Salvemos Mojácar pide la paralización cautelar del hotel de Macenas por ser 'similar' al Algarrobico

TERRA/Almería* : Las organizaciones ecologistas Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas han pedido al titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, la paralización cautelar de las obras del hotel de cinco estrellas que la empresa Medgroup construye dentro del complejo turístico y residencial de lujo 'Beach & Golf Resort Playa Macenas' (Mojácar), un proyecto que consideran 'muy similar' al del hotel paralizado en el paraje del Algarrobico (Carboneras, Almería).

Sendos colectivos anunciaron en un comunicado que también han pedido al juez la suspensión cautelar del riego del campo de golf de 18 hoyos, prácticamente terminado, que incluye el residencial y la impugnación de todo el Plan Parcial al entender que el complejo se ubica íntegramente en suelo protegido --hábitat prioritario-- y que carece de los preceptivos informes de impacto ambiental.

Para Salvemos Mojácar, el proyecto de Macenas tiene aspectos similares al del Algarrobico e incluso 'más graves', como son la 'ocupación ilegal' de servidumbre de protección marítimo-terrestre y de dominio público de ramblas y la ocupación de hábitat prioritario, además del 'riego ilegal' de los campos de golf.

A su juicio, el hotel de cuatro plantas, de las que ya ha comenzado a construirse el piso inferior, invade la servidumbre de protección marítimo-terrestre, sin que la promotora, que 'reconoció' que así era, haya realizado ninguna modificación del proyecto.

Respecto al deslinde de la servidumbre de protección marítimo-terrestre, el Ministerio de Medio Ambiente, según ellos, ha hecho una revisión de error del mismo, ya en la zona del hotel bajaba 'misteriosamente' de 100 a 50 o 20 metros, una de las muchas 'arbitrariedades' que habían ocurrido en Almería, con lo que se ha aprobado un deslinde de 100 metros 'igual que en el caso del Algarrobico', aunque el deslinde podría ser de hasta 200 metros al tratarse de una rambla, lo que implicaría la eliminación total del edificio.

En cuanto a los campos de golf, los ecologistas señalaron que uno de ellos está ubicado en su totalidad en la Rambla de Macenas y más de la mitad ocupa el terreno de dominio público que delimita la rambla tanto en el deslinde original como en el aprobado por la Consejería de Medio Ambiente el año pasado.
La promotora tiene un permiso de ocupación de 40 años del deslinde a condición, entre otras cosas, de no verter escombros aunque han echado más de un millón de metros cúbicos de tierra transformando lo que multiplica los riesgos de inundación, que se concentran sobre todo en el hotel que se sitúa justo en la desembocadura de dos ramblas y además en la zona inundable de costas, denunciaron.

Salvemos Mojácar y Salvemos Macenas presentaron en 2006 un contencioso contra las licencias de obras del hotel y el campo de golf, que fue admitido a trámite por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería.







* Terra Actualidad - Europa Press - Almería, 22-02-2008
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas - salvemosmojacar.org


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El Consell acumula 70 expedientes de demolición que afectan a grandes obras en suelo rústico

DIARIODEMALLORCA* : El Consell de Mallorca acumula en torno a 70 expedientes de demolición total y varios de carácter parcial que afectan a obras situadas en suelo rústico que están repartidas por toda la Isla. De momento, está previsto que en la próxima reunión de la Comisión Insular de Urbanismo se acuerde iniciar el expediente de ejecución de demolición de 15 obras seleccionadas.

Se trata de la "primera acción de esta legislatura" puesto que, según apuntó la consellera de Territorio, Maria Lluïsa Dubón, el objetivo del Consell es poner en marcha actuaciones que permitan "agilizar" los trámites burocráticos y administrativos que requieren estos procedimientos, cuya tramitación en algunos casos se prolonga hasta diez años.

Precisamente Dubón compareció hoy en rueda de prensa, junto al director insular de Urbanismo, Miquel Vadell, para presentar nuevas medidas que permitan ejercer un "mayor control" de la indisciplina urbanística en el territorio insular, un tema sobre el que existe "una mayor sensibilización social después de que se destapara el caso Andratx", indicó.

Con el objetivo de garantizar una mayor protección, la responsable insular de Urbanismo, apuntó la propuesta del Consell de crear una Agencia de protección de la legalidad urbanística de Mallorca, "un ente público que alcanzaría las competencias en la materia que tiene el Consell y los Ayuntamientos que decidan adherirse".

UN NUEVO ÓRGANO DEPENDIENTE DEL CONSELL

Dubón defendió la instauración de esta nueva figura frente a la creación de un Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico de la isla --que propone el PP-- porque, según apuntó, "es más operativa y eficaz, y no incurre en una duplicidad de funciones".

Al respecto, añadió que la propuesta de los 'populares' no implica ningún cambio del actual marco legal, mientras que la iniciativa que propone Dubón supondría la creación de un órgano independiente dentro del Consell -similar al Instituto mallorquín de Asuntos Sociales- "con personalidad jurídica, presupuesto y plantilla propio y capacidad para ordenar demoliciones", matizó al respecto un técnico de la Institución.

La consellera sostuvo, no obstante, que "dado el calado político que representa la creación de una agencia de estas características", cuya actuación se extendería también a los grandes municipios de la Isla, su aprobación, dijo, deberá ir precedida de un amplio debate entre las diversas formaciones políticas.

ENCUESTA

Por otra parte, la consellera informó del resultado de una encuesta realizada por su departamento entre 28 municipios de Mallorca, de población inferior a 5.000 habitantes, 21 de los cuales aceptaron "la cooperación del Consell para realizar labores de inspección urbanística y de control de la legalidad" en su territorio.

La consellera se felicitó por la "respuesta" de los municipios, porque, a su juicio, demuestra que existe una sensibilización por la disciplina urbanística. Así, añadió que próximamente se procederá a la firma de convenios con cada Ayuntamiento, en los que se acordarán las función específicas que realizará el Consell.

En la mayoría de los pueblos ejercerá una labor inspectora en el ámbito de suelo rústico de cada municipio, mientras que en de ellos también acometerá la instrucción de los procedimientos sancionadores.

Asimismo, siete Ayuntamientos gobernados por el PP que pertenecen a la Asociación de Municipios de las Islas Baleares (AMIB) -Alaró, Deià, Estellencs, Fornalutx, Llubí, Montuïri y Selva- no aceptaron la propuesta del Consell, señalando en su respuesta que debería ser el Consorcio para la protección de la legalidad urbanística en suelo rústico el encargado de dichas funciones.






* Diario de Mallorca - Europa Press - 22 de febrero de 2008
Foto: Andratx (Mallorca), urbanismo - diariodemallorca.es


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Andalucía: La convulsión urbanística

ELPAÍS/Reportaje* : En la legislatura que acaba de terminar la Consejería de Obras Públicas se propuso cerrar los pilares normativos sobre los que se debe sustentar el desarrollo urbanístico de Andalucía en los próximos años: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y planes subrregionales en las principales áreas urbanas, a los que se sumó después la iniciativa de una ley sobre el derecho a la vivienda.

El camino se había iniciado en la legislatura anterior, con la aprobación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), la primera normativa de suelo autonómica en 20 años de autogobierno, que entró en vigor en enero de 2003. Tras las autonómicas de 2004, el presidente de la Junta renovó mandato al frente de Obras Públicas a Concha Gutiérrez del Castillo con la encomienda de completar el dibujo de la ordenación territorial.

Básicamente se trataba de diseñar una planificación que garantice crecimientos urbanísticos dotados siempre de infraestructuras y servicios públicos precisos y que no agoten los recursos naturales.

Del empeño han surgido fricciones y la legislatura ha resultado convulsa, quizá porque como sostiene un conocido urbanista los tiempos de expansión inmobiliaria no son propicios para la planificación, porque hay muchos intereses en juego, por más que nadie crea que los ritmos de crecimientos eran sostenibles.

El empeño de la Consejería de Obras Publicas ha causado de hecho muchas fricciones, especialmente a causa del POTA, aprobado en diciembre de 2006 e impugnado por varias asociaciones empresariales. La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) llegó a acusar a la Junta de deslealtad por romper la concertación social. Y en el frente político, el PP ha declarado un combate con el que persigue la derogación del POTA.

La CEA se quejaba de que la norma más trascendente del POTA no fue consultada en la mesa de concertación social como el conjunto del documento -fue introducida en el trámite parlamentario por iniciativa de IU-.

Se trata de la famosa norma 45 que determina que la Junta no aprobará planes de ordenación urbana municipales que contemplen en ocho años un crecimiento del 30% de la población existente o del 40% del suelo urbano actual.

La norma fue sumando rechazos, de alcaldes de todo color político, incluida IU, y incluso de urbanistas que comparten filosofía con la Junta. Se le achacaba a la norma además de ser injusta por establecer un mismo límite para situaciones muy dispares, que impedía crecer a municipios pequeños.

Finalmente, hace menos de un mes, el Consejo de Gobierno de la Junta aprobó una rebaja de los límites para los municpios mayores de 10.000 habitantes, que podrán crecer entre el 40% y el 60% en población, y eliminar los suelos industriales del cómputo para calcular el 40% tope de nuevos suelos urbanos.

Fue una medida previamente pactada por la Junta con la Federación de Municipios y Provincias (FAMP) y la CEA y que permitió aprobar el Plan de la Vivienda que contempla el compriso de las partes a construir 700.000 nuevas casas en 10 años, 300.000 de ellas de VPO.

No es ni mucho menos el primer cambio normativo en esta convulsa legislatura. En 2005 se aprobó la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, que reformaba algunos apartados de la LOUA apenas a los dos años de entrar en vigor. Esta norma extendió la obligación de destinar el 30% de los nuevos suelos en desarrollo a VPO a todos los municipios, sea cual sea su ntamaño. Uno de los puntos más polémicos fue la prohibición a los ayuntamientos a disponer del dinero que recaudan por anticipado de convenios urbanísticos hasta que no están aprobados definitivamente los planes que garanticen que la actuación acordada es viable.

También los planes subrregionales han motivado fricciones entre la Junta y los ayuntamientos. El de la Costa del Sol Occidental por ejemplo ha sido impugnado por dos alcaldes socialistas, los de Mijas y Estepona. Todos además van con retraso, y esta circunstancia junto a los sucesivos cambios de las normas a aplicar son usados como excusa por los ayuntamientos para no haber adaptado aún sus planes urbanísticos a la LOUA aprobada hace cinco años, proceso que apenas han iniciado un tercio de municipios.

Para la nueva legislatura queda mucha tarea sobre la mesa.


Propuestas de los partidos

- PSOE: Planes de ordenación territoriales para el interior y de movilidad en las grandes áreas urbanas.

- PP: Derogar el POTA y elaborar uno nuevo. Ley de control urbanístico. Reforma de las comisiones provinciales.

- IU: Medidas para invertir la concentración de población en el litoral y grandes ciudades. Plan de desarrollo sostenible.

- PA: Medidas para mejorar el control urbanístico.






* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 22/02/2008
Foto: Málaga, costa El Palo - J.Rojas (El País)


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La Generalitat tiene 1.439 pisos públicos sin ocupar

PÚBLICO/Barcelona* : Promociones de vivienda pública de alquiler para jóvenes con hasta un tercio de los pisos vacíos. Esto es lo que Público ha encontrado en una investigación en el área de Barcelona, donde los precios del mercado libre están por las nubes y hay largas listas de espera para acceder a un piso protegido. La Ley catalana del Derecho a la Vivienda contempla la expropiación forzosa a propietarios que mantienen sus viviendas vacías y no las alquilan en estas mismas áreas donde hay más necesidad. Mientras, hay 1.439 pisos públicos pendientes de adjudicarse.

Calle Josep Duran 2-4, Cornellà de Llobregat. En esta promoción de 24 pisos hay ocho en los que no vive nadie. "Algunos están vacíos desde hace más de un año", asegura una joven vecina. A Marta Rodríguez le adjudicaron una de estos casas en octubre de 2005. Pero, pese a estar vacía, hasta marzo de 2006 no le entregaron las llaves. "Me dijeron que tardaban tanto por temas de burocracia", explica.

Abandono progresivo

Carretera Reial número 1-7, Sant Just Desvern. De 48 pisos que hace cuatro años se adjudicaron a otros tantos jóvenes, 13 están vacíos. Dos de ellos desde el año 2006. El resto se han ido abandonando progresivamente, a medida que sus inquilinos encontraban una vivienda fija, dado que sólo pueden beneficiarse del alquiler público durante un periodo de cinco años.

Los propios vecinos denunciaron esta situación en una carta que el lunes remitieron a Adigsa -empresa de la Generalitat que gestiona los pisos- y al Ayuntamiento de Sant Just. "Queremos que la ocupación sea del 100%, y creemos que el Ayuntamiento lo gestionaría mejor", explica la presidenta de la comunidad, Mercè de Noguera.

Calle Marina 343, Barcelona. "El 7º-5A está vacío desde hace un año", explica una vecina de la misma planta, que añade: "me parece fatal porque hay muchos que lo necesitan". En este caso, la Generalitat tuvo que echar a los antiguos inquilinos porque no pagaban el alquiler. En esta promoción la gestión ha sido algo más rápida. Algunos pisos han sido readjudicados en un plazo de entre tres y cuatro meses.

La Generalitat dice que sólo tiene 41 pisos vacíos, entre los de venta y los de alquiler. Sin embargo, al insistir en la cantidad de viviendas que ha localizado Público, añade que hay otros 1.439 donde no vive nadie, pero no los considera vacíos porque están en vías de adjudicación.

Uno de los problemas es que las listas de espera caducan a los dos años. "Readjudicar un piso requiere un trámite legal para hacer cumplir la igualdad de oportunidades", explica el consejero delegado de Adigsa, Frederic Linares. La Generalitat contempla elaborar listas permanentes. También prevé que los ayuntamientos gestionen en el futuro estos pisos.






* Público - GLÓRIA AYUSO - Barcelona - 20/02/2008
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com


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El Valencia construirá un hotel de lujo y con veinte alturas junto al nuevo estadio

LEVANTE* : El Valencia CF ha introducido cambios de calado en la parcela en la que ya se empieza a erguir el nuevo estadio en la avenida de Les Corts Valencianes. En una modificación de la modificación del PGOU (para llevar a cabo la obra ya fue necesaria una previa) que aprobarán Ayuntamiento de Valencia y Generalitat Valenciana se incluye un futuro hotel recayente a las calles la Safor y Amics del Corpus.

El uso hotelero -inicialmente prohibido- se justifica, según la sociedad deportiva, como "una mejora de la oferta para aspirar a la celebración de grandes eventos". Las características del establecimiento, que será de lujo (cuatro o cinco estrellas) se definirán más adelante, aunque se baraja provisionalmente una altura de unas 20 plantas. De ser así, podría equivaler a un negocio de 126 millones de euros -según el precio de terciario de la zona, unos 3.00 euros por m2- que vendría a compensar en caja la operación de momento fallida de venta del suelo recalificado del antiguo Mestalla.
La solicitud, de la que se dará cuenta el lunes, data de finales de enero y en realidad supone cuatro modificaciones: la cota de referencia de la instalación se recalcula (la parcela tiene un importante desnivel de altura de terreno de más de unos cinco metros de uno a otro lado); la altura de cornisa sube de 20 a 25,30 metros; el estadio, a diferencia de los edificios de la línea de Corts Valencianes, no se retranquea y el ya referido cambio en los usos.
Tras un tira y afloja, el proyecto se aprobó con la posibilidad de integrar actividades comerciales consideradas vinculadas a la actividad deportiva en sí (cafeterías, restaurantes, tiendas, oficinas de prensa), etc. Pero se excluía expresamente el uso hotelero. Ahora no sólo se abre esa puerta, sino que se especifica que "más del 50%" de la edificabilidad total permitida (84.000 m2 techo) será la de uso deportivo y el resto, el terciario (esto, es, 42.000 m2). Ambos usos se separan en dos zonas diferenciadas de la parcela. Además, las actividades compatibles antes citadas e integradas en la "piel" del estadio no computan.
El cambio ha recibido los parabienes de los técnicos municipales, que incluso recomiendan abrir la mano en todas las demás modificaciones de planeamiento. En un primer momento, el Valencia ya planteó la inclusión de un área de oficinas (también en una torre de 20 plantas) y su eliminación fue clave para que el PSPV se abstuviese en vez de votar en contra en el pleno. La vuelta al terciario plantea una incógnita respecto a la valoración de los solares permutados entre ayuntamiento y club.
Se cuidará que el hotel se aleje de la escultura de la Dama Ibérica para no eclipsarla.








* Levante-EMV - S. G., Valencia - 22 de febrero de 2008
Foto: Diseño provisional. A la izquierda de la maqueta del estadio, una figuración de lo que sería el nuevo edificio propuesto en la calle de la Safor. levant-emv


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Los Albertos, el Príncipe y don Dinero

JESÚS CACHO* : Un poco de historia, siquiera apresurada. El 29 de diciembre de 2000, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid declaró, con todo lujo de detalle, a Alberto Cortina de Alcocer y Alberto de Alcocer Torra, los Albertos, responsables de haber estafado a sus socios en Urbanor, sociedad propietaria de los terrenos de la plaza de Castilla de Madrid donde hoy se alzan las torres KIO, aunque absolvió a los demandados al considerar que el delito había prescrito.

El 14 de marzo de 2003, sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo casó esa sentencia ratificando la censura moral de la Audiencia Provincial y condenándoles, además, a penas de tres años y cuatro meses de prisión y 6.000 euros de multa como autores de un delito de estafa y otro de falsedad en documento mercantil, al negar la prescripción de los delitos.
El 1 de abril de 2003, los Albertos –que de forma paralela solicitaron el indulto al Gobierno Aznar- interpusieron recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Supremo, recurso que semanas después la Sala Segunda del TC admitió a trámite, un filtro previo que no prejuzgaba el fondo de la cuestión, pero que un prestigioso catedrático madrileño, con muchos años de oficio en el foro, calificaba entonces a quien esto escribe como “una decisión poco común, preocupante y sorprendente, porque son muchas, demasiadas las veces que el Constitucional ha negado la admisión a trámite de recursos mucho más fundamentados, con mucha más carga de eventual lesión de derechos fundamentales, y tiene que ser precisamente éste, qué casualidad, que afecta a dos personajes tan conocidos, el que haya sido admitido por un Tribunal que, además, está abrumado por una carga de trabajo que le sobrepasa”.


El recurso, al decir de los especialistas en Derecho, “carece del más mínimo contenido de posible amparo, y es casi imposible que el TC les conceda amparo alguno”, porque no parecía que los Albertos fueran precisamente una pareja de inmigrantes indocumentados recién llegados a las costas de Tarifa, cuyos derechos fundamentales habían sido violados por falta de recursos o de abogados. Pero, misterios dolorosos de esta España nuestra, los españoles avisados comenzaron a sospechar de inmediato que la pareja terminaría por salirse con la suya no por la fuerza de sus argumentos en Derecho sino en razón de la importancia de sus apoyos políticos, a la cabeza de los cueles se encontraba –se encuentra- el mismísimo Rey de España, íntimo amigo de francachelas de Alberto Alcocer Torra.

La decisión del Alto Tribunal se ha venido demorando desde la primavera del 2003 hasta casi rozar el fuera juego, y es que atender la petición de los condenados por el Supremo suponía tal escándalo ante la opinión pública, tan notoria befa para la Justicia, hacían falta tantos Bacigalupos para concederles el amparo, que los señores magistrados no se atrevían a dar el paso al frente, y así hemos llegado al borde del precipicio, al filo mismo en que (ver noticia publicada en este diario el pasado 12 de febrero) si no se pronunciaba antes del 14 de marzo próximo, la pena podía prescribir al cumplirse los cinco años desde la condena del Supremo. Puestos en esta tesitura, de cara a la pared entre una solución mala y otra peor, los señores Magistrados han optado por la pésima. Doña Justicia huye despavorida por los riscos de una España una vez más humillada por togas y puñetas.

Preocupados por la deriva que estaban tomando las cosas a cuenta de las noticias periodísticas sobre la prescripción que se venía encima, los demandantes -y al tiempo estafados-, Pedro Sentieri y Julio San Martín, remitieron el pasado viernes 15 un escrito al TC solicitando que, dada la importancia del caso a tratar, el recurso de marras fuera visto por el Pleno del Alto Tribunal en lugar de por una de sus Salas. La respuesta llegó ayer a toda prisa, con nocturnidad y cierta alevosía, y sin aviso de ninguna clase a las partes. “Como español siento consternación y vergüenza”, aseguró ayer a este diario Julio San Martín, una especie de santón laico cuyo último deseo sería ver a los Albertos en la cárcel.

Consternación por el significado procesal, jurídico y político que tiene la sentencia conocida ayer; vergüenza porque la situación de deterioro de la Justicia está tomando proporciones tan alarmantes que mejor esconder la cabeza bajo el ala para no reparar en los perniciosos efectos que, en términos de futuro colectivo y convivencia en democracia, representa esta Justicia severa con el pobre y dócil con el poderoso, Justicia que hace trizas el principio de igualdad de todos ante la ley, Justicia cada día menos digna de tal nombre, es decir, más injusta, y además lenta, terriblemente lenta, incapaz en su laxitud de dar respuesta a las exigencias de una sociedad y una economía modernas.

Porque si en algo tienen razón Alberto Cortina y Alberto Alcocer es en que resulta de todo punto inadmisible que el TC haya tardado 5 años en pronunciarse, al punto de que en términos de censura social han pagado con creces los tres años y cuatro meses de cárcel que el Supremo les impuso. Pero no es eso, no es eso. No estamos hablando de la desgracias de dos pobres ricos, sino de las miserias morales de un país dizque democrático que consiente en silencio el deterioro creciente de pilar tan esencial como es una Justicia digna de tal nombre. “Deberíamos tener el coraje suficiente para romper con mucho de lo que el hombre de finales del siglo XX considera normal”, decía en 1997 el entonces cardenal Ratzinger en su libro La Semilla de la Tierra, que añadía una soberbia lección para los Eugenio Gay de este mundo, “dispuestos a comprar el bienestar, el éxito personal, el prestigio social y el aplauso de la opinión dominante al precio de la verdad”.

Una sentencia que salpica peligrosamente al Rey y, por ende, a la propia institución monárquica. Es ya una realidad que en la democracia española no se aplica un mismo Código Penal a todos los ciudadanos. Un chorizo sin posibles puede terminar entre rejas si roba cien euros, pero si afana mil millones, entonces tranquilo, sobre todo si es millonario y cuenta con amigos importantes. El entrañable “Todo por la Patria” de la Guardia Civil, ha sido sustituido por el más realista “Todo por la Pasta”. Tiempo habrá para referirse a las technicalities de esta sentencia, así como al ejercicio de honestidad que con su voto particular realizó ayer Ramón Rodríguez Arribas. De momento, pongamos en valor el viejo principio de Jeremy Bentham, según el cual “toda ley es un mal, en tanto en cuando su aplicación depende del capricho de unos jueces a menudo plegados al poder coercitivo del Príncipe”. El Príncipe y don Dinero.







* El Confidencial - 21/02/2008



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El promotor de Maneje y La Bufona, en Arrecife, tiene tres planes en suelo protegido en Almería

LAPROVINCIA/Lanzarote* : El administrador único de las empresas que promueven los planes parciales de Arrecife Maneje Sector V y La Bufona, el arquitecto Federico Echevarría Sainz, promueve a su vez tres planes parciales en Almería en terreno protegido. Uno de ellos, en el que se proyectaba la urbanización de 48 hectáreas Marinas del Agua Amarga, con 353 viviendas, hotel y campo de golf, acaba de ser anulado por el Tribunal Supremo después de un largo proceso y de las dificultades puestas por parte del Ayuntamiento de Níjar y de la Junta de Andalucía.

Los otros dos, de seis hectáreas cada uno, se encuentran proyectados dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, según la denuncia de la asociación Ecologistas en Acción. Los ecologistas denuncian que la Junta de Andalucía no aporta ni siquiera a requerimiento de los tribunales la cartografía que zonifica los usos de este parque natural. Es la misma zona donde se encuentra el macrohotel de El Algarrobico, del que se ha iniciado el trámite para su demolición.

Los terrenos en los que se acaba de anular este proyecto, pertenecientes a Echevarría, se incluyeron como zona urbanizable en las Normas Subsidiarias del municipio de Níjar en 1987. Posteriormente en 1995 se le encargó al propio Echevarría la redacción de las nuevas normas a pesar de que es propietario de parcelas en el municipio, en un claro caso de incompatibilidad. El suelo se sigue considerando apto pero el estudio de impacto ambiental es desfavorable por su alto valor ecológico (hábitat prioritario y exclusivo). El arquitecto y el Ayuntamiento recurrieron ese estudio y ganaron en primera instancia, pero perdieron finalmente.

CON ESPARZA. Federico Echevarría Sainz es un arquitecto de relevancia con despacho profesional en Madrid desde 1970, además de en el pueblo de Níjar, en Arrecife y en Sevilla.

Ha ejecutado proyectos de arquitectura en la Gran Vía de Madrid, un gran número de edificios de oficinas, la rehabilitación del Círculo de Bellas Artes, varios hoteles en Cuba y el concurso de la Torre Mutua de la antigua Ciudad deportiva del Real Madrid. Entre sus clientes aparecen en su página web grandes empresas españolas e incluso la multinacional Halliburton del vicepresidente de EE UU, Richard Cheney.

Además trabajó para la Guardia Civil en la época en que era director Luis Roldán. Realizó la Comandancia de la Benemérita de Barcelona. Echevarría figura como socio de Jorge Esparza en la mercantil Ramansipa. Esparza, condenado a 16 años de cárcel, está considerado como el testaferro de Roldán y era presidente de la constructora Huarte a la que se le adjudicaron 26 obras de construcción o rehabilitación de casas cuartel, algunas de las cuales no se llegaron a hacer, por un importe de unos cien millones de euros.

Echevarría aparece, asimismo, como presidente o administrador único en veinte sociedades mercantiles. Entre esas se incluyen Brisa Inversiones y Yaide, promotoras de los planes parciales La Bufona y Maneje, ambos aprobados en 1998.

EN ARRECIFE. En el primero de los casos, la urbanización está repleta de irregularidades. De hecho, Echevarría está imputado en un proceso penal, junto a su ex socio en Brisa Francisco Carmona (funcionario municipal y ex responsable del catastro de Arrecife), Antonio Caro, Felipe Fernández Camero, ex secretario del Ayuntamiento y la ex alcaldesa María Isabel Déniz.

Se le imputa un delito de ordenación del territorio y otro de usurpación. Después de ocho años, el procedimiento continúa en diligencias previas y sólo han declarado los imputados.

La Fiscalía no ha acudido a ninguna de las tomas de declaración. Presuntamente se usurparon terrenos de alta protección de jable, del servicio de Carreteras y de un particular y se construyeron 56 viviendas unifamiliares donde sólo se podían construir casas adosadas de menor tamaño.

Brisa Inversiones no ha ejecutado tampoco el proyecto de compensación para el Ayuntamiento de Arrecife y muchas de esas viviendas, entre las que se incluye la del fiscal Jefe de Arrecife, Miguel Pallarés, han estado omitidas del catastro durante años.

Por otro lado, en Maneje, cuyo plan tampoco estaba catastrado hasta 2006, se promueve la urbanización Jardín de Maneje de unas mil viviendas. Tampoco está aprobado el proyecto de compensación y por eso el Ayuntamiento no concede las licencias de obra.

En la aprobación inicial del Plan General de Ordenación de Arrecife se incluía una nueva rambla diseñada sobre una gran cantidad de viviendas en Morro Angelito. Los vecinos se levantaron en pie de guerra por ese trazado que favorecía el acceso tanto a la urbanización de Maneje como a la de Los Geranios.







* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 21 de febrero de 2008
Foto: Arrecife (Lanzarote), vista desde La Bufona - plangeneraldearrecife.com


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Alerta de la ONU: el 'mobbing' se dispara

ELPAÍS/Reportaje* : Al entrar en la corrala de la madrileña calle del Ventorrillo es conveniente mirar al suelo. Los escombros y los cables dificultan el paso antes de llegar a la escalera de este edificio construido en 1907. Sin embargo, la que a primera vista parece una rutinaria obra de rehabilitación acompaña en realidad, desde hace 11 meses, el drama cotidiano de sus vecinos: 10 ancianas de entre 62 y 85 años que se resisten a abandonar las casas en las que nacieron o pasaron gran parte de su vida, pese a las presiones de la empresa que ha comprado la finca.

Se trata de un episodio ejemplar de los cada vez más frecuentes casos de mobbing inmobiliario que, sobre todo en los cascos antiguos de las grandes ciudades, reflejan una faceta de la especulación privada que arraiga en los procesos de rehabilitación urbana puestos en marcha por los ayuntamientos. De Madrid a Barcelona, pasando por Málaga, o Canarias, la fórmula suele ser muy parecida y cuenta con dos actores principales: los inquilinos titulares de contratos de alquiler de renta antigua o propietarios ancianos, y las inmobiliarias afectadas por la crisis del sector que pretenden aprovechar la rentabilidad de fincas ubicadas en los centros históricos.

El fenómeno se ha extendido hasta llamar la atención de Naciones Unidas, que ha realizado una inspección en Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza. Las conclusiones de la visita del relator especial de asuntos de vivienda de la ONU, Miloon Kothari, se recogen en un informe que se presentará el 10 de marzo en Ginebra y al que este periódico ha tenido acceso. El estudio de Kothari, destaca que "entre los muchos casos de mobbing analizados, muy pocos han sido perseguidos jurídicamente. El relator teme que este bajo porcentaje se debe a la vulnerabilidad de las víctimas y su dificultad para emprender una acción legal". "La especulación ha tenido un impacto negativo", cuenta el relator de la ONU. Y pide a las autoridades protección para mujeres, jóvenes, discapacitados, personas mayores y gitanos, los grupos más vulnerables ante los especuladores.

En 2007, sólo en la capital catalana se detectaron más de 200 casos, el doble que año anterior. Sin embargo, las autoridades son conscientes de encontrarse ante un fenómeno de dimensiones insospechadas, ya que los únicos acosos contabilizados son los que han sido denunciados ante un juez o una asociación. Por esta razón, el Ministerio de Vivienda puso en marcha desde ayer un proyecto piloto para combatir esta forma de mobbing en 10 ayuntamientos. En L'Hospitalet de Llobregat, Fuenlabrada, Gijón, Denia, A Coruña, Vitoria, Getafe, Córdoba, Elche y Las Palmas se activó un teléfono gratuito de atención ciudadana, que cuenta con personal especializado para atender a los afectados por estas prácticas.

Sin embargo, la mayoría de ciudades se enfrentan solas al problema. En Barcelona se creó hace tres años una oficina de atención a los afectados; Cádiz abrió en 2006 un servicio de atención al inquilino. Pero muchas veces son las organizaciones de voluntarios las que suelen prestar más ayuda. "Sólo es una cuestión de voluntad", destaca Marina Parés, presidenta del Servicio Europeo de Información sobre Mobbing (Sedisem). "Hemos llegado a esta situación porque las leyes del mercado han acabado regulando el derecho de los ciudadanos a la vivienda. Pero combatir el asedio inmobiliario es posible, porque la justicia lo castiga". Es verdad. Desde que, en 2003, se presentara la primera querella por este tipo de mobbing y después de las primeras victorias legales de unos inquilinos de Getxo, cada vez son más los afectados que se animan a acudir a un abogado. El Gobierno catalán, además, aprobó en diciembre de 2006 una nueva ley de vivienda que persigue a los propietarios que practiquen mobbing, a los arrendadores de los llamados pisos "patera" y, en general, a los que especulen con viviendas vacías. A los primeros, se les puede sancionar administrativamente, en casos muy graves, con multas de hasta 200.000 euros.

Pero volvamos ahora a Madrid, donde el caso de las llamadas "abuelas de Ventorrillo" no ha tardado en llegar a los tribunales. Lo cuenta Luisa Martín, de 82 años, en su pisito de menos de 20 metros cuadrados repartidos entre una diminuta cocina y una habitación con un váter de motor instalado junto a la cama. "Ahora tengo miedo", repite una y otra vez mientras repasa su vida. Luisa llegó a la corrala en plena Guerra Civil. Allí ha vivido con sus padres, sus tíos, sus sobrinos e hijos, y, desde hace décadas es titular de un contrato de alquiler de renta antigua por el que paga cada mes 75 euros. Sin embargo, en 2005 su destino cambió. Al fallecer al antiguo propietario del inmueble, la finca fue adquirida primero por una inmobiliaria, y después por el grupo Sistema 23.

Hace un año, Luisa y sus vecinas Adelaida Salas, Juanita Fernández, Ernestina Salcedo, María Jesús Tebar, que convive con un marido enfermo e imposibilitado a levantarse de la cama, recibieron una carta de los nuevos propietarios, que les requerían dejar el piso "vacío, expedito, libre de enseres" en un plazo de algunos meses. ¿Las alternativas? "Me dijeron que podía ir a una residencia", cuenta Luisa. A otros inquilinos les ofrecieron unos 12.000 euros, aseguran. Pero añade con ojos vivaces: "de aquí no me voy". Y es que ni ella ni las otras vecinas abandonaron sus casas -así lo hicieron otros inquilinos, en su mayoría jóvenes, extranjeros o llegados hace pocos años-, por lo que Sistema 23 presentó unas denuncias por desahucio. Desde la inmobiliaria aseguran, en cambio, haber ofrecido a los inquilinos titulares de contratos de renta antigua suspender temporalmente el arrendamiento y trasladarse a otras viviendas ofrecidas por la empresa durante las obras de rehabilitación. Pero según el abogado de Luisa Martín, José Antonio Fernández, a su asistida no se le dio esa oportunidad. "La cuestión es encontrar una solución intermedia. Entiendo que las empresas tengan que hacer negocios, aunque también considero importante tener en cuenta el factor humano", explica Fernández.

En la capital o en Barcelona, en Bilbao o en Tenerife, tras los centenares de casos de mobbing inmobiliario se esconden historias de miedo, miserias y prevaricaciones. Una viuda catalana de 75 años que disfrutaba de un contrato de alquiler indefinido desde 1936 con una renta mensual de 40 euros se vio coaccionada a abandonar su casa voluntariamente, renunciando a la indemnización que por ley le hubiera correspondido. Una pareja de ancianos propietarios de Murcia vendió su vivienda por la mitad del precio de mercado a una inmobiliaria después de meses de asaltos cotidianos. Se trata de casos reales y denunciados. Y es que también los propietarios sufren mobbing, aunque en medida menor. El guión se repite más o menos igual. Una empresa interesada en una finca intenta convencer primero a los residentes más jóvenes, ofreciéndoles sumas de dinero interesantes. Cuando ya sólo quedan los propietarios mayores, se intensifica la presión hasta casi coaccionarles a vender sus pisos a la baja.

Un caso ejemplar de este tipo se inició en Getxo, en 2003. Para los vecinos de la casa de Tangora, una finca de cinco plantas repartido en tres viviendas, en el barrio de Neguri, los problemas empezaron cuando un empresario compró el piso intermedio e intentó hacerse con el edificio entero. Los residentes del primer piso se negaban a vender, así que el empresario cedió su casa a una familia gitana de 30 miembros. Los otros vecinos presentaron más de 50 denuncias por amenazas, robos o inundaciones, hasta que un juez dictó medidas cautelares contra los acusados por mobbing, obligándoles a desalojar los imputados.

Así se desarrolla el trabajo de algunos promotores o propietarios, que por esta razón se han ganado el triste apodo de asustaviejas. Uno de ellos, calificado por el Defensor del Pueblo como el peor acosador inmobiliario del casco antiguo de Málaga, llegó a cortar el agua de algunos vecinos después de que el Ayuntamiento llevara a cabo algunas obras de mejora en su inmueble.

Prácticas de este tipo son precisamente las que registró hace un año el relator especial para la Vivienda de Naciones Unidas Miloon Kothari. Si entonces declaró que "el estado del mobbing inmobiliario en España es particularmente grave y representa una vergüenza para el país ya que no se registran casos tan graves en otras regiones del mundo desarrollado", ayer Kothari destacó que, junto con el acoso inmobiliario, la falta de viviendas de protección oficial, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías son otros de los problemas que hay que resolver.

El informe de la ONU revela además que, en un país en el que todavía quedan más de 300.000 contratos de alquiler de renta antigua (en su mayoría contraídos por personas ahora mayores), la crisis inmobiliaria no sólo está magnificando de alguna manera el fenómeno del mobbing, sino que afecta a las franjas de población más jóvenes. Pero ésta es otra historia. Mientras tanto, Luisa Martín y otros centenares de ancianos siguen luchando por su cruzada particular: "vivir como en los últimos 72 años. Con poco, pero con dignidad". Hasta ahora, lo ha conseguido.


Manual del acosador...

Agujerear falsos techos, desestabilizar las barandillas de las corralas, dejar escombros y obras inacabadas en los espacios comunes, cambiar la cerradura, romper las tuberías. Éstas han sido algunas de las formas de coacción utilizadas en un célebre episodio de mobbing en Barcelona, en una finca del número 29 de la calle de Robadors, en el barrio del Raval. Porque detectar el acoso inmobiliario es posible, ya que los especuladores suelen seguir pautas parecidas. Aquí van algunas prácticas denunciadas por ONG y asociaciones de vecinos.

- Los propietarios pueden llegar a negarse de alguna manera a cobrar el alquiler para poder alegar después, en sede judicial y tras una de las frecuentes denuncias por desahucio, que los inquilinos no pagan.

- En algunos casos, se permite que los edificios se deterioren para que los ayuntamientos los declaren en "ruina técnica" y sea necesario proceder a una rehabilitación estructural del inmueble.

- Una forma relativamente frecuente de sabotaje vecinal consiste en cortar o romper las tuberías, suspender el suministro de agua o luz y hasta cambiar las cerraduras mientras los inquilinos no se encuentran en casa.

- Algunas asociaciones de vecinos, además, han detectado en algunos casos alquiler deliberado a personas potencialmente molestas o violentas. También se permite la entrada masiva de inmigrantes en los que ya han sido bautizados como pisos patera para intentar intimidar a los inquilinos mayores o más vulnerables.

- Empezar una obra de rehabilitación para luego dejarla inacabada es una estrategia que suele molestar especialmente a las personas mayores.


... y manual del acosado

Si sospechan que son víctimas de acoso inmobiliario, lo primero que tienen que hacer es acudir a una asociación vecinal, ONG, Cámara de inquilinos o a uno de los servicios de atención puestos en marcha por los ayuntamientos o el Ministerio de Vivienda. Las estrategias utilizadas por muchos especuladores han sido combatidas, por ejemplo, en Sevilla, por la Oficina de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (OTAINSA), que ha conseguido cerrar acuerdos con los propietarios de decenas de viviendas del casco antiguo para que las familias no pierdan su hogar o, al menos, sean debidamente indemnizadas.

En los 10 ayuntamientos en los que ayer se inició el proyecto piloto impulsado por el Ministerio de Vivienda (L'Hospitalet de Llobregat, Gijón, Denia, Fuenlabrada, A Coruña, Vitoria, Córdoba, Getafe, Elche y Las Palmas de Gran Canaria), los afectados pueden llamar al teléfono gratuito 900 900 707, en el que serán atendidos por personal especializado.

Otras organizaciones o páginas web que se dedican a prevenir, informar a los ciudadanos y atender casos de mobbing inmobiliario son, por ejemplo, El Servicio Europeo de Información sobre Mobbing (www.sedisem.org), la Cámara Oficial de Vecinos e Inquilinos de Madrid (91 576 87 05), El refugio (www.el-refugioesjo.net),

Las "abuelas" de la madrileña calle del Ventorrillo, por su parte, informan acerca de la evolución de su particular Odisea desde la página web www.el7deventorrillo.wordpress.com. Allí, se publican largos mensajes acerca de sus estados de ánimo, comparten con los lectores sus tribulaciones diarias y las evoluciones de su contencioso con la inmobiliaria que adquirió la finca, Sistema 23.







* ELPAIS.com - FRANCESCO MANETTO - 19/02/2008
Foto: Vecinas de la corrala madrileña de la calle del Ventorrillo - ÁLVARO GARCÍA, elpais.com


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Marbella: El GIL acumuló una deuda de 2.699 euros por habitante

LAOPINIÓN/Málaga* : El déficit acumulado por el Ayuntamiento de Marbella asciende a los 2.669 euros por cada uno de sus 132.662 habitantes. En total, un desequilibrio financiero de 335 millones de euros, según el último informe del Tribunal de Cuentas, que abarca el periodo comprendido entre 2002 y abril de 2006.

Se cierra, de algún modo, capítulo, pero con la vista puesta en el lastre acumulado y en los modos de salir del embrollo. Se da la paradoja de que el ´agujero´ sale a relucir justo cuando el ´caso Malaya´, el detonante de todo, ha entrado en su segunda fase en esta semana.
El referido documento, que fiscaliza la última etapa de los 16 años de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), aporta conclusiones "demoledoras" para los intereses de la ciudad y confirma "el claro atentado" que se cometió en esta etapa "contra el patrimonio de Marbella y sus ciudadanos", aseveró ayer la alcaldesa del municipio, Ángeles Muñoz.

Endeudamiento. En este periodo, las arcas municipales acumularon un endeudamiento financiero de 31,5 millones de euros, sin contar los intereses, y sumaron hasta 20,9 millones en facturas bajo el epígrafe de "a justificar". "Se trata de una práctica muy utilizada para atender todo tipo de operaciones sin que existieran condicionantes objetivos que impidiesen su tramitación ordinaria", indica el texto.
Los gestores financieros del Consistorio marbellí en aquel momento dejaron de cobrar 203,7 millones de euros, la mayoría procedentes de enajenaciones de aprovechamientos urbanísticos, derivados de convenios valorados en 69 millones. Del total de los derechos pendientes de cobro, el Tribunal de Cuentas calcula que 96,6 millones ya pueden estar prescritos. De este hecho, Muñoz deduce que, "además de gastar sin ningún control", las anteriores corporaciones municipales "no supieron recaudar ni generar recursos". Aunque, sí organizar un entramado societario, según revela el informe.
Entre 2002 y 2006, el Ayuntamiento mantuvo una organización de entidades dependientes formada por tres organismos autónomos y 31 sociedades mercantiles. Sólo nueve de ellas ejercían su actividad al final del ejercicio fiscalizado, a pesar de que la plantilla se incrementó en 388 puestos en el Ayuntamiento y 174 en las sociedades municipales hasta superar, en total, los 3.000 trabajadores. Este aumento del personal, que no pasó por convocatorias públicas, produjo una subida en los gastos de este capítulo, que llegaron a suponer el 75% del presupuesto municipal.
El órgano fiscalizador determina que se contrataron obras y suministros a empresas como Brick, Grupo Instaladora, Copasur o Moguda por valor de 21,8 millones que supusieron un perjuicio de 17,4 millones de euros para las arcas municipales, al responder a partidas indebidamente justificadas u obras carentes de proyecto.
Asimismo, asegura que se firmaron un total de 98 convenios urbanísticos y se gastaron 14,8 millones en asesores, entre ellos, José María del Nido, que recibió, en 20 meses, 3 millones de euros.






* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 20 de febrero de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es


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Oviedo: Icomos defiende el rigor e independencia del estudio

LAVOZ* : Parece que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) está más que acostumbrada a las críticas de los políticos que reciben varapalos, como es el caso del Ayuntamiento de Oviedo con la dura reprimenda lanzada por un informe redactado por esta entidad y que ya está en manos de la Unesco, a la que se recomendó "incluir los bienes inscritos en el municipio, sobre todo los constituidos por la Cámara Santa y San Julián de los Prados, en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo", referente a las trillizas.

Desde Icomos se reafirmó la independencia y rigor del documento y se aseguró que la lista roja de la Unesco "existe", aparte de la propia de Icomos. Se recordó, además, que sólo una ciudad europea estuvo incluida entre el 2004 y el 2006, la alemana Colonia, por un plan parecido a las tres torres de Calatrava.

Desde la organización se tumbaron todos los argumentos ofrecidos ayer por la mañana por el edil de Urbanismo, Alberto Mortera, para atacar el informe y la entidad. De este modo, se aseguró que son muchos los políticos de España que les acusan de estar politizados cuando una resolución no les conviene. "Nos pasó lo mismo con IU en Córdoba, con el PSOE en Ibiza, con el PP en Avila y con Coalición Canaria en La Laguna", se indicó desde la entidad. "Recurren a este argumento cuando ya no les queda otro para defender su propuesta". Sobre la fecha, "cercana a las elecciones" según afirmó Mortera, se aclaró que se ha presentado el estudio justo en el momento de conocer la propuesta del ayuntamiento y, por lo tanto, ha sido el consistorio el que ha marcado el calendario del proceso.

Otro punto usado por el popular para atacar a Icomos fue que el documento ha sido redactado por una sola persona. Se explicó que, en efecto, fue una sola persona "la que acudió a Oviedo a realizar la labor de campo" que recayó sobre el profesor de Historia de la Universidad de Sevilla Víctor Fernández Salinas; "pero el informe es un documento colegiado por toda la entidad y se encarga de su redacción el comité de Madrid". En el informe de Icomos se señaló que "no hay antecedentes en el urbanismo democrático de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de una catedral, centro histórico o bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial".







* La Voz de Asturias - 20/02/2008 - A. FUENTE
Foto: Oviedo, ayuntamiento - wikipedia.org


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El fin del 'boom' inmobiliario abre una batalla legal entre promotores y alcaldes

EXPANSIÓN* : El número de litigios entre los promotores inmobiliarios y las administraciones locales se ha disparado con el fin del boom del sector de la vivienda. Se ha iniciado una batalla legal que radica en que cada vez más empresas se niegan a pagar a los ayuntamientos la tasa por prestación de servicios urbanísticos y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Ni por la tramitación y aprobación de Planes Parciales ni por los proyectos de urbanización o de reparcelación derivados de la ejecución de dichos Planes.

En la última década era más que habitual el cobro de estas tasas en multitud de ayuntamientos, aunque la jurisprudencia las declarase “reiteradamente” ilegales. Los promotores inmobiliarios consentían abonarlas, “puesto que los números les seguían saliendo y trataban de evitar cualquier confrontación que pudiera retrasar u obstaculizar sus desarrollos urbanísticos y promociones”, asegura Carlos Peña, socio de Urbe Asesores, bufete especializado en Derecho Urbanístico e Inmobiliario.

Ahora, el delicado estado del sector, en crisis de rentabilidad, ha dado un vuelco considerable a la situación y las promotoras controlan rigurosamente el coste de cada uno de sus desarrollos urbanísticos. La justicia está de su parte: “La aprobación de un proyecto de urbanización no constituye hecho imponible, dado que en sí misma no requiere licencia de obras, siendo improcedente la imposición de tasas por tal licencia, lo que conlleva la inexigibilidad del ICIO”, ha recogido el Supremo en varias sentencias.

En esta línea, se ha multiplicado la cifra de promotores que impugnan por la vía contencioso-administrativa las liquidaciones giradas por los ayuntamientos en concepto de tasa o ICIO de un Plan Parcial (en otros casos, estos cobros sí son legales). Antes de llegar a eso, el plazo para requerir administrativamente la reposición del importe ya liquidado es de un mes.

Había quien pagaba estas tasas por desconocimiento –y eso que la doctrina se remonta a 1980–. “Ahora se animan a recurrir muchos más promotores”, subraya Peña. Y si se hace a tiempo, “lo normal es ganar el litigio, porque te estaban cobrando por sustituir por delegación a la propia administración”, añade.

Autoliquidación
Otra vía de pago que ahora rechazan los promotores inmobiliarios es la autoliquidación. Tradicionalmente acudían de motu propio al Ayuntamiento para abonar el coste exigido, y así aceleraba el inicio de las obras de urbanización y construcción. Ahora la tendencia ha cambiado y reclaman un reembolso: “Están requiriendo la devolución de ingresos indebidos, solicitud para la que contarían con un plazo de cuatro años desde que se autoliquidó la tasa”, apuntan desde Urbe Asesores.

Julio Gil, Gerente de la Asociación de Promotores Constructores de España, también constata que “estas reclamaciones han aumentado mucho”. “Unos plazos reducidos son esenciales para el promotor, pero dependen de la tramitación local, y antes convenía pagar las tasas e impuestos si no eran muy gravosos”, añade.

La suma de la tasa y el ICIO suele suponer entre un 3,5% y un 5% del coste de construcción de un edificio. Y en los proyectos de ejecución de un Plan varía según el municipio. La tasa que algunos aplican ronda el 0,75%, mientras que otros cobran un 1,5% o unos 0,11 euros por metro cuadrado.

Y, al final, la guerra judicial de los promotores contra estas tasas puede dañar aún más las arcas locales, que se nutren fundamentalmente de ingresos derivados del urbanismo –ver información adjunta–.

Las arcas municipales se resienten
El boom inmobiliario no sólo ha sido una época alcista para las empresas. En los últimos años, los ayuntamientos se han financiado, en gran medida, gracias al desarrollo urbanístico de sus municipios. Por un lado, las promotoras deben ceder el 10% del aprovechamiento medio de sus suelos urbanizables al gobierno local; por otro, los consistorios también cobran impuestos y tasas –entre ellas, algunas que no les corresponden– y gozan de solares propios con los que hacer caja.

Así, la actual desaceleración del sector ha provocado que las arcas municipales se resientan. A la menor financiación vía aprovechamiento se le une la guerra judicial de los promotores, que se niegan a pagar, en los Planes Parciales, la tasa urbanística y el Impuesto de Construcciones. “Depender de los ingresos inmobiliarios produce efectos muy perniciosos en las arcas municipales”, asegura el gerente de APCE, Julio Gil.






* Expansión - Juan Manuel Lamet - 15/02/2008
Foto: Casa, caida índices - cotizalia.com

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V de Vivienda reta al G14 a un debate sobre el problema de la vivienda

El próximo jueves 21 de febrero, a las 18 horas, varios activistas de V de Vivienda* acudirán a la sede de Martinsa Fadesa (Paseo de la Castellana 93, Madrid) para pedir un debate sobre el problema de la vivienda al presidente del G14, Fernando Martín. También se informará a los medios de comunicación de la próxima manifestación por el derecho a la vivienda, que tendrá lugar el sábado 1 de marzo en todas las grandes ciudades del país. En Madrid comenzará a las 18h. en la Puerta del Sol.


En estos tiempos de debates electorales, desde V de Vivienda pensamos que a la ciudadanía se le está hurtando el verdadero debate, el que trata sobre las cuestiones que verdaderamente afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Falta el debate sobre el estado del derecho a la vivienda en este país, amenazado por una dura recesión económica por culpa del negocio que han hecho unos pocos; donde la vivienda es la más cara del mundo en relación a unos salarios que difícilmente alcanzan los 1.000euros; y donde hay el mayor número de casas vacías de la UE, según el reciente informe de la ONU.

El estallido de la burbuja inmobiliaria es el resultado de un modelo económico nefasto que ha basado el crecimiento del país en la especulación urbanística, sustentada en la conculcación del derecho a la vivienda,recogido en el artículo 47 de la Constitución. Durante los años del boom,los señores promotores no han querido saber nada de la vivienda pública ni de la intervención estatal. Ahora, cuando se les ha acabado el chollo,piden que el Estado actúe para salvarles precisamente a ellos. No para hacer efectivo el derecho a la vivienda, como sería de esperar por parte del poder político, que en una democracia debe estar al servicio de los ciudadanos para garantizar sus legítimos derechos; no, al G14 no le interesa hablar de derechos, sino de su negocio. Como dijo su presidente, Fernando Martín, también presidente de Martinsa, “si hay boom, no hay VPO”. Esta desfachatez soltó Martín a los medios de comunicación, dejando claro que los señores del ladrillo no se esconden. Lo cual no ha imposibilitado que se hayan producido deshonrosas cesiones por parte del Ministerio de la Vivienda y de otras administraciones públicas, que están claudicando ante las presiones del lobby constructor. Por eso se ha modificado el Plan Estatal de Vivienda para reducir a un año el periodo en el que las viviendas puedan pasar a obtener la catalogación como protegidas y así recolocar el stock de viviendas no vendidas; por eso el Ministerio sube más de un 4% el precio nacional de las VPO; por eso la Federación Estatal de Municipios y Provincias de Pedro Castro va a poner a disposición de las constructoras y promotoras más suelo público para aumentar la construcción de viviendas protegidas, a pesar de que, como ha dejado claro la ONU, este no es un problema de falta de casas, pues somos el país con más viviendas vacías de la UE; y por eso, el Instituto de Crédito Oficial ha dado al G14 un aval de 3.000 millones para títulos hipotecarios que financien VPO. El movimiento ciudadano no va a quedarse de manos cruzadas ante toda esta desvergüenza.

Esta es la razón por la cual los que padecemos este problema queremos retar a un debate al jefe de los que lo han causado, de los que, tras haber expoliado a los ciudadanos, en ese saqueo generalizado que ha sido el boom de la construcción, se disponen ahora a saquear también a las administraciones, que se muestran sumisas e incluso agradecidas por ello. V de Vivienda acudirá el próximo jueves, 21 de febrero (18 horas) a la sede de la promotora Martinsa en Madrid para proponer un debate público a su presidente, que al mismo tiempo preside el lobby de los señores del ladrillo. Esperemos que Martín acepte y demuestre las mismas ganas de hablar con nosotros que con el Ministerio y con todos los que le están prometiendo ayudas. Este debate puede ser donde quiera el señor Martín, y no nos importa quién lo modere ni cuánto pueda durar.También invitaremos al señor Martín a la próxima manifestación por el derecho a la vivienda, prevista para el próximo 1 de marzo y que se celebrará en todas las grandes ciudades del estado (en Madrid comenzará a las 18 horas en la Puerta del Sol). Tenemos la esperanza de que acuda,porque de lo contrario quedará más que nunca en evidencia que al G14 evidentemente no le preocupa el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna. Peor para ellos, ya conseguiremos que se preocupen.

Se acabó el tiempo del saqueo. Comenzó el tiempo de los derechos. Por una vivienda digna. No nos van poder callar!!







* V de Vivienda - 19 de febrero de 2008
Foto: viviendas no valen lo que cuestan


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Las Palmas: Ben Magec amplía la denuncia por las obras de El Confital

CANARIAS7* : La federación Ben Magec y el Foro por La Isleta anunciaron ayer que van a ampliar la denuncia presentada contra las obras de El Confital ante el Seprona y el Gobierno canario. El barrio se va a manifestar en protesta por el uso de hormigón y por su exclusión de la definición del futuro de la zona.

Los ecologistas y los vecinos de La Isleta vuelven a unir sus fuerzas para defender el paraje de El Confital. Ante la instalación de hormigón en el confite por parte de la Dirección General de Costas y la previsión de construir una «plataforma de 3.000 metros cuadrados para albergar locales», Ben Magec y Plataforma por La Isleta han decidido llevar la denuncia -presentada a la Fiscalía- a la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias y el Seprona de la Guardia Civil.

Los portavoces de los dos colectivos insisten en que las obras de Costas incumplen el artículo 61 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que señala que «sólo podrán autorizarse, cuando no están expresamente prohibidas por la legislación sectorial o el planeamiento, usos y obras de nueva implantación de carácter provisional y realizadas con materiales fácilmente desmontables». Y dentro de este concepto, afirman Tanausú Zumaquero y Antonio Hernández, «no cabe el uso de hormigón».

Tampoco se entiende desde estos colectivos que no se haya abierto cauces a la participación de los vecinos de La Isleta cuando llevan décadas usando este espacio. «Decían que iban a articular un proceso de participación ciudadana», expuso Zumaquero en nombre del Foro por La Isleta, «pero como no ha sido así, los vecinos ahora estamos unidos y el jueves -mañana para el lector- decidiremos en asamblea qué hacer». Por el momento, ya se ha solicitado permiso para varias manifestaciones y mañana se escogerán las fechas para hacerlo.

Los colectivos solicitaron del Ayuntamiento capitalino una labor de mediación con Costas para tratar de reconducir la actuación que, en su opinión, puede afectar a la duna fosilizada y a los indicios fósiles de actividad humana precolonial de la zona. «Queremos que los especialistas digan si hay más arena y si se puede recuperar tras cuarenta años de chabolismo», añadió Antonio Hernández en nombre de Ben Magec.

Este periódico también intentó conocer la versión de la Demarcación de Costas pero no pudo lograrlo.







* Canarias 7 - Las Palmas de Gran Canaria - Javier Darriba - 20/02/2008
Foto: Obras. Estado actual de las obras que se están acometiendo en El Confital./ Fernando Ojeda, canarias7.es


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Entre 1.500 y 2.000 viviendas de Vigo tienen orden de demolición

LAVOZ* : Vigo es el ejemplo más claro de edificaciones ilegales en Galicia que están a la espera de ser demolidas, bien por órdenes de la Xunta o por sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). De hecho, se estima que entre 1.500 y 2.000 viviendas de la ciudad olívica se encuentran en esta situación.

No obstante, el Concello ha evitado hasta la fecha que la piqueta haya abatido ni estas ni ningún otro enclave en la ciudad amenazado por órdenes de derribo. Es el caso de las torres Ifer, que albergan casi 200 viviendas y la sede del Club Financiero de Vigo, el proyecto Finca do Conde, con el centro comercial Gran Vía, o dos inmuebles en Jacinto Benavente y el edificio O Picoroto, en los que ya hay más de 200 viviendas. La salvación de todas ellas pasa por que el Concello las legalice en unos meses a través del nuevo Plan Xeral.

No obstante, Vigo no es el único concello gallego en el que hay órdenes de demolición sin cumplir. Ourense. Una sentencia firme del TSXG ratificó en el 2007 la ilegalidad de la depuradora de Reza por estar situada a menos de dos kilómetros de la población, y obligó al Concello a su traslado a otro lugar. Sin embargo, la peculiaridad del caso ha provocado que de momento se esté estudiando un nuevo emplazamiento, para que la nueva depuradora pueda funcionar antes de cerrar las actuales instalaciones.

La difícil relación entre la legalidad urbanística y el desarrollo industrial ha llevado a que tanto la Xunta como el Tribunal Superior de Xustiza hayan ordenado la demolición de varias naves en Laxe, Vimianzo, Dumbría, Zas y Coristanco, y que todavía no se ha ejecutado. En Carballo, además, son ya numerosas las viviendas declaradas ilegales. De hecho, en lo que va de año Política Territorial ya ha decretado hasta cinco órdenes de derribo.

La construcción en Ameiros de una urbanización con licencia para apartotel provocó que el Tribunal Superior ordenase la demolición de seis viviendas unifamiliares en 1999. A día de hoy, esa orden aún no se ha ejecutado.






* La Voz de Galicia - 20/2/2008
Foto: Vigo, vista aérea - farodevigo.es


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'Guateque': El juez imputa al jefe de Obras de la Junta de Distrito de Villaverde

PÚBLICO/Madrid* : El jefe de Obras de la Junta Municipal de Villaverde ha sido imputado por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid en la causa abierta por presunta corrupción en la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de la capital. Fuentes de la investigación confirmaron que el imputado declarará ante el juez el próximo jueves.

La detención coincidió con el registro efectuado hoy por la Guardia Civil en la Junta Municipal de Villaverde, en la que se incautaron los discos duros de varios ordenadores del departamento de Obras.

La investigación de la presunta trama de corrupción, que afecta a las gerencias de Urbanismo, Medio Ambiente y a varias Juntas de Distrito del Ayuntamiento, se salda hasta el momento con una veintena de personas detenidas entre funcionarios y empresarios, imputados por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

Registro en Villaverde

Efectivos de la Guardia Civil procedieron en torno a las 10.15 horas de hoy al registro de la Junta Municipal de Villaverde dentro del marco de la operación Guateque, una causa instruida por el juez Santiago Torres a raíz de la presunta trama de corrupción urbanística en el seno del Ayuntamiento de Madrid referida a la concesión de licencias.

Los agentes de la Benemérita se incautaron de los discos duros de varios ordenadores de la sección de Obras de la Junta de Villaverde. El nuevo registro se produjo después de que el pasado 22 de enero el juez instructor decidiera levantar en su totalidad el secreto de sumario que pesaba sobre las diligencias.

Tras levantar parcialmente el secreto de sumario de una docena de tomos a comienzos de enero, Torres procedió a hacer públicos once nuevos tomos de la investigación. La primera parte hizo referencia a las irregularidades encontradas en la concesión de licencias por parte de Medio Ambiente mientras que la segunda se concentró en Urbanismo.
Una veintena de detenidos en la trama del 'Guateque'


La investigación de la presunta trama de corrupción, que afecta a la Gerencia de Urbanismo, Medio Ambiente y a varias juntas de distrito del Consistorio, se salda hasta el momento con una veintena de personas detenidas, entre funcionarios y empresarios, imputados por delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La presunta trama de corrupción descubierta en el seno del Ayuntamiento consistía en el compromiso por parte de los funcionarios imputados de acelerar la licencia de apertura de locales a cambio de una comisión, logrando acortar los trámites de forma espectacular.

Las empresas o particulares que solicitaron los servicios ilícitos de estos funcionarios podían llevar a resolver en cinco días un expediente cuya tramitación normal podría tardar dos años. La investigación comenzó hace meses por una denuncia presentada por un particular ante la Guardia Civil.

El nuevo registro coincide con el parón en las sesiones de la comisión de investigación por el caso Guateque, puesta en marcha desde el levantamiento del sumario. En ella participan los tres partidos con representación en el Ayuntamiento, las mismas formaciones que acordaron parar las reuniones con motivo de la campaña electoral.

La última sesión antes de los comicios generales será este jueves.






* Público - 19/02/2008
Foto: La Junta de Distrito de Villaverde, registrada esta mañana por la Guardia Civil. EFE


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Oviedo: Mal de altura

LAVOZ* : El informe es contundente y da un duro golpe a las tres administraciones -local, regional y estatal- ante el riesgo que plantea la construcción de las trillizas de Calatrava sobre "los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial" y sus inmediaciones. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) --entidad asesora de Unesco-- es clara y reclama, en primer lugar, al consistorio ovetense que "renuncie a la propuesta de modificación del PGOU" que daría luz verde a las tres torres de 133 metros de altura en El Vasco.

Pero hay más. El documento reclama la intervención urgente del Principado; en concreto, a la Consejería de Cultura "como responsable en Asturias de la protección del patrimonio". De este modo, el Icomos pide a la Administración regional que actúe "con contundencia y celeridad" para que proteja el entorno que está en riesgo. Y como no hay dos sin tres, el escrito también hace alusión al Ministerio de Cultura afirmando que "no puede permanecer pasivo ante la propuesta que se desarrolla en Oviedo".

El documento de Icomos es inusualmente extenso para este tipo de informes: 24 páginas. Y no deja títere con cabeza, criticando duramente el nuevo modelo de urbanismo --en altura-- que se defiende desde el Partido Popular, que copa el Gobierno local. Se habla en el escrito de la "modernidad" que un proyecto singular puede dar a la ciudad. Al respecto se dice: "Oviedo no es Nueva York, ni necesita imitarla para ser una ciudad de una elevada calidad de vida". Se "recomienda" al ayuntamiento que se "reconozca" en el modelo de las ciudades europeas que, "con un tamaño similar al de esta localidad", han planteado estrategias de desarrollo en las que el respeto al patrimonio es una de sus señas de identidad y uno de sus factores diferenciadores: Gante, Bergen, Utrecht, Ginebra, Montpellier, Verona o York. "El elemento más afectado será el paisaje histórico de Oviedo, dado que las tres torres se asomarán de forma prepotente, autista y desconsiderada sobre el viario y caserío de la ciudad medieval", se insiste en el informe.

La localización

Uno de los aspectos que más preocupa a la entidad es "la localización y proximidad del proyecto respecto a tres de los bienes del Prerrománico Asturiano de la ciudad incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial", la Cámara Santa, Foncalada y San Julián de los Prados. Especial referencia se hace a "un símbolo" de la ciudad, la torre de la Catedral que quedará ninguneado por el proyecto Jovellanos 2. Pero además, se incluye en este impacto visual el cambio que se produciría en el paisaje urbano "desde el monumento más conocido del Prerrománico Asturiano: Santa María del Naranco".

Modificación del PGOU

En este apartado, el documento para la Unesco es más que contundente. "La modificación del Plan General se ha iniciado de una forma precipitada; ya que si el proyecto básico de urbanización del sector de Santiago Calatrava era presentado públicamente el 20 de diciembre de 2007, el 11 de enero la empresa propietaria del solar, Jovellanos XXI, solicita expresamente la modificación del Plan General, con un dictamen favorable a tal modificación fechado el día 3 del mismo mes por Raúl Bocanegra Sierra, Catedrático de Derecho Administrativo. Sólo tres días después, el 14 de enero, se produce una resolución del concejal de Urbanismo, Alberto Mortera, que inicia un plazo de información pública". Otro aspecto del informe jurídico de Bocanegra destacado por Icomos es que "sugiere con bastante claridad los motivos de la premura por iniciar los trámites para la modificación del Plan General y conseguir así la exención de la obligación de reserva para viviendas protegidas". Si no se aprueba antes de julio de este año, el promotor tendría que reservar el 30% de los pisos para este fin. "Llevan a la preocupación la actitud del ayuntamiento de no frenar los procesos especulativos que han hecho desaparecer notables piezas del patrimonio cultural, casos como el derribo de la interesante estación de El Vasco o de la plaza del Fontán"

Graves consecuencias

"No hay antecedentes en el urbanismo democrático español de una acción como la que se plantea a una distancia tan corta de una catedral, centro histórico o bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. Tampoco se conocen acciones semejantes en ninguna ciudad europea", se mantiene en el informe. Por eso las consecuencias pueden ser graves e irreversibles.

El Icomos reclama a la Unesco --este documento ya ha sido enviado al órgano de la ONU-- "incluir los bienes inscritos en el municipio de Oviedo, sobre todo los constituidos por la Cámara Santa y San Julián de los Prados en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro en tanto que no se retire la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo". Nunca antes una ciudad europea había estado incluida en esta lista negra , salvo --como se indica en el escrito-- la ciudad alemana de Colonia que pretendía edificar torres a 900 metros de su catedral gótica tardía, proyecto que fue paralizado por las autoridades del municipio.







* La Voz de Asturias - 19/02/2008, ALEJANDRO FUENTE
Foto: Oviedo, proyecto 3 torres - lavozdeasturias.es


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El Juzgado anula otra licencia a un hotel de casi 400 plazas en Playa Blanca, Lanzarote

LAPROVINCIA* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha anulado la licencia concedida por el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, a la mercantil Riversun Inmuebles S.L. para construir un hotel de casi 400 plazas en Playa Blanca. El Juzgado estima así el recurso presentado por la Fundación César Manrique.

El hotel cuya licencia ha sido anulada se encuentra en la parcela J del Plan Parcial de San Marcial del Rubicón. Corresponde al hotel Iberostar Papagayo, actualmente en funcionamiento con 208 unidades alojativas y 397 plazas, según la Guía alojativa turística del Cabildo de Lanzarote. La licencia se concedió el 10 de marzo de 1999 para un hotel de cuatro estrellas de 191 habitaciones y 338 plazas.

La Fundación César Manrique señala que "como en los pleitos anteriores, la defensa del Ayuntamiento de Yaiza trató de impedir la personación de la FCM en el caso, alegando que el recurso fue presentado extemporáneamente, si bien el argumento fue nuevamente refutado por la Sala".

"La sentencia", según explica la FCM en una nota de prensa, "abunda en los criterios seguidos por anteriores fallos, y señala que, antes de conceder la licencia, era necesario recabar un informe, preceptivo y vinculante, de compatibilidad con el Plan Insular de ordenación por parte del Cabildo. Vuelve a incidir la sala, además, en que el PIO limita el desarrollo del Plan Parcial al 50% de la capacidad edificatoria de alojamiento turístico para el cuatrienio correspondiente, de ahí la importancia de contar con un informe de la primera corporación para cumplir dichos límites".

Las plazas anuladas en la Isla, contando todas las sentencias ya firmes tanto a instancias de la FCM como del Cabildo, son más de 8.000, entre Playa Blanca y Costa Teguise. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ido endureciendo sus sentencias con el paso del tiempo. En la última que se hacía pública a través de LA PROVINCIA/DLP se reconocía al Cabildo la facultad de pedir en la ejecución de la sentencia el restablecimiento de la realidad física alterada, es decir, el derribo del hotel, que en ese caso, está ahora mismo en funcionamiento en la localidad de Playa Blanca.






* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 19 de febrero de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es


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El Ayuntamiento de Marbella transfirió 653 millones sin control a sociedades desde 1991

TERRA/Málaga* : El Ayuntamiento de Marbella transfirió 653 millones de euros entre 1991 y 2006 a las sociedades municipales 'sin sujetarse a ningún control', pues no existe ningún expediente administrativo sujeto a la ley para que pudieran disponer de este dinero, según un informe del Tribunal de Cuentas.

El documento, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la alcaldesa de la ciudad, Angeles Muñoz (PP), señala que estas actuaciones del Ayuntamiento permitieron 'simulaciones' respecto al objeto y la causa de la contratación.

Entre las irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador en el periodo analizado -durante los gobiernos del Grupo Independiente Liberal (GIL) y tripartito (expulsados PSOE, ex miembros del GIL y PA)- se han puesto de manifiesto pagos de proyectos correspondientes a obras ya ejecutadas, o por trabajos no realizados, así como por unidades de obra facturadas a precios 'muy superiores a los de mercado'.

También se han encontrado enajenaciones de inmuebles a precios muy inferiores a los de mercado, 'con importantes plusvalías a favor de los adquirentes en operaciones cercanas en el tiempo'.

El Tribunal de Cuentas concluye que durante este tiempo 'se estructuró una organización administrativa que permitió la apropiación indebida de fondos' del Ayuntamiento de Marbella.

El examen de los distintos informes de fiscalización elaborados en este periodo pone de manifiesto una serie de actuaciones dirigidas a crear un sistema que facilitara la apropiación de fondos públicos caracterizada por 'la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y los pagos', explica.

Ello se lograba mediante un 'entramado societario que anulaba los controles de la gestión de los fondos públicos, con abuso de la posición mayoritaria que el equipo gobernante ostentaba en los órganos municipales', señala.

En materia económica y financiera, la actividad del Ayuntamiento se caracterizó por la ausencia de presupuestos específicos y por la utilización del inmediato presupuesto aprobado.

En el capítulo de personal, el Ayuntamiento contrató temporalmente trabajadores fuera de plantilla, sin realizar convocatorias públicas y sin una selección objetiva, y para regularizar la situación creada desde 1991, en 2003 se convocaron unas oposiciones.

En 1990 prestaban servicio 763 trabajadores frente a los 3.016 que figuraban en las plantillas del Ayuntamiento al cierre de 2005.

En cuanto a las irregularidades relativas a convenios, el Tribunal de Cuentas indica que, de los 98 convenios de que tiene constancia -la mayoría con el objeto de recalificación urbanística o permuta de bienes inmuebles-, sólo 48 fueron aprobados por la comisión de gobierno.

En este apartado se da el caso de que la 'falta de control' de los bienes y sobre la situación física y jurídica de éstos, originó que el Ayuntamiento negociase con bienes que ya no eran de su propiedad, o que se inscribiesen en el Registro de la Propiedad embargos por deudas del anterior propietario.

El modelo de actuación que caracterizó al gobierno de Marbella finalmente motivó que el Consejo de Ministros acordase la disolución de la Corporación en abril 2006 y la creación de una comisión gestora hasta las elecciones de mayo de 2007.







* Terra Actualidad - EFE - 19-02-2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba


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La ONU insta a España a adoptar medidas contra la especulación urbanística

ELPERIÓDICO* : Informe sobre la vivienda. El relator de la ONU Miloon Kothari ha urgido hoy a España a adoptar medidas contra la especulación urbanística, ya que de lo contrario, ha advertido, será imposible aplicar las leyes y compromisos adoptados por los gobiernos central y autonómicos para promover el acceso a la vivienda.

Kothari ha avanzado en Barcelona algunas de las conclusiones y recomendaciones que incluye en su informe sobre la situación de la vivienda en España, un detallado estudio monográfico que presentará oficialmente el próximo 10 de marzo en Ginebra, ante representantes del Ejecutivo español.

Entre los meses de noviembre y diciembre del 2006, el relator de las Naciones Unidas visitó nueve ciudades españolas (Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, Sevilla, Barcelona y Zaragoza) para conocer de primera mano la creciente problemática del acceso a la vivienda en el país, lo que le permitió constatar que España se encuentra "a la cola de Europa" en este ámbito.

Corrupción y marginación

Uno de los problemas existentes desde hace años, según ha explicado hoy Kothari, es la "especulación incontrolada", que ha derivado, a su vez, en casos de corrupción y de marginación de los sectores más desfavorecidos, como las mujeres, los inmigrantes, los jóvenes y los ancianos.

El principal reto al que se enfrenta España --ha asegurado el experto, de origen indio-- es dar respuesta a la "fuerte contradicción" existente entre la aplicación de leyes de promoción del acceso a la vivienda y el auge de los precios y de la especulación.

"Por un lado, existe el compromiso del Gobierno para promover los derechos sociales, pero por otro lado está el poder del mercado y de la especulación. Podemos tener tantos planes de vivienda y tantas leyes como queramos, pero si no hay medidas para contrarrestar esa especulación y proteger a los más vulnerables, es imposible aplicarlas", ha alertado Kothari.

Encarecimiento espectacular

Solo en España se construyeron en el 2005 un total de 812.284 viviendas, más de las que se edificaron en Alemania, Francia y Reino Unido juntos, subraya el relator, que destaca asimismo el aumento exponencial que ha sufrido el precio de la vivienda en la última década, sobre todo en ciudades grandes como Barcelona y Madrid.

El acoso inmobiliario, la falta de viviendas de protección social, la necesidad de promover el mercado de alquiler y el alto porcentaje de fincas vacías son otros de los obstáculos a superar en España, según ha remarcado Kothari, que ha confesado estar "sorprendido" por la "magnitud" de la crisis inmobiliaria en el país.

El representante de la ONU ha valorado las leyes y ayudas impulsadas en los últimos meses por el Gobierno central y algunas comunidades, como las ayudas a menores de 30 años para el pago del alquiler.







* El Periódico - EFE, BARCELONA - 18/2/2008
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org


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La compraventa de viviendas nuevas para especular se frena en seco

ELPAÍS* : A los promotores de vivienda se les acumulan las complicaciones. Si las grandes empresas calculan que las ventas de pisos se desplomaron más de un 30% en la recta final de 2007, ahora la crisis empieza a hacer mella en las preventas, es decir, los pisos que creían tener ya comprometidos. La razón principal, convienen consultoras y promotoras, es la retirada del inversor que adquiría varios pisos de una misma promoción para luego revenderlos aprovechando las rápidas revalorizaciones que arrojaba el mercado español.

Este comprador, que suponía un 40% de la demanda según Aguirre Newman, prácticamente ha desaparecido del mapa. Y los que deciden permanecer en el mercado, exigen rebajas cuantiosas y pasan a ser competencia directa de los promotores. El director de Investigación de Mercados de la consultora, Javier García-Mateo, explica que este año se prevé que salgan al mercado 700.000 pisos que hasta ahora estaban en manos de los inversores, tanto de primera como segunda residencia. Estas viviendas se juntarán con las que ahora los promotores están construyendo y con el abultado stock que tienen en sus manos.

Àlex Angullo, propietario de una promotora de Tarragona, afirma que ha decidido dejar paradas varias promociones. Vendió varios activos y asegura que tiene un colchón para afrontar los malos tiempos. Primero le flojeó la demanda del comprador que quería el piso para vivir en él. Luego, sostiene, a raíz de la crisis crediticia desapareció el inversor que le compraba varios apartamentos. Dice que creía tener amarradas "contractualmente" estas viviendas. "O bien el banco les cierra el grifo o se esfuma la expectativa de revalorización y renuncian a las arras

", agrega.

La desaparición del comprador con perfil inversor empezó a notarse hace dos años, cuando la escalada de precios se desaceleró. La directora de Residencial de Cushman & Wakefield en España, Julia Serrano, añade que este cliente "ha ido disminuyendo hasta prácticamente desaparecer". Coincide con Serrano el director de Residencial de Foro Consultores, Rubén Cózar, que dice que sobre todo renuncian a sus contratos los inversores que entraron tarde al mercado.

Un promotor de una gran compañía catalana, que pide no ser identificado, conviene en que las inmobiliarias están acusando esta retirada. Este promotor explica que el apalabramiento de pisos con los inversores suele ser de dos tipos: o bien con arras, en el que se abonan entre 3.000 y 15.000 euros por piso -dependiendo del precio- o con un contrato firme en el que se paga una cantidad mayor. "En los de arras, renuncian al piso y pierden el dinero. En el otro caso, podríamos ir al juzgado, pero normalmente aceptamos rebajar el precio", explica.

Este descuento debe ser suculento para convencer al inversor, que espera obtener unas plusvalías, como mínimo, de entre el 8% y el 10%. "Los tiempos de venta o reventa se están alargando, por lo que ante esta situación estos compradores pueden preferir perder una señal que no tener un inmovilizado importante por uno o dos años", apunta Serrano.

Además de engordar el stock de pisos sin vender, en muchos casos los inversores se convierten en una seria competencia para el promotor. "Muchos se han quedado con la vivienda en las manos y rivalizan con los promotores en el mercado de obra nueva. Esto ocurre cuando hay un frenazo en las decisiones de compra", asegura el responsable de Inmobiliaria de PriceWaterhouseCoopers, Guillermo Massó.

El promotor consultado asiente, y recuerda que no son pocas las promociones de Barcelona y Madrid donde cuelgan carteles de se vende de varios propietarios. García-Mateo, de Aguirre Newman, también lo corrobora. "Acabamos de empezar un estudio de residencial y es lo primero que hemos observado", afirma. García-Mateo afirma que los 700.000 pisos que los inversores vienen acumulando desde 2004 saldrán este año al mercado. Pronto se verá si hay capacidad para absorberlos.







* ELPAIS.com - LLUÍS PELLICER - Barcelona - 19/02/2008
Foto: Un cartel en un edificio de viviendas en promoción - ULY MARTÍN, elpais.com


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