VEGAMEDIAPRESS* : Uno de los diarios más importantes del mundo, el Internacional Herald Tribune, y el New York Times publica hoy en su portada y en un amplio reportaje interior la situación sobre Murcia, en la que se pone de manifiesto el desastroso modelo de desarrollo del Gobierno Valcárcel en estos años.
El periódico internacional describe el avance de la desertización como consecuencia de un modelo de desarrollo insostenible y pone al descubierto las connivencias que se han producido entre el sector de la construcción, la política y los medios de comunicación, o que ha dado paso, además de para los graves problemas de demanda de agua, como consecuencia de nuevos desarrollos que no han contado con planificación previa de u recurso básico. De la misma forma se pone de manifiesto como las investigaciones de periodistas independientes ha dado paso a comportamientos propios de la mafia, con informadores amenazados. El reportaje, de contenido similar al publicado hace unas semanas por Le Monde en París, escrito por Benoît Hopkin, ha sido escrito por la periodista norteamericana Elisabeth Rosenthal, aquí está el enlace.
Lea la traducción de Pedro Romero para VMPress, y aquí el texto original:
http://www.iht.com/articles/2008/06/02/europe/dry.php
Fortuna, España. Los caminos están jalonados por exhuberantes campos de lechugas e invernaderos de tomates. Nuevas y verdes urbanizaciones de lujosos chalets de color pastel seducen a los compradores del Reino Unido y Alemania. Campos de Golf -docenas de ellos, todos de construcción reciente- se extienden ante nosotros camino de las playas. Parece que por fin este escondido rincón del sureste de España está prosperando.
Tan sólo hay un problema con esta imagen de abundancia: la provincia de Murcia al completo se está quedando sin agua. Grandes áreas del sureste de España se están convirtiendo en desierto día a día, un proceso agudizado por el calentamiento global y un desarrollo mal planificado.
Murcia, tradicionalmente una región agrícola y pobre, ha sufrido en los últimos años un incremento espectacular en la construcción de urbanizaciones; al mismo tiempo, los agricultores han incrementado la superficie cultivada de regadío, animados por los anuncios de trasvases, hasta límites insostenibles. Todos estos factores han esquilmado la tierra y sus cada vez más escasas reservas de agua.
Este año, los agricultores compiten con los promotores urbanísticos por los derechos sobre el agua. Se disputan el agua para regar sus respectivos campos (agrícolas o de golf y chalets), y como muestra de su creciente desesperación, están comprando y vendiendo agua a precio de oro en un boyante mercado negro del agua, la mayoría de la cual proviene de pozos ilegales.
El sur de España está acostumbrado a padecer sequías de forma cíclica, pero la actual crisis de escasez, según los científicos, probablemente refleja un cambio permanente en el clima como consecuencia del calentamiento global. Y esto desencadena un nuevo tipo de conflicto.
Las guerras del pasado eran por el control de la tierra. Las guerras del presente son por el petróleo. Pero las guerras del futuro –un futuro mucho más caliente y seco por el cambio climático en la mayor parte del mundo– se centrarán en el agua, avisan los científicos.
"El agua va a ser la gran cuestión ambiental este año – el problema es inmediato y urgente", dice Barbara Helferrich, portavoz de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea. "Si tienes cortes de agua en primavera, ya sabes que va a ser un verano realmente malo."
Varios líderes mundiales estarán reunidos desde este Martes en la sede en Roma de la Organización para la Agricultura y la Alimentación de Naciones Unidas, para abordar una crisis alimentaria global causada en parte por las restricciones de agua en África, Australia y aquí en el sur de España.
El cambio climático signifca que el avance de los desiertos puede obligar a emigrar fuera de su tierra a 135 millones de personas, según estimaciones de Naciones Unidas, la mayoría de ellas en los países en desarrollo. Pero el sur de Europa está experimentando el problema ya mismo: su clima se está volviendo extremadamente seco, hasta el punto de parecerse cada vez más al del norte de África, según los científicos.
Para Murcia, la crisis del agua se ha visto acuciada por promotores y agricultores que se han embarcado en proyectos devoradores de agua altamente incompatibles con un clima cada vez más seco y cálido; cultivos como la lechuga, que necesitan un riego abundante, urbanizaciones que prometen una piscina en el jardín de cada casa, hectáreas de húmedos campos de gof que se beben millones de litros de agua cada día.
"He recibido grandes presiones para repartir más agua tanto por parte de agricultores como de promotores", nos cuenta Antonio Pérez Gracia, el administrador del agua aquí en Fortuna, mientras toma café con unos agricultores en un bar del polvoriento casco urbano. Lamenta el hecho de sólo haber podido repartir a cada propietario el 30 por ciento del agua que les correspondería por derecho.
"No estoy seguro de qué haremos este verano", añade, señalando que el acuífero local ha descendido tanto que pronto quedará por debajo del nivel alcanzable mediante bombeo. "Recibo muchas presiones para dar más agua, de agricultores y también de promotores. Pueden quejarse lo que quieran: si no hay más agua, no hay más agua."
Rubén Vives, agricultor que depende como el resto de la magnanimidad del Sr. Pérez Gracia, dice que no puede permitirse comprar agua a los elevados precios del mercado negro. "Esto año, mi supervivencia está en peligro", afirma Vives, que en la zona tiene cultivos de bajo consumo de agua, como el limón, desde hace casi dos décadas.
Los cientos de miles de pozos -la mayoría de ellos ilegales- que en el pasado propocionaron un alivio temporal a la sed de los campos han agotado los acuíferos subterráneos hasta un punto de no retorno. El agua del norte de España que se trasvasaba hasta aquí ha disminuido a su vez a niveles mínimos, al mismo ritmo en que las otrora húmedas provincias del norte se están secando también.
La vorágine del agua ha desatado escándalos y pasiones: algunos políticos y/o funcionarios locales están o han estado en la cárcel por cobros de comisiones ilegales a cambio de permitir urbanizar en lugares que no tienen garantizada agua suficiente. Chema Gil, periodista que ha sacado a la luz una de estas tramas delictivas, ha sufrido amenazas de muerte, lleva encima un spray de pimienta y es escoltado día y noche por la Guardia Civil, una fuerza policial con funciones civiles y militares.
"El modelo de Murcia es completamente insostenible", nos cuenta el Sr. Gil. "Estamos consumiendo dos veces y media más agua de la que el ciclo natural de ésta permite recuperar. ¿De dónde sacamos la que nos falta? ¿La traemos de otro sitio? ¿Secamos completamente los acuíferos? Con el cambio climático estamos entrando en un callejón sin salida. Toda el agua que estamos usando para regar lechugas y campos de golf, la necesitaremos sólo para beber."
Para afrontar esta crisis nacional, España se está convirtiendo en pionera en la materia, organizando una Conferencia Europea sobre el el problema del agua para este verano y anunciando un plan nacional de medidas inmediatas para frenar la desertificación. Este plan incluye la modernización de los métodos de riego a otros más eficientes, así como un programa extensivo de plantas desaladoras que obtengan el agua dulce que la naturaleza no proporciona.
El Ministerio de Medio Ambiente y Agricultura estima que un tercio del país corre el riesgo de convertirse en desierto debido a la combinación del cambio climático con el mal uso de la tierra. Pese a ello, las autoridades son más optimistas cuando se les pregunta sobre la 'Africanización' del clima de España -un término ahora común entre los científicos.
"Estamos en mucho mejores condiciones que Africa, aunque dentro de la Unión Europea, nuestra situación sea grave", dice Antonio Serrano Rodríguez, Secretario General para la Tierra y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. No obstante, el Sr. Serrano y otras autoridades reconocen los principales puntos del problema: "habrá sitios en los que no se pueda cultivar nunca más, que fueron durante tiempo limítrofes al desierto y ahora ya son estériles. Tenemos zonas del país que están cerca del límite."
A pesar de que el sur de España siempre ha sido seco y se ha visto azotado por sequías cíclicas, la temperatura superficial media en España ha ascendido 2.7 grados en comparación con los alrededor de 1.4 grados que ha aumentado esta magnitud a escala mundial desde 1880, según las estadísticas. Se prevee que las lluvias desciendan un 20 por ciente entre este año y el 2020, y un 40 por ciento hacia el año 2070, según las proyecciones de Naciones Unidas.
Los cambios producidos en la finca de la familia Almarcha en Abanilla a lo largo de las tres últimas décadas son un buen reflejo de este clima cada vez más caliente y seco. Hasta hace 20 años, en la finca crecían el trigo y la cebada, regados sólo por el agua de lluvia. Con la disminución de las precipitaciones, Carlos Almarcha, de 51 años, tuvo que cambiar el cultivo por almendros. Hace unos 10 años, sustituyó los almendros por perales y melocotoneros, "porque necesitan menos agua," explica. Recientemente plantó oliveras e higueras, "que resisten bien las sequías y son menos sensibles al clima".
El Sr. Almarcha participa en un sistema de venta de agua gubernamental iniciado el año pasado, en el cual los agricultores pagan hasta tres veces el precio normal (33 céntimos en lugar de 12 por metro cúbico) a cambio de poder disponer de más agua. Los precios del mercado negro son incluso mayores. Por eso ve el panorama sombrío. "Antes sabías que en esta semana, en primavera, llovería", comenta enfundado en sus botas de campo, sobre el suelo agrietado de un olivar que hace tiempo fue un campo de trigo. "Ahora nunca sabes cuándo vendrá la lluvia, o si vendrá siquiera. Además, ya casi no hay invierno, y las plantas necesitan el frío para descansar. Por eso crecen cada vez menos. A veces nada. Incluso las plantas están confundidas."
Al mismo tiempo que el Sr. Almarcha ha cambiado gradualmente sus cultivos por otros cada vez menos bebedores, los planes de trasvases del gobierno anterior incitaron a muchos agricultores a tomar el camino en dirección opuesta: cultivaron un amplio rango de frutales devoradores de agua y otros cultivos que nunca habían crecido en el sur. Murcia era conocida tradicionalmente por sus higos y dátiles.
"No puedes hacer crecer de forma natural fresas en Huelva -hace demasiado calor," nos cuenta Raquel Montón, especialista en clima de Greenpeace en Madrid, refiriéndose a la cercana capital de las fresas de España. "En Zaragoza, que está en un desierto, cultivamos maiz, que es el cultivo que más agua consume. Es de locos. Lo único aún más disparatado que podría hacerse es construir casinos y campos de golf. Y qué casualidad, ¡es lo que hacen en Murcia!"
En el año 2001, una nueva Ley del Suelo en Murcia hizo mucho más facil a los residentes en esta comunidad vender sus tierras para la construcción de urbanizaciones. Aunque en el sur de España disponen desde hace mucho tiempo de completos sistemas para administrar su relativamente escasa agua, a día de hoy parece que todo el mundo haya encontrado formas de saltarse estos sistemas.
El césped de los campos de golf o las urbanizaciones asociadas a éstos son a menudo clasificados como un 'cultivo', proporcionando de esta manera a los propietarios derechos sobre un agua que de otra forma no podría ser destinada a mantener tales espacios de ocio verdes y húmedos. Los inversores extranjeros plantan unos cuantos árboles y llaman a sus chalets 'fincas', lo que les da derechos sobre el agua de riego, nos cuenta el Sr. Gracia. "Una vez que el propietario de un terreno obtiene esos derechos de agua, solicita una recalificación del terreno. Entonces pasa a tener un terreno urbanizable y un agua, que se supone que es para regar, pero que la gente usa para lo que quiere. Nadie se entera si la usa para llenar una piscina particular."
Si bien el Sr. Gracia dice estar "del lado de los verdaderos agricultores", no tiene personal para controlar cuánta gente usa realmente su cuota de agua en riego y quiénes la usan para otros fines.
Con tanto dinero en juego, algunos políticos y funcionarios dejan a un lado las leyes y se saltan las normas que promoverían un desarrollo sostenible, tal y como nos cuenta Chema Gil, el periodista, quien al principio fue vilipendiado por la sociedad y los políticos por escribir artículos críticos con estos comportamientos; aunque la actitud de esta misma gente está empezando a cambiar conforme se van dando cuenta de que realmente el agua se está agotando.
Pero incluso así, la gente y los políticos tienden a considerar el agua como un recurso ilimitado. "Los políticos piensan en bloques de cuatro años, por eso no pasa nada mientras no se agote el agua durante su mandato', dice la Srta. Montón, de Greenpeace. "La gente piensa en el problema, pero no les importa lo que ocurra mañana. No se preocupan hasta que abren el grifo y no cae nada."
* Vegamedia Press - Chema Gil - 03/06/2008
Foto: Desertification of the landscape and agriculture near Fortuna - vegamediapress.es
Herald Tribune se hace eco del desastroso modelo de desarrollo de Murcia
Nuevo caso de irregularidad urbanística en El Puerto
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DIARIODECÁDIZ* : Los cajones del Área de Urbanismo de El Puerto siguen deparando desagradables sorpresas en forma de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por los anteriores gobernantes de Independientes Portuenses, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz investiga tras dar cuenta de ello el actual equipo de gobierno del Partido Popular.
En esta ocasión, es un caso de los más flagrantes, protagonizado por el edil de Urbanismo del anterior mandato municipal, Juan Carlos Rodríguez, de IP.
Se trata de un decreto de legalización rubricado por el ex concejal para dar luz verde a una vivienda que se hallaba únicamente en cimentación. La zona en la que se ha registrado esta irregularidad es San Antonio, clasificada en el actual Plan General vigente en El Puerto como suelo no urbanizable.
Fue el 18 de octubre de 2005 cuando Rodríguez emitió el decreto por el que legalizaba "las obras en ejecución" de la vivienda sita en el desarrollo de San Antonio, en calle Cisne, al tiempo que autorizaba "las obras necesarias para su terminación", pese a tratarse de suelo no urbanizable. La orto foto municipal de la fecha revela la auténtica realidad: en la finca no había ninguna vivienda edificada. La edificación fantasma estaba en fase de cimentación, habiéndose colocado sólo encima de la base de cemento una estructura metálica sobre unos pilotes sobre los que se sustentaría la estructura del techo.
Lo increíble del asunto es que este decreto de legalización del ex edil de Urbanismo daba respuesta al requerimiento del propietario de la parcela, que tan sólo tres meses antes había presentado, no un proyecto de legalización de una vivienda unifamiliar ya hecha, sino el proyecto básico y de ejecución de la misma. En el proyecto presentado en Urbanismo, se recogía que se trataba de las obras necesarias para la construcción de una vivienda, que se situaba sobre un suelo que el Plan General clasifica como no urbanizable. De ahí que, en vez de dar licencia de obras, algo manifiestamente ilegal, el ex edil hubiera recurrido a la figura del decreto de legalización. Decreto en el que de nuevo, como ha hecho en otras innumerables ocasiones, Rodríguez alude a que la zona está clasificada como suelo urbano no consolidado en la aprobación inicial de la revisión del Plan, aún sin aprobación definitiva.
También como en anteriores ocasiones, el proyecto está firmado por Isabel Ruiz Vázquez, arquitecta del estudio Tec, que también redactó los proyectos de otras promociones que contravienen el planeamiento vigente a las que tanto el ex alcalde, Hernán Díaz, como Rodríguez dieron licencia de obras o bien legalizaron. Y en todos los casos además existen informes a favor del jefe de Servicio de Disciplina Urbanística y Licencias de Urbanismo, Fernando Jiménez.
Es de esperar que este nuevo caso termine yendo a la Fiscalía, junto al centenar de expedientes de obra nueva fraudulentos detectados en El Puerto (algunos protagonizados por los mismos profesionales que actuaban en Chiclana, en la trama de Obra Nueva, que ya va por treinta implicados) y el también centenar largo de decretos de legalización supuestamente contrarios a la legalidad urbanística que el Gobierno del PP tiene contabilizados hasta la fecha.
El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, informaba hace poco a este diario que de los casi 80 casos de obra nueva que le han enviado desde El Puerto, ya ha remitido 38 denuncias a los Juzgados, teniendo otra treintena por tramitar. Luego, deberá hacer lo propio con los decretos de legalización si es que para entonces desde el PP se han enviado a Fiscalía como se vendió.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 04.06.2008
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
La Justicia rastrea pagos a políticos en Las Teresitas
CANARIAS7/Tenerife* : Mauricio Hayek no será el último nombre en saltar a la palestra en el transcurso de la investigación sobre la trama de Las Teresitas. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tutela desde hace meses una amplia investigación policial sobre presuntos pagos a políticos y técnicos municipales en relación con la tramitación del expediente municipal de compraventa de los terrenos del frente de playa.
Esa investigación se ha complementado con el análisis del patrimonio de varios concejales.
Movimientos bancarios en paraísos fiscales
La investigación sobre presuntos pagos a políticos y técnicos municipales está resultando muy laboriosa por el hecho de que se sigue el rastro de operaciones financieras y comerciales en el extranjero y en especial en varios paraísos fiscales, lo que obliga a comisiones rogatorias cuya gestión se demora en el tiempo. La investigación ha rastreado el destino que Mauricio Hayek dio a los cinco millones de euros que cobró por sus servicios en varias fases del procedimiento.
Concejales de todos los partidos políticos
La operación de compraventa de Las Teresitas contó en su día con las bendiciones de todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. A lo largo de varios meses, las pesquisas se han centrado en el papel jugado por algunos concejales, en concreto el entonces portavoz socialista y ex diputado regional, Emilio Fresco, y el ex alcalde y luego concejal José Emilio García Gómez. Su relación con Hayek y los empresarios que compraron los terrenos ha sido rastreada.
* Canarias 7 - 04 junio 2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - canarias7.es
NOTICIA RELACIONADA: Detenido el abogado Mauricio Hayek por su relación con el 'caso Las Teresitas' - Canarias 7 - 04 junio 2008
Especulatour II: Viaje al centro de la especulación
DIAGONAL* : Por segunda vez el autobús recorre los monumentos de la especulación inmobiliaria en Madrid. Con el objetivo de señalar los puntos clave de los procesos especulativos en la ciudad de Madrid, el ‘Especulatour II’ visitó el PAU de Vallecas, el campo de golf de Chamberí y los despropósitos urbanísticos de Villalba.
Con las cuatro torres de la antigua Ciudad del Real Madrid de fondo, el Especulatour volvió a recorrer los monumentos de la especulación en Madrid. Esta segunda edición del paseo- protesta por el “Madrid que no deseamos” ha elegido como primera escala las nuevas urbanizaciones de Vallecas. Cuando el autobús llegaba al PAU de Vallecas, la Asociación de Vecinos del nuevo barrio –diseñado para 26.000 viviendas, el 53% protegidas– esperaba para iniciar un reclamo por la falta de infraestructuras.
Según denuncia Ecologistas en Acción, los promotores pagaron 30 euros por cada metro cuadrado de terreno urbanizable y luego lo vendieron a 1.474 euros en las viviendas más baratas. Los vecinos denuncian que la urbanización, del tamaño aproximado de Cáceres, carece de dotaciones tan básicas para un barrio como buzones, placas para los nombres de las calles, oficinas de Correos, parques de bomberos, equipamientos culturales, centros de salud, autobuses nocturnos… En cambio, según ironizan los organizadores, el PAU goza de una “selecta dotación medioambiental encabezada por la incineradora de Valdemingómez, que distribuye democráticamente toxinas y malos olores”.
La segunda parada fue en el campo de golf que la Comunidad Autónoma y el Canal de Isabel II han instalado en Chamberí, en un sitio donde estaba planeado un parque. El hecho de que se trate del distrito de Madrid con menos metros cuadrados de zonas verdes por habitante no parece ser suficiente frente a las necesidades de los jugadores de golf de la ciudad, desesperados por un lugar donde practicar sus swings.
La Asociación de Vecinos El Organillo y los vecinos reunidos en Parque Sí en Chamberí, recibieron al Especulatour con carteles que reclamaban que un nuevo parque entierre el elitista y privativo campo de golf.
La tercera visita fue Villalba, donde la Coordinadora Salvemos la Sierra y sus grupos organizados guiaron a los viajeros en un recorrido por algunos “desmadres” de la gestión municipal, cuyo símbolo más destacado y visible es el conjunto formado por el “túnel de la especulación, el aparcamiento que nunca debió existir y el monumento de las pirámides de escombros”. Proyectos que han terminado costando el doble de los 20 millones de euros inicialmente presupuestados.
El Especulatour fue organizado por la plataforma Madrid por el Derecho a la Vivienda y el Territorio, formado entre otros por Ecologistas en Acción, ATTAC Madrid, Jóvenes de IU, Laboratorio Urbano, Plataforma por una Vivienda Digna y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
* Diagonal - Martín Cúneo / Redacción - 29 may - 11 jun de 2008
Foto: VILLALBA. Los costes de las obras duplicaron el presupuesto inicial/ J. C. Rojas, diagonalperiodico.net
El anterior alcalde de Algeciras, imputado por un caso urbanístico
ELPAÍS* : El anterior alcalde de Algeciras (Cádiz) y actual responsable de cooperación con el Norte de Marruecos de la Junta de Andalucía, el andalucista Patricio González, conoció ayer su imputación en el llamado caso Somixur, por el que se investigan supuestas irregularidades urbanísticas en la gestión de la Sociedad Mixta de Urbanización (Somixur), compuesta por capital del Ayuntamiento de Algeciras y de la inmobiliaria Aldía.
González ha sido imputado por la fiscalía por la supuesta comisión de presuntos delitos societarios, de apropiación indebida y de malversación de caudales públicos.
Otros seis imputados tendrán que prestar declaración a partir del próximo 15 de julio en el Juzgado número de Instrucción 3 de Algeciras. Entre ellos se encuentran Fernando Alpresa García, empresario y uno de los propietarios de Aldía, y Juan Pérez, consejero de Somixur.
Patricio González aseguró ayer "no tener nada que esconder en este asunto". "Las decisiones no las adopté en solitario, porque siempre estaba asistido por Secretaría General y el resto de órganos del Consistorio. No tengo ningún problema en acudir a declarar y pienso incluso que pueden ser citados también, otros alcaldes posteriores a mi y otra mucha gente", añadió el anterior alcalde algecireño.
* ELPAIS.com - CÁNDIDO ROMAGUERA - Algeciras - 04/06/2008
Foto: Algeciras - uca.es
"La crisis del ladrillo en España va camino de convertirse en destrucción"
ELCONFIDENCIAL* : Desoyendo las palabras del ministro de Economía Pedro Solbes, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) publica que “el descenso ordenado del mercado de la vivienda en España puede convertirse en una destrucción”. Y lo hace en una información escrita por breakingviews titulada La caída ordenada de los precios de la vivienda en España muestra un desplome más rápido, en la que recoge datos de un informe de Goldman Sachs.
WSJ va más allá al asegurar que “el exceso de oferta supone una amenaza aún mayor para España que la restricción del crédito”. El banco de inversión apunta que al final de 2008 podría haber hasta 850.000 viviendas sin comprador y un año después hasta 1,1 millones. “Eso equivale a alrededor de un 4% del total en inventario en España. Tomará años despejar el mercado, puesto que la demanda de casas es normalmente de alrededor de 400.000 unidades al año”.
Para afrontar esa situación y vender con rapidez, los promotores deberán recortar los precios y, de hecho, cada día hay más casos de inmobiliarias con problemas de liquidez que ofrecen ya grandes descuentos. “Si esas anécdotas se convierten en una tendencia, el descenso ordenado puede convertirse en destrucción”, señala el diario, que recuerda que numerosos observadores externos han esperado durante meses, e incluso años, un colapso del mercado de la vivienda en España.
“Hasta ahora se han quedado decepcionados”, asegura el diario neoyorquino, que no descarta sin embargo que la situación pueda variar pronto. El esperado enfriamiento del mercado inmobiliario ha sido ordenado hasta ahora y los precios subieron a un ritmo anual del 3,8% en el primer trimestre de este año, menos que la tasa de inflación del 4,5%.
No obstante, ese incremento refleja un comportamiento “mucho mejor” que los descensos vistos en Estados Unidos y el Reino Unido, según el diario financiero. El artículo recuerda no obstante que la tasa de préstamos morosos o con riesgo de mora está aumentando, aunque desde un bajo nivel, debido al incremento de los tipos de interés y a un mayor desempleo, lo que ha elevado la cautela de los bancos y también entre los compradores. Como resultado, las ventas de viviendas han bajado con fuerza y en marzo se constató un descenso del 38% respecto a un año antes.
* El Confidencial - Fátima Martín - 03/06/2008
Foto: Derribo casa - cotizalia.com
¿Dónde están los 210 euros para el alquiler de la vivienda?
DIAGONAL* : Aumentan las protestas: la ayuda a la emancipación no llega. Desde que el 2 de enero entrara en vigor la llamada renta básica de emancipación, pocos son quienes han recibido alguna respuesta, y menos aún los afortunados que han visto un euro.
Las famosas ayudas que prometió el Gobierno para fomentar la emancipación de los jóvenes acumulan ya más de cinco meses de retraso, a pesar de que el decreto ley por el que fue aprobada la medida establece un plazo máximo de dos meses para que se resuelva la solicitud. Según los últimos datos oficiales, que se publicarán de manera trimestral, tan sólo 11.600 de las más de 73.000 solicitudes presentadas habían sido aprobadas, la mayoría de ellas en la Comunidad de Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña y Galicia, pero no se habían cobrado más que 145 de estas ayudas.
La medida, uno de los puntos estrella de la campaña de ZP dirigida a atraer el voto joven, se ha convertido en una patata caliente que se pasan Gobierno central y autonómicos, alegando diversos motivos y excusas, pero siempre demostrando o la falta de voluntad política o la ineficacia de las administraciones.
Desde el Ministerio de Vivienda afirman haber puesto en marcha el plan proporcionando todos los datos necesarios y aprobando la partida presupuestaria para llevarlo a cabo, aunque la autorización del gasto no se realizó hasta primeros de mayo.
Boicot en Madrid
Mientras hay comunidades como Extremadura, donde se han resuelto 1.020 solicitudes de 2.200, en Madrid, tan sólo 500 de las 32.000 solicitudes presentadas tienen respuesta a día de hoy, y ninguna se ha cobrado. Ya a finales de febrero, la comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid denunció el retraso de la Comunidad, que tan sólo había tramitado 35 de los 10.632 expedientes presentados, menos incluso que los tramitados en Ceuta y Melilla, a lo que la presidenta Esperanza Aguirre respondió que se trataba de un problema con la aplicación informática que impedía recibir los datos de la Tesorería General del Estado y confirmar así los ingresos que declaraban los demandantes. Un problema que, curiosamente, sólo se daba en Madrid. Ante esta situación, aún sin solucionar, se comenzó a exigir a los solicitantes que presentaran un certificado de haberes en el plazo de 10 días, o tendrían que volver a iniciar el proceso desde el principio.
El portavoz socialista en la comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid, Óscar Blanco, afirmó el pasado viernes que “el Gobierno regional de Madrid está realizando un boicot evidente a la propuesta del Gobierno”, tras el rechazo del PP a una proposición no de ley que pretendía reducir los trámites burocráticos para acceder a las ayudas. Entre ellos, eliminar el certificado, que sólo se ha de presentar en esta Comunidad, y permitir cursar las solicitudes por internet, como ya se hace en Andalucía o Asturias.
* Diagonal - Andrea de Pablo, Madrid - 29 may - 11 jun de 2008
Foto: SIN NOTICIAS. Hasta el momento, pocas solicitudes han tenido respuesta/ diagonalperiodico.net
El juez llama como imputado al alcalde de Santa Lucía por una nueva causa
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, vuelve de nuevo a las dependencias judiciales de San Bartolomé de Tirajana en calidad de imputado, en esta ocasión por un delito relacionado con el uso al que se destinaron unos terrenos que fueron expropiados con motivo de la ejecución de las obras de Circunvalación de Vecindario.
Silverio Matos deberá estar en los juzgados tirajaneros a las diez de la mañana de hoy, martes, 3 de junio.
Esta es la segunda ocasión en la que el regidor del municipio santaluceño debe acudir a los tribunales como imputado. La anterior ocasión fue el pasado mes de abril, fecha en la que se le imputaba un delito de prevaricación y abuso en el ejercicio de sus funciones por una cesión de terrenos privados que estaba destinada a mejorar la posición del Ayuntamiento en un concurso de parques eólicos.
La Guardia Civil lleva las investigaciones de la denominada 'operación Palmera', que sigue bajo secreto de sumario. Según testimonios recogidos por este periódico durante su primera comparecencia, Matos afirma que la acusación que pesa sobre él se debe a una cuestión política.
Según los escasos datos que han trascendido en relación con la nueva comparecencia judicial, el titular del juzgado de San Bartolomé de Tirajana -que también le tomó declaración en la ocasión anterior- cita al primer edil en calidad de imputado para tomarle declaración en relación con el uso que se le ha dado a 4.000 metros cuadrados de terreno que fueron expropiados para la construcción de uno de los tramos de la carretera de Circunvalación de Vecindario.
Según los denunciantes, de los que no ha trascendido su identidad, de esta vasta extensión de terreno, sólo se precisaron unos 800 metros cuadrados, mientras que el resto fueron destinados a fines particulares. Al parecer, una parte de estos terrenos se destinaron a la construcción de viviendas de uso privado.
* La Provincia - V. B. - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 02.06.2008
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es
Un juez embarga 18 fincas de Trampolín Hills tras la denuncia de un grupo inglés
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LAVERDAD/Murcia* : A perro flaco todo son pulgas. El sueño de Antonio Martínez, propietario de Trampolín Hills, de construir una urbanización con 2.800 viviendas y un campo de golf en Campos del Río, se le está poniendo tan cuesta arriba que más que de levantar un resort parece que lo que está tratando es de escalar el Everest.
El último contratiempo que se está viendo obligado a afrontar es el doble embargo que pesa sobre 18 fincas, cada una de ellas con una superficie que va desde las 14 áreas hasta las tres hectáreas, pertenecientes al plan parcial Trampolín Hills Golf Resort, y que ha sido promovido respectivamente por una compañía británica y por un comprador particular de nacionalidad española.
Documentos registrales a los que ha tenido acceso este periódico prueban que los embargos, que afectan a una extensión total de alrededor de 184.000 metros cuadrados, han sido dictados en ambos casos por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Mula.
En el primero de los casos, la demanda que ha dado origen al embargo ejecutivo fue presentada por la firma inglesa Brooklands Exhibitions Limited, que reclama una deuda de 311.088,06 euros, más unos intereses de 90.000 euros, a la promotora de Campos del Río. En total, poco más de 400.000 euros (más de 66,6 millones de pesetas).
El problema con esta sociedad británica surgió después de que se sortease un chalé de Trampolín Hills entre clientes ingleses. Aunque los ganadores del premio acudieron a Campos del Río y tomaron posesión del mismo -una de las cuatro casas-piloto construidas en el lugar-, no pudieron recibir la escritura de propiedad ya que la urbanización sigue sin estar aprobada.
Pendiente de juicio
El segundo embargo que consta sobre algunas de estas fincas, en esta ocasión con carácter preventivo, ha sido instado por un particular, éste español, quien al parecer adquirió varias viviendas de esa promoción a través de una inmobiliaria. A cuenta de la reserva de esas casa habría entregado 90.000 euros. Cuando el cliente intentó recuperar el dinero se encontró con que no podía hacerlo -Trampolín Hills mantiene que no ha recibido esa cantidad- y ha presentado una demanda, que está pendiente de juicio.
Los dos embargos no impedirían a Trampolín Hills iniciar la construcción de la urbanización si recibiese permiso para ello por parte de la Administración, y podrían ser además levantados en el momento en que se saldasen esas supuestas deudas. Mayor problema supondría para la constructora si tratase de vender las fincas afectadas por el embargo -el comprador tendría que asumir las deudas- o si solicitase un crédito de alguna entidad bancaria, que le sería más difícil de obtener.
Expediente sancionador
En la documentación que posee La Verdad también se recoge una anotación realizada por el Ayuntamiento de Campos del Río, que advierte de que se abrió expediente sancionador a la promotora por haber comenzado a explanar terrenos y a construir casas-piloto sin permiso. En esta anotación se señala la obligación de la firma constructora de suspender preventivamente cualquier obra.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 3.06.2008
Foto: ENTREGA DE VIVIENDA. En la foto los chalés-piloto construidos en Campos del Río/ GUILLERMO CARRIÓN / T. H., laverdad.es
Barcelona: El zoo teme que los planes urbanísticos lo dejen sin vida
LAVANGUARDIA* : La reciente muerte de uno de los elefantes inspira dos visiones contrapuestas sobre el zoo de Barcelona. Para unos -los empleados-, la desaparición del paquidermo escenifica el peligro de extinción en el que vive esta instalación, una de las más visitadas de la ciudad, por el previsto recorte de su espacio y la falta de inversión.
Los responsables municipales replican, sin embargo, que el recinto irá a más cuando el parque de la Ciutadella, que ciertamente perderá parte de su actual uso zoológico, se complemente con la adecuación de la plataforma marítima, en la zona del Fòrum.
Que se haya llegado a estas dos posturas de negro sobre blanco no es más que el fruto de la indefinición de un proyecto que ya se consideró como clave de cara los preparativos del evento celebrado en el 2004. Los continuos choques entre el Ayuntamiento de Joan Clos y el gobierno Aznar, que se negó a autorizar la citada plataforma, sólo se allanaron con la llegada del PSOE al Ejecutivo. Al fin se ganaron cerca de nueve hectáreas al mar. Ahora, los problemas de financiación amenazan con paralizar este enclave otra buena temporada.
CC.OO. emitió ayer un "comunicado preventivo" en el que el sindicato advirtió que de las 13 hectáreas de que se dispone hoy en día, con 1,1 millones de visitas anuales, se pasará a escasamente cinco. Este recorte -"incompatible con el bienestar de los animales", señaló CC.OO.- se explica por el proyecto urbanística de abrir la Ciutadella como paseo ciudadano y conectarlo, con pasarela o no, a la Barceloneta, además de ampliar el Parlament. Esto incluye la construcción de un gran aparcamiento.
"Nosotros sólo hablamos de la Ciutadella -afirmó Josep García, secretario del comité de empresa-, porque del zoo marino, sin presupuesto, no hay nada. Lo que pedimos no es que se amplíen las instalaciones de que disponemos, sino que se potencien y se acabe con la indefinición".
Ignasi Cardelús, delegado de presidencia del Consistorio y máximo responsable del zoo - y por tanto, de su devenir-, quiso sofocar el grito de alerta de los empleados. Cardelús vinculó, de manera indisociable, el recorte de la Ciutadella a la urbanización de la plataforma. De momento, señaló, se están realizando los estudios que han de concluir en los proyectos a partir de los que se determinará el diseño del futuro zoo. "Entre un espacio y el otro se ganará espacio y alcanzaremos las 14 o 15 hectáreas en total", remarcó. También el alcalde Hereu insistió, en un acto público, que el recinto marino será una realidad, "no hay paso atrás".
El cálculo municipal pasa porque una vez definido el proyecto -entonces se decidirá que especies se quedan en un lugar y cuales van al otro- será el momento de buscar un promotor o una entidad que colabore en la financiación. Los primeros cambios, tras la construcción de la infraestructura básica en la plataforma, consistirá en el traslado del delfinario. Este escenario se dibuja en el panorama del equipo ejecutivo hacia el final del mandato, en el horizonte del 2011. "Nuestra marca - aclaró Cardelús- es muy potente y seguirá así. Será un sólo zoo con dos escenarios".
Los empleados parecen exclamar, sin embargo: "¡Si Copito levantara la cabeza!".
* La Vanguardia - Francesc Peirón | Barcelona | 03/06/2008
Foto: Barcelona, acceso zoológico - wikipedia.org
El TSJC anula el plan parcial en Almatriche II y aprecia desviación de poder del Consistorio
LAPROVINCIA/LasPalmas* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anula en una sentencia el plan parcial de Almatriche II, aprobado de forma definitiva en un acuerdo de fecha 22 de diciembre de 2003, cuando José Manuel Soria era alcalde del Ayuntamiento capitalino.
El fallo aprecia una desviación de poder, ya que los magistrados entienden que la Administración "acomodó su actuación a la legalidad pero con finalidad distinta de la pretendida por la norma aplicable". Agrega también que hubo arbitrariedad en la delimitación de suelo urbano según lo que convenía en la realidad.
La sentencia estima un recurso del letrado Luis Pérez Cañón, en representación de dos propietarias de unos terrenos a las que les calificaron el suelo como urbanizable y no como urbano. Por ello, además de la nulidad del plan parcial, declara la condición urbana de esas fincas.
El motivo por el que la Sala anula todo el plan se debe a que las demandantes no fueron notificadas personalmente de la tramitación y de su aprobación, lo que de por sí determina su nulidad. Entre otras cuestiones destaca que el informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, que fue desfavorable, entró en el Ayuntamiento el día 30 de diciembre de 2003, varios días después de que se aprobara. Además, se acordó sin haber recibido los informes del Cabildo de Gran Canaria y de la Cotmac (Comisión del Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias).
Los magistrados tuvieron en cuenta el informe pericial donde se concluye que no existe ninguna razón técnica que justifique la línea que separa el suelo urbano del urbanizable. Explica que el margen que no está edificado está clasificado como suelo urbano mientras que el lugar donde están las casas de las demandantes figura como urbanizable.
Los jueces aclaran que hacen suyas las conclusiones del informe pericial donde ve el vicio del acto administrativo y donde explica que la Administración "actuó persiguiendo fines distintos de los fijados en el ordenamiento para satisfacer intereses extraños al fin público".
El plan parcial de Almatriche II (UZI-04), al ya que se le habían anulado las bases y los estatutos, preveía la construcción de hasta 1.218 viviendas con una altura máxima de seis plantas.
* La Provincia - CRISTINA GONZÁLEZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 03 de junio de 2008
Foto: Las Palmas, plan Almatriche II - laprovincia.es
Investigación a Leganés por vender suelo público para chalés
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ELPAÍS* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Madrid investigará el expediente de venta de suelo público aprobado el pasado mes de marzo por el Ayuntamiento de Leganés, y que fue recurrido por el partido independiente Unión por Leganés (ULEG). La operación denunciada permitiría al Consistorio ingresar 15 millones de euros a cambio de casi 10.000 metros cuadrados de titularidad municipal que pasarían a destinarse a la construcción de vivienda libre.
En una resolución de dos páginas, la juez titular del tribunal, Matilde Aparicio, estima el recurso interpuesto por el concejal de la formación independiente, Carlos Delgado, y solicita al Ayuntamiento que le remita el expediente completo en un plazo de 20 días.
El concurso para la venta de suelo, aprobado el pasado 11 de marzo con los votos favorables del PSOE e IU, que conforman el Gobierno local y con la oposición del PP y de ULEG, prevé la venta de cerca de medio centenar de parcelas propiedad del Ayuntamiento divididas en cuatro lotes. En uno de ellos, ubicado en el ensanche de San Nicasio, estaría prevista la construcción de 45 viviendas en altura de renta libre. En los tres restantes, pertenecientes todos ellos al ensanche de Solagua, se levantarán un total de 43 adosados.
La resolución, que en el momento de su aprobación contó con informe negativo de la interventora municipal, fue llevada a los tribunales por ULEG al considerar que incumple la Ley de Suelo de la Comunidad de Madrid en lo que se refiere a la venta de patrimonio público de suelo.
16.000 demandantes
"No cabe vender suelo público para hacer chalés, sino que legalmente debe utilizarse para construir vivienda pública u otros equipamientos de interés social y nunca para cubrirse otro tipo de necesidades de los ayuntamiento", explicó ayer el portavoz del partido independiente, Carlos Delgado, que recordó que en la ciudad existe una lista de demandantes de vivienda pública que incluye a 16.000 personas.
Fuentes municipales indicaron ayer que el objetivo de la venta de ese suelo es financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. El alcalde, Rafael Gómez Montoya, dijo que el expediente está pendiente de aprobación, y aseguró que colaborará con la justicia si investiga la venta de esas parcelas.
* ELPAIS.com - JAVIER S. DEL MORAL - Madrid - 03/06/2008
Foto: Leganés (Madrid) - wikipedia.org
La Fiscalía acusa a los ayuntamientos de no comunicar los delitos urbanísticos
LEVANTE* : El Fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, responsabiliza a las Administraciones Locales de "la enorme bolsa de edificaciones ilegales que existe" y de no denunciarlas ni facilitar los expedientes a la Fiscalía. Estas acusaciones se vierten en la "Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007", que se hace pública en el presente año.
Antonio Vercher remitió una instrucción a las Fiscalías de Medio Ambiente y Urbanismo para que prestaran especial atención a los delitos contra la ordenación del territorio, en especial la corrupción urbanística y las edificaciones ilegales. De esta forma, se doblaron en un año las diligencias incoadas desde la Fiscalía de Valencia.
Así, el Fiscal de Sala del Supremo destaca en la memoria que "donde se ha producido un incremento importante es en las diligencias referidas a la ordenación del territorio, que han pasado de 62 en el 2006 a 111 en 2007".
A continuación, la Memoria señala que "merecen mención especial las 18 diligencias incoadas por la Fiscalía de Valencia de oficio, a petición del Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, para que se investigaran presuntas ilegalidades urbanísticas en el municipio de Oliva".
Vercher explica en la Memoria que "se solicitó a dicho ayuntamiento un listado de expedientes sancionadores incoados en los tres últimos años y, de dichos listados, se advirtieron 18 expedientes que podrían ser constitutivos de infracción penal". Por ello, Vercher se hace "varias reflexiones" en la Memoria, respecto a todo lo que no se denuncia desde la Administración, señalando con el dedo a los ayuntamientos por no colaborar activamente contra la corrupción urbanística. "En primer lugar, que deber existir una enorme bolsa de edificaciones ilegales, susceptibles de ser calificadas como delictivas, que no llegan a conocimiento de la Fiscalía".
Y, en segundo lugar, añade, "que buena parte de la responsabilidad de ello la tiene la Administración (fundamentalmente la Local), que no comunica a la Fiscalía la existencia de dichas situaciones. Y ello, a pesar de que legalmente es preceptivo", según información facilitada por la portavoz de la Fiscalía de Valencia.
* Levante-EMV - R. Laguna, Valencia - 02 de junio de 2008
Foto: URBANISMO sin control. Viviendas ilegales en Catral/ d.i., levante-emv.com
Vivienda social o delito
ELPAÍS* : Es de tal calibre el desastre urbanístico que describen las memorias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, y tan sofisticados los mecanismos a que recurren los corruptos y especuladores del suelo para burlar la legalidad, que su titular no ha dudado en proponer en la de este año una mayor intervención de la ley penal en este ámbito. Podría pensarse que se trata de una comprensible reacción ante la impotencia, al no poder hacer frente con toda la eficacia exigible al desarrollo de un urbanismo desordenado y con fuertes trazas de corrupción institucional y privada.
Pero la propuesta tiene fundamento y merece la atención tanto del fiscal general del Estado como del Gobierno y de las fuerzas políticas.
Lo que propone el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo es una reforma del Código Penal que tipifique como delito -una modalidad más de la actual malversación- el incumplimiento de la obligación de reserva del 30% de suelo público municipal que la reformada Ley del Suelo de 2007 destina a vivienda de protección oficial. Facilitar el acceso a una vivienda digna constituye un mandato constitucional que vincula a los poderes públicos, sea cual fuere su signo político. Caben pocas dudas sobre la importancia de este principio orientador de la política social a los efectos de hacerle acreedor de la máxima protección del Código Penal. La inhabilitación especial, más que la cárcel, sería la pena que se compaginaría mejor con la función pública que ejerce el cargo municipal -alcalde o concejal- que incumpliera la Ley del Suelo en un punto tan importante como facilitar el acceso de sus convecinos a una vivienda digna.
No puede desconocerse, en todo caso, el uso que los municipios vienen haciendo del suelo para satisfacer sus necesidades económicas, insuficientemente cubiertas con los recursos públicos, lo que ha servido de coartada y de caldo de cultivo para una creciente corrupción. La suficiencia financiera que los alcaldes exigen al Gobierno constituye, pues, un factor de normalización de la vida municipal que restaría base a la delincuencia urbanística y al uso irregular del suelo destinado a vivienda de protección oficial. Es posible que de haberse alcanzado esa suficiencia hace 15 o 20 años no hubiera que lamentar el actual desastre urbanístico español. En ese contexto, la intervención del Código Penal sería excepcional.
* ELPAIS.com - Editorial - 02/06/2008
Citan a declarar a un concejal de Leganés por la demolición de una ermita del s. XVI
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MADRIDIARIO* : La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha citado a declarar al concejal de Urbanismo e Industria del Ayuntamiento de Leganés, Raúl Calle (IU), por la demolición de una ermita del siglo XVI ubicada en la finca Fuente de la Mora.
La demolición de esta ermita, que data de 1528, fue denunciada el pasado mes de mayo por la asociación Ciudadanas y Ciudadanos por el Cambio.
En portavoz de este colectivo, Mariano Maroto, ha afirmado este lunes que, a su juicio, el responsable municipal de Urbanismo cometió "negligencia por no haber controlado las obras de rehabilitación del edificio histórico y los términos en los que se concedió la licencia de obra, con el agravante de ser una obra muy sensible desde el punto de vista histórico".
Maroto ha asegurado que la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid también ha "tomado cartas en el asunto", ya que, según él, "actuará de oficio por negligencia y esquilmación del patrimonio histórico de la ciudad".
* Madridiario - 02-06-2008 - MDO/EFE
Foto: Leganés (Madrid), ermita demolida - madridiario.es
Oposición a la urbanización Paisaje del Vino en Haro
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Ecologistas en Acción de La Rioja* se opone a la urbanización “Paisaje del Vino” en Haro, y pide a la Dirección de Medio Ambiente de La Rioja que el estudio de Impacto Ambiental se considere negativo, por considerar que bajo la apariencia de un campo de golf lo único que se esconde es un autentico pelotazo urbanístico.
Esta asociación ha presentado una serie de alegaciones ante La Dirección General de Calidad Ambiental contra la Urbanización del sector Urbanizable s-4 “ Paisaje del Vino en Haro, Argumentado en resumen lo siguiente:
Que esta Urbanización representa un auténtico cambio en el modelo territorial y en la estructura urbanística del municipio de Haro por cuanto permite la creación de un nuevo núcleo de población con unas 1.500 viviendas y alrededor de 5.000 habitantes. Esta nueva urbanización se encuentra totalmente separada del actual núcleo urbano con una autopista por medio e incrementa la población de Haro en un 50 %. Por este motivo y sin haber Revisado el plan General como en su día alego esta Asociación donde se contemplase la creación de esta nueva ciudad y las consecuencias que puede tener para Haro, (infraestructuras de abastecimiento, saneamiento, intercomunicación entre ambos núcleos, accesos, etcétera)
Por ejemplo, esta nueva ciudad tiene como acceso de entrada la carretera de Villalba que desemboca en el barrio de las Bodegas, lo que provocará un auténtico atasco de vehículos en dicho punto si se quiere acceder a Haro. En consecuencia, el Plan General futuro debería tener en cuenta este hecho e incluir entre su inversiones la realización de las carreteras necesarias, salvo que se pretenda que sean todos los riojanos los que tengamos que pagar esas obras mientras los promotores se llevan las plusvalías de la urbanización, como ha sucedido en la traída de aguas de la urbanización del campo de golf de Sojuela que hemos acabado pagando todos, bajo la disculpa del abastecimiento a Entrena.
Igualmente, si se pretende que toda la gente que vaya a vivir a la urbanización acceda a Haro con el fin de promover el sector de servicios, habrá que prever la creación de suficientes aparcamientos en la ciudad., ya que, evidentemente, todo el mundo se desplazará en coche particular,
Por todo ello desde Ecologistas en Acción de La Rioja, propone que el estudio de Impacto ambiental se considere negativo, debido como ya hemos argumentado a que no habido una Modificación del Plan General, además consideramos que esta urbanización tiene un impacto muy negativo en el modelo territorial de Haro que bajo la apariencia de un campo de golf lo único que esconde es un auténtico pelotazo urbanístico.
* Ecologistas en Acción de La Rioja - 30.05.2008
Foto: Haro (La Rioja), ayuntamiento - wikipedia.org
Los vecinos del Cabanyal se quejan de que el interés por la F-1 no ha llegado al barrio
LEVANTE/Valencia* : La Asociación de Vecinos Cabanyal- Canyamelar criticó ayer en un comunicado que el "interés" del Ayuntamiento por la Fórmula 1 "no parece haber llegado al barrio". En este sentido, señalaron que el consistorio "se muestra infinitamente más eficaz en facilitar la construcción de un circuito urbano de F-1, que en la demolición de dos viejas y abandonadas casas del Cabanyal que se están cayendo a trozos".
Los vecinos explicaron que antes de las pasadas Navidades, la Asociación de Vecinos Cabanyal-Canyamelar y la Junta Mayor de Semana Santa solicitaron la demolición de varias construcciones que se sitúan en la calle Mariano Cuber, a 300 metros del circuito de F-1. Ambas entidades temían por el riesgo de desprendimientos y coincidían en la "progresiva degradación" del entorno que se estaba produciendo en esta parte del barrio, alejada de la zona de la prolongación, indicaron
"Todo sigue igual"
Señalaron que "todo fueron buenas palabras, en su momento, prometiendo la rápida actuación de los servicios municipales", manifestaron, pero lamentaron que, "a día de hoy, todo sigue igual o peor cada día que pasa". Al respecto, apuntaron que "lo que para los vecinos es un tema importante, no parece serlo tanto para nuestras autoridades".
En esta línea, los vecinos resaltaron que "demoler unos edificios que están abandonados por sus propietarios, en ruina inminente y fuera de ordenación desde que se aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1988, parece no urgir para nuestro Ayuntamiento, más pendiente de otros eventos", algo que, según indicaron, se debe a que "aquí no hay foto que hacerse con ningún magnate".
* Levante-EMV - Europa Press - 02 de junio de 2008
Foto: Valencia, el Cabanyal - levante-emv.com
El 61% de los delitos contra el Medio Ambiente son urbanísticos
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DIARIODESEVILLA* : Seis de cada diez delitos que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla se corresponden con infracciones urbanísticas, en su mayor parte por la proliferación de construcciones y urbanizaciones irregulares.
Desde que se creó en 2005 la sección especial de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico en el Ministerio Público, se han investigado 1.185 asuntos, de los cuales 728 son por delitos urbanísticos, 436 relacionados con el Medio Ambiente -por ejemplo los incendios forestales-, y sólo se han desarrollado 21 investigaciones por delitos contra el patrimonio histórico.
La memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente de 2007 advierte que de persistir "la avalancha" de asuntos urbanísticos que se han registrado en Sevilla en los últimos dos años se corre el riesgo de que los fiscales especialistas se dediquen exclusivamente a "este tipo de delincuencia urbanística y no de otras cuestiones medioambientales stricto sensu, por la monopolización de sus medios humanos y materiales en la persecución de los delitos sobre la ordenación del territorio". Aunque el año pasado se produjo un leve descenso del número de delitos urbanísticos, la proporción sigue siendo elevada. El fiscal delegado de Medio Ambiente de Sevilla, Javier Rufino, recoge en la memoria que si bien se ha logrado un "eficaz" sistema de coordinación entre los cuatro fiscales que integran actualmente la sección, es "absolutamente necesario aumentar los medios y el número de funcionarios como única forma de garantizar la efectividad del sistema organizativo".
Entre las carencias, los fiscales denuncian que en estos momentos no cuentan con técnicos y peritos a su disposición, algo que contraviene lo previsto en el Estatuto del Ministerio Fiscal.
En cuanto a la colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Administraciones públicas, la Fiscalía hispalense destaca las "buenas relaciones" con el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y las unidades de urbanismo de la Guardia Civil, así como con la Consejería de Obras Pública de la Junta y las delegaciones de Cultura en lo que se refiere a los asuntos de ordenación del territorio o protección de parajes.
Una investigación realizada por el Seprona entre enero de 2005 y septiembre de 2006 detectó la existencia de 1.400 construcciones ilegales en la provincia. Esta cifra supone casi la mitad del total de las edificaciones irregulares contabilizadas en Andalucía, donde se registraron 3.343 construcciones ilegales, lo que da una muestra del problema. La investigación se llevó a cabo en 21 municipios sevillanos, donde había 309 parcelaciones ilegales.
* Diario de Sevilla - J. Muñoz, memoria del ministerio público - 01.06.2008
Foto: Una urbanización ilegal en Castilblanco de los Arroyos - diariodesevilla.es
La CHJ paraliza cinco planes urbanísticos de más de 300 casas en Benissa por falta de agua
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LEVANTE/Alacant* : La Confederación Hidrográfica del Júcar se ha pronunciado "desfavorablemente" sobre la ejecución de cinco planes urbanísticos presentados al Ayuntamiento de Benissa "por no acreditar la disponibilidad de recursos hídricos".
De esta forma la CHJ paraliza la tramitación de los Planes Parciales de Benimarco, Fanadix 2, Busseit 2, la Capella, y el Plan de Actuación Integrada de la Llobella, que fueron presentados entre septiembre de 2004 y febrero de 2006 y que conllevarían la construcción de más de trescientas viviendas.
Según ha podido saber Levante de Alacant, el organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente ha respondido negativamente a la solicitud de informe relativo a la cédula de urbanización de cada uno de estos proyectos urbanísticos. El pronunciamiento de la Confederación realizado a instancias de la Conselleria de Medio Ambiente es preceptivo en el procedimiento administrativo previo a la aprobación de los planeamientos por parte del consistorio y, finalmente, por la conselleria.
En este sentido, la confederación advierte de que "la red municipal con la que se pretende abastecer el incremento de la demanda" no se puede garantizar. Los documentos ponen de manifiesto que Benissa dispone de 35.000 m3 del pozo del camí Sanet, que podrían doblarse si saliese adelante la concesión da de otro pozo con la misma capacidad que abastecerían "a un total de 15.218 habitantes, con lo que se entiende que se consolidaría la demanda actual existente de abastecimiento en el municipio".
De ahí, que la CHJ especifique en la respuesta emitida sobre el proyecto de la Llobella que "la disponibilidad de recursos hídricos debe tener en cuenta no sólo la población presente, sino las demandas" del mismo PAI y de los "Planes Parciales de Carrions, Busseit1 y 2, Benimarco, Fanadix 1 y Fanadix 2 (...) y justificar que el volumen del derecho de aprovechamiento sea suficiente para el abastecimiento de todos ellos indicando el consumo actual y el de todas las actuaciones a desarrollar".
Capacidad mínima
El organismo que gestiona la cuenca del Xúquer devolvió los cinco informes entre el 16 de abril y el 13 de mayo a la conselleria argumentado la falta de garantía en el abastecimiento de nuevas construcciones. En consecuencia, los últimos cinco dictámenes realizados por la CHJ podrían crear precedente y extenderse a los proyectos urbanísticos posteriores, presentados a partir de 2006. Lo que impediría el desarrollo del suelo urbano del municipio.
El rechazo de la construcción de los cinco planes pone sobre la mesa la realidad en cuanto a la disposición de recursos hídricos de Benissa. La Confederación no sólo informa sobre la imposibilidad de suministrar agua al PAI de 172 viviendas de la Llobella; sino que también razona negativamente la construcción de paquetes menores, de incluso 37 chalés.
En este sentido, se produce una contradicción entre el crecimiento urbanístico y poblacional contemplado en el Plan General de Ordenación Urbana de 2003 y la disponibilidad de recursos hídricos que pueda asegurar el consumo de agua potable. La memoria informativa del PGOU contempla la posible adhesión al Programa Agua impulsado por el Ministerio, aunque el consistorio benissenc no ha realizado una solicitud decidida para su implantación.
Además, la afección de barrancos y ocupación de la zona de servidumbre y de policía de los cauces (ocupación del dominio público hidráulico) también son motivo de oposición en tres de los planes evaluados.
* Levante-EMV - Eloïssa Vidal - 01.06.2008
Foto: Benissa (Alicante), baladrar - guiaplayas.es
Prisión para los alcaldes que no destinen suelo para viviendas
JUAN LUÍS RODRÍGUEZ* : Recientemente hemos podido conocer a través de distintos medios que Antonio Vercher, Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, ha solicitado al gobierno que reforme el Código Penal al objeto de poder establecer medidas hacia aquellos alcaldes que no destinen suelo a viviendas de protección oficial (VPO). La Ley del suelo de 2.007 establece una reserva de al menos el 30%, para esta finalidad.
La citada fiscalía, por medio de su Memoria de la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2.007 resalta; “el reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda”. Señala que los alcaldes incumplen el porcentaje de suelo destinado a estas casas y es imposible perseguirlos y que la corrupción urbanística es cada vez más sofisticada, existiendo una generalizada sensación de impunidad en los consistorios.
Se construyen urbanizaciones enteras en terrenos donde esto no puede hacerse, pero aún así, cuentan con el aval de bancos, arquitectos técnicos y ayuntamientos.
Antonio Vercher ha solicitado al ministerio de justicia que en el Código Penal se introduzca un apartado contra la malversación: “La autoridad o funcionario que diere al suelo… destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.
Me gustaría decirle, Sr. Vercher cuanto le apoyo en su iniciativa. Seguramente al igual que yo, muchísimos ciudadanos estarían encantados de estrecharle la mano y felicitarle por su acertadísimo compromiso en esta materia.
Sabe usted Sr. Vercher la magnitud de ira que puede una persona acumular ante la visión de esos alcaldes que se ponen con dinero público el sueldo que les da la gana, abandonar sus labores públicas, para dedicarse a almorzar casi a diario con sus grupos de colegas constructores en los mejores restaurantes de sus municipios, mientras entre risas y cubatas de postre comentan su próximo negociete.
Para eso no se vota en unas elecciones municipales. Pero fíjese usted lo difícil que es denunciar ese tipo de cuestiones, para un ciudadano de a pie, en un municipio.
Inmediatamente después de esa memoria, su contenido y sus declaraciones, en un asunto tan importantísimo como es el de la vivienda para aquellos que carecen de ella o están esperándola, tendría que haber ocurrido algo de lo siguiente:
- Que hubiera usted recibido el apoyo público por parte del presidente del gobierno y alguno de sus ministros. ¿Cuántos asuntos hay más importantes que este? Creo que se podrían contar con los dedos de una sola mano, y sobrarían dedos.
- Idem por parte del líder de la oposición y líderes del resto de partidos.
- Que la Federación de Municipios y Provincias hubiera salido en su apoyo, expresándole que es una iniciativa ciudadana que sin duda va a permitir que alcaldes delincuentes lo tengan más difícil, con el consiguiente beneficio para todos.
- Que los líderes de los sindicatos o sus portavoces le hubieran dado públicamente la enhorabuena por su preocupación y, sin duda, aportación de un grano de arena magnífico en su tamaño, al incuestionable beneficio que la puesta en práctica de un añadido legal como el que propone puede suponer en la calidad de vida de muchísimos trabajadores y trabajadoras.
- Que el mundo de la Universidad, tan metido en sus despachos y dedicado a teorías y avances que cada vez más, repercuten en desorbitados beneficios para las empresas, mientras los ciudadanos lo pasan cada vez peor, le hubiera prestado su automática atención y apoyo.
- Que los tertulianos a sueldo se dedicaran por un par de días a hablar de ese tema que usted ha señalado. Porque, le haría mucho bien a la ciudadanía.
Para que iniciativas como la suya rápidamente tuvieran resonancia a todos los niveles, y los delincuentes que se dedican a la política y que gozan de inmunidad supieran de inmediato cuantas instancias públicas salen al paso, sirviendo a la gente, cuando un ciudadano, en este caso un fiscal como usted, propone lo que usted a propuesto.
Debería haber apostado por más años de cárcel, Sr. Vercher. ¿Uno a tres años de cárcel para una persona que utiliza ideas y proyectos sociales para llegar al poder municipal y luego niega el derecho a la vivienda a un ser humano de su municipio? Pruebe usted dos meses sin casa. ¿Llega a hacerse una idea? Creo que usted puede llegar ha hacerse un cálculo del problema que eso supone para un ser.
En vez de haberlo propuesto usted debería haberlo hecho el congreso. Pero no, ha sido usted.
Enhorabuena y gracias. Soy solo un ciudadano. Y sé que nadie ha salido para fortalecer su justa petición: que metan en la cárcel a una de las especies delincuentes que desde la escuela más nos deberían enseñar a aborrecer hasta su extinción; la de los políticos que se sirven de las personas en vez de servir a las personas. Como los parásitos.
* Rebelión - 31-05-2008
