Anticorrupción investiga ya cincuenta casos en Málaga desde 2004

LAOPINIÓN* : Hace años que los informes especializados sitúan al urbanismo en una relación de convivencia con la corrupción. La cercanía de Gibraltar, el gran desarrollo inmobiliario y la proliferación de urbanizaciones hacen de la Costa del Sol un lugar propicio para que florezcan estos fenómenos. Tal era el caldo de cultivo, que los resultados no se han hecho esperar.

La Fiscalía Anticorrupción ha investigado 50 casos en la provincia desde que se nombró al primer delegado del área en Málaga, Juan Carlos López Caballero, en diciembre de 2004.

Aunque el caso más destacado tal vez sea ´Malaya´, un caso de corrupción política e inmobiliaria en el que han sido procesadas, por ahora, 86 personas -la mayor parte de ellos concejales y políticos-, este área de la Fiscalía se ha enfrentado a asuntos muy complejos: en ´Ballena Blanca´ se trataba de desmantelar un despacho de abogados que ´lavaba´ el dinero de otras organizaciones criminales; en ´Hidalgo´, hermano menor de la anterior causa, el objetivo era el mismo; en ´Troya´, los fiscales intentaban deshilachar una trama política en Alhaurín el Grande que cobraba a los promotores y empresarios por el desarrollo ilícito de sus proyectos -han sido imputados el alcalde y su edil de Urbanismo-; y en el caso de los agentes de la Udyco, se persigue la corrupción policial, al igual que ocurre con la trama de Ronda.
A esta retahíla de asuntos se unen el tema de las estafas nigerianas, ´Nilo´, en el que han sido procesados 200 naturales del país centroafricano; las investigaciones que se desarrollan en torno a 27 convenios urbanísticos ilegales de Marbella, por los que se realizaron pagos ilícitos, y el asunto de los honorarios presuntamente ilegales que percibió José María del Nido como abogado del Ayuntamiento de Marbella.
En ´Astapa´, la corrupción política ha sido muy evidente y, aunque los golpes han sido más suaves que en Marbella, la corporación municipal saltó por los aires.
Lo que ha quedado claro en cuatro años de actuación de esta Fiscalía especial es que urbanismo y corrupción han ido de la mano. El promotor necesita del alcalde ávido de ganar dinero para concretar sus proyectos en las zonas más apetitosas.

Juan Carlos López Caballero asegura que el número de causas aumenta cada año un 10% y que los éxitos han sido posibles por las nuevas formas de investigación: antes se acudía a la persecución del soborno en sí, mientras que ahora los investigadores estudian el patrimonio del imputado. Si el desfase entre ingresos y gastos es evidente y no puede explicarse, hay gato encerrado. "Nosotros actuamos contra la corrupción y, en este caso, los logros vienen de perseguir el beneficio del delito", dice.
"Al ritmo que crece el volumen de trabajo en breve hará falta otro fiscal Anticorrupción", aclara. Y ya serían cuatro: él mismo, Valentín Bueno y Francisco Jiménez Villarejo.
Para investigar de esta forma, muy laboriosa y compleja, hacen falta técnicos de Hacienda y expertos en urbanismo. Esos recursos existen, pero hay que pedírselos a las administraciones competentes, lo que resta eficacia a los operativos. "Medios hay, pero debería haber más. Y también lo he dicho por escrito. Tenemos que contar con equipos de apoyo de las Fuerzas de Seguridad, expertos de la Agencia Tributaria y en urbanismo", subraya.
Estos fiscales también prestan atención al crimen organizado. "Sí, estoy satisfecho con el trabajo realizado", concluye el fiscal.

Cárcel. Ayer se conoció que los ex ediles marbellíes Alberto García, Tomás Reñones y José Luis Troyano entraron en prisión para cumplir nueve meses de prisión tras el pacto alcanzado con la Fiscalía.






* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 21.11.2008
Foto: Corrupción. La policía tomó el Ayuntamiento de Marbella cuando estalló ´Malaya´. - Arciniega, laopiniondemalaga.es

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La Guardia Civil desentraña la trama urbanística de Granadilla

CANARIAS7* : El ex concejal de Hacienda de Granadilla, Fidel Rodríguez, tiene un patrimonio millonario nada acorde con los ingresos que percibió cuando estaba en el gobierno municipal. Ésta es la conclusión del informe que la Guardia Civil ha puesto sobre la mesa del juez que investiga la supuesta trama urbanística del municipio en la que está implicado todo el anterior gobierno.

La conclusión a la que llega la Guardia Civil arranca de la investigación exhaustiva llevada a cabo sobre el patrimonio del ex concejal socialista después de que la Fiscalía Anticorrupción se querellara contra toda la anterior junta de gobierno local de Granadilla de Abona, del Partido Socialista (PSC), como consecuencia de una denuncia presentada por la ahora alcaldesa nacionalista Carmen Nieves Gaspar.


Fidel Rodríguez, que en la actualidad es secretario general del PSC de Granadilla, creó, según la investigación ordenada por el juzgado, la promotora Inversiones Costa Atlántica (ICA) en el año 2002 y fue administrador único de la misma hasta el año 2005, compatibilizando su actividad mercantil y privada con la de edil de Hacienda y, lo más significativo, como consejero delegado de la empresa púbica que gestionaba todo el urbanismo del municipio, Grasur. El ex concejal se ha mantenido, sin embargo, hasta la actualidad como socio de ICA y, por tanto, ha participado de todas sus decisiones.


ICA realizó varias promociones de viviendas y recibió la licencia de primera ocupación de otras siendo Fidel Rodríguez edil, pero, además, la Guardia Civil detectó la compra por parte de la empresa de tres fincas cuyo valor, es en un caso de 1,7 millones de euros y en otro, de 1,6 millones. El juzgado de Granadilla que instruye el caso ya tiene el informe de la Guardia Civil.






* Canarias 7 - R.R / ACN Press - Santa Cruz de Tenerife - 21.11.2008
Foto: Granadilla (Tenerife), puerto - canarias7.es

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El caso 'Obra Nueva Puerto' alcanza ya a los políticos

DIARIODECÁDIZ* : El que ha sido bautizado como el caso Obra Nueva Puerto, la investigación que la Fiscalía de Medio Ambiente lleva a cabo con el Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil desde que el gobierno del Partido Popular de El Puerto denunció en octubre de 2007 los primeros casos de certificados falsos de obra nueva detectados en el municipio, durante el anterior mandato municipal de Independientes Portuenses (que gobernaban en coalición con el PSOE), ya ha alcanzado a los políticos.

El fiscal coordinador de la red de fiscales de Medio Ambiente en Andalucía, Ángel Núñez, avanzaba a este diario que ya había interpuesto del orden de unas 150 denuncias en los Juzgados. Unas denuncias que se dirigían contra autores y beneficiarios de esos certificados falsos, con los que, según las previsiones del gobierno del PP de El Puerto, se habrían edificado más de tres centenares de viviendas ilegales.

Ayer, el propio Núñez desveló a este periódico que también ha empezado a interponer denuncias en los Juzgados de la localidad contra anteriores dirigentes de Independientes Portuenses. Y es que hay que recordar que algunos de los casos fraudulentos de obra nueva remitidos a Fiscalía fueron además 'legalizados' por decreto municipal.

Esos decretos de legalización de viviendas habrían sido firmados por al menos tres personas: el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, el ex alcalde Hernán Díaz y el también ex alcalde de IP Fernando Gago, ahora miembro del gobierno del PP de El Puerto. Con estos decretos, dueños de viviendas construidas sin licencia habrían logrado el beneplácito municipal a edificaciones erigidas además al margen del Plan general, bien en suelos clasificados como no urbanizables o urbanos no consolidados, en los que tampoco se pueden autorizar edificaciones. Incluso se han legalizado casas que sólo estaban en cimentación. Y en algunos casos, por supuesto silencio administrativo, comunicado curiosamente de puño y letra por el ex edil de Urbanismo.

El fiscal informó que las denuncias interpuestas son por la posible comisión de un delito de prevaricación, si bien no descarta que en algunos casos coexista también un presunto delito contra la ordenación del territorio.





* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 21.11.2008
Foto: Viviendas construidas al margen del planeamiento en la carretera de Sanlúcar, en El Puerto - diariodecadiz.es

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La Fiscalía denuncia al alcalde de Maria de la Salut por el convenio del polígono industrial

LIBERTADBALEAR/Mallorca* : La Fiscalía ha denunciado al alcalde de Maria de la Salut, Antoni Mulet, por el convenio urbanístico del polígono industrial de la localidad, a raíz del contencioso interpuesto en su día por el PSIB-PSOE en la localidad y en la que también se pedían responsabilidades al propietario de los terrenos Antoni Crespí Rotger.

Según el PSIB-PSOE es ahora la Fiscalía la que “ha visto indicios de delito” en este operación y ha denunciado al alcalde y también al propietario de los terrenos. Los socialistas aseguran que ya habían pedido la “renovación” de este convenio que califican también de “polémica” para la construcción del polígono industrial al considerar que es “contrario al ordenamiento jurídico”.

Según el PSIB-PSOE los hechos se iniciaron a principios de 2003 cuando el alcalde en ese momento, Jaume Mestre, firmó dos convenios urbanísticos: uno con Miquel Mas Ribas, para conseguir suelo urbano para construir un centro escolar y sanitario en terrenos confrontados al campo de fútbol, y otro con Jaume Aloy Pastor, también para conseguir suelo urbano para viviendas de protección oficial.

También en 2003, según recuerdan los socialistas, se aprobó el avance de la revisión de las Normas Subsidiarias del municipio en las que se indicaba la necesidad de suelo industrial y de sacar del núcleo urbano las industrias existentes, para lo que se proponen unos terrenos cerca de la carretera PM-334.

Ya en el 2005, siempre según la versión del PSOE, con Antonio Mulet como alcalde de María, este informó de la dificultad de cumplimiento del convenio para desarrollar el centro escolar y sanitario en los terrenos confrontados al campo de fútbol aduciendo dificultades con la normativa supramunicipal dependiente del Consell de Mallorca..

También en el año 2005, se constituye la empresa Closanet S.L., que tiene como administradores a Antoni Crespí Rotger y Construcciones Rústic des Pla S.L., empresa de la que son administradores el padre y el hermano del alcalde.

En agosto de 2005, como consecuencia de la existencia de “presuntas dificultades” para desarrollar el convenio firmado en su día con Miquel Mas para construir el centro escolar y sanitario y por la necesidad de estas instalaciones en el pueblo, se firma otro convenio con la familia Pastor Aloy, que sustituye al citado con Miquel Mas Ribas, y por el que la superficie cedida es menor que con el anterior. En octubre de 2005 siguen explicando los socialitas, el alcalde vuelve a insistir en que el convenio con Mas Ribas “es inejecutable” por causas externas al Consistorio.

Curiosamente, según el PSIB-PSOE, en noviembre de 2005, Antonio Crespí adquiere los terrenos de Miquel Mas que eran objeto del convenio “inejecutable” según el alcalde. Antoni Crespí es el administrador de Closanet S.L., juntamente con la empresa Construcciones Rústic des Pla, siendo administradores de esta última el padre y el hermano de alcalde.

El 23 de diciembre, una empresa técnica en representación de una empresa promotora presenta un escrito a la dirección insular de Carreteras en la que se informa de la intención de adecuar los terrenos adquiridos por Antonio Crespí Rotger para las necesidades de lo que será un futuro polígono industrial. Según los socialistas, lo que llama la atención “es que no es hasta el 30 de diciembre cuando el Ayuntamiento de maría presenta la petición de información sobre la posibilidad de crear dicha área de servicios, es decir, la empresa informa de su voluntad de adecuarse al futuro polígono antes que el Ayuntamiento solicitara la creación de este espacio”.

En enero de 2006, el alcalde da a conocer que se había solicitado del Consell de Mallorca “informe previo” para dotar una zona industrial y de servicios en un sector próximo del polideportivo municipal. Curiosamente, afirman desde el PSIB-PSOE de Maria de la Salut, “se trata de los terrenos en los que estaba prevista la construcción de una escuela y un centro sanitario y que, ahora que son propiedad de Antoni Crespi, socio de entidades mercantiles con la familia del alcalde, se intentan convertir en suelo urbano al objeto de construir un polígono industrial”.

Finalmente, según los socialistas, en mayo de 2008, se aprobó el convenio entre el Ayuntamiento y Antoni Crespí para la construcción de un polígono industrial.





* Libertad Balear - 21.11.2008
Foto: Maria de la Salut (Mallorca) - libertadbalear.com

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Marbella: Ingresan en prisión cuatro ex ediles del GIL por delito urbanístico

MÁLAGAHOY* : Los ex ediles del GIL de Marbella Tomás Reñones, Alberto García Muñoz y José Luis Troyano ingresaron el miércoles sobre las 20:00 en la prisión de Alhaurín de la Torre de forma voluntaria para cumplir una pena de nueve meses de prisión por delito urbanístico por una de las causas incluidas en el pacto de conformidad alcanzado con la Fiscalía.

Además, el ex concejal José Luis Fernández Garrosa entró en la cárcel hace unos días por no haber hecho frente a una multa económica impuesta en otra causa urbanística en la que se le ofreció la posibilidad de cambiar la pena de prisión por la citada multa.

El ingreso en la cárcel de los tres primeros se produjo tras recibir la sentencia firme que los condena por dar una licencia ilegal para construir 250 viviendas en suelo rústico a la empresa Albagamar II S. L. entre 1998 y 1999, según publicó ayer Sur. Fuentes del caso precisaron que, por el momento, la única condena incluida en el pacto con la Fiscalía que tienen los ediles de esta Corporación -entre 1999 y 2003- sería la referente a la citada licencia, ya que las anteriores "eran penas de multa o se permitía la sustitución de la condena".

Los tres ex concejales fueron penados con nueve meses de cárcel, que es la pena fijada para los miembros de la Corporación 1999-2003 en el acuerdo con la Fiscalía. En total e independientemente del número de causas que tengan pendientes, cumplirán 27 meses de prisión, el triple de la pena impuesta, ya que los delitos urbanísticos de los que están acusados y por los que tienen varios procedimientos abiertos se consideran conexos.

Una vez internos, y puesto que no tienen otra condena de cárcel ni cumplen prisión preventiva por otra causa, los ex concejales deben ser clasificados. Según fuentes de Instituciones Penitenciarias, la junta de tratamiento del centro debe hacer una propuesta para que resuelva la Dirección General, ya que se trata de la clasificación inicial. Los ex concejales pueden ser clasificados como presos de segundo grado, que es lo normal, o de tercer grado. Según las fuentes, habría que tener en cuenta aspectos como los antecedentes de cada uno, las causas pendientes o el arraigo social. La ley fija un plazo máximo de cuatro meses en total para cumplir todo el proceso, tanto la propuesta como la resolución final de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. La libertad condicional se concede tras cumplir dos tercios de la pena.

Está previsto que también ingresen en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre los ex concejales Dolores Zurdo y Francisco Javier Lendínez, también condenados en este caso junto al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y los ex concejales Marisa Alcalá y Rafael Alcalá, que están en tercer grado, y Manuel Calle, en libertad condicional.





* Málaga Hoy - Agencias · Redacción - 21.11.2008
Foto: Marbella ayuntamiento - euroresidentes

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Un millón y medio de familias viven en infraviviendas en España

PÚBLICO* : Un millón y medio de familias viven en infraviviendas y más de 30.000 personas no tienen hogar en España, dos realidades denunciadas por las organizaciones Cáritas Española, FACIAM y FEANTSA con motivo de la celebración este domingo del Día de los Sin Techo.

Cáritas, la Federación Europea de Asociaciones de Centros para Integración y Ayuda a Marginados (FACIAM) y la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar (FEANTSA) presentaron hoy la conmemoración de la jornada de los Sin Techo que se celebrará, anunciaron, bajo el lema No Tener Hogar Significa Mucho Más Que Estar Sin Techo.

"Dicho día queremos llamar la atención sobre el profundo valor humanizador del hogar como espacio de crecimiento y de autonomía personal insustituible para todos los ciudadanos, pero del que no pueden disfrutar las personas que viven en la calle", ha opinado Julia Almansa, vicepresidenta de FACIAM, en una conferencia de prensa celebrada para presentar la campaña de sensibilización.
Difícil acceso

Las tres organizaciones han denunciado hoy el "difícil acceso como derecho social, de cualquier ser humano, a una vivienda digna y adecuada, que sufren con especial dramatismo las personas sin hogar".

"La vivienda es el primer paso para construir un hogar, para tejer vínculos y redes que están al lado de cada ser humano, para caminar en la recuperación de la identidad", ha apuntado Sonia Olea, de Cáritas Española.

En este sentido, Olea recordó que el estereotipo de la persona sin techo "no es el de siempre".
Varón, de 38 años y 302 euros de ingresos

Según los datos recogidos en los materiales editados con motivo del Día de los Sin Techo, el 82,7% de las personas sin hogar son varones, su edad media es de unos 38 años y sus ingresos medios son de 302 euros al mes, ha recordado Olea.

Además, un tercio de las personas sin hogar son abstemias y nunca han consumido drogas, y la mitad de la población sin hogar busca trabajo.

El 51,8% son españoles y el 48,2% son extranjeros mientras que el 27,3 % de los sin hogar tiene como principal fuente de ingresos su propia actividad: trabajo, venta de objetos y servicios.
Significado profundo

En la conferencia de prensa, Olea ha recordado también que "más allá de definiciones económicas y sociales utilizadas por los organismos públicos internacionales y nacionales, hogar tiene un significado mucho más profundo".

Cáritas, FACIAM y FEANTSA recuerdan que en la actualidad prácticamente no existen políticas de vivienda para personas sin hogar y el acceso a las de protección pública se hace prácticamente "inalcanzable" al exigirse requisitos legales como ingresos mínimos o empadronamiento.

Para reflejar dicha situación, Olea ha expuesto que la previsión para el año 2011 es que el porcentaje de viviendas vacías (13,8%) en España sea superior al de viviendas en alquiler (9%).
Derechos sociales

Para ello, ante el Día de los Sin Techo, desde estas entidades se ha reclamado hoy políticas públicas y actitudes de acogida de toda la sociedad y de cada ciudadano "para que los derechos sociales que todo ser humano tiene, encuentren su cauce jurídico, social, personal y comunitario en la creación o reconstrucción del ser-tener hogar.

FACIAM, FEANTSA y Cáritas han llamado la atención sobre la necesidad de coordinación entre los servicios sociales autonómicos y locales en lo que atañe a la atención y seguimiento de personas sin hogar, sobre todo en lo que se refiere a los temas de salud.

José Antonio, un sin techo presente en la conferencia de prensa leyó a la conclusión de la misma el manifiesto que se difundirá con motivo del "Día de los Sin Techo" el próximo domingo.

En el mismo se denuncia la "situación de vulnerabilidad" de quien no tiene un espacio donde estar y la "precariedad en la red de alojamientos", a la vez que se responsabiliza a la "Administración y la sociedad civil" para que "aumente y favorezca la creación de hogares y redes que permitan el arraigo en los barrios y en la ciudad".





* Público - EFE - 19.11.2008
Foto: Madrid, chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)

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Lora del Río: El juez imputa al ex alcalde por 150 casas ilegales tras 5 años de diligencias

DIARIODESEVILLA* : Más de cinco largos años de instrucción de diligencias previas han dado paso a la imputación judicial de Manuel Ledro León, ex alcalde de Lora del Río y ex diputado autonómico del Partido Popular (PP), por la construcción en dicha localidad de 150 viviendas unifamiliares en una zona verde, denominada El Zahornil, y en otra ocupada por una vía pecuaria.

El caso se remonta al año 2000, cuando el gobierno local que entonces presidía Ledro autorizó presuntamente el proyecto de urbanización al margen del planeamiento urbanístico.

Según Ecologistas en Acción, asociación promotora de la denuncia que dio origen a la apertura de diligencias y que actúa como acusación particular, la imputación se produjo el pasado día 14, cuando Ledro compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lora.

Si bien la Fiscalía no ha calificado aún las supuestas vulneraciones legales cometidas, Ecologistas aprecia indicios de delito urbanístico y de prevaricación en la actuación del ex alcalde, al tiempo que considera que otros cargos públicos y ex responsables de las administraciones implicados en la causa pueden también ser inculpados.

La denuncia inicial fue interpuesta ante el Ministerio Fiscal el 12 de junio de 2003 después de que se le hiciera llegar el expediente abierto al respecto por el Defensor del Pueblo Andaluz, que había tramitado una queja presentada en 2001 por la Asociación de Amigos y Usuarios de la Dehesa de Matallana de Lora (Amud-Ecologistas en Acción).

El inicio de las diligencias en los tribunales no impidió que el proceso de construcción de los unifamiliares siguiera adelante hasta la entrega de llaves a sus propietarios, en 2007. En todo ese periodo, según Ecologistas, ni Ledro -que abandonó el cargo tras las elecciones municipales de 2003- ni su sucesor en el cargo, Francisco Javier Reinoso (PSOE) dieron marcha atrás al proceso de obras.

La organización proteccionista denuncia que en todos esos años, debido en parte al retraso del juzgado en activar la instrucción, el Ayuntamiento hizo caso omiso de cuantos informes oficiales contrarios a la urbanización llegaron a sus manos. Entre éstas cita las recomendaciones realizadas por el Defensor y por la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente.

"De todo este proceso", señaló ayer Ecologistas en un comunicado, "tuvieron igualmente conocimiento otros organismos de la Junta de Andalucía, como la Consejería de Obras Públicas y la Dirección General de Ordenación del Territorio, quienes despacharon el asunto aduciendo que la competencia en materia de urbanismo correspondía al Ayuntamiento de Lora del Río".

En este punto, los ecologistas apuntan que la Delegación Provincial de Medio Ambiente "emitió un escrito de conformidad al levantamiento de la suspensión de las obras de edificación, las cuales se encontraban paralizadas precisamente por orden de la misma Delegación provincial de Sevilla, sin que se hubieran llevado a cabo actuaciones de tipo alguno que cambiaran las condiciones del suelo en que se estaban realizando estas edificaciones".





* Diario de Sevilla - Javier Chaparro - 20.11.2008
Foto: Urbanización El Zahornil, en Lora del Río - diariodesevilla.es

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Canarias: Más de 12.000 expedientes abiertos por obras ilegales

CANARIAS7* : En los casi diez años de vida de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) ha abierto un total de 12.214 expedientes por construcciones ilegales en las Islas, pero sólo una pequeña parte de estas obras acaba siendo demolida.

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, se mostró ayer a favor de la demolición cuando un fallo declara ilegal una obra. A su juicio, «las decisiones judiciales están para cumplirse. Cuando un órgano ordena la demolición de una obra, lo que hay que hacer es cumplir».

Sin embargo, desde que se produce una denuncia por infracción urbanística hasta que se procede a la demolición puede pasar años, y depende de la decisión judicial. Éste es un proceso largo y lento.

Cualquiera puede presentar una denuncia, pero la inspección corresponde a la Guardia Civil o a la Agencia de Protección, en la que, además del Gobierno de Canarias, participan cabildos y practicamente todos los ayuntamientos de la Comunidad autónoma. Una vez localizada la infracción, al propietario la opción de legalizar la obra antes de imponer una sanción. Entre los años 2001 y 2007, solamente se derribaron en las Islas unas cuarenta viviendas, a pesar de que en esos años se presentaron 8.601 denuncias por infracciones constructivas.

De los más de 12.000 expedientes abiertos en el Archipiélago, Gran Canaria y Tenerife son, de lejos, las Islas que acumulan mayor número de denuncias contra la normativa urbanística -3.495 en el primer caso y 3.750 en el segundo- desde el año 1999 hasta el pasado mes de octubre, según los datos facilitados por la Consejería de Política Territorial del Gobierno canario.

Sólo en lo que va de año, el número de expedientes abiertos por irregularidades constructivas alcanza las 746 en toda la Comunidad, que se incoaron sobre todo entre los meses de marzo y junio de este ejercicio. Sin embargo, el mayor número de expedientes abiertos registrados en 2008 se produce contra la Ley de Residuos, capítulo en el que se contabilizan 1.440 denuncias.

La vulneración de la normativa urbanística ha sido el origen de la mayoría de las demoliciones que se han producido en Canarias en los últimos años, y se sitúa por encima de los incumplimientos de la Ley de Costas.
Sin embargo, la Ley de Residuos es la que más infracciones registra. En total, en la Comunidad autónoma hay 10.686 expedientes abiertos por vulnerar la norma de Residuos. La Agencia ha abierto casi 30.000 expedientes por todos los capítulos de su competencia: infracciones contra la ley de costas, por vertidos al mar, residuos, de impacto, contra los cetáceos, parcelaciones o la ley de envases.





* Canarias 7 - Las Palmas de Gran Canaria - 20.11.2008
Foto: Derribos. Imagen de archivo de la demolición de una vivienda ilegal en la isla de La Palma - canarias7.es

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Detenidos el alcalde, un teniente de alcalde y un asesor del Ayuntamiento de Librilla por corrupción

LAVERDAD/Murcia* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron hoy al alcalde de Librilla, José Martínez; así como al teniente de alcalde, Pedro Martínez; y un asesor del Ayuntamiento , el abogado Cesáreo Gil de Pareja por su presunta pertenencia a una trama de corrupción, informaron fuentes de la investigación.

Las detenciones se enmarcan en las investigaciones que está realizando el Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, que ha abierto un procedimiento por cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
El martes pasado ya se detuvieron al funcionario del Gobierno regional, José Luis Cano, responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que se encuentra en excedencia desde ese año; el ingeniero Domingo Peñalver, propietario de la mercantil Acadi S.L., a la que se le adjudicó el PGOU de Librilla; José Andrés Cortés, consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L; María Josefa B.; y Francisca G. Con estas tres detenciones se elevan a ocho el número de arrestos en el marco de la misma operación.
Según las fuentes consultadas, los indicios que han provocado las tres detenciones de hoy han sido hallados por los investigadores en las últimas horas, entre la documentación incautada en la primera fase de la operación.


La Guardia Civil registra las viviendas de los detenidos

Agentes de la Guardia Civil están efectuando registros en los domicilios del primer edil de Librilla, José Martínez, del PP, del teniente de alcalde detenido y del asesor jurídico del ayuntamiento.
El alcalde ha acompañado a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que efectuaron el registro de su vivienda, una casa antigua en planta baja de la calle Luis Melendreras de esta población, durante más de tres horas. Pasadas las cinco y media de la tarde, los agentes abandonaron el domicilio con dos cajas con diverso material que se incorporará a las diligencias de la investigación.
Según fuentes de la investigación, los registros se llevan a cabo en Librilla y en Murcia, donde reside el abogado implicado.


Un alcalde veterano en el cargo

Martínez, alcalde de Librilla desde 1991 a excepción de una legislatura socialista entre los años 2003 y 2007, está acusado de presuntos cobros de comisiones ilegales, al igual que su concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, y de un asesor jurídico del ayuntamiento.
El primer edil, dueño de una administración de lotería de la localidad, también acompañó el pasado martes, durante cuatro horas, a la Guardia Civil en el registro que ésta efectuó en la sede consistorial a raíz de la detención de los primeros cinco implicados en esta supuesta trama de corrupción urbanística.
Ese día, el alcalde aseguró a los periodistas que había colaborado "voluntariamente" con la justicia, y que "en ningún momento" había estado detenido.
Librilla , de casi 4.000 habitantes, es un municipio agrícola situado a las faldas de Sierra Espuña y su ayuntamiento está integrado por seis concejales del PP y cinco del PSOE.


Abogado urbanista y profesor de la UCAM

El asesor jurídico detenido hoy en Librilla,Cesáreo Gil de Pareja Otón, es profesor de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y abogado especialista en urbanismo, con despachos en Alicante, Murcia y Cartagena.
Fuentes de la investigación informaron de que Gil de Pareja fue detenido en la segunda fase de la operación desarrollada en Librilla contra una presunta trama de corrupción urbanística.
Este abogado fue contratado por el ayuntamiento de Librilla para asesorar al equipo de gobierno en temas urbanísticos.






* La Verdad - E.P. - 20.11.2008
Foto: Librilla (Murcia), ayuntamiento - librilla.es

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Elda: El TSJ ordena al Ayuntamiento la ´inmediata paralización´ de las 1.000 viviendas del Sector 9

INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) ha infringido un severo correctivo al Ayuntamiento de Elda por permitir que las obras de urbanización y edificación del Sector 9 continúen a pesar de que un auto del mismo tribunal ratificó, hace tan sólo dos meses, la suspensión cautelar de este controvertido plan parcial.

Ayer la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ notificó a las partes del litigio una resolución en la que ordena al equipo de gobierno popular a "la inmediata paralización de las obras en cumplimiento del auto de suspensión dictado". En la providencia, contra la que el Ayuntamiento puede recurrir en un plazo de cinco días, se indica que "es obvio que las resoluciones judiciales no pueden ser ignoradas por la administración municipal y obligan a todos".
Esta medida, que puede prolongarse hasta que en marzo se emita la sentencia, impide seguir con los trabajos para crear calles y dotar de servicios a la principal zona de expansión urbana de Elda pero también bloquea la construcción de las 1.000 viviendas de protección oficial programadas, muchas de las cuales se encuentran en una fase muy avanzada e incluso vendidas.
Como se sabe, fue la promotora Gydos la que solicitó al TSJ la suspensión del Sector 9, que fue aprobado por la Conselleria de Territorio y Vivienda en junio de 2005. Con anterioridad Gydos presentó un proyecto para urbanizar la zona pero finalmente el Ayuntamiento, gobernado entonces por un PSOE en minoría, decidió adjudicar la actuación a los propietarios del suelo constituidos en una Agrupación de Interés Urbanístico. Las obras de urbanización comenzaron en agosto de 2007 pero los pronunciamientos judiciales siempre le han dado la razón a Gydos al entender que existen "ilegalidades". La vulneración del Plan sobre Prevención de Riesgo de Inundabilidad de la Comunidad Valenciana y la falta de autorización de la CHJ garantizando el suministro de agua son las principales.
A pesar de ello el Ayuntamiento ha permitido que las obras continuasen para no estrangular el desarrollo de la ciudad. Sin embargo, tras esta última resolución del TSJ, el equipo de gobierno que dirige Adela Pedrosa podría cambiar de criterio. En caso contrario el artículo 112 de la Ley de Jurisdicción establece "la imposición de multas coercitivas de 150 a 1.502 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o la sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar". En virtud del mismo artículo y según ha explicado el gabinete jurídico de Gydos, también se podrían exigir responsabilidades penales a la alcaldesa por desobediencia a los mandatos judiciales.

La tranquilidad del equipo de gobierno del PP

El concejal popular Francisco Muñoz señalaba en julio, tras recurrir el primer auto del TSJ que suspendía cautelarmente la ejecución del Sector 9, que en el peor de los casos una sentencia contraria "no va a hacer que la tierra de este plan parcial desaparezca, por lo que el Ayuntamiento siempre tendrá la posibilidad de redefinir la zona". Así lo indicó en rueda de prensa al tiempo que transmitía tranquilidad a los afectados, en este caso constructoras, promotoras, propietarios de terrenos y de pisos. "Esta actuación -comentó entonces- sigue su curso con normalidad y en esta cuestión todos los grupos políticos vamos a apoyar y a defender a la gran cantidad de ciudadanos que han comprado sus viviendas en la zona". Un mensaje que no parece haber generado mucha confianza entre los eldenses. De hecho, varios constructores reconocían semanas atrás que la incertidumbre jurídica que se ha creado en torno al Sector 9 les ha hecho perder muchos clientes.





* Información - PÉREZ GIL - 20.11.2008
Foto: El controvertido Sector 9, la principal zona de expansión de Elda con 150.000 metros junto a la avenida de Ronda - JESÚS CRUCES, diarioinformacion.com

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Los jueces ya han ordenado en Sevilla más de 25 sentencias que incluyen demoliciones

ELPAÍS* : El número de sentencias condenatorias que ordenan demoliciones en distintos parajes de la provincia de Sevilla, supera ya la cifra de 25 resoluciones, tras una primera etapa en la que los jueces condenaban por la construcción ilegal, pero no incluían la obligación de devolver el paraje a su estado primitivo. Aún así, no todos los condenados llevan a cabo tales demoliciones.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Sevilla ha instado a los jueces a que sea la Junta quien derribe las construcciones ilegales si no lo hace el interesado, una vez que sea firme la condena y para "garantizar el cumplimiento de la orden judicial". La Fiscalía sevillana está instando a los jueces de lo Penal "a que ejecuten las sentencias condenatorias que ordenan la demolición de viviendas ilegales en suelo rústico por delito urbanístico".

En esta materia, la Audiencia Provincial de Sevilla está revocando desde 2006 las sentencias que no ordenan la demolición "como único modo de restaurar el orden vulnerado por el delito". En 2008 ya se han dictado cinco sentencias en ese sentido.

Las últimas sentencias dictadas se refieren a chalés levantados en el paraje Las Minas de Castilblanco de los Arroyos, donde la Fiscalía denunció en 2005 a cientos de propietarios por construir en zona forestal no urbanizable.

Entre estos casos más recientes, una pareja condenada por construir una vivienda ilegal en Las Minas derribó su inmueble tras el requerimiento de un juzgado sevillano, de manera que ni el Ayuntamiento ni la Junta ni el Seprona tuvieron que intervenir en el asunto. Los dos acusados, R.C.C. y J.G.A., habían comprado en enero de 2005 la parcela en Las Minas, en la que posteriormente construyeron una vivienda de 80 metros cuadrados, que fue detectada a comienzos del verano de 2005. Por tal circunstancia, el juzgado de lo Penal 9 de Sevilla condenó a la pareja a derribar su inmueble, algo que, según las mismas fuentes, "normalmente" suele ser desatendido.

La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo sostiene que una condena que no ordene demoler lo ilegal contribuye a "consolidar el daño" y es un "efecto llamada" a que otros ciudadanos se vean tentados a cometer los mismos excesos.






* ELPAIS.com - AGENCIAS - Sevilla - 19/11/2008
Foto: Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), urbanización ilegal - diariodesevilla.es

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Escorca: El juez suspende cautelarmente la licencia que permite 105 viviendas en Es Guix

DIARIODEMALLORCA* : El juzgado de lo contencioso - administrativo nº3 de Palma emitió el pasado martes un auto judicial mediante el que acuerda la suspensión cautelar del decreto de alcaldía del ayuntamiento de Escorca del pasado 8 de septiembre de 2006 por el que se concedió licencia de obras a la entidad Marina de Portitxol (actualmente Urnova S.L.U.) para la construcción de 105 viviendas, locales y garajes en la urbanización de Es Guix, en Escorca, con un presupuesto de 7,6 millones de euros.

La suspensión cautelar dictada por el juez es una consecuencia del recurso interpuesto por el Consell de Mallorca el pasado mes de abril contra la decisión del ayuntamiento de Escorca de otorgar licencia de construcción a la urbanización de Es Guix. El juzgado todavía no ha dictado sentencia respecto al citado recurso del Consell, aunque ha considerado la necesidad de evitar un daño "irreparable" en un espacio de gran interés medioambiental hasta que no haya una resolución firme.
El juzgado considera que, en caso de estimarse el recurso del Consell contra la licencia de obras y tener que ejecutar la demolición de lo construido, "el daño producido al entorno ambiental y paisajístico ya se ha producido con la destrucción propia que toda edificación y construcción supone" y que "los valores ambientales y ecológicos, absolutamente vulnerables por la acción del hombre, han de ser motivo de especial protección y son fuente de riqueza per se, por lo que un impacto en ellos ha de ser cuidadosamente analizado cuando se trata de la posibilidad de una edificación cuya legalidad de la licencia de obra es cuestionada por una Administración interviniente en su tramitación (Consell) para la concesión por parte de la Administración competente para ello (Ayuntamiento)".
El Consell de Mallorca argumentó en su recurso contra la licencia de obras que la declaración de los terrenos de Es Guix como suelo urbano conforme a las Normas Subsidiarias de 1993 no se ajustaban a la legalidad al no contar con los servicios exigidos y que la licencia es ilegal al faltar la autorización previa vinculante de la Comisión de Patrimonio Histórico.

Reacciones políticas

La consellera insular de Territorio, Maria Lluïsa Dubón, expresó ayer su "satisfacción" por el auto y destacó que los argumentos judiciales coinciden con los del Consell. El Bloc también celebró en un comunicado la suspensión cautelar de la urbanización de Es Guix.
El alcalde de Escorca, Antoni Gómez (PP), aseguró que el auto no le produjo ninguna sorpresa. A su entender, "era de esperar, ya que es una decisión cautelar en cuanto no se resuelva el pleito planteado". Gómez destacó que el auto judicial "no prejuzga nada y es un tema menor", a pesar de que "Dubón lo vea como un triunfo del Consell". El primer edil añadió que el Ayuntamiento estudiará con sus servicios jurídicos si presenta recurso.





* Diario de Mallorca - J. FRAU. INCA - 20.11.2008
Foto: Fotomontaje que ilustra las viviendas proyectadas en Es Guix, ahora paralizadas de forma cautelar - diariodemallorca.es

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Ciempozuelos: Dos ex alcaldes del PSOE cobraron varios millones de constructoras

ELPAÍS/Madrid* : Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro nunca cobraron de la promotora Esprode los 40 millones de euros que figuraban en el falso contrato que presentaron en un banco de Andorra en 2006 para justificar el ingreso de un millón de euros. Pero aquel ingreso sospechoso les supuso una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que acaba de detallar sus supuestas mordidas, que suman varios millones de euros.

El fiscal ha comprobado, tras dos años de investigación, el "cobro por Torrejón, amparado por la actuación de Elena Berrio [su esposa], de cantidades importantes de dinero incompatibles con su posición de alcalde de Ciempozuelos, a las que habría tenido acceso, en mayor o menor medida, Tejeiro". Los pagos irregulares procederían "bien de sociedades constructoras con intereses en el municipio de Ciempozuelos [Esprode y Bitango], bien de contratistas del Ayuntamiento que presidía, como los derivados de Alfonso Méndez y sus sociedades". Tales cohechos se abonaron u ocultaron a través de una red de "testaferros como Francisco Javier Marazuela y los responsables de Urbego y Comernet Green, Juan Ángel Muñoz García y Manuel Ramón Martín Peña". Las constructoras pagaban a firmas intermediarias, singularmente de Marazuela, y el dinero acababa en sociedades que el fiscal considera tapaderas patrimoniales de Torrejón o Tejeiro. La policía ha registrado estos días sedes de los testaferros en busca de pruebas.

- Comernet Green. Abonó 5.391 euros en 1999 a Tejeiro, que poseía en su casa una visa de dicha firma y extractos bancarios. La esposa de Torrejón recibió 6.000 euros de dicha empresa en 1999. Ese año, esta firma cobro 193.000 euros de Ecocedes, del contratista municipal de basuras, Francisco Méndez. Copias de tales facturas fueron halladas en casa de Tejeiro.

- Urbego. Recibió en 2005 de Frangest, firma de Marazuela, 1.920.000 euros. Y cobró 860.000 euros en 2006 por asesoramiento a la inmobiliaria Bitango. Tales facturas fueron halladas en el ordenador de Tejeiro. El total percibido en 2006 de dicha constructora se eleva a 1.574.000 euros. Igualmente, cobró en 2006 a Frangest 228.872 euros. Y recibió 1.719.000 euros en 2005 de Comernet Green. Urbego hizo pagos en 2005 a Viajes Sanitur, de Marazuela, de la que percibió ingresos entre 2000 y 2002 la hija de Torrejón.

- Pradogest. Asesoría que administra la esposa de Torrejón y de la que él es apoderado. Ecocedes, empresa del contratista Méndez, le abonó 8.588 euros en 1997. En 2005 cobró 141.240 euros de Urbanges y 6.060 de Viajes Sanitur, ambas de Marazuela. En 2004, cobró de Viajes Sanitur 3.000 euros, y otros 2.100 de Ischadia Bus, también de Marazuela, pagos que se repitieron en 2005. También vendió en 2003 por 3.606 euros dos pisos en Madrid a Sugessa, vinculada a Esprode. Pradogest cobró sumas de otra firma del contratista Méndez (GD Maquinaria): 70.000 euros en 1999; 41.830 en 200 y 16.383 en 2001.

- Bitango Promociones. Esta constructora hace los siguientes abonos a sociedades de Marazuela: 264.480 euros a Ischadia Bus y 4.228.118 euros a Frangest, ambas de Marazuela, pagadora de las firmas con las que supuestamente Torrejón blanqueaba dinero (Comernet Green y Urbego). También pagó directamente 1.574.002 euros en 2006 a Urbego, unos 600.000 euros a Urbanges y otros 454.000 a Frangest, ambas de Marazuela. Urbanges, por otro lado, le compró a Torrejón un piso en Almuñécar por 222.000 euros en 2005 que el ex alcalde adquirió dos años antes por sólo 180.000 euros.

- Frangest y Urbanges. Ambas son de Marazuela. El fiscal las considera intermediarias de los pagos de las constructoras al ex alcalde. Frangest cobró tres millones de euros en 2005 de Bitango y pagó casi dos millones a Urbego.

- Format y Cosulting. La gestiona Juan Ángel Muñoz, asesor fiscal de Torrejón. En 2004 recibió 200.000 euros de Esprode, con los que compra ese mismo día una finca a Kimuso en Ciempozuelos. Una firma ejerció una opción de compra sobre dicha finca y seis más, a cambio de un millón de euros. Curiosamente, Format paga con dinero de Esprode a una vendedora, Kimuso, de la que es accionista dicha constructora. Y, como recibe 200.000 euros en señal de tal opción de compra, no sólo le sale gratis, gana dinero sin haber puesto un euro, según la investigación.





* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 20/11/2008
Foto: Ciempozuelos (Madrid), casa_consistorial - educa.madrid.org

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La CHJ inicia los derribos en el delta del río Palancia bajo la vigilancia de la Guardia Civil

LEVANTE/Valencia* : Las palas excavadoras de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) comenzaron ayer los derribos de las más de 200 construcciones, en su mayoría ilegales, del delta del río Palancia.

Y todo bajo la estricta vigilancia de un amplio despliegue de la Guardia Civil que desde las seis de la madrugada tomaba literalmente toda la desembocadura, impidiendo el acceso a los propietarios que poco a poco comenzaron a congregarse al final del paseo marítimo del Port de Sagunt.

La indignación de los afectados era palpable. Especialmente entre aquellos que tenían animales en sus parcelas y no podían acceder a las mismas para alimentarlos. "Entre perros y ovejas tengo más de treinta animales y están sin comer ni beber desde ayer", se lamentaba uno de los propietarios. "Si hace falta esta tarde les acompañarán uno a uno para que entren y se los lleven", trataba calmar los ánimos un guardia civil. Igualmente, se destacaba que en el operativo participaban veterinarios para atender a los animales.
Pero sobre todo los congregados se quejaban de la total desinformación sobre qué era lo que estaba pasando realmente. Y es que el bloqueo del lugar era total. De hecho, algunos propietarios que intentaron acceder por pequeños caminos y sendas, fueron inmediatamente localizados e interceptados por los agentes de la benemérita que mantenían herméticamente cerrado el recinto. El dispositivo se mantuvo hasta pasadas las 18,30 horas. Precisamente, el férreo control de la Guardia Civil centraba las protestas. "No se nos ha dejado entrar a nuestra propiedad", denunciaba uno de los presentes. "Están impidiendo el paso por una vereda que es de tiempos de la Mesta y hasta en Madrid tienen que dejar abierta para el ganado", comentaba otro. Además, censuraban que el CHJ estaba entrando en sus parcelas sin supervisión de los afectados. "Se nos impide el derecho constitucional al libre tránsito", criticaban.
De hecho, los reunidos hicieron que un notario levantara acta del bloqueo de la Benemérita de los caminos y a lo largo del día fueron presentando denuncia de los hechos en el juzgado.





* Levante-EMV - J. M. Rambla, Sagunt - 19.11.2008
Foto: demolición. Las palas excavadoras comenzaron los trabajos de derribo en el delta del río Palancia - tortajada, levante-emv.com

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Regular la desregulación

GERARDO ROGER* : Afortunadamente, comienza a haber un cierto consenso sobre las causas y las salidas a la más grave crisis que ha vivido la actividad inmobiliaria en los últimos tiempos. Conviene recordar que el sector inmobiliario español, como locomotora del desarrollo económico, produjo en el periodo 1997-2006 más viviendas que en Francia, Alemania e Italia juntas, lo que paradójicamente para algunos gurús del neoliberalismo, ocasionó un incremento especulativo de los precios no conocido hasta entonces: un 150% para la vivienda y un 500% para el suelo.
Pero tal como argumentaban los responsables de entonces, no había que preocuparse, ya que si se construían tantas viviendas y tan caras era porque los ciudadanos las compraban.

Pero como la historia económica nos enseña, a los ciclos expansivos les siguen ciclos recesivos, siendo éstos tanto más profundos, cuanto aquellos fueron más desproporcionados. Adicionalmente, el escenario español se remata con la crisis de las sub-prime y financiera y sus graves afecciones a la economía globalizada mundial.

Afortunadamente, hoy se desvela, como causante principal del desastre, la desregulación acometida, antaño considerada como garante del acierto del mercado y hoy virulentamente rechazada por quienes más la ensalzaron. De hecho, pocas veces se cuestionaban aquellos desregulados procesos inmobiliarios. Más bien se aplaudían los préstamos hipotecarios superiores al 100% de su valor, apoyados en sobre-valoraciones totalmente irreales. Se tasaban patatales como solares y viviendas con incrementos anuales cinco veces superiores a la inflación. Se compraban grandes empresas por pequeñas y medianas, financiándose exclusivamente con préstamos garantizados en el valor especulativo de sus activos. Tampoco parecía preocupar la presumible incompatibilidad existente entre auditoras y empresas auditadas. A la Administración competente le pareció necesario, y así lo dispuso, considerar que todo el suelo (salvo el especialmente protegido) fuera susceptible de ser urbanizado y que el valor del urbanizable, aun solo a efectos de expropiación, fuera equivalente, desde el momento de su reclasificación, al beneficio del potencial negocio inmobiliario sin que sus propietarios invirtieran un euro ni hicieran nada (al menos confesable) que lo justificara.

Pues bien, toda esta estructura desregulada comenzó a desplomarse a mediados de los años 2000, derrumbándose repentinamente en el verano de 2007, impulsada por el seísmo globalizado de las hipotecas-basura.

Obviamente, la solución no puede ser otra que la inaplazable necesidad de regular la desregulación.

Procede en primer lugar, recuperar el flujo financiero, inyectando liquidez en las entidades de crédito para que discurra por los cauces del préstamo hipotecario, hoy exhaustos por causa de las euforias anteriores, tal como ya se ha adoptado.

En segundo lugar, procede acometer una intencionada regulación del mercado inmobiliario, actuando a largo y a corto plazo. A largo, disponiéndose, por un lado, una legislación del suelo Estatal que garantice el desarrollo sostenible, el derecho a la vivienda, una valoración inmobiliaria basada en lo preexistente y una regulación de la transformación urbanística que potencie la actividad productiva y penalice la retención especulativa y una legislación urbanística valenciana que desarrolle concertadamente esos principios y resuelva, de una vez por todas, el contencioso con la CE.

A corto plazo, dando salida en primer lugar al importante stock de viviendas sin vender (entre 80.000 y 120.000 en la Comunidad Valenciana, según estadísticas) pues, sin ello, gran parte del sector no dispondrá de recursos para nuevas inversiones. En segundo lugar, producir decididamente viviendas protegidas, para las que existe gran demanda insatisfecha, apostando intencionadamente por el régimen de alquiler, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, incluyendo la reurbanización urbana y redefiniéndose necesariamente unos precios oficiales de venta que no superen el esfuerzo económico del tercio de los ingresos para aquellas rentas familiares inferiores a 6,5 veces el IPREM. Téngase en cuenta que este umbral de esfuerzo es decisorio para la concesión del préstamo hipotecario, por lo que no puede admitirse un precio inflado de la vivienda a causa de que el valor de repercusión del suelo que ese precio conlleva, sea igual o superior al de viviendas de renta libre, como ocurre en algunas localizaciones urbanas.

Finalmente, deben impedirse las prácticas fraudulentas que han caracterizado el mercado de vivienda protegida disponiéndose que su adjudicación se realice siempre mediante concurso público, transparentemente baremado y que se mantenga su calificación como protegida a lo largo de su vida útil, para rentabilizar socialmente los recursos públicos invertidos.

Todas estas medidas reguladoras de la desregulación, junto a otras análogas, se recogen en el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2009-12 que el ministerio y la Generalitat valenciana vienen negociando y que, en poco tiempo, verá la luz, al parecer con alto grado de consenso. Esperemos que se aplique cuanto antes y deseablemente de manera concertada entre las Administraciones competentes y con los particulares emprendedores que estén dispuestos a participar. La situación del sector y del empleo es tan delicada, que toda musculatura es poca. La regulación racionalmente concertada, debe ser el mantra que dirija toda la actividad del sector, al menos a corto y medio plazo.


* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo.





* ELPAIS.com - Opinión - 18.11.2008


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La Guardia Civil desmantela una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Librilla

LAVERDAD/Murcia* : Otro ayuntamiento murciano tomado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Otro consistorio de la Región en la primera página de todos los periódicos y en lugar preferente de los informativos de televisiones y radios de todo el país. Y van...

Fue la localidad de Librilla la que ayer se despertó con la desagradable sorpresa de encontrarse con las dependencias municipales bloqueadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro de una nueva operación dirigida a desmantelar una presunta trama de corrupción urbanística. En esta ocasión, sin embargo, y al contrario que en anteriores ocasiones, las sospechas no se ciernen sobre el alcalde de la localidad ni sobre alguno de sus concejales, sino sobre altos funcionarios.
Un portavoz del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia confirmó que la intervención policial fue ordenada por el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, quien mantiene abierto un procedimiento por los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
En el marco de esta operación fueron detenidas ayer cinco personas, entre las que destaca un alto funcionario de la Comunidad Autónoma, que se encuentra en excedencia desde hace algo más de un año. Se trata del ex responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, dependiente de la Dirección General de Administración Local de la Consejería de Presidencia, José Luis Cano Valverde. Junto a éste han sido arrestados su esposa, cuya identidad parece responder a las iniciales J.B.B., y un empresario y presunto socio de Cano, Domingo Peñalver Rojo.
Otro de los detenidos más relevantes para la investigación es el gerente de la empresa municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L. (IDL S.L.), José Andrés Cortés, junto a quien también ha sido arrestada su esposa, cuya identidad no ha trascendido.
La operación, que se completó con exhaustivos registros en el Ayuntamiento de Librilla, en dependencias de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en sedes de varias empresas y en domicilios particulares, tiene su origen en la denuncia presentada meses atrás por la Fiscalía del TSJ. Las investigaciones de los fiscales anticorrupción, así como las dirigidas a posteriori desde el juzgado, apuntan a que los tres varones arrestados, Cano, Peñalver y Cortés, constituyen las bases del supuesto triángulo de corrupción.
Todo quedaba en casa
José Luis Cano jugaría, según fuentes próximas a la investigación, el supuesto papel de cerebro y organizador de la trama. Así, como responsable durante años del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios -esta oficina ofrece apoyo a los ayuntamientos con menos recursos-, Cano maniobraba para conseguir supuestamente que fuera la empresa ACADI (Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería S.L.), administrada por su socio y amigo Domingo Peñalver, ingeniero de 27 años, la que se adjudicara diversos contratos municipales.
Entre éstos figuran, además de labores de asesoramiento técnico y la elaboración de diversos informes urbanísticos y sobre obra pública, la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Librilla, que le fue adjudicado por 110.400 euros (más de 18 millones de pesetas).
Según fuentes del PSOE murciano, que investigó esta trama el año pasado y que ha colaborado con la Fiscalía, a raíz de la redacción del PGOU por ACADI se negociaron 30 ordenaciones del suelo con sus propietarios, y a todos los firmantes de los convenios se les habría exigido que encargaran la transformación del suelo a la firma municipal IDL. La gestión consistiría en elaborar y tramitar el plan parcial, el proyecto de reparcelación, el proyecto técnico de urbanización y en llevar la dirección técnica de las obras.
Al margen de ello se habrían llevado al Pleno otros contratos por importe de más de seis millones de euros, que no habrían respetado la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, según el PSOE.
Del mismo modo, se investiga si Cano también influyó para conseguir que la construcción de obra pública de Librilla le fuera adjudicada a la constructora Urvisán S.L. de Los Alcázares, cuyas instalaciones también fueron registradas ayer por la UCO.
La supuesta trama de corrupción se completaría con el gerente de la sociedad pública IDL S.L., José Andrés Cortés, de quien se sospecha que estaría en connivencia con Cano para obtener beneficio personal a través de una particular gestión de los intereses públicos.
Los cinco detenidos estaban siendo ayer interrogados, por lo que no se conoce si hoy serán puestos a disposición judicial o los agentes agotarán las 72 horas de margen máximo de que disponen.


Esta noticia ha sido elaborada con información facilitada por Julián Mollejo y Fuensanta Carreres.





* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 19.11.2008
Foto: Librilla (Murcia) - librilla.es

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La técnica de Urbanismo aconsejó parar las licencias al gobierno de Gondomar

FARODEVIGO* : El ex alcalde de Gondomar, Carlos Silva, actual portavoz del grupo municipal del PP y su junta de gobierno continuaron la concesión de licencias pese a las advertencias de la secretaria municipal, Ana Begoña Merino, y de la técnica de Urbanismo, Elena Ares Salgado, que realizó un informe en el que aconsejaba suspender el Plan Xeral de 1997 y, por lo tanto, dejar de dar permisos de obra.

Ambas funcionarias declararon ayer como testigos en el juicio oral por supuesta prevaricación urbanística contra Silva y los cinco ediles que integraban la comisión de gobierno, un delito por el que el Ministerio fiscal solicita para ellos un año y medio de prisión y diez de inhabilitación. Ares recordó su informe de febrero de 2006, en el que avisaba de la necesidad de paralizar la expedición de licencias y de suspender el plan.
La profesional llegó a esta conclusión tras consultar el expediente del plan urbanístico de 1997 cuando el alcalde popular le solicitó un análisis sobre los asuntos de su departamento en relación a la situación jurídica del documento, cuya nulidad había declarado el Tribunal Supremo un año antes. Fue entonces cuando Elena Ares tuvo conocimiento de la existencia de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que consideraba nulo el acuerdo plenario de mayo de 2005, que corregía el plan para adaptarlo a la sentencia del Supremo. "Yo emití el informe y, a partir de ahí, ellos actuaron conforme a su criterio y su responsabilidad", manifestó la técnica respecto a la persistencia del gobierno de Silva en la concesión de licencias.
Hasta entonces, Ares había dado su visto bueno a los permisos porque desconocía el citado auto del TSXG. Precisamente, según sus respuestas a la fiscal, le llamó la atención el hecho de que la resolución judicial tuviese fecha de noviembre y llegase al concello dos meses más tarde
Antes del testimonio de la técnica de Urbanismo, fue Ana Begoña Merino la que respondió a las preguntas de los letrados. La fiscal incidió en el informe que esta técnica realizó respecto a las posibilidades de corregir el plan para mantener su vigencia. A su juicio, dicho documento presenta contradicciones al asegurar que la sentencia de febrero de 2005 en la que el Tribunal Supremo es "inequívoca" y, al mismo tiempo, aportar las medidas que evitarían la suspensión del plan.
La ex secretaria insistió en los informes favorables de las licencias, pero también reconoció que ella misma realizó un estudio ten el que advertía al gobierno municipal de los riesgos de continuar con la vigencia del plan tras un requerimiento de la Xunta para que anulasen las licencias. Asimismo, Merino reconoció que fue ella quien sugirió al alcalde la contratación del bufete Garrigues Walker para defender la validez del Plan Xeral de Ordenación Municipal.
La vista quedó pospuesta para el día 1 de diciembre, fecha en que declarará la actual secretaria municipal, Nuria Lobato.





* Faro de Vigo - N. PILLADO - 19.11.2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org

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Cinco años de cárcel para el ex director de Urbanismo de Baleares

LAVANGUARDIA/Palma* : La Audiencia de Baleares ha condenado a cinco años de prisión por delitos de falsedad y prevaricación urbanística al ex director de Ordenación del Territorio de Baleares, Jaume Massot, y siete años de inhabilitación para cargo público al ex alcalde popular de Andratx Eugenio Hidalgo por prevaricación.

La sentencia corresponde al juicio celebrado en la Sala Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, entre el 27 y el 30 de octubre, de la segunda pieza de las 68 que componen el llamado 'caso Andratx', por la construcción de un restaurante en una zona protegida por parte del hermano del ex alcalde, Juan Carlos Hidalgo.

La Audiencia ha condenado a Juan Carlos Hidalgo a un año y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial, así como a otros tres meses de cárcel por prevaricación urbanística, pena que puede ser sustituida por una multa de 3.600 euros.

Massot, director general de Ordenación del Territorio en la pasada legislatura, ha sido condenado también a 8 años de inhabilitación para empleo o cargo público por los delitos anteriormente citados y deberá pagar una multa de 12.000 euros.

Eugenio Hidalgo ha sido absuelto de los delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación y el hermano del ex alcalde del delito contra la ordenación del territorio. Además, los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia han sentenciado a Massot y a Juan Carlos Hidalgo a pagar las dos octavas partes de las costas del proceso, y a Eugenio Hidalgo a una octava parte, y han declarado de oficio las cinco partes restantes.

La pena es inferior a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de siete años de prisión para Eugenio Hidalgo y Massot, y cinco años y medio para Juan Carlos Hidalgo.

En concreto, el Ministerio Público había pedido cinco años para Massot y el ex alcalde por el delito de falsedad, y dos años para ambos por prevaricación urbanística. En el caso de Juan Carlos Hidalgo pedía tres años y seis meses por los delitos de falsedad y prevaricación, respectivamente, y dos por el delito contra la ordenación territorial.

La sentencia considera probado que a Juan Carlos Hidalgo "le constaba fehacientemente la calificación de suelo rústico y su categoría de protegido" como Área Natural de Especial Interés (ANEI), pero aún así procedió "a efectuar las obras, construcciones y reformas necesarias para cambiar el uso de la vivienda existente y convertirla en un restaurante".

El auto señala que Juan Carlos Hidalgo y su hermano, entonces concejal de Urbanismo, convencieron a Jaume Massot, que era Jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Andratx, "para que realizase cuantos actos administrativos fueran necesarios o convenientes, aunque fuesen ilegales, para obtener dicho fin".

La sentencia considera probado que Massot emitió certificaciones así como licencias de obras y de actividad, para hacer posible la construcción del restaurante, sabiendo que se encontraba en un área protegida; y que posteriormente evitó una multa del Consell de Mallorca, alegando que el Ayuntamiento ya tramitaba un expediente sancionador por esa edificación y legalizó la obra.

El proceso judicial comenzó el 5 de noviembre de 2007, por la denuncia presentada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ante el juzgado de instrucción número 12 de Palma, contra Eugenio Hidalgo, Jaume Massot y Juan Carlos Hidalgo.

La Fiscalía Anticorrupción les acusó de falsedad continuada en documento oficial cometida por funcionario, prevaricación urbanística y de un delito contra la ordenación del territorio, por la construcción de un restaurante italiano en una finca calificada como suelo rústico protegido con la categoría de ANEI.





* La Vanguardia - EFE - 19.11.2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es

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Los vecinos llevarán el PGOU de Marbella al Parlamento Europeo

LAOPINIÓN* : El PGOU de Marbella incumple la directiva europea contra el blanqueo de capitales. Esta es la principal razón por la que la plataforma 29-M, que reúne a los vecinos de la localidad que poseen viviendas legales y se consideran, por ello, los auténticos "compradores de buena fe" afectados por las irregularidades urbanísticas, tiene decidido llevar el documento ante el Parlamento Europeo para que lo estudie.

Aunque más bien será el Parlamento con sede en Bruselas el que se traslade. La abogada Inmaculada Gálvez, que representa a más de 3.000 vecinos en esta situación, adelantó ayer que el eurodiputado por Los Verdes David Hammerstein instalará en el municipio una oficina parlamentaria para recoger las quejas de los residentes en materia urbanística. En su opinión, además, también en materia de agua, al no garantizar el suministro.
Castigo. "Europa castigará a España", dijo Gálvez, quien está convencida de que el Parlamento, tras estudiar las denuncias de la plataforma, emitirá un informe en el que se evidenciará que el Plan General no cumple las "mínimas" normas sobre blanqueo, la irregularidad más grave en la que incurre el nuevo documento urbanístico, aprobado provisionalmente por PP y PSOE en pleno municipal, pero no la única.
"El Plan quiere ningunear 40 sentencias firmes en su ejecución", aseguró la letrada, en relación a los procedimientos judiciales abiertos a raíz de las irregularidades urbanísticas cometidas durante los mandatos del Grupo Independiente Liberal (GIL).
De ahí, que la plataforma 29-M tenga previsto reunirse con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y con el Instituto Andaluz Universitario de Criminología. "Vamos a instar a que nos ayuden porque creemos que el PGOU es una amnistía y no profundiza sobre las responsabilidades de los responsables de las infracciones urbanísticas que se han cometido en Marbella".
Tanto Gálvez como el presidente del colectivo, Rafael Ávila, enumeraron ayer las innumerables razones que poseen en contra de un documento "irresponsable", en palabras de Ávila, y que lo único que hace es "tapar las vergüenzas de todos los poderes públicos del estado de derecho español", según la abogada.
Con estos argumentos, la impugnación del PGOU de Marbella, que podría suponer su paralización, parece estar servida una vez se apruebe definitivamente por lo que correría la misma suerte que el PGOU de 1998 elaborado por el GIL, que "se asume en el nuevo plan" denuncian.





* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 19.11.2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es

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Vecinos de Alcorcón se oponen a la construcción de un colegio religioso en terrenos públicos

ELECONOMISTA/Madrid* : La Asociación de Vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón criticó hoy que el Gobierno de Esperanza Aguirre haya renunciado a la construcción de un colegio público en este enclave urbanístico y, en su lugar, haya adjudicado más de 10.000 metros cuadrados de terreno público para la construcción de un colegio privado-concertado de marcado carácter tradicional y religioso.

En un comunicado difundido hoy, la citada asociación vecinal insta a la Comunidad de Madrid para que garantice el derecho de los padres a optar por la educación que consideren más apropiada para sus hijos, construyendo un colegio público en la zona, en la que se ubicarán más de 9.000 viviendas.

Por ello, desde la asociación estudian tomar "las acciones que consideren oportunas, en aras a reclamar y conseguir del Gobierno de la Comunidad de Madrid, la Construccion también de un colegio público y laico, más acorde con la realidad social del Ensanche Sur, en donde la mayoría serán viviendas protegidas y, en el que todo el mundo tenga cabida".
El colegio se llamará Juan Pablo II

Según esta organización vecinal, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado 4 de noviembre detallaba que los terrenos han sido cedidos a la Fundación Educatio Servanda para la construcción de un colegio que se llamará Juan Pablo II, en el que se impartirá educación de marcado carácter católico y tradicional.

De acuerdo con la propia fundación, se tratará de un "centro católico de espiritualidad mariana e ignaciana, asistido por los Discípulos de Jesús y María" que, además, según los vecinos, impartirá sus clases en aulas diferenciadas por sexos argumentando que "varón y mujer tenemos modos diversos de vivir una idéntica dignidad personal" y que "en los niveles de primaria y secundaria los ritmos de crecimiento, maduración, centros de interés y desarrollo cognitivo son diferentes en chicos y chicas".
Ya hay otros tres colegios privados

La Asociación de Vecinos del Ensanche Sur de Alcorcón llama la atención, además, sobre el hecho de que en las proximidades de este barrio ya existen tres colegios privados/concertados, mientras que el único colegio público relativamente cercano que hay, "Fuente del Palomar", no podrá ofertar nuevas plazas para el próximo curso debido a la gran demanda existente.

Según esta asociación, están recibiendo multitud de quejas de futuros vecinos que están preocupados por la orientación religiosa del nuevo colegio. Los vecinos acusan a Aguirre de "obstaculizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos", y exigen que se respete, priorice y fomente la educación pública y de calidad, "máxime en un estado aconfesional y laico como es el nuestro".





* El Economista - Ecodiario - 17.11.2008
Foto: Aspecto del Ensanche Sur de Alcorcón - A. A., elmundo.es

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