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LAVOZ/Lugo* : Con la resolución del Tribunal Supremo (TS) sobre los 118 pisos de Lodeiro todavía sin digerir, el Concello de Viveiro afronta otra orden de derribo dictada por el TS, ésta parcial, de un edificio de la calle Nicolás Cora Montenegro.
El problema parte, en ambos casos, de licencias otorgadas por los gobiernos del popular César Aja. El alto tribunal, en sentencia del 4 de junio del 2001, ordenó la demolición de las dos últimas plantas de un inmueble de la calle Nicolás Cora.
El litigio se remonta al 31 de diciembre de 1976, cuando el alcalde, Ramón Salgueiro Abad, y los propietarios de una casa anexa al consistorio, en la plaza Mayor, firmaron un convenio que permitiría elevar la citada vivienda hasta las cinco plantas, cuando se redactase una normativa urbanística. A cambio, estos vecinos consentían trasladar la servidumbre de luces y vistas (en la pared medianera) a la cuarta planta y sucesivas del edificio, para poder así construir la nueva casa consistorial.
El pacto se frustró ya que, en la tramitación del Plan Especial de Protección e Reforma Interior (Pepri) del casco histórico (aprobado el 7 de agosto de 1997), la Consellería de Cultura impuso la consolidación de las alturas de las edificaciones del lado norte de la plaza Mayor, donde se ubica la casa en cuestión. Ante esto, el Concello y los propietarios acordaron, el 25 de noviembre de 1997, que el primero pagaría una indemnización de 120.000 euros, a abonar en tres años (2002, 2003 y 2004).
Entretanto surgió otro conflicto entre el Concello y el propietario de la vivienda de la plaza Mayor, Francisco Méndez Goas. Este último interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la comisión de gobierno del 17 de enero de 1994 (con Aja de alcalde), de conceder una licencia para construir un edificio en la calle Nicolás Cora Montenegro. La obra se ejecutó y, tras varios recursos, el TS dictó el derribo de las dos últimas plantas. El tema parecía resuelto tras el pleno del 5 de abril del 2002, con el compromiso municipal (PP votó a favor; BNG y EU-IU, en contra; y PSOE se abstuvo) de abrir una calle paralela a Nicolás Cora, por detrás del citado inmueble, para dar acceso a fincas de Méndez Goas y colindantes.
Las obras tenían que estar acabadas el 31 de diciembre del 2003. La nueva corporación, regida por el bipartito PSOE-BNG, modificó el acuerdo y aplazó un año la apertura del vial, aún pendiente. El demandante ha pedido la ejecución de la sentencia.
Inquietud vecinal
Con este precedente, los dueños de los pisos de los edificios de Lodeiro afectados por la orden de derribo del TS, que declaró nulas las licencias otorgadas en su día por la junta de gobierno del PP, afrontan una semana difícil. La inquietud es evidente, aunque la mayoría confía en que la demolición no llegue a ejecutarse, pues son muchas las familias damnificadas. El alcalde, el socialista Melchor Roel, ha convocado para hoy a las 20.00 horas una reunión de la junta municipal de portavoces.
Los representantes de los cuatro grupos políticos que componen la corporación analizarán la reciente sentencia del TS y tratarán de consensuar la postura del Concello. El mandatario local ha reiterado estos días su compromiso de defensa de los vecinos, más de 320 personas residentes en estos inmuebles.
* La Voz de Galicia - 19.05.2008
Foto: El Supremo dictó la demolición de dos plantas del inmueble situado en la calle Nicolás Cora - PEPA LOSADA, lavozdegalicia.es
Otro edificio de Viveiro tiene orden de derribo parcial del TS desde 2001
Una empresa exige 5 millones a Firgas por el edificio del ex alcalde Arencibia
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La sociedad Merotez reclama al Ayuntamiento de Firgas una indemnización de 5,20 millones de euros por el largo litigio que mantiene por la clausura del edificio promovido en el centro del municipio por el ex alcalde, Sebastián Arencibia.
Los distintos grupos políticos aprobaron en mayo de 2006 el inicio de una investigación para depurar posibles irregularidades urbanísticas por el exceso de ocupación pero, desde entonces, las viviendas y los locales comerciales sigue sin estrenarse.
Los grandes letreros de una entidad bancaria permanecen en la fachada del enorme inmueble de la calle José Santos, 10 de Firgas. Sin embargo, la sucursal permanece cerrada porque le faltan los pertinentes permisos. Lo mismo sucede con las viviendas construidas en la zona baja y el local de la planta baja. El largo litigio entre los dueños y el Ayuntamiento sigue sin resolverse, dos años después de que se destapara un conflicto en el que se entremezclan los motivos políticos y urbanísticos.
Algunos ediles consideraron en su momento que Sebastián Arencibia "se aprovechó de su condición de alcalde" para hacerse con esta propiedad como para recibir una serie de supuestas ventajas. Sin embargo, el complicado proceso para depurar responsabilidades por parte del Ayuntamiento y avalados por un informe privado se ha estancado dos años, en los que la empresa ha visto cómo el edificio no puede inaugurarse por la falta de los últimos papeles municipales.
Por esta razón la sociedad dueña del inmueble, Merotez, ha decidido exigir en concepto de "daños y perjuicios" la cantidad de 5,20 millones de euros al Ayuntamiento por sus derechos de propiedad sobre el inmueble, así como por la explotación, ya sea por venta o por alquiler.
La sociedad limitada recuerda que el edificio se ejecutó "conforme a proyecto, redactado y aprobado al efecto, y contando con la oportuna licencia municipal de obras y posterior reformado". Además, añade, los locales dispone de la licencia de primera ocupación otorgada por el Ayuntamiento en el mes de febrero de 2006.
* La Provincia - JAVIER BOLAÑOS - 19.05.2008
Foto: Vista del polémico edificio construido en el centro de Firgas. LP/DLP
Europa fuerza la revisión de la ley urbanística
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ELPAÍS/Valencia* : La legislación urbanística valenciana será reformada por segunda vez después de años de estar en entredicho en las instituciones de la Unión Europea. Los palos que la Eurocámara ha dado a la Generalitat a cuenta de esta normativa -incluso los populares europeos la han censurado- y la denuncia al tribunal de justicia europeo exige una adaptación a las directivas europeas.
El primer aviso contra la legislación urbanística valenciana se produjo a raíz de las denuncias de un grupo de afectados contra la entonces vigente Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sustituida en 2006 por la ley Urbanística Valenciana (LUV), que heredó todavía vicios de la primera. Después de una larga instrucción, la Comisión acabó denunciando en 2007 a España ante el tribunal de justicia comunitario al entender que la ley valenciana vulnera las directivas europeas sobre contratos públicos. A este frente se unió el del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, que tras una avalancha de denuncias ciudadanas sobre abusos urbanísticos, tomó cartas en el asunto. Desde 2003 la Eurocámara ha reprobado hasta tres veces los casos de abusos. En palabras de la Comisión Europea, la nueva norma valenciana -impulsada por el consejero Rafael Blasco en la legislatura de 2003-2007-, aunque mejoró algunos aspectos no acaba de garantizar la transparencia ni la competencia en la adjudicación de los conocidos Programas de Actuación Integrada (PAI). El sistema de fijación del precio del proyecto es uno de los aspectos más polémicos.
La presión no cesa. El Parlamento sigue recibiendo hoy denuncias de afectados de la Comunidad Valenciana -el pasado 2 de abril debatió otras 47 denuncias-. El Comité de Peticiones sopesa en estos momentos, según fuentes de la Eurocámara, la redacción de otro informe duro contra España por no haber corregido el problema. En el pleno del 2 de abril, un eurodiputado austriaco planteó incluso que el PE emplease su potestad para congelar los fondos europeos destinados a España como medida de presión. El 26 o 27 de mayo, los coordinadores de los diferentes grupos políticos con representación en el Comité de Peticiones decidirán qué hacer con esta nueva oleada de quejas ciudadanas.
El Consell, tras años de defensa a machamartillo de sus leyes urbanísticas dentro y fuera de su territorio, se dispone ahora a reformarla, si bien bajo un amplio paraguas de cambios que el Consell quiere ahora consensuar con el principal partido de la oposición. El departamento de Urbanismo se propone una reestructuración de las leyes de Ordenación del Territorio, la Urbanística y la adaptación a la ley estatal del Suelo. A este paquete se añade una decreto con el que se pretende animar a los ayuntamientos a disponer de suelo para vivienda protegida.
Lo admita o no, la Consejería de Urbanismo se ha visto obligada a revisar toda su legislación por las exigencias de Europa. El propio García Antón lo reconoció la pasada semana en Alicante durante la clausura de unas jornadas sobre la construcción. "Coordinar todas las leyes [del ámbito urbanístico] y cumplir bien con Europa", manifestó el consejero. Acerca de un posible pacto urbanístico con la oposición, García Antón manifestó su deseo de que las partes consensuen un texto "antes de vacaciones". "Tratamos de evitar la disfuncionalidad", explicó en referencia a las críticas que despierta el urbanismo valenciano en Bruselas y también en colectivos profesionales autóctonos como el de arquitectos, ingenieros o abogados.
Al otro lado, los socialistas admiten los contactos, pero insisten en que la negociación es de carácter técnico y no son partidarios de "magnificar el nivel de los contactos". "Los socialistas queremos que mientras dure la negociación la consejería no aproveche para colar proyectos urbanísticos controvertidos", explica Francesc Signes, coordinador de Territorio en el Grupo Socialista en las Cortes Valencianas. En resumidas, el PSPV ha pedido al Consell que de los 130 millones de metros cuadrados de suelo pendientes de reclasificación, sólo salgan adelante las revisiones de Planes Generales de Ordenación Urbana y de normas subsidiarias, así como los proyecto que estén claros. "No pedimos una moratoria, sino que este periodo no se convierta en un coladero", concluye Signes.
Así pues, la resolución que dicte el Comité de Peticiones durante la reunión de los coodinadores de cada grupo será crucial. "Se planteará un texto de resolución y luego se votará. Posteriormente se elevaría al presidente del Parlamento Europeo", resume el presidente de Abusos Urbanísticos No (AUN), Enrique Climent. Los europarlamentarios españoles temen que la resolución sea más dura que las anteriores, ya que los avisos previos han servido de poco. Y no sólo eso, desde que se abrió el primer expediente por denuncias de abusos urbanísticos en Bruselas, el catálogo de casos se ha ampliado y, a estas alturas las instituciones europeas miran con lupa los posibles incumplimientos de directivas relacionadas con el medioambiente.
Para el ex eurodiputado socialista Joan Calabuig, que ha seguido el proceso en los últimos años, las Cortes Valencianas deberían de crear una comisión que escuche e investigue a los afectados. "Las peticiones no cesan de llegar a Bruselas porque aquí nadie les escucha ni les atiende", opina. Los últimos informes de la Sindicatura de Greuges coinciden en denunciar la situación, pero la Generalitat no ha dado ningún paso para deshacer un entuerto que dura años.
Calabuig rescata una idea que propuso el ex presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana,y que nunca se cumplió, y que consiste en abrir oficinas de atención a los residentes extranjeros -muchos de los afectados son ciudadanos de otros países de la Unión-. "Deben [el Consell] de reconsiderar su actitud", añade Calabuig, que todavía recuerda cómo desde el Gobierno valenciano se ha acusado a los eurodiputados socialistas de orquestar estas denuncias con el único objetivo de desgastar al Consell. "Este largo proceso está deteriorando la imagen de los valencianos, es cierto. Pero resulta ridículo a estas alturas en que la CE nos ha llevado ante el tribunal de justicia que todo esto se deba a una conspiración orquestada por ingleses, socialistas, verdes e incluso por eurodiputados conservadores de otros países de la UE", concluye.
"Los ciudadanos se han encontrado con que no pueden luchar contra estos casos ni siquiera con su voto", explica uno de los afectados. Un ejemplo es lo sucedido en Parcent, donde los vecinos votaron contra el anterior equipo de gobierno para impedir que los PAI previstos salieran adelante. Ahora Vecinos de Parcent, grupo político que gobierna, viven una situación imposible. El nuevo ayuntamiento se enfrenta a una querella si se paraliza uno proyecto comprometido el anterior mandato.
* ELPAIS.com - C. VÁZQUEZ / E. MOLTÓ - Valencia / Alicante - 19/05/2008
Foto: La urbanización Cumbres del Sol- CARLES FRANCES, elpais.com
Cuatro activistas se encadenan a bidones de cemento para parar una obra en Esplugues
ELMUNDO/Barcelona* : Cuatro activistas se han encadenado a dos bidones de cemento en la zona donde se están llevando a cabo las obras del plan Porta Barcelona de Esplugues de Llobregat para tratar de paralizar su desarrollo. Tienen previsto permanecer encadenados hasta el sábado, cuando está convocada una manifestación en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad.
Según ha informado un portavoz de la plataforma popular contra el plan Caufec, su objetivo es parar las máquinas y protestar contra un plan que consideran fruto de la "especulación". "Pondremos nuestros cuerpos ante las máquinas para frenar lo que creemos es un error", ha señalado la citada fuente.
En este sentido, ha denunciado que no se haya llevado a cabo un proceso participativo sobre el proyecto con los vecinos del barrio de Finestrelles, donde se están llevando a cabo las obras desde el 2 de agosto. Además, los activistas reclaman la libertad de 'Franki', el joven condenado a más de dos años de prisión por descolgar una bandera española del balcón del Ayuntamiento de Terrassa (Barcelona).
La plataforma popular contra el plan Caufec ha alertado de las "nefastas repercusiones de la cantidad de cemento con la que llenarán la montaña" de Esplugues para el medio ambiente, la flora y fauna y la accesibilidad. A su vez, criticó que el plan no contempla la vivienda social y los equipamientos públicos.
El plan Porta Barcelona, promovido por la inmobiliaria Sacresa, prevé la construcción de más de 700 viviendas, dos torres de oficinas y un centro comercial en dos ámbitos: Finestrelles Norte (situado en la montaña de Sant Pere Màrtir y junto al Hospital de Sant Joan de Déu) y Finestrelles Sur (situado junto a la carretera de Laureà Miró y en la zona limítrofe con L'Hospitalet de Llobregat). Para hacerlo posible, la inmobiliaria Sacresa soterrará 31 torres eléctricas de alta tensión que hay en la zona.
* El Mundo - Europa Press - 19/05/2008
Un plan urbanístico destruirá valiosos murales en Castellón
ELPAÍS* : Alicia duerme en la misma habitación donde nació, tal como cuenta su madre, de 87 años. Vive en una casa de más de 400 metros cuadrados, de principios del XX, y creció rodeada de unos murales cerámicos que han sido calificados de "conjunto excepcional" por su "innegable valor histórico-artístico".
Pero Alicia se tiene que mudar a un adosado, o un piso, a unos dos kilómetros porque un programa de actuación urbanística la obliga a ello. Y quiere llevarse el arte que la ha rodeado.
La Pradera es una casa que fue diseñada por el arquitecto Godofredo Ros de Ursinos y construida a principios de los años 20. Los abuelos de Alicia la adquirieron poco después y mantuvieron el legado de su primer propietario, Manuel Porcar, un industrial cerámico que encargó las piezas para su casa a uno de los pintores de su fábrica, José Soriano. Aquellos murales cerámicos, que fueron incrustados en las paredes en forma de trece paneles, se mantienen en "inmejorable estado de conservación", según redactó el director técnico del Instituto de Promoción Cerámica, José Luis Porcar.
Alicia tendrá que abandonar su casa en breve y, dado que son suyas, quiere arrancar las piezas de su espacio original para buscarles otro destino. La casa fue levantada en una zona no urbanizable conocida como Els Mestrets. Desde hace años, dispone de todos los servicios y paga impuestos como si fuera suelo urbano, igual que ha ocurrido en otras zonas como la Marjaleria, donde las viviendas han sido legalizadas.
* ELPAIS.com - MARÍA FABRA - Castellón - 19/05/2008
Foto: Castellón, vista - google.es
La perversión del ladrillazo
IÑAKI SILVEIRA* : Aniquilación de paisajes, perdida de biodiversidad, urbanismo especulativo, empleos en precario, siniestralidad laboral, precios de vivienda a precios imposibles para las familias, etc, etc, etc. A eso nos a conducido el ladrillazo. Escándalos, inmoralidad, vergüenza urbanística. Faltan calificativos para describir la verdadera dimensión e implicaciones que la denominada burbuja inmobiliaria conlleva y que a punto de explotar amenaza con arrastrarnos como si de un tsunami se tratase.
Consecuencias ecológicas,sociales y económicas que son una carga de profundidad contra la sostenibilidad de una sociedad en la que el progreso económico y la usura de unos pocos ha pivotado sobre el esfuerzo colectivo dentro de unos niveles superiores a lo aconsejable y que ahora amenaza con salpicar nos a todos. Derivado de este fenómeno se a producido el abuso y la corrupción urbanística en una especie de cóctel que une política, poder y ladrillo y del que han bebido sin mesura patriotas del ladrillo y políticos corruptos sospechosamente permisivos con los especuladores del cemento y el ladrillo.
Nadie niega que la construcción sea un sector económico vital, pero no mas que el industrial, el turístico,el pesquero, el agrario o el de los pequeños industriales, comerciantes y artesanos. Pero tienen que reconocer que esta crisis la han generado ellos, construyendo sin control, estableciendo los precios que han querido pervirtiendo los mercados e inventando el trafico de influencias y billetes en bolsas de supermercado. Se han hecho demasiado poderosos aislados en la burbuja inmobiliaria, sin ningún control. Ahora piden ayuda para resolver su crisis confundiendo lo privado con lo publico. Otra cosa sera que el Gobierno se mantenga firme frente al llanto del ladrillo y no intente arreglar este desaguisado económico cargando los costos sobre los salarios de los trabajadores y recortes de las partidas destinadas al gasto social. No podemos permitirlo, no debemos resignarnos, debemos blindarnos como sociedad para que el ladrillazo, su crisis y los costos de su reconversion recaigan única y exclusivamente sobre quienes la han generado y permitido, sobre quienes se han enriquecido ilícitamente y han desviado sus capitales inmobiliarios y ganancias especulativas a paraísos fiscales.
* Iñaki Silveira Lorenzo, Ciutadella, 10 Mayo 2008
* Es Diari - Opinión - 11.05.2008
Huelva: Urbanismo a golpe de sentencia
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HUELVAINFORMACIÓN* : Sentencias, autos y providencias. Estas palabras del lenguaje jurídico son ya habituales más allá de la información de sucesos y tribunales, han pasado del ámbito meramente judicial a convertirse en piezas del puzzle urbanístico de la capital y de la provincia.
Dos autos judiciales han marcado la actualidad urbanística de la semana, dos resoluciones en tribunales referidas a cuestiones urbanísticas. Algo que hace unos años era excepcional se ha convertido en algo común; que sean los tribunales los que diluciden si una actuación o decisión urbanística es correcta o no.
Los órganos judiciales han tomado nota y la Fiscalía ha creado un área de urbanismo y medio ambiente, no es para menos. Las denuncias relacionadas con el urbanismo han ido en crecimiento y en el caso de la capital en los últimos años no ha habido un proyecto de envergadura que no haya llegado a los tribunales, casi siempre por una diatriba entre equipo de Gobierno municipal y oposición, o Ayuntamiento y Junta de Andalucía, digna de estudio.
El inicio podría marcarse en el caso Isla Chica, cuando el alcalde fue denunciado por presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, un delito contra la ordenación del territorio y fraude en la contratación por la venta de los terrenos del estadio Colombino, una causa que fue archivada por el juez. Pero no fue ésta la única demanda que resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre Isla Chica: el Alto Tribunal también desestimó dos recursos de la Junta de Andalucía, contra un convenio urbanístico y contra el acuerdo plenario en el que se reconoció la deuda del Recreativo.
El caso Isla Chica ha sido hasta ahora el paradigma de proyecto urbanístico bloqueado en lo administrativo y judicial (y pese al desbloqueo, aún no se ha comenzado la urbanización). El Ensanche Sur ha recogido el testigo de Isla Chica, con un último auto denegando las medidas cautelares solicitadas por la Consejería de Obras Públicas al TSJA, y una auténtica ristra de asuntos en los tribunales: una demanda de Gobernación resuelta a favor del Ayuntamiento y otra de Obras Públicas pendiente de resolver, además de un fallo que determina que el número de viviendas debe bajar.
Endesa ha sido otro de los casos sonados que se acaba de cerrar en el ámbito judicial, pero la lista es larga. El PSOE y la Junta denunciaron la licencia de obras del edificio de la plaza del Cine (con fallos en contra y en el segundo caso a favor del Ayuntamiento, prevaleciendo este último) e interpuso dos recursos referentes al nuevo mercado: la modificación del planeamiento de Pescadería (también con resolución a favor del Consistorio) y los cambios en el proyecto de ejecución del mercado.
También ha habido demandas en el ámbito provincial, la última en salir, la referente al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental, denunciado por el Ayuntamiento de Punta Umbría. Otra muestra de que el urbanismo, cada vez más, se decide en los tribunales.
* Huelva Información - 18 de mayo de 2008
Foto: Huelva, Ensanche Sur - Efren (guiadehuelva)
Más de 200 personas protestan en Candeleda contra la urbanización
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ÁVILADIGITAL* : La Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda ha reunido a más de 200 personas para protestar por el comienzo de las obras que captan agua, dentro del Parque Regional de la Sierra de Gredos, con destino a la urbanización Candelas de Gredos.
Con el lema “Duelo por Castañarejo. No dejes que las máquinas te quiten el agua”, en la protesta celebrada en la plaza del Castillo este sábado se oyeron frases como “Sierra verde” y “Ni un metro más de hormigón”, a la vez que exigieron que el Ayuntamiento candeledano paralice los trabajos, según el manifiesto leído por Jesús Morcuende, quien dijo que “si se destruye el patrimonio natural se pierde el turismo”.
Jesús Dútil, portavoz de la plataforma, que anunció una nueva manifestación para dentro de dos semanas, ha dicho que “los candeledanos no pueden permitir que se lleven el agua”, para referirse al “permiso caducado” con el que cuenta la empresa promotora, Dávila Monteblanco SL, que es de 12 litros por segundo para 431 chalés y 200 plazas hoteleras, frente a los ocho litros por segundo con que cuenta la localidad, de más de 5.000 vecinos.
La plataforma alega que la autorización de la promotora para, en un paraje situado junto al arroto Castañaejo, ocupar el monte público caducó hace cuatro años y la de captación de agua hace tres, y se pregunta si cuentan con licencia municipal y han pagado fianza para ocupar la vía pública antes de iniciar las obras para instalar tuberías y construir un depósito.
El portavoz de la plataforma ha desmentido que las obras hubieran sido paralizadas por el Seprona. Lo sucedido es que agentes de este cuerpo acudieron al lugar -a instancias de integrantes de la plataforma- el jueves, al día siguiente de iniciarse los trabajos, e impusieron una sanción sin parar las obras, si bien los trabajadores de la empresa no siguieron con ellas, pero reanudaron sus labores el viernes.
* Ávila Digital - Carlos de Miguel - 17.05.2008
Foto: Concentración en Candeleda contra la construcción de una urbanización - aviladigital.com
Las nuevas investigaciones sobre el ´caso Paraíso´ aumentará la lista de imputados
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LAPROVINCIA* : A final de junio se cumplirá un año del comienzo de una de las investigaciones contra la corrupción municipal más espectaculares de Gran Canaria: la Operación Paraíso, caso que sigue bajo secreto de sumario y que hasta hoy se ha cobrado siete imputados por cohecho, aunque la gran cantidad de documentación intervenida y los vínculos de los implicados con políticos en activo amenaza con aumentar la lista de procesados.
Y es que, según se desprende del tipo delictivo atribuido a esas personas, por los despachos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana campaba a sus anchas una red de sobornos y comisiones a cambio de la adjudicación de obras, contratos y favores de distinta naturaleza. Una cadena de funcionarios, empresarios y cargos públicos que tiene como presunto cabecilla al concejal Pacuco Guedes, imputado por malversación y tráfico de influencias, además del cohecho que pesa sobre el resto de inculpados. El edil fue detenido el penúltimo día de junio y pasó siete meses en prisión preventiva, incorporándose luego a la oposición.
La jueza, Almudena de la Rosa Marqueño, envió igualmente a prisión a Alejandro Navarro, propietario de la empresa Mazotti, que también está imputado en la Operación Faycán. Las pesquisas le señalan como receptor de las supuestas comisiones, aunque tanto él como Guedes trataron de justificar la legalidad de los tratos investigados.
Una de esas cantidades asciende a 240.000 euros y fue abonada por Navarro para pagar la reparación del barco Atlantiss, cuyo dueño es Jonás Guedes, hijo del concejal y otro de los acusados por cohecho y blanqueo de capitales. El resto de actuaciones sospechosas de ambos afecta al club de lucha de Castillo del Romeral, entidad presidida por el propio Pacuco y patrocinada por la constructora Mazotti. Los responsables de las pesquisas consideran que esta relación está vinculada a la adjudicación de obras públicas.
De hecho, buena parte de los expedientes requeridos por el Juzgado se refieren a la compañía de Navarro, que consiguió los primeros trabajos bajo el mandato de Marco Aurelio Pérez. Su edil en Vías y Obras era Guedes, que luego repitió cargo con Concepción Narváez de alcaldesa y con José Juan Santana en Urbanismo. De ahí que esas dos etapas sean analizadas con rigor, pues Mazotti consiguió tres promociones de viviendas por unos diez millones de euros, además de un centro de mayores, una escuela de danza y la urbanización Poblado Cesa. Otro proyecto para edificar casas en Aldea Blanca por valor de cuatro millones fue suspendido por la detención de Navarro y la quiebra de su empresa. De ahí que se espere la citación de los tres ex alcaldes para que aclaren su participación.
La relación de Guedes se extiende a dos funcionarios acusados de cohecho: Antonio Reyes y Antonio Muñiz. Del primero se cree que pudo participar en el reparto de las comisiones, dado que su nombre aparece en las escuchas grabadas por la policía en nueves meses de investigación. Y el segundo se pudo beneficiar de obras ejecutadas en su casa por Hernández Perera SL, empresa familiar que, al parecer, también realizó trabajos en la vivienda de Guedes. Los dueños de esa sociedad están acusados de cohecho y son Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Hernández Perera. Además, padre e hijo intentaron sin éxito que el Ayuntamiento autorizara un cambio de uso del campo de fútbol de Aldea Blanca para usarlo como almacén. La operación no prosperó, pero en ella participó Guedes y el propio Muñiz, que en el momento de ser arrestado era secretario accidental de la Corporación.
* La Provincia - M. REYES - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 18 de mayo de 2008
Foto: laprovincia.es
Andalucía: Los municipios 'pasan' de la ley del suelo
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ELPAÍS* : El proceso de adaptación de los planes urbanísticos de los municipios a la ley del suelo mantiene un ritmo exasperante. Transcurridos cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y pese a que ya hace 16 meses que expiró el plazo que tenían los ayuntamientos para revisar sus planes, la realidad es que sólo 68 de los 770 municipios andaluces han culminado el proceso, entre los que sólo hay una gran ciudad, Sevilla.
Es llamativo que aún haya 167 consistorios, el 21% del total, que no han dado ni un solo paso para dotarse de un nuevo plan.
El retraso es especialmente evidente en el litoral, donde se producen las mayores tensiones urbanísticas y donde residen más de las dos terceras partes de la población andaluza. Hasta el momento, sólo cinco municipios costeros, entre los que no figura ninguno de los grandes polos turísticos, cuentan con un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) adaptado a la ley: Motril, Almonte, Lepe, Los Barrios y Cuevas de Almanzora. Resulta significativo que Málaga, la provincia donde en los últimos años se ha concentrado la mitad de la actividad de la construcción, sea la única donde ningún ayuntamiento se ha dotado de un nuevo plan, aunque al mismo tiempo es también la única en la que todos sus municipios han iniciado trámites para hacerlo. La revisión de los planes facilitará, entre otros aspectos, la disposición de suelo pata Vivienda de Protección Oficial (VPO), una vez que la LOUA obliga a destinar a ella el 30% de los suelos de nuevo desarrollo.
Además de los 68 ya aprobados definitivamente, hasta el momento hay otros 535 planes urbanísticos en tramitación. De ellos, 29 ya cuentan con la aprobación provisional, es decir, que ya han sido ultimados por los municipios y están pendientes de la aprobación definitiva de la Junta.
Otros 156 ayuntamientos han dado la aprobación inicial, y es en este trámite donde suelen producirse los mayores atascos; pues entre él y la aprobación provisional se produce la fase de alegaciones ciudadanas y de informes de las distintas administraciones en el ámbito de sus competencias. La ciudad de Málaga, por ejemplo, aprobó inicialmente su nuevo plan en julio de 2006 y aún no ha hecho la provisional.
Un grueso de municipios, 227, cuentan con un documento de avance, que es simplemente un trabajo previo optativo en el que se marcan las líneas generales y carece de valor jurídico. Otros 123 ayuntamientos se han limitado a aprobar en pleno el inicio de expediente de revisión, lo que en realidad no deja de ser una mera declaración de intenciones.
El titular de la recién creada Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, tiene entre sus objetivos prioritarios dar un acelerón a la revisión del planeamiento municipal. El proceso está muy rezagado porque la planificación es de por sí muy laboriosa y la tramitación administrativa se caracteriza por una gran lentitud, aunque los datos parecen indicar que también ha habido una cierta dejadez y falta de voluntad política de los munícipes.
Espadas anunció tras el Consejo de Gobierno del pasado martes que se va a realizar un "plan de choque". Antes de finalizar el año la consejería planea ampliar de 17 a 44 el número de oficinas territoriales de asesoramiento para dar apoyo técnico a los ayuntamientos. Además, se va a crear un "equipo de choque" por cada provincia formado por técnicos que estarán a disposición de los municipios en cualquier momento para dar orientaciones o emitir informes sobre la marcha.
El consejero quiere al menos agilizar los trámites que dependen de su departamento, por lo que se prepara una orden para unificar la emisión de informes de los diversos departamentos de la consejería. También está en estudio ampliar las subvenciones a los pequeños municipios para la redacción de planes urbanísticos y de los convenios que en su día firmó la Junta con las diputaciones provinciales.
Cuando la LOUA entró en vigor, en enero de 2003, se fijó un plazo de cuatro años para que los municipios adaptaran sus planes, de forma que al cabo de ese tiempo ya no serán posibles modificaciones a los planes sin reformar, que quedan así constreñidos.
El lento proceso de revisión de los Planes Generales de Ordenación Urbana
- Una orden de la Consejería de Obras Públicas de enero de 2003 fijó un plazo de cuatro años a los municipios para que adaptaran su planeamiento a la LOUA, transcurrido el cual no se autorizan modificaciones de elementos a los planes sin revisar.
- 68 ayuntamientos tienen aprobado definitivamente un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), entre ellos sólo dos ciudades de más de 50.000 habitantes, Sevilla y Motril.
- Además de Motril, sólo otras cuatro ciudades de la costa han revisado su PGOU (Lepe, Almonte, Los Barrios y Cuevas de Almanzora).
- Las provincias costeras son las más atrasadas. Ningún municipio de Málaga ha revisado su plan, en Cádiz lo han hecho cinco, y en Almería, tres.
- Granada es la provincia donde más municipios han revisado sus planes (19), seguida de Córdoba (14), Jaén (12), Huelva (11) y Sevilla (10).
- De los 68 ayuntamientos que se han dotado de nuevo PGOU, 53 están gobernados por el PSOE, 12 por el PP y tres por IU.
- 29 planes tienen la aprobación provisional y esperan la definitiva de la Junta.
- 156 ayuntamientos tienen aprobado inicialmente su nuevo planeamiento.
- 227 municipios han elaborado un documento de avance y otros 123 han comunicado el inicio de los trámites para la revisión del planeamiento.
- 167 ayuntamientos, el 21% del total, no han iniciado los trámites para elaborar un nuevo PGOU.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 18/05/2008
Foto: Edificaciones en la costa de Estepona- JULIÁN ROJAS, elpais.com
La crisis de la vivienda, o el día de la marmota
PÚBLICO* : Las similitudes entre el ajuste de los 90 y el actual revelan la impotencia para resolver el primer problema de los españoles. Año 1993: la mayoría de las familias españolas son incapaces de estirar más el dinero para pagar la hipoteca. Año 2008: la mayoría de las familias españolas son incapaces de estirar más el dinero para pagar la hipoteca. ¿Es acaso un déjà vu?
No. Tres lustros después, la repetición de la crisis es real y parece haber atrapado a sus protagonistas como a Bill Murray en El día de la marmota, cuando entra en un bucle de tiempo y se repite siempre el mismo día.
"Los precios iniciarán un descenso en los próximos meses que romperá la burbuja especulativa de los últimos años (...) Si yo quisiera vender un piso lo haría rápidamente, mejor hoy que mañana". Esta frase, una de las más escuchadas en los últimos meses, fue pronunciada en 1992 por el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, José Borrell. Se avecinaba una crisis inmobiliaria como la actual. La secuencia de entonces comienza y termina de la misma manera que la de ahora.
Los paralelismos
Primero: el precio de las casas comienza a subir como la espuma. En diez años, entre 1981 y 1991, aumenta un 400%. Segundo: la construcción de viviendas protegidas cae en picado. De las casi 300.000 iniciadas en 1988 pasaron a 40.000 en 1991. Tercero: los tipos de interés están en torno al 10%.Cuarto: a las familias se les va casi todo el sueldo en pagar la hipoteca. Quinto: los síntomas de recesión económica, en 1990, empeoran la situación. Sexto: el precio de la vivienda se estanca. Séptimo: el crecimiento de las ventas se desacelera. Octavo: los precios de las casas comienzan a bajar. Noveno: el paro llega al sector de la construcción. Y décimo: el Gobierno interviene. "Hay 100.000 viviendas sin vender que se han hecho en los últimos tres años. Hay que evitar el desplome", dijo Borrell.
Sin embargo, las medidas que adoptó entonces el Gobierno socialista, no han impedido que la crisis vuelva a repetirse más de 15 años después. Y eran parecidas. Un ejemplo: el PSOE diseñó un plan de vivienda para cuatro años en el que se daba prioridad a la construcción de viviendas protegidas y al alquiler. Otro más: en 1991 el Gobierno barajó la posibilidad de penalizar fiscalmente a los propietarios de pisos vacíos; Catalunya ya lo ha aprobado por ley. La nueva crisis manifiesta la impotencia del Estado para erradicar el problema.
¿Podrán las familias liberarse esta vez del día de la marmota? ¿O volverán a vivirlo en 2023, cuando el ciclo de la crisis vuelva a completarse?
El pinchazo de la burbuja
- Descenso de los precios
La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) prevé que el precio de la vivienda nueva caiga durante este año un 8%, según los resultados del Estudio Planner-Asprima 2008.
- Paro en la construcción
El presidente de Analistas Financieros Internacionales, Ángel Berges, augura una pérdida de entre 85.000 y 300.000 empleos en el sector de la construcción. Los extranjeros sufrirán las mayores consecuencias.
- Desplome de inmobiliarias
La venta de casas en las inmobiliarias han descendido en el primer trimestre de este año más de un 69% con respecto al mismo periodo de 2007. Los despidos planean como amenaza.
* Público - O.CARBALLAR / R. BOCANEGRA - Sevilla - 17/05/2008
Foto: casa-euro - eleconomista.es
Priego: Manipulación y presiones para urbanizar en el Parque Natural
ECOLOGISTASENACCIÓN/Córdoba* : El análisis de un proyecto urbanístico dentro de los limites del Parque natural de las Sierras Subbéticas y lo acontecido en la ultima reunión de la Junta Rectora donde dos puntos críticos del orden del día fueron pospuestos por falta de información, deja en evidencia una estrategia por parte de la Delegación Provincial de Medio Ambiente para eludir las funciones de control y vigilancia sobre la gestión del parque de este importante órgano rector.
Las anomalías cometidas desde la Delegación Provincial contra la Junta Rectora son:
- Presentación de Memorias presupuestarias ficticias.
- Ocultación de información relativa a temas urbanísticos.
- Gestión paralela del Parque Natural a espaldas de la Junta Rectora.
- Usurpación de funciones propias y exclusivas de la Junta Rectora.
- Escatimar información en el informe final del año para impedir que sus miembros puedan evaluar correctamente la gestión del Parque.
Las dudas sobre la memoria presupuestaria saltaron cuando desde la Delegación Provincial se presento un gasto realizado en el 2007 de 226.000€ en el edificio en desuso de Santa Rita. El análisis de las memorias presentadas desde el 2004 determina que ha habido un gasto superior a los 600.000€ en los últimos años en un edificio que lleva bastante tiempo en completo abandono y que al día de hoy se encuentra totalmente vacío, agrietado, con problemas de cimentación, bajo peligro de derrumbe y lo mas importante, sin modificación ni actuación alguna en los últimos años. Esta contradicción entre la realidad comprobable y los documentos presentados evidencia que las memorias presupuestarias presentadas por la Delegación provincial de Medio Ambiente ante la Junta Rectora para su aprobación son falsas.
Otra importante irregularidad es una continua obstrucción para evitar que el órgano rector del Parque realice el Informe del Programa Anual de Actuaciones. Documento de competencia exclusiva de la Junta Rectora y que esta debería realizar cada año al inicio del periodo de gestión, obligación que la Junta Rectora no cumple porque molesta al Delegado Provincial y evitaría que este pudiera decidir a su antojo sobre las actividades e inversiones en el Parque.
Un ejemplo mas de manipulación y esta vez muy polémico surgió cuando se presento el tema de un proyecto Urbanístico en la localidad de Zuheros dentro de los limites del Parque Natural. Actuación que Delegación Provincial y Ayuntamiento implicado conocen desde hace años y han estado tramitando a espaldas de la junta rectora para al final presentar ante esta para su aprobación un proceso prácticamente consumado y sin ninguna información complementaria. El colmo de la manipulación llego cuando el Delegado Provincial afirmó que la junta rectora no tenia nada que decidir y que este proyecto debía salir de allí aprobado.
Ningún político honrado y preocupado por defender el interés colectivo saca adelante un proyecto Urbanístico dentro de un Parque natural. Detrás de este tipo de iniciativas solo hay avaricia y egoísmo de quienes especulan con suelo barato y en un entorno idílico cuya plusvalía sirve para llenar los bolsillos de unos pocos a costa de un perjuicio para todos. Todos los municipios , por próximos que se encuentren al Parque natural tienen opciones de crecimiento en dirección opuesta a este. Así mismo la reciente revisión de la zonificación del parque ha contemplado un margen de crecimiento urbanístico suficiente para cada municipio fuera de los limites del Parque, que en su momento fue aprobado sin objeción alguna por la junta Rectora incluyendo a todos los alcaldes del Parque Natural.
Desde Ecologistas en acción estamos muy preocupados por lo que esta ocurriendo en la Subbética Cordobesa respecto a la especulación urbanística que de ser un fenómeno restringido al ámbito individual o municipal esta afectando a órganos del gobierno andaluz a través de las delegaciones provinciales. Desde Ecologistas en Acción defendemos que la gestión Medioambiental debe hacerse con criterios medioambientales independientes de intereses económicos o políticos. Que estos presupuestos son para la mejora en la protección de nuestro entorno natural y no deben usarse como financiación paralela e injusta de algunos municipios. Que las Juntas Rectoras de los Parques Naturales deben ser órganos funcionales, participativos y equilibrados que permitan una gestión transparente y clara. No como ocurre en la Subbética donde es solo un foro de debate manipulado, desinformado e inútil, una tapadera para encubrir desde la Delegación Provincial un uso interesado y publicitario de los recursos medioambientales.
Con esto pretendemos no solo dejar en evidencia las deficiencias en el funcionamiento de las Juntas Rectoras sino incitar a la reflexión tanto a la ciudadanía como a la clase política sobre la necesidad y utilidad de los órganos de participación social y como algunos políticos se resisten a esto por la perdida de poder que implica la cesión de parte de las iniciativas a un colectivo social aunque sea de la categoría, entidad y obligatoriedad de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales. Los políticos empiezan desde abajo en entornos locales llenos de zancadillas, picaresca, chanchullos y amiguismo. Pero su progreso debe ir acompañado de un crecimiento personal, deben ser tutores sociales responsables, conscientes del compromiso que al ostentar un cargo adquieren con el conjunto de la ciudadanía y capaces de anteponer el interés colectivo y las responsabilidades de su cargo sobre intereses partidistas. Es un peligro que políticos de poca altura ocupen cargos de responsabilidad trasladando lo peor del politiqueo de pueblo a órganos de gobierno regional.
* Ecologistas en Acción de Priego de Córdoba - 13.05.2008
El Supremo ratifica el derribo de dos bloques con 118 viviendas en Viveiro
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LAVOZ/Lugo* : La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Viveiro y la empresa Mareber contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que ordenaba la demolición de dos edificios en Lodeiro, en Viveiro.
El alto tribunal condena a las partes recurrentes, Concello y promotora de los inmuebles, a abonar las costas del recurso. La sentencia del Supremo no es recurrible.
Licencias ilegales
En noviembre del 2003 se hizo pública la sentencia del TSXG que ordenaba el derribo de dos edificios situados en la calle Río dos Foles (continuación de la avenida Benito Galcerán). La noticia convulsionó Viveiro, pues afectaba a los propietarios de 118 pisos, en los que habitan más de 320 personas. La concesión de las licencias de obra tenía que haber ido precedida de un estudio de detalle, que no se efectuó, según recogía la sentencia. De ahí concluyó el tribunal que los permisos «fueron contrarios a derecho».
El Ayuntamiento de Viveiro otorga sendas licencias urbanísticas a Mareber, el 17 de junio de 1996 y el 9 de agosto de 1999, para la construcción de dos inmuebles en la calle Río dos Foles. Al frente del gobierno local estaba entonces el popular César Aja. El 14 de junio del 2000, Francisco José Santiago García, propietario de un chalé ubicado al otro lado de la misma calle de los edificios proyectados, insta al Concello a revisar y anular las licencias dadas a Mareber y a que mande tirar todas las obras ejecutadas al amparo de esas autorizaciones.
El demandante fundamenta su petición en la ausencia de un estudio de detalle previo -preceptivo de acuerdo con la normativa urbanística vigente-, puesto que el Concello ha habilitado ese suelo para construir edificaciones residenciales cerradas, cuando el entorno «está liderado plenamente por viviendas unifamiliares». La comisión de gobierno no admite a trámite la solicitud de revisión de este particular, en la sesión celebrada el 7 de septiembre del 2000. Santiago García interpone sendos recursos contenciosos administrativos contra la licencia concedida por el Concello el 9 de agosto de 1999 y contra el acuerdo de la comisión del 7 de septiembre del 2000.
Casi nueve años de litigio
A finales del 2003, el TSXG anula las dos licencias de obra y el acuerdo de la comisión de gobierno y decreta la demolición de los edificios. El Ayuntamiento, en aquel momento dirigido por el ejecutivo bipartito PSOE-BNG, y la promotora de los inmuebles interponen sendos recursos de casación contra el dictamen del tribunal autonómico. Cuatro años y medio más tarde, el Supremo da la razón a Santiago García y ratifica el derribo de las viviendas. El litigio comenzó hace casi nueve años.
* La Voz de Galicia - 17.05.2008
Foto: En los 118 pisos de los dos edificios, divididos en dos bloques cada uno, residen más de 320 personas - lavozdegalicia.es
Piden dos años de cárcel más para Roca y Muñoz por el caso 'Jardines de San Pedro'
SUR/Marbella* : Los procedimientos por presuntos delitos urbanísticos de los ex concejales del Gil que se instruyen en los juzgados marbellíes siguen su curso independientemente del pacto que mantienen con la Fiscalía de Málaga y que en estos momentos está en punto muerto tras la falta de apoyo del resto de las acusaciones.
Prueba de ello es el caso conocido como 'Jardines de San Pedro' por el que el fiscal de Medio Ambiente pide para Julián Muñoz, Roca, y siete ex concejales marbellíes dos años de prisión y diez de inhabilitación por un presunto delito continuado contra la ordenación del territorio, frente al máximo de un año de cárcel que contemplaría el pacto de estar vigente. Sólo para uno de los ex concejales, José Luis Troyano, solicita un año, porque considera que el delito no tuvo carácter continuado en su caso.
El fiscal acusa al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y a todos los miembros que formaban parte de la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella (los concejales Rafael González, Alberto García, María Luisa Alcalá, José Luis Fernández, Tomás Reñones, Francisco Javier Lendínez, Rafael Escobar y el ex alcalde Julián Muñoz) de conceder en marzo de 2001 una licencia de obras a la entidad Promociones 'Los Jardines de San Pedro S.L.' para 133 viviendas «a sabiendas de que se trataba de terreno clasificado como suelo urbano, pero perteneciente al Sistema General de Comunicaciones». Según las normas urbanísticas vigentes en esas fechas el terreno estaba calificado como transporte público en la mayor parte de la superficie -2,925 metros cuadrados- y el resto como viario público -50 metros cuadrados». Año y medio más tarde, en noviembre de 2002, la misma Comisión de Gobierno concedió una nueva licencia de obras a la la Inmobiliaria Osuna para «reformado del proyecto básico y de ejecución de 124 viviendas, locales comerciales, aparcamientos y trasteros» en dicha zona.
El PGOU del 98
El escrito de calificación fiscal, al que se ha adherido el Ayuntamiento de Marbella, considera que los acusados actuaron conforme a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella que el pleno del Ayuntamiento aprobó en 1998 de forma unilateral, «a pesar de conocer que el mismo no estaba en vigor porque no había sido aprobado por las autoridades competentes», un plan que más tarde fue anulado por los tribunales.
El caso, uno más de las decenas de procedimientos por delitos urbanísticos que se siguen contra los concejales gilistas, se encuentra en estos momentos pendiente de la apertura del juicio oral.
* SUR - 17.05.08 -M. J. CRUZADO
Foto: MARBELLA - JOSELELANZA - SUR
El Consell impulsa las 12.000 viviendas de Nou Mil.lenni de Catarroja en plena crisis inmobiliaria
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LEVANTE/Valencia* : La dirección general de Ordenación Territorial de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ha dado el visto bueno a las diversas modificaciones que se han presentado en el proyecto de Nou Mil.leni de Catarroja para subsanar los defectos que señaló hace un año la Comisión Territorial de Urbanismo, cuando lo aprobó inicialmente.
Los responsables de la conselleria explican que las modificaciones presentadas en estos meses han subsanado las indicaciones que realizó la CTU, por lo que el proyecto ha quedado definitivamente aprobado, a falta de publicar la resolución final de la dirección general en el Boletín Oficial de la Provincia. El Consell impulsa, de esta forma, una macrourbanización en Catarroja, en la que se prevé edificar 12.000 viviendas, en plena crisis del sector inmobiliario.
De hecho, la empresa mixta que constituyó el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) para promover el proyecto, con el nombre de Iniciativas y Promociones de Viviendas Valencianas SL (Inprova), está remitiendo estos días un escrito a cada uno de los propietarios de los terrenos en el ámbito del PAI, para darles cuenta de la aprobación definitiva de la Homologación y Plan Parcial del Sector Nou Mil.lenni e informarles de que va a iniciarse el proyecto de reparcelación.
Escritura de propiedad
En concreto, Inprova recuerda a los propietarios del suelo su "deber legal" de "manifestar las situaciones jurídicas que afectan a las fincas de su propiedad", así como de facilitar a la promotora toda una serie de documentación. Así y con el objetivo de "agilizar los trámites oportunos tendentes a la elaboración y aprobación del proyecto de reparcelación del sector", Inprova insta a los dueños de los terrenos a que en el plazo de 20 días presenten en el Servicio de Atención al Propietario de Nou Mil.lenni -en el edificio del Ayuntamiento de Catarroja- las escrituras de propiedad de sus fincas y otros documentos sobre datos personales.
La empresa mixta incide, asimismo, en que "en caso de no remitir los títulos de propiedad o certificación registral y de dar cuenta de las circunstancias jurídicas que afecten a sus fincas", el urbanizador podrá calificarlas como "propiedad desconocida".
El paso siguiente será, por tanto, la redacción y aprobación del proyecto de reparcelación.
Se da la circunstancia de que, después de un año, avanza el proyecto de la macrourbanización Nou Mil.lenni, justo unos meses después de que el socio privado del Ivvsa en la empresa mixta Inprova, la promotora Llanera, se declarara en suspensión de pagos. Desde la Conselleria de Medio Ambiente se indicó ayer que "ese proceso no afecta al desarrollo de los plazos del proyecto".
* Levante-EMV - Laura Sena, Catarroja - 17 de mayo de 2008
Foto: pai. El proyecto contempla la construcción de varias torres en zona de huerta de Catarroja/ a. comes, levante-emv.com
Un juez legaliza la 'okupación' de un pueblo
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PÚBLICO* : El poblado de Navalquejigo, en la localidad madrileña de El Escorial, vuelve a estar ‘okupado' por diez habitantes, después de su desalojo hace 14 meses. Ha sido gracias a la decisión de la sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid de revocar el fallo del juzgado número uno de San Lorenzo de El Escorial por el que se precintaron sus viviendas y se les echó.
Fue a finales de febrero del 2007 cuando, en un aparatoso dispositivo, se procedió a sacar a los ‘okupas' asentados en Navalquejigo en 1995, que se saldó con la detención de 12 personas por un presunto delito de usurpación. Pero no se fueron muy lejos, sino que se instalaron en caravanas y autobuses aparcados junto a este antiguo poblado de origen medieval, abandonado hace años. Ahora, la Audiencia Provincial ha dejado sin efecto el desalojo, al estimar que el juez de San Lorenzo "no escuchó a todos los vecinos de la finca".
"Falta de legitimidad"
Además, alega "falta de legitimidad" del denunciante, ya que no era el propietario al haber vendido los terrenos a una constructora. Igualmente, el auto señala que la zona no se encuentra en estado de ruina. La abogada de los ‘okupas', Lola Rico, destacó que debería haberse llevado a cabo un "desahucio civil", puesto que el denunciante argumentó un supuesto estado de ruina de las casas y en ningún caso "usurpación". Pese a ello, añala letrada añadió que el procedimiento se llevó por la vía penal .
Finalmente, la Guardia Civil desprecintó las casas el pasado 5 de abril. Poco después, los ‘okupas' corrían a recuperar sus hogares. Estos artesanos aseguran haber mejorado la zona, haciendo habitables las viviendas y organizando distintas actividades. "Es un gusto volver a dormir aquí", señala uno de ellos, felicitándose por reconvertirse en "inquilinos legales". Otro recuerda la pesadilla del desalojo.
"Nos han devuelto la dignidad"
El desalojo que ponía fin a una década de ‘okupación' se traduce ahora en un paréntesis. "Ahora toca limpiar y poner orden en el que -y con el amparo de la Justicia-sigue siendo su hogar", explicó uno de los habitantes de Navalquejigo.
Con la incógnita de qué harán los nuevos propietarios de las tierras, esperan que les dejen quedarse. De momento, sólo saben que éstos han denunciado al antiguo dueño porque cuando les vendió los terrenos no les dijo que había gente viviendo allí."Hemos vuelto a habitar las viviendas y estamos muy contentos", señaló Ángel Luis García, uno de los ‘okupas' que se asentó allí hace diez años. García defiende el asentamiento como un "proyecto de vida tanto social como cultural".
Este habitante de Navalquejigo aplaude la decisión de la Audiencia de Madrid porque entiende que anula una acusación "totalmente falsa": la de un supuesto delito de usurpación. "Esto hace que nos devuelvan la dignidad", celebra. "Lo que estamos haciendo es vivir, ésa es nuestra mayor rebeldía: habitar un lugar abandonado y desolado como era éste hace diez años y al que hemos devuelto la vida", resume. Todos coinciden en la tesis de que Navalquejigo ha vuelto a la vida por sus actividades allí. "Este pueblo está recuperado gracias a nosotros", comentó García antes del desalojo.
Como ejemplo de la evolución del entorno desde su llegada al pueblo en 1987, Sergio Vicente hace uso de su memoria y recuerda zarzales que lo inundaban todo por el abandono del lugar en los años 80. "Llegamos y poco a poco se fue rehabilitando una vivienda. Luego vino más gente y se empezó a formar un proyecto de vivienda", concluyó.
* Público - RICARDO MIGUEL PEÑA - Madrid - 14/05/2008
Foto: La pedanía de Navalquejigo, que vuelve a estar 'okupada'/ publico.es
Regularización de viviendas contra planeamiento
JOSÉ MANUEL RUIZ-RICO RUIZ* : Uno de los temas jurídicos de mayor actualidad en nuestra provincia durante los próximos meses va a ser seguramente el de las llamadas «compensaciones económicas», con las que ayuntamientos como el de Marbella (y no es el único) pretenden cargar a los propietarios de viviendas construidas, sobre la base de licencias concedidas contra planeamiento vigente, con la finalidad de obtener espacios libres y equipamientos públicos, mediante las denominadas reparcelaciones económicas.
Aun cuando la regularización de las viviendas construidas en estas circunstancias no deberían hacer recaer en los propietarios de las viviendas el fallo de las administraciones públicas en el control de la legalidad de todo el proceso de concesión y construcción de las mismas, por motivos evidentes de seguridad jurídica, el problema está ya planteado en los nuevos planes que se van a aprobar, a través del reconocimiento de las llamadas Áreas de Regularización.
Como puede suponerse, dar una respuesta a este asunto resulta complicado, al presentarse toda una suerte de condicionantes y matices singulares, que hacen imposible soluciones unívocas. No obstante, sí se pueden exponer algunas ideas o nociones generales que pueden servir de pauta o referencia para cada caso.
Lo primero que debe quedar claro es que, para compensar algo en dinero, es preciso que se sepa lo que se adeuda, o tratándose de un daño, que el mismo sea un daño actual, no futuro ni hipotético, y que esté perfectamente cuantificado de antemano. No se puede legalmente exigir por un ayuntamiento una compensación o indemnización a alguien, sea propietario o promotor, por un daño que aún no ha sufrido. Lo mismo cabría decir si, sabiéndose ya de su existencia, por ejemplo, por resultar manifiesta la privación de un terreno de titularidad municipal, ese daño no se ha concretado todavía en su exacta determinación. Para ello será necesario, como premisa, que se haya dictado una resolución judicial que sea ya firme e inamovible, o que haya habido un acto administrativo dictado conforme al procedimiento legal y que el mismo no haya sido recurrido en los plazos legales, tras el correspondiente trámite de alegaciones para el sujeto al que se le reclame. Eso significa que, si no hubo acuerdo o allanamiento a las pretensiones del ayuntamiento presuntamente lesionado, habría que recurrir a los tribunales, y esperar que en ese procedimiento judicial se demostrase que ha habido una conducta concreta causante del daño, y que la misma era imputable a quien se le ha reclamado.
No habrá condena ni por tanto compensación, si el daño o perjuicio ha sido debido a un suceso de fuerza mayor, o a la intervención de un tercero causante del mismo, o a la conducta del propio perjudicado (aquí, el ayuntamiento correspondiente), tema este último que podría convertirse en el centro de la discusión jurídica.
Por otro lado, habrá que tener en cuenta que, aun cuando ese deber genérico de compensar viene impuesto por la Ley urbanística andaluza, no es claro que se trate de una carga como las demás, esto es, susceptible de transmitirse con la propiedad misma de los terrenos o de los inmuebles, por lo que podrían plantearse cuestiones relativas a la fijación de quién es o era el sujeto que debe asumir dicha carga, ya que puede no ser idéntica la situación del obligado originario y la de quien ha sucedido de forma sobrevenida en la propiedad de los terrenos o viviendas.
Supongamos que ya se ha determinado la compensación concreta por pagar al ayuntamiento por parte de esa comunidad o ese propietario individual. Para que, luego, estos últimos puedan jurídicamente repercutir en la empresa promotora aquello a lo que hayan sido condenados, es preciso igualmente que se haya permitido a ésta poder defenderse, alegando todo tipo de medios de defensa o excepciones. No se puede, por tanto, repercutir económicamente en un tercero que no intervino en aquel primer procedimiento judicial o administrativo, o lo hizo pero a otros efectos. Quien sea obligado o condenado, en aquella primera fase, a pagar la citada compensación, no posee un derecho automático a esa repercusión sobre la promotora. Esta última, por ejemplo, puede aducir que su posición jurídica no era -o no es ahora- la misma que el obligado inicialmente, pudiendo quedar por ese motivo exonerada, según las circunstancias concurrentes. Podría incluso probar que quien ahora le reclama el pago de lo que ya se compensó, no obró con suficiente diligencia a la hora de defenderse, o incluso que se allanó injustificadamente frente a la Administración que se lo reclamó. Por supuesto, también podría aducir que no fue ella la verdadera causante del perjuicio a compensar, sino que lo fue un tercero, o el propio ayuntamiento perjudicado; a estos efectos, no le vinculará la valoración jurídica realizada en un procedimiento judicial anterior, dado que no participó en él dicha entidad. Incluso ésta podría alegar que fue causante del daño quien ahora le reclama; o también que este último es quien se ha enriquecido realmente con lo actuado, al haber adquirido un inmueble o vivienda a un precio más bajo que el de mercado, en la época en que lo hizo.
Hasta aquí, si el problema se intenta dilucidar ante un juez civil. Si la vía utilizada fuera la del Tribunal Penal, al hilo de los procedimientos ya iniciados respecto de los responsables municipales, los problemas serían otros. Entre ellos, el de la viabilidad de exigir en dichos procedimientos una posible responsabilidad civil subsidiaria de las promotoras, en cuanto teóricas beneficiarias de las decisiones adoptadas, lo cual es jurídicamente dudoso en esa sede. A ello habría que unir la dificultad de cargar a aquéllas la totalidad de unos daños en cuya producción han intervenido más directamente otros sujetos; aparte de otros problemas, como los de prescripción de las posibles acciones o el de la cuantificación de posibles indemnizaciones. En todo caso, si hubiera condena, es previsible la reclamación ulterior contra el propio ayuntamiento, en cuanto generador de la situación, o contra los responsables del mismo en el momento de concederse las autorizaciones, con lo que el círculo acabaría cerrándose.
Como puede comprobarse, la situación a día de hoy se presenta tan complicada, que resulta muy difícil pronosticar una salida al grave problema jurídico planteado. Quizás esa complejidad lleve a las administraciones afectadas a un replanteamiento del tema o a una reducción al mínimo de los supuestos en los que intervenir.
* SUR - Opinión - 14.05.2008
El fiscal acusa al ex alcalde de Gójar por dejar edificar en suelo protegido
GRANADAHOY* : El ex alcalde de Gójar y diputado provincial del PP Francisco Javier Maldonado vuelve a estar en el punto de mira de la Justicia. Esta vez por, presuntamente, haber permitido a una familia del pueblo realizar varias edificaciones ilegales en el paraje Cañada de la Grama, un terreno no urbanizable con una calificación de protección especial por razones paisajísticas.
El fiscal solicita para el ex regidor 4 años de prisión, así como 11 años y medio de inhabilitación por tres delitos, por los que plantea no obstante también otras penas menores alternativas.
Los delitos que el Ministerio Público imputa al ex primer edil son prevaricación urbanística, falsedad en documento oficial y omisión del deber de perseguir delitos. En su escrito de conclusiones provisionales, al que ha tenido acceso este periódico, el fiscal sostiene que Maldonado, pese a conocer en 2005 a través del Seprona de la Guardia Civil que se estaban levantando edificaciones ilegales en el citado paraje, "en lugar de proceder conforme a su deber legal", no realizó ninguna actuación.
La acusación pública asegura que el ex alcalde llegó incluso a conceder una prórroga de licencia para construir una casa de aperos a dos de los miembros de la familia en cuestión, cuando "ya le había sido puesto de manifiesto por la Guardia Civil y un técnico municipal que estaban construyendo una verdadera vivienda ilegal y que la parcela había sido segregada de facto en contra de las normas urbanísticas vigentes".
El fiscal dirige por ello también su acusación contra la citada familia: cuatro hermanos que se convirtieron en copropietarios de 39.108 metros cuadrados de suelo en el mencionado paraje al fallecer sus padres. Asimismo, incluye en su lista a la hija de uno de ellos y su esposo, M.S.D.J. y F.J.T.M., a quienes se les cedió una porción de terreno de unos 2.000 metros.
En su escrito, a través del que solicita la apertura de juicio oral, el Ministerio Público recuerda que el PGOU de Gójar prohibía la construcción de viviendas unifamiliares en esa finca . Sin embargo, pese a ello, los hermanos C.D.Y., A.D.Y., M.J.D.Y. y M.D.Y. realizaron "clandestinamente" una segregación del terreno en seis porciones.
En estas porciones construyeron varias edificaciones: una vivienda unifamiliar de dos plantas con piscina, dos almacenes de grupos electrógenos, y otras seis obras realizadas en su mayoría con bloques huecos de hormigón, forjado de viguetas y chapas. Según el fiscal, "todas estas obras fueron comenzadas con posterioridad a octubre de 2004 y llevadas a cabo durante 2005, no habiendo finalizado la construcción de algunas de ellas".
A juicio del Ministerio Público, con las obras ejecutadas los acusados "sentaron las bases para constituir clandestinamente una verdadera urbanización ilegal, tras haber parcelado los terrenos y edificado en ellos en contra de las normas urbanísticas vigentes". Por ello, les achaca la posible comisión de un delito continuado de construcción ilegal en suelo protegido por su valor paisajístico.
Para los cuatro hermanos solicita la pena de 2 años de prisión, 3 de inhabilitación y una multa. No obstante, por si no se considerase que el delito fuese continuado, solicita subsidiariamente que los acusados sean condenados por cada una de las construcciones ilegales que levantaron en sus solares. Junto a ello, solicita la demolición de todas las edificaciones ilegales.
Para M.S.D.J. y F.J.T.M. reclama un año de cárcel, dos de inhabilitación y una multa. A esta pareja el fiscal atribuye en concreto la construcción ilegal de una vivienda con piscina en el solar que le fue cedido tras el reparto de la herencia.
Esta no es la única causa que existe en los tribunales contra el ex regidor de Gójar. En el juzgado de Instrucción 1hay otro proceso judicial relacionado con la venta de un solar a una empresa -Cavifer S.L.- de la que era socio su hermano. Recientemente, Maldonado acudió a declarar por esos hechos y negó que conociera la vinculación de su hermano con esa empresa.
* Granada Hoy - Y. Huertas - 16.05.2008
Foto: Gójar (Granada) - keyproperty
Valverde pide alejar a los políticos del urbanismo
CANARIAS7* : El magistrado del Tribunal Supremo, Rafael Fernández Valverde, defendió ayer la necesidad de que los cargos políticos dejen trabajar a los técnicos en materia urbanística. Así, se reduciría notablemente la arbitrariedad en los procesos y la sospecha permanente que hay sobre éstos.
Rafael Fernández Valverde ofreció ayer una conferencia a los técnicos que trabajan en la Audiencia de Cuentas de Canarias, que asisten a unas jornadas sobre urbanismo y la responsabilidad penal y contable.
El magistrado del Tribunal Supremo dijo ser partidario de potenciar el papel de los técnicos en los procesos urbanísticos y que los cargos públicos se limiten a los planes y programas en los cuales se inspiran después estos expertos en su trabajo. Por ello, animó a «huir de la penalización del urbanismo mediante una mayor discrecionalidad técnica».
De todas maneras, Fernández Valverde afirmó que «el urbanismo de hoy en día es más sostenible, más transparente y también menos concertado» ya que «hay un cierto temor a los convenios».
El magistrado se apoyó en parte de la doctrina que considera que el derecho penal debe actuar «mínimamente» en los procesos urbanísticos ya que esencialmente se enmarcan en la jurisdicción administrativa. De hecho, llamó la atención sobre las «dificultades» que entraña la convivencia de la vía administrativa y penal a la hora de condenar y sancionar una actuación que se ha llevado a cabo.
En cualquier caso, Fernández Valverde se centró en dos de los delitos reconocidos en el ámbito urbanístico, el de la construcción ilegal y el de la autorización indebida.
En relación al primero, el magistrado del Tribunal Supremo reprodujo el artículo 319 del Código Penal, que establece los supuestos para aplicar el delito de construcción ilegal. Sobre él llamó la atención acerca de que no es lo mismo hablar de «construcción» que de «edificación», así como tampoco que alguna de ellas sea o no «autorizada» o «autorizable».
Preocupación
Rafael Fernández Valverde admitió que «existe una gran preocupación» entre los funcionarios por la figura de la autorización indebida.
Al respecto, el magistrado puntualizó que para condenar a un técnico hace falta «acreditar» que su actuación estuvo movida por la mala fe y eso «es de una gran dificultad». De hecho, el público presente en la sala le hizo preguntas a este respecto a lo cual el ponente trató de aclarar que cada caso merece ponerle una atención especial.
* Canarias 7 - Almudena Sánchez, Santa Cruz de Tenerife - 13.05.2008
Viñeta: El Roto, recalificable - El País
El Defensor del Pueblo reprocha al Consell su silencio en los PAI de Parcent
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LEVANTE/Alacant* : Hasta cuatro veces ha tenido que dirigirse ya el Defensor del Pueblo a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda para reclamarle informe en relación al caso de los PAI de Parcent en relación al úlitimo informe del ombudsmann español en el que recomendaba que "en ningún caso debería aprobarse la actuación urbanística proyectada".
El silencio del Consell mientras mantiene los polémicos programas urbanísticos en tramitación empieza a impacientar al Defensor del Pueblo, y también a la plataforma ciudadana Veïns de Parcent, que ayer manifestó sentir "vergüenza ajena por la actitud de la conselleria ante el Defensor".
Es la cuarta vez que el Defensor del Pueblo se dirige por escrito para reclamarle el informe a la conselleria desde mayo de 2007, fecha en la que la institución defensora solicitó una primera explicación del caso. Ninguna de las comunicaciones ha sido por el momento contestada por la Generalitat.
El pasado día 30, el Defensor del Pueblo informaba en una carta a Veïns de Parcent, promotor de la queja, de que "ante la tardanza en recibir el informe solicitado de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, con esta misma fecha se ha solicitado que sea remitido urgentemente".
Asimismo, el Defensor del Pueblo, Manuel Ángel Aguilar, comunica a la plataforma vecinal que "tan pronto como dicha Administración autonómica envíe la información pedida, se le dará cuenta de su contenido y de las actuaciones que en el caso concreto procedan".
La información pedida por el Defensor del Pueblo a la Conselleria de Medio Ambiente no es otra que un informe sobre el que emitió ya el Defensor, que instaba al Consell a no aprobar los programas urbanísticos de Parcent principalmente por no tener garantizado el suministro hídrico las cerca de 2.000 viviendas proyectadas.
Ayer, Veïns de Parcent lamentó "profundamente el despecho que se le hace a la institución garante de los derechos de los ciudadanos, no sólo no siguiendo su recomendación y retirando inmediatamente los PAI, sino además al ni siquiera contestarle". "Nos avergonzamos y entristecemos de ello", concluye el comunicado.
* Levante-EMV - S. G., Parcent - 14.05.2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
