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IDEAL/Jaén* : El alcalde de Andújar, Jesús Estrella, ha sido llamado a declarar «en calidad de imputado» en una investigación por supuestos delitos urbanísticos, según han confirmado letrados que representan a otras personas encartadas en el asunto y el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, José María Casado, al que el propio Estrella envió un escrito argumentando que él no tenía relación con el asunto.
Su planteamiento no va a ser aceptado ya que, según el responsable del Ministerio Público en la provincia, no hay motivo para que no sea llamado a declarar en el juzgado de Instrucción número 2 de Andújar, que lleva la investigación.
El alcalde deberá aportar a la Justicia todos los datos que posea sobre una serie de construcciones a pocos kilómetros de la ciudad, a la izquierda según se sube por la carretera del Santuario. Por estas obras en suelo supuestamente no urbanizable ya hay -al menos, porque junto con el alcalde puede haber alguna otra persona llamada a declarar- diez imputados más, entre propietarios, aparejadores, además de técnicos municipales y un concejal en quien Jesús Estrella tenía delegadas competencias en materia de disciplina urbanística cuando se hicieron las obras en cuestión. En este momento del proceso se han apreciado indicios de delitos, pero no hay ninguna acusación formal contra nadie.
La investigación se arrastra desde el mes de julio pasado. En esa época ya los especialistas de la Unidad de Delitos Urbanísticos del Instituto Armado detectaron la implicación de una decena de personas que podrían haber cometido delitos contra la ordenación del territorio. Unos por construir en zona no autorizada y otros por asuntos relacionados con la tramitación y concesión de licencias y permisos municipales, según confirmaron a principios de diciembre pasado fuentes de la Guardia Civil y de la sección de la Fiscalía especializada en delitos contra el Medio Ambiente.
Sin embargo la investigación, que no estaba concluida, dejó de avanzar por temas administrativos. Aún faltaba por analizar documentación relativa al caso. Aún así, los investigadores consideraron que había materia suficiente como para poner las pruebas recabadas en manos de los tribunales de Justicia y que fueran ellos los que, caso de considerarlo necesario, pidiesen nuevas diligencias.
* Ideal - J.E.P. - 23.01.2009
Foto: URBANISMO. Vista del casco urbano de Andújar en una imagen de archivo. IDEAL
El alcalde de Andújar declarará en una investigación por delitos urbanísticos
Un centenar de personas impide el desalojo del Patio Maravillas
MADRIDIARIO* : La concentración de más de un centenar de personas en la mañana de este jueves frente al centro autogestionado del Patio Maravillas, en el barrio de Malasaña, provocó que la Comisión Judicial encargada de ejecutar la orden judicial de desalojar el inmueble, que estaba prevista para las 9.00 horas, se viera obligada a posponerlo "por falta de medios y seguridad para llevarlo a cabo".
Según señalaron desde los Juzgados, "ante las dificultades de proceder al desalojo del edificio", se decidió posponerlo "sine die". Asimismo, aclararon que la nueva fecha que determine el juzgado "tendrá que ser comunicada con antelación a los 'okupas' del inmueble".
Antes de saber que el desalojo no se iba a producir, durante la concentración, el portavoz del Patio, Toni, indicó que había 70 personas encerradas en el edificio para evitar la entrada de la policía y leyó un comunicado en el que denunciaron el estado de abandono en el que se encontraba el edificio desde 8 años antes de la llegada de los 'okupas', hace un año y medio. En el mismo sentido, explicó que desde su entrada vienen desarrollando centenares de actividades puntuales, así como decenas de actividades que se llevan cabo con regularidad.
En la misma dirección se pronunció la representante del Foro Social Mundial en Madrid, Janan, quien señaló que "lo que la Policía quiere desalojar es más que un centro social 'okupado', van a desalojar un taller de bicis, una asesoría laboral, un espacio para niños, una sala de ensayo, talleres de idiomas, arte, cuentos y vídeo, un comedor y una cafetería". "Quieren desalojar un espacio en que se han realizado miles de actividades, cientos de charlas, de conciertos y de debates", añadió.
En la concentración participaron miembros de diversas asociaciones de la capital como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad, el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), ACIBU, SODEPAR; Médicos del Mundo, Ecologistas en Acción y el Foro Social Mundial, así como por el grupo político de Izquierda Unida.
Ante el Ayuntamiento
Además, el portavoz de los 'okupas' recalcó que el inmueble, aún siendo privado, está calificado como "de dotación social", lo que significa, según dijo, que tiene que estar destinado a dar servicio a la comunidad y, "como sus propietarios no lo están cumpliendo", desde su colectivo solicitaron la expropiación del inmueble para destinarlo a fines sociales como el que ellos realizan. "El Consistorio tiene la potestad para expropiar este espacio y devolvérselo a la ciudadanía, pero nos costa que esta solicitud ni siquiera ha sido tramitada", agregó.
En este sentido, explicó que desde su colectivo pidieron la palabra a través de asociaciones de vecinos "amigas" para asistir el próximo lunes a la Junta Municipal, en la que aseguró que contarán con el apoyo del PSOE y de IU. Además, anunció que convocarán una manifestación para el próximo sábado en la Plaza Mayor, de cara a apoyar su causa.
El concejal de IU del Ayuntamiento de Madrid, Daniel Álvarez, explicó que desde su grupo querían evitar el posible desalojo porque "los derechos de propiedad no pueden estar por encima de los derechos sociales de los vecinos". "Ante la falta de equipamiento público que hay en el Barrio de Malasaña, la sociedad tiene la obligación de autorganizarse para ocupar los espacios públicos o privados", añadió. Asimismo, el representante de IU en la concentración comentó que su grupo está estudiando llevar el caso del Patio Maravillas al Pleno Municipal.
Ante el comunicado enviado este miércoles por la empresa propietaria del edificio, Grupo 2 Reunidos S.L., en el que se aseguraba que el edificio nunca llegó a estar abandonado sino que era utilizado por las 'Obras Misionales Pontificias', el presidente de la Asociación de Vecinos de Malasaña, Antonio, subrayó que el responsable de la empresa, Leopoldo Arnáiz, "tuvo aquí a cuatro seglares haciendo propaganda para justificar que el edificio no estaba cerrado". "Aseguro, como vecino del barrio, que esto estaba cerrado hace más de 10 años", apostilló.
* Madridiario - 22-01-2009 - MDO/EP
Foto: Diego Sánchez, MDO
«Veïns de Parcent» reclama medidas cautelares a la UE para frenar los PAI
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INFORMACIÓN/Alicante* : El colectivo "Veïns de Parcent" valoró ayer el debate sobre el informe del urbanismo valenciano coordinado por la eurodiputada Magrete Auken que se celebró en Bruselas el martes. "Nos sentimos satisfechos con el trabajo realizado por la señora Auken, cuyo proyecto de informe fue calificado varias veces como "el mejor en muchos años"", apunta en un comunicado el colectivo vecinal.
En el debate participó el alcalde de Parcent, Máximo Revilla, que en su discurso expuso la más que demostrada inviabilidad de los planes urbanísticos previstos en este pequeño municipio de la Marina Alta y que supondrían 1.800 viviendas.
En este sentido, "Veïns de Parcent" aseguró estar "harto de que esté demostrada la inviabilidad de los PAI y, sin embargo, la conselleria nos deje en un pasillo de espera de manera indefinida". Por eso, "queremos que se actúe ya, porque aún sería peor si la aprobación definitiva llegase, pues entonces nos darían la razón pero puede que demasiado tarde, cuando la razón no nos sirviese de nada porque todo estaría destruido".
Ante esta incertidumbre, el colectivo vecinal insta a la Unión Europea "a aplicar medidas preventivas" y "que la conselleria rechace los proyectos urbanísticos".
Cabe recordar que existen dos informes desfavorables elaborados por la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo así como otro de la Confederación Hidrográfica del Júcar que alerta de la falta de recursos hídricos para desarrollar y abastecer posteriormente a 1.500 casas (el plan más grande previsto por la mercantil Terras de l'Horta). Pese a ello, hasta el momento, la conselleria no ha rechazado los programas aprobados de manera provisional bajo el último mandato del PP en el Ayuntamiento de Parcent.
"Veïns de Parcent" analiza que los eurodiputados "volvieron a manifestar su apoyo a nuestra causa, entre los cuales por ejemplo el señor Parish volvió a citar explícitamente nuestro caso y se quejó de que "esa amenaza sigue estando ahí" y Sir Rober Atkins habló de "escándalo"".
* Información - M. J. M. - 22.01.2009
Foto: Parcent (Alicante) - diarioinformacion.com
El juez manda al banquillo a once personas por prevaricación y delito urbanístico en el Nevada
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IDEAL/Granada* : El juez Miguel Ángel del Arco manda a juicio el 'caso Nevada'. En un auto fechado el 20 de enero el magistrado da por cerrada su investigación y mantiene las imputaciones que durante estos dos años ha hecho la Fiscalía. Del Arco considera que existen motivos suficientes para sentar en el banquillo a once personas. Entre ellos están los que han acaparado el protagonismo durante todo este procedimiento, el promotor Tomás Olivo, el ex alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate.
A estos se suman cuatro ex ediles armilleros; el arquitecto encargado de la redacción del PGOU del municipio; el que hizo uno de los planes del centro comercial; un abogado y una letrada de Diputación.
Entre otras muchas irregularidades -de sobra contadas-, el juez menciona la posible caducidad del informe ambiental, la «inobservancia» de la legislación urbanística, la «indiciaria ocupación» de zonas verdes y construcción en suelo no urbanizable, la «impactante» utilización de la rasante sin respetar las normas, la «perturbación urbanística» y el «indiciario exceso de edificabilidad».
El auto mantiene la imputación de un supuesto delito contra la ordenación del territorio y sendos de prevaricación contra el promotor Tomás Olivo y los seis responsables políticos que intervinieron en la tramitación de los expedientes. Además -a instancia de la Fiscalía- acusa a Gabriel Cañavate y a José Antonio Morales Cara de posible infidelidad en la custodia de documentos públicos y presunta prevaricación urbanística. A Olivo también le imputa el fiscal un supuesto delito contra el orden público por desobediencia grave a la autoridad judicial.
Hay cuatro acusados nuevos por prevaricación, todos ellos por emitir informes favorables con los que presuntamente se intentó legalizar el Parque Nevada.
Aquí interviene un despacho de abogados externo al que acudieron los acusados para que le redactara supuestamente un contrainforme con el que rebatir las trabas que había puesto la Consejería de Obras Públicas en 2005. Con una finalidad similar, el Ayuntamiento presentó otro informe elaborado por la letrada del servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación, donde en aquel momento el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate, ejercía de vicepresidente. Sobre los dos informes el juez dice que son «ambiguos».
También por presunta prevaricación figura en el auto al arquitecto que hizo el proyecto básico de uno de los planes del Nevada (PP-B), que elabora otro informe favorable para contradecir a la Junta. Para el magistrado, esta maniobra es de «difícil sostenibilidad», ya que el arquitecto emite un «informe favorable a su propio proyecto» y se utiliza como argumento para conceder la licencia de obras a pesar de todas las advertencias que habían hecho otros funcionarios y la propia Consejería de Obras Públicas.
Diez días
Por supuesta prevaricación figura en el auto uno de los responsables de la redacción del PGOU de Armilla, que emitió un informe el 9 de noviembre de 2006 favorable al centro comercial, días después de que la jueza paralizara las obras por el contencioso que interpuso la Junta de Andalucía.
El juez Del Arco ha dado traslado a las partes para que en el plazo de diez días soliciten la apertura de juicio oral.
* Ideal - Q. CHIRINO Y C. MORÁN - 22.01.2009
Foto: Armilla (Granada), centro comercial Nevada - ideal.es
CCOO denuncia la "especulación urbanística" en el traslado de RTVE
EUROPAPRESS/Madrid* : CCOO ha mostrado su rechazo al traslado de RTVE a una nueva sede y dice no entender que se "aborde una operación de especulación urbanística". También a juicio del sindicato es innecesario un edificio emblemático, cuando lo que hace falta es "el prestigio" de una "programación de calidad".
Asimismo, apunta que "las empresas privadas de la competencia se nos echarían encima (con razón) si nosotros aparecemos en el mercado de derechos con una potente liquidez derivada del enajenamiento de nuestro patrimonio.
En un comunicado, el sindicato señala que si la razón para el traslado es la concentración en un solo edificio de la producción y emisión tanto de televisión como de radio, tal y como ha argumentado la cadena, podría hacerse "en Prado del Rey, con el beneficio reciente del tren ligero en la puerta".
Además, CCOO indica que los edificios actuales de Prado del Rey y Torrespaña son "modernos y albergan infraestructuras y equipamientos costosos que no pueden destruirse, sin vergüenza ante el despilfarro de los bienes materiales". "No se recalificaría un terreno, sino que se derruirían estudios, controles y salas técnicas con un gran valor", se queja el sindicato.
Comisiones Obreras recuerda que la justificación que se dio en su momento para la creación de Torrespaña fue la necesidad de disponer de un centro de operaciones más céntrico en Madrid que permitiera el despliegue de la actividad informativa, y no cree que esa razón haya desaparecido.
Por último, carga contra el presidente de la Corporación, Luis Fernández, al que califica de "iluminado que pasa de su Consejo de Administración" y al que acusa de estar "entregando nuestra calidad de servicio público a la producción externa y a la búsqueda desaforada de audiencia".
* Telecinco.es- Europa Press - 21.01.2009
Foto: Instalaciones de RTVE en Prado del Rey (Madrid) - telecinco.es
La Unión Europea plantea retirar fondos por abusos urbanísticos
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ELCORREODEANDALUCÍA* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo plantea la retirada de fondos comunitarios a los países y regiones que cometan abusos urbanísticos y reclama una moratoria para los planes que no respeten rigurosos criterios de sostenibilidad. Así consta en un informe presentado ayer en este órgano.
PSOE y PP exigen modificaciones antes de su votación el próximo 11 de febrero.
El informe, elaborado por la eurodiputada danesa Margrete Auken, del grupo de Los Verdes, plantea también frenar los programas que no tengan asegurada el agua y denuncia explícitamente que, en torno al urbanismo, “se ha generado una forma endémica de corrupción”, que la eurodiputada vincula especialmente a España. Auken menciona proyectos urbanísticos investigados en regiones como Andalucía y Valencia. Este documento será debatido de nuevo en la Comisión de Peticiones el 10 de febrero y se someterá a votación un día después con la previsión de que llegue a Estrasburgo en marzo.
El texto contó con el rechazo de los eurodiputados españoles de PSOE y PP, mientras que fue apoyado por David Hammerstein, de Los Verdes, quien denunció que “los tribunales no funcionan” en España y que las autoridades autonómicas “han hecho caso omiso” a los informes desfavorables. Por eso, afirmó, han llegado “más de 200 peticiones fundadas” a la Eurocámara en las que los ciudadanos afirman que sus derechos han sido vulnerados.
La eurodiputada socialista María Sornosa anunció, recoge Europa Press, su intención de enmendar los párrafos en los que se amenaza con congelar los fondos comunitarios, consideró que no es “adecuada” la moratoria que reclama sobre los proyectos no sostenibles y abogó por “promover un acuerdo entre los actores sociales”.
El popular Gerardo Galeote anunció una batería de enmiendas de su partido para “corregir la sinrazón” de un informe que tachan de sesgado. Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 supuestos abusos de la construcción en la “costa mediterránea” española y alertaron de la indefensión que sufren los habitantes de esta zona.
* El Correo de Andalucía - Manuel Ruiz Rico - 21.01.2009
Foto: Algarrobico (Almería), hotel ilegal - andaluciajunta.es
El Patio Maravillas ya tiene fecha de desalojo
REBELIÓN/Madrid* : El Espacio Polivalente Autogestionado El Patio Maravillas ha recibido la orden de desalojar el inmueble situado en la calle del Acuerdo número 8, en el céntrico barrio madrileño de Universidad. El centro social okupado, que lleva en activo desde el 1 de julio de 2007, estaba inmerso en un proceso legal que se ha visto acelerado por esta decisión judicial. El colectivo de personas que participa del Patio Maravillas hace un llamamiento a la ciudadanía a acudir el jueves 22 de enero a las 8:30 de la mañana para mostrar su rechazo a esta orden de desalojo.
En el mes de mayo de 2008 las y los integrantes del Patio se llevaron el primer susto judicial, al enterarse de que había sido solicitado por el ministerio fiscal y la la propietaria del edificio (la empresa Grupo 2 Reunidos, cuyo administrador es Leopoldo Arnaiz Eguren)un desalojo cautelar del inmueble donde desarrollan sus actividades sociales y culturales. Para evitarlo, presentaron más de 150 autoinculpaciones de personas que se reconocían como participantes en el proyecto, así como un dossier de más de 500 páginas donde se resumía la intensa actividad sostenida durante los primeros meses de existencia del centro social. El juzgado nº 48 de los Juzgados de Plaza de Castilla, a cargo del caso, aceptó 57 de aquellas autoinculpaciones y manifestó en Auto judicial su intención de no proceder al desalojo del inmueble hasta haber tomado las declaraciones previas a las 57 personas autoinculpadas. En julio declararon 5 de estas personas, y ninguna más ha sido convocada para hacerlo. Por el contrario, lo que el juzgado ha resuelto, en Auto del 18 de diciembre, es ordenar el desalojo del inmueble. Ejerciendo sus derechos, la asamblea del Patio presentó un recurso a dicha orden exigiendo que el juez mantuviera el compromiso adquirido meses antes. Por respuesta, todo lo que se recibió fue, el jueves 15 de enero, la confirmación del desalojo forzoso para el jueves 22 de enero a las 9:30 de la mañana. Las averiguaciones realizadas en los Juzgados evidencian que desde el día de la presentación del recurso nadie lo ha tramitado (una falta muy grave por dejar a los afectados en una situación de indefensión legal). Para que no quede duda de la grave negligencia hay que hacer constar que "tramitar el recurso" consiste en pasarlo del Registro en la planta 1 de los juzgados al despacho del juez, en la 6. El pasado viernes 16 de enero los representantes del Patio se personaron en los juzgados a las 12 de la mañana para enmendar la situación y detener el desalojo al menos hasta que se hubiera resuelto el recurso. El juez y su secretario ni siquiera estaban en el edificio.
De manera paralela, numerosas e importantes organizaciones que apoyan el proyecto social del Patio Maravillas, han presentado en el mes de diciembre de 2008 una solicitud de expropiación del edificio de la calle Acuerdo 8, ante el Ayuntamiento de Madrid, basando sus argumentos sobre la calificación del inmueble en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que es de "uso dotacional privado", es decir, que debe ser destinado a complementar los servicios a la comunidad que se ofrecen desde el sector público. Al no estar cumpliéndose dicha función desde hace cerca de 10 años, y al hacerse patentes las graves carencias sociales de un barrio como el de Universidad, los solicitantes exigen la expropiación forzosa del inmueble para ponerlo a disposición de la ciudadanía. Los firmantes de esta solicitud son la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción, el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), SOS Racismo, Médicos del Mundo, y las asociaciones vecinales del barrio: Asamblea Ciudadana del Barrio de Universidad (ACIBU) y Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de Malasaña y Universidad.
Parece simbólico que el desalojo del Patio se programe para el día 22 de enero, el mismo día que tiene previsto inaugurarse el Foro Social Mundial, que celebra su 9ª edición en Belem (Brasil) y de manera descentralizada en otras muchas ciudades del mundo. En Madrid uno de los espacios donde tiene previsto desarrollarse es El Patio Maravillas (donde ya lo hizo el pasado enero de 2008). Es una muestra del daño que el desalojo de un espacio como el Patio puede hacer a las redes y movimientos que luchan en Madrid por otra ciudad y otro mundo posible.
Desde el Patio Maravillas convocamos a los medios de comunicación a una rueda de prensa el jueves 22 de enero de 2009 a las 9 de la mañana en la puerta del inmueble de la calle Acuerdo número 8, y a presenciar y transmitir a la ciudadanía el desalojo del Patio Maravillas por la Fuerza Pública.
Asimismo, convocamos a la ciudadanía madrileña a una manifestación en defensa del Patio Maravillas y de los espacios autogestionados el sábado 31 de enero a las 18 h. desde Plaza de España.
¡Con Madrid no se especula! ¡El Patio vive!
Más información prensa@patiomaravillas.net o en la web www.patiomaravillas.net
* Rebelión - 20.01.2009
Foto: Taller informático en el Patio Maravillas. - REYES SEDANO, publico.es
Corrupción con tarifa plana
JOSÉ MANUEL ATENCIA* : En Alhaurín el Grande la corrupción tenía tarifa plana. Lo revela el escrito de la Fiscalía de Málaga pidiendo la apertura del juicio oral. La oferta para particulares era de 80 euros por cada metro cuadrado recalificado de más, mientras que para empresarios y autónomos había un precio especial, 6.000 euros por cada piso que se levantaba por encima de lo permitido. De momento, se desconoce si se premiaba o no la portabilidad, o sea si había un trato especial para aquellas empresas que habían dejado de corromper en los ayuntamientos del litoral y se pasaban al interior de la provincia.
Ni ofrecían módem ni router wi-fi, pero el ayuntamiento garantizaba una completa cobertura. Lo hacía tanto a través del concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, como de un asesor jurídico municipal, lo que evitaba las interferencias que producían los informes negativos del arquitecto del consistorio.
Frente a los grandes operadores malagueños, los ayuntamientos de Marbella en el caso Malaya o Estepona en el caso Astapa, en Alhaurín el Grande el caso Troya tenía tarifas low cost, y con ellas parece ser que el alcalde Juan Martín Serón logró hacerse un hueco en el mercado de las corruptelas de bajo coste. La oferta estaba sujeta a disponibilidad geográfica, en concreto al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad que se estiraba hacia arriba o hacia los lados según las necesidades. Según sostiene la Fiscalía, con este paquete promocional una veintena de promotores se dieron de alta en el servicio, la compañía de Serón logró unos ingresos de 642.445 euros y se levantaron 128 viviendas piratas, ya que no estaban contempladas en el PGOU.
El problema surgió cuando uno de los promotores se quiso dar de baja en el servicio. Entonces sucedió lo que le ocurre a cualquier ciudadano que pretende cancelar su contrato con su compañía de ADSL o con su operador de telefonía: que le resultó imposible. Por eso, tras muchos intentos infructuosos, el asunto terminó en los juzgados. El promotor era José Burgos Leyva, al que le llegó una factura de 122.000 euros por una licencia de obras para levantar 14 viviendas y locales que le concedió el Ayuntamiento a pesar de que infringía la normativa urbanística municipal. Burgos Leyva se mosqueó por el hecho de que el Ayuntamiento no aceptara la domiciliación bancaria del recibo y le exigiera el cobro en billetes. La conversación, al igual que ocurren con las llamadas al servicio de atención al cliente de las compañías de telefonía, fue grabada y con ella se inició la instrucción judicial y la investigación de la policía.
Serón fue detenido en enero de 2007 y lleva dos años con el mismo mensaje tipo que las compañías de telefonía utilizan en sus respuestas a las reclamaciones de los clientes. El alcalde de Alhaurín el Grande dice que "todo es un montaje del PSOE, en connivencia con la Fiscalía de Málaga y que no vienen a por él, sino que vienen a por el PP". Lo dijo el día que salió en libertad bajo fianza de 100.000 euros, el día que detuvieron a una veintena de empresarios imputados en el caso, el día que se presentó a las elecciones, el día que las volvió a ganar con más mayoría absoluta de la que tenía y lo ha vuelto a decir el día que trascendió este escrito de la Fiscalía.
También su partido, el PP, está actuando desde ese día como si fuera el servicio de atención al cliente de Martín Serón. Los dirigentes populares repiten este mensaje: "Serón puede seguir en su cargo ya que el partido confía plenamente en su inocencia, para cualquier aclaración o sugerencia puede contactar con nosotros en la ejecutiva provincial de Málaga. Si quiere volver a escuchar el mensaje pulse asterisco y se pone un dirigente de la ejecutiva regional que también está dispuesto a defender a Martín Serón. Gracias por confiar en nuestra compañía". Piiiiiiiiiiii...
* ELPAIS.com - Andalucía - Opinión - 20.01.2009
3.500 firmas contra el hotel junto al Palau de la Música
ELPAÍS/Barcelona* : Los dirigentes de la Asociación de Vecinos del Casc Antic y Barcelona Vella han reunido 3.500 firmas de ciudadanos contrarios a la construcción del hotel junto al Palau de la Música, promovido por el Orfeó Català. Los vecinos piden en su escrito que se paralice el proyecto, pero el Ayuntamiento de Barcelona tiene otro plan.
Urbanismo dará luz verde a un hotel adecuado al entorno y que se ajuste a los dictámenes de Patrimonio de la Generalitat y al proceso participativo del distrito.
Los vecinos, que advierten de que continuarán las movilizaciones hasta que el proyecto sea desechado, han reunido las firmas desde marzo de 2008, cuando empezaron la campaña contra el hotel proyectado por el arquitecto Óscar Tusquets, que preveía derribar dos fincas modernistas de la calle de Sant Pere més Alt para levantar un hotel de 76 plazas y un aparcamiento para 100 coches. El plan sufrió, sin embargo, un serio revés por parte de Patrimonio de la Generalitat, que obligó a conservar las fachadas modernistas y a rehacer el boceto original. Tusquets acogió la decisión con desencanto y lamentó la ocasión perdida.
El distrito de Ciutat Vella invitó en otoño a los vecinos a implicarse en un debate sobre el proyecto que no discutía el hotel. La Asociación del Casc Antic y Barcelona Vella se desmarcaron, por tanto, del proceso participativo que finalizó en diciembre. El debate concluyó solicitando que el proyecto fuera más sostenible y respetuoso con el entorno artístico; que justificara "el uso social" de los edificios y buscara soluciones para evitar el aumento del tráfico y alternativas al aparcamiento. Esta petición fue elevada por la edil Itziar González a Urbanismo, que aceptará un hotel sujeto a esos condicionantes.
* ELPAIS.com - À. P. - Barcelona - 20/01/2009
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org
Maracena: El Supremo ´entierra´ el antiguo proyecto residencial en Jimesa
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LAOPINIÓN/Granada* : El Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón a la Junta de Andalucía en su conflicto con el Ayuntamiento de Maracena, entonces gobernado por el PP, en torno a la polémica operación de cambio de uso, de suelo industrial a residencial, en los terrenos de Jimesa, casi 60.000 metros cuadrados donde está previsto proyectar una gran urbanización de viviendas.
Al igual que hiciera la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el Supremo, en una sentencia con fecha de 18 de diciembre, se inclina por impedir, por la vía de la suspensión cautelar, el desarrollo urbanístico en los términos previstos por el anterior gobierno municipal, que optó por clasificar el suelo como urbano consolidado, lo que incrementaba la edificabilidad y posibilitaba construir un mayor número de viviendas.
Lo cierto es que, a efectos prácticos, la decisión del Supremo no altera el presente convenio urbanístico, que fue corregido por el actual gobierno local, la coalición PSOE e IU, adaptándolo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. Dicha coalición, a su llegada al poder, logró desatascar y legalizar un macroproyecto urbanístico que ha pasado de 638 viviendas a 450, de las que 135 serán de protección oficial, según el compromiso establecido en el nuevo convenio donde se clasifica el suelo como urbano no consolidado.
El origen del conflicto se remonta al acuerdo del pleno municipal, celebrado el 25 de septiembre de 2005, que aprobó el cambio de uso de suelo industrial a residencial por un procedimiento administrativo incorrecto, según denunció la Junta de Andalucía que procedió a impugnarlo en los tribunales. Un auto del TSJA, con fecha del 30 de marzo de 2007, daba la razón a la Junta pues consideraba que la modificación aprobada suponía una reforma estructural del planeamiento general y alteraba el uso del suelo previsto.
El tribunal optó en dicha ocasión por suspender cautelarmente el desarrollo urbanístico ante la posibilidad de que se llevasen a cabo actuaciones urbanísticas con una mayor edificabilidad y luego se consideraran ilegales. Hace unos días, el Supremo, ajeno a la decisión de la nueva corporación local de corregir el convenio, se pronunció en la misma línea y confirmaba la sentencia del TSJA, al tiempo que ordenaba el pago de las costas procesales a la parte recurrente, en esta caso, al Ayuntamiento de Maracena.
Con ello se cierra el capítulo referido al primero de los convenios aunque queda pendiente de desarrollo el nuevo proyecto urbanístico que el actual gobierno quería hacerlo realidad en el actual mandato. Los problemas laborales surgidos en la empresa propietaria de dichos terrenos y la crisis económica, que se ha cebado especialmente en el sector de la construcción, han dejado en el aire el proyecto de zona residencial. Tanto es así que ayer el alcalde maracenero condicionaba el desarrollo del convenio al mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa de pavimento.
* La Opinión de Granada - A.C. - 20.01.2009
Foto: Maracena (Granada) - Jessica Mur (Ideal)
Albacete: Se multiplican por cuatro las demoliciones por incumplir la normativa
LAVERDAD* : Las actuaciones de restitución de la legalidad vigente mediante demoliciones se multiplicaron por cuatro el pasado ejercicio. Al menos así consta en el memoria del servicio de Disciplina Urbanística que recoge que durante el 2008 se produjeron 25 demoliciones para restituir la legalidad, cuando un año antes apenas fueron 6, y en los tres años anteriores no pasaron de dos derrumbes.
Esta actuación forma parte de unas de las 520 denuncias realizadas por la inspección durante el pasado ejercicio, de las que 105 terminaron con la suspensión de las obras, ya que en ocasiones la sanción no es suficiente. En otros 93 casos los inspectores tuvieron que dictar resoluciones de corte de luz y en otras tantas de corte de agua con el objeto de que la obra no pueda seguir adelante hasta que cumpla con la legalidad vigente. En otros 28 casos, incluso las obras tuvieron que ser precintadas para impedir el acceso a ellas.
Para garantizar el buen funcionamiento del servicio, el Ayuntamiento ofrece una serie de incentivos al personal del Disciplina Urbanística (como ocurre con otros servicios municipales) en función de los frutos de su trabajo. Aunque la cuantía de este año no está todavía determinada, los inspectores del servicio cobrarán por los 530 expedientes tramitados y las 607 actuaciones. Por cada acta, los inspectores reciben diez puntos, cifra que se eleva hasta los 25 en el caso de las suspensiones de obra y 50 por cortes de luz y de agua. Si la obra se precinta el inspector recibe 300 puntos y otros 400 si hay que demoler el edificio construido irregularmente. Por su eficacia en el trabajo, los inspectores recibieron durante el pasado ejercicio 32.625 puntos a los que habrá que sumar un punto por cada 60 euros de sanción impuesta a los infractores de la norma urbanística.
* La Verdad - E.J. - 20.01.2009
Foto: Albacete, ayuntamiento - picasaweb
La Fiscalía también llevará al juez las ilegalidades urbanísticas que no sean delito
ABC* : La persecución por parte de la Fiscalía de las infracciones urbanísticas y otros atentados contra el medio ambiente no se agotará, como venía ocurriendo hasta ahora, en la vía penal. La Sección de Medio Ambiente del Ministerio Público en Valencia llevará a los juzgados de lo Contencioso Administrativo aquellas ilegalidades -licencias, planes urbanísticos- que, siendo contrarias a la normativa, no son perseguibles por la vía penal porque no alcanzan la categoría de delito.
Se trata de una estrategia legal novedosa, en la medida en que en los procedimientos contencioso-administrativos -aquellos en los que se dirimen conflictos entre dos administraciones o entre la administración y los particulares- el fiscal sólo es parte cuando hay derechos fundamentales en juego. Y esto ocurre las menos de las veces.
La nueva vía de persecución de las infracciones urbanísticas y medioambientales ha sido estrenada ya por las Fiscalías de Cantabria -en defensa del Parque Natural de Oyambre, donde el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera otorgó licencia para construir más de un centenar de viviendas contraviniendo la ley de usos de este espacio protegido-, y también por la Fiscalía de León -contra el Ayuntamiento de Carucedo en defensa de Las Médulas, yacimiento arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad-.
Los civilistas discrepan
La estrategia se basa en la atribución al Ministerio Público de un margen de maniobra mayor para intervenir en el orden Contencioso Administrativo, jurisdicción en la que hasta ahora tenía muy restringida su participación.
Esta nueva forma de actuar, que Valencia pondrá en práctica por recomendación del fiscal de Sala del Tribunal Supremo coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, supondrá una vuelta de tuerca más a aquellos alcaldes y administraciones más díscolos con la normativa y menos respetuosos con el medio ambiente y el urbanismo.
Vercher ha dado instrucciones a todas las Secciones de Medio Ambiente de las Fiscalías españolas para que sigan la estela de Cantabria y León «si así se considera procedente» en «defensa del bien público» y considerando el «medio ambiente» en sentido amplio.
La propuesta, con todo, genera una importante controversia, especialmente entre los expertos en Derecho Civil, en la medida en que en el orden Contencioso los plazos para recurrir las resoluciones son muy reducidos y esto dificulta la intervención de la Fiscalía ya que las administraciones no están obligadas a comunicarle sus resoluciones. En Valencia, según Joaquín Baños, coordinador de Medio Ambiente, no se recurrirá a esta estrategia de manera indiscriminada; solo se aplicará en casos concretos y con una importante incidencia medioambiental.
Aunque no exista dolo
La intervención del fiscal en lo Contencioso Administrativo para estos casos encuentra amparo en la Ley de Responsabilidad Ambiental aprobada en octubre de 2007. En su disposición adicional octava abre un resquicio a la participación del fiscal en procedimientos en los que hasta ahora no intervenía. Dice este precepto que «el Ministerio Fiscal estará legitimado» para intervenir en «cualesquiera procesos contencioso-administrativos que tengan por objeto la aplicación» de la citada Ley. Añade que las Administraciones han de comunicar al fiscal aquellas infracciones perseguibles por esta norma y, además, poner a su personal al servicio del Ministerio Público para que le preste «auxilio técnico, material o de cualquier otra naturaleza para el ejercicio de sus funciones en los procesos contencioso-administrativos».
La ley, según recoge el artículo 3, «se aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de que tales daños ocurran» cuando hayan sido causados por determinadas actividades económicas o profesionales, «aunque no exista dolo, culpa o negligencia».
* ABC - Valencia - ISABEL RODRÍGUEZ DE LA TORRE - 19.01.2009
Los ecologistas denuncian que el nuevo PORN «legaliza mil viviendas ilegales»
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IDEAL/Almería* : El nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales-PORN del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar que ha elaborado la Junta de Andalucía desprotege un tres por ciento de la superficie del parque, según se recoge en la demanda del recurso que han presentado contra el Gobierno regional en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía colectivos como Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas y el Grupo Ecologista 'Cóndor'.
De esta forma, piden la suspensión cautelar de los cerca de cien puntos que han sufrido algún tipo de desprotección.
Los ecologistas denuncian que dicho plan «recalifica ilegalmente cerca de mil hectáreas del parque y legaliza cerca de un millar de viviendas ilegales y grandes extensiones de invernaderos».
Los denunciantes, que han adjuntado a la demanda un detallado informe pericial de más de 150 páginas con más de cien mapas elaborados por un gabinete de topografía, advierten hasta un centenar de irregularidades en dicho plan.
Aseguran que en el mismo se contempla la recalificación de suelo para mil viviendas más y la conversión de suelo urbano de más de 200 hectáreas de suelo.
Dicen que lo que se busca con ello «es legalizar cientos de viviendas ilegales del parque y abrir la vía a nuevas edificaciones, adaptando así ilegalmente el PORN a las Normas Subsidiarias o planes generales de ayuntamientos como Níjar, Carboneras o Almería».
Denuncian que en el caso de Agua Amarga, si este plan no se corrige, se da vía libre a que el actual núcleo de población «se multiplique por tres», al igual que en Las Negras.
En Rodalquilar dicen que «se legalizan viviendas junto a la carretera» y en La Isleta del Moro «legaliza todas las actuaciones de los últimos años que han multiplicado por tres el núcleo».
Respecto a San José, afirman que «legaliza cientos de viviendas y en conjunto casi duplica el casco urbano legal del anterior PORN». En el caso de Cabo de Gata, «duplica el suelo urbano del pueblo». También denuncian la legalización de «enormes superficies de invernaderos» en El Argamasón, Oeste de la Joya, Los Martínez y Pujaire, y se recortan varias reservas, como la marina de Genoveses o la terrestre de El Saltador y Gafares y la reserva de Punta de la Loma.
Recorte del parque
Los ecologistas sostienen que el nuevo PORN «recorta el perímetro del parque en tres puntos, uno de los cuales contiene invernaderos en suelo protegido del anterior PORN y, a su vez, se crean dos nuevas categorías de playas urbanas», elevando a nueve su cifra, y 31 zonas de esparcimiento litoral. Los denunciantes consideran de «extrema gravedad» la aparición de 22 lugares calificados como 'C3', una nueva figura de zonificación que «por su ambigüedad deja abierta la puerta a actuaciones de casi cualquier tipo, camufladas tras la denominación de núcleos urbanos preexistentes», entre la que se encuentra la zona del hotel del Algarrobico.
Cambio de planos
Los ecologistas acusan a la Junta de modificar presuntamente los planos originales por vía de hecho, «sin aprobación pública alguna, de forma contraria a la legalidad, y en esa modificación irregular de planos se adaptaba el PORN de 1994 a las Normas Subsidiarias de inminente aprobación de los respectivos ayuntamientos».
Acusan al Gobierno regional de «haber distribuido y haber dado por buenos estos planos presuntamente ilegales, supuestamente cambiados en 1996, y ha basado el actual PORN en los mismos».
Por este motivo, el nuevo plan se encuentra suspendido de forma cautelar y de forma parcial, la parte del Algarrobico, a raíz de un auto emitido a este respecto por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Recuerdan en este sentido que el recurso que dio lugar a esa suspensión fue interpuesto por Greenpeace y aludía solo al Algarrobico.
Entienden que los responsables de Medio Ambiente de la Junta han podido incurrir en presuntos delitos de prevaricación «que implican también» a ayuntamientos, «pero especialmente a la Junta».
* Ideal - 17.01.09 -ROGER DÍAZ
Foto: PARQUE. Los ecologistas denuncian numerosas irregularidades. /IDEAL
Eurodiputados debatirán mañana su informe crítico con el urbanismo español
TERRA* : La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) debatirá mañana por última vez el crítico informe sobre el urbanismo español que prepara desde hace meses y que votará en marzo el pleno de la Eurocámara.
Junto a la ponente del texto, la parlamentaria danesa Margrete Auken (Los Verdes), y el resto de eurodiputados, participarán en la reunión de mañana representantes del Gobierno valenciano, la defensora del Pueblo de esa comunidad, Emilia Caballero, y responsables de la Comisión Europea (CE).
El informe, centrado en el impacto de la urbanización extensiva en los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente, será votado por la Comisión de Peticiones en febrero, para pasar en marzo al pleno.
El texto provisional, propuesto por Auken y que aún puede ser objeto de enmiendas, critica con dureza la gestión urbanística en España, en especial en las islas y la costa mediterránea, y la actuación de numerosas autoridades locales y regionales.
La ponente pide por ello al Gobierno y a las comunidades autónomas afectadas por las protestas ciudadanas que lleven a cabo una 'profunda revisión de toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios particulares de bienes, con objeto de poner fin a los abusos de los derechos y las obligaciones' contenidos en diversos tratados internacionales.
Al mismo tiempo, insta a las autoridades regionales a declarar una 'moratoria de todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social'.
Además, Auken expresa su 'preocupación y desaliento por el hecho de que las autoridades jurídicas y judiciales españolas hayan puesto de manifiesto que no están debidamente preparadas para hacer frente a las repercusiones de la urbanización masiva en las vidas de las personas'.
Para la diputada, los jueces 'han empezado a reaccionar ante el reto que supone la urbanización excesiva en muchas zonas costeras, pero considera que los procedimientos siguen siendo de 'una lentitud desmedida' y que 'las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos'.
El informe recuerda además que tanto la Comisión Europea como el Parlamento tienen capacidad para suspender la concesión de fondos estructurales para hacer que los países pongan fin a vulneraciones graves de las normas comunitarias.
Este será el tercer informe sobre el urbanismo en España que vote el pleno de la Eurocámara a partir de quejas de los ciudadanos.
Los eurodiputados ya censuraron en 2005 y en 2007 los supuestos abusos de la construcción en suelo español, particularmente en la Comunidad Valenciana y la 'costa mediterránea', y alertaron de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
* Terra Actualidad - EFE - 19.01.2009
Foto: parlamento europeo - junta andalucia
Aljarafe Habitable culpa al Potaus de impedir una unión metropolitana real
ELCORREO/Sevilla* : Urbanismo y movimiento ciudadano se dieron cita en la mañana de ayer domingo en el parque del Alamillo para analizar el impacto que el Potaus (Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla) tendrá en el área metropolitana en general y en el Aljarafe en particular.
La jornada comenzó con el análisis de las áreas de oportunidad, que según calificó Luis Andrés Zambrana, presidente de la plataforma ciudadana Aljarafe Habitable, “se han convertido en un instrumento de flexibilización del POTA [Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía]”. Para Zambrana, existe “una falta de justificación de las mismas”. “Se ha perdido la ocasión de trascender a lo demandado por cada municipio y construir una verdadera área metropolitana”, señaló el responsable de Aljarafe Habitable.
La gran amenaza del área metropolitana es, según coincidieron todos los ponentes, la ausencia de una “autoridad central, que existe y se llama Junta de Andalucía, que no ejerce como tal”. Para Zambrana, el Potaus “responde sólo a demandas particulares, es un canto además al tráfico privado”.
La situación de crisis generalizada es vista por estos colectivos como una buena forma de replantear los horizontes del urbanismo metropolitano: “Sin la presión del mercado se pueden articular la movilidad, los servicios y la zonas verdes después de que se vaya a quedar mucho suelo sin ejecutar”.
La queja fundamental de este movimiento ciudadano es que no se hayan tenido en cuenta sus alegaciones al Potaus, “a pesar de que la ley obligaba a que nos respondieran”. Para ellos, las áreas de oportunidad debían ser “una excepción” y se han convertido en “norma sin justificación real”.
* El Correo de Andalucía - Isabel Atencia - 19.01.2009
Foto: Sevilla2005 - wikipedia
Al trabajo, mejor en autobús o en bicicleta
ELPAÍS* : Se acabaron los grandes discursos, los estudios interminables y los proyectos bienintencionados que quedan en nada. Ha llegado el momento de pasar a la acción y aplicar, ya mismo, medidas concretas para mejorar la calidad del aire en las ciudades a través del transporte público. Ésa es, al menos, la opinión de los expertos en movilidad sostenible. Un asunto en el que, como en tantos otros, España anda a la cola de Europa.
Aunque hay experiencias en marcha (como la limitación de velocidad a 80 kilómetros por hora en Barcelona) éstas son tímidas. La vigente cultura del coche y el tradicional desdén de los políticos tienen, según los expertos, la culpa.
En Esparreguera (Barcelona, 22.000 habitantes) el Ayuntamiento acaba de aprobar una bonificación del 35% sobre el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas que diseñen un plan de movilidad para sus trabajadores. La iniciativa es loable, dicen los gestores, pero queda muy lejos -por tiempo y dimensiones- de las que imperan en capitales europeas. En Bruselas, por ejemplo, las empresas con más de 200 empleados están obligadas a redactar planes de movilidad. El sistema funciona desde hace siete años. Las firmas que facilitan autobuses (y los empleados que los utilizan) reciben, además, beneficios fiscales.
"España se ha dormido y la Unión Europea nos lleva un gran adelanto. Se hacen cosas, pero sin hoja de ruta se quedan en la mera anécdota", juzga Andrés Luis Romera Zarza, profesor de un máster de movilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Ese mismo calificativo -"anecdótico"- lo utiliza el coordinador de la Fundación Movilidad Sostenible, Pau Noy: "Ni el Gobierno central ni los autonómicos se preocupan del tema. Sólo Cataluña ha tomado la delantera, y aun así, estaría en el pelotón europeo".
Los expertos coinciden: Cataluña es la "punta de lanza" de las políticas que buscan arrinconar el coche y elevar al podio al transporte público. Hace cinco años fue la primera comunidad que se dotó de una ley de movilidad. Y a finales de 2007 aprobó una medida polémica que, no obstante, ya ha dado sus frutos: la reducción de velocidad en las vías de acceso a Barcelona a 80 kilómetros por hora. La cifra de muertos en accidente ha caído un 50% en esas vías. Y a su alrededor se respira un aire un poco más sano. En un año, las emisiones de dióxido de carbono y de partículas en suspensión de los tubos de escape se han reducido un 4%. En la misma proporción ha caído el consumo de gasolina.
Nada más conocerse la propuesta del Gobierno catalán, el Real Automóvil Club de Cataluña y diversos grupos políticos expresaron su rechazo. La idea tampoco convenció, al inicio, a los conductores, disgustados por tener que levantar el pie del acelerador. "En nuestra cultura, el coche es objeto de idolatría. Los grupos de presión del sector del automóvil son fuertes. Parece que, en esta democracia, el voto de los conductores cuenta más que el de los que usamos el transporte público", ironiza Manel Ferri, responsable de transporte de Comisiones Obreras.
El pasado jueves entró en vigor la segunda parte del plan: la velocidad variable. Se trata de que fijar los límites de velocidad a través de paneles luminosos y en función de la congestión, las condiciones meteorológicas o la contaminación. La horquilla va de los 40 a los 80 por hora. El sistema no es nuevo: se utiliza desde hace tiempo, y con razonable aceptación, en Londres, Birmingham, Utrecht o Amsterdam. La Generalitat prevé, también, unir Barcelona con una veintena de ciudades mediante autobuses directos que tendrán una frecuencia de paso de 30 minutos.
El transporte representa una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y se come el 36% del consumo de energía en España. De ahí la importancia de limitar al máximo la circulación entre las áreas metropolitanas y el centro de las ciudades. El transporte colectivo (autobús, ferrocarril, metro, tranvía en superficie) y la bicicleta deben acabar con el reinado del coche, según recoge la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.
Grandes ciudades europeas han optado por restringir el uso del vehículo privado, sobre todo en el centro. Londres impulsó el peaje urbano hace cinco años: para acceder al centro en días laborables hay que pagar una tasa de once euros. El resultado: el tráfico en la capital británica ha caído un 30%, con la consecuente mejora de la calidad del aire.
En Berlín existe una "zona ambiental" de 88 kilómetros cuadrados donde los coches que más contaminan tienen vetado el acceso. Una medida similar, aunque más suave, ha adoptado Milán: los conductores de coches poco eficientes pagan entre dos y diez euros al día. Una página web (Low Emissions Zone, o sea, áreas con bajas emisiones) enumera unos 80 municipios que, de un modo u otro, han restringido el acceso a algunos vehículos. Hay ciudades de Alemania, Austria, Gran Bretaña, Holanda, Italia, Suecia, Dinamarca o Noruega. De momento, ninguna gran urbe española.
En Roma, durante algunos días de invierno, sólo circulan por sus calles coches con matrícula par o impar, según el día. En Madrid, recuerda el profesor Romera, "se intentó hacer algo parecido, pero no se pasó de un plan piloto". Una prueba más de la jerarquía del coche. Madrid es una de las ciudades que más ha invertido en transporte público (sobre todo, en el metro) y aun así "no ha perdido tráfico rodado porque se siguen haciendo carreteras", indica Noy.
Dentro de los núcleos urbanos las cosas se han hecho algo mejor, subrayan los expertos. No tanto por paliar los efectos sobre el medio ambiente como por la necesidad de que las ciudades sean más amables para el ciudadano. "Las medidas para calmar el tráfico tienen una gran tradición" en España, según el primer Informe sobre las políticas locales de lucha contra el cambio climático. Se trata, en estos casos, de peatonalizar las calles (total o parcialmente) y de crear áreas con prioridad residencial. En San Sebastián, por ejemplo, se han peatonalizado 50 calles en los últimos años, una medida que "humaniza y relaja la ciudad" y que "ha sido positiva para la actividad comercial", destaca un portavoz municipal.
Las zonas 30, donde la velocidad está limitada a 30 kilómetros por hora, también se han extendido. Lo mismo que el servicio de carsharing: los usuarios se registran en Internet y acuerdan compartir los gastos de un mismo coche con otros ciudadanos que cubran su misma ruta para ir a estudiar o al trabajo.
Muchas de esas iniciativas han sido impulsadas desde la Red de Ciudades Españolas por el Clima, que agrupa a 150 ciudades, entre ellas las principales capitales. Para ser miembro hay que cumplir ciertos objetivos en materia de medio ambiente y, por tanto, de movilidad sostenible. Dentro de esta avanzadilla se encuentra Vigo. El Ayuntamiento y Citroën han elaborado un plan de movilidad. El proyecto ha permitido acercar el servicio de autobús a las zonas donde viven mayoritariamente los trabajadores, explica el alcalde, Abel Caballero, que es al mismo tiempo presidente de la Red.
Los municipios de la Red están comprometidos a que sus flotas de vehículos sean eficientes y utilicen energías limpias. Por ejemplo, que los autobuses urbanos funcionen con combustibles alternativos como el gas natural comprimido, el biodiésel o las pilas de hidrógeno. También deben contemplar el uso de bicicletas como medio de transporte de algunos de sus funcionarios.
Aunque son sólo "una solución parcial" al problema de la movilidad, las bicicletas cada vez están más presentes en el entramado urbano. Lo ha permitido la proliferación de carriles bici. Por ejemplo, en Valencia. "Impulsamos 78 kilómetros de carril bici. Hemos ganado espacio para peatones y ciclistas y tenemos un plan ambicioso para que se pueda aparcar el coche en las afueras de la ciudad y, desde allí, acceder al centro en transporte público", reseña Alfonso Novo, concejal de Transporte. En el barrio de El Carmen, además, está vigente también la limitación a 30 por hora.
En Barcelona, se ha optado por las áreas verdes de aparcamiento. Se trata de zonas donde los residentes tienen prioridad para aparcar (a los que no lo son, les sale demasiado caro). "Evitas así la circulación de muchos vehículos foráneos en busca de aparcamiento", indica Ferri. El dinero recaudado se ha usado, en parte, para impulsar el Bicing, el servicio de alquiler de bicicletas públicas de la ciudad. Lo mismo que en la ciudad holandesa de Apeldoorn, donde, además, las bicis tienen prioridad semafórica.
En la línea de fomentar el transporte público y la amabilidad del entorno, muchas ciudades han retomado un medio de transporte histórico: el tranvía. Comenzó Valencia en 1994 y le siguieron Bilbao (2002), Alicante (2003), Barcelona (2004), Vélez-Málaga (2006), Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Murcia y Parla, en Madrid, (2007) y Vitoria, el año pasado.
Los expertos insisten en que se trata de iniciativas aisladas y coinciden en la necesidad de que el Gobierno español apruebe una ley de movilidad. "Ha habido una gran desconexión entre administraciones. Cataluña, Euskadi y las dos Castillas han aprobado normas, pero cada una va por su lado y no hablan de lo mismo", argumenta el profesor Romera. "Se hacen grandes discursos, pero hay que bajar a los hechos. Sabemos desde hace tiempo lo que hay que hacer. Ahora hay que ponerse manos a la obra", resalta Ferri, quien, además, dice que aún se diseñan "políticas del siglo XX", en alusión a la intención de seguir construyendo carreteras.
La secretaria de Estado de Medio Ambiente, Teresa Ribera, replica que se ha hecho "un gran esfuerzo inversor" en transporte público, pero admite que "aún no se han aprovechado al 100% todas las herramientas" para gestionar la movilidad. Ribera también cree necesaria una ley de movilidad para "coordinar a las administraciones" y luchar contra la contaminación, que en Barcelona o Madrid sigue siendo de las más altas de Europa.
Partidaria de extender la limitación de velocidad en las áreas de las grandes ciudades (aunque la competencia es de las comunidades autónomas) Ribera pide un esfuerzo de todos: "Hay que cambiar el chip sobre el coche y ser más valientes de lo que hemos sido hasta ahora".
Glosario de la movilidad urbana
- Peaje urbano. Pago para acceder al centro de las ciudades en coche. La medida busca preservar el medio ambiente y reducir la congestión.
- Aparcamiento de disuasión ('park & ride'). Son áreas de estacionamiento vinculadas a una estación de transporte público y pensadas para sus usuarios.
- Dióxido de carbono. Es el principal gas causante del efecto invernadero. Por cada litro de gasolina consumido se emiten unos 2,35 kilos de dióxido de carbono.
- Conducción eficiente ('eco-driving'). Con esta medida, los turismos consiguen ahorrar combustible en porcentajes que llegan hasta el 15% o más, aprovechando mejor la propia tecnología del motor.
- 'Carsharing'. Es una flota de coches compartidos por socios. Éstos pagan por las horas que utilizan los vehículos y los kilómetros que recorren.
- Carriles de alta ocupación. Están exclusivamente reservados para la circulación de vehículos con varios ocupantes.
* ELPAIS.com - JESÚS GARCÍA 19/01/2009
Foto: Viajeros del metro- CRISTÓBAL MANUEL, elpais.com
La lucha de los hipotecados se topa con los tribunales
DIAGONAL* : Desde hace medio año, a partir del blog Ahorcados por la Hipoteca más de 3.000 hogares se coordinan para pagar un precio justo por sus casas y demandar medidas a largo plazo que aseguren el acceso a una vivienda digna y barata. Mientras, la vía legal choca con una justicia cara y colapsada por la avalancha de casos.
“Antes pagaba 750 euros, ahora me sube a 1.600, ¿con dos hijos y otros gastos, cómo podremos vivir?”, resumía un cartel desplegado en uno de los principales eventos festivos de la comunidad latinoamericana en Madrid. 200 personas dieron otro contenido a ese 12 de octubre en la plaza de Colón, en uno de los pocos actos públicos convocados por la Unión de Propietarios de Viviendas Familiares con Intereses Impagables (UPVIFI) desde su creación en julio del año pasado.
La Unión agrupa ya a unos 3.000 hogares en todo el Estado, todo un récord para contar con apenas medio año de existencia. Sus integrantes sufren las consecuencias de las hipotecas basura a la española: recargos en la cuota por retrasos en los pagos y embargos. Pese a la bajada del Euribor, el Consejo General del Poder Judicial prevé que éstos aumenten hasta un 200% en 2009.
“Para los hipotecados, la crisis empezó este verano”, recuerda Erick Játiva, uno de los impulsores de la UPVIFI. Con sólo una semana en la red, su blog Ahorcados por la hipoteca había recibido 1.500 visitas y cientos de testimonios. Era el momento de hacer algo más allá de Internet. “A la primera asamblea no vino casi nadie, pero en la segunda ya éramos más de 1.000”, apunta. Así nació la UPVIFI, animada por la convicción que ha pasado a ser el lema oficioso de toda movilización social: “la crisis no la pagaremos nosotros”.
Los hilos de la crisis
Una de las primeras reivindicaciones de la Unión es que los hipotecados puedan acudir al concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos que permite a las empresas declararse en quiebra. Las deudas, en este caso con las cajas y bancos, tendrían que ser satisfechas en el momento en que un juez dictaminara que la persona o familia cuenta con los recursos suficientes.
De hecho, las entidades tampoco sabrían qué hacer con unos inmuebles hoy por hoy imposibles de revender a un precio lucrativo. El problema, a corto plazo, es que el proceso judicial resulta demasiado caro para los hipotecados.
“En nuestra situación, pagar entre 4.000 o 5.000 euros está completamente fuera de nuestro alcance”, precisa Játiva. Queda la justicia gratuita, pero esta salida se encuentra con más obstáculos, algunos de ellos también relacionados con la crisis.
En tres de cada cuatro casos las peticiones están siendo denegadas porque los solicitantes ganan más de dos veces el salario mínimo.
“Precisamente el problema que tenemos es que ni con todo lo que ganamos podemos pagar al banco”, se lamenta Játiva. Por si fuera poco, allí donde cuenta con más implantación, la UPVIFI tiene enfrente a Esperanza Aguirre y a su propósito declarado de reducir la asistencia jurídica gratuita para extranjeros, colectivo mayoritario en la Unión.
También en la Comunidad de Madrid, la cuestión de los embargos y de la justicia gratuita se topa con el colapso en los tribunales. Según el CGPJ, para resolver los 6.261 embargos pendientes serían necesarios más de dos años de trabajo sin que a la vez entrara ningún caso nuevo. Los sindicatos pronostican que la administración de justicia quedará bloqueada a comienzos de este mismo año.
Salir a la calle
Con embargos que no se ejecutan, e inmuebles ya embargados que no se venden, la batalla de los hipotecados promete ser larga. Una de sus reivindicaciones apunta a que los inmuebles amenazados de embargo pasen a formar parte de un parque público de viviendas en alquiler, “de modo que se garantice el acceso generalizado a unas viviendas baratas y dignas”, asegura Játiva.
Dicha medida, que supondría en la práctica sacar del mercado buena parte de las viviendas construidas en los últimos años, se enfrentaría no sólo a los intereses del conglomerado financieroconstructor, sino al propio desprestigio social que sigue asociándose a la práctica del alquiler.
“Debería haber una reacción política y social. Es necesario salir a la calle, protestar, que se escuche lo que proponemos”, opina Játiva. Pero hasta el momento, los contactos con otras organizaciones para sacar adelante trabajo, reivindicaciones y movilizaciones conjuntas va a paso muy lento.
* Diagonal - Diego Sanz Paratcha, Redacción - Del 8 al 21 de enero de 2009
Foto: FRAUDE HIPOTECARIO. La asociación reclama la justa revisión de las hipotecas - diagonalperiodico.net
Tres Cantos: Mil vecinos denuncian que los pisos protegidos que les adjudicaron no cumplen con lo prometido
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MADRIDPRESS* : Mil vecinos del municipio madrileño de Tres Cantos a los que les fueron adjudicados pisos de VPO de alquiler con opción a compra en el norte de la localidad, denunciaron que los viviendas que se les entregarán "no cumplen con ninguna de las condiciones" prometidas.
En declaraciones a Europa Press Televisión, la presidenta de la 'Asociación por las 1.000 viviendas de Tres Cantos', Carolina Muñoz, explicó que se les prometió pisos de 70 metros cuadrados por 441 euros al mes con un precio final no superior a 120.000 euros".
Sin embargo, Muñoz detalló que tras observar "el plan especial", los vecinos advirtieron que se habían reducido los metros y, en cambio, el precio había aumentado. "No se está cumpliendo con ninguna de las condiciones que nos habían prometido, es una vergüenza, nos están engañando y están jugando con nuestro futuro", lamentó.
Además explicó que el alcalde de la localidad, José Folgado, no quiso recibir a los vecinos afectados, por lo que recurrieron a un encuentro con el concejal de Urbanismo que discurrió con tensión. "Nos trataron bastante mal, con amenazas e insultos intentando intimidarnos con incluso anular el sorteo", relató.
Para otro de los miembros de la asociación, Pedro Ayala, "el problema especial de Tres Cantos es que todo el plan general de ordenación urbana se cedió a una empresa privada", en este caso a la empresa constructora FCC. "La gestión privada da beneficios privados, la gestión pública da beneficios públicos", opinó.
Los afectados se manifestaron el pasado mes de diciembre pero no descartan volver a hacerlo en las próximas semanas. Mientras tanto, estudian la posibilidad de contratar a un abogado para denunciar al Ayuntamiento de Tres Cantos por publicidad engañosa.
* MadridPress - 18.01.2009
Foto: Tres Cantos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
Sevilla: Un 70% más de suelo urbanizable para 972.000 habitantes más
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DIARIODESEVILLA* : La aprobación en 2006 del tardío Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) fue el primer paso dado por la Junta para controlar un crecimiento urbanístico insostenible que durante años se le había escapado de las manos y que, en el caso de Sevilla, se había traducido en una ausencia total de la perspectiva metropolitana en la estrategia de ordenación.
Pero el POTA, por el que se fijaron límites del 40% para el crecimiento urbanístico y del 30% para el poblacional por un período de siete años, se fue poco a poco desvirtuando ante las demandas de los sectores inmobiliarios y de la construcción -que veían peligrar sus inversiones en suelo y su negocio- y de los ayuntamientos, temerosos igualmente ante una merma de sus ingresos vía licencias.
El primer paso fue excluir a los municipios más pequeños de la obligación de atenerse a dichos márgenes, pero la puntilla del POTA fueron las llamadas "áreas de oportunidad", grandes bolsas de suelo destinadas a viviendas, servicios o usos empresariales. En Sevilla, la Junta ha dado su visto bueno a la creación de 69 espacios de estas características, que generan amplias expectativas de crecimiento urbanístico y poblacional para las dos próximas décadas.
La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (Adta) -galardonada en 2007 por la Junta con el Premio de Medio Ambiente de Andalucía en la categoría de Sostenibilidad Urbana- ha echado cuentas sobre las previsiones fijadas en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) y concluido que con este documento hay 14.000 hectáreas de suelo urbanizable, listas para ser construidas, "lo que representa un 70% más del suelo ocupado a lo largo de la historia". Si se cubriese de ladrillo todo ese espacio -a razón de 40 viviendas por hectárea y de 2,7 residentes en cada vivienda- el volumen de población nueva sería de 972.000 habitantes. ¿Es ése un modelo sostenible de desarrollo o más bien se está dando satisfacción a las necesidades de alcaldes y promotores?
La realidad, a juicio de la asociación vecinal, casa más con la segunda parte de la pregunta, con lo que el Potaus, y desde esta perspectiva, tendría más de negocio que de respuesta a las demandas sociales. Para rearfimar esta conclusión, Adta pone un dato más sobre la mesa: el 23% de las casas existentes en el área metropolitana están vacías.
La visión de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio es bien distinta. "El Potaus fue diseñado antes de que surgiese la crisis económica y su objetivo es que, cuando ésta acabe, no vuelvan a repetirse experiencias del pasado", indicó un portavoz del citado departamento. En otras palabras, que la expansión urbanística sin control de la primera corona metropolitana no se traslade a la segunda.
Desde Vivienda se pone el acento en que las cifras hay que analizarlas "en una perspectiva de 20 años vista, como mínimo", y que el Potaus, lejos de abrir la mano a un crecimiento incontrolado, "establece un marco estable de crecimiento a largo plazo". A la vista de lo ocurrido, "no vamos a plantear ahora que se construyan casas sin ton ni son", sentenció.
La Junta subraya que la existencia de un parque de viviendas vacías superior del 20% no justificaría una moratoria en la construcción de nuevas residencias puesto que las características de aquéllas y su elevado precio no cubren la demanda de la mayoría de la ciudadanía. El Potaus, en concreto, prevé que el 70% de las nuevas viviendas sean de VPO.
* Diario de Sevilla - J.CH: - 18.01.2009
Foto: La A-49, a su paso por Castilleja de la Cuesta - diariodesevilla.es
El fiscal de Medio Ambiente pide orden urbanístico en la provincia de Cádiz
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SUR* : La intervención del Fiscal de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio de Cádiz, Angel Núñez, fue una de las intervenciones más destacadas de las II Jornadas 'Medio ambiente es todo', organizadas por Agaden en Jimena. Núñez calificó de «desordenada» la situación urbanística en la provincia.
Según afirmó el fiscal en su conferencia, este «caos urbanístico» se debe a «la dejadez de funciones de los ayuntamientos y a la Administración en general». «Lamentablemente», prosiguió Núñez, «las construcciones ilegales han sido una forma de financiación de los Ayuntamientos en años anteriores».
El ponente subrayó la urgencia de llevar a cabo las demoliciones de las construcciones consideradas ilegales por la autoridad judicial. «No hay que entender aquí la demolición como sanción, sino como una fórmula para restablecer la legalidad urbanística, la restauración del suelo y del medio natural afectado por la construcción», aclaró.
Disuasión
Las demoliciones tienen, según el ponente, el efecto de «eliminar la sensación de impunidad que han tenido hasta la fecha los responsables de las construcciones ilegales». Núñez recordó que recientemente se han demolido edificaciones ilegales en las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla. Uno de los casos más recientes fue el derribo de la 'Casa del alemán', que había sido construida en el parque natural de Los Alcornocales. El juzgado de lo penal dictó la sentencia tras la intervención de la Fiscal de Medio Ambiente del Campo de Gibraltar, Inmaculada Budiño.
El fiscal gaditano recordó a los ayuntamientos la opción que tienen de demoler las construcciones edificadas ilegalmente en su término municipal que supongan un notorio incumplimiento de la legislación urbanística y de ordenación del territorio.
Los responsables de Agaden han calificado de «valiente, justa y conservacionista»la postura del Fiscal de Medio Ambiente.
«Gracias a su inmejorable labor el medio ambiente de la provincia está más protegido y conservado», afirmaron.
Pilar Téllez, miembro de la Agrupación Mitológica 'Chantarela' dio la segunda charla de la jornada, que trató sobre las setas mas interesantes del parque natural del Los Alcornocales. Posteriormente el Botánico Federico Sánchez, disertó sobre la perdida de Biodiversidad Botánica en al Campo de Gibraltar.
Las jornadas concluirán hoy con actividades como una salida para coger setas en Los Alcornocales y un taller de danzas del mundo. Las exposiciones fotográficicas sobre naturaleza de Fernando Barrios y de José Luis García completan, junto a los conciertos, la programación.
* SUR - 18.01.2009
Foto: Los Alcornocales (Cádiz), parque - sierradecadiz.com
