´Los pelotazos no han producido ningún tipo de beneficio al común de los ciudadanos o un uso social´

DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción en los 44 folios donde plasmó su denuncia contra el presunto entramado de corrupción en torno al proceso de gestación del Plan Territorial de Mallorca (PTM), que investiga el juez Florit en el juzgado de instrucción 1, resalta que los presuntos pelotazos millonarios propiciados por dicha norma no han generado beneficio alguno para el común de los mallorquines.

Anticorrupción acusa al presunto entramado de políticos del PP y UM y promotores inmobiliarios de traficar con información privilegiada para dar pie a los segundos a comprar fincas rústicas, que en unos pocos meses pasaron a ser valioso suelo urbanizable.
Estas prácticas corruptas se habrían hecho "en beneficio de particulares sin que se dé uso o utilidad social alguno (equipamientos, viviendas de protección oficial o precio tasado, zonas verdes....), que justifique de manera suficiente dicha generación de plusvalías privadas".
Los fiscales también han puesto el acento en la presunta arbitrariedad con que los responsables del anterior Consell de Mallorca escogieron las fincas rústicas que se iban a recalificar y seleccionaron las plazas hoteleras para trasladarlas de un punto de la isla a otro, en ocasiones al margen totalmente de la propiedad de los establecimientos, como es el caso del Don Pedro (en Cala Sant Vicenç de Pollença).

Alegría en el GOB

El presidente del GOB, Macià Blázquez, recordó ayer que en 2005 dicha entidad presentó una denuncia ante la fiscalía en la que notificaba que las indicaciones recogidas en el PTM referidas a las Áreas de Reconversión Territorial (ART) no seguían un criterio explícito y por lo tanto, se asignaron de "forma arbitraria" con la intención de "favorecer intereses de determinados propietarios de suelo, promotores e incluso entidades financieras". En opinión de Blázquez, "si el procedimiento judicial avanza se debe a que hay motivos para investigar los hechos y la gestión realizada por los responsables de política territorial de la pasada legislatura, que deben pasar cuentas y reconocer su responsabilidad en este procedimiento".





* Diario de Mallorca - F.A/J.F.M./E.P. PALMA - 19 de abril de 2008
Foto: Mallorca, plan territorial archivo - diariodemallorca.es

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Mallorca: Anticorrupción cifra los pelotazos del Plan Territorial en 297 millones

DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ha cuantificado en su denuncia por el caso Plan Territorial, una presunta trama de corrupción político-empresarial en torno a la norma urbanística del mismo nombre, en 297 millones de euros (casi 50.000 millones de pesetas) el alcance de los pelotazos (plusvalías) obtenidos por los promotores que compraron fincas rústicas recalificadas como urbanas.

Los fiscales acusan a un grupo de dirigentes de Unió Mallorquina (UM) y el Partido Popular (PP) de facilitar a varios empresarios amigos información privilegiada sobre las llamadas áreas de reconversión territorial (ART), la fórmula usada por la presunta trama para dar los pelotazos. No descartan que a cambio los promotores hayan pagado sobornos a los políticos. Los casi 300 millones de beneficios sitúan este entramado a la cabeza de los casos de presunta corrupción investigados hasta el momento en las islas.
El contenido de la denuncia de anticorrupción, adelantada por DIARIO de MALLORCA el pasado 16 de noviembre, se ha conocido tras levantarse el secreto del sumario sobre el caso PTM por el juez Miquel Florit. Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach imputan al presunto entramado los delitos de uso de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación y posible cohecho.

Informe pericial

La cifra de 297 millones de euros de plusvalías consta en un informe de un grupo de expertos en urbanismo sobre las repercusiones que las ART pueden causar al urbanizarse las fincas que antes tenían un uso agrícola-ganadero marginal. Este dictamen ya obra en poder del magistrado instructor.
Los fiscales también apuntan, además de a políticos y empresarios, a altos funcionarios o técnicos que habrían colaborado en la enorme trama de corrupción.
La denuncia también acusa a todos aquellos técnicos o altos cargos que, "con pleno conocimiento de las consecuencias que provocaban, intervinieron de manera eficaz para que fuera aprobado el PTM, cuya parte dedicada a las ART tenía características de antijuricidad, arbitrariedad y beneficio de particulares...".
El tráfico de influencias habría tenido lugar entre 2003 y 2004 y los fiscales han centrado especialmente su atención en tres ART: la número 10.3, que correspondía a la desaparición de los hoteles Don Pedro (Pollença) y Rocamar (Sóller), y que generaba el trasvase de sus plazas a varias fincas de Sa Ràpita (Campos); la 10.5, donde, a cambio de adaptar una antigua vaquería como centro de interpretación del Salobrar de Campos, se consigue una urbanización para viviendas plurifamiliares y uso hotelero en 35,2 hectáreas del mismo Campos, en su lado Este; y la 10.6 el traslado de unos aprovechamientos urbanísticos de Alcúdia a la finca Son Crever de Marratxí.

253 millones de euros

Las plusvalías que el PTM podría generar a los compradores de las fincas convertidas en urbanizables en las tres áreas de Sa Ràpita, Campos Este y Son Crever ascenderían a más de 253 millones de euros.
Los otros 44 millones corresponderían a otras recalificaciones en otros puntos de la isla.
Anticorrupción incluye en su denuncia una descripción pormenorizada de las previsiones y alcance de las tres ART. También se fundamentan las acusaciones en un completo análisis de toda la normativa urbanística y otros preceptos legales que se habrían vulnerado en la elaboración de esta parte del PTM.
El juez Florit ya ha tomado declaración a ocho expertos en urbanismo, empresarios y particulares en calidad de testigos y, cuando Anticorrupción disponga de tiempo, empezará la ronda de interrogatorios de los imputados, políticos, técnicos y promotores.





* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA - 19 de abril de 2008
Foto: El hotel Don Pedro, incluido en la investigación del caso Plan Territorial/ Lorenzo, diariodemallorca.es

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El Supremo anula el proyecto de la variante de La Vila, abierta hace 3 años

INFORMACIÓN/Alicante* : El Tribunal señala que no existía estudio de impacto ambiental ni de seguridad y salud y confirma el fallo anterior del TSJ de Madrid. La sección tercera de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha anulado la aprobación del proyecto de construcción de la variante de la N-332 a su paso por Villajoyosa que en el año 2000 sacó adelante la Dirección General de Carreteras.

Lo que hace el tribunal es confirmar la sentencia dictada en septiembre de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el cual declaró las actuaciones no ajustadas a Derecho y ordenó que el procedimiento "deba retrotraerse hasta el momento inmediatamente anterior a la presentación del proyecto para su aprobación", que tuvo lugar en el año 2000 con gobierno del PP en el país.

El órgano judicial indicaba además que debía aportarse con el mismo un estudio de impacto ambiental y otro de seguridad y salud. Contra aquella resolución, el Abogado del Estado interpuso un recurso de casación en enero de 2004, que fue admitido por el Tribunal Supremo en octubre del año siguiente. La carretera comenzó su construcción en noviembre de 2002 y se abrió al tráfico en marzo de 2005.

En los fundamentos de Derecho de la actual sentencia, el magistrado alude a necesidad de aportar ambos estudios en los proyectos de edificación y obras públicas, según se establecía en el Real Decreto 1629/97, cuya entrada en vigor se produjo en octubre de ese año. "El proyecto que nos ocupa fue aprobado en fecha posterior a su entrada en vigor" por lo que "debe entenderse que era de aplicación" indica el tribunal, en alusión a la obligatoriedad de incorporar los estudios ambientales y de seguridad. Incidía también en que el presupuesto de ejecución de la obra -25,1 millones de euros- y los costes de expropiación -3,03 millones de euros- son muy superiores al mínimo establecido el el Real Decreto para las obras que deben aportar dichos informes. Tras exponer los documentos necesarios que deben incluirse en el estudio de Seguridad y Salud, la sentencia concluye que "la Administración no ha acreditado que se haya unido al proyecto un estudio con las condiciones establecidas". En cuanto al de impacto ambiental, el Tribunal Supremo considera igualmente que no se cubren "todos los aspectos exigidos". En definitiva, que el proyecto aprobado no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.

La sentencia hace referencia asimismo a los motivos esgrimidos por la Administración a la hora de presentar su recurso y recalca sobre éstos que "deben ser rechazados" porque el TSJ no infringe en su fallo el Real Decreto antes citado y porque el segundo motivo del recurso "adolece de la falta de cumplimiento del requisito formal de efectuar una crítica rigurosa de la sentencia" y se limitaba a citar disposiciones legales. Más aún, el Supremo precisa que el TSJ acertó al exigir que el proyecto de la variante incluyera el estudio de impacto ambiental "que garantice la tutela de los intereses medioambientales afectados por la construcción de dicha obra pública".

Un ex concejal del PSOE siguió hasta el final del litigio

El ex concejal socialista y ex secretario general de la agrupación de La Vila Joiosa, Salvador Marcet, fue la única persona que llegó hasta el final del litigio, aunque en su periplo judicial estuvo acompañado por la también ex edil vilera del Bloc, Magdalena Soler, quien estuvo con él hasta después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid emitiera su primera sentencia favorable. Antes, la causa la habían comenzado los dos citados y el todavía concejal Pedro Lloret, de Iniciativa Independiente, que actualmente forma parte del gobierno cuatripartito de la localidad.






* Información - JULIO MARÍN - 19.04.2008
Foto: Imagen de ayer de la variante de la N-332 a su paso por Villajoyosa/ ROSARIO FRAILE, diarioinformacion.com

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Benidorm ignoró 93 derribos de obras ilegales equivalentes a 11.000 metros

ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el PP, ha ignorado 93 órdenes de demolición en el periodo comprendido entre 1994 y 2004, lo que ha permitido legalizar más de 100 viviendas, locales y cerramientos construidos sin licencia y fuera de ordenación.

Los expedientes se refieren a obras que, en total, ocupan más de 11.000 metros cuadrados, la mayoría cerramientos sin licencia en comercios, pero varios por casas construidas en zona no urbanizable. La Ley Urbanística Valenciana fija en cuatro años la vigencia de la orden de demolición, por lo que las firmadas a partir de 2004 todavía estarían vigentes. Transcurrido ese plazo, el Consistorio ya no puede actuar, lo que equivale a su legalización.

El concejal de Urbanismo, José Ramón González, justifica la situación en que en Benidorm "todos los gobiernos anteriores han actuado igual", y señala que el Consistorio "no entrega licencia de apertura" a establecimientos. Si el consistorio ejecutara las demoliciones "sería injusto para los perjudicados".

El PP recuerda que el problema es heredado e intrínseco al modelo de Benidorm, y ninguna corporación de las configuradas en democracia ha logrado dar solución. Al poco tiempo de acceder al poder este partido, en el año 1994, Francisco Saval, entonces concejal de Urbanismo y hoy responsable de Hacienda, anunció solemnemente que la "impunidad que ha existido sobre estos temas ha terminado". Abrió decenas de expedientes y ordenó 68 demoliciones, que nunca se llegaron a materializar. Los dirigentes del PP fueron modulando su discurso al comprobar que esta práctica es masiva en el municipio. De hecho, son varios los cargos del PP con infracciones urbanísticas, entre ellos, la familia de la primera teniente de alcalde y diputada regional, Ángela Barceló, que acumula seis expedientes con infracciones muy graves.Las demoliciones de obras ilegales que el Ayuntamiento de Benidorm no ha ejecutado dentro de los plazos afectan a chalés, apartamentos, plantas añadidas a viviendas, pérgolas, toldos metálicos, pubs, comercios, restaurantes, discotecas. Una sociedad construyó 15 apartamentos de 32,4 metros en el antiguo canódromo, en la partida Pla del Azagador, en suelo no urbanizable. La comisión de Urbanismo aprobó el 7 de febrero de 2003 la "demolición inmediata", y aún hoy continúan en pie. El 31 de marzo de 2000 el consistorio decretó la demolición de un almacén de 400 metros cuadrados que la sala de fiestas Benidorm Palace construyó en el parking que vulneraba las ordenanzas. Esta sala es utilizada hoy y ya nadie puede actuar.

Según reconocen fuentes municipales tan solo se ha ejecutado una orden de demolición desde 1994. Afectó a siete viviendas tipo dúplex que se construyeron en 1991 en un almacén de juegos recreativos de la urbanización de L'Almafrà, sin licencia y sin las condiciones básicas de habitabilidad. El expediente pululó por los despachos de urbanismo y la ejecución del derribo no se hizo efectiva hasta 2005, casi 15 años después, y por mandato judicial.

El concejal de Urbanismo, José Ramón González, ya dispone de un informe jurídico de viabilidad para regularizar los retranqueos, lo que a su juicio es el punto de partida para "solucionar esta anomalía de nuestro modelo urbanístico". El documento contempla las tres situaciones de las construcciones fuera de ordenación: las que ya han sido patrimonializadas porque han pasado cinco años desde la infracción, las que están vigentes y se puede actuar sobre ellas y las que se construirán en el futuro. En los últimos años y para evitar una mayor degradación de la situación urbanística, el Ayuntamiento de Benidorm solo otorga licencias provisionales de obra y de apertura a las construcciones con más de cuatro años condicionadas siempre -según los servicios jurídicos- a que en caso de que el Ayuntamiento lo solicite se demolerá, lo que nunca ha sucedido.






* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 19/04/2008
Foto: Benidorm - alicante confidencial

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El encierro contra Los Merinos reúne unas 200 personas

SUR/Málaga* : Desde las diez de la mañana de ayer la Plataforma Cueveña del Agua estaba encerrada en el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro. La causa de esta protesta no es otra que la construcción del complejo urbanístico de Los Merinos.

Unas 200 personas se concentraron a esa hora en el Consistorio, a pesar de «ser un día laborable y de las condiciones climatológicas adversas», apuntó el portavoz de esta plataforma, José Antonio García.

El colectivo cueveño en defesa del agua ha valorado muy positivamente la paralización de las obras de Los Merinos, algo que achacan, en parte, «a las movilizaciones que se han venido realizando durante estos cinco años». La plataforma añade que esta circunstancia no va a frenar la lucha vecinal y que ha supuesto una inyección de moral para seguir luchando por la conservación del medio natural y el ciclo integral del agua.

De manera similar se ha manifestado Izquierda Unida, que ha pedido a la Junta de Andalucía que paralice las obras de manera definitiva.





* Sur - 19.04.08 - E. TIMONET / PLT
Foto: Ronda (Málaga), vista aérea Los Merinos - ecologistasenaccion.org

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"Se están cargando la montaña"

ELPAÍS/Barcelona* : A los pies de la plataforma del legendario avión del Parque del Tibidabo, empieza el Camí del cel que conduce a las atracciones para los más pequeños, como Les llaunes y el río grande y también... a la ladera que mira a Barcelona, donde ya se han talado 34 encinas y un ciprés, de varios metros de altura, ya pasto de trituradoras.

"No pasad. Disculpad las molestias. Estamos trabajando en la mejora de este espacio", se leía en unos paneles que cubrían las vallas entre la explanada y el Camí del cel. Tras ellas, se veía un grupo pequeño de empleados con un coche de Parques y Jardines, además de un vigilante con un pastor alemán con bozal.

"Es normal tener seguridad: siempre hay", explicaron responsables del parque, ayer vacío y fantasmagórico por culpa de la niebla. No es tan normal, sin embargo, la presencia intimidatoria de guardas con perros destinados a disuadir a los ecologistas para que no se vuelvan a encadenarse a los árboles. Tras la acción del jueves de seis miembros del grupo SOS Tibidabo, el parque teme nuevas protestas y la visita ilustre de Carmen Cervera, la baronesa Thyssen, implicada en la lucha en favor de las encinas.

Pero la tala ya se ha consumado y ya se ven claros en la ladera que baja hasta la atracción de la Mina d'or. El Ayuntamiento desdramatiza su plan porque asegura que si al principio iba a cortar 50 encinas y a trasplantar ocho, ahora ha talado 35 y trasplantará 22 además de plantar después 190 árboles más. La primera encina viajó el jueves en un camión a un vivero del Montseny y la próxima semana le seguirán cuatro o cinco más. "Son árboles centenarios y bicentenarios. Los biólogos dicen que es muy difícil que sobrevivan", explicaba ayer junto a su casa Marta Ruiz, vicepresidenta de la asociación de vecinos, que agrupa a 55 familias. SOS Tibidabo y los vecinos recelan de los números del Ayuntamiento: calculan que 200 encimas más acabarán afectadas: 100 por culpa de los 109 pilones de hormigón que soportará la montaña rusa de 750 metros de largo y 100 más porque verán dañadas seriamente sus raíces. El grupo denuncia que se perderá un ecosistema único en la ciudad con la agravante que encima se produce en época de sequía. "Las encinas y los robles son los árboles propios de aquí. Se están cargando la montaña y su cima", lamentó Ruiz que confesó que lloró tras la tala. "Estamos a favor de un parque familiar pero el Tibidabo ya no puede asumir más visitantes ni tantos coches, ni tampoco la urbanización de nuevas viviendas. No es sostenible". La lucha no ha acabado. SOS Tibidabo seguirá con más acciones "para evitar la aniquilación de nuestra naturaleza, portadora de oxígeno y lluvia".





* ELPAIS.com - ÀNGELS PIÑOL - Barcelona - 19/04/2008
Foto: Barcelona, torre Collserola - wikimedia.org

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Juicio popular contra la violencia urbanística

SOMNISDESPERTS* : El sábado 19 de abril del 2008, a las 18h al Centre Cultural El Casino de Manresa (Barcelona) tendrá lugar el Judici Popular contra la violència urbanística. A partir del análisis de lo que ha envuelto la okupación de Can Cristu sentaremos al banco de las acusadas a diversas representantes de la trama que fomenta la violencia urbanística.
LA VIOLENCIA URBANÍSTICA SE RIGE POR LA LEY DEL MERCADO...

Siguiendo la lógica del mercado, la vivienda se convierte en un negocio más dónde mientras se enriquecen unas pocas, las demás sufrimos las consecuencias. Igual como pasa en los diversos ámbitos de la vida social, como en el trabajo asalariado, dónde nos pagan una miseria por los beneficios que generamos, o en el trato con el medio ambiente, la destrucción del qual va más allá del escaso reciclaje "ciudadano". Y todo, emparado por la legislación del Estado, que defiende la propiedad privada y el libre mercado como puntales de la sociedad.

En medio de esta situación malvivimos entre necesidades creadas de consumo compulsivo y necesidades básicas que cada vez cuestan más de cubrir. Entre hipotecas económicas y alienación apática, que nos convierte en individuos pasivos.

Y es todo esto lo que nos lleva a la violencia urbanística, que parte de las leyes del Estado y está dirigida por el conglomerado del lobby inmobiliario.

Es a partir de ahí que hay quien se indigna y protesta por intentar transformar la realidad. En asambleas, manifestaciones, acciones, okupaciones… Convirtiendo-nos, mediante el sistema judicial y los grandes medios de comunicación, en una "minoría criminal" a los ojos de quien no quiere analizar el conflicto en profundidad.

¿QUIÉN HAY DETRÁS DE LA VIOLENCIA URBANÍSTICA?

Lobby inmobiliario

La trama entre bancos, cajas, promotoras, constructoras y inmobiliarias, conforma los diversos agentes del negocio privado, los que nos han llevado a la situación insostenible del acceso a la vivienda. Se han inflado económicamente a costa de nuestras hipotecas, de nuestros alquileres desorbitados, de nuestras necesidades.

Estado

Perdiendo su protagonismo en la dirección de la sociedad, está completamente al servicio de esos amos del mercado. Su legislación posibilita los macro planes urbanísticos que convierten nuestras ciudades en espacios modernos, artificiales y tristes, sin vida social, dónde todo gira alrededor de la casa, el trabajo y la zona comercial.

Des de los ayuntamientos vemos cómo se fomenta y se permiten las desigualdades que crea el negocio de la vivienda y todo el urbanismo en general.

Engranaje represivo

Para que todo esté "en su lugar" nos encontramos con las diversas herramientas que acusan, persiguen, juzgan y condenan a quien intenta transformar ese negocio y su marco legal.

Medios de comunicación

Serviles portavoces de las grandes empresas y de sus respectivos gobiernos, se encargan de reafirmar sus intereses económicos y de criminalizar toda protesta, manipulando la "opinión general".

¿Y POR QUÉ UN JUICIO POPULAR?

La política institucional es incapaz de hacer frente a esta problemática, entre otras cosas, porqué se alimenta de ella económicamente, y porque hacen falta soluciones profundas que habrían de pasar por una transformación social incompatible con los intereses de la actual clase política.

Las clases sociales víctimas de la problemática de la vivienda, des de la "transición democrática" están sometidas a un bombardeo ideológico constante que aleja la política de la participación col•lectiva.

A través del marketing del consumismo, con el fomento del individualismo y la competitividad como herramientas para resolver los problemas, con el "progreso económico" cómo referente para situarse en el status social deseado, y con la desorientación organizativa, producto de la burocratización y institucionalización de las formas organizativas tradicionales, se ha ido consolidando el muro social que dificulta la acción colectiva.

Al mismo tiempo, el engranaje de la justicia institucional se ha ido configurando a partir de unos esquemas dónde siempre prevale la defensa de la propiedad privada, dónde se individualizan los conflictos aislándolos de toda crítica de la estructura social, dónde se muestra claramente la discriminación en relación a los recursos económicos.

En el caso de los conflictos de la vivienda, los tribunales judiciales son incapaces de proteger los intereses colectivos, los intereses sociales. Las leyes están hechas para proteger los negocios y las propiedades de los amos del mercado, sus víctimas sólo podemos movernos buscando rendijas y contradicciones dentro de un sistema que siempre termina condenándonos.

Por eso, cuándo optamos por la protesta pasamos de ser víctimas a ser acusadas. En el momento en que okupamos un espacio abandonado por simple necesidad de un alojamiento y para protestar contra un modelo que impide el acceso a una vivienda digna, pasamos a ser las acusadas de vulnerar el derecho a la propiedad privada, somos denunciadas y vivimos en primera persona toda esa injusticia del sistema judicial. El espacio okupado termina siendo desalojado y puede continuar abandonado. Al final nada tiene que ver la necesidad social, nada que ver el precio desmesurado del mercado inmobiliario, nada que ver los indicios descarados de especulación, sólo prevale el derecho a la propiedad privada.

Ante esta situación creemos que es necesario repensar la problemática. Es necesario replantear-nos el modelo de la vivienda y el modelo de sociedad. Es necesario señalar los diferentes agentes que provocan las injusticias y observar su actuación y sus objetivos. Es necesario encontrar un espacio dónde las víctimas de toda esa violencia urbanística podamos encontrarnos no solo para compartir "las penas", sino para ver que tenemos que ser capaces de encontrar vías colectivas de solución del conflicto. Es necesario replantear el sistema judicial, experimentar con prácticas de juicios populares, dónde se vayan encajando el análisis y la contextualización social, los parámetros éticos y la participación colectiva. E ir asentando las bases de un nuevo hacer y un nuevo actuar, a partir de la educación de la consciencia, que recoja toda la rabia contra la injusticia del sistema vigente, que recoja toda la fuerza de la organización colectiva, toda la serenidad de las que nos movemos por una convicción bien racional y todo el sentir y la emotividad de participar en el cambio de la sociedad.

LO VAMOS A PROBAR, PARA EMPEZAR...

Conscientes de la dificultad de asumir en un solo acto el análisis, denuncia y condena de todo el entramado que produce la violencia urbanística, hemos optado por partir de un caso concreto, la okupación de Can Cristu, para ir analizando pinceladas de la problemática del urbanismo y centrándonos en el acceso a la vivienda.

Este Juicio Popular solo es un inicio, es una primera práctica de dotar de contenido teórico la protesta y la búsqueda de salidas al conflicto de la violencia urbanística.

Habrá análisis globales y en abstracto y análisis más concretos, así como acusaciones a diversas representantes de las grandes tramas que envuelven el mercado inmobiliario.

Vamos a dejarnos muchos aspectos para analizar, vamos a dejarnos a mucha gente por acusar, lo sabemos, y por eso todo quedará abierto. No es un juicio para cerrar un conflicto, sino más bien para abrirlo.

Esperamos despertar conciencias, esperamos ser una contribución más a la canalización de la miseria y la rabia acumulada ante una violencia urbanística que se ha convertido en un elemento cuotidiano de nuestra sociedad. Esperamos, al menos, dejar las cosas claras y fortalecer una base desde dónde enfocar la lucha.

Aunque muy probablemente saldrán culpables, no habrá sentencias dictadas. Juzgaremos a empresarios, juzgaremos a políticos, juzgaremos a los aparatos represivos, juzgaremos a medios de comunicación… Pero solo para situarlos en su lugar. A medida que el movimiento de protesta se vaya desenvolviendo y transformando en movimiento de resistencia, en movimiento de revuelta, en revolución… entonces les irán llegando las sentencias.


Más información:
www.somnisdesperts.org
http://www.somnisdesperts.org/pdf/aquisespecula.pdf




* Rebelión - 19-04-2008

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Torre Pacheco: El fiscal cree que el alcalde ha inducido a funcionarios a cometer «graves ilegalidades»

LAVERDAD/Murcia* : El fiscal José Luis Díaz Manzanera considera que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), «ha inducido o autorizado» al arquitecto técnico Ramón Cabrera «a realizar claras ilegalidades», en relación a la operación de permuta de unos terrenos con la empresa Polaris que ha llevado a ambos a la cárcel.
Añade el fiscal que el alcalde también ha influido en otros funcionarios municipales con el fin «de que comentan graves ilegalidades para favorecer a otras personas».

Estas consideraciones se hayan en la base del escrito presentado por el fiscal ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial para oponerse a que García Madrid y ramón Cabrera salgan en libertad. En el escrito, al cual ha tenido acceso La Verdad, el fiscal del TSJ apunta que «gran parte de los delitos» imputados al alcalde y al arquitecto técnico corresponden a «conductas dirigidas a favorecer a empresas del grupo Polaris». En el caso del alcalde, José Luis Díaz Manzanera añade el delito de malversación de caudales públicos, que lleva aparejada penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. El alcalde y el arquitecto técnico están en prisión preventiva desde los pasados días 2 y 3 abril por orden del juez salvador Calero.

«Riesgo de reincidencia»

El Ministerio Fiscal sostiene que la operación de permuta de los terrenos (los dotacionales entregados por el Ayuntamiento frente a los rústicos que aportaba Polaris) causó un daño de 5 millones de euros a las arcas municipales. Considera que el alcalde inició la operación urbanística «de motu propio y sin expediente previo que acredite la necesidad de la permuta. Es él quien lleva personalmente las negociaciones cona la empresa privada», añade.

Para oponerse a la salida de la cárcel de ambos, Díaz Manzanera argumenta ante esta sección de la Audiencia con sede en Cartagena sobre el número de delitos que se imputan al alcalde en la totalidad del sumario. Añade que existen expedientes que se siguen analizando, de los que pueden surgir «más conductas delictivas», por lo que se pedirá más documentación al Ayuntamiento, que correría «el riesgo de ser alterada o inutilizada si cualquiera de los privados ahora de libertad gozasen de la misma».

Apunta que los dos detenidos tienen capacidad para acceder a las fuentes de prueba «y sobre todo para influir directamente en otros imputados, testigos e incluso peritos». Por último, el fiscal refiere que quedan actuaciones por practicar, que existe riego de reincidencia y que «no se puede permitir que los imputados vuelvan al lugar donde han estado cometiendo tales conductas».

Defiende sus peritajes

Díaz Manzanera dedica una parte importante de su escrito a defender «la objetividad e imparcialidad» de los dos informe periciales realizados, a petición de la Fiscalía, por una arquitecto y un ingeniero de la Administración del Estado, con el fin de rebatir las críticas sobre las diferentes valoraciones de los terrenos permutados.

El fiscal niega, por otra parte, que haya realizado una investigación paralela a la judicial, como ha denunciado uno de los abogados.





* La Verdad - M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ - 18.04.2008
Foto: Torrepacheco_ayuntamiento - lomejordemurcia.com

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Una trama de corrupción masiva en Mogán

ELPAÍS/Gran Canaria* : La investigación de la trama corrupta de Mogán (municipio canario de 18.000 habitantes que gobierna el PP) arrancó en junio de 2006, provocó la detención de parte de la cúpula municipal en febrero de 2007 y ha revelado ahora, cuando se ha conocido parte del sumario, unas prácticas escandalosas del alcalde, que sigue en el cargo, y alguno de sus principales colaboradores.

La trama de corrupción abarcaba toda la gestión municipal y algo más: compra de votos por 30 euros, empadronamiento fraudulento, creación de inmobiliarias privadas con testaferros, arbitraria paralización de expedientes o de denuncias municipales, ocultación del vertido al mar de aguas sin depurar, retirada de multas de Tráfico, recalificaciones o contrataciones a la carta... Todo lo que está bajo el poder de un alcalde, Francisco González (PP) que, según el sumario, franquea los límites legales. La investigación empezó bajo la sospecha de que tanto el alcalde como algunos de sus ediles pactaban convenios urbanísticos con empresas inmobiliarias con las que tenían intereses. Se ordenaron pinchazos telefónicos y cada conversación grabada dio un apunte de un delito distinto, por críptico que fuera su lenguaje. Él y su equipo casi nunca hablaban de política, sino de negocios y favores tan privados como ilegales. La investigación sigue bajo secreto. Pero la parte del sumario liberada, 3.000 folios a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran decenas de charlas que sugerían prácticas delictivas. El regidor del PP tenía contactos con guardias civiles para intentar quitar multas de tráfico, hablaba con sus técnicos para mejorar la edificabilidad de parcelas propiedad de otros dirigentes del PP, o dilataba expedientes urbanísticos para evitar la demolición de edificios propiedad de amigos suyos.





* ELPAIS.com - 18/04/2008
Foto: Mogán (Gran Canaria) 2007, registro domicilio del alcalde - EFE

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"¿A cuánto está el voto?". "A 20 o 30 euros"

ELPAÍS/Gran Canaria* : La investigación de la trama de corrupción descubierta en Mogán ha destapado numerosas prácticas delictivas en este ayuntamiento gobernado por el PP y cuyo alcalde, Francisco González, permanece en su cargo pese a estar imputado y recaer contra él pruebas contundentes de media docena de delitos. Las grabaciones telefónicas evidencian múltiples gestiones del alcalde y su edil Onalia Nieto para vulnerar la ley.

CORRUPCIÓN ECONÓMICA "Ponemos la sociedad a nombre de tu padre"

El 29 de junio de 2006, el alcalde pacta con la concejal Onalia Bueno crear una sociedad a nombre del padre de la segunda.

Paco: Nos hacemos una sociedad, a tu padre lo ponemos y tal, nada más que para la compra y el año que viene pues lo quitamos de eso...y nos ponemos nosotros.

Onalia: Vale, vale.

Su intermediario inmobiliario, Tato, le confirma al regidor un reparto: "Entonces cada uno va tener su propiedad, ella, tú y nosotros". El alcalde, tras oírlo, le urge a crear una sociedad. "Lo que tenemos que hacer ya es la sociedad".

TRATO DE FAVOR "Se lo haces, es de un diputado del PP"

El alcalde de Mogán habla con Marcelino Martín Artiles, jefe del departamento técnico y responsable de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Éste le comunica que una inmobiliaria le ha solicitado mayor edificabilidad sin más precisión. "No se justifica la petición. No dicen ni por qué, ni cuánto, ni cómo". La respuesta del alcalde es concluyente: "No, ellos lo que dicen es que sea como la de al lado, que tiene el 0,20. Dales 0,50 porque van a hacer dúplex adosados". Su subordinado plantea que el promotor podría acogerse a un convenio, pero necesita que clarifique quién está detrás de tal proyecto. El alcalde ya lo sabe: "Esto es de un diputado del PP que me está llamando". Su orden final no admite dudas: "Se lo haces".

SANCIONES PARALIZADAS "Está todo parado. No te preocupes"

El alcalde habla con el empresario Luis Perdomo, quien teme unas sanciones para sus obras. El alcalde se las congelará:

"Las paré todas (...) Está todo parado y bloqueado. No te preocupes (...) No te preocupes por el resto de las sanciones. No te va a llegar ninguna (...) No te preocupes, que la demolición no va a llegar".

MULTAS DE TRÁFICO "No digas nada, mira para otro lado"

El alcalde llega a intervenir para quitar multas de tráfico. Tras recibir una llamada de alguien que teme perder cuatro puntos del carné, contacta con el teniente de la Guardia Civil en Arguineguín:

Paco: Yo te llamaba porque a un compañero le jincaron en Arguineguín, porque ahora se lo saben todo y son cuatro puntos. Fue la Guardia Civil de Tráfico.

Teniente: Sí era de los míos no tenemos problemas, porque con los míos lo arreglo yo, pero con Tráfico está jodío.

Ante una queja vecinal por una terraza ilegal en el puerto, el alcalde ordena a un agente lo siguiente: "No digas nada, simplemente, mira para otro lado". El municipal, horas después, tranquiliza al alcalde:

Juan: Hice un informe con lo que me dijiste.

Paco: ¿Hiciste un informe diciendo que yo te dije que lo hicieras?

Juan: Claro.

Paco: No me jodas, pues entonces rompe ese informe.

Juan: Pero está registrado.

Paco: Pues desregístralo.

Juan: Coño, pero hay una llamada, tengo que ir. Está registrada la llamada.

Paco: Pues cambia el contenido del informe.

Juan: ¿Se puede hacer eso?

Paco: Me vas a comprometer.

FRAUDE ELECTORAL "Hay que empadronar a mucha gente"

La concejal Onalia Nieto es la gran artífice del presunto fraude electoral detectado en esta investigación judicial. En una conversación telefónica insta a una funcionaria a un empadronamiento masivo: "Los voy a derivar a ti, empadronar gente que son de otros municipios, pero que me interesa que voten, que van a llevar un contratillo de nada que les estoy haciendo yo". El tráfico es de ida y vuelta. Le piden que enchufe a una persona en un hotel, ya que si no la admiten podría suponer "por lo menos treinta votos menos". Y Onalia la recomienda. Su brazo ejecutor, Manuel de León, May, le dice que ha captado siete votantes más, procedentes de Melilla. Ve un filón. "Y entonces los rifeños pueden votar, me va a conseguir un montón de gente". "Yo te voy a dar un censo para que tú tengas en cuenta toda la gente", le ofrece Onalia. "Y yo luego le apunto el número de teléfono, y su dirección para ir a buscarlo. Un montón de gente".

El fraude consiste en alojar y empadronar a foráneos durante un fin de semana en los apartamentos que maneja para votar al PP, amén de ayudas económicas a personas necesitadas, singularmente, los inmigrantes. May le detalla tal estrategia al alcalde.

May: El censo está corriendo de cojones. Ahora el primer concejal supone 400 y pico votos. Antes eran 317. Por eso me dice ella [Onalia, según la policía] que hay que empadronar gente. Hay que meter mucha gente. Si conoces amigos, amigas, primos, tráetelos. Vienen el domingo, votan y se van. Y el lunes se empadronan otra vez en Las Palmas, donde estaban ellos antes.

El alcalde no le pone ningún reparo legal. Sus "claro", "ok", "exacto, exacto" sellan tal plan.

May tasa el precio del voto captado en charla con Armando, colaborador en estas acciones.

Armando: Sí, pero el problema es de cuántos votos estamos hablando.

May: No, tú dime a cuánto está el voto y yo te digo cuántos tenemos.

Armando: Ponle de 20 a 30 euros.

May: ¿Entonces puedes conseguir por 30 euros cada voto?

Armando: Sí.

VERTIDOS ILEGALES "El agua se tira sin depurar". "No lo digas"

Un técnico informa a Onalia sobre un problema de una depuradora. "El agua se está tirando al mar sin depurar". La salida de Onalia es contundente: "Entonces eso no lo digas". El alcalde aprueba su criterio:

Onalia: Me dice que la depuradora de la playa está cerrada, pero adivina dónde está yendo el agua. Eso no lo sabes tú.

Paco: Pero no lo digas.

Onalia: Ah, mira que bien, y si la gente lo descubre.

Paco: No, no tiene. Lo que le importa a la gente es que no le esté llegando el olor.






* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 18/04/2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), alcalde Francisco_Gonzalez - EFE

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«¿Este hombre tiene que estar en prisión!»

SUR/Marbella* : Recién se posicionaba en la manifestación, espetaba Antonio Casares, de Las Albarizas, al encuentro con el informador: «Si no lo hace la justicia, seremos los vecinos de Marbella con este tipo de actos quienes evitemos que este hombre (refiriéndose a Juan Antonio Roca) viva tranquilamente aquí, como si nada, después de todo lo que ha pasado». Esta opinión contra la excarcelación del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento fue unánime.

«Claro que sí, y si la fuerza no es suficiente para presionar, pues tendremos que unirnos a la demanda gente de fuera, como yo, que vengo de Ojén; ¿Roca tiene que estar en la cárcel!», refería Olga Santos, una mujer de mediana edad que todavía ayer, tres días después de la salida de la cárcel de Roca, no había resuelto su indignación: «Es una situación increíble; todavía no me creo que este personaje descanse plácidamente en la calle».

Eso, indignación, era el sentimiento común que experimentaban los vecinos que se acercaron al punto neurálgico de la manifestación para airearla sin miramientos. Entendían que allí, justo en ese momento y a esa hora, en el mismo corazón de una ciudad «que todavía se duele del daño que le hicieron entre unos y otros, con un expolio protagonizado principalmente por Roca», definía Francisco Pérez, de la zona de Francisco Norte, debían elevar «juicios altos y claros, directos».

No todos respondieron de esta manera «porque persiste el miedo», admitía Francisco, pero la mayoría sí que emitió su veredicto: Emilio, Ramón o Silvia, entre muchos otros. Declaraciones casi idénticas, hasta en la entonación: «Si la justicia no encarcela a Roca, nosotros presionaremos para que lo haga».

«Mala de los nervios»

Rabia también, impotencia «por el desfalco que sufrió la ciudad», censuraba Pilar Llanos. «Es que es pensar que este hombre, por llamarlo de algún modo, sí, Roca, se llevó ese dinero que yo y el resto de vecinos pagamos a través de los impuestos y ponerme mala de los nervios; por eso estoy aquí, con mi marido y mis hijos, para denunciar su puesta en libertad y transmitir al juez, a quien sea, que debe regresar a la cárcel», opinaba mientras alentaba a su esposo a pronunciarse.

Una indignación que alcanza también los municipios limítrofes como Fuengirola. Desde allí se desplazó Juan Antonio Palacios para unirse al pueblo de Marbella. «Voy a ser muy claro: Roca no puede estar en la calle ni un minuto más; es una pena como dejaron la ciudad, muerta, destruida. Creo además que un episodio como el que vivió Marbella debe unir a toda la provincia», recomendaba. «¿Todos contra la libertad de Roca, sin descanso!», se esforzaba en exclamar con la intención de hacer cómplices del sobresalto al resto de compañeros, como Susana Ruiz, una universitaria que no dudó un segundo en abandonar Málaga capital para quejarse: «Y eso que soy estudiante de Derecho, pero es que la libertad de Roca es indignante».





* SUR - JOSÉ ANTONIO GARCÍA - 18.04.2008
Foto: Protesta. Los manifestantes portaron pancartas en las que reclamaban justicia tras la puesta en libertad de Roca/ J-LANZA, diariosur.es



NOTICIA RELACIONADA: Más de 1.500 vecinos muestran en la calle su indignación por la excarcelación de Roca - SUR - 18.04.2008

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Vivienda Digna exige 'bajadas inmediatas' en los precios de la vivienda protegida

EUROPAPRESS* : La Plataforma por una Vivienda Digna exigió hoy "bajadas inmediatas" en el precio de los módulos de la vivienda protegida y reclamó que se acuerden estas reducciones en el marco del pacto de Estado sobre vivienda propuesto por la nueva ministra del ramo, Beatriz Corredor.

Concretamente, la asociación hizo pública en un comunicado su "más absoluta indignación" por las recientes subidas de precio de la vivienda protegida en algunas comunidades autónomas como Madrid, Castilla-León o la Comunidad Valenciana.

Según argumentó la Plataforma, "las subidas son una auténtica provocación a millones de jóvenes y familias de escasos recursos y sólo tienen como finalidad proteger a los que hacen negocio con la promoción de viviendas de este tipo".

En este sentido, prosiguió señalando que "el beneficio de promotores y propietarios del suelo ya era muy elevado con los precios anteriores y que aún será mayor a partir de estas subidas".

En porcentajes, la subida media en Madrid será del 24% y llegará en algunas tipologías al 31%. En Castilla-León será del 15% y en la Comunidad Valenciana, de confirmarse el incremento, se dará el caso de que en varios municipios la vivienda protegida será más cara que la vivienda libre. La Plataforma está en contra también de las subidas anunciadas para el País Vasco, aunque en este caso son más moderadas, entre un 3% y un 6%.

Ante esta situación, la Plataforma aseguró que la gestión de la vivienda pública en dichas comunidades podría llevarse ante el Tribunal Constitucional, ya que "ahora es fácil demostrar que con la construcción de vivienda protegida se producen importantes plusvalías sobre las que no se ofrece ningún tipo de información, lo que vulnera distintos preceptos constitucionales".

Por otro lado, la asociación afirmó que recibe "positivamente, aunque con cautela", la idea de un pacto de Estado sobre vivienda anunciado por Corredor. En este sentido, solicitó a las administraciones que busquen "urgentemente" un modelo de financiación local "más equilibrado" y que fomenten un nuevo paradigma económico que no se base en "esquilmar a los jóvenes y endeudar a las familias".

En cualquier caso, la asociación concluyó apuntando que "con más de 3 millones de viviendas vacías, deberían buscarse fórmulas que supusieran su salida al mercado".





* Finanzas - Europa Press - 17/04/2008

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Unas 2.000 personas se concentran en Marbella contra la excarcelación de Roca

TERRA* : Más de 2.000 personas, según fuentes municipales, se han concentrado hoy en el Parque de La Alameda de Marbella para protestar por la reciente excarcelación del presunto cerebro de la trama de corrupción municipal descubierta en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca.

Al encuentro, convocado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, han asistido los tres partidos políticos representados en el Ayuntamiento, PP, PSOE e IU, así como numerosos colectivos sociales del municipio y varios ciudadanos a título particular.

Además de la pancarta central en el que rezaba el lema de la concentración, 'Marbella indignada. Justicia ya', se han visto carteles por todo el Parque de La Alameda, en las que se leía 'Roca, ladrón, vuelve a prisión', 'Destierro', o 'Román y Roca, las dos personas non gratas son'.

El acto ha terminado con la lectura de un manifiesto a cargo del que fue concejal independiente por el PP en la anterior legislatura, Rafael de la Fuente, que ha centrado su alocución en la 'lucha indefensa que hemos tenido que afrontar'.

La lectura ha terminado aludiendo al 'precio que hemos pagado' que 'ha sido demasiado alto y demasiado injusto'.

'No podemos pactar con el silencio, con el dinero sucio ni con la burla' ha aseverado De la Fuente, quien ha terminado pidiendo 'justicia desde la dignidad'.

El presidente de la Federación de Vecinos de Marbella y San Pedro, Alejandro Dogan, ha enfatizado que Roca 'no es presunto' como tampoco lo son 'las carencias y necesidades' del municipio.

Ha anunciado además que ha pedido una 'orden de alejamiento' para el ex asesor urbanístico porque 'es el maltratador de Marbella'.

Por otra parte, el portavoz del gobierno municipal, Félix Romero (PP), ha destacado la asistencia 'masiva' al acto que significa 'claramente el sentir de la ciudadanía'.

En representación del PSOE, su recién elegida nueva portavoz municipal, Susana Radío, ha señalado que 'la imagen de Marbella no debe estar representada por este tipo de actos' y que 'hay que buscar mecanismos para mejorarla'.

El portavoz de IU, Enrique Monterroso, ha lamentado lo que para él ha sido una 'asistencia escasa' y ha aseverado que 'esperaba más y quiero más'.

Juan Antonio Roca abandonó el pasado lunes la prisión de Albolote (Granada) después de que su entorno abonara la fianza de un millón de euros que había fijado el 27 de marzo el juez del 'Caso Malaya', Oscar Pérez, para su puesta en libertad.

Roca, al que el instructor de la causa considera el presunto cerebro de la trama de corrupción investigada en el procedimiento judicial, ingresó el 31 de marzo de 2006, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote.

El magistrado imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.





* Terra Actualidad - EFE - 17-04-2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es

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Madrid: Los ayuntamientos no publican el planeamiento urbanístico en su web

Ecologistas en Acción* ha realizado un informe para conocer el grado de cumplimiento de la Ley de Suelo estatal en cuanto a acceso a la información en materia urbanística. A pesar de que la Ley de Suelo establece la obligación de publicar en la web el planeamiento en vigor, menos de un tercio de los municipios mayores de 5000 habitantes lo cumple. Para esta organización, la transparencia y la información pública en el urbanismo sigue siendo una asignatura pendiente para la Comunidad de Madrid.

La Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción ha puesto en marcha una campaña para conseguir que los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid conozcan su obligación y permitan a sus ciudadanos ejercer su derecho de acceso, fácil y rápido, a la información urbanística. Para ello y, entre otras iniciativas se ha elaborado un informe que se centra en conocer qué municipios mayores de 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid cuentan en su página web con el contenido íntegro y actualizado del Plan General de Ordenación Urbana. De ellos se ha comprobado cuáles incorporan, además, la posibilidad de consultar de una manera sencilla los planos de clasificación de suelo del término municipal.

Con esta campaña, Ecologistas en Acción pretende seguir luchando por la transparencia y el derecho a la información de todos los ciudadanos en materia urbanística.

Los resultados del estudio muestran, que de 69 municipios consultados, que representan el 85% de la población total de la Comunidad de Madrid, tan sólo 21 (un 30%) tienen publicado en la página web del municipio el contenido del Plan General de Ordenación Urbana, mientras que 48 no lo hacen. Además, de ellos, tan sólo 10 disponen de planos a parte del documento de texto. Un resultado pobre, según Ecologistas en Acción, ya que hace más de seis meses que la Ley del Suelo Estatal entró en vigor y los municipios deberían haberse adaptado a lo dispuesto en esta norma.

El acceso a la información ha sido siempre uno de los principales problemas para el ciudadano en materia urbanística, especialmente acusado en la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes el pasado mes de Julio. Para Ecologistas en Acción, la aprobación de esta Ley ha supuesto un obstáculo en el acceso a la información, ya que exime a los municipios de la obligación de publicar por vía telemática el contenido de los instrumentos urbanísticos. Obligación que sí contempla la Ley del Suelo Estatal. Por lo tanto, a juicio de la organización ecologista, la transparencia y la información pública en el urbanismo sigue siendo una asignatura pendiente para la Comunidad de Madrid.





* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 17 de abril 2008
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google

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Mallorca: El juez ya ha interrogado a ocho testigos por el caso del Plan Territorial

DIARIODEMALLORCA* : El magistrado de instrucción 6 de Palma, Miquel Florit, ya ha tomado declaración, en calidad de testigos, a ocho personas por el llamado caso del Plan Territorial de Mallorca (PTM), un sumario que se abrió hace algunas meses tras una querella de la fiscalía anticorrupción de Balears y que pretende esclarecer si se produjo una trama de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma urbanística.

Entre las personas que ya han comparecido en el juzgado se hallan un conocido empresario de la promoción inmobiliaria, varios expertos en urbanismo privados y del sector público, y algunos particulares.

La relación de testigos que ya han comparecido en el juzgado de instrucción número seis incluye a Antonio Ramis Ramos, que entre 1997 y 2003 fue decano del Colegio de Arquitectos de Balears y que también es licenciado en derecho; y Josep Antoni Giménez Serra, secretario de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), una instancia que, entre otros cometidos, debe velar por la adaptación de los proyectos urbanísticos a las prescripciones medioambientales del PTM.

Fausto Ferrero

Entre los empresarios que han sido oídos dentro del sumario destaca Fausto Ferrero, uno de los más importantes promotores inmobiliarios de Balears. Ferrero acudió al juzgado de instrucción 6 con su asesor Juan Buades. El promotor fue interrogado acerca de algunos proyectos urbanísticos que había emprendido en los últimos años. Ferrero explicó que había tenido desigual suerte con estas operaciones, puesto que algunas de los terrenos que había comprado pensando que eran suelo urbano, habían sido desclasificados posteriormente dando al traste con su negocio.

El listado de testigos incluye a varios particulares como Luis Campins Oliver o Cristina Arroyo Botana. También aparecen entre los citados Antonio Barceló Ventayol, Ana Bennasar Gallent y Luis Campins Oliver. Juan Llull Ribas es el último de los testigos que ha depuesto ante Florit y los fiscales anticorrupción.

Fuentes próximas al caso han señalado que la prueba testifical ha incidido sobre algunas operaciones urbanísticas desarrolladas en los municipios de Mallorca donde presuntamente, y con ocasión del proceso de elaboración y redacción del PTM, se produjeron pelotazos urbanísticos millonarios al comprarse fincas rústicas que pasaron después a ser urbanizables.

Anticorrupción intenta esclarecer si se produjo tráfico de información privilegiada entre políticos de Unió Mallorquina y el Partido Popular, que gobernaron en la pasada legislatura el Consell de Mallorca y el Goverm, con promotores o constructores para indicarles cuáles eran las áreas rústicas que iban a recalificarse en urbanizables.
La investigación se centra en cinco municipios de Mallorca y afectaría a un millón de metros cuadrados (mil hectáreas) de terrenos que cambiaron de calificación urbanística tras la aprobación de este plan. El pasado noviembre la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió a los cinco ayuntamientos a solicitar información sobre determinados solares. Fue una actuación conjunta coordinada por la fiscalía. Se pidió documentación en los ayuntamientos de Campos, Marratxí, Sóller, Pollença y Alcúdia, que son las localidades de la isla donde se produjeron más cambios de calificación urbanística acordados.

Fuentes policiales indicaron que esta investigación pretende averiguar si poco antes de la aprobación del plan se han producido cambios de titularidad de terrenos que se habrían visto beneficiados con una nueva calificación urbanística. Se estaría averiguando si los propietarios que adquirieron estas fincas se habrían aprovechado de una información privilegiada sobre las directrices políticas que se seguían para aprobar este plan de ordenación. Este millón de metros cuadrados, que se conocen como las áreas territoriales de reconversión directas, habrían pasado de ser terrenos rústicos a urbanizables y, por tanto, su precio se habría multiplicado. En todo caso, no todos los propietarios que se han visto beneficiados con este plan urbanístico estarían bajo sospecha, sino sólo los que habrían comprado los solares poco antes de la aprobación de este plan urbanístico.
El fiscal ha actuado tras una denuncia presentada por el GOB. Esta denuncia fue presentada hace casi un año.






* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 17 de abril de 2008
Foto: Un grupo de ecologistas protesta contra el Plan Territorial de Mallorca/ Sebastiá Llompart, diariodemallorca.es

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El TSJC anula el plan de carreteras del Norte de Gran Canaria

CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Regantes El Chorro Alto y la Comunidad de Regantes 'Las Ñameras' en contra del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias del norte-centro de Gran Canaria.

El recurso solicitaba que se anulase la decisión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) del Gobierno de Canarias, del 25 de febrero de 2003, que aprobaba definitivamente y de forma parcial ese plan, con excepción de la zona entre San Andrés y Guía.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado ese recurso por considerar que tal decisión no se ajusta a derecho, según establece el fallo.

El Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte central de Gran Canaria fue aprobado definitivamente y de forma parcial por la COTMAC el 25 de febrero de 2003, excepto en el área afectada por el Tramo III, entre San Andrés y Guía, que se suspendió hasta que se realizasen nuevos estudios que analizasen las afecciones ese tramo de costa, tanto en lo referente al Parque Rural de Doramas y al Barranco de Azuaje, como al entorno del litoral, y se reconocieron varias alternativas a los tramos I y II propuestos.

El TSJC fundamenta su decisión en el incumplimiento de diversos requisitos administrativos previstos en el planeamiento imprescindibles para la aprobación del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte central de Gran Canaria, como la necesidad de contar con una declaración de impacto medioambiental o que un Plan Territorial cuente con un anteproyecto diferenciado del propio plan, entre otros requisitos administrativos que la COTMAC incumplió.





* Canarias 7 - EFE - 17 abril 2008
Foto: Gran Canaria, futura carretera del Norte en Bañaderos - P.L.Mateos, laprovincia.es

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Nuevo juicio en Cantabria por un delito urbanístico

PÚBLICO* : El alcalde de Castro Urdiales (Cantabria), Fernando Muguruza, se sentó ayer en el banquillo como imputado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública en la anterior legislatura, y afirmó ante el juez que desconocía que el gerente de la empresa beneficiada fuera el hermano de uno de sus socios de gobierno.

El juicio tiene lugar a raíz de una querella presentada por la Fiscalía contra el equipo de gobierno, en 2004, por haber adjudicado presuntamente "a dedo" las obras del túnel de Mioño a la empresa del hermano de Jaime Díez Muro, edil del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Muguruza descargó la responsabilidad del gobierno anterior sobre el entonces edil de Obras, Salvador Hierro (IU) -hoy en la oposición-, al afirmar que la Junta se limitó a dar "el visto bueno" a la adjudicación pues daba "por hecho" que el titular del ramo había "realizado bien su trabajo".

En su declaración ante el juez, Salvador Hierro manifestó, por su parte, que la adjudicación de la obra del túnel de Mioño fue "perfectamente correcta". En cualquier caso, también trató de echar balones fuera, pero no contra sus antiguos socios de gobierno, sino contra los servicios técnicos municipales. Según dijo, un edil "no está cualificado" para saber cuáles son las exigencias legales que debe cumplir un proyecto.

Preguntado si conocía la relación familiar entre el gerente de la compañía Izeta y Jaime Díaz Muro, contestó que esa firma era "una más de tantas y tantas" que se presentan a las adjudicaciones.Durante la sesión, también declararon ante el juez de Instrucción número 2 de Castro Urdiales los ediles del PP José Miguel Rodríguez y Concepción Carranza, los ex concejales del PRC Tomás Molinero y Jaime Díaz Muro, así como el hermano de este último, Ignacio Díaz Muro, gerente de la empresa adjudicataria. También prestó declaración el ex concejal de IU Santiago Vélez.

El líder de AxC, Rufino Díaz, que la anterior legislatura estaba en la oposición y hoy forma parte del gobierno municipal, negó ante el juez que él hubiera presentado una denuncia contra el alcalde y otros seis ediles.





* Público - GUILLERMO MALAINA - Bilbao - 16/04/2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr

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El Ayuntamiento de Granada pagará 18 millones por una expropiación ilegal

ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha dictaminado que la expropiación de unos terrenos en el Campus de la Salud por parte del Ayuntamiento de Granada, llevada a cabo en 1998 cuando era alcalde Gabriel Díaz-Berbel (PP), fue ilegal. Este fallo firme supondrá, una década después, que el consistorio deberá abonar ahora 18 millones de euros o devolver los terrenos expropiados.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que consideró en 2007 ilegal la expropiación, y no ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento. El auto obliga al consistorio a pagar los costos del prolongado proceso y a negociar una cantidad, que en última estancia fijará un juez, pero que ha sido calculada en 18 millones como compensación por haber cambiado el Ayuntamiento el uso de los terrenos, de rústicos a urbanos.

Los hechos se produjeron en 1998 tras la aprobación del pleno municipal para delimitar los terrenos que se iban a expropiar para construir el Campus de la Salud. Tras solventarse todos los trámites, los dueños del suelo vieron cómo en sus terrenos, además de erigirse parte del campus, se construían viviendas, pese a que el Ayuntamiento no fijó el pago de su suelo como residencial, sino como rústico. La sentencia del alto tribunal andaluz valoraba que permitir la expropiación supondría "un uso libérrimo y excesivo de una posibilidad (expropiar) que tiene una justificación legal muy clara y precisa".

El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), confirmó ayer que negociará con los propietarios de los terrenos para ver "cómo y en qué plazo" afronta el consistorio las expropiaciones. A pesar de afirmar que la disposición de ambas partes es "buena", el regidor reconoció que el pago supondrá "un quebranto" para las arcas municipales, y no descartó la devolución de los terrenos. "Es la parte que tenemos que negociar", señaló.

Mientras, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Torres Vela, estimó que la sentencia supone "el fracaso absoluto" de la manera de gestionar el urbanismo del PP. "El PP es el responsable de utilizar el urbanismo como principal fuente de ingresos municipal a cuenta del patrimonio del suelo", criticó.






* ELPAIS.com - Granada - 17/04/2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com

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'Inmobiliaria Forralia'



* ELPAIS.com - Forges - 16-04-2008

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Urbanismo, problemas de gobernabilidad

MANU FERNÁNDEZ/OIHANE MACÍAS* : En un artículo anterior repasábamos algunas de las causas que han generado un proceso urbanizador con enormes impactos económicos, sociales y ambientales, y señalábamos algunas respuestas legislativas e institucionales que se están dando en la actualidad en el contexto español. No abordábamos, sin embargo, el fenómeno de la corrupción y las relaciones clientelares entre los actores económicos del desarrollo urbano y las instituciones públicas locales. Aunque sea de forma breve, en el presente artículo queremos abordar esta situación desde la perspectiva de la gobernabilidad en tres aspectos.

LAS CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA UNA BUENA GOBERNANZA
Podríamos entender, por un lado, que el fenómeno de la corrupción se aprovecha de los resortes sociales que promocionan y dignifican actitudes de ostentación, de gusto por determinada concepción de la modernidad basada en las infraestructuras y los mega-proyectos, de falta de consideración a los valores ambientales y de promoción social de determinado tipo de inversores y empresarios. En muchos casos, la corrupción urbanística es un delito socialmente consentido, por lo que es necesaria una sociedad fuerte, con una cultura del territorio a largo plazo, una sociedad capaz de reprobar colectivamente las formas de degradación urbana y los procesos más oscuros de intervención urbanística.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE DECISIONES PÚBLICAS
Otra vertiente de análisis sería la falta de transparencia, información y participación social en las decisiones del proceso urbanístico, entendiendo que un mayor control y una mejor integración de todos los intereses en juego en el desarrollo municipal pueden asegurar mejor no sólo la legalidad del proceso sino también la adecuación de los resultados al interés general. En este ámbito sí tenemos ejemplos de legislaciones que han querido avanzar en este aspecto como vía de profundización democrática y de establecimiento de mecanismos de control de la corrupción. Así, la legislación más innovadora en el tiempo en esta materia fue la catalana, que en 2002 abrió la posibilidad a que cualquier municipio creara un Consejo Asesor Urbanístico y apruebe un Programa de Participación Ciudadana. Planteamientos similares ha incorporado la ley vasca de 2006. Por su parte, la recientemente aprobada legislación estatal, destaca, en cambio, la significación que se le da a la ciudadanía como sujeto de derechos y obligaciones en materia de urbanismo, ofreciendo así un estatuto subjetivo al interés general en el proceso urbanístico. En este caso, la legislación estatal apuesta por reforzar el derecho de información, al incidir en las diferentes vías de puesta a disposición de los ciudadanos de la información relacionada con los procedimientos urbanísticos, una condición necesaria para poder ejercer de manera efectiva el derecho de participación.
El tiempo dirá si estos mecanismos son suficientes, si bien los procesos de participación necesitan de ciertas condiciones sociales, nuevamente (por ejemplo, una mayor cultura de participación) para que puedan desarrollarse con cierto éxito.

LA ACTUACIÓN INDIVIDUAL (Y EL MARCO INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESARROLLA ESTA ACTUACIÓN) DE LOS RESPONSABLES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO Y POLÍTICO
En tercer lugar, otro aspecto de la gobernabilidad de las políticas urbanísticas tiene que ver con los propios resortes institucionales de control de la actuación de las instituciones. Aquí, en el ámbito municipal, la figura clave es la de los/as interventores/as municipales, que son los funcionarios públicos encargados de velar por el correcto uso de los fondos públicos (función de control y fiscalización interna de la gestión económico-administrativa y presupuestaria).
Sin entrar en muchos detalles, sería conveniente reforzar, por ejemplo, la figura del interventor municipal, independiente del propio Ayuntamiento, de los cargos políticos municipales a los que debe controlar. La falta de precisión en su encaje institucional con el resto de organismos encargados del control de los presupuestos públicos (por ejemplo, los tribunales de cuentas) y la falta de reconocimiento por parte de la sociedad de su función, son obstáculos que una vez salvados podrían reforzar la actividad de la intervención municipal. Tenemos, por tanto, una materia que puede parecer fácil de corregir con medidas legislativas, pero que, tiene mucho más que ver con la independencia de los funcionarios públicos, con la concepción de los cargos políticos, con el concepto social de ilegalidad, etc., elementos que tampoco pueden resolverse únicamente a base de legislación.

En definitiva, tres elementos sobre los que consideramos necesario actuar para asegurar una mejor gestión del territorio en clave de gobernabilidad, sin olvidar que, en los tres casos, se requiere un cambio más profundo que el que pueden ofrecer nuevos marcos legislativos. Avanzar hacia un Contrato Social por el Territorio, que aúne estos elementos -y otros- con compromisos a corto y largo plazo por parte de los agentes implicados podría ser un buen vehículo.





* Naider - 24/05/2007


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