LEVANTE* : Eurodiputados conservadores y socialistas pidieron hoy una moratoria urbanística en la Comunidad Valenciana hasta que se modifique la Ley Urbanística Valenciana (LUV) para impedir abusos por parte de los promotores y garantizar los derechos de propiedad.
Los parlamentarios reclamaron la intervención del Gobierno de España si la Generalitat valenciana sigue negándose a cumplir las exigencias de la Comisión Europea y de la Eurocámara.
El Ejecutivo comunitario ya denunció la LUV ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en junio de 2007 por considerar que vulnera la normativa comunitaria en materia de contratación pública y está ahora a la espera de sentencia. Por su parte, la Eurocámara ha enviado tres misiones a la Comunidad Valenciana y ha aprobado cuatro resoluciones en las que ya reclamaba la moratoria urbanística hasta que se modificara la legislación.
El eurodiputado conservador británico Neil Parish, el laborista Michael Cashman, y el verde David Hammerstein, reiteraron esta petición de una moratoria en una rueda de prensa ofrecida antes del nuevo debate sobre el urbanismo valenciano en la comisión de Peticiones de la Eurocámara, y en el que se iban a analizar alrededor de 40 denuncias. En la rueda de prensa participaron también el presidente de la asociación 'Abusos Urbanísticos No', Enrique Climent, y el alcalde de Parcent (Alicante), Máximo Revilla.
Cashman, que es el vicepresidente de la comisión de Peticiones, pidió que la moratoria se aplique específicamente a las expropiaciones de suelo y a la demolición de casas edificadas ilegalmente. "Esto es esencial si se quiere que la economía española, y especialmente la construcción, se recupere. En estos momentos hay una falta de confianza en el mercado, que está desbordado por un exceso de urbanización", dijo Cashman. Resaltó que el Gobierno valenciano ha desoído hasta ahora todas las recomendaciones de la UE en materia de urbanismo y reclamó la intervención del Gobierno central para resolver la situación.
Por su parte, el eurodiputado conservador británico dijo que la moratoria "es una buena idea, no sólo desde el punto de vista medioambiental y de los derechos de la propiedad, sino desde el punto de vista del mercado, porque no tiene sentido que España, y esta zona en particular (en referencia a la Comunidad Valenciana), siga construyendo y construyendo mientras los precios caen. Es una situación loca", dijo Neil Parish.
Insistió en que estas reclamaciones están respaldadas por todos los grandes grupos políticos y por muchas delegaciones nacionales. Admitió, no obstante, que sus colegas del PP español no comparten este punto de vista --ya que el PP gobierna en la Comunidad Valenciana--. "Hemos hablado con nuestros colegas del PP y les hemos dicho que tenemos que resolver esta situación y que no se puede pretender que el problema no existe", resaltó Parish.
También se mostró favorable a una moratoria urbanística David Hammerstein, aunque puntualizó que no debería afectar a los derribos de edificaciones ilegales. "Yo haría una moratoria sobre los proyectos que siguen leyes que están ante el Tribunal Europeo de Justicia. Si mañana se modifican las leyes urbanísticas valencianas de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión y del Parlamento, no tengo ningún problema en que se haga un plan urbanístico", dijo.
En todo caso, aseguró que "no hace falta una moratoria legal porque ya existe una moratoria 'de facto'" y resaltó que el sector "ha caído por su propia especulación desbocada".
Por su parte, el presidente de la plataforma 'Abusos Urbanísticos No' dijo que los problemas de abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana "persisten" porque las leyes urbanísticas los han propiciado con su "permisividad".
"Se debe aprovechar la situación actual de la economía española, y en particular de la economía valenciana, que se ha resentido totalmente puesto que el mercado de la construcción ha descendido a niveles que no se conocían desde hacía muchos años, para aprobar de una vez una moratoria urbanística que permita la discusión y la consulta a los ciudadanos para modificar estas leyes que han propiciado tales desmanes", reclamó Enrique Climent, que destacó que el Gobierno valenciano rechaza escuchar las demandas de la plataforma.
También intervino en la rueda de prensa el alcalde de Parcent, que pidió el amparo de la Eurocámara para paralizar los planes urbanísticos aprobados por el anterior gobierno municipal del PP que, según destacó, multiplicarían por seis la población de este municipio de 1.000 habitantes. Máximo Revilla subrayó que estos planes urbanísticos se aprobaron sin informe de impacto ambiental y sin los recursos hídricos necesarios y explicó que, por exigir su paralización y defender la legislación de la UE, uno de los promotores ha interpuesto una querella criminal contra la corporación municipal.
* ELPAIS.com - EUROPA PRESS - 02.04.08
Foto: eurodiputados - ub.es
Eurodiputados piden una moratoria urbanística en la Comunitat Valenciana
El alcalde de Zurgena, entre los detenidos por supuesta corrupción urbanística
ELPAÍS/Almería* : El alcalde de la localidad almeriense de Zurgena (2.700 habitantes), Cándido Trabalón, del Partido Andalucista (PA), ha sido detenido acusado de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio, dentro de la operación desarrollada contra presuntas irregularidades urbanísticas en la comarca del Almanzora. El PA gobierna este municipio con mayoría absoluta -ocho de los once concejales-.
La denominada Operación Costurero se desarrolla en colaboración con el Fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo y arrancó hace aproximadamente un año. Se trata de averiguar si el equipo de Gobierno de Zurgena incurrió en delitos contra la ordenación del territorio y de prevaricación al autorizar la construcción de seis promociones de viviendas en suelos calificados como rústicos. Junto a Trabalón han sido arrestados un número indeterminado de personas.
Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, fueron llamados a declarar como testigos por estos hechos a principios de 2007.
Registrado el Ayuntamiento y la vivienda del regidor
En la operación desarrolla hoy el equipo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil de Almería han practicado registros en el Ayuntamiento, en las viviendas del alcalde, del concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal, así como en varias inmobiliarias y promotoras de esta localidad y de las de Albox y Huércal-Overa.
Los hechos investigados trataban de dirimir la legalidad del permiso concedido a cuatro empresas para la construcción en suelos calificados como rústicos de unas mil viviendas en seis pedanías.
Algunas de estas urbanizaciones se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales.
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Almería - 02/04/2008
Foto: Valla publicitaria con la imagen del alcalde de Zurgena (Almería), Cándido Trabalón, detenido hoy por la Guardia Civil.- EFE
El juez ordena el ingreso en prisión del arquitecto técnico de Torre Pacheco
LAOPINIÓN/Murcia* : El juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de San Javier acordó esta tarde la prisión provisional comunicada y sin fianza para el arquitecto técnico municipal del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Ramón Cabrera, detenido ayer por la Guardia Civil, informaron fuentes judiciales.
El juez adoptó esta decisión después de tomar declaración durante toda la mañana al arquitecto en relación con presuntos delitos urbanísticos por los que está imputado y que se investigan en esa localidad murciana y también en la próxima de Fuente Álamo.
Según el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, esta actuación se enmarca en el procedimiento que se instruye por los presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y revelación de secreto, que continúa parcialmente bajo secreto de sumario.
El caso lo inició la Fiscalía, que hizo requerimientos judiciales de documentación en el verano de 2007 a los ayuntamientos de Fuente Álamo y de Torre Pacheco, cuyos alcaldes fueron llamados a declarar, así como el arquitecto municipal de Fuente Álamo, José Mariano Sánchez Martini y el promotor urbanístico Facundo Armero, hasta un total de 14 personas.
El 27 de junio de 2007 el juzgado devolvió parte de la documentación que había requerido y el 21 de enero se levantó parcialmente el secreto de sumario.
La documentación analizada por el juzgado de San Javier son planes parciales, expedientes sancionadores y de contratación de obra pública y proyectos de urbanización desde 2004 hasta 2007.
* La Opinión de Murcia - EFE - 01 de abril de 2008
Foto: Torre Pacheco, ayuntamiento - regmurcia.com
El juez del ´caso Faycán´ imputa al ex alcalde de Telde por prevaricación
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : El juez del "caso Faycán", Javier García, imputó hoy al ex alcalde de Telde Francisco Valido Sánchez por una nueva acusación de prevaricación supuestamente cometido en esta trama de corrupción municipal. La nueva imputación al ex alcalde se produjo después de comparecer hoy ante el juez, quien también tomó declaración a Sonsoles Martín Jiménez y María Luz Navarro Montesdeoca, a quienes el magistrado mantuvo los cargos.
Asimismo, esta mañana prestó declaración en calidad de testigo Jaime Pereira González, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Telde investiga desde hace dos años el caso, en el que figuran como imputados más de 34 personas, entre ellos el que fuera alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso, varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.
Entre los ediles figura la principal imputada, la ex concejala de Obras Públicas María Antonia Torres, así como las ex responsables de Aguas, Candelaria Sánchez, y de Festejos, Guadalupe López.
* La Provincia - EFE - 01 de abril de 2008
Foto: Telde - visitacanarias.com
Grúas y casas en plena cima de la Penya Roja
LEVANTE/Alacant* : La urbanización de Penya Roja no es la panacea. Cuatro años después de que el pleno de Pego aprobara la modificación del PGOU que elevaba de 994 a 1.500 las viviendas a construir -aunque, finalmente, el grupo Fadesa podrá edificar hasta 1.949 casas-, ni esta gran urbanización tira del carro de la economía pegolina, ni las arcas del ayuntamiento están a rebosar por los ingresos urbanísticos -más bien al contrario-, ni parece cumplirse el acuerdo de dejar libre de hormigón la cima de la montaña.
Así que, de momento, cuando la promotora ya ha convertido Penya Roja en un laberinto de empinadas y serpenteantes carreteras y ha construido y realizado desmontes en la cumbre de la montaña, todas las expectativas económicas en las que el consistorio justificó este programa urbanístico, que afecta a 1,5 millones de metros cuadrados, parecen desinflarse.
Las obras que hasta ahora se han llevado a cabo se observan en toda su magnitud desde lo alto del Tossal de Banyó, a donde se llega por el camino de la Font del Mortit, en Sagra. Una de las fases más avanzadas se sitúa en plena cima de la Penya Roja. Las grúas y los bloques de viviendas (tres alturas y ático) se alzan en plena cima de la montaña y se dibujan sobre un fondo en el que se vislumbra el núcleo urbano de pego.
En esta perspectiva de la nueva urbanización, también llama la atención la intrincada red de viales y los desmontes. La promotora ha efectuado incluso desmontes en la misma cumbre de la Penya Roja.
Este proyecto lo aprobó y adjudicó el equipo de gobierno del independiente Carlos Pascual. El ex alcalde ahora cumple condena por delito medioambiental en el Marjal de Pego-Oliva. Sin embargo, el pacto de PP, PSOE y Bloc siguió apostando por este programa, aunque lo revisó para evitar "el destrozo" que se estaba realizando en la montaña -así lo dijo el entonces concejal de Urbanismo, Eduardo Síscar-. El gobierno tripartito aumentó las zonas verdes, arrancó de la promotora una compensación cercana a los dos millones de euros y, teóricamente, logró que las zonas de más valor ecológico y paisajístico -incluida la cima de la montaña- quedaran libres de construcción.
Más viviendas
A cambio, el gobierno local permitía a Fadesa edificar 1.500 viviendas en vez de las 994 previstas inicialmente. Esa modificación se aprobó en pleno el 28 de febrero de 2004, pero la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo no ha dado su visto bueno hasta ahora. Y, curiosamente, la resolución del conseller José Ramón García Antón todavía suma unas cuantas casas más. Finalmente, Fadesa podrá construir un total de 1.949 casas.
Las obras parece que ahora avanzan más despacio que en los primeros años, cuando las máquinas excavadoras abrían a destajo los viales.
Este proyecto de Penya Roja y el de 1.400 casas y campo de golf que aprobó en el pasado mandato el gobierno tripartito eran un filón para la economía pegolina. Sin embargo, pasado el tiempo, el urbanismo tampoco es la panacea. De hecho, el pacto de gobierno tiene ahora problemas para aprobar su nuevo presupuesto, ya que, entre otras cosas, hay un desfase de 1,5 millones de euros entre lo que se preveía recaudar y lo que finalmente se ingresó en licencias de construcción.
* Levante-EMV - A. P. F., Pego - 01.04.2008
Foto: urbanización. Las viviendas en construcción en la cima de la montaña y, al fondo, el núcleo urbano de Pego/ a.p.f., levante-emv
La policía investiga pagos ilegales en torno a cuatro convenios urbanísticos de Mogán
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : Al menos cuatro convenios urbanísticos se encuentran bajo sospecha en el municipio de Mogán. Después de que los tres denunciantes de lo que posteriormente se denominó el ´caso Góndola´ pusieron en conocimiento de la investigación las presuntas irregularidades en el municipio de Mogán...
... los agentes de la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias se centran en cuatro convenios urbanísticos suscritos por el aún alcalde del municipio,Francisco González, en los que se cree que puede haber intereses personales de él mismo y del hombre fuerte del urbanismo en Mogán, Marcelino Martín.
Según un informe policial que consta en la parte del sumario que ha sido desclasificada por el magistrado instructor José Alexis Reyes Martín los rectores del municipio sureño "utilizan de manera sospechosa la figura del convenio urbanístico", posiblemente con intereses particulares. Cuatro convenios urbanísticos en los que existe una recalificación del suelo de por medio han centrado las pesquisas policiales. En ellos existen determinadas irregularidades que "tienen como característica común la existencia de personas con intereses económicos en las empresas dueñas de los terrenos sobre los que se negocia, que a su vez ostentan puestos de responsabilidad en el Ayuntamiento de Mogán, y en concreto, con capacidad de decisión en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Mogán". Siempre según refleja la policía en un informe, "estas personas se aprovechan de dicha circunstancia para lograr que los citados convenios urbanísticos fueran desproporcionalmente favorables para las empresas propietarias de los terrenos y claramente desfavorables para los intereses de los ciudadanos de Mogán".
TAURO. El primero de los convenios urbanísticos bajo sospecha es el referente a una parcela ubicada en elBarranco de Tauro, propiedad de una empresa, Guantánamo S.L., cuyo administrador es Marcelino Martín, el hombre designado por el Ayuntamiento precisamente para negociar la redacción del Plan General. Otro de los convenios bajo sospecha también tiene que ver con Marcelino Martín, a través de la empresa Cortadores de Puerto Rico S.L, de la que es administrador. Los otros dos convenios objeto de sospechas tienen que ver con las empresas Anfi Tauro S.A., propiedad de Santana Cazorla, y un cuarto acuerdo suscrito con la sociedad Cronista 2, S.L.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 31.03.2008
Foto: Un miembro de la Policía saca documentación del Ayuntamiento de Mogán. YAIZA SOCORRO, laprovincia.es
Las denuncias por el urbanismo valenciano que examinará el Europarlamento se elevan a 40
Levante* : Según infomaron ayer fuentes de la institución, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) estudiará entre hoy y el próximo miércoles una veintena de quejas sobre las prácticas urbanisticas en la Comuntiat Valenciana, aunque también en Andalucía, además de las denuncias presentadas contra las obras en las carreteras M-501 y la M-30 en la Comunidad Madrid.
Durante la jornada de hoy los eurodiputados prevén examinar la denuncia presentada por 652 ciudadanos sobre la ampliación de la M-501 entre las localidades de Alcorcón y San Martín de Valdeiglesias, así como la presentada por Izquierda Unida y dos asociaciones ciudadanas sobre la remodelación de la carretera M-30 que circunvala Madrid.
En ambos casos, los denunciantes entienden que las obras no respetan la legislación ambiental de la Unión Europea.
Si la agenda lo permite, la Comisión de Peticiones iniciará hoy un nuevo examen de los problemas urbanísticos denunciados en la Comunitat Valenciana y en Andalucía, sobre los que el Parlamento Europeo ya se ha pronunciado anteriormente. .
La agenda de la comisión parlamentaria prevé el examen de unas 40 denuncias sobre la Comunitat Valenciana, en su mayor parte de ciudadanos extranjeros.
Algunas están formuladas genéricamente contra la aplicación de la antigua Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) o contra su sustituta, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Los eurodiputados prevén también examinar trece denuncias sobre posibles abusos en las costas andaluzas, presentadas también en su mayor parte por residentes extranjeros, particularmente británicos, en Estepona y Ronda (Málaga), Níjar (Almería) y Algeciras (Cádiz).
El Parlamento Europeo ya examinó en 2007 los abusos urbanísticos en las costas valenciana y andaluza y, tras enviar una misión de estudio a las localidades objeto de denuncia, aprobó un informe en el que advertía de sus "efectos desastrosos" en materia medioambiental, y sobre el patrimonio histórico y cultural. En 2005, la Eurocámara aprobó otro informe que censuraba los excesos cometidos bajo la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), sobre la que había recibido más de 15.000 quejas.
Las resoluciones del Parlamento Europeo en este área no son vinculantes, sólo tienen valor político.
* Levante-EMV - Efe, Valencia/Bruselas - 01.04.08
Foto: catral. Chalé en suelo no urbanizable en el municipio alicantino/ efe/morel, levante-emv
Detenidos el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo de Aljaraque
ELPAÍS/Huelva* : El ex alcalde de Aljaraque (Huelva) Juan Manuel Orta y el ex concejal de Urbanismo Casto Pino, ambos del PP, han sido detenidos hoy por la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía de Huelva. Ambos son acusados de blanqueo de capital y delito fiscal, ha informado la cadena SER.
Además, han sido arrestados un socio del ex alcalde y la esposa de Casto Pino, han informado fuentes relacionadas con el caso. Todas las detenciones las ha ordenado el juez por una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva.
Juan Manuel Orta y Casto Pino fueron denunciados por el promotor y ex militante del PP Rafael Barroso Castillo, quien acusó en abril de 2007 al ex regidor de Aljaraque de haber "engordado" su patrimonio personal los 12 años que estuvo al frente de la corporación municipal con la tramitación de licencias de obras en las urbanizaciones. Por las mismas razones denunció al ex concejal Casto Pino. A estas denuncias, respondió Orta con una querella criminal contra el promotor por dudar de su honestidad.
El PP de Huelva ha pedido que se respete la presunción de inocencia de los detenidos. En una rueda de prensa, el secretario general del PP de Huelva, Jesús Toronjo, ha reconocido que no tiene "mucha información sobre estas detenciones" pero que los arrestados son "inocentes hasta que no se demuestre lo contrario".
No obstante, ha recordado que Orta y Casto "no tienen ningún cargo en el PP de Huelva". De la misma forma, ha desvinculado la decisión de Orta de no optar a la reelección de su cargo en las municipales de 2007, adoptada en diciembre de 2006, al "posible temor" de que salieran a la luz estos hechos.
El PSOE pide explicaciones
El PSOE de Huelva ha manifestado que respeta la presunción de inocencia pero ha pedido al presidente del PP de Huelva, Pedro Rodríguez, y a su homólogo en Andalucía, Javier Arenas, que den una explicación sobre lo sucedido, ya que Aljaraque y su alcalde han sido en numerosas ocasiones para los populares "ejemplo de municipalismo y gestión urbanística".
El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ha lamentado que un representante de los ciudadanos "termine detenido como consecuencia de un hecho que tiene que ver con un urbanismo oscuro y un presunto enriquecimiento".
A su juicio, los ciudadanos de Aljaraque "estarán preocupados y consternados, aunque no sorprendidos porque la localidad ha tenido el crecimiento urbanístico más salvaje de la provincia de Huelva".
* ELPAIS.com - AGENCIAS - Huelva - 01/04/2008
Foto: Aljaraque (Huelva), ayuntamiento - foro-ciudad.com
La Fiscalía imputa al alcalde de Tolox 23 delitos urbanísticos
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SUR/Málaga* : La Fiscalía malagueña ha acusado al alcalde de Tolox, Juan Vera, de un total de 23 delitos urbanísticos por licencias de obras que concedió entre 2004 y 2006 para la construcción de más de 2.000 viviendas presuntamente ilegales, al ubicarse en terreno no urbanizable.
Por cada uno de estos delitos, el alcalde podría ser condenado a penas que oscilan entre uno y dos años de cárcel e inhabilitación de cargo público de hasta diez años, según ha informado a Efe fuentes de la acusación.
Cada caso se juzgará por separado en Málaga y el alcalde, que pertenece a Convergencia Andaluza (CA), se enfrentará a una pena de dos años de cárcel en catorce procedimientos y de un año en nueve, añadieron las fuentes.
Junto al regidor, en algunos de los casos, se sentarán en el banquillo de los acusados el arquitecto municipal y un asesor jurídico, que supuestamente orientaba al primer edil para autorizar las licencias, pese a que éstas no se ajustaban a la legalidad vigente, informaron fuentes de la acusación.
En algunas de las acusaciones también está imputada la secretaria municipal porque supuestamente podría haber informado favorablemente de algunas licencias de obra.
En una de las calificaciones, a la que ha tenido acceso Efe, el fiscal pide un año de cárcel y diez de inhabilitación para empleo o cargo público para el alcalde por un presunto delito de ordenación contra el territorio.
En el mencionado escrito, la Fiscalía, que también pide diez meses de prisión y ocho de inhabilitación para el arquitecto municipal Juan Antonio Benítez y para el asesor jurídico Diego José Sánchez, considera que Vera concedió por decreto una licencia de obras en enero de 2006 a pesar de constarle que no se ajustaba a la legalidad urbanística.
Presuntamente, los acusados, de común acuerdo y con objeto de proceder al crecimiento urbanístico de Tolox «sin respetar las normas urbanísticas vigentes», realizaron un expediente municipal de licencia de obras para la construcción de 772 apartamentos.
Informes favorables
Para ello, el arquitecto municipal formuló en diciembre de 2005 un informe técnico favorable a la ejecución de las obras, «a pesar de constarle que las mismas nos se ajustaban a la legalidad urbanística» del municipio, enmarcada en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía dado que Tolox carecía entonces de Plan General de Ordenación Urbana.
Por su parte, Diego Sánchez, que había sido contratado por Vera para la emisión de informes jurídicos en determinados expedientes de licencias de obras, formuló un día después un escrito favorable en relación con esta promoción inmobiliaria aunque también sabía que era contraria a la ley.
La Fiscalía señala que finalmente el alcalde concedió la licencia mediante un decreto de enero de 2006, conociendo también que no se ajustaba a la legalidad, y apunta que la contratación de Sánchez por Vera responde al hecho de «evitar» la valoración de la secretaria titular.
* Sur - 31 marzo 2008
Foto: Tolox (Málaga) - J.Rojas, ELPAIS.com
Urbanismo salvaje en Gran Canaria
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Tras pasar unos días en las isla de Gran Canaria he sentido indignación e impotencia por la destrucción de una zona de la costa sur de la isla entre Maspalomas y el puerto de Mogán que hasta hace muy poco eran parajes casi vírgenes. Os envio estas imágenes para que podáis juzgar por vosotros mismos. Una pena.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - RICARDO CORDERO - Gran Canaria - 26/03/2008
El alcalde de O Pino intercedió ante los vecinos para favorecer a Fadesa
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ELPAÍS/A Coruña* : "Esto no es Marbella, señores", advierte el alcalde de O Pino, Manuel Taboada Vigo (PP), en la nota de aclaración que ha colgado en la web de este ayuntamiento coruñés. Nada más abrir la página, antes que el habitual saludo del regidor, aparece, subrayada en rojo, su valoración sobre las "zancadillas que instituciones y particulares" han puesto al polígono industrial de O Pino, pegado al aeropuerto de Santiago, y al "progreso económico y poblacional" del municipio.
En su artículo, el alcalde denuncia el "repentino interés de algunos por la Ruta Jacobea", que ha llevado a la Consellería de Cultura a paralizar una parte de las obras del parque empresarial hasta que se determine si éstas invaden o no un trecho del Camino de Santiago. Esas supuestas trabas que Taboada denuncia en virtud de "intereses políticos escondidos" chocan directamente con su gestión en favor del parque empresarial, cuatro años de trámites -algunos dudosos- que han desembocado en doce de procesos judiciales todavía por resolver.
Según él mismo admite, antes incluso de convocar formalmente el concurso para adjudicar el proyecto, que contempla 200 parcelas para naves industriales y un hotel -con una superficie urbanizable total de 473.000 metros cuadrados-, el regidor visitó a los responsables de Fadesa para presentárselo. Y cuando la promotora coruñesa obtuvo la adjudicación del parque empresarial -concurriendo como única oferta a un concurso público abierto- un informe del arquitecto contratado por el ayuntamiento avaló la tasación de la inmobiliaria por las fincas: seis euros por metro cuadrado para unos terrenos que lindan con el aeropuerto de Lavacolla, a 15 minutos de Santiago y que estarán conectados con la autovía que pronto unirá Lugo y la capital de Galicia.
Para vencer la resistencia de algunos vecinos, el alcalde allanó el camino de la inmobiliaria y dirigió un escrito a los propietarios que se negaban a vender. La carta, del 26 de septiembre de 2005, firma del regidor y membrete municipal, cifraba el valor catastral de las tierras en 5,21 euros por metro.
Mutuo acuerdo
Taboada precisaba que "Fadesa, después de varias reuniones con el gobierno local, se comprometió a mantener el precio de 6 a 8 euros por metro cuadrado, para las adquisiciones de mutuo acuerdo que se formalizasen antes de presentar el proyecto de urbanización y expropiación". Por si quedaban dudas, durante esas fechas el alcalde puso a disposición de la empresa el ayuntamiento, para que explicase el trato a "todos los afectados".
Medio centenar de propietarios aceptaron el precio en los días posteriores, y fueron cerrando acuerdos con Fadesa a través de convenios a cuatro partes por la inmobiliaria, los propios interesados, el secretario del ayuntamiento y el alcalde. Los 52 expedientes que aglutinan en total 400.000 metros cuadrados determinan el importe máximo que la promotora abonó a los dueños de las fincas: seis euros por metro cuadrado más el valor de la madera de los árboles talados. Las escrituras de la compraventa revelan sin embargo que Fadesa pagó hasta cinco precios diferentes por las tierras. Seis euros por metro cuadrado en la mayoría de contratos, dos propietarios que recibieron 5,95 euros por metro cuadrado, otro que percibió 5,41 euros e incluso una vecina que vendió su parcela a la inmobiliaria -como muchos otros antes de que Fadesa firmase el contrato con O Pino- y que sólo recibió 4,11 euros por cada uno de sus 1.262 metros cuadrados.
Otros 70 propietarios que reunían 600.000 metros cuadrados, más de la mitad del suelo del polígono, decidieron no firmar y plantear un contencioso administrativo contra las condiciones de compra. El alcalde despachó sus reclamaciones alegando que se habían producido fuera de plazo. El conflicto lo estudia el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de A Coruña. Mientras, el Jurado de Expropiaciones de Galicia, dependiente de la Consellería de Política Territorial, ha encontrado ya un precio justo: 17,53 euros el metro, una cantidad que casi triplica lo que Fadesa pagó a los vecinos que decidieron vender bajo recomendación del alcalde. Como la firma de los contratos fue voluntaria, no podrán reclamar. Los propietarios de la otra mitad de la superficie del futuro parque empresarial (600.000 metros cuadrados) aguardan la resolución del Juzgado de lo Contencioso de A Coruña para reclamar a Martinsa -el grupo inmobiliario que adquirió Fadesa- 10 millones y medio de euros por sus terrenos.
* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 30/03/2008
Foto: O Pino (A Coruña) - xunta.es
La policía investiga intereses particulares del alcalde de Mogán en el Plan General
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LAPROVINCIA/Gran Canaria* : La desclasificación de parte del sumario correspondiente a la operación Góndola, una presunta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Mogán, no significa que la investigación haya finalizado. De hecho, en la actualidad se mantienen abiertos varios frentes considerados de vital importancia para poder probar la presunta comisión de un delito de cohecho en lo que respecta a los principales imputados, fundamentalmente el alcalde Francisco González.
De esta forma, la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Canarias indaga en los posibles intereses de González en diversos convenios urbanísticos relacionados con elPlan General de Ordenación Urbana, en los que presuntamente podría haberse aprovechado de su condición de alcalde para sacar algún tipo de beneficio. En este sentido, los agentes adscritos a la investigación destacan en un informe una conversación telefónica entre el alcalde de Mogán y una persona llamada Fernando, en la que dialogan acerca de lo que parece una inversión inmobiliaria del alcalde: "Lo importante es que puedas sacar dos viviendas por piso", le dice el interlocutor a González, "porque en Arguineguín no se venden viviendas grandes y además te van a sacar ahora el lote siete de Arguineguín". En un informe policial referente a esta conversación, la Brigada de Información asegura que "la conversación está centrada en el posible negocio, su rendimiento y la posible competencia de otras viviendas que supuestamente el alcalde está construyendo".
La policía llama también la atención de una conversación telefónica entre el alcalde y Marcelino Martín, el hombre fuerte del urbanismo en el municipio de Mogán y con el que se seguía contando a la hora de tomar decisiones a pesar de que ya se había jubilado. En esta conversación, González y Martín hablan de una promoción inmobiliaria de una sociedad denominada Inversiones Salobre S.L., que busca un cambio de edificabilidad para el PlanGeneral. Cuando Martín le comenta al alcalde que han solicitado un aumento de edificabilidad, González le dice que le dé "el máximo", puesto que "van a hacer dúplex adosados". Francisco González también aclara a Martín que "esto es de un diputado del Partido Popular que me está llamando a ver", y que puede estar "sujeto a convenio".
Según la Policía Nacional, la figura del convenio urbanístico está siendo utilizada "bajo sospecha de posibles irregularidades" por el Ayuntamiento de Mogán.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 30 de marzo de 2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), puerto - wikipedia.org
Se oponen a la construcción de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores
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EFE/Alicante* : La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha expresado hoy su rechazo a la construcción de una urbanización de 2.600 viviendas y un campo de golf en Dolores (Alicante) por el impacto "negativo" que puede generar sobre el parque natural de El Hondo y el humedal "Els Carrissars" de Elche.
En un comunicado, el portavoz de la asociación, Miguel Ángel Pavón, ha criticado la aprobación del citado proyecto por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.
Pavón ha subrayado que la citada Comisión ha clasificado como suelo urbanizable "más de 1,6 millones de metros cuadrados de huerta tradicional con un elevado riesgo de inundación".
Asimismo, ha afirmado que estos terrenos están "muy alejados" del casco urbano del municipio por lo que se favorece un crecimiento urbanístico "disperso".
Estos terrenos deberían de haber formado parte de la zona periférica de protección de El Hondo, que se ampliaron en 2003 en la zona húmeda de Els Carrissars de Elche.
Por todo ello, el portavoz del colectivo ha considerado que la Generalitat "ha vuelto a primar los planes urbanísticos especulativos sobre la protección del entorno de los humedales".
Además, Pavón ha subrayado que el parque natural de El Hondo "sufrirá la presión urbanística" con la ejecución de este proyecto, así como el "deterioro paisajístico", una "mayor presión humana" y la "pérdida de hábitat de la avifauna".
* Información - EFE - 30 de marzo de 2008
Foto: Dolores (Alicante) - wikipedia.org
Unas 12.000 personas piden en Girona la suspensión de la línea de muy alta tensión
ELPERIÓDICO* : Unas 12.000 personas, según la organización, han participado esta mañana en Girona en una manifestación contra la construcción de la línea eléctrica de muy alta tensión que debe conectar España con Francia. Organizada por la Plataforma No a la MAT y la Asociación de Municipios (AMMAT), los participantes exigen, nuevamente, la suspensión de una infraestructura que, a su juicio, "no está justificada".
La manifestación, encabezada por una decena de tractores, ha contado con el apoyo de multitud de entidades y asociaciones, de sindicatos como USTEC, Unió de Pagesos o JARC, así como de los ayuntamientos afectados por el trazado, entre otros.
Tomar nota
Los convocantes pretenden así que el mediador europeo por la interconexión eléctrica, Mario Monti, que visitará Girona el próximo martes, tome nota de la protesta y de sus razones para suspender esta línea.
El pasado 1 de marzo, entre 13.000 y 15.000 personas se congregaron en Perpinyà (Francia) para mostrar su rechazo al proyecto de línea de alta tensión.
En su cumbre del pasado 10 de enero en París, los Gobiernos de Francia y España se comprometieron a cerrar, antes del 30 de junio de este año el trazado y los plazos del proyecto.
* El Periódico - EFE - 30/3/2008
Foto: Varios manifestantes recorren las calles de Girona/ EFE
'Malaya', un entramado de dos años
SUR/Marbella* : Para algunos han sido dos años eternos. Años de grilletes, de registros, de flashes de fotógrafos, de idas y venidas a los juzgados, de hastío y soledad entre los barrotes de una celda. Pero el tiempo pasa y la vida sigue. De los más de cien detenidos ya no queda nadie en prisión. Porque Juan Antonio Roca, considerado factótum del Ayuntamiento de Marbella y presunto cerebro de la trama 'malaya', parece tener los días contados entre rejas.
La decisión del juez Óscar Pérez de otorgarle el beneficio de la duda al fijarle una fianza de un millón de euros ha supuesto el punto y final al castigo de la prisión provisional que el juez Torres infligió a algunos de los 'malayos'. Sólo queda en prisión un enflaquecido Julián Muñoz, que continúa encarcelado por otras condenas, mientras que el huido Carlos Fernández no parece tener intenciones de rendir cuentas con la Justicia.
Para muchos, el 'caso Malaya' atraviesa un bache. Con todos los procesados disfrutando de la libertad y desdiciéndose ante el juez, cientos de millones de euros en propiedades y en cuentas bancarias bloqueados pero no devueltos a las víctimas del saqueo y tres fugitivos en paradero desconocido, algunos se preguntan si el caso se ha desinflado en su tramo final, caracterizado por la rebaja de las fianzas y las puestas en libertad.
No obstante, los últimos acontecimientos también se pueden encuadrar en el devenir lógico de una instrucción. A Roca, el último de los 'malayos', se le cumplieron ayer los dos años de prisión preventiva, que pueden ser prorrogados por circunstancias excepcionales. El juez Óscar Pérez no lo entendió así, pese a reconocer el elevado riesgo de fuga y a la negativa del fiscal a conceder una fianza al ex asesor de Urbanismo.
Piezas separadas
A la recta final de la instrucción han llegado 83 procesados de los más de cien detenidos con que se saldó con la 'operación Malaya'. En el auto de procesamiento, el juez Miguel Ángel Torres levantó la imputación a seis personas e hizo piezas separadas para el resto. Julián Muñoz y compañía forman uno de esos grupos que han sido desgajados del tronco del 'caso Malaya', que hunde sus raíces en un periodo de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella que, lentamente, empieza a superarse.
Los procesados han ido pasando durante las últimas semanas por los juzgados para prestar declaración indagatoria ante el juez Pérez. En la mayoría de los casos, han rectificado las cuasi confesiones que hicieron a su antecesor, el magistrado Miguel Ángel Torres, cuando el sumario estaba secreto, nadie sabía hasta donde habían podido llegar los investigadores y la cárcel de Alhaurín de la Torre era un horizonte cercano. El 'Donde dije digo, digo Diego' explica bien a las claras lo profundas que eran las ramificaciones de la red de podredumbre moral tejida al abrigo del Ayuntamiento de Marbella.
En su segundo aniversario, la alargada sombra del 'caso Malaya' se ha extendido a todas las instituciones. Aparte de Roca, del anterior Ayuntamiento están procesados 19 ex concejales, entre ellos Marisol Yagüe, que pasó de alcaldesa a presidiaria, y la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos, acusada de haberse mudado al lado oscuro tras haber sido, durante años, azote del gilismo en Marbella. Ambas compartieron módulo durante meses en la prisión de Alhaurín de la Torre. También fueron detenidos ocho funcionarios, incluidos el ex secretario municipal y el anterior jefe de la Policía Local de Marbella.
El embrollo 'malayo', como lo denominaron los investigadores, también pasó factura a un retirado Pedro Román, apartado de la vida municipal pero no del mundo empresarial generado en torno a ésta, que fue detenido en mayo de 2007 en el aeropuerto de Málaga cuando regresaba con su hija en un vuelo procedente de la ciudad suiza de Zúrich.
La primera fase, la de los concejales, supuso abrir la caja de los truenos y destapar el escándalo. El encarcelamiento de la alcaldesa y de varios concejales desembocó en la disolución del Consistorio marbellí y, por extensión, la formación de una gestora para afrontar la crisis y allanar el camino en la transición hacia las urnas. Ahora, la ciudad no pasa por su mejor momento -15 años de latrocinio no pueden salir gratis-, pero seguramente los vecinos pueden tener la sensación de que han dejado de tomarles el pelo.
Pero si 'Malaya I' fue sonora, la segunda tanda no fue menos escandalosa. El hallazgo de la 'caja B' de Roca colocó en el punto de mira a los acusados de untar a los políticos para saltarse la legalidad vigente en beneficio propio.En total, hay 29 destacados empresarios de la construcción procesados, entre ellos algunos tan conocidos como Rafael Gómez, alias 'Sandokán', José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Carlos Sánchez o parte de la cúpula de Aifos.
Hasta el mundo del folclore y la farándula tuvieron su momento estelar. Las detenciones de Julián Muñoz y Maite Zaldívar, esta última por presuntamente recibir dinero del ex alcalde a través de cuentas en paraísos fiscales -después de haberse separado- no vino más que a echar sal donde ya había pimienta de sobra.
Durante meses se estuvo especulando sobre quién sería la siguiente. Todos los focos se centraban sobre una Isabel Pantoja acosada por la prensa, hasta el punto de que fotógrafos y cámaras hicieron guardia durante semanas en la puerta de su chalé 'Mi Gitana', en la urbanización 'La Pera' de Marbella, esperando la llegada de los agentes.
Fue al anochecer del 2 de mayo. Las cámaras captaron su imagen en el asiento de atrás de un coche camuflado de la policía. Semblante serio y gafas de sol para ocultar los ojos irritados por el disgusto. Tras ser interrogada sobre sus cuentas por el incisivo juez Torres, consiguió eludir la prisión al pagar una fianza de 90.000 euros.
Parejas mediáticas
Pantoja fue la más mediática de las parejas que se vieron arrastradas por sus compañeros al pozo del 'caso Malaya'. Pero hubo alguna más. La mujer de Roca, María Rosa Jimeno, y su hija tuvieron que comparecer ante el juez para dar explicaciones sobre su envidiable suerte en los juegos de azar, por las veces que les había tocado la lotería.
La trama de corrupción acabó salpicando a todas las instituciones. Varios policías locales, un importante número de abogados -muchos de ellos encarcelados durante meses-, un secretario judicial y hasta un juez, Francisco Javier de Urquía, al que se acusa de supuestamente recibir dinero de Roca.
Por contradictorio que parezca, la imputación de Urquía fue un momento crítico para la instrucción, ya que se rompió el principio de igualdad que habían pregonado el juez Torres, el fiscal y la propia policía para justificar que todo el mundo entrara en el juzgado con los grilletes puestos.
El segundo revés al caso se produjo con la renuncia de los dos inspectores que habían dirigido la investigación, que pidieron el relevo por falta de apoyo, entre otros aspectos, ante la metodología de trabajo que se había instaurado durante las pesquisas.
El nudo de la función llega a su fin. El juez Pérez aseguró en el auto de fianza para Roca que a la instrucción le quedan unos meses. Luego llegará el macrojuicio, que se celebrará aproximadamente en un año en la Ciudad de la Justicia. Ese será el desenlace. Pero todo hace presagiar que, sobre 'malaya', han corrido, corren y correrán auténticos ríos de tinta...
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA / JUAN CANO - 30 marzo 2008
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
El Gobierno vasco expropiará las viviendas protegidas que lleven más de tres meses vacías
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ELCORREO* : El Gobierno vasco ha dado un paso más en su lucha por que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) cumplan la función para la que fueron concebidas y evitar así posibles fraudes de sus inquilinos. El último decreto publicado por el Ejecutivo en materia de vivienda protegida -para dar desarrollo normativo a la Ley vasca del Suelo- dedica uno de sus apartados a garantizar que estos pisos sean la vivienda habitual de sus propietarios.
Si el Departamento de Vivienda detecta que no es así, podría expropiar la vivienda y considerará que los propietarios no hacen uso permanente del piso si éste permanece deshabitado durante más de tres meses. Se estrecha el margen, ya que la anterior normativa sobre expropiación determinaba que el plazo que podía permanecer sin uso una casa, sin causa justificada, era de un año. Según establece el nuevo decreto de Lakua, las VPO deberán ser destinadas a «domicilio habitual y permanente», es decir, para satisfacer «de manera directa e inmediata las necesidades de vivienda de sus ocupantes».
Del mismo modo, advierte de que «se presumirá que una determinada vivienda ha dejado de ser domicilio habitual cuando permanezca desocupada durante más de tres meses de manera continuada, salvo causa justificada que permita acreditar que dicha vivienda sigue constituyendo tal domicilio habitual y permanente»
Inspección del fraude
Esta exigencia también será aplicable a los nuevos inquilinos en el caso de que el piso se traspase. El contrato de compraventa deberá incluir de manera obligatoria una cláusula que comprometa a los nuevos propietarios a cumplir esta norma. En el último año, la consejería de Javier Madrazo ha volcado gran parte de sus esfuerzos en el control del uso que los propietarios de VPO hacen de sus pisos. Así, a mediados de 2007 se puso en marcha el Servicio de Inspección para realizar revisiones periódicas del parque de vivienda protegida.
El último informe que el Departamento de Vivienda ha hecho público respecto a los resultados de esos controles advirtió de que el 9% de los pisos inspeccionados en promociones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa presentaba «irregularidades constatadas». Cada tipo de fraude tiene su castigo -el más grave la expropiación- y el pasado año el Ejecutivo autónomo recurrió a esta sanción ocho veces. En Álava expropió cinco pisos, en Guipúzcoa dos y en Vizcaya, uno.
Además de recortar el plazo durante el que las viviendas pueden estar vacías, el decreto incluye la creación del Registro de Vivienda de Protección Pública, diseñado para recoger todos los datos de los pisos protegidos existentes en Euskadi. Este instrumento pretende actuar «como elemento fiscalizador básico del cumplimiento de la legalidad vigente en materia de acceso y uso del parque de vivienda protegida», detalla el documento.
* El Correo Digital - 30.03.08
Foto: Vitoria, viviendas en construcción - P.J.Phanse (El País)
Galicia: La evaluación ambiental pasará por analizar el impacto sobre el paisaje
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ELCORREOGALLEGO* : Todos los proyectos que se pongan en marcha en Galicia que deban someterse a una declaración de impacto ambiental (DIA) tendrán también que contar a partir de ahora con un estudio de impacto de integración paisajística. Así lo establece la futura ley de protección del paisaje de Galicia, que ayer recibió el visto bueno del Consello de la Xunta, aunque todavía tendrá que pasar la tramitación parlamentaria antes de su aprobación definitiva.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno gallego, el jefe del Ejecutivo autonómico, Emilio Pérez Touriño, explicó que el objetivo de esta ley es "reconocer jurídicamente el paisaje" y promover políticas para su gestión y su conservación, a través de un "valioso instrumento legal", que deberá servir de marco de referencia para todas las legislaciones.
De esta forma, Galicia se convierte en la tercera autonomía española, después de Cataluña y la Comunidad Valenciana, en proteger por ley su paisaje, en cumplimiento del convenio europeo sobre esta materia.
La nueva normativa también afectará a los planes generales de ordenación municipal (PXOM), ya que las directrices del paisaje que se elaborarán serán "vinculantes" para cualquier planificación sectorial y urbanística y se integrarán en la evaluación ambiental estratégica que tienen que pasar estos proyectos.
El objetivo es preservar las áreas de interés paisajístico, al evaluar los efectos que cualquier proyecto con impacto ambiental puede tener sobre el paisaje.
Para lograr todos sus fines, la futura ley contará con instrumentos legales, como los catálogos del paisaje, donde se delimitarán las grandes áreas paisajísticas, se hará inventario de sus valores y se identificarán las que necesiten medidas especiales de protección, así como zonas de especial interés paisajístico.
También habrá directrices del paisaje que determinarán cuál es la calidad adecuada para cada paisaje y las acciones específicas para alcanzarla. Incluirán indicadores de calidad, normas y recomendaciones para la definición de los planes urbanísticos y sectoriales.
Otro de los instrumentos para la protección del paisaje serán los planes de acción para mantener, mejorar, regenerar o recuperar áreas protegidas.
El CES advierte sobre el aumento de la presión fiscal
El anteproyecto de ley de protección del paisaje de Galicia se viene a sumar a "la constelación de normas vigentes que inciden directa o indirectamente sobre la materia paisajística". Así lo destaca el Consello Económico e Social de Galicia (CES) en el dictamen emitido sobre esta futura norma.
Para este órgano consultivo, que preside Pablo Egerique, en el anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Consello de la Xunta, se echa en falta que no aparezca estudiada "la influencia que van a ejercer unas normas sobre otras en su aplicación concreta". Además, incide en que la irrupción de la nueva legislación "aumenta la fragmentación normativa e introduce inseguridad jurídica y costes innecesarios en la gestión, incrementando indirectamente la presión fiscal sobre los ciudadanos".
Otra de las consideraciones generales realizadas desde el Consello Económico e Social en torno al análisis de este proyecto legislativo es que la ley debería contemplar algún "mecanismo coercitivo, que introduzca elementos específicos de protección del paisaje dentro de la normativa sobre disciplina ambiental existente". En cualquier caso, el CES evalúa "positivamente los fines y objetivos que persigue" el borrador de la futura ley.
Visión positiva
Por su parte, el presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, a preguntas de los periodistas, destacó ayer que el Consello Económico e Social hizo una "consideración en general positiva" del proyecto y restó importancia a que el órgano reclamase más medidas coercitivas para proteger el paisaje. En este sentido, Touriño explicó que la futura ley "no es coercitiva, pero sí de obligatorio cumplimiento".
Además, recordó que "quien toma las decisiones políticas" es el Parlamento autonómico y la Xunta de Galicia y no el CES, tras lo cual calificó como "salto histórico" la puesta en marcha de una ley que crea instrumentos para proteger, reconocer y amparar el paisaje .
LOS DATOS
Observatorio
La Consellería de Medio Ambiente promoverá que las áreas de Especial Interese Paisaxístico se incorporen a la Rede de Espacios Protexidos de Galicia, y se creará un Observatorio Galego da Paisaxe, como órgano de apoyo y asesoramiento a la Xunta y de coordinación con administraciones o sectores de la sociedad.
Convenio Europeo
La nueva norma tiene sus principios inspiradores en el Convenio Europeo da Paisaxe, aprobado en Florencia en 2000 a propuesta del Consejo de Europa. Esta carta entiende el paisaje como un "elemento esencial para el bienestar individual y social, cuya protección, gestión y planeamiento comporta derechos y obligaciones para todos".
Aportaciones de otros organismos
El Consello Galego de Medio Ambiente, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la Comisión Galega de Cooperación Local realizaron aportaciones al texto.
* El Correo Gallego - SANTIAGO - 28.03.2008
Foto: Una aldea rodeada por las montañas de O Courel en la provincia lucense/ elcorreogallego.es
Salvem el Cabanyal. Punto y seguido
FERNANDO FLORES GIMÉNEZ* : Qué debe hacer Salvem el Cabanyal tras la sentencia del Tribunal Supremo que de entrada permite a la alcaldesa de Valencia ejecutar su plan de prolongar la Avenida de Blasco Ibáñez sobre lo mejor del barrio? Algunas personas ciertamente relevantes (Alfonso Grau, F.P. Puche) se han apresurado a dictar al unísono -esto no es una sorpresa-, su veredicto.
A la vista de la gravedad de sus pecados, Salvem pedirá perdón por los daños causados y desaparecerá sin más, quedando tan sólo en el recuerdo como el minúsculo colectivo de la izquierda radical apoyado por los socialistas (esto dato es muy importante, víctimas sorpresivas del bipartidismo), que retrasó la regeneración del Cabanyal y, más aún, provocó su profundo deterioro, y todo por puros intereses económicos particulares. Resulta curioso observar el valor que pueden llegar a tener algunas personas.
Probablemente sea ocioso recordar a quienes piensan que el Cabanyal son esas casas con gitanos que hay junto a la dársena de la Copa América lo que ha pasado y pasa en el barrio; quizás no valga la pena señalarles la contradicción que supone atribuir la degradación de un barrio a cuatro gatos insumisos frente a un gobierno municipal con repetidas mayorías absolutas. Aunque todo esto no se sostiene, se repite, y es así como lo absurdo se abre paso desplazando al sentido común. Como en tantas otras cosas.
Salvem el Cabanyal es un grupo de ciudadanos, unos afectados directamente por la prolongación de Blasco Ibáñez y otros no, que está honestamente convencido de que ese plan municipal, además de no perseguir interés general alguno, es un atentado contra el patrimonio histórico y contra el derecho de las personas a vivir en un entorno especial, si se quiere distinto, pero protegido por la ley. Por eso no se siente identificado cuando se le acusa de perseguir intereses económicos, o cuando se le hace responsable de la suciedad del barrio, de la ausencia de servicios sociales, del deterioro de las casas. Quien afirma eso no tiene ni idea, o tiene mala fe; o ambas cosas.
Por todo eso, tras la sentencia del Supremo, Salvem va a seguir trabajando para lo que fue creada, para ser la voz de algunos ciudadanos que, en realidad, no son tan pocos. Eso significa, en primer lugar, seguir ofreciendo buena información a los vecinos que estén interesados en recibirla, y contrastar los criterios de todos para saber cómo actuar. Así ha funcionado y seguirá haciéndolo.
En segundo lugar, y por coherencia con lo primero, significa leer la sentencia del Supremo (se está escribiendo, el Tribunal sólo adelantó el fallo), valorar su alcance, decidir qué hacer y explicar todo ello a los afectados que quieran escuchar. Entre los detractores de la plataforma ciudadana, hay quien se ha mostrado sorprendido porque Salvem el Cabanyal se haya apresurado a acatar la sentencia, ya que a su entender, haciéndolo, ha cortado de raíz cualquier intento de insumisión por parte de otros colectivos e instituciones. Sorprende la sorpresa. Dejando a un lado el hecho de que Salvem siempre ha actuado con arreglo a la ley, se ignora en la Plataforma qué colectivos e instituciones están actualmente en disposición de acometer actos de desobediencia civil, a salvo, claro está, algunos gobiernos autonómicos del Partido Popular respecto de la obligatoria Educación para la Ciudadanía.
En tercer lugar, y muy importante en este momento, Salvem el Cabanyal seguirá apoyando a los requeridos de expropiación urgente por el Ayuntamiento con propuestas económicas ridículas por sus casas. Este fue el primer mensaje que se quiso dar a los vecinos tras conocer el fallo. No debiera olvidarse -e increíblemente este gobierno municipal de misa dominical lo hace- que muchos de los que han recibido (y van a recibir) la carta de expropiación de la alcaldesa son personas mayores con pocos recursos.
Por último, quizá valga la pena recordar que la Plataforma tiene en contencioso ante la Unión Europea a la empresa Cabanyal 2010, responsable de la ejecución del Plan, por constitución ilegal. Quizá convenga que alguien siga denunciando, aunque al parecer a pocos cause escándalo, que esa empresa alquila en el barrio casas sin agua y sin luz a personas desahuciadas. Quizá no esté de más que alguien siga alertando a la fiscalía de menores sobre el desamparo y las condiciones de insalubridad que sufren algunos niños en el Cabanyal. Quedan cosas por hacer.
No se le oculta a Salvem el Cabanyal que la sentencia del Tribunal Supremo compromete aún más la integridad del Bien de Interés Cultural teóricamente protegido, que somete a más presión a los vecinos, que da un respiro a la alcaldesa (por cierto, la misma alcaldesa que contra el interés del barrio recurrió -y perdió- la decisión del Supremo de adelantar el fallo, ese adelanto que hoy la hace tan feliz). Pero tampoco se le escapa a los vecinos que la vía judicial no bendice el proyecto del Ayuntamiento sino que, como mucho, admite que ese proyecto queda libre en manos del gobierno municipal, convirtiéndolo así en un acto de exclusiva responsabilidad política. Acto político que, en democracia, puede ser discutido y contestado: que sea legal no significa que sea bueno.
Como es notorio, a día de hoy el Cabanyal sigue en pie. Frente a esta impertinente realidad el gobierno municipal aprieta el acelerador propagandista, espera que los vecinos se echen a un lado y concluye orgulloso que «en diez años podremos culminar el proyecto». Quizá esto acabe siendo así, pero quizá no. A estas alturas nadie duda de que a algunos les gustaría que todos fuéramos asiduos creyentes de Canal Nou. Pero el mundo es redondo. Y se mueve.
* Miembro de Salvem el Cabanyal.
* Levante-EMV - Opinión - 29 de marzo de 2008
Palma: La Fiscalía ultima una nueva querella contra De Santos por el castillo del Parc de sa Riera
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DIARIODEMALLORCA* : La fiscalía anticorrupción ultimaba ayer una segunda querella contra el ex regidor de Urbanismo en el anterior gobierno municipal del PP de Palma, Javier Rodrigo de Santos, acusado en otro sumario de presunta malversación de caudales públicos por pagar vicios privados con una tarjeta de crédito oficial.
Ahora, y entre otros expedientes dirigidos por el ex responsable de la Empresa Municipal de Obras y Proyectos Urbanos de Palma (EMOP) que están siendo revisados, las pesquisas se han centrado en el enorme castillo de juegos infantiles instalado en el Parc de sa Riera, un equipamiento que emula al castillo de Bellver y que costó a las arcas municipales 1,4 millones de euros (232 millones de pesetas).
La fiscalía anticorrupción de Balears lleva varios días investigando la contratación de los juegos infantiles y ayer inició los interrogatorios de personas del entorno del ex concejal de Urbanismo, entre ellas personal del EMOP .
Contrato verbal
Las pesquisas, que podrían traducirse en una segunda querella contra el político conservador y otras personas, intentan esclarecer cómo se contrató la construcción del castillo infantil y si el entonces responsable del EMOP pudo favorecer a alguien de su entorno con esta operación.
DIARIO de MALLORCA publicó el pasado día 23 que el nuevo Ayuntamiento presidido por la socialista Aina Calvo se había encontrado con la sorpresa de que los juegos infantiles del Parc de sa Riera habían costado 1,4 millones de euros, una cantidad que reclamaba la empresa instaladora.
Desde el consistorio se destacaba que el contrato para dicho equipamiento, de 3.500 metros cuadrados y 10 metros de altura máxima, se había hecho a "dedo" sin el preceptivo concurso público.
Las irregularidades detectadas eran aún mayores puesto que se afirmaba que el castillo para los niños no aparecía en ninguno de los presupuestos del parque.
Ahora también se ha sabido que se está tratando de clarificar si De Santos contrató verbalmente el conjunto de toboganes, rampas y pasarelas imitación del castillo de Bellver y en qué condiciones realizó dicho encargo.
También se quiere determinar si el ex concejal del PP pudo beneficiar a alguien próximo con dicho contrato.
En Cort, por otro lado, no están de acuerdo con la factura que se les reclama por los juegos infantiles y han encargado un peritaje sobre su posible coste.
Este informe ha llegado a la conclusión de que el castillo para los pequeños ha podido costar unos 140.000 euros menos de lo que se reclama, lo que supondría un desvío al alza de un diez por ciento del 1,4 millones facturado Aunque esta partida del concebido como el futuro pulmón verde de la ciudad es llamativa, los actuales responsables del Ayuntamiento han cuantificado en un 66 por ciento el sobrecoste del Parc de Sa Riera en relación a lo presupuestado.
El aumento del gasto se debió a la decisión de ampliar el recinto con los cerca de 40.000 metros cuadrados que antaño ocupaba la Fira del Ram. Así se planteó la necesidad de llenar el espacio con una serie de equipamientos, entre ellos una gran fuente y el castillo infantil, objeto de investigación en la fiscalía.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.M. PALMA - 29 de marzo de 2008
Foto: Palma_de_Mallorca, vista - Lothar Velling (wikipedia.org)
La CHJ impugna el acuerdo de Urbanismo para que el Estado recurra el plan Rabasa
INFORMACIÓN/Alicante* : La Abogacía del Estado impugnará, previsiblemente, el plan parcial de Rabasa ante los tribunales de justicia tras la decisión de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de presentar un voto particular ante la Comisión Territorial de Urbanismo. Dicho voto se justifica al no garantizarse el suministro del agua en un plan que prevé 13.500 viviendas y unos 40.000 habitantes.
Además, la CHJ cuestiona la legalidad del acuerdo tomado el pasado jueves por el citado organismo de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo.
El propio portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes, Ángel Luna, manifestó ayer que la presentación del voto particular por parte de la CHJ "hace pensar en un recurso del abogado del Estado porque el proyecto no respeta la normativa vigente".
El recurso, sin embargo, no se podrá interponer hasta que el plan de Rabasa obtenga el visto bueno definitivo, con la firma del conseller de Medio Ambiente y Urbanismo, José Ramón García Antón, por lo que tendrá que esperar aún meses.
El voto particular de la CHJ impugnando el informe favorable de la Comisión Territorial de Urbanismo sobre Rabasa se centra fundamentalmente, según las fuentes consultadas, en dos aspectos, la inexistencia de garantías para el suministro del agua y las irregularidades del acuerdo del pasado jueves.
Con respecto al primer punto, el voto particular de la CHJ advierte claramente que las empresas suministradoras del agua, en referencia implícita a Aguas Municipalizadas que abastece a Alicante, carecen de legitimidad para informar sobre derechos del agua, y recalca que esta competencia corresponde, de forma insustituible, a los organismos de cuenca.
En cuanto al informe del Ayuntamiento, en el que esgrime un convenio suscrito entre Aguas de Alicante con la sociedad estatal Acuamed, para abastecer a Rabasa con agua de la futura desaladora prevista entre El Campello y Mutxamel, el voto particular de la CHJ subraya, categóricamente, que el destino de este agua está perfectamente definido en el convenio y en ningún momento se hace referencia a Rabasa.
Además, la CHJ afirma que desde que emitió su informe en contra, hace 14 meses, no ha recibido ningún escrito municipal al respecto, ni siquier el citado convenio entre Aguas y Acuamed.
En cuanto al segundo aspecto, la CHJ advierte de que el jueves se modificó el informe desfavorable de Rabasa por otro favorable en base a unos supuestos informes del Ayuntamiento, presentados dos días antes de celebrarse la Comisión Territorial, que no pudieron ser analizados por ninguno de los vocales de la citada comisión.
* Información - MANUEL DOPAZO - 29 de marzo de 2008
Foto: Vista aérea de la ciudad, con los terrenos destinados al plan de Rabasa en primer término/ A. I., diarioinformacion.com
