ELCONFIDENCIAL* : El escándalo de la Fundación Emilio Álvarez Gallego ha terminado por salpicar a la Junta de Castilla y León. Si los afectados acusaron primero al Arzobispado de Valladolid de especular con el patrimonio inmobiliario de esta institución de ayuda a discapacitados, que administra la propia diócesis, ahora sus ataques se dirigen contra la Consejería de Interior y Justicia.
Los damnificados denuncian la total inacción del Protectorado de Fundaciones, órgano dependiente de la Junta, ante la venta del subsuelo de la fundación a la compañía Promociones Parkosa. Un solar de 5.300 metros cuadrados, en pleno casco histórico de Valladolid, que la diócesis de Braulio Rodríguez vendió supuestamente por menos de la mitad de su valor real, tal y como informó este diario.
“Pese a conocer la ilicitud penal, la Junta no presentó ninguna denuncia ante la Fiscalía. Debemos preguntarnos por qué el Protectorado de Fundaciones, que debe velar por el cumplimiento de los fines fundacionales y está legitimado para cesar a los patronos, no investigó ninguna de las demandas que presentamos”, dice Julia Álvarez Arregui, sobrina del sacerdote que creó la Fundación.
También la Federación de Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) ha reaccionado ante la pasividad del Protectorado. La asociación ha interpuesto una denuncia ante la Junta en la que solicita la inmediata intervención del organismo por presunta gestión irregular. Su objetivo, según fuentes próximas, es intentar impugnar a los patronos, todos ellos miembros del Arzobispado.
No obstante, fuentes de la Consejería de Interior y Justicia señalan a este diario que la Junta no ha recibido notificación de que haya un proceso judicial abierto. “Se considera que la Junta ha actuado con total transparencia y ha facilitado toda la documentación a quienes tenían derecho a acceder a ella”, afirman. Con ello, reiteran lo dicho por la directora de la Gerencia Regional de Justicia, María Felisa Herrero, en una reciente comparecencia sobre la Fundación, solicitada por el Grupo Socialista. En ella, Herrero destacó la "absoluta transparencia" de la Junta en este asunto y reiteró el "no intervencionismo" de la Administración regional.
Al respecto, Arregui asegura que entre la documentación que el Protectorado envió al Grupo Socialista no estaban las denuncias contra el Arzbispado. Sí había, sin embargo, un informe de tasación solicitado por la diócesis, que fija el valor de los terrenos de la Fundación en seis millones de euros. Es menos de la mitad del valor que les otorgó un informe de tasación anterior, encargado por los demandantes. Se da la circunstancia de que los dos informes son obra del mismo arquitecto técnico.
* El Confidencial - Ángel Martínez.- 07/05/2008
Foto: Valladolid, plaza mayor - wikipedia.org
Los pleitos del Arzobispado de Valladolid salpican a la Junta de Castilla y León
La Fiscalía pide 5 años de prisión para Hidalgo, 4 para Massot y rebaja a 4 meses la petición para Gibert
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DIARIODEMALLORCA* : El Ministerio Fiscal, en sus conclusiones definitivas, solicitó hoy un total de cinco años de prisión para el ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, cuatro años de cárcel para el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, mantiene un año prisión para el ex letrado municipal, Ignacio Mir, y reduce la petición inicial de pena del ex celador de Obras, Jaume Gibert, de seis a cuatro meses de prisión por su colaboración con la justicia.
Así se desprende del escrito del fiscal Joan Carrau, en el que se contempla la rebaja de la petición inicial de pena para Hidalgo, que pasa de los seis años que se solicitaban al inicio del proceso a los cinco que se piden ahora por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. Sobre el ex alcalde se ha retirado la acusación por un delito de falsedad.
Respecto a Massot, la petición de pena de prisión se ha duplicado, ya que al inicio del proceso la Fiscalía le acusaba de un delito de prevaricación por el que pedía dos años, mientras que en las conclusiones finales la acusación pública le imputa también un delito contra la ordenación del territorio, por el que solicita otros dos años de cárcel.
Por tanto, la petición final para el ex alto cargo sería de cuatro años de cárcel por los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, que en caso de ser firmes en la sentencia le obligarían a entrar en prisión. Mientras, para el letrado municipal, Ignacio Mir, la Fiscalía solicita la misma pena que al inicio, de un año, por un delito de prevaricación urbanística.
La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado la petición de pena para Jaume Gibert, para el que inicialmente se solicitaban seis años de cárcel. La acusación pública pide ahora cuatro meses de prisión por un delito contra la ordenación del territorio, una rebaja sustancial ya que su colaboración con la justicia ha actuado como circunstancia atenuante.
MULTAS PARA TODOS
Acompañadas a las peticiones de prisión, también se solicitan cuantiosas multas e inhabilitaciones. Así, para Hidalgo se pide inhabilitación especial por diez años y una multa diaria de 100 euros durante 20 meses.
En relación al ex director general de Ordenación del Territorio, la Fiscalía solicita una inhabilitación especial de diez años y una multa de cien euros al día durante 20 meses, mientras que para el ex letrado municipal se pide una inhabilitación de diez años y para el ex celador una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros, con inhabilitación durante 18 meses.
Asimismo, el fiscal solicita la demolición por parte de Hidalgo de la nave que fue ilegalmente construida y, en caso de que no lo haga, de manera subsidiaria solicita que lo realicen Massot o Gibert. La conclusiones finales de la acusación particular en representación del Ayuntamiento de Andratx y la defensa del policía local, Joan Ensenyat y de la edil de UM en el Consistorio, Isabel Alemany, solicita las mismas penas que el Ministerio Fiscal.
En estas conclusiones, la Fiscalía acusa a Massot de haber emitido el informe favorable a la licencia ilegal de construcción y señala que realizó actos de "colaboración imprescindible" y aconsejó al ex edil sobre cómo solicitar la licencia, a sabiendas de que Hidalgo no se iba a dedicar a la agricultura y de que ésta licencia era ilegal.
Sobre Hidalgo, la Fiscalía manifiesta que ya sabía que en el terreno que iba a comprar sabía que no podía construir, señalando que aprovechó su condición de alcalde para conseguir "que ningún vecino ni funcionario municipal pudiera oponerse a su proyecto de construcción de vivienda ilegal y que guardaran silencio sobre ello por miedo a represalias".
En relación a Mir, la Fiscalía le acusa de haber emitido un informe favorable a la concesión de la licencia, mientras que en relación a Gibert, el Fiscal deja patente que la construcción se concluyera "por temor a una reacción del alcalde". También se refleja que en febrero de este año, Gibert confesó ante la justicia su intervención en diversos delitos facilitando información sobre los mismos.
LIBRE ABOSLUCIÓN
Por su parte, todas las defensas de los acusados han solicitado la libra absolución de sus clientes, excepto el abogado de Gibert, Juan Luis Matas, quien se ha mostrado conforme con las peticiones de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, en representación del Ayuntamiento de Andratx y de los particulares Joan Ensenyat -policía local-- e Isabel Alemany --edil de UM en el Consistorio--.
Está previsto que mañana finalice el juicio sobre esta pieza, la número 56, que trata de esclarecer la construcción de un chalet por parte del ex alcalde con una licencia de ampliación de nave agrícola en un terreno clasificado como Área de Interés Paisajístico (Arip).
Los fiscales Joan Carrau y Pedro Horrach expondrán mañana a partir de las 10.00 sus conclusiones finales, que darán paso a las de la acusación del Ayuntamiento de Andratx, ejercida por Isabel Fluxà, y a las de la defensa del policía local y la edil de UM, ejercida por Miquel Borràs.
Posteriormente, harán lo mismo la defensa del ex alcalde, representado por Rafael Perera, del ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, quien es representado por Miquel Capellà. Posteriormente, presentará conclusiones el letrado, Josep Zaforteza, en representación del abogado municipal Ignacio Mir, y finalmente lo hará Juan Luis Matas, abogado de Gibert.
* Diario de Mallorca - EUROPA PRESS. PALMA - 07.05.2008
Foto: Andratx (Mallorca), construcciones costa - efe, diariodemallorca.es
Torres más altas
MONCHO ALPUENTE* : De la Torre de Babel a las Torres Gemelas, los humanos ensoberbecidos no han escarmentado en su afán por escalar los cielos. El hombre es el único animal que después de haber tropezado dos veces en la misma piedra se vuelve y le da una patada. Las cuatro torres que se yerguen al norte de Madrid parecen las chimeneas gigantes de la humeante caldera de la gran fábrica de humos en la que se ha convertido la ciudad. Edificios emblemáticos llaman a los cuatro colosos de acero y hormigón, emblemas de la rapacidad y la rapiña, de la especulación inmobiliaria, hitos, menhires, megalitos que no rinden culto a los cielos, sino que pretenden conquistarlos...
..."El cielo de Madrid ya tiene dueño", titula un periódico digital, y el dueño se llama Florentino Pérez, el ex presidente del Real Madrid, el Señor de los Ladrillos, constructor de las fortalezas de Mordor, la Tierra Oscura, que afronta la crisis del sector, el derrumbe del edificante imperio, encastillado tras sus ciclópeas murallas y escuchando músicas celestiales.
Sobre la antigua Ciudad Deportiva del club blanco surgieron: Torre Espacio, Sacyr, La Mutua y Caja Madrid (antes Repsol), que es la más alta de todas, 250 metros frente a los 236 de sus compañeras. Florentino Pérez, responsable de la constructora ACS, las bautizó como Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham, los cuatro galácticos que acabaron perdiendo la guerra de las galaxias balompédicas. La megalomanía del gran constructor blanco, que también perdió su equipo, no conoce límites ni reconoce realidades. Las cuatro torres fueron construidas mientras se destruía y explotaba la vacua burbuja inmobiliaria en la que vivían los explotadores y los especuladores, aislados del mundanal estrépito y de las voces agoreras que anunciaban el declive del sector, previsible e ineludible. Es la maldición de Casandra, hija de los infelices Hécuba y Príamo, reyes de Troya, sacerdotisa de Apolo y condenada por el dios a profetizar siempre la verdad y a no ser creída nunca.
Arde Troya, pero sus hogueras siguen alimentando la voracidad de los constructores, destructores irresponsables que salvarán los muebles y la cara gracias a las limosnas del Estado. Se destruyen empleos y miles de inmigrantes se verán forzados a regresar a sus países con las manos vacías y encallecidas en vano, pero las 33 mayores constructoras del país forman piña y hacen lobby para recibir ayudas estatales, poniendo sobre la mesa de negociación los 400.000 puestos de trabajo que dependen de su organización, la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN). No lo hagan por nosotros, claman los lobbystas, háganlo por ellos, por esos pobres 400.000 trabajadores que no tendrán nada que llevarse a la boca.
Para más escarnio, el gran limosnero de la SEOPAN, pan para hoy y hambre para mañana, será David Taguas, el ex jefe de la Oficina Económica de La Moncloa, asesor y amigo del presidente Zapatero, ahora del otro lado de la barrera. Antes daba y ahora pide: el pan nuestro de cada día dánosle hoy, que nosotros ya veremos lo que hacemos con él, nos quedaremos con la miga pero repartiremos las migajas sobrantes. Desde la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas apoyó especialmente a las empresas constructoras que hoy le devuelven el favor. Entre los 400.000 empleos a destruir nunca estará el suyo, ni los de sus nuevos compañeros de la banda empresarial. La SEOPAN, se defiende Taguas ante su presunta incompatibilidad, no es una asociación con afán de lucro, debe ser una oenegé, constructores sin fronteras y sin escrúpulos. Antes la empresa era un buen trampolín para saltar a la política, hoy la política es una excelente rampa de lanzamiento para aterrizar en la empresa privada. Los casos de Pizarro y Zaplana, ida y vuelta, son dos buenos exponentes. En la empresa privada los sueldos y las gratificaciones son mucho mayores y entran dentro de la borrosa legalidad, aunque casi nunca de la licitud. Forrarse con la política, que fuera el objetivo, cumplido, de la vocación de servicio público de Zaplana, es posible, pero conlleva mayores riesgos.
Las cuatro torres del norte son gigantes y molinos que siempre recogen vientos favorables. Colosales despropósitos erigidos en vísperas de una crisis que de haberse anticipado les hubiera impedido construirlas. El bonito juego de a ver quién levanta la torre más alta se parece bastante al entretenimiento infantil de comparar los tamaños de los órganos sexuales, a ver quién la tiene más larga. Juego de hombres, fálico y masturbatorio.
* ELPAIS.com - Opinión - Madrid - 07/05/2008
Vivienda y medio ambiente copan las quejas del Defensor Ciudadano
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LAOPINIÓN/Málaga* : La ordenación del territorio (vivienda, medio ambiente e infraestructuras) copan las principales quejas que los malagueños interponen ante el Defensor del Ciudadano, Francisco Gutiérrez, según se desprende del informe anual 2007-2008 de esta oficina.
Así, a esta categoría pertenecen el 58% de las reclamaciones, a las que siguen las englobadas en la administración general (27,13%), servicios a las personas (10,34%) y vía pública (4,53%). El número de expedientes tramitados en este tercer año de funcionamiento ha sido de 1.257 y, las consultas y entrevistas 2.781. Según el informe, el porcentaje de resolución de conflictos se sitúa en un 65%.
Las reclamaciones. Son especialmente significativos los casos medioambientales que cada vez llegan con más "notoriedad" a la oficina, como problemas de contaminación acústica, antenas de telefonía móvil, escombreras, residuos, puntos limpios, insuficiencia de contenedores de reciclaje, preservación de zonas verdes, etcétera.
En cuanto a vivienda e infraestructuras, estos apartados contienen las quejas referentes a necesidades de viviendas de protección oficial, acoso inmobiliario, acceso a una casa, construcciones sin legalizar, carreteras en la provincia o derribos de edificaciones ilegales.
El balance de la actuación de la oficina que dirige Francisco Gutiérrez concluye además que "especialmente grave" es el problema de acceso a una vivienda, "no por repetido menos importante".
Respecto a la administración, la atención al público es la causa que genera mayor descontento. La indefensión ante el silencio administrativo, el desconocimiento del entramado y las competencias de cada uno de los organismos, así como los tributos y embargos bancarios, son algunos de los motivos.
La mayor parte de las reclamaciones en vía pública se refieren a la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, tanto en edificios públicos como privados. El mal estado de las calles que han causado accidentes de peatones con la consiguiente petición de responsabilidad patrimonial y la seguridad ciudadana, por una mala actuación de la policía local, completan las reclamaciones de esta categoría.
Informe. Inmigración, salud y sanidad, mayores, menores y discapacitados son los grupos en los que se divide el apartado de servicios a las personas, que supone el 10,34% del total de quejas. "Nos referimos a colectivos con una necesidad especial de protección", reza el documento.
Así, el déficit de plazas residenciales asistidas de cobertura pública sigue siendo un problema para las personas y familias afectadas, así como la atención a personas con discapacidad. "Muchas" de estas quejas están relacionadas con la aplicación de la Ley de Dependencia. Respecto a menores, la oficina ha trasladado al Área de Derechos Sociales la necesidad de implantar la Fundación Márgenes y Vínculos para la atención de menores en situación de riesgo, recoge además el informe.
* La Opinión de Málaga - MATUCHA GARCÍA - 07 de mayo de 2008
Foto: Estepona (Málaga), demolición hotel Prasa - laopiniondemalaga.es
El alcalde de Pájara y dos concejales, imputados por cohecho con GC Europa
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CANARIASAHORA* : El alcalde de Pájara (Fuerteventura), Rafael Perdomo (PSOE), los concejales Blas Acosta (PSOE) y Antonio Olmedo (PP) y el secretario municipal Antonio Muñecas han sido citados a declarar en calidad de imputados por el juez de Puerto del Rosario que tramita el caso Grupo Europa en Pájara, derivado de la denuncia original presentada en abril de 2007 ante el juez del caso Faycán en Telde.
Perdomo, Acosta, Olmedo y Muñecas deben responder ante el juez de un presunto delito de cohecho y otro de tráfico de influencias.
El propio concejal del PP en Pájara Antonio Olmedo confirmó este martes la citación judicial a este diario. Olmedo y el secretario municipal deben acudir ante el juez del caso el próximo viernes, 9 de mayo, mientras que el alcalde y el actual concejal de Turismo, Blas Acosta, tienen cita para este jueves, si bien algunas fuentes consultadas en Fuerteventura aseguran que las declaraciones pueden posponerse unos días por decisión del titular del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 3 de Puerto del Rosario, Alberto López Villarrubia.
La instrucción deriva de la pieza separada número 38 del caso Faycán, en Telde, cuya denuncia original que dio pie a la detención e imputación del administrador único de Grupo Europa, Antón Marín y el ex jefe de Urbanismo teldense, José Luis Mena, entre otros, el 16 de mayo pasado, recoge una serie de actividades ilícitas de Antón Marín en Pájara desde 2004, a través de su mercantil Gardenkit SL, con la cual realizó una operación de compraventa de terrenos municipales en La Lajita de la que han trascendido una serie de supuestas ilegalidades en el proceso, como ya publicó este diario en marzo de 2007, así como una venta privada posterior al acuerdo municipal de dúplex, también en La Lajita, propiedad del por entonces concejal de Urbanismo de Pájara.
En aquella época, Rafael Perdomo ejercía su actual cargo público de alcalde, mientras Blas Acosta era concejal de Urbanismo y máximo responsable de todas las decisiones en ese departamento y Antonio Olmedo, por medio del pacto de gobierno con el PSOE, llevaba el área de Hacienda, hasta romper su alianza meses después con los socialistas.
* Canarias Ahora - A. GONZÁLEZ Las Palmas de Gran Canaria - 06/05/2008
Foto: Pájara (Fuerteventura) - cannarias.com
Desastres y engaños en Andratx
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ELPAÍS/Mallorca* : Las conversaciones telefónicas del caso Andratx, fruto de los pinchazos ejecutados bajo control judicial de la Fiscalía Anticorrupción en 2006, han aportado en el juicio contra el ex alcalde de la localidad mallorquina, Eugenio Hidalgo, un caudal de testimonios sobre la supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento.
Los fiscales expusieron ayer ante la Audiencia de Palma trazos del panorama supuestamente delictivo al reproducir las cintas y obtener de los testigos un reconocimiento del "desastre" municipal y el "trámite caótico" que devenía en ilegalidades en obras y expedientes urbanísticos manipulados. Un letrado municipal se reconoció "engañado" y marginado tras redactar la propuesta de demolición de la vivienda ilegal del entonces alcalde Eugenio Hidalgo, del PP. En Andratx jamás se derribó una obra irregular.
La fiscalía considera que la supuesta trama corrupta, que abarca 68 causas penales distintas, estaba bajo la tutela del principal imputado, el ya ex alcalde Hidalgo y que operaba con un pequeño clan de técnicos municipales y socios inmobiliarios. Un jurídico municipal, Pau Vidal, se reconoció desplazado en el Ayuntamiento, tras firmar la petición de derribo la vivienda de Hidalgo. La sanción nunca se ejecutó y el documento de Vidal fue extraído del expediente de disciplina urbanística. Más tarde fue encontrado otro texto desconocido por el instructor.
La carpeta municipal de la casa de Hidalgo construida en terreno rústico protegido -núcleo de la imputación por la que el ex edil afronta una posible pena de seis años de cárcel en la primera vista del caso Andratx- se comprobó, tras reclamarla un juez, que había sido expoliada, mutilada en al menos cuatro documentos de diferentes trámites: la denuncia inicial, dos actas de inspección y la propuesta de derribo. El expediente disciplinario municipal contra el edil Eugenio Hidalgo caducó y se anuló.
La secretaria municipal, Ana Abarca, lamentó "el desastre" que hay en el Ayuntamiento tras destaparse el caso. El letrado Pau Vidal reconoció que preguntó en Urbanismo: "¿Quién me está engañando?". La arquitecta técnico Cinta Moyá y la secretaria Abarca (que eran testigos de Fiscalía en una causa penal contra Hidalgo) explicaron que el alcalde les envió al despacho de su abogado, Rafael Perera, para preparar lo que debían decir a un juez y que fueron con el expediente municipal de la casa ilegal del edil. El letrado y ex magistrado Perera fue reiteradamente aludido por los fiscales. Además, su voz se oye en una cinta narrando a Hidalgo que él visitaba a un juez instructor para "ambientarle" y "quitar leña al fuego" en el caso de la casa y "demostrar que Andratx no es Marbella".
Los jueces del Tribunal advirtieron sobre la pena de cárcel por falso testimonio a las funcionarias Abarca y Moyá, que esquivaban las reiteradas preguntas sobre sus expresiones referidas a un abogado imputado, Ignacio Mir y a un compañero (Jacobo Rodríguez). Estas expresiones eran que "ninguno es de fiar", que "iban a contar la verdad" y que ambos se solían encerrar en un despacho con Hidalgo y el ex director general imputado, Jaume Massot, que ya no era funcionario local en ejercicio.
Cada año se tramitan unas 300 licencias de obra mayor y se abren unos 70 expedientes de disciplina por irregularidades urbanísticas en Andratx. No ha habido derribos en este territorio litoral y de montaña de Mallorca, que es un paradigma del boom del urbanismo salvaje y, a la vez, un yacimiento inmobiliario de mansiones de gran lujo.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 07/05/2008
Foto: Andratx - solares_Cala_Llamp - A.M. (El País)
Condenan al ex alcalde de Cervelló a dos años de cárcel por ejecutar un proyecto urbanístico
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LAVANGUARDIA* : La Audiencia de Barcelona ha condenado al ex alcalde de Cervelló (Barcelona), Josep Lluís Morant (CiU), a dos años de prisión y más de siete de inhabilitación por ejecutar un proyecto urbanístico que había rechazado el pleno municipal.
La sentencia sostiene que el alcalde, "faltando de modo consciente a la verdad", dictó una resolución "manifiestamente injusta" y de forma "absolutamente arbitraria" para ejecutar un proyecto urbanístico que había sido rechazado por el pleno municipal.
Los magistrados de la Audiencia condenan a Morant a dos años de cárcel y a siete años y diez meses de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de falsedad en documento oficial y otro de prevaricación.
El fallo de la Audiencia supone un aviso para otros alcaldes que ejecutan planes sin que hayan sido aprobados por el pleno municipal. Hace pocos días, el presidente del grupo de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias, anunció la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la tala de encinas para construir la montaña rusa del Tibidabo por no haber sido aprobado por el pleno.
En el caso del ex alcalde de Cervelló, tanto la Fiscalía como el propio ayuntamiento de esta localidad Barcelonesa, acusaron a Morant de falsedad documental y prevaricación administrativa, delitos por los que solicitaron cuatro años de prisión.
Morant emitió un Decreto para ejecutar el controvertido proyecto, que contemplaba una serie de actuaciones urbanísticas en una zona conocida como Can Esteve, alegando que el pleno, que era el órgano competente en ese caso, no se había pronunciado sobre el mismo en el plazo previsto de tres meses, por lo que entendía el alcalde que debía impulsar el plan.
La Audiencia sostiene que el ex alcalde mintió tanto en el Decreto como en la posterior Certificación del proyecto al haber realizado en ambos documentos escritos tales afirmaciones, puesto que el plan sí se votó en una sesión celebrada el 16 de enero de 1995.
El resultado de la votación, que constó en acta, fue "claro y contundente", con ocho votos en contra y cuatro a favor, explica la sentencia. La sentencia subraya que el acusado era "plenamente consciente de que el pleno había rechazado el proyecto", pues presidió y participó en la votación, y que, por tanto, hizo una interpretación "sesgada, absurda y arbitraria" de la votación para "burlar" la voluntad mayoritaria del pleno del ayuntamiento.
El tribunal considera que la falsedad documental fue continuada, ya que se cometió tanto en el Decreto como en la Certificación del proyecto en cuestión, pero no lo aplica en la condena porque no lo solicitaron las partes acusatorias.
La Audiencia condena a Morant a dos años de prisión tras aplicar una atenuante por dilaciones indebidas en el proceso, y le impone una multa de 1.800 euros. Según la sentencia, el secretario del ayuntamiento, Enric G.G., también intervino en los hechos delictivos por los que se ha condenado a Morant, pero no pudo ser incluido en la causa por un error en el proceso de instrucción.
* La Vanguardia - EFE - 06/05/2008
Foto: Cervelló (Barcelona) - esquerra.cat
El Plan General de Parla reclasifica el 79% del municipio
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El Ayuntamiento de Parla está tramitando un nuevo Plan General que de ser aprobado transformaría en urbano el 79% del término municipal. Sólo se libran de la transformación urbanística y para infraestructuras, un escaso 11%. Una proporción inferior, incluso, al municipio de Madrid que cuenta con un 35% de suelo protegido. Ecologistas en Acción* considera un error saturar la práctica totalidad del municipio.
El nuevo Plan General de Parla que se encuentra en fase de aprobación inicial satura la práctica totalidad del municipio. De las 2.500 hectáreas con que cuenta el término, el 79% (1.979 ha) se destina a suelo urbano y urbanizable, el 9,5% (327 ha) a reserva para nuevas infraestructuras (M-410, M-419, servicios para la R-4, etc) y, tan sólo, un 11% se clasifica como no urbanizable protegido. Esta superficie es, incluso, inferior a la del municipio de Madrid que cuenta con un 35% de superficie protegida y una densidad de población 1,3 veces superior a la de Parla.
El nuevo planeamiento prevé la construcción de 20.734 nuevas viviendas, todo ello a pesar de que el propio Plan General admite que, en el último periodo, ha crecido más rápidamente la construcción de vivienda que la población y afirma que existe un elevado porcentaje de vivienda vacía. En concreto un 14%, un porcentaje superior al de la zona que se sitúa en un 11% y al de la Comunidad de Madrid que es de un 12,4%.
Además, está en construcción el ámbito conocido como Parla Este, una ambiciosa actuación urbanística con capacidad para 11.200 viviendas. Por todo ello, Ecologistas en Acción considera injustificado e innecesario reclasificar la práctica totalidad del municipio y eliminar las escasas zonas naturales o seminaturales que se conservan.
El nuevo Plan General, plantea reclasificar los terrenos situados al oeste de la A-42 y todos los terrenos al sur del arroyo Humanejos. La mayor parte del territorio afectado es suelo agrícola formado por mosaicos de cultivos cerealistas, olivares y viñedos. En estas zonas se encuentran los únicos cursos de agua del municipio que, a excepción del arroyo Humanejos, serán engullidos por la transformación urbana.
Se da la circunstancia de que el Plan General en vigor protegió estos terrenos por sus valores agrícolas y por suponer hábitats importantes para especies muy escasas como la avutarda, el aguilucho cenizo o el cernícalo primilla.
Además, en un entorno fuertemente humanizado y urbanizado, estos paisajes y entornos seminaturales adquieren más valor. Los espacios libres y poco transformados garantizan una mejor calidad de vida, especialmente, en un municipio muy castigado por la excesiva concentración de infraestructuras (A-42, R-4, AVE Madrid-Sevilla, futuras M-410 y M-419) que han fragmentado el territorio y propician situaciones de elevada contaminación atmosférica y acústica.
.Por todo, ello Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones solicitando que se reduzcan las expectativas de un crecimiento que se muestra excesivo e innecesario. Esta organización desea que se recupere la racionalidad en el urbanismo de Parla y en el del resto de la Región.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 06.05.2008
Foto: Parla (Madrid), ayuntamiento - ForosMaxima
Jalance, con 1.059 vecinos, planea 900 nuevas casas
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ELPAÍS/Valencia* : Jalance, municipio del Valle de Ayora-Cofrentes con 1.059 vecinos censados, revisa en estos momentos su Plan General para construir 900 nuevas viviendas y un campo de golf de 18 hoyos. El proyecto, presentado hace tiempo, ha superado ya la fase del concierto previo, tras su paso por la Comisión Territorial de Urbanismo.
El proyecto está previsto sobre 350.000 metros cuadrados de suelo rústico, que pasará, si supera todos los trámites, a urbanizable. El gobierno municipal, presidido por el popular Ángel Navarro, asegura que el plan urbanístico generará riqueza para la población de Jalance.
El Grupo Socialista en esta Corporación se opone al proyecto por su tamaño y "porque afectará negativamente a las arcas municipales". En un comunicado, los socialistas advierten de que el proyecto cuenta con el informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar e insisten en que el plan afecta "muy negativamente" a espacios en los que se desarrollan actividades agrícolas, ganaderas y cinegéticas, protegidas por la red Natura 2000.
La oposición sostiene que el Consistorio deberá de abonar a la Generalitat seis euros anuales por cada metro cuadrado que el nuevo plan reclasifique por encima del 20% del suelo urbano actual. Además, afecta a la variante de la N-330, que deberá alejarse varios kilómetros del casco urbano. Los socialistas añaden que la crisis inmobiliaria quita sentido a un proyecto de estas características.
El alcalde replica que el proyecto cuenta con el informe hídrico favorable de la empresa municipal de aguas e insiste en que el campo de golf se regará con agua reciclada. Uno de los mayores propietarios de suelo es el grupo inmobiliario Peinsa.
* ELPAIS.com - C. V. - Valencia - 07/05/2008
Foto: Jalance (Valencia) - cma.gva.es
500 británicos analizan los problemas urbanísticos
IDEAL/Almería* : El medio millar de residentes en la provincia se reúnen para valorar los últimos acontecimientos en el Levante. El pasado sábado en Marina de la Torre se celebró un encuentro de cerca de 500 residentes británicos, convocados por Ciudadanos Europeos de Mojácar, con el fin de tratar los problemas urbanísticos recientemente acaecidos en la zona.
Como invitados especiales estaba el matrimonio Prior, cuya casa, en la localidad de Vera, fue derribada el pasado enero; Bob Preston, presidente de 'Abusos Urbanísticos No', en Almanzora, y finalmente Charls Svoboda, presidente nacional de la asociación 'Abusos Urbanísticos no', que acudió desde el lugar donde reside en la localidad Valenciana de Benisa.
Abrió el acto Angel Medina, presidente de Ciudadanos Europeos de Mojácar y concejal del mismo Ayuntamiento, quien tras hacer un análisis sobre la problemática del urbanismo presente y futuro, hizo hincapié en la necesidad de acometer una serie de medidas, que puedan ayudar a mantener la hegemonía de España, y el Levante almeriense, en concreto, cómo un destino residencial preferido por los europeos. Medidas entre las que figura la de obligar a los ayuntamientos a profundizar en la información y a hacer partícipes de un seguimiento oficial de cada obra, a cada posible propietario, o obligar a la administración a que lleve un registro de agencias inmobiliarias legales, profesionales y que cuenten con un seguro de responsabilidad civil y también, el crear una comisión de profesionales independientes que participen en las controversias, si surgieran, entre las diversas administraciones, entre otras.
A continuación fue Bob Preston de Albox, quien expuso la gran preocupación que hay en su municipio, por cerca de las 3000 viviendas que están cuestionadas y culpó a las administraciones de no haber informado al principio o no haber tomado medidas, según se iban empeorando los expedientes problemáticos.
Después tomó la palabra el matrimonio Prior, explicando cual había sido su vida en los últimos años, en los que liquidó sus pertenencias en Londres, para invertir todo en su casa de Vera, de forma legal, declarando y pagando todos sus impuestos, con permisos de obra, de ocupación, contratos de agua, luz, basura etc., hasta que finalmente vio cómo su casa era demolida, sin haber recibido por esta expropiación ninguna compensación económica.
Después se exhibió en la sala un corto de una cadena de televisión inglesa llamado 'Holidays in Hell' ('Vacaciones en el infierno'), en el que se hace una crítica feroz, y según Angel Medina, desproporcionada, de la situación actual del urbanismo y la justicia en España.
Cerró el acto Charles Svoboda, quien hizo un recuento de los problemas urbanísticos habidos tanto en la comunidad valenciana cómo en la andaluza y las posibles soluciones que se les están dando en cada caso. Argumentó que por el momento ninguno de los dos grandes partidos políticos nacionales se está haciendo eco de esta problemática. Expresó su esperanza, de que las acciones de mejora expuestas por Ciudadanos Europeos, lleguen a instancias superiores y comiencen a tomarse las medidas necesarias, por el bien común.
El acto cerró con el compromiso de los participantes en continuar trabajando en esta línea.
* Ideal - 06.05.08 - A. MALDONADO
Foto: Albox (Almería), zona viviendas ilegales - teleprensa.net
Se alza el telón
SEBASTIÀ VERD/Mallorca* : Hoy se ha alzado el telón del gran teatro de la corrupción de Mallorca para representar ante la Justicia lo que para unos es una tragedia y para otros no pasa de una comedia de enredo en la que unos políticos y otros tantos funcionarios pretendieron enriquecerse trapicheando con el urbanismo. Ya en el primer acto, de la primera pieza, se ha visto como un alcalde se construía una casa en una zona protegida mediante unos falsos informes técnicos.
Como una casita de aperos se convertía sobre el papel en un almacén agrícola para después, previa autorización para ampliarlo, en una de estas casas que algunos envidian. Fue, según parece, siguiendo un proceso natural -como seguramente se habrán hecho tantísimas casas en Mallorca- casi sin darse cuenta. O eso es lo que ha declarado Eugenio Hidalgo, el ex alcalde de Andratx: "su destino era ser un almacén, pero se convirtió, sin yo saberlo, en una vivienda". Es decir, que para hacer más agradable el trabajo agrícola se añadió una barbacoa para las "torradas", luego una habitación para descansar, una cocina? y así, sin pretenderlo: una mansión.
Lo de ayer, en la Audiencia Provincial, fue aparentemente una pura comedia. Un ex celador que certifica lo que no existe, después de que su alcalde le amenace (eso sí en tono amistoso y jocosamente) con ponerle de patitas en la calle si no firmaba y todo un ex director general de Ordenación del Territorio acudiendo en auxilio del departamento de Urbanismo para, con su sabiduría, deshacer posibles entuertos, porque -vino a decir- este hombre (el celador que, arrepentido, quiere confesar la verdad) era un auténtico desastre. Ahí firmaron todos: el celador, el jefe de Urbanismo -que luego sería ascendido a director general del Govern por Jaume Matas- y el letrado municipal. El fiscal les acusa a todos. En unos casos de prevaricación, en otros también de falsedad y para todos pide prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un determinado tiempo.
¿Pura comedia? Nada de eso. Ayer se juzgaba al ex alcalde de Andratx y a unos funcionarios por algo muy frecuente en esta isla: la construcción en suelo rústico sin licencia o con una licencia falseada. Algunas veces, cuando la Justicia ha intervenido, se ha ordenado el derribo, pero en rarísimas ocasiones ha llegado la piqueta. Sin embargo, la escenografía de ayer -con una inusitada expectación mediática- y el hecho de que los protagonistas puedan volver a la cárcel, ha provocado que muchos ciudadanos de esta isla sintieran profundos escalofríos. Nada de comedia. En cierto modo el telón se alzó ayer no sólo para juzgar a un alcalde más que presumiblemente corrupto sino a una forma de hacer política en beneficio propio y un modo de entender la propiedad según el cual todo el mundo sería libre de hacer lo que le placiera con su finca o su solar. ¿Dónde queda el respeto por el vecino y la convivencia?
Esta supuesta comedia de enredo, en la que todo valdría mientras nadie lo denunciase o mientras uno se sintiese poderoso o con influencias, choca, sin embargo, con la tragedia que ha padecido el territorio de esta isla. Eso sí es real. Sin salir de Andratx, basta asomarse a sus acantilados o recorrer sus caminos para ver lo que allí ha ocurrido. Mientras las excavadoras avanzaban sin parar, sin tener en cuenta si el suelo que pisaban era protegido o no, en algunos despachos oficiales se confabulaba para dar apariencia legal a lo que eran auténticos desaguisados. Ayer empezó el primer acto, pero esta tragedia tiene otros 66. Hay drama para rato y, además, como es público y notorio, en la Fiscalía ya están trabajando sobre otros argumentos.
* Diario de Mallorca - Opinión - 06 de mayo de 2008
Los arquitectos critican la nueva ubicación de la Ciudad de la Justicia y los centros de ocio
ELFARO/Murcia* : El Colegio Profesional de la Región aseguró, durante la presentación del IV Foro de Urbanismo, que tendrá lugar en Murcia, que la construcción de estos espacios provoca la escisión entre los elementos del casco urbano.
En el marco de una crisis económica, “que ha llegado con una dureza más grande de la esperada”, el Colegio de Arquitectos ha vislumbrado no sólo un momento crítico, sino también “una oportunidad para estudiar y repensar nuestras ciudades”, según afirmó ayer el presidente del Colegio de Arquitectos de Murcia, Francisco Caminos, durante la presentación del IV Foro de Urbanismo.
La iniciativa, celebrada en su anterioridad en otras capitales españolas como Sevilla, Palma de Mallorca y Zaragoza, aterriza en Murcia para “plantear las experiencias positivas de planificación urbanística en otras ciudades españolas”. Camino aborda el arranque de la cuarta edición del foro con una rotunda afirmación inicial, “el urbanismo tradicional ha muerto y es necesario cambiar la planificación para convertir las ciudades en lugares con articulación, con todas sus zonas interconectadas entre sí, que exista continuidad entre sus elementos, que sea mixta, mestiza, sin marginar ninguna de las partes que la conforman”.
Para Camino, lo ideal es que “todos los miembros de la ciudad, así como sus elementos vivan juntos”, por lo que denunció “la creación de ciudades de ocio, ciudades de la justicia, espacios que no son ciudades y que rompen el tejido urbano y humano entre las personas”. Camino sentenció, “se está despojando a la ciudad de sus vísceras, con la presión de modelos urbanísticos que no son los nuestros”.
Situación de Murcia
La reciente construcción de determinadas zonas dedicadas a funciones sociales, económicas o administrativas específicas, han elevado la voz de los arquitectos. Su presidente, Camino, afirma que “el gran atractivo de la ciudad de Murcia eran las condiciones de tenerlo todo a mano. La persona que vivía en Murcia tenía cerca el trabajo, podía hacer la compra sin necesidad de desplazarse porque le quedaban cerca de casa, podía pasar tiempo con los amigos paseando por los parques, incluso un ciudadano que tenía problemas con la justicia, tenía los juzgados cerca”.
Sin embargo, para los arquitectos, la creación de “la Ciudad de la Justicia, o ciudades del ocio a las afueras han roto con esto”.
Los movimientos de la población hacia zonas residenciales, “no tan numeroso como se pueda pensar, no tiene por qué realizarse si se puede vivir en una ciudad bien conectada, ya que vivir en las zonas de las afueras suponen un gasto en la vivienda y en el transporte”.
Estudio
El Colegio de Arquitectos, inmersos en uno de los talleres que organiza con frecuencia, ha cartografiado el área metropolitana de Murcia para estudiar los movimientos de los ciudadanos y el estado de la ciudad. En palabras de Camino, “se ha descubierto que existen muchas viviendas sin ocupación y que tampoco son rentabilizadas por sus propietarios, lo que quiere decir que están ahí para nada, del mismo modo que se han registrado zonas como auditorios que funcionan durante tan sólo unas horas o unas jornadas, lo que se traduce en la insostenibilidad de determinados espacios urbanos de la ciudad de Murcia”.
Expertos y experiencias de prestigio internacional
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España celebra con carácter bianual el Foro de Urbanismo para un desarrollo de las ciudades en la sostenibilidad del territorio, para crear espacios más respetuosos, más equilibrados y más justos con la naturaleza. Para el abordaje de este tema, Murcia recibirá la visita de arquitectos de gran prestigio nacional e internacional, como Jaime Lerner o Herbert Girardet, así como distintas personalidades del mundo de la Arquitectura que expondrán ejemplos sobre qué de bueno han incluído en sus ciudades construcciones como el anillo verde de Vitoria, la ría 2000 de Bilbao, distintas intervenciones arquitectónicas hechas en Sevilla, Girona, o incluso, Bogotá.
* El Faro de Murcia - Isabel Sanchez - 06.05.2008
Foto: Murcia - vegamediapress.com
Mallorca: El Govern del PP impuso un mínimo de 200 chalés para traspasar a es Crevers
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DIARIODEMALLORCA* : La conselleria de Medio Ambiente del Govern del PP impuso al Consell de Mallorca un trasvase de 200 chalés como mínimo desde la parcela AS16 de Alcúdia a la finca rústica es Crevers de Marratxí, una operación incluida en el Plan Territorial de Mallorca (PTM) y que investiga la fiscalía anticorrupción por un supuesto pelotazo de casi 100 millones de euros, según ha revelado uno de los principales testigos de cargo, el experto en urbanismo Josep Giménez Serra.
Giménez, al igual que otros testigos, mantiene que los aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia eran cero, pese a lo cual el Govern del PP habría convencido a sus socios de Unió Mallorquina (UM) en el Consell para hacer un trasvase a la finca rústica de es Crevers (Marratxí) de 1.200 viviendas.
Giménez, en la pasada legislatura, formó parte del equipo de dirección técnica del Plan Territorial y era la mano derecha del entonces conseller de Territorio del Consell, Bartomeu Vicens, imputado en el sumario. Giménez actualmente es asesor del conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt (UM).
El testigo de cargo ha revelado cómo supuestamente la inclusión de la operación AS16-es Secar de la Real (Palma) y, después, AS16-es Crevers partió del Govern de PP en una reunión mantenida, a mediados o finales de noviembre de 2003, en el Parlament con dirigentes de UM. Al menos dos de las personas citadas como asistentes a esa cumbre, Rosa Estarás, presidenta del PP y ex vicepresidenta del Govern, y Mabel Cabrer, ex consellera de Obras Públicas en el mismo ejecutivo, han negado públicamente haber hablado de la operación de la AS16 de Alcúdia en dicho encuentro.
Giménez sostiene que en febrero de 2004 se frustró el trasvase desde la finca de Alcúdia a es Secar (una operación incluida dentro de las llamadas áreas de reconversión territorial del PTM). Semanas después, desde la conselleria de Medio Ambiente, dirigida entonces por Jaume Font, otro de los imputados por el juez Miquel Florit a instancias de la fiscalía anticorrupción, se remitió al Consell de Mallorca un sobre con el nombre de es Crevers como beneficiada del área de reconversión territorial propuesta presuntamente por el PP.
Josep Giménez ha explicado a los investigadores que el sobre remitido desde la Conselleria contenía también los planos de la AS16 y una ficha urbanística de dichos terrenos que, para el ayuntamiento de Alcúdia y el Consell, eran suelo rústico, pero que para el Govern del PP y los propietarios podían ser suelo urbano, ya que existía un pleito judicial por su desclasificación. El testigo dice que Medio Ambiente impuso 200 chalés como mínimo del hipotético aprovechamiento urbanístico de la AS16. Finalmente, a es Crevers se traspasó la posibilidad de hacer hasta 1.200 viviendas.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J. F.MESTRE. PALMA - 06 de mayo de 2008
Foto: Marratxí (Mallorca), finca Plan Territorial - diariodemallorca.es
Valladolid: El TSJ declara ilegal la ocupación y las obras del edificio de Caja Duero
NORTECASTILLA* : La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha declarado nulas las licencias de obra, el proyecto de ejecución y la licencia de primera ocupación del edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla, donde el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, tiene una vivienda en propiedad.
Además el regidor era el vicepresidente de la entidad de ahorros en el momento de autorizar los trabajos de rehabilitación en este inmueble.
La Federación de Vecinos Antonio Machado hizo pública ayer la sentencia del TSJ de 28 de abril en la que se estima el recurso presentado por el colectivo ciudadano en el año 2000 contra los trabajos de rehabilitación que se llevaron a cabo en este inmueble y que convirtieron las galerías y carboneras del bloque en una planta más de uso residencial. La decisión de la sala convierte el edificio, con fachadas a la plaza de Zorrilla, a Santiago y a María de Molina, en ilegal.
La sentencia, notificada ayer mismo, deja claro que los trabajos que se llevaron a cabo por la constructora Edificasa 2000 no respetaron la normativa urbanística vigente en varios aspectos, ya que se trataba de un edificio sujeto a protección P3. La Federación había alegado que las obras no mantenían los elementos de cerramiento que definen el volumen y la forma del inmueble. Asimismo, denunciaron que no se conservaba la fachada interior de la calle Santiago y se alteraban las tres fachadas exteriores en la zona de los áticos. Además, a juicio de los vecinos, se excedían los límites de la rehabilitación parcial que se pretendía, porque se superó el 25% de la superficie total y se modificó la composición tipológica del bloque. El TSJ da la razón a algunos de los argumentos esgrimidos en el recurso vecinal al afirmar que en la obra se alteró la forma del edificio en la cubierta, así como la fachada interior de la calle Santiago donde se demolió una galería acristalada.
La sentencia también respalda a la Federación de Vecinos, que en su recurso denunciaba un aumento de edificabilidad. Mientras que el perito judicial considera que los tres edificios afectados se pueden considerar como un solo bloque y que es admisible el traslado de la edificabilidad obtenida con la supresión de las galerías, la sala subraya que «en ningún caso la infracción de este deber de conservación puede servir de justificación para un aumento de superficie edificada en otra parte del inmueble, y en este caso -según el propio dictamen pericial- ese incremento se produjo en toda la octava planta, afectando a todos los edificios con protección».
En su recurso, la Federación de Vecinos Antonio Machado también denunciaba que el edificio del número 28 de la calle Santiago no respetaba el porcentaje que se tenía que destinar a vivienda con un límite del 50% de su superficie construida. «Afirmar que en este caso no se ha respetado ese límite del 50% de su superficie construida no precisa esfuerzos argumentales en cuanto todas las plantas, hasta la sexta inclusiva, se han destinado a oficinas».
Los magistrados Ana Martínez Olalla, Ramón Sastre Legido y Ezequías Rivera Temprano añaden que si se aceptara que los tres inmuebles fuesen un solo edificio -un argumento que utilizaba el Ayuntamiento en su defensa- ese límite también se habría superado según los datos que constan en el propio informe pericial donde se señala que a uso residencial se destinan 3.270,51 metros cuadrados, para uso comercial-social 2.018,76 y para oficinas 3.611, 39 metros cuadrados. La Sala sí acepta un argumento alegado por el letrado del Ayuntamiento en el que justificaba que la protección integral de la fachada exterior del inmueble imposibilitaba realizar garajes. La Federación de Vecinos Antonio Machado consideraba que se había infringido el artículo 79 de las normas del PGOU al no dotar de plazas de aparcamiento a los tres edificios.
En el punto séptimo de los fundamentos de derecho, el TSJ estima la nulidad del proyecto de ejecución y de la licencia de obra, una nulidad que hace extensiva a las licencias de primera ocupación, «ya que no hacerlo sería reconocer como correcta la ocupación de unos edificios que se han rehabilitado o reestructurado en base a una licencia de obras expedida sin respetar las normas urbanísticas». El presidente de la Federación de Vecinos Antonio Machado, Ángel Bayón, expresó su satisfacción por este fallo que avala los argumentos de su organización. A su juicio, este caso es un paso más en el «erre que erre» de las ilegalidades urbanísticas que comete el PP y su regidor al frente a pesar de la fama de buen gestor que vende. Bayón considera que habrá que pedir responsabilidades por este nuevo desaguisado similar al de Niña Guapa 23.
* El Norte de Castilla - J. ASUA - 06.05.2008
Foto: Obras en el edificio de Caja Duero en la plaza de Zorrilla en el año el 2001/ JAVIER RODRÍGUEZ, nortecastilla.es
La escasez de zonas verdes se debe a la falta de planificación urbanística
LAVOZDEGALICIA* : La falta de planificación urbanística es la causa principal de la escasez de parques y jardines públicos en la Costa da Morte. Al menos así lo ven los expertos en la materia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de zonas verdes por habitante, unas cifras que están lejos de alcanzarse en la comarca.
Ricardo García Mira, profesor de Psicoloxía Social e Ambiental en la Universidade de A Coruña, echa en falta una política general que estructure las zonas verdes en relación con las edificaciones, los espacios naturales y el patrimonio cultural. «Precísase estruturar o patrimonio da Costa da Morte, e os espazos verdes son un elemento desa identidade, pero para iso cómpre artellar os xardíns públicos en torno aos proxectos de megalitismo e de rutas turísticas», explicó. García Mira recuerda que un jardín «para o esparcimento» debe integrarse en una política del municipio, en la que deben trabajar gobernantes, técnicos y ciudadanos.
Todos coinciden en señalar que los espacios verdes integrados en el núcleo urbano apenas existen. «Só hai pequenas áreas», explica García Mira.
Por su parte, Andrés Graña, ingeniero técnico agrícola, declaró que los jardines «sempre son insuficientes, pero a súa escaseza responde non só á falla de planificación senón, sobre todo, a unha cuestión de presuposto», comentó.
Para llegar a crear verdaderos espacios verdes es necesario potenciar «a dimensión ecolóxica urbana», en palabras de García Mira, es decir, aprender el significado de la ecología y la sostenibilidad urbana, creando, para ello, espacios de interpretación. «No deseño destes lugares debe estar presente esta dimensión, sobre todo de cara aos cativos», añadió.
Las asociaciones de vecinos ya se han puesto a trabajar en este sentido para pedir más zonas verdes. Por ejemplo, el presidente de la asociación de vecinos Costa da Morte, José Fernando Carrillo, explicó que los habitantes proponen crear una zona ajardinada en el paseo marítimo de Fisterra, aprovechando para el riego de los jardines, las aguas residuales que saldrán depuradas de la futura EDAR.
En cuanto al vandalismo, hay quien opina que es una de las causas de la falta de espacios verdes, pero los expertos optan por la visión opuesta. «Cando hai un espazo ben coidado e limpo, a xente respéctao máis e colabora no seu mantemento. E aos vándalos illados que queden, habería que castigalos con multas para sufragar os danos que causaron e facéndoos reparar a eles mesmos esas roturas», comenta Andrés Graña.
* La Voz de Galicia - Laura López - 06.05.2008
Foto: casal - lavozdegalicia.es
El ex alcalde de Andratx niega que supiera que su propia casa es ilegal
ELPAÍS/Mallorca* : La Fiscalía Anticorrupción pretende demostrar ante el tribunal de la Audiencia de Palma de Mallorca que el ex alcalde de Andratx actuaba como dueño y señor de la villa. Y el ex alcalde quiere hacer creer que no sabía que su propia casa era ilegal y que lo único que hay contra él es un compló.
En el primer juicio por el urbanismo salvaje en la citada villa balear, la fiscalía pretende probar que la antigua cúpula del Ayuntamiento de Andratx toleró ilegalidades urbanísticas y tomó "represalias" contra la oposición. Y que, al mismo tiempo, se maquinaron negocios privados entre el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y tres funcionarios (una arquitecta, un letrado y un celador de obras), que decidían o informaban los expedientes de Urbanismo y conocían proyectos inmobiliarios.
El primer asunto del caso Andratx que se juzga parece un caso menor: la casa de aperos del edil fue convertida en chalé ilegal, con unas obras efectuadas a cien metros del edificio del Ayuntamiento, en terreno rústico protegido. Hidalgo, por este asunto, se enfrenta a una pena de seis años de cárcel. Su socio el inspector de obras, Jaume Gibert, se confesó "arrepentido" y apoyó las tesis de los fiscales a cambio de una rebaja de su condena.
El caso Andratx es el mayor escándalo político ocurrido de Baleares, porque nunca se había detenido ni encarcelado a una autoridad (un alcalde) y arrestado e imputado a un director general Jaume Massot, cerebro del urbanismo del antiguo Gobierno de Jaume Matas. Éste y el secretario general del PP y su consejero de Interior, José María Rodríguez, patrocinaron a Hidalgo y se reunieron con él, en la sede del Gobierno, 40 horas antes de su detención. Las grabaciones recogieron una llamada de alerta de Rodríguez a Hidalgo.
El sumario está segregado en 68 causas penales distintas, según los hechos, construcciones y protagonistas de la supuesta trama delictiva. Andratx es uno de los territorios de las islas donde ha reinado el urbanismo salvaje. Situado en el oeste de la isla de Mallorca, a media hora por autopista de Palma, el municipio tiene 10.000 habitantes y está especializado en el turismo residencial. El caso penal instruido alude a una suma de diversos delitos distintos: contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, cohecho, asociación ilícita, de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a autoridades y funcionarios y delito fiscal.
"Si no me firmas el final de obra te echo a la puta calle", se escuchó ayer en la sala de vistas. La voz era del ex edil Eugenio Hidalgo (ex guardia civil y empresario inmobiliario en Andratx) y procedía de uno de los cientos de archivos informáticos que almacenan las grabaciones de los pinchazos judiciales a los imputados durante la investigación. La amenaza la espetó el ex edil al celador de obras y su socio Jaume Gibert. Éste dijo que no informó sobre las ilegalidades del alcalde por miedo y asumió que hizo negocios con aquel y otros técnicos. Otro imputado, el letrado municipal Ignacio Mir, rebatió todas las acusaciones y negó ser socio de la trama.
"Desde que me fui, aquello [el Ayuntamiento de Andratx] era un verdadero desastre", se defendió el ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno del PP, Jaume Massot. Éste, ex funcionario de Andratx, fue señalado por los fiscales como el hacedor de todos los expedientes y licencias y, en especial, colaborador del alcalde, aun cuando no tenía función ni competencia porque estaba de alto cargo en el Gobierno balear.
El ex edil Hidalgo pidió "disculpas" y "perdón" por haber convertido de manera ilegal una pequeña nave agrícola en la vivienda "sin yo saberlo" y afirmó "ser víctima de una trama" contra él. Los fiscales le recordaron al ex alcalde que manejó la administración para perseguir con expedientes a tres ediles de la oposición que denunciaron sus infracciones. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach denunciaron que un informe sobre el ex alcalde ha sido expoliado y que su información ha sido escamoteada a la justicia.
* ELPAIS.com - ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca - 06/05/2008
Foto: Andratx (Mallorca), puerto - guides
Juzgado por prevaricación el alcalde de Guadarrama
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Guadarrama y diputado regional (PP), José Ignacio Fernández Rubio, el concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente Miguel Rodríguez Bonilla y otros tres concejales populares han sido acusados por el Juzgado de Instrucción nº2 de Collado Villalba de un delito de prevaricación -tomar una decisión a sabiendas de que es injusta- con consecuencias contra el medio ambiente.
Los tres concedieron una licencia provisional de explotación para instalar un restaurante, El Molino del Rey, en suelo protegido con el único aval de un informe elaborado por un ingeniero industrial, en el que se obviaban las consecuencias ambientales y la calificación de los terrenos, no urbanizables y especialmente protegidos. Además, el concejal de Urbanismo es administrador de la empresa propietaria del restaurante, y el alcalde fue abogado y asesor de la misma.
Fernández Rubio, que gobierna el municipio casi ininterrumpidamente desde 1995, asegura que se ha inhibido de todas las decisiones que se han tomado respecto al restaurante. Pero ha estado al frente de la comisión municipal que trató el tema, según un escrito del fiscal.
"En octubre pasado la Comunidad autorizó la recalificación de los terrenos", explica el regidor, que también es portavoz de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la Asamblea de Madrid. "Espero que la decisión de la Comunidad ayude a cerrar el caso", concluye. Pero el supuesto delito que se juzga es anterior a la recalificación de los terrenos.
Los problemas comenzaron en 2000, cuando la empresa Golden Hipotecaria, de la que es administrador el edil de Urbanismo, adquirió unos 3.000 metros cuadrados junto al río Guadarrama con la intención de restaurar un antiguo molino de piedra para instalar un restaurante. Para ello solicitaron un permiso al Ayuntamiento. Desde entonces el asador El Molino del Rey lleva funcionando con una licencia provisional, a pesar de encontrarse en un espacio clasificado como monte preservado y suelo no urbanizable protegido. "Muchos otros propietarios intentaron rehabilitar el molino, pero el Ayuntamiento siempre denegó cualquier licencia", cuenta el dueño de los terrenos colindantes, que llevó el caso a los tribunales.
Durante ocho años la Consejería de Medio Ambiente rechazó la recalificación de los terrenos junto al río Guadarrama.En febrero de 2003, el director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid reclamó al Ayuntamiento que clausurara el restaurante El Molino del Rey. Pero el local nunca fue cerrado. Los propietarios realizaron obras y levantaron una valla de piedra en torno al molino, e instalaron un merendero y un aparcamiento para un centenar de coches, sin traba por parte del Consistorio. De esta forma, convirtieron un antiguo molino del siglo XVIII, que era uno de los mayores proveedores de harina de la Panera Real, en un restaurante para 120 comensales.
El propietario de la finca colindante, José Rodríguez Rubio, llevó el caso a los tribunales porque los propietarios del molino se habían apropiado de una parte de sus terrenos. Rodríguez Rubio inició dos procedimientos: uno civil, para conseguir que le devolvieran la parte de suelo que reclamaba, y otro penal, por presunta prevaricación.
El juez que instruye el caso, Juan José Escalonilla, consideró el 18 de septiembre de 2006 que los hechos son constitutivos de un delito de prevaricación y dio traslado al ministerio fiscal, que se interesó en el caso y acusó al alcalde, al concejal de Urbanismo y ex edil de Medio Ambiente, y a los otros tres ediles populares que concedieron en 2000 la autorización al local: José Antonio Garrido, Remedios Panizo y José Ignacio Gómez.
Se confirma el delito
Con el caso en los tribunales, el alcalde intentó regularizar la situación. Aunque la decisión que constituye el supuesto delito ya estaba tomada. Por eso, Fernández Rubio explica que "el fiscal presentó su escrito unos meses antes de que el local lograra el permiso de la Comunidad, pero ahora el problema está solucionado con la calificación urbanística de Medio Ambiente". En marzo de 2008, el juez del caso, ante un escrito presentado por la acusación, confirma el delito contra la ordenación del territorio tipificado en el artículo 329.2 del Código Penal -se castigará a la autoridad que hubiese resuelto a favor de una concesión a sabiendas de su injusticia- que ya había establecido.
El regidor explica que "la autorización libera a la empresa de realizar una declaración de impacto ambiental". Medio Ambiente condiciona la autorización a la consideración del restaurante como "un establecimiento rural". Además, el permiso regional traspasa al Ayuntamiento la obligación de emitir un informe de evaluación ambiental.
* ELPAIS.com - J. SÉRVULO GONZÁLEZ - Madrid - 06/05/2008
Foto: Guadarrama (Madrid), ayuntamiento - ayuntamientodeguadarrama.es
Un problema de modelo
JORDI PORTABELLA/Barcelona* : Setecientas cincuenta viviendas afectadas donde viven más de 2.000 personas con una inversión prevista de 390 millones, 313 de los cuales corresponden a la iniciativa privada. Estas son las cifras que pueden explicar, de forma sintética, el impacto del plan de reforma del Carmel, un tema de ciudad al que hay que estar muy atentos por la complejidad de una intervención que afecta a una trama urbana singular, tanto por su orografía como por las características de las viviendas que se construyeron.
Se trata de una actuación que permitirá, por lo tanto, visualizar un determinado concepto urbanístico en un modelo de ciudad concreto.
El alcance de esta intervención plantea un primer reto institucional: el de garantizar el derecho a saber de todos los afectados. En este sentido es necesario crear una comisión de vecinos con todos los afectados para empezar a debatir con toda la información alrededor del proyecto. Es así como podremos conseguir una actuación que puede dar proyección a lo que durante muchos años hemos definido como modelo Barcelona y que es determinante para un buen número de familias. Un modelo basado en la complicidad entre la sociedad civil y la Administración, que en muchos casos ha dado como resultado elementos de referencia internacional en el ámbito del urbanismo y la arquitectura. Así, tal y como se ha llevado a cabo en otros puntos de la ciudad, como en el barrio del Coll, este proceso de información debe producirse previamente a la aprobación inicial del proyecto. Uno no puede enterarse por la prensa, como ha sucedido con muchos afectados.
LA REFORMA del Carmel es un proyecto complejo que limita, en parte, con la de los Tres Turons, todavía pendiente de una solución definitiva y que resulta prioritario resolver tras 40 años de afectación. No parece razonable que un proyecto, en debate desde el 2002 y que desde el distrito de Horta se ha anunciado públicamente hasta seis veces que estaría terminado "en breve", quede aplazado otra vez. Tampoco parece razonable, ni encaja con el modelo de ciudad vigente, tratar de solucionar urbanísticamente un área sin una visión de continuidad urbanística, teniendo en cuenta que hay calles fronterizas entre ambos planeamientos. No puede llevarse adelante la reforma del Carmel sin antes dar explicaciones de cómo van a evolucionar los Tres Turons. Lo requiere la misma complejidad de la afectación urbanística, así como la larga historia de relaciones entre el ayuntamiento y el conjunto de colectivos vecinales afectados y el hecho --no menos importante-- de que cualquier solución supone más de un mandato.
LA PROPUESTA de ERC es partir de un pacto ciudadano por los Tres Turons y evitar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona afrontar en solitario esta cuestión, implicando al conjunto de fuerzas políticas representadas en el consistorio. Es así como se debe gobernar, más aún considerando la situación actual del bipartito, que no reúne una mayoría amplía y por lo tanto no representa la voluntad mayoritaria del consistorio.
Con respecto a la inversión estimada en el Carmel, destaca el elevado presupuesto previsto, sobre todo si fijamos como referencia a la población y el territorio que abarca. Sin embargo, no hay nada que objetar si tenemos en cuenta la deuda histórica con el Carmel y los barrios anexos. El peso de la inversión privada es decisivo para el conjunto del proyecto, lo cual explica la necesidad de detallar un plan de ruta para la inversión privada, dejando claros los plazos, las afectaciones, la capacidad de ejercer el derecho de retracto, etcétera, puesto que pocas cosas afectan tan negativamente a los propietarios o arrendatarios de un inmueble como la incertidumbre de no saber qué va a pasar en los próximos años.
En cuanto al calendario, 12 años son muchos para desarrollar un proyecto que no depende sólo del ayuntamiento de la ciudad, sino también de la inversión de la Generalitat en equipamientos, no concretada a estas alturas, y del desarrollo privado. Tenemos ejemplos próximos de lo que esto puede comportar, como el planeamiento del barrio de Vallcarca aún pendiente de ejecución en buena parte del territorio y con años de retraso, lo cual genera degradación urbanística, problemas de carácter social, ocupación de fincas, desertización del comercio de barrio e inseguridad jurídica para los pequeños propietarios y para los arrendatarios, ya que el paso del tiempo beneficia la acumulación de inversión de grandes corporaciones, que son las que terminan controlando los planes de mejora urbana.
Visto el desarrollo de otros proyectos urbanísticos, la experiencia nos lleva a creer que el peso de la inversión privada es el que finalmente acaba marcando el calendario y que todo lo que no está escrito resulta de difícil cumplimiento. Hay que pensar, en este sentido, en reducir el periodo de desarrollo y ejecución de la intervención, que en el peor de los casos no puede ir más allá de dos mandatos.
SOLO A PARTIR de ahí podemos empezar a hablar del proyecto técnico en el que destacan dos elementos principales. Por un lado, la consideración de infravivienda es demasiado genérica y no tiene en cuenta toda la casuística. Cuando detallamos las fincas de forma más minuciosa veremos cuáles pueden salir de la afectación propuesta, ya que, en realidad, cumplen con la calidad de habitabilidad estándar de la ciudad.
Por otro lado, creemos necesaria una revisión general del área de afectación, que se podría reducir, no solo por las denominadas infraviviendas, sino también por algunas de las propuestas referidas al espacio público.
En definitiva, la complejidad y la importancia del plan no se corresponden con el intento del gobierno de querer aprobar un proyecto sin establecer antes un turno intenso de conversaciones bilaterales con todas las partes implicadas.
* El Periódico - Tribuna - 05.05.2008
Solo 23 concellos han adaptado sus planeamientos a la ley urbanística
LAVOZDEGALICIA* : El ritmo de adecuación de los planeamientos municipales a las reglas de juego establecidas por la ley urbanística gallega es muy inferior a lo previsto en la propia normativa. Más de 24 meses después de que expirara el plazo establecido por la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural para que los concellos adaptaran sus normas al nuevo marco autonómico, solo 23 cuentan a día de hoy con los deberes hechos.
Las aprobaciones definitivas de planeamientos llegan a cuentagotas. En los últimos siete meses, seis ayuntamientos se han sumado a la lista. Se trata de Curtis, Toques, Castroverde, Avión, Laza y Santiago, cuyo plan general dispone desde octubre de la aprobación parcial. Completan el listado Lousame, Oroso, As Somozas, A Capela, Vilarmaior, Cerdido, Vedra, Boimorto, O Incio, San Cibrao das Viñas, Xunqueira de Ambía, Sandiás, Amoeiro y Ourense.
En este último caso, las objeciones han llegado del Tribunal Superior de Xustiza, que a través de dos sentencias sucesivas publicadas a lo largo de los últimos días ha anulado el plan ourensano de ordenación municipal por una exposición pública que no recogía «lo que se aprobó inicialmente». Además, estos dos fallos del alto tribunal han desatado en la ciudad de As Burgas el choque de intereses políticos que siempre confluyen en torno a la gestión urbanística.
Ese debate es también usual en las decisiones que adopta la Xunta a la hora de suspender planeamientos. En la actualidad, el desarrollo urbanístico de ocho concellos se rige por ordenamientos provisionales, ya que sus planes continúan suspendidos por decreto.
En esa tesitura se encuentran los ayuntamientos de Teo, O Grove y Ponteareas, en los que la suspensión ya fue decretada en la etapa del Gobierno del Partido Popular, y los de Tui, Sada, Viveiro, A Estrada y Barreiros, que fueron penalizados por el actual Ejecutivo bipartito.
Proceso complejo
Algunos casos son elocuentes del tiempo que requiere la elaboración del planeamiento urbanístico. Teo tiene el suyo suspendido desde el 26 de mayo del 2001; y O Grove y Ponteareas, desde el 21 de junio del 2002.
Al margen de los 23 concellos que ya tienen sus planeamientos adaptados, otros 52 municipios de la comunidad han recibido ya algún informe de la Dirección Xeral de Urbanismo correspondiente al proceso de tramitación de sus nuevas normas urbanísticas.
Subvenciones
Los 240 ayuntamientos restantes lo tienen todo por hacer, aunque la gran mayoría ya se han acogido a las subvenciones promovidas por Política Territorial para financiar el coste del planeamiento. La consellería tiene abiertos 178 expedientes de ayudas a entidades locales para elaborar sus planes urbanísticos. El importe de esta línea de financiación, que cuenta con una dotación global de 39 millones de euros a repartir en cinco años, está ligado a la población de cada municipio. En los 196 concellos de menos de 5.000 habitantes, la subvención alcanzará el 100% del coste del planeamiento; en los 97 que tienen entre 5.000 y 20.000 vecinos censados, cubrirá el 90%; y en los 15 ayuntamientos con una población de 20.000 a 50.000, será del 80%.
Política Territorial concede en la orden que regula la concesión de esas ayudas un trato preferente a los municipios en los que anuló o suspendió sus normas, pero esa deferencia no ha impedido que sigan funcionando con reglas provisionales.
* La Voz de Galicia - Serafín Lorenzo - 05.05.2008
Foto: O Grove - aedru.org
El gobierno municipal de Las Palmas subastó un solar reservado a pisos sociales en el que ahora se edifican casas de alto nivel
LAPROVINCIA/GranCanaria* : Cuando el Partido Popular gobernaba en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vendió a una constructora un terreno situado en un lugar muy estratégico de Las Torres que tenía reservado para levantar unas 220 viviendas de promoción pública.
En la citada parcela de 8.900 metros cuadrados se realizan ahora los trabajos de excavación para levantar un edificio de viviendas cuyos precios nada tendrán que ver con los que hubieran pagado aquellas familias de ingresos mínimos para quienes debían ser las casas.
El suelo en cuestión, que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria colocó en manos privadas tras la celebración de una subasta, se había obtenido a través de una permuta con una empresa a la que se le cedió otro suelo también en el barrio de Las Torres.
En principio, las prisas que la alcaldesa Josefa Luzardo tenía por activar la construcción de viviendas públicas para cumplir con una de sus promesas electorales motivó que el PP pidiera al grupo constructor que aceptara otro suelo como permuta del terreno donde ahora otra firma va a levantar un edificio de pisos de renta libre, que pueden oscilar entre los 40 y 50 millones de las antiguas pesetas. Al parecer, en la parcela que el Ayuntamiento cambia al promotor inicial no podía llevarse a cabo la construcción de viviendas porque aún quedaban vecinos a los que expropiar.
El suelo, ahora propiedad de otra empresa, incluso llegó a cederse a la sociedad autonómica Visocan para que hiciera viviendas públicas. Pero el grupo popular liderado por Josefa Luzardo, cuando vio los rendimientos económicos que podía sacar a este patrimonio, se las ingenió y ofreció a Visocan otro terreno en Tamaraceite para recuperar la citada parcela. De esta forma, el suelo vuelve a manos municipales y se saca a subasta junto con el edificio del antiguo Banco Exterior.
Con la subasta de las viejas oficinas municipales de la calle León y Castillo, el PP pretendía ingresar nada menos que 8,8 millones de euros, según la tasación que hizo una empresa de Madrid del antiguo edificio.
No pensaba el equipo municipal dirigido por Luzardo que la subasta quedara desierta y no despertara el interés de ninguna empresa, a pesar de que el inmueble pudiera recalificarse y se permitiera incluso albergar viviendas en donde antes había oficinas. Es por ello que, con el fin de hacer más atractivo el lote, el Ayuntamiento saca a subasta el edificio de oficinas municipales con el terreno de Las Torres que adquirió de una empresa por 24 millones de euros.
Fuentes del PP del grupo de gobierno del último mandato señalaron ayer que el suelo se puso a la venta porque "no tenía un uso establecido". Según destacaron, este terreno se subastó junto a otros bienes inmuebles dentro del plan de reordenación del patrimonio cuyo objetivo primordial era proporcionar recursos para pagar deudas y llevar a cabo otros proyectos.
* La Provincia - M. P. PÉREZ - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 05 de mayo de 2008
Foto: Imagen de las obras de excavación del solar de Las Torres, previsto inicialmente para viviendas sociales. ANDRÉS CRUZ, laprovincia.es
