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ELPAÍS* : Edificaciones Calpe, perteneciente al grupo constructor Ballester, culminará a finales de este mes las 21 alturas del complejo Gemelos 28 que levanta en el cabo de Punta Llisera, en primera línea de mar, en la popular playa de Levante de Benidorm. Las dos torres se encuentran en una parcela 10.000 metros cuadrados en servidumbre de tránsito y de protección, que Medio Ambiente prevé incorporar al parque natural de Serra Gelada.
El director general de Costas, José Fernández, anunció hace justo un año la intención del Gobierno de expropiar la finca, cuando había terminado la demolición del edificio anterior y las obras del nuevo apenas habían empezado.
El 15 de junio de 2007 el Consejo de Ministros aprobó la declaración de utilidad pública del solar, cuando los trabajos ya estaban en marcha. En febrero de 2008 tuvo lugar el segundo trámite, y se declaró la necesidad de ocupación. El 14 de febrero, cuando la estructura ya llegaba a la mitad, el jefe provincial de Costas, Vicente Martínez, y la notario María Dolores Signes levantaron acta de lo construido para realizar su valoración. Martínez anunció entonces que el ministerio no pagaría lo que se construyera "en adelante", que correría "a cuenta y riesgo del promotor".
La empresa promotora ha continuado los trabajos, al considerar que no tiene ninguna orden judicial de paralización. Un portavoz de Ballester alega que la empresa no puede parar hasta que no se decrete la urgente ocupación de la parcela, momento en el que el Estado debe pagar por el inmueble. "Nosotros tenemos un solar que está a nuestro nombre, una licencia de construcción perfectamente en regla, compromisos con las empresas subcontratadas que tenemos que cumplir y una fecha de entrega con los compradores", indica el portavoz. "No podemos hacer otra cosa que continuar hasta que alguien nos diga lo contrario".
Fuentes de Costas en Alicante admiten que no pueden paralizar las obras y no hay más remedio que esperar a que la tramitación siga su curso. Mientras tanto, el edificio culmina el esqueleto de sus últimas plantas, visible desde toda la bahía de Benidorm.
Desde que se aprobó la utilidad pública de la parcela el grupo inmobiliario suspendió la comercialización de las 168 viviendas, justo cuando había vendido una tercera parte. La promotora devolvió a los propietarios que lo solicitaron (cuatro) el dinero, y paralizó los pagos a cuenta del resto. "Somos los principales perjudicados de esta situación, ya que no podemos parar las obras por los compromisos adquiridos, y tampoco estamos comercializando el producto", indicó el portavoz.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 13/05/2008
Foto: Benidorm (Alicante), proyecto torres Gemelos2 - adn.es
Benidorm: Levantar edificios para el derribo
El quinteto del ladrillo en Ferrol
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ELCORREOGALLEGO* : Quo vadis, ferrolanus? Entre baches conduces y sobre los socavones saltas, de camino a tu casa. El urbanismo ferrolano se encuentra bloqueado debido a los imparables cambios de corporaciones: los ciudadanos no optan precisamente por la continuidad en los gobiernos. Y los proyectos urbanísticos se modifican o tumban en cada cambio de mandato.
Así ocurre con la plaza de España, Recimil, o la rehabilitación del casco histórico. Pasemos por el quinteto del polémico ladrillo en Ferrol.
La ciudad del Noroeste ejemplifica el creciente poder de la construcción y la rehabilitación en la economía. Todo empezó en 2002 con la plaza de España. El gobierno del nacionalista Xaime Bello retiró la estatua ecuestre de Franco y creó un parquin subterráneo de 625 plazas. Pero el siguiente gobierno del popular Juan Juncal decidió cambiar la reforma de la superficie, y alzar un edificio de 21 metros de altura con usos comerciales. Hasta que llegó el bipartito comandado por el socialista Vicente Irisarri. Se paralizó el inmueble con el apoyo de la Xunta, y se redefinió por enésima vez la superficie. ¿Qué nos encontramos ahora por allí? Máquinas paradas, una plaza de cemento y alguna tomatera surgida gracias a alguna afortunada simiente de los desperdicios.
En los demás proyectos, más de lo mismo. El actual equipo PSOE-IU intenta sacar del estancamiento a la ciudad. Ferrol cuenta con su particular barrio de las 1.000 viviendas: el municipal Recimil. Las conocidas como Casas Baratas llevan sus 60 años de vida sin beneficiarse de una reforma en condiciones. En el mandato de Juncal se apostó por la reconstrucción de todos los bloques, con una renovación de la entrada de la ciudad. Pero el nuevo ejecutivo se decanta por la rehabilitación integral. ¿El problema? El proyecto se paraliza una y otra vez antes de cada pleno, ya que falta un acuerdo definitivo entre la concellería de Vivenda y la Xunta de Galicia.
Y el gobierno local aún se tira de los pelos con la actual reurbanización del centro histórico. En el anterior mandato se perdió una subvención autonómica de cinco millones de euros ligada al Plan de A Magdalena, ya que las obras comprometidas no se ejecutaron. Además, la reforma de las calles semeja no tener fin para desesperación de los co- merciantes.
¿La gota que colmó el vaso? Cuando se empezaron a desplomar las casas en ruinas, pese a las reiteradas presiones del Ayuntamiento sobre los misteriosos poli-propietarios. ¿Y el quinto relato de intriga? La no legalización del edificio de un hotel, pese a que su dueño ya lo había echado a andar.
LAS 4 PREGUNTAS
¿Por qué algunos incumplen la ley?
Pese a que las ordenanzas municipales obligan al mantenimiento de los edificios históricos, más de un propietario apuesta por las ruinas. En el caso del hotel ilegalizado, su dueño puso a funcionar el restaurante y el bar sin los permisos necesarios.
¿Cómo se pueden perder las ayudas?
Gran parte de la reurbanización de A Magdalena pudo ejecutarse, y se abandonó al desaprovechar una subvención millonaria. Actualmente, la deuda municipal se establece en 5,8 millones de euros. También volaron los millones en la plaza de España.
¿Se hace caso a las denuncias vecinales?
Escritos ante el Registro del Ayuntamiento e incluso ante la Fiscalía denuncian "a coincidencia de sucesos con lumes e esborallamentos en edificios de Ferrol Vello, A Magdalena e Esteiro". Los vecinos acusan así a los propietarios de las ruinas.
¿Existen partidarios del gran deterioro?
En Esteiro, un antiguo edificio de molinero se encuentra en franco deterioro. Según los vecinos, "o propietario afundiu o tellado e quitou as portas con claras intencións especulativas". Es el mismo dueño del inmueble derrumbado en A Magdalena.
* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA - 11.05.2008
Foto: Plaza de España: eterno centro de las polémicas urbanísticas, un proyecto iniciado en el año 2002/ KIKO DELGADO, elcorreogallego.es
Los Merinos un paradigma de la Calidad de nuestra Democracia
AZZAM QASRAWI* : España se encuentra en peligro de convertirse en un país donde los especuladores urbanísticos sean sus auténticos gobernantes. Les ayudan y apoyan políticos corruptos o incompetentes y les tolera un sistema judicial débil y lento. Esto sólo puede conducir a un total quebrantamiento de la confianza en la Ley, a la corrosión de la democracia y a desastres sociales y medioambientales. Inevitablemente, también llevará a la pérdida de respeto por España y a su credibilidad como democracia europea.
Quizás piense el lector que todo esto no son sino exageraciones sin fundamento, pero ¿lo son?.
Desde el comienzo de la Operación Malaya en Marbella en marzo del pasado año, no hay más que abrir, cualquier día, cualquier periódico nacional para encontrar páginas y páginas dedicadas a casos de corrupción, de proyectos urbanísticos ilegales en los que se encuentran involucrados gobiernos regionales o locales. Meterse en la política local es una forma de enriquecimiento rápido. He de decir que, desgraciadamente, todos los partidos políticos en España se han manchado por estos escándalos.
Lo que más me preocupa es que esta casi-impunidad va acompañada también de una corrupción de nivel bajo que impregna a instituciones, asociaciones y a los medios de comunicación locales. Así mismo, los constructores actúan de forma extremadamente agresiva, intentando asfixiar cualquier tipo de resistencia local a sus proyectos. Por supuesto, todo esto lo justifican usando argumentos como beneficio público, trabajo y desarrollo.
España tiene leyes excelentes para proteger el medio ambiente. Son leyes cada vez más estrictas para frenar el crecimiento urbanístico salvaje y la sombría amenaza del Calentamiento Global. Desgraciadamente, estas leyes son continuamente burladas por los gobiernos locales. Los gobiernos regionales son incapaces o, sencillamente, no tienen ganas de detener las infracciones.
En diciembre del año pasado, Miloon Kothari, experto en temas de vivienda de la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitó España para investigar este fenómeno. Sus conclusiones son acusatorias: Aunque hay tres millones de viviendas vacías en España, ¡el 25% de la población carece de una vivienda digna! Kothari llegó a la conclusión de que las prácticas deshonestas de desarrollos urbanísticos se han convertido en norma y que el caso de corrupción de Marbella es sólo la punta del iceberg. M. Kothari manifestó sus dudas de que las nuevas leyes (aprobadas por los gobiernos central y regionales con el fin de frenar la implacable ola de especulación urbanística) tengan efecto alguno. Llegó incluso a recomendar que el gobierno central pusiera una moratoria inmediata a todo tipo de re calificación de tierra y retirase, si fuera necesario, tales competencias de los gobiernos locales y regionales.
Por si fuera poco, nos encontramos ahora con la siniestra amenaza del Calentamiento Global y sus devastadores efectos sobre España, especialmente a lo largo del litoral mediterráneo. Las conclusiones de un vasto estudio (encargado por el Ministerio de Medio Ambiente) realizado por un grupo de unos cuatrocientos científicos españoles son absolutamente claras. El Calentamiento Global podría llevar a una reducción de las precipitaciones de un 40% para el año 2070, a un aumento de hasta 7 grados en la temperatura media en verano, y a una elevación del nivel del mar de hasta 50 centímetros. Unido todo esto a los escasos recursos hídricos sólo puede conducir a una desertización de zonas cada vez mayores y a pérdidas importantísimas en la industria del turismo, especialmente en las costas.
Los especuladores urbanísticos se han sentido ya atraídos por Ronda y su Serranía. La Costa del Sol se encuentra saturada por sus incontables desarrollos urbanísticos ilegales. A los inversores y constructores no les queda más remedio que desplazarse hacia el interior.
Ronda es un modelo perfecto de lo que ha sucedido en el resto de Andalucía. Ya en 2001, había, según datos oficiales, 1770 viviendas sin ocupar en una población de 36.000 habitantes. Durante los últimos seis años se han construido varios miles de casas y pisos, tanto cercanos al núcleo urbano como lejos del mismo, en tal densidad que con frecuencia carecen de zonas verdes e infraestructuras. Todo esto no ha sido resultado de las necesidades reales de la población local. La mayoría de estas viviendas permanecen vacías. Las parejas jóvenes con ingresos modestos o incluso medios, simplemente no pueden permitirse el acceso a su primera casa debido al aumento astronómico en los precios de la vivienda (173% en los últimos diez años).
En Ronda, un precioso pueblo andaluz con un patrimonio arqueológico, artístico y cultural simplemente impresionante, el mayor proyecto que se quiere llevar a cabo en la zona es también el más controvertido: el Club de Campo & Golf de Ronda. El proyecto consiste en dos campos de golf y uno de prácticas, tres hoteles de lujo, 442 villas en parcelas, 341 viviendas agrupadas en cuatro “pueblos serranos”, un colegio internacional bilingüe, una residencia geriátrica, etc. Todo esto está proyectado para construirse en Los Merinos Norte, una finca de 800 hectáreas situada en una zona declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera, lindando con el Parque Natural Sierra de las Nieves.
En 1995 la Junta de Andalucía aprobó el proyecto inicial presentado por los anteriores propietarios de la finca. Este proyecto estaba sujeto a severas restricciones en cuanto a su alcance y a estrictas medidas para limitar el impacto medioambiental, sobre todo en lo referente al acuífero que subyace en la zona. Estos propietarios abandonaron el proyecto y vendieron la propiedad a los actuales promotores.
Lo primero que se le ocurrió hacer a los nuevos propietarios fue arrancar, entre julio y agosto de 2003, más de un millar de encinas, árboles protegidos en la mayor parte de la Serranía de Ronda. Cuando se detectó el estropicio causado, el Ayuntamiento les impuso una multa de 254.219,67 euros, cantidad que, hasta día de hoy, no ha sido abonada.
El diez de octubre de 2004, poco tiempo después de erigirse alcalde de Ronda, Antonio M. Marín Lara concedió una entrevista al diario El Mundo en la que decía: “No veo claro este proyecto de Montaner. No aceptaré pelotazos urbanísticos de nadie. Seré inflexible en estos asuntos y yo mismo examinaré el proyecto con lupa”.
Curiosamente, Marín Lara dio otra entrevista el 23 de octubre de 2005 al mismo diario en la que su postura respecto al proyecto había cambiado radicalmente. Aunque afirmó que “los campos de golf están sirviendo de jardín de una actividad especulativa” añadió que ¡“Ronda necesita de estos dos proyectos (Los Merinos y La Parchite), pero no más”! Días más tarde, el alcalde aprueba el proyecto de Los Merinos.
En diciembre del pasado año, Ignacio Trillo, Delegado Provincial de la Agencia de Medio Ambiente, objetó la aprobación del proyecto reiterando las restricciones al mismo formuladas por el estudio de impacto medioambiental llevado a cabo en 1995. La limitación más importante hace referencia a que la actuación sobre el terreno no puede afectar a más del 25% de la superficie. El proyecto actual intenta transformar el 69% de la zona, casi triplicando de esta forma los efectos negativos sobre el medio ambiente.
En ese mismo mes, la Agencia Andaluza del Agua también objetó el proyecto en base a que simplemente no es viable a causa de la escasez de recursos hídricos, los cuales son actualmente deficitarios. La Agencia Andaluza del Agua manifestó que el proyecto, junto con los dos millones de metros cúbicos de agua (potable o reciclada) al año que demandan, pondría en alto riesgo el suministro de los pueblos de alrededor, especialmente Cuevas del Becerro y Arriate. Esta cantidad de agua es casi el equivalente de la consumida por toda la ciudad de Ronda.
A pesar de estas dos serias objeciones al proyecto por la Junta de Andalucía, el alcalde de Ronda aprobó definitivamente ( por decreto ) el proyecto en julio de 2006. El solo voto en contra los convenios urbanísticos para suministrar el agua al proyecto, fue el del único concejal de Izquierda Unida (Rafael Ruiz).
Inevitablemente, la aprobación del proyecto ha provocado el inicio de una campaña en contra por parte de muchos ciudadanos de Ronda y su comarca. Un centenar de residentes extranjeros firmaron y enviaron una carta abierta al presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, protestando por la aprobación de un proyecto ilegal y solicitando audiencia para que sus quejas fueran escuchadas. El Presidente Chaves no ha nunca contestado esta carta.
En octubre del año pasado, toda la población de Cuevas del Becerro fue a una huelga general para protestar por la aprobación del proyecto, que tendría peligrosas consecuencias en su suministro de agua.
En Noviembre pasado varios miles de manifestantes marcharon a la finca Los Merinos demandando la re apertura del sendero de largo recorrido GR-7 que enlaza Tarifa con Atenas y que los promotores del proyecto habían cerrado con todo descaro.
Estas protestas hubieron de hacer frente a una respuesta fuertemente agresiva por parte de los promotores. Empleando ingentes cantidades de dinero y apoyados por un batallón de abogados, agentes inmobiliarios, agentes de seguridad, etc. denunciaron o llevaron a juicio a nueve residentes españoles, británicos y alemanes, acusándoles de haber infringido la ley en sus asuntos privados o profesionales. En el caso concreto de tres residentes extranjeros les acusaron por los “crímenes” de calumnia, amenazas, coacción, recibir sobornos, falsificación de documentos y firmas, etc. He de decir que todos los acusados son personas honradas, respetuosas con la ley, que viven y trabajan en Ronda y su comarca. Todas las acusaciones contra ellos están basadas en falsedades. Los jueces han rechazado muchos de los cargos de los acusados pero los promotores continúan hostigando con cuestiones legales a los que se oponen a sus proyectos, siendo causa de ansiedad y afectando a sus vidas privadas y profesionales.
Otra importante protesta contra este proyecto ilegal se llevó a cabo el pasado noviembre. El comité español “Hombre y Biosfera” de la UNESCO, presidido por Javier Castroviejo, publicó un cáustico informe criticando los dos principales proyectos en la comarca de Ronda: el Ascari Race Resort (en Los Merinos Sur) y el proyecto de Los Merinos Norte. El informe llegaba a la conclusión de que estos proyectos son incompatibles con la protección que esta zona debería tener garantizada al ser nombrada Reserva de la Biosfera.
La reacción a este informe fue fulminante. La Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, sin ningún tipo de explicaciones, despidió al presidente del comité, Javier Castroviejo, al vicepresidente, Jesús Vozmediano y a otros miembros del comité. Reacción curiosa de alguien que lleva el cargo de Ministra de Medio Ambiente. ¿Por qué reaccionó de esa forma?
En una entrevista concedida por Castroviejo al diario ABC el pasado enero, el ex - presidente del comité “Hombre y Biosfera” afirmaba que él “sabía que si nos enfrentábamos a proyectos urbanísticos especulativos íbamos a durar poco”. A la pregunta de qué pensaba del hecho de que políticos del PSOE como Luis Solana y Jaime Montaner estuvieran implicados en el proyecto contestó: “¿Qué quiere usted que piense? ¿Vamos a pensar que hacen esto por amor a las razones sublimes de la ética y la moral?.”
En febrero de este año miles de ciudadanos de Ronda y su comarca se manifestaron por las calles de esta ciudad para protestar por la continuidad de las obras ilegales en Los Merinos y contra las tácticas intimidatorias y agresivas adoptadas por la promotora contra toda persona que se atreviera a oponerse a su proyecto.
¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía hasta ahora?
En septiembre de 2006, la Junta de Andalucía llevó el caso al TSJA (Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía) cuestionando la legalidad de la aprobación de este proyecto por parte del alcalde de Ronda. Hasta ahora, el TSJA no ha tomado ninguna resolución.
En febrero pasado, la Junta de Andalucía solicitó al tribunal de Málaga la paralización de las obras que se estaban realizando en Los Merinos hasta que el TSJA decidiese sobre la legalidad o ilegalidad del proyecto. Nada se ha hecho al respecto. Los constructores continúan arrancando árboles y cambiando el paisaje removiendo el frágil suelo.
Finalmente, parece ser que, como respuesta a la presentación de pruebas por parte de Antonio Romero, representante de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz, la fiscal de Málaga investigará las infracciones urbanísticas y medioambientales en que incurre este proyecto.
¿Por qué se permite que continúe esta manifiesta infracción a la ley? La Junta tiene el poder legal y la obligación de parar las obras. ¿Por qué no actúa? Con la excusa de la lentitud de los procesos legales ¿está siguiendo la Junta una política de hechos consumados en este caso concreto?
¿Es política electoralista fría y calculadora? ¿Con qué propósito? ¿Es para que regionalmente la Junta pueda reivindicar que su objetivo es el cumplimiento de la ley mientras que el PSOE local intenta desbloquear esa situación de impasse?
Tenemos derecho a formular la siguiente pregunta: ¿Están los políticos y funcionarios de la Junta de Andalucía protegiendo a los promotores? ¿Por qué se les permite que continúen con las obras? ¿Contestaría el señor Chaves, Presidente de la Junta de Andalucía estas preguntas?
También tenemos todo el derecho a preguntar: ¿Son los políticos en el gobierno nacional los que impiden la paralización de un proyecto ilegal? ¿Contestaría la pregunta el señor Zapatero, jefe del gobierno?
¿Quién es el principal responsable para impedir estas serias infracciones de la ley cuando la Junta de Andalucía se niega a actuar? Indudablemente, serán jueces honestos y valientes quienes impondrán un alto definitivo a estas actividades que amenazan nuestros recursos naturales.
Todos los ciudadanos afectados de Ronda y su comarca aguardan su pronta acción. No deseamos más que la ley en Andalucía se respete y se cumpla.
* Azzam Qasrawi - Miembro de la Asociación Guiris contra los campos de Golf
* Nueva Cultura del Territorio - Coordinadora Ciudadana de Málaga - 8 de mayo de 2008
Almuñécar: El juzgado anula un convenio de tres millones que firmó Benavides en 2004
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IDEAL/Granada* : El Ayuntamiento de Almuñécar pactó una macro operación urbanística en Río Seco a cuenta de un PGOU que aún no existía y vendió el suelo municipal. Unos vecinos recurrieron y la sentencia, que no es firme, ha anulado el acuerdo.
El acuerdo es nulo. El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Granada ha estimado el recurso de unos vecinos contra un convenio urbanístico firmado por el Ayuntamiento de Almuñécar en 2004. El fallo -todavía recurrible- anula el acto impugnado por ser contrario a derecho. La operación que se queda en el aire es de 3.208.483 euros.
Detrás del pleito están los convenios que Juan Carlos Benavides ha venido firmando a lo largo de los últimos años a cuenta de un plan de ordenación (PGOU) que aún no está aprobado y que la Junta -que es quien tiene que darle el visto bueno- ha rechazado en varias ocasiones.
La fórmula era totalmente legal hasta 2005. Lo que hacía el Ayuntamiento era vender por anticipado la bolsa de suelo municipal que se podría generar con el futuro PGOU pero que aún hoy es pura entelequia. Los empresarios pagaron con la condición de que se pudiera construir.
El gobierno municipal consiguió así dinero en efectivo para financiar proyectos, un soplo de oxígeno para un Ayuntamiento que en 2004 refinanció con el Banco de Crédito Local (BCL) una deuda de 16 millones de euros.
El problema surge cuando al final no se pueden cumplir los compromisos adquiridos con los constructores y el Ayuntamiento tiene que devolverles el dinero. En algún caso con intereses.
En los últimos años Benavides ha firmado alrededor de 40 acuerdos de este tipo. Muchos se han hecho por resolución de Alcaldía, sin pasar ni siquiera por el pleno. Según un informe del interventor municipal, fechado en octubre de 2006, el Ayuntamiento había ingresado 3,4 millones de euros. Los compromisos firmados son muy superiores. El PP presentó 26 contenciosos por otros tantos convenios. La mayoría no están prosperando al no ser el partido una parte afectada por los acuerdos. La Fiscalía solicitó información sobre estas operaciones cuando eran una minucia pero acabó archivando las diligencias, ya que que los convenios urbanísticos todavía no han pasado por el filtro definitivo de la Junta y son prácticamente papel mojado.
El primero
Pero acaba de prosperar un recurso, el de unos vecinos contra una macro operación urbanística en Río Seco. El juez anula el convenio firmado el 30 de septiembre de 2004 con una promotora, que después aprobó Juan Carlos Benavides por resolución el 11 de agosto de 2005.
La sentencia recoge que «no consta que el convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno. (...) Las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición». Sí pasó por el pleno un segundo documento pero no «contiene mención alguna a las compensaciones en metálico del aprovechamiento urbanístico de cesión obligatoria que fija el convenio», la venta del diez por ciento que le corresponde al Ayuntamiento cuando se urbaniza un terreno nuevo. Al contrario, se dice que esas parcelas pasarían a formar parte del patrimonio municipal de suelo.
El importe del convenio superaba los 3 millones de euros. En el informe del interventor municipal consta que el Ayuntamiento ingresó 160.425 euros de la misma empresa el 31 de agosto de 2005, días después de cerrarse el acuerdo.
La ex consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, dijo en su día que los convenios que había venido firmando el Ayuntamiento no tenían «ningún valor» para el Gobierno andaluz.
LA SENTENCIA
El fallo: «No costa que el llamado convenio de gestión impugnado fuera sometido a la aprobación del pleno, (...) constituye un acto aprobado en ejecución de un plan no vigente y como tal no cumple las previsiones legales, debiendo declararse su nulidad por tal motivo en relación con el artículo 62.11 pues en virtud de un acto contrario al ordenamiento jurídico, las partes contratantes adquieren facultades o derechos cuando carecen de los requisitos esenciales para su adquisición».
* Ideal - 11.05.08 - Q. CHIRINO Y J. M. DE HARO
Foto: Almuñécar (Granada), vista aérea - J.Rojas (El País)
Pontedeume: Comienzan las demoliciones en la playa de Ber
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LAVOZ/A Coruña* : La Demarcación de Costas en Galicia anunció a primera hora el inicio de la demolición de construcciones en la primera línea de la playa de Ber, en Pontedeume. Durante esta jornada ya ha sido derribado el restaurante Anduriña.
La Delegación del Gobierno en Galicia informó en un comunicado que la demolición se inició con el restaurante Anduriña, una construcción que fue adquirida por el Gobierno, junto con el colindante hotel Marmolito, dentro del Programa de Adquisición de Fincas en el litoral español.
El coste de esta adquisición ascendió a 3 millones de euros, a los que se sumarán los casi 600.000 euros de la demolición, que ejecutará la empresa pública Tragsa.
El Ejecutivo central recuerda que la compra de fincas en la costa es una forma de ensanchar la estrecha franja del dominio público marítimo-terrestre, que sufre la creciente presión urbanística y de usos en el litoral, con el objetivo de recuperar la costa respetando las características meioambientales y paisajísticas de cada zona y facilitando su uso y disfrute por los ciudadanos.
El restaurante Anduriña es un edificio de dos pisos, con planta de 300 metros y fachada de ladrillo y se calcula en 2.000 los metros cúbicos los residuos que generará.
Por su parte, el hotel será demolido después del verano.
* La Voz de Galicia - EFE - 12/5/2008
Foto: Pontedeume (A Coruña), demolición playa de Ber - lavozdegalicia.es
Un colectivo oriolano alerta del deterioro del patrimonio
ELPAÍS/Alicante* : Una decena de vecinos de Orihuela se han puesto manos a la obra para intentar frenar lo que consideran un proceso de alteración y deterioro progresivo del conjunto patrimonial que aún resiste en el centro histórico de la ciudad.
Por ello, a mediados del pasado mes de abril solicitaron por escrito al Consell Valencià de Cultura (CVC), máximo órgano consultivo de la Generalitat en materia cultural, su intervención en apoyo de un conjunto histórico.
Los firmantes se muestran preocupados por la actitud que mantiene el Ayuntamiento de Orihuela, en manos del PP, en relación con los numerosos edificios que conforman el casco histórico de la población, una trama urbana que empezó a dibujarse en el siglo XIII. Los ciudadanos denuncian el "incumplimiento sistemático" del Plan Especial de Ordenación y Protección del Centro Histórico de la ciudad, aprobado en 1994 tras siete años de redacción. Una protección teórica que, lamentan, no ha evitado que el patrimonio histórico de la localidad, en su mayor parte en manos privadas, haya sufrido "agresiones escandalosas".
Los vecinos detallan en la documentación remitida al organismo que preside Santiago Grisolía las situaciones más preocupantes: el derribo, en 2002, del Palacio Ruiz de Villafranca pese a encontrarse dentro del ámbito del plan especial. El solar está junto a una plaza y los vecinos denuncian que el Consistorio pretende aprovechar el suelo para construir una "megaplaza" desvirtuando el trazado histórico de la zona. Sobre este caso, los firmantes adjuntan incluso un dictamen de un colectivo de arquitectos de Alicante que, con argumentos aceptados en el mundo, deja claro que la trama histórica de las calles y plazas no se puede alterar. Otro ejemplo es la demolición interior de la Casa Racionalista del año 1935, tres años después aprovechando un permiso solicitado por sus propietarios para "limpieza de tabiquería y falsos techos y conexión al alcantarillado". Demolición que se paró pero que no ha sido repuesta desde entonces pese a que la Consejería de Cultura ordenó a los propietarios presentar en el plazo de un mes un proyecto de reposición del interior del edificio a su estado previo a las demoliciones.
El documento también denuncia el deterioro de la Torre d'En Vergonyes, que haciendo sin querer honor a su nombre "se encuentra en un estado de deterioro muy acusado".
* ELPAIS.com - ROSA BIOT - Alicante - 12/05/2008
Foto: Orihuela - wikipedia
Los trámites urbanísticos bloquean la administración y obligan a dar una prórroga a los PGOU
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LEVANTE/Valencia* : En un decreto legislativo no es habitual que varias administraciones reconozcan el colapso burocrático que las llevan de cabeza. Ni que se adopten medidas jurídicas con carácter retroactivo. Pero ambas situaciones se producen en un decreto de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, aprobado por el pleno del Consell en abril, que permitirá a 95 ayuntamientos retrasar la tramitación de los planes generales para que no tengan que volver a empezar de cero en la tramitación.
La Generalitat informó de esta prórroga urbanística con carácter retroactivo en una nota de 20 líneas, tras la reunión del pleno del Consell del 11 de abril, sin especificar los ayuntamientos afectados por la medida. Simplemente aseguraron que el nuevo decreto perseguía "facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales de las corporaciones locales y evitar situaciones de perjuicio para los ciudadanos". Fuentes de Medio Ambiente confirmaron a Levante-EMV que en esta situación se encontraban 95 ayuntamientos.
Sin embargo, al publicar el decreto que concede la prórroga para tramitar los planes generales, la Conselleria de Urbanismo ofrece una clarificadora descripción del atasco burocrático que vive la administración (autonómica y municipal) por el cóctel indigesto en el que se han convertido las nueves leyes urbanísticas (estatales y autonómicas) mezcladas con la avalancha de PAI (programas de actuación integrada) que se presentaron entre 2005 y 2006.
Según el decreto firmado por José Ramón García Antón, tres causas han "ralentizado considerablemente la iniciación de la tramitación de los planes generales, y así se ha manifestado por varios ayuntamientos a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mostrando su preocupación al no poder cumplir los plazos" exigidos por ley en la tramitación de los conciertos previos.
El concierto previo es el documento urbanístico en el que un ayuntamiento anuncia la revisión del plan general. En muchos casos se inicia la tramitación porque se impulsa un macroproyecto urbanístico y se quiere encajar en el nuevo plan general. En abril de 2007 la entonces Conselleria de Territorio decidió acotar la vigencia del concierto previo. Una vez se hubiera aprobado este último, los ayuntamientos tenían el plazo de un año para iniciar la tramitación del nuevo plan general. Si no, se entendía que el consistorio desistía por lo que la tramitación quedaba sin efecto y había que volver a empezar.
La actual Conselleria de Urbanismo ha detectado que este plazo es imposible de cumplir, a petición de los ayuntamientos, por tres razones. La primera es que la vigencia de un año que se dio al concierto previo en 2007 se hizo sin "una regulación específica sobre su entrada en vigor y forma de efectuarlo", se asegura en el decreto firmado por García Antón. En las otras dos razones se alega que tanto la nueva Ley de Evaluación Ambiental Estratégica (aprobada por el Gobierno en 2006) como el plan de participación pública que obliga a elaborar el Reglamento del Paisaje "ralentiza considerablemente la iniciación de la tramitación de los planes generales". De ahí que desde el 15 de abril de 2008, los conciertos previos tengan una vigencia de 18 meses. Y con carácter retroactivo.
* Levante-EMV - L. Ballester Beneyto - 12 de mayo de 2008
Foto: el puig. El municipio de l'Horta tramita el concierto previo. En la imagen se ve el monasterio, al fondo, a la izquierda/ mrw-fotografía aérea
Torremolinos reintenta una operación vetada, por la que ya cobró 5,3 millones
ELPAÍS/Málaga* : El Ayuntamiento de Torremolinos ha elaborado un nuevo proyecto de ordenación urbanística de El Pozuelo con el que trata de dar cumplimiento a las exigencias de la Consejería de Medio Ambiente, que en dos ocasiones ha emitido informe contrario para la recalificación del suelo, una parcela de 166.000 metros cuadrados junto a la AP-7.
La cuestión es que el Ayuntamiento de Torremolinos ya recibió hace casi cuatro años 5,3 millones de euros y tres solares valorados en 1,3 millones de Arenal 2001, promotora del empresario cordobés Rafael Gómez, Sandokán, con la que firmó un convenio urbanístico según el cual ésta podría construir unas 750 viviendas.
Para ello se precisaba la recalificación del suelo, que es no urbanizable, y, de no conseguir el visto bueno de la Administración autonómica, el Ayuntamiento tendría que devolver el dinero recibido más la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
La Cámara de Cuentas de Andalucía, que en su informe de fiscalización sobre los patrimonios municipales de suelo dejó constancia de irregularidades en el Ayuntamiento de Torremolinos, ya advirtió de que el consistorio había cobrado y gastado indebidamente el dinero cobrado por este convenio y de las posibles consecuencias negativas que ello podría acarrearle. Los 5,3 millones de euros cobrados anticipadamente suponen el 50% del valor pactado en la operación. El resto debe abonarse en un plazo máximo de 10 días desde que se produzca la aprobación definitiva de la modificación de elemento al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Torremolinos para cambiar el uso del suelo de rústico a urbanizable sectorizado.
El equipo de gobierno que preside Pedro Fernández Montes (PP) llevó al pleno del pasado día 29 de abril una moción de urgencia con un nuevo proyecto para la zona, que contempla una serie de arboledas en taludes para reducir el impacto acústico que produce la carretera AP-7, con la que linda el terreno que se pretende recalificar. En esa misma sesión plenaria, el Ayuntamiento aprobó inicialmente el nuevo PGOU de la ciudad. La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo rechazó en junio de 2006 la recalificación de El Pozuelo porque el informe de impacto ambiental era negativo y consideraba "inviable el uso residencial" por los ruidos de la carretera. Según las mediciones de Medio Ambiente, "aproximadamente más del 90% de la parcela se encuentra afectada por curva isofónica de más de 45 decibelios, nivel sonoro máximo permitido en la normativa vigente para un área de tipo II levemente ruidosa".
Medio Ambiente llegó a emitir hasta dos informes de impacto contrarios al proyecto residencial en El Pozuelo, el segundo tras unas mediciones encargadas a una consultora independiente por el Ayuntamiento que no lograron disminuir el impacto acústico. El proyecto modificado presentado ahora por el Ayuntamiento debe ser sometido a un nuevo informe de impacto ambiental.
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas abrió en marzo un procedimiento por responsabilidad contable contra Torremolinos a petición de la fiscalía especial de este organismo, tras conocer el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Éste recoge que el Ayuntamiento de Torremolinos "no tiene un inventario específico del patrimonio municipal de suelo, no controla los recursos materializados en terrenos y tampoco lleva un control específico de los ingresos derivados de la gestión de su suelo, incumpliendo la Ley Reguladora de Haciendas Locales". Además, el PSOE presentó una denuncia en Fiscalía por el gasto indebido de 16,6 millones de euros que el Ayuntamiento ingresó en 2005 por dos convenios urbanísticos antes incluso de que éstos fueran aprobados por el pleno municipal.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 12/05/2008
Foto: Torremolinos - diariosur.es
Las Teresitas: "Es un 'pelotazo' de libro"
ELPAÍS/Tenerife* : El empresario Ignacio Manuel González Martín compró en 1998 Las Teresitas, un frente playero de 298.000 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife, por 33,1 millones de euros a través de una sociedad creada por su testaferro. Lo pagó íntegramente con el crédito de 33,7 millones que se autoconcedió a su empresa desde su banco, Cajacanarias, cuyo consejo de administración integraba González Martín junto a, entre otros, el alcalde local, Miguel Zerolo (Coalición Canaria).
En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le recompró por 52,7 millones un tercio del suelo que había comprado. Ganó 19,6 millones de euros sobre el precio que pagó por el total del frente playero tres años antes.
El Ayuntamiento ignoró los informes de sus técnicos -daban al suelo comprado un precio tres veces inferior- y, además, regaló a González Martín una plusvalía de otros 90,3 millones por la recalificación del suelo restante para uso residencial. En total, el empresario ganó casi 110 millones sin invertir un euro propio.
"Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable". Así lo refleja un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda.
El promotor, Ignacio Manuel González Martín, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y sus presuntos cómplices empresariales y municipales fueron objeto de querella en 2006 por prevaricación y malversación de caudales por la fiscalía anticorrupción. La IGAE concluye que la operación fue irregular y apunta a los gestores públicos: "Solamente desde muy alto nivel de responsabilidad dentro del Ayuntamiento puede ordenarse a los funcionarios que cometan tal sarta de irregularidades administrativas"; "una muy alta autoridad se encuentra meciendo la cuna para que todas las dificultades que surgen a lo largo del proceso de la tramitación del expediente tengan una rapidísima respuesta". El pelotazo tiene varios capítulos:
- La compra. El 17 de junio de 1998 se registra la empresa compradora, Inversiones Las Teresitas. Uno de los accionistas, Felipe Manuel Armas, cubre su aportación con un cheque que carga a la cuenta de González Martín, consejero de Cajacanarias. Armas es un mero apoderado en sus empresas sin patrimonio propio. Cuando pide un préstamo personal, Armas invoca una nómina de 723 euros.
- El préstamo. Sin embargo, cuando Armas solicita para Inversiones Las Teresitas un crédito de 33,7 millones a Cajacanarias, ve avalada su petición ese mismo día porque la entidad bancaria entiende que él y sus socios son "personas de gran solidez inversora que siempre han demostrado una gran liquidez". El 23 de junio de 1998, el Consejo de Cajacanarias aprueba otorgar a Inversiones Las Teresitas, con un capital de apenas 200.000 euros, el crédito de 33,7 millones, con la "aparente abstención" de Zerolo y con el "voto afirmativo" de González. Al día siguiente se constituye la sociedad. Tres días más tarde, dicho consejero de Cajacanarias se convierte ya sin tapujos en socio de Inversiones Las Teresitas al comprar el paquete accionarial de su testaferro. Al poco, González figurará como administrador.
- Empresa en apuros. En 1998, Inversiones Las Teresitas presentó pérdidas y, según el Banco de España, falseó sus cuentas para ocultar un patrimonio neto negativo. En diciembre de ese año no pudo pagar 415.00 euros de intereses. El Banco de España detectó más "debilidades" del crédito a ciegas: "Escasa capitalización" de la empresa, "que se financiara más del 100% de la compra de las parcelas", "discrepancias en las valoraciones de los solares". Nunca se tasó el suelo hipotecado.
- El Ayuntamiento socorre. Ante la agonía de Inversiones Las Teresitas para atender su crédito, el Ayuntamiento acude al socorro. Y para ello, según la IGAE, trastoca su actuación previa. Si el convenio de 1986 exigía la entrega de parte del suelo de Las Teresitas al Ayuntamiento por compensaciones urbanísticas, en 2001 el Consistorio pasa "de forma directa y brutal a la adquisición de parcelas". "Todo ello firmado y rubricado sin luz y taquígrafos, a espaldas de las instancias pertinentes del Ayuntamiento, de sus funcionarios y de la opinión pública. Y sin justificar, en forma alguna, la adquisición de unas parcelas que quizá ya fueran del Ayuntamiento como consecuencia del convenio de 1986". El Ayuntamiento opta por "una valoración externa que triplica la valoración realizada por el técnico propio". En suma, "el Ayuntamiento, viendo ahogado al promotor que se encubre tras el nombre de Inversiones Las Teresitas, González, acude presto en su socorro para hacer frente al pago de deuda e intereses ante Cajacanarias y de esta forma González, además de obtener 18 millones de euros adicionales, queda enormemente mejorado puesto que las parcelas que no son objeto de la transacción pasan a tener un uso residencial como vivienda", lo que le brinda "no menos de 90,3 millones de plusvalía".
Ambas parcelas, la pública y la privada (vendida a Mapfre por 96 millones), informa Juan Manuel Pardellas, están paralizadas por la justicia ante las irregularidades surgidas. González superó los 110 millones de beneficio. "Y todo ello sin arriesgar un euro de su bolsillo con la ayuda incomparable y extraordinaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife", concluye la IGAE.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 12/05/2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - laprovincia.es
Pontevedra precisa 250 funcionarios para poner orden en el urbanismo
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LAVOZDEGALICIA* : Acabar con el caos urbanístico que sufren las Rías Baixas y, en menor medida, las comarcas interiores requiere poner sobre la mesa importantes medios materiales y humanos. Es la advertencia que dejaron sobre la mesa de las jornadas de urbanismo expertos curtidos en mil batallas jurídicas y políticas con el ladrillo como telón de fondo.
Algunos se han atrevido incluso a dar cifras: la provincia de Pontevedra requiere 250 funcionarios para poner orden en materia urbanística.
El cálculo corresponde al concejal pontevedrés César Mosquera, actual responsable del plan de Pontevedra y del área de Infraestruturas. Solo en la capital de la provincia hay 30 personas dedicadas a disciplina urbanística, gestión y planeamiento (sin incluir obras). De ellas, cuatro son juristas, seis arquitectos y arquitectos técnicos. Hay además, delineantes, auxiliares y administrativos. Vigo precisaría unas 90 personas si se aplica un cálculo proporcional a su población a partir de las cifras de Pontevedra.
El concejal nacionalista y portavoz del BNG en la Diputación reprochó al gobierno que encabeza Rafael Louzán que no haya puesto en marcha un ente para poner orden en la provincia, similar al ORAL, el organismo autónomo que recauda para 52 concellos diversos impuestos y tasas, entre ellos, IBI, vehículos y las cantidades correspondientes a la expedición de licencias urbanísticas.
Desde el gobierno provincial se reconoce la penuria de medios que soportan los concellos. El propio Louzán asegura que algunos ayuntamientos pontevedreses deben conformarse con un aparejador medio día a la semana. De momento, la Diputación se ha limitado a crear una oficina de asesoramiento, dirigida por Encarnación Rivas.
A lo largo de los últimos cien días, 18 concellos efectuaron consultas formales a la oficina sobre todo tipo de cuestiones urbanísticas. Otros diez ayuntamientos lo hicieron por vía telefónica. Más del 50% de las dudas se refieren a la edificabilidad en núcleos, si bien también hay muchas preguntas sobre los planes y el suelo que permite implantar nuevas dotaciones.
Presiones locales
Es pronto, sin embargo, para predecir el desarrollo futuro de esta oficina. A favor de que asuma más competencias puede jugar el deseo de no dejar a los concellos solos ante el peligro. En contra hay otros factores, entre ellos, las presiones locales para no ceder el control urbanístico a un ente centralizado en Pontevedra o las desconfianzas políticas.
Un ente que sirviese a concellos de distintos colores debería tener asegurada su independencia o la participación de todas las fuerzas políticas, máxime si se tiene en cuenta que la Diputación siempre ha sido gobernada por UCD y el PP desde 1979. En contra, juega asimismo el gasto económico que generaría para las arcas provinciales.
* La Voz de Galicia - A. Castroverde - 11.05.2008
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
Vecinos de Marbella creen que el pacto es un 'negocio' para ex ediles del GIL
LAVOZ* : El presidente de la federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara, Alejandro Dogan, cree que el pacto alcanzado entre la Fiscalía y los seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) puede suponer 'todo un negocio que habría que replantearse'. 'Si estar dos años en la cárcel supone resolver mi situación económica y la de mis hijos y nietos, habría que ir pensándoselo'.
El representante vecinal considera que, de esta forma, no se juzgan los procedimientos urbanísticos que hay pendientes y que este hecho supone 'un borrón y cuenta nueva' para imputados que han cerrado el citado acuerdo, como el ex alcalde Julián Muñoz.
La Fiscalía cerró ayer un pacto con seis ex concejales del GIL del Ayuntamiento de Marbella de la Corporación de 1995 a 1999, entre los que se encuentra Muñoz, para que estos ingresen en prisión a cambio de no que no se celebren los juicios urbanísticos en los que están imputados.
El acuerdo establece una sentencia de un año de cárcel por cada procedimiento, con la limitación establecida por la ley de que los condenados cumplirán a lo sumo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga conexión, que en este caso serán tres años.
Además de a Julián Muñoz, el acuerdo, que también incluye una pena de inhabilitación de diez años, afecta a los ex concejales Mario Jiménez, Manuel Calle, Dolores Zurdo, Rafael González y Marisa Alcalá, según las mismas fuentes.
Los ex ediles podrían ingresar en la cárcel en septiembre, una vez que se instrumente el pacto, y para la pena de tres años les computará el tiempo que ya han cumplido en prisión por causas urbanísticas, que supera los doce meses en casi todos los casos.
Por su parte, los ex ediles del GIL de la Corporación municipal marbellí de 1999 a 2003 imputados en causas urbanísticas no se acogieron ayer al pacto propuesto por Fiscalía y la negociación ha quedado aplazada para reanudarse previsiblemente en junio.
* La Voz de Marbella - 10/05/08
Foto: Marbella, protesta vecinal contra corrupción - EFE 31-03-06
Aviso a navegantes: los bancos y el sector del ladrillo quieren meter mano en las pensiones
CHEMA GIL* : Todavía no salgo de mi asombro, del susto, ¡vamos, que me ha dado un pasmo!; resulta que los bancos piden al Gobierno que utilice el fondo que garantiza las pensiones (los diferentes gobiernos han ahorrado 50.000 millones de euros para garantizar el sistema) con el fin de inyectar liquidez en el sector. Vamos, que estos señoritos del ladrillo (unos más que otros) se han estado enriqueciendo a destajo en estos diez últimos años.
Los honrados promotores /constructores /inmobiliarios habrán pagado la fiscalidad correspondiente a sus beneficios (de los constructores que cobran dinero negro no hablaremos), han ganado –como diría el huertano- lo que no está en los escritos, pero, hete aquí, que tanto desarrollismo ha dado al traste como consecuencia de la crisis de las ‘subprime’ en Estados Unidos; como no hay transparencia en el sector bancario, no se sabe muy bien cuántos bancos y cajas (directa o indirectamente) han resultado perjudicados por aquel lío. Como entre ellos no se fían, cuando se prestan dinero mutuamente, al haber un fuerte nivel de desconfianza, se prestan las perricas a un mayor interés; así las cosas, los ciudadanos normales y corrientes ya la tenemos liada, porque esa desconfianza interbancaria repercute en los intereses que pagamos por nuestras hipotecas aquí, en definitiva que la desconfianza entre los bancos la pagamos los ciudadanos, porque ellos, de dejar de ganar una miaja nada de nada, ganan más que nunca y quieren más.
En fin, que los del ladrillo tienen un ‘chocho’ montado de los de aquí no te menees y ahora que no ganan tantas perricas pretenden que -con el dinero del fondo de garantía de la Seguridad Social, es decir de nuestras futuras pensiones- se alivie la situación del sector y por ende de los bancos y cajas, algunos ‘enganchados’ hasta las trancas en la cosa. ¿Será verdad que hay dirigentes de entidades de ahorro que van por la calle que no les llega la camisa al cuello?.
Me parece de una desfachatez absoluta…el Gobierno zapateril de momento les ha hecho un gesto de esos feos, vamos, les ha enseñado el dedito corazón para arriba y les ha dicho que ‘nanay’; pero la cosa sólo acaba de empezar. Los del ladrillo, los que mas han ganado en estos años, en ningún momento han tenido el detalle dar una miaja más de dinero a las arcas públicas, más que las obligadas por Hacienda; en cambio, piden ahora generosidad. ¡Me cago en la leche!, si Zapatero autorizara algo así sería como para salir corriendo a La Moncloa y explicárselo en castizo.
Ayudas directas a las familias, todas; pero darles el dinero de las pensiones a los señoritos de la banca y del ladrillo…sería como para echarse al monte, dejarse patillas, coger un jamelgo, un trabuco, cambiarse de nombre y empezar a dar palos a diestro y siniestro. ¡Joder!, pero que morro tienen algunos.
Recuerdo y copio aquí, con el ‘premiso’ de Diego Ruiz Marín, un manifiesto ‘güertano’ sobre la supuesta Constitución otorgada al ‘Raino del Panocho’, en su artículo trece se ocupaba de las órdenes y honores que deberían existir en ese ‘reino’. Estaba, entre las distinciones, una que era “LA ORDEN CANA DEL TRABUCO’, en las clases de Luis Candelas, El Trempanillo, Sofico y especial ‘Sierra Morena’, pa repartir a porrillo entre grandes financieras y personas que s’edican a hocicar en la gamella, a dar dinero emprestao y a esollar a tó el que pescan, llamándole al interés excremento de la renta”.
Me ‘cagoenbrevas’.
* Vegamedia Press - 09/05/2008
Los expertos recetan a Murcia un decálogo de actuaciones para lograr un urbanismo sostenible
LAVERDAD* : El foro 'La ciudad como solución' se cierra con la idea de «hacer pequeñas intervenciones en pro de grandes transformaciones». ¿Qué modelo de ciudad es el más sostenible? ¿Es que hay alguna ciudad sostenible? ¿Hacia dónde se dirige el urbanismo del siglo XXI? ¿Qué podemos hacer nosotros para vivir mejor en nuestro barrio, en nuestro pueblo y contribuir al desarrollo sostenible?
Estas preguntas y muchas otras han encontrado una respuesta fiel en la cuarta edición del Foro de Urbanismo, organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia y que ha contado con los mayores expertos nacionales e internacionales en este terreno, bajo el título La ciudad como solución.
Según indicó el decano del Colegio, Francisco Camino, el foro, que se clausuró ayer, deja conclusiones importantes que tener en cuenta por los responsables del urbanismo y la arquitectura de la Región de Murcia. La primera de ellas es que «es el momento de pararse a reflexionar. De pensar qué medidas se pueden aplicar en la ciudad para mejorar la vida de sus habitantes. Lo hecho en el pasado, hecho está. Ahora pensemos en el futuro todos. Políticos, empresarios y sociedad civil», aseguró Camino. El decano de los arquitectos se mostró «muy contento» por la «implicación que han demostrado en el foro el consejero José Ballesta, el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y el presidente Ramón Luis Valcárcel. Han adquirido compromisos y nos han apoyado a continuar estos debates y eso es enormemente positivo».
Durante los tres días que ha durado este intenso intercambio de conocimiento y experiencias, los diferentes expertos han ido mostrando medidas adoptadas en otros lugares para mejorar las condiciones de vida de la gente, «algunas muy curiosas y muy sencillas con las que se consiguen grandes resultados. Pero ahora le toca a esta Región pararse a pensar qué medidas se deben aplicar aquí». Para Camino, «hay que tener en cuenta que la crisis que tenemos encima no es sólo económica. Es también una crisis de valores que va a conseguir un cambio total en la manera de enfocar nuestras profesiones, en la manera de desarrollar social y económicamente una ciudad. Hay que adoptar medidas sostenibles económica y socialmente».
Asimismo, el decano del Colegio de Arquitectos incidió en que «no sólo se han planteado cuestiones físicas o técnicas. En este foro ha jugado un papel muy importante la cuestión de las relaciones sociales, de la comunicación. El contacto entre personas, entre vecinos, es fundamental en la construcción de una ciudad sostenible». Precisamente, ese fue uno de los argumentos principales empleados por Lucien Kroll en la conferencia con la que el arquitecto belga clausuró la cuarta edición del foro. Y que cumpla muchas más.
Arquitectos murcianos y foráneos han elaborado un decálogo final que pretende dar las líneas maestras de cómo debe estructurarse el urbanismo en Murcia desde ahora:
Murcia es un sistema urbano multicultural que demanda políticas urbanas multiculturales, estrategias de integración y medidas de adaptación a esta nueva realidad.
El futuro de Murcia es metropolitano, y con esa referencia debieran empezar a constituirse las estructuras que articulen y gestionen un amplio territorio de referencia: Murcia, Alcantarilla, Molina, Las Torres...
El gran elemento estructurador del espacio metropolitano es el río Segura que, resueltas las amenazas de inundación y los problemas de contaminación, debiera convertirse en el gran eje verde de la ciudad.
La huerta es una parte clave del sistema urbano que nada tiene que ver con su condición productiva inicial. El reconocimiento de esta realidad debe incidir en una nueva visión y ordenación del espacio.
La ciudad y el entorno metropolitano están llenos de vacíos programáticos que permiten imaginar estrategias de ocupación temporal.
Los espacios verdes no deben ajustarse a un solo modelo de diseño, sino que debieran ser una suerte de catálogo de programas, ofertas y actividades que impulsen la intensidad y la diversidad de la vida urbana.
En la gestión del espacio público se debe impulsar la actividad ciudadana libre, diversa y espontánea, frente al deseo identificarlo de orientarlo a una exclusiva función circulatoria.
Al modelo de ciudad le ha salido una competencia exterior que se aprovecha de sus debilidades. La ciudad requiere una estrategia comercial de difusión de sus cualidades.
El transporte público hoy es el autobús, a la espera del desarrollo efectivo del tranvía, que requiere un enorme refuerzo de medidas de circulación para asegurar tiempos competitivos.
Los concursos tradicionales de arquitectura se proponen como el sistema más eficaz para alcanzar los objetivos de diversidad, calidad y mejora que los ciudadanos demandan.
* La Verdad - DANIEL VIDAL - 10.05.2008
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
Un constructor arrasa una necrópolis islámica al llegar tarde la orden de paralizar las obras
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LEVANTE/Valencia* : Las extracciones de tierra y los palazos de las máquinas en el solar del antiguo cine de Sumacàrcer han acabado con parte de una antigua necrópolis islámica, que había permanecido enterrada durante varios siglos. Las excavaciones para levantar un bloque de pisos han desenterrado una necrópolis que podría tener más de seis siglos de antigüedad y cuya ubicación exacta se desconocía.
El ayuntamiento, a instancias del área de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, ha ordenado al promotor la paralización cautelar de las obras, con el fin de que se estudien los restos humanos de gran relevancia histórica y cultural.
La alcaldesa de Sumacàrcer, Chelo Pons, explicó que el solar en el que, debido al corte transversal de la tierra ahora han quedado al descubierto diversos huesos humanos tapados con tejas -siguiendo los rituales funerarios de la época islámica-, no había realizado ninguna prospección arqueológica. Pese a ello, cuando las máquinas dieron con los restos humanos, las obras prosiguieron y los encargados de las obras no comunicaron el hallazgo hasta que, previa indicación de la Guardia Civil, la Conselleria de Cultura ordenó al consistorio de Sumacàrcer que debía decretar la paralización cautelar de las obras del solar afectado. El pasado martes la alcaldesa del municipio emitió esta orden.
La primera edil explicó que se sabía que en Sumacàrcer hubo una antigua alquería islámica, pero se desconocía que donde se han hallado los huesos pudiera haber restos arqueológicos.
Otro posible yacimiento
A raíz de este descubrimiento y para garantizar la preservación de futuros hallazgos, el ayuntamiento también advirtió esta misma semana al dueño de un solar próximo donde también se van a construir otro inmueble que puede haber un yacimiento en el subsuelo, por lo que deberá adoptar las medidas oportunas.
Esqueletos ocultos más de seis siglos
A falta de un minucioso estudio , no cabe duda de que se trata de un yacimiento islámico. Así lo deducen diversos expertos consultados por este diario, dada la orientación de los cuerpos hacia la Meca y el hecho de que estén cubiertos con tejas, dos costumbres de la cultura funeraria islámica. Sumacàrcer fue una antigua alquería islámica. La mezquita estaba situada «cerca de la actual iglesia» y la necrópolis estaba en las proximidades de este centro religioso, como corresponde a la calle Arabia Saudí donde han localizado los restos, tal y como indicó el historiador local Vicente Pons, autor de un libro sobre el señorío de Sumacàrcer en la baja Edad Media. En opinión de Pons, es probable que los huesos encontrados sean posteriores a la reconquista cristiana y datar del siglo XIV o XV, cuando Sumacàrcer los musulmanes siguieron residiendo en la localidad, aunque bajo dominio cristiano.
* Levante-EMV - Mª José Villalba, Alzira - 10.05.2008
Foto: patrimonio destrozado. Solar del antiguo cine excavado para construir una finca y detalles de huesos esparcidos/ vicent m. pastor, levante-emv.com
Advertidos casi 40 concellos por no planificar sus necesidades eléctricas
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LAVOZ* : Galicia exporta un tercio de la electricidad que produce. Por ello, en principio no debería tener problemas de abastecimiento, pero los tiene. El crecimiento urbanístico registrado en toda la comunidad, pero en especial en la costa, está haciendo que en algunas zonas las posibilidades de abastecimiento de electricidad estén muy cerca de llegar al límite.
Ribadeo, Ares, Carral, Moaña o Barreiros, entre otras localidades, ven cómo las subestaciones eléctricas en las que se transforma la alta tensión para su consumo doméstico e industrial ya no dan para más. En A Mariña lucense incluso se estima que en municipios como Ribadeo solo hay posibilidad de atender a uno o dos nuevos edificios.
La falta de planificación urbanística y el hasta ahora continuado bum del ladrillo se señalan desde la Administración, empresas distribuidoras y promotores inmobiliarios como la causa de la situación límite a la que se suman cada vez más municipios. Ese hecho ha motivado que el control sobre la planificación del servicio eléctrico esté generando advertencias por parte de la Administración gallega de Urbanismo a la mitad de los ayuntamientos que revisan o están llevando a cabo planes generales de ordenación urbana.
Defectos en la mitad
De los 77 planes remitidos en sus diversas fases a la Xunta, Política Territorial ha detectado deficiencias respecto a las conducciones y suministro eléctrico en 38 de ellos. En treinta municipios (A Estrada, Marín, Nigrán, Monforte, Ribadeo, Betanzos o Santiago, entre los de más población), Urbanismo detecta que se pretende invadir con zonas de expansión urbana espacios cruzados por alta tensión, o no se especifica su existencia, con los problemas posteriores que dichas circunstancias pueden causar.
Pero aunque en menor número, más sangrante resulta el aviso dado a los ayuntamientos que no coordinan su previsión de crecimiento urbano con los servicios que la nueva población requerirá en el futuro, y que está causando los actuales problemas de infraestructura eléctrica cada vez a más municipios.
Vigo, Santiago, Tui, Vilar de Barrio, Barreiros, Esgos, Boborás, Oleiros y, esta misma semana, Moaña han sido advertidos de que en algunas zonas de sus municipios o en el crecimiento total previsto no está planificado correctamente o no se hace mención a las subestaciones y transformadores que harán falta para servir a las nuevas viviendas planificadas.
Claros ejemplos
A modo de ejemplo, las objeciones señaladas por Urbanismo apuntan a tres tipos de deficiencias en la planificación de dicho servicio.
Vigo: «Terreos que se clasifican como solo urbano non contan con servicios de subministro de enerxía eléctrica». Santiago: «Nuns casos clasifícanse como solo urbano bolsas de solo que non queda acreditado que dispoñan de acceso rodado ou subministro eléctrico». Tui: «No solo urbanizable delimitado non se determinan os trazados das redes fundamentais de abastecemento de enerxía eléctrica e as previsións das obras necesarias para a ampliación e o reforzo do sistema para asegurar o seu correcto funcionamento».
El caso de Moaña ha sido el último en volver a encender la luz de alarma, y después de años de negociaciones y rechazo vecinal y político a la ubicación de una nueva subestación, el plan general que se acaba de rechazar dice que el municipio «dispón de potencia suficiente para abastecer o consumo doméstico e industrial», mientras que una resolución del gobierno local declaraba que «o reforzo da rede de subministro eléctrico é unha das necesidades prioritarias do Concello».
* La Voz de Galicia - Carlos Punzón - 10.05.2008
Foto: En lugares como Moaña las subestaciones se quedan pequeñas para atender las nuevas edificaciones - XOÁN CARLOS GIL, lavozdegalicia.es
La jueza llama a declarar a otras 15 personas imputadas en la trama urbanística de Zurgena
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IDEAL/Almería* : Hay políticos, arquitectos, promotores y dueños de inmobiliarias entre ellos. Las investigaciones policiales y judiciales para aclarar la presunta trama urbanística de Zurgena, donde se cuestiona la legalidad de un millar de viviendas construidas sobre suelos rústicos continúa abierta.
A pesar de que el trabajo de los tres agentes del Equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil se ha cuestionado desde distintos ámbitos, las diligencias siguen marchando y la lista de imputados aumenta.
En las dos próximas semanas están llamadas a declarar por la jueza que instruye la 'Operación Costurero', Pilar Alfonso Rodríguez, en calidad de imputadas, otras 15 personas que han tenido relación con el urbanismo zurgenero. Entre ellos hay políticos de todas las formaciones -PA, PSOE e PP-, arquitectos, promotores, constructores y dueños de inmobiliarias.
Entre los políticos están José Juan Sánchez, concejal del PP en el anterior mandato del Ayuntamiento de Zurgena; José Antonio Ramos, cabeza de lista del PSOE de Zurgena en el anterior mandato; al que se unen sus compañeros de partido, Juan Morales y Pedro Soto -propietario, a su vez, de una inmobiliaria en Garrucha-; Emilia Jiménez Pérez, concejal del PA; y Miguel Marín Ramos, que fue concejal por el PA en la anterior corporación municipal y que se presentó por el PP en las pasadas elecciones de 2007. Todos ellos votaron en los plenos de Zurgena para aprobar las licencias urbanísticas que se concedían en suelos rústicos.
Asimismo, Pilar Alfonso tomará declaración, también como imputado, a José Díaz, socio de uno de los principales bruñidores de la trama -según el sumario-, Tomás Zurano, que se encuentra en libertad con cargos. Díaz comparte la promotora 'Dizu' con Zurano, de hecho, el nombre de esta empresa responde a un acrónimo realizado con los apellidos de los dos presuntos implicados. Junto a ellos aparecen por primera vez los hermanos Francisco y José María Nortes Rabasco, promotores murcianos que decidieron invertir en Zurgena cuando empezó el 'boom' del ladrillo, también imputados.
Por otro lado, cabe destacar que según ha podido saber IDEAL el sumario de la 'Operación Costurero' consta ya de 36 carpetas, en la que están justificadas todas las imputaciones y que contienen todas las pruebas, como los famosos pagarés del edil de Urbanismo.
DECLARACIONES
F 15 de mayo: Tendrán que declarar como imputados Francisco Nortes Rabasco, José María Nortes Rabasco, Faustino Mellado Blesa y Adoración Gómez Fábrega.
F 16 de mayo: Están llamados a declarar como imputados José Juan Sánchez, José Antonio Ramos Muñoz, Juan Morales Díaz, Pedro María Soto Carrillo y José María García Ramírez.
F 20 de mayo: Tendrán que declarar como imputados José Miguel Díaz Navarro, Juan José Galera Román, Emilia Jesús Jiménez Pérez, Miguel Marín Ramos, José Sánchez Sánchez y Fernando Jiménez Rodríguez.
* Ideal - 11.05.08 -ÁFRICA MATEO
Foto: Zurgena (Almería) - teleprensa.net
La ley de costas amenaza a casas y amarres de Roses
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ELPERIÓDICO/Girona* : Los vecinos de Santa Margarida, urbanización del municipio de Roses, están en pie de guerra. La decisión del Ministerio de Medio Ambiente de iniciar un expediente para delimitar el espacio de dominio público marítimo-terrestre de los canales de la marina de esta urbanización ha desencadenado la indignación popular.
Y es que este trámite administrativo tiene una gran repercusión sobre las propiedades de unas 2.500 personas, muchas de ellas extranjeras.
Cerca de 400 afectados se reunieron ayer en la bocana del puerto para asistir al denominado acto de apeo del deslinde dirigido por técnicos del servicio provincial de Costas. En la reunión se vivieron momentos de tensión cuando los congregados increparon a los representantes ministeriales durante la lectura del acta, en la que se hizo constar la disconformidad de los propietarios.
El deslinde convierte en papel mojado las escrituras de propiedad de los amarres, que pasan a ser una concesión del Estado. También provocará una devaluación de las fincas colindantes con los canales, ya que la ley de costas establece una franja de servidumbre de 6 metros desde el agua al interior de las parcelas. El resultado es que muchos vecinos ven ahora cómo esta línea imaginaria cruza su jardín o su comedor.
SERVIDUMBRE
Los propietarios dicen que la ley de costas no es aplicable en Santa Margarida, ya que se trata de una antigua laguna que se abrió al mar con una concesión administrativa de 1971 y, por lo tanto, debe considerarse una zona de aguas continentales. Por el contrario, el ministerio y la Generalitat coinciden en que la normativa actual establece que los canales interiores, así como los espacios que se excavaron posteriormente en la urbanización para construir nuevos amarres, pasaron a formar parte de la delimitación marítimo-terrestre desde el momento en que fueron conectados con el mar.
"Si esto es así, ¿por qué notarios y registradores de la propiedad no han hecho constar las afectaciones en las escrituras de compraventa?", replican los vecinos. "¿Por qué se ha cobrado el impuesto de bienes inmuebles y los permisos de obras, si la titularidad de la franja de servidumbre es pública? ¿Qué podrá hacerse ahora y qué no en las propiedades afectadas?", preguntaban.
Ayer, los técnicos del ministerio no eran capaces de despejar estas incógnitas. La única respuesta clara la ofreció la alcaldesa de Roses, Magda Casamitjana, que expresó su desacuerdo con el expediente de delimitación y afirmó: "Iremos hasta donde haga falta para que los afectados no pierdan sus propiedades".
* El Periódico - FERRAN COSCULLUELA - 9/5/2008
Foto: Técnicos de Costas explican detalles del plan a los vecinos, ayer/ JOAN CASTRO, elperiodico.com
Julián Muñoz deberá responder en 40 juicios fuera del pacto con el fiscal
ELPAÍS* : Los asuntos urbanísticos no son el único motivo por el que el ex alcalde de Marbella Julían Muñoz tiene abiertos procedimientos judiciales. A pesar de que el ex edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) acaba de acogerse a un pacto con la fiscalía con el que se evita cerca de 70 juicios por conceder licencias de obra ilegales a cambio de tres años de cárcel, en los juzgados todavía le esperan más de 40 causas no relacionadas con la prevaricación urbanística, única modalidad delictiva a la que se podía aplicar este pacto.
Sólo en los juzgados de instrucción de Marbella, el ex alcalde marbellí aparece como imputado en 38 ocasiones, entre diligencias previas y procedimientos abreviados. En estas causas se le vincula a supuestos delitos de malversación de caudales, prevaricación, falsedad, desobediendia, fraude o impedimiento de ejercicio de los derechos cívicos, entre otros.
Además de esta hilera de procedimientos, muchos de ellos prácticamente desconocidos, Muñoz tiene pendiente su implicación en el núcleo central del caso Malaya -por el que se le ha estimado una responsabilidad civil de 400.000 euros y se encuentra en libertad bajo fianza-, y dos piezas separadas de la gran operación contra la corrupción en Marbella. En la primera está acusado de blanqueo de capitales junto a su actual compañera sentimental, la cantante Isabel Pantoja, y en la segunda, aparece imputado junto al ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca y la ex alcaldesa Marisol Yagüe, por dos operaciones urbanísticas en las que se estima una posible malversación de caudales.
En febrero, un procedimiento en manos del Tribunal de Cuentas, acordó embargarle dos fincas en Ávila. El órgano fiscalizador del dinero público estudia un presunto alcance contable por importe inicial de 17,4 millones generado a las arcas municipales entre 2000 y 2001.
Una de las causas judiciales más antiguas que se le conocen a Julián Muñoz se remonta a 2003. Por aquella fecha, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el fallecido alcalde Jesús Gil y otras 34 personas, todas concejales del GIL, por una presunta deuda de 90 millones de euros en la Seguridad Social. El caso, instruido en la Audiencia Nacional, se bautizó Tribunal de Cuentas, ya que estaba basado en un informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y de las sociedades mercantiles participadas realizado entre 1991 y 2001. Entre los querellados estaba Julián Muñoz, que un año después, en 2004, resultó implicado en el caso Monteverde, también instruido en la Audiencia Nacional, por un un presunto desvío de 42 millones de euros de las arcas municipales. A finales del año pasado, el Ayuntamiento de Marbella decidió personarse con carácter de urgencia en el caso en el que se investiga el pago de más de 70 proyectos firmados por el arquitecto Carlos Monteverde que no llegaron a ejecutarse o eran simples copias de otros construidos en diferentes ciudades. El caso, en fase de diligencias previas, lleva "demasiado tiempo parado", según fuentes municipales
Otro de los casos más conocidos, sobre los que tendrá que rendir cuentas Muñoz está relacionado con las minutas del abogado y presidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido. La querella, interpuesta en 2006 por la Fiscalía Anticorrupción, aborda las irregularidades en los encargos del Ayuntamiento de Marbella entre los años 2000 y 2001 a los servicios de asistencia jurídica del abogado, quien facturó en ese período más de tres millones de euros.
El caso cayó en manos del juzgado de instrucción número 1 de Marbella, donde también se tramita otra causa en la que comparte imputación con el presunto cerebro de la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, José Antonio Roca, y el tasador José Mora. Se les atribuyen irregularidades en los convenios sobre permutas y tasación de terrenos con un perjuicio patrimonial a las arcas del Consistorio en 136 millones de euros.
Principales causas pendientes
- Caso Monteverde. La Audiencia Nacional investiga la fuga de 42 millones de euros de arcas municipales marbellíes a través del pago de proyectos arquitectónicos que no se ejecutaron o que eran simples copias de otros realizados en otras ciudades.
- Minutas de Del Nido. Querella de la Fiscalía Anticorrupción en manos del juzgado número 1 de Marbella. Se refiere a las irregularidades en los trabajos de asesoramiento legal que prestó José María del Nido y que fueron pagados por el Ayuntamiento de Marbella entre los años 2000 y 2001. Del Nido, imputado junto a Julián Muñoz, facturó 3,1 millones de euros en total.
- Caso Malaya. Macroproceso en el que el ex regidor Julián Muñoz está acusado de cohecho y malversación. Está imputado además en dos piezas separadas, una de ellas por blanqueo de capitales y la otra por dos operaciones urbanísticas.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 10/05/2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Ladrillo: El tinglado de la farsa
RAFAEL TORRES* : En los últimos diez años, inmobiliarias, constructores, agencias y promotoras (también políticos corruptos) se han forrado con el ladrillo, pero esos beneficios desmesurados no han servido para reforzar el sector y salvaguardarlo en tiempos de crisis, sino para todo lo contrario. Las quiebras, despidos masivos y suspensiones de pagos en los negocios del ramo se suceden a velocidad escandalosa, pero es que aquellos beneficios no se usaron para consolidar y reinvertir, sino para que los empresarios, buena parte de ellos, se los metieran en el bolsillo y, eventualmente, para ponerlos a buen recaudo en algún paraiso fiscal del extranjero.
O dicho de otro modo: las ganancias del ladrillo se las han quedado los particulares, en tanto que las pérdidas, el lucro cesante más bien, han ido a parar a sus empresas. El colmo de semejante conducta antisocial es, con todo, la pretensión de esos mismos empresarios de que el Estado les socorra (¿?) con dinero público.
Cuando un bien tangible, sujeto por tanto a la lógica del mercado a la de su relación con otros bienes, se convierte en un bien especulativo, el absurdo, la incongruencia y la opacidad se apoderan de él, pero cuando ese bien ya irreal y especular se convierte en el eje o en el motor de una economía nacional, entonces sobreviene el desastre. El desastre, claro, para la nación, que no para los tiburones del dinero que han movido los hilos de la farsa (con la complacencia, por cierto, del Estado) y que hoy, cuando el timo ya no da para más, cuantan los miles de millones ganados hasta que, aburridos ante tanto fajo, dejan de contar.
Al otro lado de esos despachos, de esas mansiones, de esos yates y de esos clubs, a la intemperie, los pringados, los figurantes, esto es, los trabajadores y las personas decentes, que algunas quedan, se ven sin trabajo, sin futuro y adeudados hasta las orejas. En eso consiste, por lo demás, el capitalismo cuando no hay gendarmes (políticos virtuosos) que vigilen, siquiera, sus sobreexcesos.
* Información - Opinión - 10 de mayo de 2008
Gecen dice que la protección del paisaje de Orpesa se supedita a los intereses urbanísticos
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LEVANTE/Castelló* : El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) ha denunciado, a través de un comunicado, que el estudio de integración paisajística que se está elaborando en Orpesa con motivo de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no siguen criterios científicos.
En opinión de la asociación "hay una clara prevaricación por parte de los técnicos redactores cuyo trabajo se ve condicionado por los intereses urbanísticos". Actualmente, el estudio se encuentra en la fase de exposición pública.
Los ecologistas apuntan que se están siguiendo directrices "urbanísticas ajenas a la realidad paisajística y medioambiental". Es más, añaden que "no se entiende cómo una unidad paisajística acaba donde empieza un PAI cunado los valores paisajísticos son los mismos". "De hecho, el Mapa Geocientífico de la Provincia de Castelló define el valor de las unidades paisajísticas, que para nada coinciden con los PAI", explican desde el grupo.
El PGOU será "nefasto"
Para el Gecen, el nuevo plan general será "nefasto" a nivel paisajístico y ambiental "por la urbanización de espacios con alto valor medioambiental". Por ejemplo, "califica espacios naturales de alto valor paisajístico y medioambiental, como es Torre de Bellver, de urbanos".
El grupo ecologista dice que una manera de poder compatibilizar los intereses del ciudadano con los del ayuntamiento sería "anteponiendo el interés general al privado, es decir, los espacios naturales frente a la urbanización con fines lucrativos".
Por último, el Gecen considera el plan de participación ciudadana que ha puesto en marcha el consistorio "como un mero trámite burocrático y que desde luego, a las expectativas a las que va a responder, ya están escritas y redactadas". "No se derivará, por tanto, ninguna actuación en positivo ni responderá a ninguna expectativa que no esté ya premeditada. Por ejemplo, ningún PAI se eliminará", concluyen.
* Levante-EMV - Nerea Soriano, Castelló - 10 de mayo de 2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón) - navymar.com
