MONCHO ALPUENTE* : Un banco es un lugar en el que te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve. Este impecable axioma de la ley de Murphy me viene a la cabeza mientras leo un dossier preparado por la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) sobre los nuevos hospitales y los nuevos convenios sanitarios de la Comunidad. El Gobierno del PP -informan- ha aprobado introducir la gestión privada en todos los hospitales y centros sanitarios públicos.
Los enfermos ya no serán pacientes, aunque necesitarán grandes dosis de esa virtud heroica, sino clientes, y ya se sabe que para las empresas privadas hay clientes que no se quieren ver ni en radiografía; enfermos crónicos y personas mayores generan más gastos que beneficios, y los beneficios son la única razón de ser de estas empresas. El paraguas de la sanidad pública ya estaba agujereado, aunque muchos de sus agujeros habían sido creados o ampliados por el Gobierno de Esperanza Aguirre, para vender, y vendernos, al mejor postor, su nuevo modelo sanitario.
En la cabecera del informe de la CAS figura el falso cartel de una falsa película titulada Piratas de la Sanidad Pública, protagonizada por Esperanza Aguirre, que aparece acompañada por el renegado Lamela y el constructor Florentino Pérez. Cambios de última hora sustituyeron a Lamela, el que tomó al abordaje el Severo Ochoa, por Güemes, mucho más fotogénico. La presencia del galáctico Pérez no es gratuita; nada sale gratis cuando se trata con estos tiburones de aguas cálidas. Al olor de la sangre, estos escualos, a la desbandada por la explosión de la burbuja del ladrillo, se ceban ahora en la depauperada salud pública, construyen hospitales y los gestionan con indisimulado afán de lucro. Están en su derecho, derecho que les concedió la ley estatal 15/97, votada por todos los grupos parlamentarios salvo IU y BNG. El pasado 21 de mayo, Izquierda Unida presentó ante la mesa del Congreso una proposición de ley que impediría la cesión de centros y servicios sanitarios a empresas con ánimo de lucro. Pero los zorros ya están a cargo del gallinero y se resistirán a ser desalojados.
Sabedores de que el cazadero inmobiliario que esquilmaban a conciencia, mala conciencia, estaba a punto de agotarse, los babélicos constructores de imperios de hormigón cambiaron ladrillos por enfermos y urbanizaciones por hospitales, y se supone que tratarán el nuevo negocio con la misma sensibilidad con la que trataron el anterior, una sensibilidad de cemento armado. Empresas como Dragados, Sacyr, Acciona, Begar-Ploder, FCC-C Madrid, Hispánica o Apax Partners edifican nuevos hospitales y gestionan los antiguos. En Aranjuez, Coslada, Vallecas, Arganda, Coslada, Valdemoro, Parla o Majadahonda, la Comunidad de Madrid ha hipotecado, con una auténtica hipoteca basura, la salud de los madrileños durante los próximos 30 años. Durante ese tiempo, los madrileños pagaremos el alquiler de los hospitales privados, privados de camas, de pruebas diagnósticas que vayan más allá del saque usted la lengua y hasta de papel higiénico. Si está usted buscando una oportunidad para morirse en Madrid, hágalo ahora, después le resultará mucho más incómodo, caro y doloroso. Sigo leyendo el dossier de la CAS y me corrijo: en el caso de pacientes privados o de otras áreas, no se limitará el acceso a pruebas diagnósticas o intervenciones, sino todo lo contrario, con el fin de aumentar los beneficios.
Las camas han vuelto a los pasillos del hospital público La Paz, titulaba este diario ayer. Con el nuevo modelo sanitario madrileño, las camas desaparecerán probablemente de los pasillos, y de las habitaciones, también, pero se supone que las de los pasillos las quitarán antes cuando reduzcan, como está previsto, el número de camas por habitante para optimizar el servicio. Una optimización perfecta era la que mostraba la película Cuando el destino nos alcance. En el filme, a los ancianos que se presentaban como candidatos a la muerte voluntaria les ofrecían un placentero viaje virtual de despedida antes de reciclar sus cuerpos en proteínas para alimentar a una humanidad desnutrida y famélica. Sólo una minoría de privilegiados, la de los gestores del sistema, vivía en mejores condiciones. Pero al menos, en el filme, la que gestionaba la muerte y el reciclado era una empresa pública.
* ELPAIS.com - Opinión - 16/07/2008
Sanidad y ladrillos
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA , NOTICIAS Madrid
Julián Muñoz: «Yo firmaba lo que me decía Jesús Gil, nunca leí un papel»
IDEAL* : Si hay que creer en su palabra, el mayor error de Julián Muñoz -ex alcalde de Marbella, novio de Isabel Pantoja y recluso de la penitenciaria de Alhaurín- fue fiarse del difunto Jesús Gil y Gil, que también fue regidor de la citada localidad malagueña y otras muchas cosas. Al menos ese es el mensaje que traslada machaconamente cada vez que tiene que comparecer ante un juez, algo que ocurre con inusitada frecuencia en los últimos tiempos.
Ayer, Muñoz estuvo en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Granada, pero no como imputado -que es lo usual-, sino como testigo. Una de las partes personadas en el juicio que se sigue contra José Ávila Rojas quería escuchar lo que tenía que decir Muñoz sobre las dos operaciones de compraventa de fincas que han llevado al constructor granadino al banquillo, toda vez que dichos tratos tuvieron lugar en Marbella. Ávila Rojas está acusado de un presunto fraude al fisco que ascendería a varios millones de euros. La Fiscalía reclama para él una pena de ocho años de cárcel.
Famélico
El ex alcalde marbellí no aportó nada al juicio. Muñoz se presentó como una marioneta de Jesús Gil y Gil en materia urbanística. Así que no tenía ni idea del contenido de los convenios que afectaban a las propiedades de Ávila Rojas objeto del pleito. Admitió que su firma y rúbrica figuraban en los citados documentos, pero reiteró que ignoraba por completo lo que decían.
Es lo que sucedía siempre, según su testimonio. Muñoz firmó unos 700 convenios urbanísticos pero nunca leyó ni la letra pequeña ni la grande. Él se limitaba a firmar lo que Gil y Gil le ponía delante. «Jamás he gestionado un convenio urbanístico. Yo firmaba lo que me decían Jesús Gil o Urbanismo, nunca leí un papel. Preguntaba si todo estaba bien y firmaba», declaró.
Muñoz, que dijo conocer superficialmente a Ávilas Rojas y cuyo aspecto es famélico, no se salió del guión. Durante los diez minutos que duró su comparecencia, repitió una y otra vez el mismo mensaje.
Antes que Muñoz, prestó testimonio el constructor cordobés Rafael Gómez Sánchez, 'Sandokán', que participó en una de las dos compraventas de Ávila Rojas que están bajo sospecha. 'Sandokán' tampoco dijo gran cosa.
Ávila Rojas, 'Sandokán' y Julián Muñoz están involucrados en el 'caso Malaya', que pretende señalar a los culpables del saqueo que sufrió el Ayuntamiento de Marbella durante años.
* Ideal - Granada - 16.07.08 -C. MORÁN
Foto: marbella banus - malagaweb
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Alcoy: Sin precedentes
INFORMACIÓN* : El polémico proyecto del Ayuntamiento de Alcoy para construir un hotel en pleno corazón de la Font Roja, junto al santuario, contrasta abiertamente con lo que se ha hecho en las últimas décadas en el resto de espacios protegidos de la Comunidad. La presión urbanística es una amenaza para más parques naturales, pero en ningún otro existe un establecimiento de grandes dimensiones como el que aquí se plantea, con la única excepción de los dos grandes hoteles de El Saler, dentro de la Albufera de Valencia, construidos antes de la declaración del parque.
La intención del equipo de gobierno de Alcoy de levantar un hotel de gran capacidad junto al santuario de la Font Roja ha desatado una fuerte polémica en toda la comarca acerca de la idoneidad de un establecimiento de este tipo en pleno corazón del parque natural. Mientras el PP alcoyano defiende que la ubicación propuesta atraería a un mayor número de turistas, los contrarios al proyecto han denunciado el impacto que tendrían los edificios de nueva construcción con las 55 habitaciones, 10 plazas de albergue, un "spa" con piscina cubierta, cafeterías y restaurantes y un aparcamiento subterráneo. Además, critican que se opte por una solución sin apenas precedentes en la Comunidad.
En ningún otro parque natural de todo el territorio autonómico existe un complejo hotelero como el que se prevé en la Font Roja o, de haberlo, se trata de construcciones anteriores a la protección de estos espacios. Así, el único lugar donde se levantan establecimientos de gran similitud es El Saler, dentro del parque natural de la Albufera de Valencia, donde el parador de turismo y un cercano hotel suman 330 habitaciones. No obstante, los dos son anteriores a la catalogación de este lugar como parque natural, en 1986.
Hay que tener en cuenta además que estos hoteles se hallan en una zona de urbanización consolidada, al igual que otro de 48 habitaciones ubicado en el casco urbano de la pedanía de Mareny de Vilxes. En la zona existe también algún establecimiento más, pero todos ellos también dentro de núcleos urbanos como El Saler o El Perellonet.
Al margen de esto, el único hotel de gran capacidad de la Comunidad ubicado en un parque natural es el Balneario de Fuente Podrida, en las Hoces del Cabriel. Cuenta con 24 habitaciones y 37 chalés de hasta 8 plazas. No obstante, también se trata de una instalación construida hace muchos años -y la declaración de parque natural de este enclave es muy reciente-, que además es mucho menos agresiva con el entorno que otros establecimientos de costa. Otra diferencia de Fuente Podrida respecto a la Font Roja es que está junto a una carretera nacional, con lo que tampoco la accesibilidad al hotel supone apenas impacto sobre el parque.
Pequeños hoteles urbanos
En el resto de espacios naturales de la Comunidad no hay hoteles dentro de los límites de protección o, si los hay, son de muy poca capacidad, como los existentes en la Tinença de Benifassà, al norte de Castellón. El resto son establecimientos situados fuera de los perímetros protegidos, generalmente en los cascos urbanos de las poblaciones del entorno. Para buscar un ejemplo de esto no hay que irse muy lejos, ya que ése es el alojamiento que se encuentra en las proximidades de la Sierra de Mariola, en municipios como Agres o Bocairent.
Tampoco consta la existencia de proyectos parecidos al de Alcoy en el resto de la Comunidad en curso en este momento, salvo el anunciado hace unos días en Benicàssim (Castellón), dentro del parque del Desert de les Palmes. Ahora bien, en este caso se trata de rehabilitar una masía ya existente y acondicionarla como un pequeño alojamiento, por lo que parece que no se trata de la misma opción que la planteada en la Font Roja. Pese a todo, apenas han trascendido datos sobre ese proyecto hasta el momento, por lo que se desconoce la envergadura exacta del establecimiento que se trataría de montar.
Hay que aclarar, de todos modos, que son varios los parques naturales de la Comunidad que soportan una gran presión urbanística en su entorno. Así, las Lagunas de La Mata y Torrevieja están completamente cercadas de edificaciones, lo mismo que el Montgó y el Peñón de Ifach. Otro espacio protegido, el humedal litoral del Prat de Cabanes-Torreblanca, en Castellón, podría también quedar casi rodeado en el futuro por los macroproyectos previstos en sus inmediaciones. Eso sí, aun cuando la afección de estos planes sobre el medio natural sería muy elevada, el perímetro del parque ha sido respetado.
Todos estos factores dan al proyecto hotelero de la Font Roja una especial singularidad y hacen que choque contra lo que se ha hecho hasta ahora en el resto de la Comunidad. La Generalitat, como administración competente sobre los espacios naturales, tendrá la última palabra sobre la autorización para llevar el plan a cabo.
Pocos ejemplos y en espacios muy extensos
En el resto de España sí hay más de un ejemplo de hotel de gran capacidad ubicado en el interior de un espacio natural protegido. Ahora bien, por lo general están en parques de mucha extensión, y rara vez se encuentran en zonas de campo abierto como el santuario de la Font Roja. Un caso ilustrativo es la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, en Jaén, donde hay decenas de plazas hoteleras, pero casi todas concentradas en núcleos de población como Arroyofrío, Burunchel o Coto Ríos, lo que alivia la sensación de masificación. Además, el parque es 100 veces mayor que la Font Roja.
Otros recintos son antiguos, construidos antes de que se protegiera el espacio, como el Parador Nacional de Gredos, en Ávila, o el complejo existente en el nacimiento del Llobregat, al norte de la provincia de Barcelona. No obstante, la opción más frecuente es también la del establecimiento situado en algún núcleo urbano del entorno del parque.
* Información - A. TERUEL - 16 de julio de 2008
Foto: Vista del parque natural de la Font Roja, donde el Ayuntamiento de Alcoy proyecta un controvertido hotel- JUANI RUZ, diarioinformacion.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Un empresario es condenado a 2 años de prisión por construir un hotel en un parque natural de La Gomera
LAPROVINCIA* : La asociación ecologista Tagaragunche informó de que el empresario afincado en La Gomera, Antonio Pérez, ha sido condenado a la pena de dos años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de un hotel en un parque natural en la zona de Enchereda, en San Sebastián de La Gomera.
En un comunicado, los ecologistas aseguran que así se recoge en la sentencia dictada por el Juzgado Penal número 4 de Santa Cruz de Tenerife.
Destacan que la condena incluye además inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo, multa de 15 meses con cuota diaria de 6 euros, inhabilitación especial para profesión u oficio por dos años, demolición de las obras ejecutadas sin licencia, y restauración del equilibrio ecológico perturbado.
Tagaragunche explica que el caso judicial se inició en 2006 con una denuncia de Ben Magec-Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medioambiente de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
La denuncia fue interpuesta por la construcción de un hotel presuntamente ilegal en el interior del parque natural de Majona, en la zona conocida como Casas de Enchereda.
Añaden los ecologistas que la Fiscalía abrió una investigación y constató que Antonio Pérez, a través de una empresa denominada Enchereda Agrícola S.L., estaba construyendo un establecimiento turístico de forma ilegal.
Recuerdan que el plan rector del parque establece que las Casas de Enchereda se localizan dentro de la zona de uso general del espacio protegido, en la cual sólo es posible la construcción de equipamientos y servicios relacionados con el uso público y la gestión del parque.
Destacan que está prohibido el uso turístico alojativo, excepto en las edificaciones tradicionales rurales existentes y subraya que en las obras denunciadas no se llevó a cabo una rehabilitación, sino el derribo de parte de las construcciones preexistentes y la construcción de nueva planta.
Los ecologistas apuntan que el "caso Enchereda" ha estado unido a algunas determinaciones adoptadas por el Cabildo de La Gomera, y aún no aclaradas, en relación a la compra de la finca.
Señalan que Tagaragunche instó al Cabildo y a la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para que ejercieran su derecho de tanteo y retracto para adquirir la finca de Enchereda, de cara a su futura incorporación al Parque Nacional de Garajonay.
Agregan que sin embargo, el Cabildo gomero "incomprensiblemente" jamás ejerció su derecho de preferencia de compra "a pesar de que era notorio que la finca reunía suficientes condiciones para ser merecedora de incorporarse al Parque Nacional de Garajonay".
En su opinión, algunas declaraciones y movimientos del Cabildo de La Gomera parecían más encaminadas a tratar de buscar una fórmula para legalizar las obras y favorecer al empresario que a velar por los intereses generales y por el cumplimiento de la ley.
La finca de Enchereda es una de las fincas privadas más grandes de La Gomera, localizada entre los municipios de San Sebastián y Hermigua, y limita con la parte Este del Parque Nacional de Garajonay.
Conserva manifestaciones de monteverde canario, con comunidades vegetales muy singulares y numerosas poblaciones de especies endémicas y amenazadas, así como valores paisajísticos y una variada muestra de hábitats.
La finca se encuentra en el interior del Parque Natural de Majona, que constituye un ejemplo de paisajes abruptos, con grandes barrancos y acantilados de notable interés geomorfológico.
Entre sus barrancos destaca el de Majona, que da nombre al parque, en cuya cabecera se encuentra la finca de Enchereda.
* La Provincia - EFE - SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA - 15.07.2008
Foto: Imagen de la finca de Enchereda, en la isla de La Gomera. CARLOS FERNÁNDEZ - EFE
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Tema: NOTICIAS Canarias
La Fiscalía completa el asedio a los campos de golf en la Rioja alavesa
ELPAÍS* : La Fiscalía de Álava denunció el pasado viernes a los ex alcaldes de Laguardia César García Olano y Javier San Pedro, ambos del PP, por la comisión de presuntas irregularidades en la gestión del polémico proyecto de campo de golf y urbanización. En las conclusiones de una investigación que ha llevado durante seis meses la unidad de delitos económicos de la Ertzaintza, el fiscal jefe, Josu Izaguirre, acusa a los ex ediles por utilización de información privilegiada, negociaciones prohibidas a los funcionarios y tráfico de influencias.
Esta denuncia se suma a la investigación que ya atiende un juzgado de Vitoria por un posible delito de soborno a un concejal de EA para que cambiara su criterio y votara a favor de ese proyecto urbanístico, rompiendo el empate que se producía en el seno de la corporación.
La denuncia por el proyecto de Laguardia se suma a la presentada la semana pasada por varios delitos sobre contra el ex alcalde de Labastida Ignacio Gil Orive (PP) y los promotores del campo de golf de esta otra localidad de la Rioja alavesa, que incluye la construcción de 750 viviendas. La investigación comenzó después de que la comisaría de la Ertzaintza en Laguardia presentara sendos informes escritos en los que se indicaban presuntas irregularidades en la tramitación de los dos campos de golf que se estaba llevando a cabo en esta localidad y en Labastida.
Las conclusiones del fiscal confirman lo que era vox pópuli en la zona desde que la firma Rioja Golf Resorts impulsó un campo de 18 hoyos, junto a una urbanización de medio centenar de chalés en dos millones de metros cuadrados, a la sombra de la sierra de Cantabria. Así, el fiscal afirma que García Olano, que ejerció de alcalde entre 1999 y 2003, trabajó durante ese periodo también como intermediario en la compraventa de terrenos ubicados en la zona prevista para el proyecto urbanístico. "Intervino, cuando menso, en dos transacciones llevadas a cabo a favor de Cotos de San Lucas, SL y Proconsol Viñas Álava, SLU", apunta.
García Olano, "con la información de que disponía derivada del ejercicio de su cargo", realizó transacciones de fincas rústicas que, con posterioridad a su venta, recibieron la calificación de urbanizables.
César García Olano se volvió a presentar como cabeza de lista del PP al Ayuntamiento de Laguardia en las pasadas elecciones de 2007. Su formación se quedó a un concejal de la mayoría, con cuatro ediles. El PNV obtuvo cuatro, y EA, uno. Estos dos partidos se mostraron en contra del proyecto de campo de golf, lo que provocó el presunto intento de soborno al edil de EA. Pues bien, García Olano ha seguido manteniendo su interés por el proyecto "de manera insistente", "a pesar de dicha actividad de intermediación", apunta el fiscal.
También está empeñado en este proyecto el que fue alcalde de la localidad en el periodo 2003-2007, Javier San Pedro. El fiscal recoge en su investigación que San Pedro cuenta con tres fincas de 23.000 metros cuadrados en la zona, ya calificadas como urbanizables. A pesar de ello, "ha intervenido en diversos acuerdos referidos al proyecto y adoptados por distintos órganos del Ayuntamiento, al menos, en siete ocasiones". Y siempre ha votado a favor, sin abstenerse en ningún momento, como debería haber hecho al ser parte afectada.
El fiscal jefe de Vitoria, Josu Izaguirre, espera que el juez decano designe en breve el juzgado que continuará con el asunto. En la denuncia correspondiente a Labastida, la tramitación le ha correspondido al Juzgado de Instrucción número 1. Si son admitidas a trámite, los jueces deberán citar a declarar en calidad de imputados a los denunciados y a partir de ahí, se iniciará la investigación judicial correspondiente.
El PP sale en defensa de sus cargos acusados
Con su flamante cargo de secretario general del PP del País Vasco, Iñaki Oyarzabal salió ayer en defensa de los tres ex alcaldes de la Rioja alavesa acusados de diversos delitos por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre. Pese a no haber podido conocer el contenido de la denuncia del ministerio público, consideró las acusaciones como "inconsistentes", en una reacción calcada de la que mantuvo hace una semana el dirigente alavés del PP, Javier de Andrés, despreciando las investigaciones de la fiscalía en el caso de Labastida.
Lo cierto es que estas denuncias vinculadas a los campos de golf de Laguardia y Labastida son las más graves que han recaído sobre un cargo público alavés desde el inicio de la democracia. Pero Oyarzabal reivindicó la presunción de inocencia de sus afiliados y su trabajo, afirmando que los tres ex alcaldes son "los artífices del éxito de la Rioja alavesa en los últimos años". "Han actuado siempre de buena fe y dentro de la legalidad", señaló. También recordó que, por el momento, los juzgados no se han pronunciado sobre la admisión a trámite de la denuncia planteada por el fiscal jefe.
Cronología
- 2002. El proyecto inicial abarcaba un millón de metros cuadrados con un campo de 18 hoyos y 100 viviendas. Comienza la compra de terrenos.
- 2005. El alcalde San Pedro (PP), con suelo en la zona, lo amplía a dos millones de m2 y 750 viviendas.
- Invierno de 2007. Intento de soborno al edil Gregorio López Gonzalo (EA).
- Febrero 2007. La Fiscalía abre una investigación sobre la compraventa de tierras.
* ELPAIS.com - TXEMA G. CRESPO - Vitoria - 16/07/2008
Foto: Laguardia (Álava) - elciego.es
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Tema: NOTICIAS País Vasco
Martinsa como síntoma
ELPAÍS/Editorial* : La convulsión inmobiliaria que temían el Gobierno y los mercados ha llegado en forma de suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa, el mayor grupo promotor español por volumen de activos. Aspectos anecdóticos aparte -el concurso de acreedores o suspensión de pagos es el mayor de la historia económica española-, este desastre se explica por la profunda recesión que está sufriendo el mercado inmobiliario español después de dos décadas de burbuja inmobiliaria, durante las cuales las compañías se han lanzado a una endiablada espiral de endeudamiento y exceso de construcción.
Creían estar ante la fiesta interminable, pero se han encontrado con las dificultades de las instituciones financieras para mantener el flujo necesario de préstamos en una coyuntura de estrangulamiento casi universal de la liquidez.
No sería de justicia tratar con distancia las causas de este cataclismo inmobiliario. Es necesario aproximarse al catálogo de despropósitos que han cometido las inmobiliarias para entender las razones de este crash inmobiliario. Una de las causas más próximas hay que buscarla en la falta de prudencia con que se han gestionado los negocios del ladrillo. No eran pocos los responsables de promotoras y constructoras -entre otros, el propio presidente de Martinsa, Fernando Martín- que negaban, después del inquietante verano de 2007, que los precios de los activos inmobiliarios fueran a desplomarse o que hubiera en ciernes una contracción del mercado. Con esta falta de perspicacia y operaciones indigeribles, como la compra de Fadesa, no es de extrañar que Martinsa, con unos activos de más de 10.000 millones de euros y una deuda que se aproxima a los 7.000 millones, hiciera mal sus cálculos y se encontrara con que ahora no puede obtener un crédito de 150 millones. Los acreedores financieros han examinado las cuentas de Martinsa y han dictaminado que no genera ingresos suficientes para respaldar nuevos préstamos. Es un análisis riguroso del mercado que debería haberse aplicado durante los 10 años de vacas gordas; otro gallo cantaría ahora.
La otra fuente de inquietud que se manifiesta en esta crisis es la penosa situación del mercado financiero. La restricción anormal del crédito puede suponer el golpe de gracia para negocios sostenidos en activos inflados por la especulación, como sería el caso de Martinsa, pero también asfixiará la financiación regular de las empresas solventes.
En este punto exacto surge la responsabilidad del Ejecutivo. No se trata de que el sector público socorra a las inmobiliarias, por más que pueda haber muchas empresas tan enfermas como Martinsa. Las reglas de juego exigen que se paguen los excesos de oferta y de precios. Pero la Administración debe reconocer la gravedad de la crisis. Y una de las mejores formas de hacerlo es examinar cómo se puede corregir la sequía del crédito. Para que no paguen justos por pecadores inmobiliarios.
* ELPAIS.com - Editorial - 16/07/2008
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
El concejal del PP que impulsó las primarias, primer edil imputado en el Caso Guateque
ELCONFIDENCIAL/Madrid* : El juez del Juzgado de Instrucción nº32 de Madrid, Santiago Torres, ha abierto un nuevo procedimiento derivado del conocido como 'caso Guateque', tras haber recibido una denuncia sobre supuestas irregularidades cometidas por responsables de la Gerencia de Municipal de Urbanismo.
En el marco de este nuevo procedimiento, el juez ha citado a declarar el próximo día 29 de septiembre en calidad de imputado al concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna Losada, técnico de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Henríquez de Luna fue el principal impulsor de las primarias en el PP en las semanas previas al congreso del Partido Popular en Valencia.
También están citados como imputados Óscar Acero Fernández (jefe de la unidad de licencias de la Gerencia de Urbanismo), Fernando Ruiz Torrejón y Miguel Ángel García Jódar, técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, también imputado en el 'caso Guateque'.
La denuncia de María Adelaida R.P. y Juan Mariano G.S. relata una serie de irregularidades cometidas, según ellos, por responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo en varias viviendas del edificio ubicado en la calle Juan Bravo de Madrid, donde residen.
Según afirman los denunciantes en las licencias concedidas a varios comercios de las plantas baja y primera de este edificio ha podido existir "trato de favor" o alguna circunstancia que pueda estar relacionada con el caso Guateque, que destapó una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid relacionada con la concesión de ese tipo de permisos a comercios de forma irregular.
El juez cita a Ceballos y a una veintena de imputados
El juez Santiago Torres ha llamado a declarar la próxima semana a tres testigos y a una veintena de imputados, en su mayoría funcionarios y empresarios, entre ellos el supuesto cabecilla de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Madrid, Victoriano Ceballos. El juez ha reservado tres jornadas, los próximos 22, 23 y 29 de julio para interrogar a un total de 22 imputados y tres testigos del caso.
Junto a Ceballos, quien prestará declaración el próximo 22 de julio, el juez ha llamado al técnico del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid Miguel Ángel García Jódar, y al jefe del departamento de Evaluación Ambiental, Joaquín Fernández de Castro.
La nueva ronda de declaraciones se produce tras el cotejo de parte de la documentación remitida al juez por la Guardia Civil, la transcripción de algunas de las conversaciones telefónicas intervenidas durante la operación y la petición expresa de algunos de los implicados en la trama de corrupción.
En su escrito, el juez también solicita al Ayuntamiento de Madrid que le remita los expedientes administrativos correspondientes a algunas de las licencias de apertura de comercios y negocios presuntamente concedidas de forma irregular. Los imputados deberán responder por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y actividades prohibidas para los funcionarios públicos.
Además de la toma de declaraciones, el titular del juzgado número 32 de Madrid ha citado para el próximo jueves 17 de julio a todas las partes personadas en el procedimiento a la reanudación de la audición de las intervenciones telefónicas judiciales practicadas durante la investigación del caso.
* El Confidencial - 15/07/2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Madrid
Lápiz rojo contra el urbanismo salvaje
ELPAÍS/Baleares* : "Es un disparate bloquear las licencias en Roca Llisa, la crema de las urbanizaciones de Ibiza, y convertir sus parcelas en rústicas". Así protesta uno de los cientos de propietarios afectados por el reciente veto político contra el desarrollismo dictado sobre 13 zonas urbanizables de la isla, una moratoria de tres años decidida para proteger el paisaje.
Su parcela, de 22.000 metros cuadrados, le costó 850.000 euros y tramitó la licencia para construir un chalé, junto a un campo de golf. "Ahora mi terreno edificable pasa a valer 6.000 euros, es decir, nada", protesta.
La izquierda de Ibiza en el Consell Insular, con mayoría del PSOE y los ecologistas de Eivissa pel Canvi, ha congelado la concesión de licencias en 13 urbanizaciones y áreas de parajes litorales y montañosos de gran valor ecológico y que tienen fuerte demanda residencial. Más de 400 hectáreas quedan marcadas con el lápiz rojo de la prohibición.
Además, para frenar que prosiga el urbanismo salvaje se impide en toda la isla la construcción de chalés en suelos urbanos que no cuenten con luz, agua, alcantarillas, aceras y calles asfaltadas.
"Queremos salvar 13 enclaves turísticos ahora que aún es posible. Y asegurar que no crecerán en la isla urbanizaciones sin los equipamientos elementales, que deben sufragar los promotores y que, al final, realmente asumen las Administraciones", razona el impulsor de la norma, Miquel Ramon, consejero del Territorio, de Izquierda Unida. La Norma Territorial Cautelar es temporal y regirá para poder revisar el Plan Territorial. "Las casas sueltas no han de devorar más pinares y las calas".
Entre los 13 enclaves salvados están por el momento 73,7 hectáreas en la costa de Santa Eulàlia, donde se frenan nuevos edificios que amenazan con devorar el monte en Cap Llibrell y Cap Martinet. En las inmediaciones está la citada Roca Llisa. "Hay muchos solares de Roca Llisa donde se concedían licencias de manera irregular, automáticamente. Por eso el mayor impacto inmobiliario de la moratoria afecta a este enclave", observa Ramon.
Suelo, licencias, casas, impuestos... una secuencia ligada a la financiación municipal. "Si Roca Llisa pasa a rústico allí se dejará de pagar el Impuestos de Bienes Inmuebles y el Ayuntamiento perderá millones". La voz es del asesor de unos propietarios. "Los dueños de los chalés y solares son ricos, viven fuera de la isla y no votan, y el Ayuntamiento les recargó el IBI".
Un ataque a la decisión nace desde la izquierda radical. "Es una norma cosmética por innecesaria. Suspende urbanizaciones que ya están declaradas suelo rústico", dice Neus Prats, portavoz de los activistas proteccionistas del Grupo de Estudios de la Naturaleza. En Ibiza y en Baleares gobierna el PSOE con Eivissa pel Canvi, que cuestionó el desarrollismo de la etapa del PP.
En Ibiza la protesta paró 120 viviendas en el litoral Punta Pedrera. Esta zona también ha quedado blindada por la moratoria. En Sant Josep fue preservado el desarrollo de Cala Comte y Cala Bassa, así como el área natural de Cap Llentrisca, Sa Talaiasa, en Cala d'Hort, de 115 hectáreas, que se ensancha. "En Cala d'Hort recuperamos la extensión marcada por el parque natural que el PP borró del mapa para hacer un campo de golf", recalca Ramon.
"Vendrá una parálisis total de la construcción", sentencia Pedro Palau, consejero portavoz del PP, que considera que se desencadenará "la especulación" y que las prohibiciones "agravarán la crisis económica". Palau, que fue presidente de Ibiza, tildó la moratoria de "bluf informativo" y acusó al PSOE-Eivissa pel Canvi de "pensar sólo en los grandes titulares".
La norma paró las máquinas que abrían caminos en el monte del Port de Benirràs y hollaron el paisaje porque el Ayuntamiento de Sant Joan, del PP, otorgó 11 licencias-exprés para esquivar la primera moratoria del Gobierno de Baleares. "Se estaba ejecutando una nueva explotación residencial en Ets Amunts d'Eivissa (Benirràs), de 14,6 hectáreas que ahora se preservan. Así recalcamos la efectividad de la norma", insiste el consejero, de IU.
Un experto en urbanismo de Baleares resume que la moratoria establece "nuevas exigencias para impedir la construcción que va más allá de lo que había dictado el Parlamento balear. Es relevante la exigencia de las dotaciones de servicios para las casas en terrenos urbanos".
En Ibiza, durante medio siglo, han nacido urbanizaciones al margen de toda normativa y calificación urbanística. Alguna de manera reciente. Ramon detalla: "Congelamos la urbanización de Illa Blanca que es un suelo urbano que ha nacido al margen de la legalidad".
¿Si hay indemnizaciones, quién las pagará? Ramon considera que será en todo caso el Gobierno de Baleares si los tribunales deciden que se han de resarcir los derechos de los afectados. Los efectos de la moratoria de suelo rústico de las ocho hectáreas de Ses Variades de Sant Antoni, justo al lado del puerto de uno de los ámbitos afectados, contienen carga política y financiera. Por 40.000 metros -imposibles de edificar- la familia de Abel Matutes cobró 26,4 millones en 2005. En Sant Josep, en distintas parcelas sin edificar de Playa d'En Bossa y Cala Tarida, que superan los 52 hectáreas, la norma "pretende salvar los pocos espacios sin edificar junto a la costa".
Los jueces en la primera sentencia condenatoria sobre corrupción urbanística del caso Andratx, en Mallorca, han aludido a la conciencia social para proteger el medio ambiente y frenar la sobrecarga en Baleares y reseñado las movilizaciones callejeras. El Consell ibicenco reconoce que su norma "supone una auténtica toma de conciencia de la dimensión ambiental o ecológica".
La patronal reclama que las Administraciones adjudiquen obra pública y no frenen el sector de la construcción, ya tocado por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Pero Ramon concluye: "Teníamos que evitar los hechos consumados, las obras en marcha".
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 15/07/2008
Foto: Solar en Punta Pedrera- VICENT MARI, elpais.com
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Tema: NOTICIAS Baleares
Imputado el alcalde accidental de Estepona por blanqueo, cohecho y tráfico de influencias
ElPAÍS/Málaga* : La instructora del caso Astapa contra la corrupción, Isabel Conejo, imputa al alcalde accidental de Estepona (Málaga), Rafael Montesinos (PA), los presuntos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, han informado fuentes judiciales. Montesinos asumió las funciones de alcalde accidental tras el ingreso en prisión del anterior regidor socialista Antonio Barrientos.
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ha citado a declarar al regidor en funciones el próximo viernes a las 11.00, en el marco de la quincena de comparecencias que por este caso tendrán lugar entre el jueves y el lunes.
Montesinos asumió el cargo después de que la juez declarase el ingreso en prisión del anterior regidor de la localidad, el socialista Antonio Barrientos, a quien la juez imputa los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo. Barrientos estaba al frente del Ayuntamiento de Estepona desde 2003, cuando formó gobierno con los apoyos del GIL. En las pasadas elecciones municipales, en mayo de 2007, el PSOE mejoró sus resultados y subió de seis a 11 el número de ediles.
Además del ex alcalde otros cuatro ediles socialistas se han visto implicados en este caso de corrupción. Son Francisco Zamorano (al frente de la delegación de Personal y Hacienda), Asunción López (Cultura), María Victoria López (Educación) y María Luisa Rodríguez (Playas). Entre todos suman acusaciones por supuestos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y negociación y actividades prohibidas a funcionario público. Sus fianzas oscilan entre los 30.000 y los 50.000 euros.
* ELPAIS.com - EFE - Estepona - 15/07/2008
Foto: Estepona - J.R. (El País)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Los vecinos dicen 'no' a un proyecto inmobiliario multimillonario en Berlín
EFE* : La proyectada nueva zona de rascacielos y oficinas a orillas del río Spree, en Berlín, quedó hundida por la voluntad del vecindario del distrito, que rechazó en referéndum una inversión inmobiliaria estimada en 3.000 millones de euros. Un 87% de los 35.000 berlineses que participaron en la consulta se pronunciaron en contra de la llamada Mediaspree, como se conocía al proyecto inmobiliario que iba a repoblar unas 180 hectáreas de terreno con oficinas, hoteles y edificios de viviendas.
Para que el referéndum se consideraba válido debía superarse el 15% de habitantes con derecho a voto del distrito afectado, Friedrichshain-Kreuzberg, lo que según cifras dadas a se logró, puesto que votó casi un 20%. El resultado de la consulta fue una victoria de la iniciativa ciudadana lanzada precisamente con el eslogan de "hundir" ese proyecto inmobiliario.
El distrito de Friedrichshain-Kreuzberg se reparte entre ambas riberas del Spree, en los antiguos sectores este y oeste de la ciudad, y el nivel de rechazo a los planes de reurbanización de la zona fue parecido a uno y otro lado del río.
Los inversores habían garantizado que se respetaría una franja de diez metros de ancho sin construir, junto al río, que se convertiría así en zona de paseo. La iniciativa ciudadana defendía que la franja debe ser al menos de 50 metros, así como el compromiso absoluto a no construir rascacielos.
La zona afectada queda bastante apartada del centro de Berlín y durante décadas estuvo en estado de semiabandono, pero tras la caída del Muro ha vivido una revitalización entre los ambientes alternativos de la ciudad, de manera que se han multiplicado ahí los bares, cafeterías, clubes nocturnos, etcétera.
La consulta no era vinculante, pero las autoridades berlinesas se apresuraron a aclarar que respetarán su resultado. En los últimos meses ha habido en Berlín varios referéndum sobre cuestiones que afectan a los vecinos, de manera que en los medios se habla de una proliferación de la "democracia directa" que alteran las decisiones previamente sentenciadas por las autoridades.
El caso más notorio fue la decisión de rebautizar una calle con el nombre de Rudi Dutschke, el líder estudiantil del Mayo del 68 berlinés, fallecido en 1979 como consecuencia de las secuelas que le quedaron por el atentado sufrido el año de la revuelta.
Fracasó, en cambio, por falta del mínimo de votantes, otra consulta reciente para evitar el cierre del aeropuerto de Tempelhof, en pleno casco urbano, cuyo recuerdo está para muchos berlineses vinculado al puente aéreo que salvó al sector occidental del bloqueo soviético, entre 1968 y 1969.
* El Mundo - EFE - 14/07/2008
Foto: Berlin - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Europa
Costas ha derribado ya medio centenar de edificaciones en el litoral valenciano
LASPROVINCIAS* : El Ministerio de Medio Ambiente ya ha derribado 53 edificaciones en el litoral de la Comunitat Valenciana durante los últimos cuatro años. La superficie afectada ha sido de 8.207 metros cuadrados, según datos aportados por la jefa de Demarcación de Costas de Valencia, Lidia Pérez.
Este es el balance de la pasada legislatura en la que, según destacó la propia Pérez en su intervención en unas jornadas en la Universidad Politécnica de Valencia, el Ministerio ha incrementado el ritmo para "esponjar la zona litoral". Es decir, dejar espacio libres en las zonas construidas.
Las demoliciones, según Costas, están dirigidas a regularizar la situación del litoral de la Comunitat eliminando las edificaciones que no cumplen la legalidad. Una posición que muchos de los afectados rechazan y han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente ha estado aplicando la ley de costas con carácter retroactivo.
Los derrumbes responden también a la política de deslindes (recuperación del dominio público marítimo terrestre), que también entre 2004 y 2008, como resaltó Pérez, experimentó un notable avance, hasta el punto de que el 80% del litoral de la Comunitat ya está deslindado. El programa, que ha levantado una fuerte contestación social, incluye la demolición de las construcciones fuera de ordenación.
Todo apunta a que los derribos continuarán a no ser que el Ministerio, tras nombrar una nueva directora general, establezca una política más moderada en la aplicación de la ley de costas. La fuerza que ha tomado la Plataforma Nacional de Afectados puede hacer que el proceso de deslinde se ralentice.
Lidia Pérez apuntó en su intervención que la presión urbanística en el litoral de la Comunitat era muy fuerte y había que continuar con el "esponjamiento" de los espacios del litoral, lo que implica nuevos deslindes, derribos y limitación de las concesiones en el dominio público.
Durante los últimos cuatro años, según los datos aportados por Pérez, se han procedido a la regeneración de playas en 250 kilómetros de costa. Además, las demarcaciones hidrográficas del Júcar y el Segura (Comunitat Valencia y Murcia) han sido las que han acumulado más derribos en la costa entre 2004 y 2008.
Superficie artificial
La Comunitat presenta el incremento de superficie artificial más elevado de España, ya que ha superado el 50% en la última década, según se desprende del informe anual de Greenpeace Destrucción a Toda Costa 2008.
La organización ecologista salió ayer a la calle en diversas ciudades españolas, entre ellas Valencia, en la playa de la Malvarrosa, y Alicante, para presentar su informe anual sobre la situación del litoral en España que detalla los 100 "puntos negros" que registra el país a causa del urbanismo, las infraestructuras y la contaminación de las aguas, de los cuáles un total de once se encuentran en la Comunitat, aunque el documento señala que la tarea de reducir a tan sólo once puntos la destrucción "resulta ardua a la vista del estado del litoral valenciano".
En la provincia de Castellón, el documento indica que uno de los puntos negros abarca la práctica totalidad de la costa debido a los vertidos de aguas residuales urbanas, que afectan sobre todo a determinados términos municipales como Benicarló o Peñíscola.
En Valencia, el estudio de la organización ecologista destaca como punto negro principal el plan conocido como el Manhattan de Cullera en la desembocadura del Júcar.
Las zonas más degradadas por urbanismo, infraestructuras y contaminación de aguas en Alicante son la ampliación del puerto deportivo de Xàbia y el puerto deportivo Luis Campomanes en Altea, debido a que las aguas donde se ubica cuentan con la presencia de posidonia oceánica, una planta marina que forma bosques sumergidos done se cobijan cientos de especies para alimentarse y criar.
* Las Provincias - 13.07.08 - J. S.| VALENCIA
Foto: Derribo de un restaurante en la playa de Oliva por invadir el dominio público - lasprovincias.es
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"No me di cuenta que me llevaba 152 millones de pesetas que no me correspondían"
IDEAL/Granada* : El constructor granadino José Ávila Rojas ha señalado esta mañana, durante el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Granada, que tuvo una participación mínima en las dos operaciones presuntamente delictivas contra la Hacienda Pública por las que la Fiscalía le pide una pena de ocho años de cárcel, cuatro por cada delito, una multa de 20 millones de euros e indemnización de casi cinco.
Ávila Rojas declinó cualquier responsabilidad y la hizo recaer sobre sus socios. "Yo no sé nada", repitió en varias ocasiones, "no tuve nada que ver. No tenía que haberme metido en nada".
Esa fue la base de su discurso. Incluso ha afirmado que no se dio cuenta de que se había llevado 152 millones de las antiguas pesetas que no le correspondían. "Fue un error y lo he tratado de subsanar", ha añadido.
Ávila Rojas, imputado en la operación ‘Malaya’, está acusado por el Ministerio Público de defraudar a Hacienda en 2001 y 2002 en sendas operaciones inmobiliarias.
En la primera de ellas, en mayo de 2001, el acusado y la sociedad CCF 21–perteneciente a Carlos Sánchez, también imputado en la operación 'Malaya'– adquirieron una finca en Marbella (Málaga) que vendieron el mismo día a Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L. defraudando la cantidad del IVA, unos 580.577 euros, y la del IRPF, 1.958.524 euros.
La segunda tuvo lugar en julio del año siguiente cuando el empresario y CCF 21 vendieron otra finca en cuya operación, según el fiscal, no pagaron los impuestos correspondientes a la Agencia Tributaria que se estiman en 618.668 euros en concepto de IVA y de 1.639.803 euros por el IRPF, según consta en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press.
En la primera sesión del juicio, esta mañana, también salió a relucir el nombre del ex alcalde Marbella Julián Muñoz. Al parecer tuvo que ver en la vertiente urbanística del pleito y por eso ha sido citado a declarar mañana como testigo.
* Ideal - CARLOS MORÁN - 14.07.2008
Foto: Marbella (Málaga), puerto deportivo - J.Rojas (El País)
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Güi-Güi, un pleito en el paraíso
LAPROVINCIA/GranCanaria* : El espacio natural vuelve a estar en el ojo del huracán por un intento de 'pelotazo', mientras los aldeanos quieren evitarlo a toda costa y que el paraje siga siendo virgen. ¿Ustedes han ido a Güi-Güi? Yo sí. Hay arena y unas piedrillas", dice Dorian, aldeano de siete años, en la cubierta del barco de la familia.
"¿Y qué haces allí, Dorian?". "Bañarme y surfear, ¿qué va a ser?", contesta con un mechón de pelo rebelde sobre su ojo derecho.
Así de claro lo tiene el niño, igual que toda la gente de La Aldea de San Nicolás.
Guguy es para el disfrute del pueblo y nadie quiere que cambie, ni que sea la excusa para un 'pelotazo'. Este espacio natural protegido de Gran Canaria ha sido noticia esta semana por el pleito que mantienen el empresario Jaime Cortezo y el Ayuntamiento por la titularidad de parte de este paraje virgen, que el promotor quiere vender en 40 millones de euros al Cabildo Insular, gracias a unos fondos europeos destinados a este fin.
La historia de Güi-Güi y de La Aldea está ligada a los conflictos surgidos en torno a propiedad de la tierra. Lo sabe y lo explica magistralmente el cronista oficial de la villa Francisco Suárez Moreno en sus libros Historia de La Aldea y El pleito de La Aldea. 300 años de lucha por la propiedad de la tierra, editados por el Centro de la Cultura Popular Canaria y por el Cabildo, respectivamente. Este reportaje hace un recorrido por ese camino desde el pasado, siempre bajo la atenta mirada del imponente macizo del Suroeste y de las gentes de tierra y salitre que habitan y disfrutan este paisaje.
La titularidad de la tierra en La Aldea siempre ha sido compleja. "Un agreste e incomunicado marco geográfico, unos métodos de acaparación de las riquezas naturales que arrancan desde la Conquista, la sucesión de regímenes sociopolíticos y económicos, antagonismos de clases... son, entre otros, los determinantes del desarrollo de este conflicto socioagrario [Pleito de La Aldea] que finalizó en 1927 tras la intervención directa del Gobierno del Estado español", explica Suárez Moreno en la introducción de su obra El pleito de La Aldea.
Los escarpados riscos de esta "isla dentro de una isla", como lo llama el cronista, fueron quizá testigos de la famosa batalla de Ajodar, en 1483. Aunque la ubicación sigue en discusión, la liza entre los castellanos y la población autóctona, con victoria local, pudo suceder en la montaña de Los Hogarzos, en la vertiente norte del barranco de Tasartico, Güi-Güi y el valle de La Aldea. A pesar de este triunfo, la Conquista se llevó a cabo y, tras ella, llegó la colonización y el reparto del botín. Según explica Francisco Suárez, "la acaparación de tierras y aguas y demás medios de producción en el valle de La Aldea de San Nicolás y sus espacios anexos, en los primeros decenios de la Colonización, se presenta confusa. Esta comarca se incluyó en el distrito de repartimientos de tierras de la zona norte insular. A principios del siglo XVI ya se encontraban en este lugar una serie de heredades procedentes bien de las datas primitivas o bien de asentamientos usurpados a los espacios realengos".
El Macizo del Suroeste fue desde el principio de realengo. Los valles de Guguy fueron ocupados poco a poco por familias que cultivaban cereales y frutos en lo que, según cuentan las crónicas, era un vergel con distintos nacientes de agua y caminos serpenteantes que comunicaban unas playas con las otras. Así, en los valles de Güi-Güi Chico y Güi-Güi Grande, en 1785 se contabilizan uno y cuatro vecinos respectivamente, en viviendas dispersas, aunque en el verano, con la recogida de las sementeras y las frutas, entraban unas ocho familias de La Aldea. "El censo parroquial de 1820 recoge un total de ocho familias con 25 miembros", señala Suárez Moreno.
Mientras que la familia Grimón, más tarde Nava-Grimón, marqueses de Villanueva del Prado y descendientes del conquistador de Tenerife Jorge Grimón, se hacían con las tierras del valle de La Aldea, entre el siglo XVI y el XVIII, el Macizo del Suroeste continuaba siendo de realengo. En estas tierras, fueron instalándose campesinos que, por la fuerza de los años, fueron legando a sus descendientes ese patrimonio.
Pero llega el liberalismo y con él la desamortización y el paso del antiguo al nuevo régimen, con la adopción de medidas de protección de la propiedad privada. Es en este contexto, en el que nace el Registro de la Propiedad de Guía, donde, gran parte del Macizo del Suroeste, desamortizado o no, aparece desde el 24 de enero de 1867 como propio del Ayuntamiento, hecho en el que la corporación basa su defensa en el litigio con Cortezo. Estas tierras realengas fueron desamortizadas y vendidas, una parte a distintos propietarios, y otra, traspasadas al Ayuntamiento, que las consideró públicas por ser de realengo. De ahí su inscripción en el Registro.
Toca al juez dirimir qué pertenece a quién. Dice un refrán canario que el animal que más corre por la noche es el mojón. O lo que es lo mismo, las lindes de las tierras son, en muchas ocasiones, fuente de conflicto.
Pero es que, en el caso de Güi-Güi, se mezcla el aspecto conservacionista. La zona fue declarada Parque Natural en 1987 y Reserva Natural Especial en 1994. En 2002, el Cabildo propone la zona como Parque Nacional. A pesar de todo ello, dos tercios de los treinta millones de metros cuadrados que componen este territorio, fueron adquiridos en 1988 por la empresa suiza Pellerine Ltd. por 240.000 euros a Protucasa, que había adquirido este territorio en los setenta del siglo XX, con el fin de urbanizar la zona. "En aquella época nos encontrábamos un duro en el suelo y decíamos, 'mira, ya tenemos para dos metros cuadrados en Güi-Güi", recuerda un vecino, haciendo referencia al bajo precio por el que el suizo Heltmut Rahms compró la propiedad.
Más tarde, habría un intento de expropiación por parte del Gobierno autónomo que, finalmente, no tuvo efecto por cuestiones de forma.
"Es un lío tremendo", dice el propio Francisco Suárez, que ha tenido que bucear en los archivos para elaborar sus investigaciones. Lo que se puede añadir es que, en el Plan Director de la Reserva Natural Especial de Güi-Güi de 2004, la estructura de la propiedad se divide de la siguiente manera: 271,98 hectáreas están contempladas como comunales del Ayuntamiento; 196,97 hectáreas pertenecen al Ayuntamiento de San Nicolás; y 2.451,95 hectáreas pertenecen a particulares. "La mayor parte de la superficie de la Reserva se halla repartida en unas pocas parcelas, de superficie superior a las 100 hectáreas. No obstante, existe un elevado número de parcelas con una superficie inferior a una hectárea. Entre 25 y 100 hectáreas sólo se contabilizan tres parcelas y con una extensión superior a 100 hectáreas hay siete parcelas. Estas diez últimas conforman casi toda la Reserva y además son las áreas de más alto valor ecológico". Así lo describe el Plan, y lo confirma un vecino de La Aldea. "Allí el que más y el que menos tiene terrenillo".
Pero, ¿cómo se ve todo esto a pie de playa? El paseo en barco desde el muelle de La Aldea es emocionante. Sebastián Miranda y su hermano Doramas, padre de Dorian, han nacido y se han criado en la zona. "No sé cuántas veces he estado allí, pero muchísimas", dice Sebastián mientras pilota su barco, en el que también viaja su amigo Echedey Ibáñez. El trayecto hasta las cuatro playas de Güi-Güi tiene sus propios puntos de interés. Lo primero, el Roque Colorado, uno de esos accidentes naturales que se dan en las islas, que no dejan lugar a dudas de su origen volcánico. Es fácil imaginar esa roca al rojo vivo y bufando al contacto con el mar.
Más al sur está Sanabria, un paredón impresionante que tiene, según cuenta Sebastián, una fuente cuya agua cae por el exterior, pero luego se esconde en la piedra para distribuirse en su interior a través de galerías. A continuación, la zona más complicada, la Baja del Trabajo.
"Se llama así porque es el encuentro de las mareas y el lugar en el que sopla más fuerte el alisio y cuando los barcos no tenían motor daba mucho trabajo superar este tramo", aclara el marino.
Más allá está el Peñón Bermejo y, a partir de aquí, las cuatro playas de Güi-Güi: La del Peñón Bermejo, "a la que venimos la gente de La Aldea, porque hay menos gente"; Güi-Güi Chico, "que, en realidad, es más grande"; La Playa del Medio, "donde está la famosa duna de Güi-Güi"; y Güi-Güi Grande, "donde desembocan los dos caminos que llegan por tierra, uno de dos horas y otro de tres".
Con un bote, a la orilla. El agua es cristalina, pura. Allí se comprueba que la arena de Güi-Güi hace cosquillas y que la playa tiene más movimiento del que cabría esperar. Un barco cargado de turistas llega desde Mogán. Dos parejas, también de guiris, llegan por el barranco y Ramón Segura, vecino de la zona, se da una vuelta para ver que todo está en orden. Ya de regreso, Dorian pregunta: "¿Qué, lo pasaron bien en Güi-Güi?".
* La Provincia - CIRA MOROTE MEDINA - 14 de julio de 2008
Foto: Güi-Güi. SANTI BLANCO, laprovincia.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
3,8 millones de pisos sin ocupar
PÚBLICO* : El problema de la vivienda ha movilizado a las Administraciones públicas, que pretenden encontrar soluciones para facilitar el acceso el acceso de los ciudadanos a un bien indispensable, en un mercado tradicionalmente desequilibrado. Una de las grandes paradojas es que, a pesar de las necesidades, en España hay un número muy elevado de pisos vacíos.
Aunque no hay cifras oficiales recientes (las últimas facilitadas por el INE corresponden a 2001) se puede hacer una estimación sobre el total de pisos vacíos basada en la evolución del parque de viviendas. A finales de 2007, en España había 25,5 millones de viviendas. Si se mantiene la proporción de pisos desocupados de la estadística de 2001 (un 14,8%), se puede calcular que en la actualidad existen aproximadamente 3,8 millones de viviendas vacías.
Frente a esa cifra, los expertos consideran que la demanda actual de pisos es de 350.000 anuales, lo cual significa que hay diez viviendas desocupadas por cada una que se necesita.
Propietarios ante Hacienda
Ante esta realidad, algunos ayuntamientos y comunidades autónomas ha empezado a tomar medidas para forzar a los propietarios a sacar los pisos al mercado. Uno de los casos más representativos es el de Sevilla. Un millar de dueños de pisos de la capital andaluza desfilado ya ante los inspectores de Hacienda del Ayuntamiento para dilucidar si sus viviendas están vacías, y, si es así, cobrarles un recargo del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de los ejercicios 2004 a 2007. Son los mil contribuyentes con el valor catastral más alto de una lista elaborada por los técnicos municipales tras cruzar sus datos del IBI con los del padrón.
"Es una decisión política de este Ayuntamiento, que es de izquierdas", asegura a Público Manuel Enrique Llorente, director general de Hacienda de la corporación local. Una decisión que reportará medio millón de euros extra a las arcas del Ayuntamiento hispalense.
La medida que aplica ahora la coalición PSOE-IU que gobierna la capital andaluza surgió de la modificación de la Ley de Haciendas Locales de 1988 llevada a cabo por el Gobierno Aznar en la Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 2002. En ella se permitía gravar los pisos vacíos, pero se decía también que se haría según una ley que se desarrollaría reglamentariamente. Y ahí es donde está la polémica. Para unos, eso significa que le corresponde al Estado desarrollar el reglamento. Para otros, entre ellos el gobierno municipal de Sevilla, una ordenanza municipal sirve como reglamento.
En 2003 se publicó ya la primera ordenanza fiscal regulando el recargo en Sevilla, y se ha seguido incluyendo en los ejercicios sucesivos. " Y que sepamos" dice Pérez Royo, "nadie ha impugnado las ordenanzas ante el Contencioso Administrativo".
Polémica jurídica
Desde la primera ordenanza aprobada, se afirma que son los titulares de los inmuebles los que están obligados a "comunicar al Ayuntamiento esa situación" de piso vacío. Es esta disposición la que ha servido de base a la Hacienda municipal para abrir ahora ese millar de expedientes.
La medida de recargar el IBI de las viviendas no ocupadas genera una fuerte polémica jurídica. "El Ayuntamiento entiende que con la legislación actual está plenamente habilitado para determinar si un piso esta vacío", afirma Llorente, pero su propio jefe de Inspección, el catedrático de Derecho Financiero de la Universidad de Sevilla, Ignacio Pérez Royo, reconoce que está en discusión "si le corresponde a las administraciones locales o al Estado reglamentar lo que se entiende por vivienda vacía".
Ésa es la clave que está parando otras iniciativas. Otro obstáculo es la indeterminación para definir qué es una vivienda vacía de forma homogénea en todo el territorio, explican fuentes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Cáceres es la única capital que cobra el recargo desde 2004. El alcalde de Madrid lo retiró ante la oposición que provocó.
Euskadi y Catalunya
En enero de 2007, el Parlamento vasco aprobó una propuesta instando al Gobierno vasco y a las diputaciones forales a penalizar los pisos vacíos con un recargo en su IBI.
También el Parlamento de Catalunya aprobó una Ley de Vivienda que permite expropiar pisos en las grandes ciudades que lleven mucho tiempo vacíos. A partir de ahí, ambos gobiernos, empezaron a jugar con la idea de cobrar un canon fijo por piso vacío. Pero al final, ante las dudas jurídicas, sus iniciativas de penalizar los pisos vacíos están paradas.
En este debate, el Ministerio de Vivienda no se plantea una medida similar a la expropiación forzosa de pisos. Fuentes del Ministerio dicen que la política se centra en reforzar los incentivos para que los dueños de pisos vacíos los pongan en alquiler. Ya aprobó en enero ampliar las condiciones de la ayuda de 6.000 euros, además de medidas fiscales. Ahora, prepara una reforma legal para agilizar los desahucios.
* Público - F.VICENTE / S.R.ARENES - Sevilla / Madrid - 13/07/2008
Foto: Se Alquila, se vende, carteles Madrid - C.Alvarez, elpais.com
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Destrucción a toda costa 2008 / Greenpeace
Greenpeace - Destrucción a toda costa 2008 - YouTube, July 02, 2008
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Tema: COLABORACIONES , VÍDEOS
El «boom» de residentes extranjeros mueve parte de los principales excesos urbanísticos
ABC/Valencia* : Los contingentes de residentes europeos afincados en la Comunidad han ejercido una doble influencia sobre el urbanismo valenciano en el último lustro. De un lado, han propiciado la expansión del sector -en ocasiones, al borde de la legalidad-, y de otro lo han estigmatizado hasta la saciedad a través de denuncias ante el Parlamento Europeo que, habitualmente, perseguían fines particulares.
De hecho, las citadas denuncias han procedido siempre de residentes censados en localidades donde la presencia de extranjeros europeos -particularmente británicos- es significativamente elevada. En algunos casos, incluso, la comunidad extranjera supera a la española, como sucede en el caso de Benitachell -cuyo alcalde acaba de ser imputado por presunta corrupción urbanística- o Rojales.
Pero la relación de los extranjeros con el urbanismo valenciano no se ha establecido sólo desde el lado de la demanda. Benitachell no es el primer municipio en el que residentes europeos forman parte de consistorios cuya gestión urbanística se encuentra -o se ha encontrado- bajo sospecha. El municipio alicantino de Jávea, también en la Marina Alta, es paradigmático en ese sentido.
El Ayuntamiento javiense fue uno de los primeros, junto con Alfaz del Pi, en incorporar residentes europeos a la Corporación. El papel de dos ediles foráneos fue determinante para facilitar la moción de censura que arrebató la Alcaldía al PP en 2005, con el urbanismo como detonante.
En Benitachell, junto al munícipe, Juan Cardona, se encuentra también imputada su primera teniente de alcalde, la austriaca Hannelore Rheindorf -que dejó el PP para integrarse en el partido independiente de Cardona-, además de un ciudadano de origen alemán que habría participado también en los hechos de los que se acusa a los ediles.
Según la denuncia de un vecino, el alcalde y la concejal le habrían exigido el pago de unos 50.000 euros para verse beneficiado por la recalificación de una parcela de su propiedad. La operación se habría realizado en el marco de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente hace unos meses.
Presión urbanística
Al margen de su participación política, los residentes extranjeros han favorecido el aumento de la presión urbanística, especialmente en pequeños municipios -de apenas unos miles de habitantes- en las proximidades de la costa. La gestión urbanística de muchos de ellos, que comenzaron diversos procesos para expandirse a marchas forzadas, se encuentra en la actualidad en los juzgados.
Los dos casos más notables se registraron en Parcent -también en la Marina Alta- y en el municipio de Catral, en el área de influencia de Torrevieja, en la Vega Baja. En el primer caso, el TSJ paralizó tres actuaciones urbanísticas que preveían la construcción de 1.800 viviendas. Paradójicamente, fueron los propios residentes europeos los que denunciaron la situación a través de asociaciones vecinales.
En Catral, en cambio, fue el Consell el primero en tomar la iniciativa ante la proliferación de viviendas irregulares -adquiridas casi siempre por residentes británicos-, al retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento. Sin embargo, los propietarios mantuvieron también una relativa labor reivindicativa, en coincidencia con una de las expediciones de parlamentarios europeos para poner a prueba el urbanismo valenciano.
Un caso similar al de Catral, aunque no ha llegado a los juzgados, se registró en el vecino municipio de Rojales, también en la comarca de la Vega Baja alicantina, el de mayor proporción de residentes extranjeros de toda España, vivió una expansión similar a la catraleña, con miles de viviendas que en muchos casos se construyeron fuera de planeamiento -y por tanto carecen de viales y suministros-.
Partidos y asociaciones
El activismo de los europeos afincados en Rojales originó el nacimiento de un partido político específico, el Grupo Independiente, que logró representación en los pasados comicios y pactó con el PP para iniciar una andadura política que acaba de cumplir un año.
La participación política de los residentes europeos -habitualmente británicos o nórdicos- ha venido siempre motivada por el urbanismo, excepto en aquellos casos en los que se han integrado en las listas de los partidos mayoritarios, principalmente el PP.
Con la defensa de su propiedad privada como principal motivación, el contingente europeo no sólo ha alumbrado formaciones propias -en Rojales, Orihuela, Alfaz del Pi, o Benitachell-, sino también asociaciones como «Abusos Urbanísticos No».
* ABC - D. MARTÍNEZ - ALICANTE
Foto: Xabia - lasprovincias.es
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Crísis y corrupción / El Roto

Viñeta El Roto, crisis y corrupción - 12.07.2008, elpais.com
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Greenpeace sale a la calle en varias ciudades contra la destrucción de costas
ELMUNDO* : Activistas de Greenpeace han salido a la calle en varias ciudades españolas, para denunciar "la alarmante" destrucción de costas que se esta produciendo a causa del excesivo urbanismo y contaminación en el litoral, siendo el caso "más flagrante" el Hotel Algarrobico (Almería) "que sigue sin demolerse".
Este sábado Greenpeace ha colocado mesas informativas por todo el país para advertir a la población de "la preocupante" situación que atraviesa el litoral español, como queda de manifiesto en el reciente informe "Destrucción a toda costa" del año 2008, presentado por la organización, y en donde se confirma que el hotel El Algarrobico continúa siendo el "símbolo" principal de este problema, explicó la responsable de Océanos en España de Greenpeace, Carmen Solla.
Las ciudades en donde se desarrollan acciones informativas por parte de Greenpeace son Alicante, Asturias, Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca, Murcia, Pontevedra, Sevilla, Tenerife, Vizcaya, Valencia y Zaragoza.
En Madrid, una decena de voluntarios de Greenpeace facilitarán a lo largo del día folletos a los ciudadanos que pasen por la Plaza de Felipe II y que estén interesados en la iniciativa, y les darán a conocer "los cien puntos negros más degradados" el litoral, como consecuencia del "urbanismo, las infraestructuras y la contaminación", siendo los territorios más afectados, según el citado informe, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias y Ceuta y Melilla, añadió Solla.
En cabeza de ese listado de puntos negros en las costas, continuó la activista de Greenpeace, se sitúa el hotel El Algarrobico, que es el claro "símbolo de la mala gestión costera", tanto por parte del Gobierno andaluz como del central, y aparte de ese caso, se recogen en el documento otros muchos también alarmantes, como el Puerto de Granadilla, en Tenerife, o el de Calvià en Mallorca, en donde también "se quiere construir en zona virgen".
Asimismo, Solla se refirió a la Marina de Cope, en Águilas (Murcia), un proyecto sobre el que dijo que es "el paradigma de la destrucción del litoral", con una macro-urbanización con puertos y campos de golf.
Solla lamentó la falta de medidas por parte del Gobierno para solucionar el problema, y en ese sentido, acusó a la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, de tener "bastante decepcionados" a los miembros de Greenpeace, por su política de protección ambiental "básicamente nula".
Los ciudadanos convocados por Greenpeace, aparte de disponer de información sobre la situación del litoral en varias mesas repartidas por todo el país, podrán reclamar una mejor gestión del espacio costero, haciéndose una foto frente a una imagen de 'El Algarrobico', ataviados con el tradicional traje blanco de capucha de los activistas de Greenpeace.
Con ese gesto de protesta, se exigirá la demolición del recinto hotelero levantado junto al mar en Almería; las imágenes realizadas las podrán ver los ciudadanos en la página de Internet: www.destruccionatodacosta.com.
En el caso de Madrid, sólo en la primera hora de campaña se habían acercado ya a la mesa informativa un centenar de personas a interesarse por la situación del litoral; los activistas de Greenpeace confían en que a lo largo del día puedan presentarse alrededor de medio millar.
En el informe 'Destrucción a toda Costa' del año 2008 se pone de relieve que durante el último ejercicio los casos de corrupción urbanística en el litoral ascendieron a 67, con la implicación en ellos de medio millar de personas, siendo cargos públicos el 37 por ciento de los mismos.
Se destaca además en el documento que a los tres millones de viviendas proyectadas en la costa en 2007 y ya aprobadas por los correspondientes ayuntamientos, se sumaron este año 137 nuevas actuaciones urbanísticas en infraestructuras en el litoral, principalmente puertos deportivos e industriales, que van ganando terreno al mar.
* El Mundo - EFE - 12/07/2008
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
El Grupo Ecologista Cóndor exige el cumplimiento extricto de la Ley en los casos de construcciones ilegales
ANIA* : El Grupo Ecologista Cóndor, de Almería, se ha dirigido a nuestras Autoridades con competencias en Urbanismo solicitándoles la aplicación estricta de la Ley ante todas las construcciones ilegales de nuestra Provincia y se muestra contrario a los “arreglos” que se están preparando entre los partidos políticos para hacer “legalizaciones masivas”.
La situación actual de muchos políticos encausados por corrupciones urbanísticas colapsa los juzgados. Son muchos años de denuncias ecologistas que caían en saco roto, pero el tiempo les ha dado la razón cuando la situación era ya insostenible y las corrupciones se desbordaban.
Pero ante la evidencia de una aparente “flojera” en la aplicación de la Ley por parte de la Junta de Andalucía, desde este Grupo Ecologista se han dirigido al organismo competente, o sea a la Consejería de Obras Públicas exigiendo que ya que es más que evidente la situación insostenible de corrupción total en todo lo relacionado con el urbanismo y ante los hechos y pruebas tan evidentes, lo único que cabe es la aplicación estricta y rigurosa de la Ley, “caiga quien caiga” apostillan con énfasis los ecologistas.
Desde el Grupo Ecologista Cóndor se señala que no están de acuerdo en seguir con la legalización de lo ilegal por la vía de los hechos consumados ya que consideran esta vía fruto de la connivencia de las propias administraciones con el fraude sumado a la incapacidad evidente y manifiesta para hacer cumplir la Ley, tanto por los propios ayuntamientos como por la propia Consejería de Obras Públicas.
Desde este Grupo Ecologista se dirigen, asimismo, a los perjudicados por la corrupción. Por un lado están los que tienen un permiso del Ayuntamiento, que es al que corresponde darlos, pero si este no lo ha hecho dentro de la Ley está obligado a pagar los prejuicios causados a los afectados, sobre esto hay que señalar que la Ley obliga al político o políticos, de una forma personal, a que sean ellos de su bolsillo los que paguen estas indemnizaciones, no de las arcas municipales, por lo que en estos casos se aconseja a los afectados la denuncia judicial directamente ya que los causantes van a dar todos los rodeos posibles para pagar sus equivocaciones. Por otro lado están los que han realizado las obras ilegales sabiendo perfectamente lo que hacían, aquí no cabe otra cosa que el derribo sin indemnización además de las multas correspondientes por infringir la Ley.
Desde el Grupo Ecologista Cóndor se añade que si de todos estos hechos no salen políticos encarcelados y miles de viviendas derribadas se evidenciará una total dejación en la aplicación de la Ley que derivará en situaciones de una grave alteración del Estado de Derecho.
* ANIA - 09/07/2008
Foto: Algarrobico ILEGAL por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS URBANISMO
El Parque Regional del Sureste se convertirá en el gran vertedero de las obras del cierre de la M-50
REBELIÓN* : La mayor parte de los más de 7 millones de metros cúbicos de tierras sobrantes de las obras del cierre norte de la M-50 ( la M-61) serán vertidas en el Parque del Sureste. Este espacio se ha convertido en la mayor escombrera regional. Al proceder de suelos con características muy diferentes, se verán alteradas las condiciones físico-químicas del subsuelo de la zona. Entre los destinos barajados por la Comunidad de Madrid se encuentran varias explotaciones con un largo historial de denuncias e infracciones a la normativa ambiental.
Unos 7.700.000 metros cúbicos de tierras serán necesarios eliminar como sobrantes de las obras de construcción de los túneles de la M-61 (cierre de la M-50 por el monte de El Pardo). A falta de lugares idóneos en la zona norte de la Región, la Comunidad de Madrid baraja 42 puntos de vertido, la mayor parte ubicados en el sur y el sureste, pese a las largas distancias que tendrán que recorrer diariamente decenas de camiones. Localidades como Getafe, San Fernando, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Campo Real, Arganda, Velilla, Valdilecha, Orusco, Perales de Tajuña..., serán algunos de los términos municipales elegidos para acoger las tierras que supuestamente servirán para restaurar zonas degradadas.
Detrás del eufemismo de zonas degradadas a restaurar no se esconde otra cosa que convertir en escombreras los huecos dejados por la actividad minera (graveras y canteras). Una restauración en condiciones debería tener en cuenta las condiciones físico-químicas de las tierras a utilizar. Las tierras de la zona de El Pardo, graníticas, tienen unas características totalmente diferentes e incompatibles a las de los suelos del sur y del sureste: zonas de vegas de los ríos y suelos calizos. Estas supuestas restauraciones alterarán de forma significativa las condiciones de los suelos.
De las 42 zonas de vertido, 17 se ubican en el interior del Parque Regional del Sureste. Este parque se convierte una vez más en territorio especializado en albergar los restos, los vertidos, los escombros, las basuras, los humos... de toda la región. No es de recibo que la Comunidad de Madrid pretenda utilizar la comarca del sureste como el espacio especializado para albergar los sobrantes de la actividad humana en la Región y, mucho menos, que se pretenda utilizar como escombrera un espacio natural al servicio del negocio de la construcción.
En un desprecio absoluto a la normativa ambiental de la Comunidad, el Estudio de Impacto Ambiental de la M-61 en ningún momento tiene presente las condiciones de vertido y restauración establecidas en la Ley del Parque (Ley 6/94) o en su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. Sencillamente el Parque del Sureste no existe para los gobernantes regionales.
Los Cantillos, gravera situada entre Arganda y Velilla de San Antonio, es el lugar que prevé acoger una mayor cantidad de tierras. Esta gravera dice contar con una capacidad para 4 millones de metros cúbicos. No obstante, tiene condicionantes de la Junta Rectora del Parque por los que no pueden ser vertidos materiales procedentes de tuneladoras.
Significativo de la escasa sensibilidad ambiental del Gobierno de Esperanza Aguirre, es que, entre las 17 explotaciones ubicadas en el Parque del Sureste, algunas mantienen parte de su actividad en una situación de irregularidad respecto a los condicionantes sobre uso del suelo establecidos en la Ley 6/94 y el PORN. Otras, además, tienen un largo historial cargado de incumplimientos sistemáticos de la normativa ambiental del Parque. Resulta inconcebible que la Comunidad de Madrid pretenda que empresas que se han caracterizado por una total desconsideración de las normativas y decisiones ambientales, se les conceda la posibilidad de gestionar un vertido de tanto volumen y tan problemático. Así, entre el listado de las 17 explotaciones en el Parque del Sureste aparecen:
- El Bombo y la Alameda. Ciempozuelos. Plan de Restauración de 2 años y dicen que tienen capacidad suficiente (sin dar más datos). La gravera posee Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva. Pero un proyecto de ampliación de El Bombo se le dio una DIA desfavorable de 3/6/96, aunque la empresa extrajo material en esa finca
- Los Tranzones. Ciempozuelos. Plan de Restauración a 8 meses de completar. Empresa con una ristra de irregularidades: sancionada en 2005 con 2,5 millones de euros por daños en el patrimonio arqueológico y natural. Una de sus ampliaciones estuvo extrayendo sin DIA aprobada; incumple la legislación del Parque en cuanto a invasión de la zona B, estacionamiento de camiones en zona B y franja de protección de 50 metros.
- PRERESA. Getafe. 1 millón de m3. Gravera con múltiples denuncias en el pasado: vertidos de basuras y lodos, relleno de lagunas naturalizadas, incumplimiento de autorización de la Junta Rectora...
- Maresa (San Martín de la Vega). Ocupa suelos en zona B y no respeta franja de protección respecto a la ribera del Jarama
- Menorca. Explotación ya restaurada y sin informe de la Junta Rectora en 2005. Se desconoce si contó con DIA.
- Valdocarros (Tramsa) Arganda. Ocupa suelos en zona B y no respeta franja de protección respecto a la ribera del río.
Al margen de estos casos, la utilización del Sureste como zona de vertido preferente es incompatible con los objetivos de conservación establecidos en la Ley 6/94. Llevar la mayor parte de los 7 millones de m3 a la comarca puede representar un golpe definitivo a las posibilidades de recuperación del Parque. En cualquier caso, teniendo en cuenta que está pendiente de publicarse próximamente el Plan Rector de Uso y Gestión de la zona (con 9 años de retraso), sería lógico que no se autorizara ningún vertido extraordinario a ninguna gravera o hueco de excavación más.
Más información: Raúl Urquiaga (675 569 118) y Antonio Martínez (616 179 442)
* Rebelión - 09-07-2008
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13.7.08
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Madrid