb
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Tema: NOTICIAS CastillaMancha
La Fiscalía también llevará al juez las ilegalidades urbanísticas que no sean delito
ABC* : La persecución por parte de la Fiscalía de las infracciones urbanísticas y otros atentados contra el medio ambiente no se agotará, como venía ocurriendo hasta ahora, en la vía penal. La Sección de Medio Ambiente del Ministerio Público en Valencia llevará a los juzgados de lo Contencioso Administrativo aquellas ilegalidades -licencias, planes urbanísticos- que, siendo contrarias a la normativa, no son perseguibles por la vía penal porque no alcanzan la categoría de delito.
Se trata de una estrategia legal novedosa, en la medida en que en los procedimientos contencioso-administrativos -aquellos en los que se dirimen conflictos entre dos administraciones o entre la administración y los particulares- el fiscal sólo es parte cuando hay derechos fundamentales en juego. Y esto ocurre las menos de las veces.
La nueva vía de persecución de las infracciones urbanísticas y medioambientales ha sido estrenada ya por las Fiscalías de Cantabria -en defensa del Parque Natural de Oyambre, donde el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera otorgó licencia para construir más de un centenar de viviendas contraviniendo la ley de usos de este espacio protegido-, y también por la Fiscalía de León -contra el Ayuntamiento de Carucedo en defensa de Las Médulas, yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad-.
Los civilistas discrepan
La estrategia se basa en la atribución al Ministerio Público de un margen de maniobra mayor para intervenir en el orden Contencioso Administrativo, jurisdicción en la que hasta ahora tenía muy restringida su participación.
Esta nueva forma de actuar, que Valencia pondrá en práctica por recomendación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, supondrá una vuelta de tuerca más a aquellos alcaldes y administraciones más díscolos con la normativa y menos respetuosos con el medio ambiente y el urbanismo.
Vercher ha dado instrucciones a todas las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías españolas para que sigan la estela de Cantabria y León «si así se considera procedente» en «defensa del bien público» y considerando el «medio ambiente» en sentido amplio.
La propuesta, con todo, genera una importante controversia, especialmente entre los expertos en Derecho Civil, en la medida en que en el orden Contencioso los plazos para recurrir las resoluciones son muy reducidos y esto dificulta la intervención de la Fiscalía ya que las administraciones no están obligadas a comunicarle sus resoluciones. En Valencia, según Joaquín Baños, coordinador de Medio Ambiente, no se recurrirá a esta estrategia de manera indiscriminada; solo se aplicará en casos concretos y con una importante incidencia medioambiental.
Aunque no exista dolo
La intervención del fiscal en lo Contencioso Administrativo para estos casos encuentra amparo en la Ley de Responsabilidad Ambiental aprobada en octubre de 2007. En su disposición adicional octava abre un resquicio a la participación del fiscal en procedimientos en los que hasta ahora no intervenía. Dice este precepto que «el Ministerio Fiscal estará legitimado» para intervenir en «cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la aplicación» de la citada Ley. Añade que las Administraciones han de comunicar al fiscal aquellas infracciones perseguibles por esta norma y, además, poner a su personal al servicio del Ministerio Público para que le preste «auxilio técnico, material o de cualquier otra naturaleza para el ejercicio de sus funciones en los procesos contencioso-administrativos».
La ley, según recoge el artículo 3, «se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran» cuando hayan sido causados por determinadas actividades económicas o profesionales, «aunque no exista dolo, culpa o negligencia».
* ABC - Valencia - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 19.01.2009
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Los ecologistas denuncian que el nuevo PORN «legaliza mil viviendas ilegales»
IDEAL/Almería* : El nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales-PORN del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que ha elaborado la Junta de Andalucía desprotege un tres por ciento de la superficie del parque, según se recoge en la demanda del recurso que han presentado contra el Gobierno regional en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía colectivos como Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas y el Grupo Ecologista 'Cóndor'.
De esta forma, piden la suspensión cautelar de los cerca de cien puntos que han sufrido algún tipo de desprotección.
Los ecologistas denuncian que dicho plan «recalifica ilegalmente cerca de mil hectáreas del parque y legaliza cerca de un millar de viviendas ilegales y grandes extensiones de invernaderos».
Los denunciantes, que han adjuntado a la demanda un detallado informe pericial de más de 150 páginas con más de cien mapas elaborados por un gabinete de topografía, advierten hasta un centenar de irregularidades en dicho plan.
Aseguran que en el mismo se contempla la recalificación de suelo para mil viviendas más y la conversión de suelo urbano de más de 200 hectáreas de suelo.
Dicen que lo que se busca con ello «es legalizar cientos de viviendas ilegales del parque y abrir la vía a nuevas edificaciones, adaptando así ilegalmente el PORN a las Normas Subsidiarias o planes generales de ayuntamientos como Níjar, Carboneras o Almería».
Denuncian que en el caso de Agua Amarga, si este plan no se corrige, se da vía libre a que el actual núcleo de población «se multiplique por tres», al igual que en Las Negras.
En Rodalquilar dicen que «se legalizan viviendas junto a la carretera» y en La Isleta del Moro «legaliza todas las actuaciones de los últimos años que han multiplicado por tres el núcleo».
Respecto a San José, afirman que «legaliza cientos de viviendas y en conjunto casi duplica el casco urbano legal del anterior PORN». En el caso de Cabo de Gata, «duplica el suelo urbano del pueblo». También denuncian la legalización de «enormes superficies de invernaderos» en El Argamasón, Oeste de la Joya, Los Martínez y Pujaire, y se recortan varias reservas, como la marina de Genoveses o la terrestre de El Saltador y Gafares y la reserva de Punta de la Loma.
Recorte del parque
Los ecologistas sostienen que el nuevo PORN «recorta el perímetro del parque en tres puntos, uno de los cuales contiene invernaderos en suelo protegido del anterior PORN y, a su vez, se crean dos nuevas categorías de playas urbanas», elevando a nueve su cifra, y 31 zonas de esparcimiento litoral. Los denunciantes consideran de «extrema gravedad» la aparición de 22 lugares calificados como 'C3', una nueva figura de zonificación que «por su ambigüedad deja abierta la puerta a actuaciones de casi cualquier tipo, camufladas tras la denominación de núcleos urbanos preexistentes», entre la que se encuentra la zona del hotel del Algarrobico.
Cambio de planos
Los ecologistas acusan a la Junta de modificar presuntamente los planos originales por vía de hecho, «sin aprobación pública alguna, de forma contraria a la legalidad, y en esa modificación irregular de planos se adaptaba el PORN de 1994 a las Normas Subsidiarias de inminente aprobación de los respectivos ayuntamientos».
Acusan al Gobierno regional de «haber distribuido y haber dado por buenos estos planos presuntamente ilegales, supuestamente cambiados en 1996, y ha basado el actual PORN en los mismos».
Por este motivo, el nuevo plan se encuentra suspendido de forma cautelar y de forma parcial, la parte del Algarrobico, a raíz de un auto emitido a este respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Recuerdan en este sentido que el recurso que dio lugar a esa suspensión fue interpuesto por Greenpeace y aludía solo al Algarrobico.
Entienden que los responsables de Medio Ambiente de la Junta han podido incurrir en presuntos delitos de prevaricación «que implican también» a ayuntamientos, «pero especialmente a la Junta».
* Ideal - 17.01.09 -ROGER DÍAZ
Foto: PARQUE. Los ecologistas denuncian numerosas irregularidades. /IDEAL
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Eurodiputados debatirán mañana su informe crítico con el urbanismo español
TERRA* : La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) debatirá mañana por última vez el crítico informe sobre el urbanismo español que prepara desde hace meses y que votará en marzo el pleno de la Eurocámara.
Junto a la ponente del texto, la parlamentaria danesa Margrete Auken (Los Verdes), y el resto de eurodiputados, participarán en la reunión de mañana representantes del Gobierno valenciano, la defensora del Pueblo de esa comunidad, Emilia Caballero, y responsables de la Comisión Europea (CE).
El informe, centrado en el impacto de la urbanización extensiva en los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente, será votado por la Comisión de Peticiones en febrero, para pasar en marzo al pleno.
El texto provisional, propuesto por Auken y que aún puede ser objeto de enmiendas, critica con dureza la gestión urbanística en España, en especial en las islas y la costa mediterránea, y la actuación de numerosas autoridades locales y regionales.
La ponente pide por ello al Gobierno y a las comunidades autónomas afectadas por las protestas ciudadanas que lleven a cabo una 'profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones' contenidos en diversos tratados internacionales.
Al mismo tiempo, insta a las autoridades regionales a declarar una 'moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social'.
Además, Auken expresa su 'preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas'.
Para la diputada, los jueces 'han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, pero considera que los procedimientos siguen siendo de 'una lentitud desmedida' y que 'las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos'.
El informe recuerda además que tanto la Comisión Europea como el Parlamento tienen capacidad para suspender la concesión de fondos estructurales para hacer que los países pongan fin a vulneraciones graves de las normas comunitarias.
Este será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.
Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la 'costa mediterránea', y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
* Terra Actualidad - EFE - 19.01.2009
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
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Tema: NOTICIAS URBANISMO