Las nuevas investigaciones sobre el ´caso Paraíso´ aumentará la lista de imputados

LAPROVINCIA* : A final de junio se cumplirá un año del comienzo de una de las investigaciones contra la corrupción municipal más espectaculares de Gran Canaria: la Operación Paraíso, caso que sigue bajo secreto de sumario y que hasta hoy se ha cobrado siete imputados por cohecho, aunque la gran cantidad de documentación intervenida y los vínculos de los implicados con políticos en activo amenaza con aumentar la lista de procesados.

Y es que, según se desprende del tipo delictivo atribuido a esas personas, por los despachos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana campaba a sus anchas una red de sobornos y comisiones a cambio de la adjudicación de obras, contratos y favores de distinta naturaleza. Una cadena de funcionarios, empresarios y cargos públicos que tiene como presunto cabecilla al concejal Pacuco Guedes, imputado por malversación y tráfico de influencias, además del cohecho que pesa sobre el resto de inculpados. El edil fue detenido el penúltimo día de junio y pasó siete meses en prisión preventiva, incorporándose luego a la oposición.

La jueza, Almudena de la Rosa Marqueño, envió igualmente a prisión a Alejandro Navarro, propietario de la empresa Mazotti, que también está imputado en la Operación Faycán. Las pesquisas le señalan como receptor de las supuestas comisiones, aunque tanto él como Guedes trataron de justificar la legalidad de los tratos investigados.

Una de esas cantidades asciende a 240.000 euros y fue abonada por Navarro para pagar la reparación del barco Atlantiss, cuyo dueño es Jonás Guedes, hijo del concejal y otro de los acusados por cohecho y blanqueo de capitales. El resto de actuaciones sospechosas de ambos afecta al club de lucha de Castillo del Romeral, entidad presidida por el propio Pacuco y patrocinada por la constructora Mazotti. Los responsables de las pesquisas consideran que esta relación está vinculada a la adjudicación de obras públicas.

De hecho, buena parte de los expedientes requeridos por el Juzgado se refieren a la compañía de Navarro, que consiguió los primeros trabajos bajo el mandato de Marco Aurelio Pérez. Su edil en Vías y Obras era Guedes, que luego repitió cargo con Concepción Narváez de alcaldesa y con José Juan Santana en Urbanismo. De ahí que esas dos etapas sean analizadas con rigor, pues Mazotti consiguió tres promociones de viviendas por unos diez millones de euros, además de un centro de mayores, una escuela de danza y la urbanización Poblado Cesa. Otro proyecto para edificar casas en Aldea Blanca por valor de cuatro millones fue suspendido por la detención de Navarro y la quiebra de su empresa. De ahí que se espere la citación de los tres ex alcaldes para que aclaren su participación.

La relación de Guedes se extiende a dos funcionarios acusados de cohecho: Antonio Reyes y Antonio Muñiz. Del primero se cree que pudo participar en el reparto de las comisiones, dado que su nombre aparece en las escuchas grabadas por la policía en nueves meses de investigación. Y el segundo se pudo beneficiar de obras ejecutadas en su casa por Hernández Perera SL, empresa familiar que, al parecer, también realizó trabajos en la vivienda de Guedes. Los dueños de esa sociedad están acusados de cohecho y son Antonio Hernández Rodríguez y Antonio Hernández Perera. Además, padre e hijo intentaron sin éxito que el Ayuntamiento autorizara un cambio de uso del campo de fútbol de Aldea Blanca para usarlo como almacén. La operación no prosperó, pero en ella participó Guedes y el propio Muñiz, que en el momento de ser arrestado era secretario accidental de la Corporación.






* La Provincia - M. REYES - SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA - 18 de mayo de 2008
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