ELPAÍS* : La Fiscalía de Jaén ha decidido recurrir para acabar con lo que califica como situaciones "contradictorias" en el yacimiento ibero de Puente Tablas, un poblado cercano a la capital jiennense. En los últimos meses se han dictado una docena de sentencias por la existencia de chales ilegales en esa zona protegida, pero sólo la mitad conllevan la demolición de las viviendas. El resto, pueden permanecer en pie a pesar de infringir la misma normativa urbanística y la Ley de Patrimonio Histórico.
"Tenemos que provocar una actuación uniforme de los jueces", dijo ayer el fiscal de Medio Ambiente de Jaén, Juan Ignacio Fernández-Amigo, que admitió la situación tan peculiar y de confusión para los propios vecinos de Puente Tablas. El fiscal muestra su respeto por las resoluciones judiciales, pero anuncia que al Ministerio Público sólo le queda la potestad de recurrir para intentar unificar todos los fallos. El último de ellos se produjo la semana pasada, y la Audiencia de Jaén condenó a José Miguel E. G. a la demolición del chalet, de 150 metros cuadrados y con piscina, construido junto a la Plaza de Armas del poblado ibero de Puente Tablas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Junta.
El propietario de esta edificación ya fue condenado en primera instancia por el Juzgado de lo Penal, pero recurrió a la Audiencia para intentar el indulto del chalet, y esgrimió para ello el fallo del juez Rafael Morales Ortega que, en mayo de 2007, dijo que esas construcciones ilegales "no lo han sido aisladamente", sino que se encuentran "entre otras muchas" Pero ahora, otro juez, el presidente de la Audiencia de Jaén, Pío Aguirre, ha desestimado su recurso y se muestra así de tajante: "Que esté cerca de una urbanización ilegal y que haya varias casas ya construidas no significa que no se deba ordenar su demolición". Curiosamente, otro juez de Jaén se apoyó en la jurisprudencia de la Audiencia jiennense para condenar, el pasado mes de noviembre, a una multa de 1.800 euros y a seis meses de prisión al propietario de otro chalet ilegal, Bernardo C. B., aunque en este caso sin ordenar la demolición Así las cosas, la Fiscalía considera que es preciso unificar criterios en este tema, por cuanto aún hay una veintena de casos similares que están en los tribunales, y se desconoce cuál será el veredicto de los jueces.
Mientras tanto, el Ayuntamiento de Jaén tiene sobre la mesa al menos una decena de expedientes con sentencias que ordenan la demolición de otros tantos inmuebles ilegales y que sus propietarios se han negado a su ejecución por no poder correr con los gastos. Se trata de edificaciones en el polígono industrial Pilar de la Dehesa y en los parajes de Valdecañas, Zumbel y Pago de Juan Ramos. El concejal de Urbanismo, Manuel López, ha indicado que el Consistorio se dispone a adquirir maquinaria pesada para poder ejecutar esas sentencias ante la falta de empresas constructoras que quieran asumir ese trabajo. No obstante, López también ha indicado que algunas de esas sentencias de demolición podrían suspenderse si el Ayuntamiento incorpora algunas de esas construcciones dentro del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que podrían modificar la clasificación de los suelos.
* ELPAIS.com - GINÉS DONAIRE - Jaén - 07/02/2008
Foto: Jaén, vista - artearqueohistoria.com
Jaén: La Fiscalía pide unificar los fallos sobre casas ilegales junto a un poblado ibero
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Marina de Aguamarga, Fabriquilla, etc…
JAVIER SALVADOR* : Parece que por una vez las cosas se paran antes de que se cometan barbaridades como ocurrió con El Algarrobico, que todo el mundo se dio cuenta que era supuestamente ilegal cuando casi estaba terminado. Ahora, otros proyectos como el de La Fabriquilla o quizás el más sangrante, como Marina de Aguamarga, nunca verán la luz.
Muchos amigos míos que se dedican a esto del ladrillo, muchos de ellos ex amigos porque no les gusta que se hable de Las Salinas de Roquetas de Mar o el acantilado de Aguadulce, dirán que nos encanta cebarnos con esos casos que según ellos nos van a llevar a la ruina, pero la historia no va de que el mundo entero esté contra los promotores, sino contra los neopromotores, esos que aparecieron de debajo de las piedras, amigos del director de una sucursal bancaria de aquí y que actuaban de la mano de conocidos de Madrid y Barcelona con importantes empresas y consolidados contactos.
Pues toma mantequilla para empresas y contactos, y ya no sólo por la barrera infranqueable que ha puesto la Junta en torno al Parque Natural de Cabo de Gata Níjar, sino por la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia que deja en muy mal lugar al de Andalucía (TSJA) al hablar de "motivo no exento de oscuridad" en su argumentación a favor del renombrado proyecto de Marina de Aguamarga. Precisamente esta pequeña urbanización de 350 casitas de lujo y un hotel de 300 habitaciones sobre una parcelilla de 48 hectáreas, es una de las que se queda en papel mojado por mucho Federico Echevarría Sáiz o Roberto Poch de Robert, uno arquitecto muy conocido en Madrid y el segundo de la alta sociedad catalana.
Los de aquí, de Almería, por mucha boina y legañas que se nos vea desde el avión conforme se llega desde Madrid o Barcelona, han conseguido parar a esos que vienen con carros invisibles cargados de billetes con un mensaje tan claro como que del Parque no se mueve ni una piedra.
Pero la historia, lo que enfrenta a todo el mundo al hablar del urbanismo, es el sinsentido al que se ha llegado. Hablamos de una superpoblación proyectada para el levante almeriense, de miles de viviendas ilegales en el Valle del Almanzora y si quieren hasta de una Cámara de Comercio que a falta de tareas como plantar una férrea defensa de las infraestructuras que aún no han llegado a la provincia, se pone a predicar sobre la industria del golf como si fuese la Sábana Santa que puede cubrir todo desmadre urbanístico. Y así es como se le pierde el respeto a todo, a las instituciones, a los sectores y así es como pagan justos por pecadores.
Y ya escucho los gritos de quienes dirán que esto de hoy es una barbaridad, pero si los cabales le hubiesen puesto freno desde el principio a todo lo que se hizo en los años de la barra libre, Almería no sería la chica mala de los informativos en el Reino Unido, país que si durante un tiempo fue la gallina de los huevos de oro en eso que llamamos turismo residencial, ahora se ha convertido en nuestra mejor oficina de promoción negativa. Y en este caso la culpa no la tienen el sector hostelero, la falta de campos de golf o nuestras pésimas comunicaciones con el exterior, sino quienes permitieron y se beneficiaron de ese falso boom del ladrillo.
Nos guste o no, tenemos que hablar de corrupción, ventas fraudulentas y cantidades ingentes de dinero defraudado porque está claro que las viviendas ilegales no se declararon y de ahí para arriba todo lo que uno quiera pensar o mal pensar, no es sólo más que el comienzo de un efecto boomeran que tenía que llegar.
A ver quién es el guapo que convoca una rueda de prensa para decir que la protección del Parque es una barbaridad o que el POTA limita el crecimiento de la provincia. Y lo peor de todo es que a muchos no les falta razón cuando se quejan de ello, pero el silencio de la mayoría en beneficio de ese despilfarro de descaro demostrado por algunos es lo que precisamente se pagará en estos momentos.
Los máquinas de la economía almeriense saldrán estos días diciendo que la situación irá a peor si seguimos por este camino, pero para quién iba a ir mejor por la senda anterior.
La desproporción, en todos los sentidos, ha sido el mal de Almería en los últimos años. Se habla de que no uno sino varios pueblos o semiciudades de esta provincia pueden perder sus competencias urbanísticas, mientras desde aquí preferimos mirar para otro lado creyendo que un cambio de Gobierno lo solucionaría todo. Pues no sería así, porque un nuevo Gobierno no se expondría a nuevos escándalos por beneficiar a unos pocos.
Ahora sí hay que decirlo. La presión de los grupos ecologistas nos han dado una lección. Sin pasta, sin recursos, sin más herramientas que un mensaje claro y entendible construido como palabras tan básicas como barbarie y corrupción, copan la red de redes, Internet, asociadas al nombre de la provincia de Almería, y escrito a escrito se han tumbado a promotoras, macropromotoras y promotorcillos.
Esto es política y en ese oficio se le tiene más miedo a la comunicación que cariño al dinero fácil. Por lo menos los inteligentes y los que han demostrado arte en esto de la oposición constante con esas personas como Javier, un ecologista convencido que de vez en cuando nos manda sus descubrimientos y con el que tengo un café pendiente hace ya no se sabe cuanto tiempo. Ellos han ganado y el resto ha perdido. Ahora a empezar de cero, pero esta vez con cordura y consenso.
* Teleprensa - Almería - Opinión - 7 de Febrero de 2008
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Málaga: Ningún municipio ha adaptado aún el urbanismo a lo que exige la Junta
MÁLAGAHOY* : La revisión del urbanismo de la absoluta totalidad de municipios de la provincia de Málaga sigue estancada. La paralización en la redacción de los nuevos planes generales de ordenación urbanística (PGOU) es tal que ni uno solo de los cien ayuntamientos existentes en la provincia ha adaptado aún el documento a las exigencias marcadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), que entró en vigor en enero de 2003...
... según se constata en el último balance de la Consejería de Obras Públicas con fecha de ayer
Esta realidad pone de manifiesto la evidente demora de los consistorios a la hora de reformar los planeamientos locales, que, según los plazos fijados por la Administración autonómica, debían haber aprobado de manera definitiva sus nuevos documentos antes de enero del pasado año, algo que no ocurre en ningún caso.
Aunque la causa de este retraso no se sitúa tanto en la desidia de los responsables técnicos y políticos como en las numerosas modificaciones desarrolladas por la institución regional en la normativa a lo largo de los últimos años. Un proceso que está obligando a la totalidad de las localidades a readaptar sus previsiones iniciales de acuerdo con las nuevas exigencias autonómicas.
Los datos de Obras Públicas indican que sólo tres municipios malagueños tienen aprobado de manera definitiva su plan: Montejaque, Riogordo y Benalmádena, aunque en este último caso data de 2003. Sin embargo, esa misma información subraya que ninguno de ellos está adaptado plenamente a la LOUA, lo que, previsiblemente, va a obligar a esos municipios a realizar variaciones. En esta fase de tramitación del planeamiento la Junta no incluye a La Viñuela, a pesar de que el equipo de gobierno de este pueblo publicó la aprobación definitiva del documento en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) argumentando el silencio administrativo del Gobierno andaluz, que ha recurrido esta medida.
Según la Junta, el estado de tramitación del PGOU de esta localidad de la comarca de la Axarquía es el de aprobación inicial, formando parte de un paquete en el que hay otras 30 localidades, entre ellas Málaga capital. Otros siete municipios (Villanueva del Rosario, Comares, Cortes de la Frontera, Fuengirola, Fuente de Piedra, Guaro y Macharaviaya) tienen su plan aprobado de manera provisional. En ambos casos, el momento actual es especialmente delicado, por cuanto se pueden ver obligados a readaptar los documentos a las directrices marcadas por Obras Públicas en aspectos tales como los límites de crecimiento en suelo y población, que aún no están del todo concretados.
Algo más de flexibilidad tienen los 39 ayuntamientos con el documento en avance, ya que en la fase previa a la aprobación inicial pueden ajustar el contenido y las actuaciones. Este hecho hace prever un largo calendario de tramitación para estos pueblos, que podría prolongarse, en el mejor de los casos, a lo largo de todo 2008. Asimismo, hay otras nuevas localidades que, según la Junta, acaban de iniciar los trabajos.
A los numerosos cambios de rumbo protagonizados por la Junta se suma el efecto que los nuevos planes de ordenación del territorio (POT) impulsados en los últimos años tienen sobre los municipios. Tras la aprobación de los documentos relativos a la Axarquía y la Costa del Sol occidental, trece municipios, los localizados en el área metropolitana de Málaga siguen pendientes de la planificación diseñada para este espacio geográfico. Precisamente, los responsables municipales de estos ayuntamientos han justificado de forma reiterada su tardanza en revisar los planes generales en la ausencia del documento supramunicipal, que ya ha sido presentado oficialmente.
* Málaga Hoy - Sebastián Sánchez - 07.02.2008
Foto: Vista aérea de Málaga capital y del Valle del Guadalhorce, zona de expansión urbanística /malagahoy.es
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La Audiencia fija 100 metros de franja en El Algarrobico
ELPAÍS/Almería* : La Audiencia Nacional ha propinado el primer gran golpe judicial contra el hotel El Algarrobico, en Carboneras. En una sentencia dictada el 23 de enero, el tribunal confirmó para este paraje del parque natural de Cabo de Gata-Níjar una franja de servidumbre del tramo de litoral de 100 metros de ancho.
El Ayuntamiento de Carboneras, gobernado por el PSOE, defendía en el recurso desestimado un deslinde de 20 metros, al considerar que el plan parcial para esta zona se aprobó con anterioridad a la entrada en vigor de la ley de costas.
El espaldarazo judicial a la ampliación de la franja de protección fijada para estos terrenos por orden ministerial de noviembre de 2005 supone que la mitad de la estructura del polémico hotel y los espacios destinados a piscinas y áreas deportivas quedan dentro de los bienes de dominio público marítimo-terrestre.
Sin indemnización
La ley dicta que las edificaciones inmersas en estos espacios pueden recibir una concesión de uso si se construyeron legalmente o antes de la entrada en vigor de la normativa o, de lo contrario, se procederá a su derribo. Éste sería el caso del complejo hotelero que se paralizó cuando ya estaba medio amueblado y que Azata del Sol promueve en una zona que, según la sentencia, no puede entenderse como urbana. Pero según el tribunal, las obras de urbanización no arrancaron hasta 2003 y es obligatorio someter a revisión los planes parciales anteriores a la entrada en vigor de la ley de costas -éste se aprobó inicialmente en mayo de 1988-. Además de avalar los criterios del Ministerio de Medio Ambiente, el fallo considera improcedente acordar indemnización.
La sentencia se notificó el pasado miércoles, jornada que acogió la aprobación del nuevo plan de ordenación de los recursos naturales de Cabo de Gata, en el que el paraje de El Algarrobico se declara como no urbanizable, además de pasar a ser de titularidad pública. Antonio Baena, coordinador general de Azata del Sol, anunció que recurrirá la nueva normativa. Casi premonitoriamente, la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, respondió ayer al anuncio de la promotora con un mensaje de confianza en los favores futuros de los tribunales, que acaban de asestar también un duro golpe al proyecto para la construcción de Marinas de Aguamarga, la urbanización más ambiciosa de todas las que se proyectan en Cabo de Gata.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ - Almería - 07/02/2008
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)
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Catorce entidades sociales se alían para crear ´Stop Gran Scala´
ELPERIÓDICO/Aragón* : Cientos de personas acudieron ayer a la presentación oficial del programa de la Plataforma Stop Gran Scala, una entidad formada por 14 asociaciones que se postulan en contra del macroproyecto de casinos y parques temáticos en la comarca de los Monegros, que apoya el Gobierno de Aragón.
"Queremos hacer saber a la población que somos muchos los colectivos los que nos oponemos por diversos motivos al proyecto en los Monegros", dijo Enrique Tordesillas, integrante de la plataforma y moderador en el acto de presentación.
En la conferencia, celebrada en el centro Pignatelli de Zaragoza, participaron representantes de agrupaciones de docentes, --Plataforma Docentes contra Gran Scala--, de la Plataforma Los Monegros no se Vende, representantes de la comunidad científica universitaria y agentes sindicales del sector agrario.
"El objetivo es presentar las diferentes visiones críticas desde todos los ámbitos de la sociedad por las que nos oponemos al complejo de ocio", apuntó Tordesillas.
Entre los argumentos en contra de Gran Scala, Eduardo Navarro, fundador de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), destacó el de la provisión hídrica al complejo en un momento en el que parece reabrirse el conflicto del trasvase. "No sabemos con qué argumentos se presentará el Gobierno de Aragón ahora en contra del trasvase porque esas mismas premisas sirven para desechar el proyecto Gran Scala", dijo Navarro, quien además señaló el peligro que el proyecto supone para el desarrollo económico y social de las zonas rurales cercanas a los Monegros en pos del desarrollo neoliberal y de consumo desmedido.
"Debemos recuperar las formas políticas que se han perdido para que el desarrollo rural y el de las comarcas sea sostenible. Gran Scala representa un proyecto que se aleja mucho del desarrollo que habíamos pensado para nuestra comunidad basado en un modelo de urbanismo, socioeconómico y de ordenación del territorio que sirva a a los intereses sociales y no a los del juego", apuntó Chema Ballestín, perteneciente a la organización de la Plataforma Stop Gran Scala e integrante del Partido Comunista de Aragón.
Por otra parte, la mayoría de los participantes quisieron mostrar su preocupación por la poca información recibida por parte del Ejecutivo aragonés más allá de las cifras sobre el número de visitantes o cuantía de las inversiones.
En este sentido, Concha Martínez en representación de las Comunidades Cristianas y perteneciente de varios movimientos de solidaridad con el Tercer Mundo, expresó su preocupación por el hermetismo del Gobierno aragonés respecto a Gran Scala. "Hay un secretismo que resulta demasiado sospechoso como para hacer de Gran Scala un proyecto creíble y la presentación de algunos de los datos económicos resultan totalmente inverosímiles".
Los profesores representados por Rosa Arqué, de la Plataforma Docentes contra Gran Scala, quisieron hacer hincapié en la falta de valores que inculca un modelo consumista como el que traería el macrocomplejo de casinos.
"Ojalá que la DGA diese el mismo apoyo incondicional que está dando a Gran Scala a proyectos culturales como los que estamos intentando impulsar, muchas veces sin ningún tipo de ayuda" matizó la profesora del instituto de Fraga.
* El Periódico de Aragón - 07/02/2008 ALICIA ROSMUNDO
Foto: Los representantes de diferentes colectivos, ayer / CHUS MARCHADOR, elperiodicodearagon.com
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Tema: NOTICIAS Aragón
Alicante: La PIC advierte de que las viviendas del Plan de Rabasa tardarán como mínimo 6 años
INFORMACIÓN* : La Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) advirtió ayer de que las primeras viviendas del plan Rabasa no estarán construidas como mínimo hasta dentro de cinco o seis años después de su aprobación definitiva, en caso de que toda la tramitación del plan urbanístico saliera adelante sin problemas. Además, dijo, el visto bueno del pleno y de la Generalitat se llevarán un año más.
El presidente de la plataforma, Manuel Alcaraz, realizó este cálculo para argumentar que la aprobación del plan no está justificada "en un horizonte real de caída de ventas y sabiendo que el plan no se va a hacer tal y como se plantó inicialmente porque no hay demanda de viviendas".
Basándose en este descenso en las ventas, acusó de "mentir" al alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, y al conseller de Territorio, José Ramón García Antón, pues "activar todos los PAIs -Planes de Acción Integrada- no es posible porque no caben en el País Valenciano". Además, opinó que el Plan Rabasa viene a perpetuar el modelo económico actual basado en "poner todos los huevos en el cesto de la construcción", al que culpa la crisis actual.
Alcaraz recordó que, tras la aprobación en pleno, estará pendiente el proyecto de urbanización y el de reparcelación. Asimismo, aventuró que habrá "muchos pleitos" de colectivos variados -ellos incluidos- y de los propietarios del suelo que pueden prolongarse siete años.
Carlos Gómez Gil señaló que "Alicante tiene 17.740 viviendas -el 22,3% del total- en situación deficiente, mala o ruinosa". En total son 1.466 edificios, que se podrían revitalizar y evitarían la necesidad de construir tanta vivienda nueva. "Eso no requiere grandísimos presupuestos ni aprobaciones forzadas e impediría que esta ciudad siga deteriorándose", apuntó Gil, quien denunció también la existencia de 21.060 viviendas vacías. El portavoz destacó que "la rehabilitación crea mucho empleo pero los márgenes de beneficio no son los mismos para los empresarios".
* Información - C. R. F. - 07 de febrero de 2008
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Un empresario del juego impulsa la mayor recalificación de suelo de Galicia
FARO/A Coruña* : El empresario gallego José Collazo Mato, considerado como el rey del juego por sus intereses en casinos de varios países, promueve en el municipio de Aranga la recalificación de casi tres millones de metros cuadrados de terreno en Montesalgueiro para construir un gran polígono industrial y una zona residencial.
Esta operación de reclasificación de terrenos rústicos, una de las mayores realizadas en Galicia, ya está incorporada al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de este concello, aprobado inicialmente en el pleno del pasado diciembre y actualmente a exposición pública.
El parque empresarial tiene por finalidad dar servicio a los puertos exteriores de A Coruña y Ferrol. Así figura en el propio plan general, que justifica la ejecución del proyecto en la necesidad de dar respuesta "al agotamiento del suelo industrial en la comarca de A Coruña y su área de influencia" porque el suelo empresarial previsto a medio plazo "no cubre las necesidades que se estima que va a generar la puesta en marcha" de dichos puertos.
José Collazo Mato y el alcalde de Aranga, Manuel Brañas, del Partido Popular, firmaron un convenio mediante el que el Concello se comprometió a reclasificar, e incluir en el plan urbanístico, 2, 5 millones de metros cuadrados de suelo en Montesalgueiro para construir el que será el segundo polígono industrial más grande de la provincia. También firmaron otro acuerdo para clasificar 400.000 metros cuadrados de rústico como urbanizable para levantar una urbanización.
Esta gran superficie recalificada se ubica en Montesalgueiro, entre la autopista A-6 y la carretera AC-230 hacia Curtis. Collazo, en el convenio firmado con el regidor, afirma ser ya el titular de 94 parcelas que suman un total de 1,6 millones de metros cuadrados. Con la compra de sólo uno de estos terrenos, el Monte Santiso, este promotor ya se hizo con algo más de un millón de metros,el 65% del total del futuro parque.
250 campos de fútbol
Un dato que permite comprender la gran dimensión de este parque industrial es que la construcción de este polígono equivale a 250 campos de fútbol. Además, absorberá más del 60% de la capacidad edificatoria total del PXOM de Aranga. Sólo el polígono de Sabón tiene una superficie mayor, unos 3,2 millones de metros cuadrados. Y el futuro polígono de Morás tendrá 4, pero en su primera fase serán sólo 1,5 millones.
* Faro de Vigo - Marta Villar / a coruña - 06 de febrero de 2008
Foto: Aranga (A Coruña), concello - aranga.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
La OCU pide la creación de un plan global de vivienda 'que acabe con la especulación'
ELMUNDO* : La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reclamado la creación de un plan global en materia de vivienda "que acabe con la especulación y ataque el injustificado incremento del precio de la vivienda en propiedad" y dentro del cual se integren medidas estructurales a largo plazo "para potenciar el alquiler y devolverle su prestigio".
Asimismo, la organización ha pedido a los partidos políticos la liberalización de la energía y la revisión "íntegra" de los mecanismos de fijación de tarifas, "para que el consumidor pague por el precio real de este producto de forma transparente".
Ambas peticiones forman parte de las 13 reivindicaciones que la organización ha trasladado a los grupos políticos con representación parlamentaria de cara a la próxima legislatura dado que "la política de consumo, que afecta a todos los ciudadanos, no ha tenido un claro reflejo en los programas electorales de los diferentes partidos", según señaló hoy en un comunicado.
En este sentido, la OCU también reclamó la creación de una Secretaría de Estado de Consumo de cara a la próxima legislatura y que se modifique el Instituto Nacional de Consumo, dándole estatuto de Agencia Española del Consumo, con un presidente con rango de secretario de Estado.
13 reivindicaciones
Respecto al sobreendeudamiento, la OCU solicitó que se adopte una legislación que proteja al consumidor en esta situación "ante la magnitud que ha cobrado el problema".
En cuanto a los procedimientos concursales, la organización demanda que se mejore el tratamiento que se da a los consumidores en estos procesos y que sean considerados acreedores preferentes "para garantizar al máximo sus derechos económicos".
Por otro lado, ha reclamado que se revise el acervo comunitario en materia de consumo y que el próximo Gobierno defienda la posibilidad de que el nuevo régimen permita la flexibilidad necesaria para que los Estados miembros puedan seguir legislando en esta materia.
Sobre las reclamaciones de consumo, y con el fin de mantener el nivel de protección de los ciudadanos, ha planteado que, en aquellas que sean de pequeña cuantía, se establezca un proceso que finalice en un requerimiento de la Administración al infractor para que éste satisfaga la reclamación del consumidor.
Con el mismo objetivo, la OCU pidió "una revisión integral de los mecanismos de control de la publicidad" y, al mismo tiempo, que las administraciones usen su capacidad coercitiva para poner fin a la emisión de campañas de publicidad engañosa.
La organización también ha solicitado que se cree una Agencia Nacional de Seguridad de los Productos que coordine las actuaciones de las distintas administraciones y la información sobre riesgos y productos defectuosos para el consumidor. En este sentido, consideró necesario que se oriente al ciudadano "hacia un consumo sostenible y respetuoso con el medio ambiente", intensificando las campañas públicas de sensibilización social.
Por otro lado, la OCU ha demandado que se cree un sistema general de información sobre las listas de espera de Sanidad que sea "público, transparente y comparable". Además, ha reclamado que se garanticen por ley unos tiempos máximos de espera en las distintas etapas de la atención sanitaria "para que los ciudadanos no sufran demoras excesivas".
También en materia sanitaria, propuso una modificación de la actual ley contra el tabaquismo "para que no se permita fumar en ningún espacio público compartido" y que se endurezca la fiscalidad del tabaco.
Finalmente, la OCU consideró imprescindible que se regule el derecho de huelga a través de una ley "que garantice lo dispuesto en la Constitución" y que evite, especialmente en los servicios de interés general, "los abusos contra los consumidores cometidos por determinados colectivos de trabajadores" de esos sectores.
* EL Mundo - Europa Press - 07/02/2008
Foto: La vivienda, uno de los temas que más preocupa a la OCU / EFE
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Más manifestaciones para exigir una vivienda digna
ADN* : El 1 de marzo será el día de la vivienda digna. O por lo menos eso esperan los responsables del colectivo ciudadano V de Vivienda, que han convocado para ese día varias manifestaciones en toda España. En medio de lo que ellos describen como "una desvergonzada subasta de promesas electorales" y ante el pesimismo económico derivado sobre todo de la desaceleración del sector inmobiliario, este colectivo reclama el derecho "a una vivienda digna".
Problema estructural
Según explicó ayer Daniel Jiménez, un portavoz de V de Vivienda, se ha escogido el 1 de marzo "porque queremos recordar, antes de las elecciones, que hay un problema económico y estructural en España: la vivienda".
Las concentraciones, que tendrán lugar en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Granada, Santander y en otras nueve ciudades españolas, pretenden denunciar "el sistema especulativo de la vivienda que sufrimos", dice este grupo.
El colectivo V de Vivienda quiere llamar la atención de los políticos "para recordar que la Administración también es responsable del aumento de precios de la vivienda". Como alternativa a la situación actual, el colectivo ha lanzado una serie de propuestas para combatir la especulación y el urbanismo salvaje . Éstas pasan por una moratoria en la ejecución de planes urbanísticos mientras no estén guiados por el interés general; trasparencia en los datos relativos al acceso a la vivienda y protección del medio ambiente.
Además piden la creación de un amplio parque público de vivienda en alquiler social así como medidas fiscales que penalicen la especulación inmobiliaria.
El dato: El 40% de las oficinas inmobiliarias en España -unas 32.000- cerró en 2007 por la crisis que atraviesa el sector.
Aún no hay madrileños con renta de emancipación
Ningún madrileño ha conseguido un mes después los 210 euros mensuales de la renta básica de emancipación según explicó ayer la Ministra de Vivienda Carme Chacón. Ésta dijo que de las 4.161 solicitudes presentadas en la región sólo una ha sido tramitada y tras su evaluación rechazada la Comunidad explicó que ésa fue una prueba para ver si funcionaba el sistema.
Chacón comparó este dato con las 1.932 solicitudes (el 15% del total que alcanza las 33.199) que han sido resueltas en toda España.
* ADN - Thaïs Gutiérrez - 06/02/2008
Foto: Protesta por una vivienda digna en octubre pasado / EFE
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Madrid: Vecinos acusan al Ayuntamiento de especular con la reforma del mercado de Legazpi
MADRIDIARIO* : La Asociación de Vecinos Nudo Sur afirmó este miércoles que la reforma del mercado de frutas y verduras de Legazpi oculta una operación especulativa que afecta a tres grandes parcelas de Madrid, "mientras se perpetúa la situación tercermundista de muchos servicios públicos en el distrito de Arganzuela".
Los vecinos denunciaron que el Ayuntamiento está gestionando con criterios de rentabilidad económica el suelo público que debería ser destinado a dotaciones básicas como centros educativos, deportivos, sociales y sanitarios. "Esta zona de Arganzuela ha sufrido un fuerte crecimiento de población joven que se prevé en alza en los próximos años. Sin embargo, el nivel de dotaciones públicas es tercermundista", afirman.
Así, subrayaron que el distrito, con 153.000 habitantes, sólo cuenta con 2 institutos de educación secundaria públicos mientras que cualquier población de tamaño comparable multiplica por 5 o más el número de centros (Getafe, 14; Castellón, 12; León,10; Logroño, 8;Huelva, 14).
Además, apuntaron que la situación es exactamente la misma en materia de educación infantil, ya que sólo hay dos escuelas infantiles para 153.000 habitantes. "El distrito cuenta con la mitad de superficie en equipamientos deportivos de la media de Madrid. Las carencias se extienden a servicios públicos fundamentales como recursos sanitarios, atención a la población mayor, bibliotecas ( con una única biblioteca en el distrito)", agregó la Asociación de Vecinos Nudo Sur.
"Mientras, el Ayuntamiento traslada Gerencia de Urbanismo para poder especular con los terrenos de la calle Guatemala (16.000 m2) y regala una edificabilidad de 30.000 m2 a la iniciativa privada, sin que haya ninguna compensación de suelo dotacional en el distrito", subraya. Los vecinos entienden que éste es un buen ejemplo de la política de Gallardón, con"grandes proyectos modernizadores que esconden, bajo la fachada, intereses especulativos a costa de los derechos más básicos ciudadanos".
Por todo ello, la AV Nudo Sur exigió al Ayuntamiento que reconsidere el proyecto o compense a los vecinos del distrito por la pérdida de un espacio necesario para el desarrollo de equipamientos públicos.
* Madridiario - 06-02-2008 - MDO / E.P
Foto: Madrid, mercado Legazpi - mercado.afectadosnudosur.com
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Tema: NOTICIAS Madrid
La coordinadora de ´La Región de Murcia No se Vende´ dice que a los imputados por corrupción ´no les cabe presunción de inocencia´
LAOPINIÓN/Murcia* : La Coordinadora 'La Región de Murcia No se Vende' manifestó hoy en un comunicado de prensa que a los imputados o procesados en casos de corrupción urbanística "no les cabe en modo alguno implorar el principio de presunción de inocencia".
Esta coordinadora pide además que al igual que ocurre con los condenados por narcotráfico, cuyo patrimonio se incauta y se destina a 'Proyecto Hombre', que el patrimonio acumulado pro los condenados por delitos de corrupción sea también incautado y destinado a reparar daños ambientales generados por la actividad corrupta, o a proyectos ecológicos, sociales y culturales en los municipios afectados.
Además manifiesta su apoyo la actuación de las Fuerzas de Seguridad, de la Fiscalía, y de la Judicatura en torno a los casos de corrupción urbanística, y exigen "respeto a su dignidad e independencia", al tiempo que advierte que "aun quedan muchos casos por terminar y por descubrir".
La coordinadora 'La Región de Murcia No se Vende' está integrada por 65 asociaciones de vecinos, de consumidores, ecologistas, naturalistas y culturales, entre ellas, Ecologistas en Acción,Asociación de Naturalistas del Sureste, y Foro Ciudadano de la Región; Foro Social de la Región.
* La Opinión de Murcia - EFE - 06 de febrero de 2008
Foto: Murcia no se vende, manifa 5m - vegamediapress
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Ciudades más sanas
JOAQUÍN CASARIEGO* : Una de la corrientes más actuales y prometedoras se podría definir agrupando múltiples posiciones (unas vigentes y otras canceladas con el tiempo), todas ellas caracterizadas por un factor común: la importancia de la ecuación hombre / naturaleza. Posiciones que toman hoy una especial relevancia, por la contundencia con que ciertos fenómenos, como por ejemplo, el llamado cambio climático, se están haciendo escuchar, pero que, paradójicamente, nacen de la misma raíz problemática que aquellas que surgieron por reacción contra la naturaleza: entiéndase contra los efectos del comportamiento errático, inclemente y destructivo de la naturaleza.
El Urbanismo, como cuerpo disciplinar, también se desarrolló como un antídoto contra los efectos nocivos de los fenómenos naturales, y de hecho, las corrientes de defensa de los valores de éstos fueron en un principio tachadas de un cierto anti-Urbanismo.
La hipótesis central con que hoy se presenta este movimiento, podría enunciarse, muy sintéticamente, del siguiente modo. Las formas de urbanización en la construcción moderna de las ciudades se han ido alejando gradualmente de los procesos naturales, generando modelos de desarrollo autónomos y desvinculados del medio ambiente que los envuelve.
El predominio del componente económico que está en su base ha desembocado en estructuras urbanas socialmente costosas, ambientalmente desintegradas y paisajísticamente destructivas, dividiendo en dos, por un lado la ciudad y por otro el campo, un sistema que es único, y rompiendo así el normal encadenamiento de los procesos vitales, en los cuales la aparición de unos fenómenos daban cabida a otros, en una suerte de asistencia recíproca y permanente retroalimentación.
Los actuales sistemas de urbanización despilfarran los recursos existentes y rompen con la riqueza, la complejidad y la diversidad ecológica de los lugares en los que se implantan. En resumen, la ciudad actual no contribuye al desenvolvimiento vital de las personas y las posterga a un tipo de alienación con efectos físicos y psicológicos muy perjudiciales para la colectividad.
Es este un movimiento que se hizo fuerte durante los años sesenta del pasado siglo con la irrupción de la Ecología y otras corrientes medioambientales, pero que había mostrado sus primeros síntomas desde finales del XIX, con la crítica a la ciudad industrial y sus secuelas en términos de congestión, hacinamiento, insalubridad, criminalidad, etc. Desde entonces, la vuelta a la naturaleza como planteamiento ideológico diferenciado había tomado cuerpo con múltiples formas en Europa y Norteamérica, y tanto las reivindicaciones agrarias en el viejo continente como las posiciones pastoralistas, en el nuevo, consolidaban sus posiciones mediante acciones de fuerte incidencia política y social.
La generalización del suburbio residencial, como tipología urbana a medias entre la ciudad y el campo, y la construcción de los grandes parques decimonónicos (Hyde Park en Londres y Central Park en Nueva York, como tópicos), respondían en parte a este tipo de reclamaciones, aunque éstos fueran utilizados en muchos casos como pretexto para la puesta en el mercado de nuevos lotes de suelo edificable.
Aun aceptando las importantes contribuciones sobre Ecología y Urbanismo, por parte de MacCaye y Odum, realizadas durante los años cuarenta y cincuenta del pasado siglo, la primera aportación de rigor no se hace hasta 1969 con el discurso de MacHarg, en el que se puede apreciar un cambio sustancial respecto a los planteamientos del Urbanismo tradicional. La referencia ahora no es la ciudad, sino el medio físico globalmente considerado, y los objetivos, por tanto, no son la mejora de las condiciones espaciales o funcionales, sino la máxima utilidad social del territorio, en función de la naturaleza intrínseca de cada una de sus partes y sus usos posibles.
La visión de MacHarg, no era una nueva corriente a secas, sino que comportaba un cambio radical de mentalidad a la hora de posicionarnos intelectual y éticamente ante el medio físico: cómo afrontarlo, analizarlo, evaluarlo y cómo intervenir en él. Ello fue probablemente lo que hizo más difícil su utilidad inmediata y su operatividad como instrumento urbanístico.
Más incisivos y divulgados han sido los trabajos sobre la sostenibilidad, término de amplia resonancia y calado, que va a aflorar como resultado de la controversia entre desarrollo y medio ambiente, desatada durante los setenta y ochenta. El Desarrollo Sostenible es un concepto nuevo que se acuña por primera vez dentro de lo que se llamó el Informe Brundtland, publicado en 1987, como conclusiones de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, coordinada por la política noruega Gro Harlem Brundtland.
Lo que en síntesis venía allí a plantearse era la necesidad de ampliar el contenido de dicha controversia, tanto en el espacio como en el tiempo: es decir, trasladarla a la escala planetaria y observarla desde periodos más largos. El Desarrollo Sostenible, en suma, debía combinar el crecimiento económico con una más justa distribución espacial y social de sus beneficios, sin comprometer los recursos medioambientales, pero no sólo los de esta generación, sino también los de las generaciones futuras.
Consecuencia directa y práctica de este nuevo planteamiento fueron las llamadas Agendas 21, que surgían en 1992, en el seno de la conocida Conferencia de Río. Su propósito era establecer programas de plazo largo y amplia temática, elaborados desde el prisma medioambiental y con efectos concretos sobre el territorio. Con su desarrollo y puesta en práctica, se pretendía un rendimiento más sostenible de las empresas, así como una mejoría en la gestión de los recursos naturales, la racionalización de las emisiones, la puesta en uso del patrimonio, etc... con un compromiso explícito por parte de las administraciones locales y una más efectiva participación ciudadana.
Las Agendas, que fueron especialmente impulsadas por la Unión Europea, han sido una oportunidad excepcional para que muchas áreas geográficas que no lo habían hecho dispusieran de un diagnóstico medioambiental completo y actualizado. Sin embargo, la falta de un empeño real por parte de los responsables de su gestión, y la carencia de un contexto apropiado para su aplicación, han hecho de ellas unos instrumentos de dudosa efectividad.
Por otro lado, fenómenos sociales emergentes como el triunfo de lo individual, así como la disolución gradual de los vínculos locales y vecinales, que algunos reconocen como efectos directos de la globalización, facilitaron el florecimiento de formas de urbanización extensas y difusas, dominadas por el alojamiento privado, sin servicios comunes, ni espacios donde poner en práctica la participación: una de las expresiones urbanas que más se ajusta a lo que podríamos entender como una ciudad insostenible.
Su desarrollo, además de dificultar la sociabilidad, ha supuesto, en términos infraestructurales, un enorme sobrecosto, tanto para garantizar la movilidad territorial, como para llegar con las redes básicas a la totalidad del vecindario. Es por esta causa, que uno de los retos del Urbanismo más responsable se haya planteado en los últimos años, el combatir estas formas de urbanización, mediante el fomento de modelos más densos, nucleados y jerarquizados, a partir de una mayor especialización de los centros, diversificación de los transportes y creación de unidades residenciales compactas e integradas, donde prive la circulación peatonal.
Enfoques premonitorios, como el Growth Management, de aplicación directa de los planteamientos de MacHarg, y por tanto, de contención y control del crecimiento, o el Transit Oriented Development, de Peter Calthorpe, basado en el control de la forma urbana a través de la intensificación del transporte público (trenes, tranvías y autobuses), ya estaban en esa línea de una mayor sostenibilidad. Otros enfoques más recientes, como el Smart Growth, (que alude a un crecimiento al tiempo inteligente, elegante, distinguido, atractivo, de moda...) recogen casi con absoluta fidelidad los principios anteriormente señalados de densidad, diversidad, compacidad y calidad ambiental. Aunque el discurso más divulgado sea probablemente el ideario de Richard Rogers titulado 'Ciudades para un Pequeño Planeta', donde, con Londres como referente, el arquitecto británico expone de forma muy expresiva sus condiciones para llevar a cabo una ciudad sostenible.
Es Curitiba, sin embargo, el ejemplo de sostenibilidad urbana más reiteradamente premiado y aplaudido. La ciudad brasileña, que gozó en los últimos años de una sucesión encadenada de gobernantes y gestores excepcionales, mostraba sin paliativos lo que el Urbanismo puede llegar a hacer, cuando una serie de parámetros confluyen en la dirección favorable. Con el marco general de un plan redactado en 1966, y una estrategia triple muy elaborada, la ciudad sumaba cada año resultados igualmente positivos tanto en lo económico como en lo medioambiental.
Una estrategia centrada en el fomento del transporte público y el autobús como base: exclusivo en las vías más densas, y dominante en el resto del tejido. Un sistema de parques urbanos, aprovechando los márgenes de los ríos, para así impedir las inundaciones, y asegurar, de este modo, la continuidad espacial y el desarrollo efectivo de los circuitos limpios. Y una nueva corona de parques industriales de alta tecnología, dedicados, entre otras funciones, al reciclaje de los productos de desecho, que la misma ciudad utiliza para funciones diversas.
De este modo, es el prestigio de la ciudad y la influencia de la propia marca lo que estimula la acción y la participación colectiva de los ciudadanos.
* JOAQUÍN CASARIEGO ES ARQUITECTO Y CATEDRÁTICO DE URBANISMO.
* La Provincia - Opinión - 04 de febrero de 2008
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7.2.08
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Marbella: Nueva condena contra Julián Muñoz por delitos urbanísticos
LAOPINIÓN/Málaga* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y la que fuera edil en esta ciudad María Luisa Alcalá han sido condenados a un año de prisión y nueve años de inhabilitación para cargo público por un delito urbanístico al otorgar una licencia para construir 108 viviendas en suelo clasificado como zona deportiva.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido dictada hoy por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga y absuelve a los ex ediles de Marbella Mario Jiménez Notario, Rafael González Carrasco, Manuel Calle Arcal y Dolores Zurdo, que habían sido acusados por la Fiscalía de un delito continuado contra la ordenación del territorio.
Muñoz y Alcalá formaban parte de la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella celebrada el 27 de marzo de 1998 que aprobó el proyecto de ejecución correspondiente a una licencia de obras concedida a las entidades Jotsa y Promotora Uno SA para la construcción de un edificio de 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara.
En la resolución judicial, que una vez firme deberá remitirse al Consistorio marbellí, se declara asimismo la nulidad de las licencias de obra mayor concedidas a ambas entidades.
No obstante, señala que la anulación no conllevará la demolición del edificio porque en el procedimiento no figuran como responsables civiles los titulares de las licencias, y debido a la actual calificación urbanística que otorga al terreno el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella.
El terreno, situado en la avenida Príncipe de Asturias, en la parcela conocida como Los Arquillos, tenía la clasificación de suelo rústico según el PGOU de 1968, la cual cambió a zona de equipamiento deportivo de uso público conforme al plan parcial de ordenación aprobado el 22 de julio de 1982.
En los hechos probados se señala que no consta que el secretario municipal hiciera objeción alguna de legalidad a las licencias, ni advirtiera de que existían informes técnicos contrarios. Tampoco existe decreto de la Alcaldía por el que se delegara a la comisión de gobierno el otorgamiento de licencias urbanísticas, añade.
El juez no accede a la petición de atenuante por dilación indebida del proceso porque, aunque el procedimiento ha tardado casi 9 años en tramitarse, de este tiempo debe descontarse el periodo que estuvo suspendido por planteamiento de la cuestión prejudicial (cinco años).
Según el magistrado, el periodo restante, "si bien prolongado, no puede calificarse de excesivo", habida cuenta del número de acusados, de los cambios de letrados, del número de recursos interpuestos y de pruebas propuestas y admitidas por las partes, que han determinado que la causa cuente con siete tomos, argumenta.
Julián Muñoz, imputado en el caso Malaya, cumple actualmente condena por dos causas urbanísticas.
* La Opinión de Málaga - EFE - 06 de febrero de 2008
Foto: Marbella (Málaga), vista aérea - laopiniondemalaga.es
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6.2.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Murcia: La juez investiga si Armero pagó con pisos y locales los favores urbanísticos que recibía
LAVERDAD* : ¿Pisos a nueve, diez u once millones de pesetas en el año 2005? Parece que sí, que todavía existían. Al menos, para el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, quien adquirió una vivienda al supuesto precio de 64.193,7 euros (unos 10.695.000 pesetas) a su amigo y antes jefe, el constructor Facundo Armero.
La adquisición se formalizó el 23 de marzo del 2005 y, según se recoge en la denuncia interpuesta por la Fiscalía, fue la empresa Explotaciones Lo Ruiz S.L., de la que era administrador el propio Armero, quien le vendió el piso.
«Lo del piso, (Facundo) me vendió el piso al mismo precio que se lo vendió a todos los que están vivienda allí. O sea, que yo tengo las notas simples de todos los pisos, y el mío no es el más caro ni el más barato. Todos están entre los nueve, diez y once millones de pesetas», explicaba en mayo del 2007 el alcalde al entonces consejero de Presidencia, Fernando de la Cierva, cuando éste le preguntaba por las posible razones por las que la Fiscalía podía haber abierto una investigación a García Madrid.
Pero el fiscal no cree que el valor real del piso sean esos 64.193,7 euros, ni piensa que sea casual que se lo comprara a la firma Explotaciones Lo Ruiz S.L.
Y no lo cree porque se da la circunstancia de que, al cabo de poco más de un año de que se cerrase esa compra, la citada empresa de Facundo Armero se vio favorecida por una decisión municipal, consistente en una licencia para construir un salón de celebraciones y banquetes, de nombre Acuario, en unos terrenos no urbanizables y en contra del informe jurídico de los técnicos del Ayuntamiento, que advertían de que esta obra no podía considerarse «al servicio de la carretera».
Así lo relata el fiscal en la denuncia que dio origen a la investigación coordinada por la titular del juzgado de Primer Instancia e Instrucción número 4 de San Javier, Aránzazu Moreno.
«PREVARICACIÓN Y COHECHO»
Estos hechos, según el Ministerio Público, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación, «al conceder una licencia posiblemente ilegal, que supondría dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de su injusticia». También podrían ser constitutivos, según señala, de otro delito de cohecho, «por la aceptación (por parte del alcalde) de adquisición de un piso, por un precio muy reducido, a cambio de favores posteriores».
Si el constructor Facundo Armero hubiese pagado de esa forma el supuesto trato preferente que se le estaría dando desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco -algo que está tratando de determinar la investigación judicial en curso-, no se habría tratado de un hecho aislado.
Así, y según se recoge en el relato realizado por el Ministerio Fiscal, al que La Verdad ha tenido acceso, la concejal de Infraestructuras, Josefa Marín Otón, que igualmente trabajó para Armero antes de entrar en política, también se habría beneficiado por la adquisición de bienes inmuebles a un precio presuntamente más bajo del de mercado. Dos empresas del constructor pachequero, Suelos Urbanos Pacheco S.L. y Promociones Nueva Sucina S.L., habrían vendido a la edil Marín Otón y a su marido, Francisco Javier Rodríguez Mañogil, un bajo comercial de 139 m2, por importe de 66.642 euros, y una nave industrial de 2.097 m2, por importe de 267.773 euros. En este último caso, el fiscal ha aportado en su denuncia un certificado de tasación de otra nave en el mismo polígono, por importe de 413.693 euros.
El propio fiscal reseña en su denuncia que «se desconoce la razón por la que se vende a la concejal o a su marido -casados en régimen de gananciales- los citados inmuebles a unos precios tan bajos».
«IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS»
«En el año 2004 se realizan en el seno del Ayuntamiento citado un gran número de operaciones urbanísticas que podrían exceder en muchos casos las meras irregularidades administrativas», señala en su denuncia el Ministerio Público, para dar paso a otro capítulo de supuestas corruptelas.
Tras indicar que las relaciones entre el alcalde García Madrid y la concejal Josefa Marín con el constructor Armero «vienen de épocas inmediatamente anteriores a coger aquéllos sus cargos políticos», especifica que García Madrid ejerció como abogado para el empresario y que la edil fue también empleada suya.
Pues bien, pese a que la ley les obligaba a ambos a abstenerse de participar en cualquier acto administrativo que pudiera tener relación con su antiguo patrón, ambos votaron en comisión de gobierno, en varias ocasiones, a favor de que se abonasen a Facundo Armero distintas facturas, obras, certificaciones y órdenes de pago, en concreto a su empresa Construcciones Torre Pacheco S.A. Constan al menos siete pagos de facturas, por un importe global de 755.872 euros (casi 126 millones de pesetas).
«En esas votaciones -insiste el fiscal- incumplen ambos denunciados el deber de abstención que les viene impuesto por el artículo 28 de la Ley 30/92», de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Y considera que, sólo por estos hechos, pueden haber incurrido el alcalde y la concejal en los supuestos delitos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y tráfico de influencias.
«ADJUDICACIONES DIRECTAS»
Otra de las cuestiones que la Fiscalía consideraba que debían ser investigadas es la que se refiere a los convenios urbanísticos suscritos entre empresas de Facundo Armero -y que, en algún caso, como es el de Polaris World Development S.L., también lo eran de quien fue su socio Pedro García Meroño- y el Ayuntamiento de Torre Pacheco.
Reseña aquí el fiscal que «otra de las actividades realizadas por el Ayuntamiento encabezado por el alcalde consiste en utilizar los convenios urbanísticos para adjudicar de forma directa obras a determinadas empresas (...), y ello evitando la aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
De esta forma, en al menos tres convenios firmados con las empresa Polaris World Development S.L., Mar Menor Capital S.L. y Promlev S.L. habrían sido eximidos de abonar el 10% del aprovechamiento urbanístico al Ayuntamiento, a cambio de construir, respectivamente, un edificio para los servicios de seguridad, una biblioteca y una escuela infantil en Balsicas, además de asfaltar una carretera.
El problema, en estos casos, no era que el municipio se viese compensado, sino que con esas decisiones se estaba incumpliendo supuestamente la ley que obliga a adjudicar esas obras (biblioteca, centro integral de seguridad, guardería...) mediante concurso público. Y ello, según el fiscal, constituye una irregularidad más.
* La Verdad - M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ - 6 febrero 2008
Foto: REGISTRO. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se llevan cientos de expedientes del Ayuntamiento de Torre Pacheco en el registro realizado el 19 de junio pasado. / JOSÉ M RODRIGUEZ / AGM
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Anticorrupción estudia utilizar el delito de asociación ilícita en el ´caso Teresitas´
LAPROVINCIA/Tenerife* : ¿Fue un cúmulo de irregularidades independientes llevadas a cabo sin ningún tipo de organización o el pelotazo de Las Teresitas responde a una maquinaria político-empresarial puesta en marcha de forma coordinada y con el fin de delinquir? Ésa es la duda que existe en la actualidad en la Fiscalía Anticorrupción para definir penalmente el caso cuyo sumario ocupa gran parte del despacho de la magistrada Carla Bellini.
Según los datos que ha podido manejar este periódico, la teoría de que el delito de asociación ilícita pudiera imputarse en el caso Las Teresitas no es ningún disparate y, con los argumentos que pudieran encontrarse en la parte del sumario que aún permanece secreto, es muy posible.
Según recoge el Artículo 515 del Código Penal, "son punibles las asociaciones ilícitas", y para definir la actuación de los imputados en Las Teresitas habría que ceñirse a lo que reza en el apartado primero del citado artículo: se considera delito a "las asociaciones que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su comisión".
Es por ello que, según el Artículo 515 del Código Penal, se podría encuadrar lo ocurrido en el caso Las Teresitas como un ejemplo de asociación ilícita. Para ello, la Fiscalía Anticorrupción tendría que hilvanar toda la trama desde el principio y cuadrar los papeles de todos y cada uno de los agentes que participaron en la ejecución del pelotazo.
Para empezar, es clave delimitar el papel del abogado de la Junta de Compensación, Mauricio Hayek, que como ha quedado probado cobró tanto de la parte que lo contrató (la Junta) como de Inversiones Las Teresitas, la sociedad propiedad de Ignacio González y Antonio Plasencia, que ganó 120 millones de euros en la operación.
En este punto, la relación entre la parte que compra los terrenos de la playa y la que los vende parece acreditada con la figura del letrado Mauricio Hayek.
EL CRÉDITO. Otra pata para poder imputar el delito de asociación ilícita está en el crédito que se concedió a Inversiones Las Teresitas. Con una presunta filtración de una sentencia del Tribunal Supremo que otorgaba a los terrenos la posibilidad de construir en el frente de playa, la investigación tendrá que acreditar si los altos cargos de la entidad bancaria estaban informados de todos los datos y por eso accedieron a la concesión del crédito sin apenas garantías.
Y por último está el Ayuntamiento de Santa Cruz, con Miguel Zerolo a la cabeza. En este punto, la investigación deberá acreditar que el consistorio era conocedor de la intención de los empresarios de dar el pelotazo, y facilitó el mismo con recalificaciones de suelo y a través de la compra del frente de playa por un valor muy superior al de mercado. Esta parte, por lo que se ha sabido en fuentes consultadas, también parece acreditada para imputar la asociación ilícita.
* La Provincia - PEDRO GUERRA - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA - 06 de febrero de 2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, manifestación Ayuntamiento (archivo)- laprovincia.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
Alboraia: Los padres de un colegio denuncian 'mobbing' inmobiliario
ELPAÍS/Valencia* : La falta de suelo público en el núcleo urbano de Alboraia debida al exponencial crecimiento demográfico de este municipio -casi pegado a Valencia a través de cuatro kilómetros de huerta- está provocando el caos entre los padres del colegio Ausiàs March, que desde el 31 de marzo de 2007 llevan a sus hijos a una escuela cuyo suelo ya no es de propiedad municipal, pues se permutó hace años.
Al calvario de las familias de los 190 niños de 3 a 12 años del Ausiàs March por la provisionalidad del centro se añade ahora una situación que califican de "mobbing inmobiliario", según han denunciado varios padres entrevistados. "El mobbing consiste en que todas las calles y accesos al colegio están afectadas por obras que hacen imposible seguir las clases, porque los decibelios superan lo permitido", explican Carmen y María Ángeles, dos madres que padecen esta situación desde hace años.
"Por un lado, están dos grandes máquinas de una depuradora que limpia el barro y las aguas procedentes de las ya de por sí ruidosas obras de ampliación del metro. Por otro, los contenedores que remueven la tierra; y, finalmente, está el inicio de las obras de una finca que fue demolida por aluminosis".
"Estamos viviendo una situación de mobbing inmobiliario total", según ha acuñado Juan Carlos, otro padre que adelanta que "la solución" del Ayuntamiento pasa por convertirlos en desplazados saharauis a un centro cívico de la Patacona, a tres kilómetros del casco urbano.
La asociación de padres de alumnos del Ausiàs March, que se reúne hoy, se debate entre llevar a sus hijos a la Patacona o solicitar al Ayuntamiento, gobernado por el PP, que les ceda un espacio provisional en el polideportivo que hay al final del pueblo. "Aunque se tendrían que instalar aulas prefabricadas", comenta Carmen, "sería una opción más razonable, sobre todo, para las familias con hijos pequeños que tienen que ser cambiados por las mamás".
El pelotazo -ya que "en vez de hacer una expropiación se permutó y reclasificó el suelo rústico del nuevo colegio por suelo urbanizable, lo que ha desembocado en el Tribunal Supremo"- supone "una renuncia al derecho de los hijos a tener una escuela en el núcleo urbano", según denuncian el PSOE, el Bloc y los independientes de CIALBO. "Éste es el mejor resumen de la política educativa del PP estos años", remató el edil socialista Josep Moratal.
* ELPAIS.com - NEUS CABALLER - Valencia - 06/02/2008
Foto: Alboraia protesta 2005, Salvem L'Horta clama contra la urbanización de más de un millón de metros cuadrados - T.Castro, elpais.com
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Córdoba: El TSJA anula el plan que daba cobertura a las naves de Colecor, que seguirán ilegales
TERRA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula el acuerdo del Pleno municipal del 12 de enero de 2006 por el que se aprobaba el plan especial Carretera de Palma del Río que, entre otras cuestiones, daba cobuertura legal a las naves ilegales de Colecor edificadas por Arenal 2000, propiedad de Rafael Gómez Sánchez.
El fallo del Alto Tribunal estima así el recurso presentado por la Consejería de Obras Públicas y otros propietarios de suelo en la zona de afección del plan a finales de 2006, aunque las causas que esgrime para ello se alejan de la cuestión matriz de la polémica que se ha arrastrado estos años: la edificación de unos naves de 40.000 metros cuadrados para venta al por mayor detrás de la antigua lechera y de forma ilegal. La sentencia de la Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, argumenta como motivo principal para estimar el recurso que el Ayuntamiento permitió que fuera un privado y no la institución pública quien 'formulara' el plan especial que recogía el PGOU de Córdoba para ordenar los usos de una vasta zona al oeste de 155 hectáreas. En este caso, Arenal 2000 inició la tramitación con el primer avance en mayo de 2003 hasta su aprobación por el Pleno el 12 de enero de 2006.
Curiosamente, como pone de manifiesto el auto, Gómez sólo posee 10 hectáreas de las 155,5 que regula este plan (apenas un 7 por ciento). Al respecto, el auto deja claro que 'la ordenación urbanística constituye una función pública y no sólo una expectativa privada'. Si bien admite que los planes especiales 'pueden formularse por los particulares', en este caso, matiza que 'no era posible por tratarse de un plan especial de desarrollo del PGOU, por disposición expresa de este planeamiento general'.
Los otros dos reparos que acepta el Alto Tribunal son también de índole formal. Por un lado, el no haberse innovado el PGOU para alterar el trazado de la vía pecuaria Cañada Real Soriana, paralela a la A-431, y para la que se planteaba su traslado a la espalda del ámbito del plan, en paralelo al Canal del Guadalmellato. De igual modo, el tribunal ha considerado que nunca se justificó la razón por la que se designó un área de unos 80.000 metros cuadrados junto a Colecor, el centro de menores y otras edificaciones antiguas, para fijar usos recreativos, hostelero y turístico, con el consiguiente beneficio privado de tal elección.
Sobre el epicentro del recurso de la Junta (que también aludía a la formulación, vía pecuaria y usos recreativos y turísticos, como los otros demandantes privados), la sobredimensión de lo edificado en el área de Colecor y la inadecuación de los usos (almacén de venta al por mayor) habilitados para un suelo clasificado como no urbanizable de especial protección, el TSJA rechaza de plano las argumentaciones de Obras Públicas, y considera 'correcto' el tratamiento dado en el plan especial a esa zona (una de las nueve en que se dividen las 155 hectáreas).
El fallo otorga 'discrecionalidad razonable' al Ayuntamiento para fijar los usos en esta zona de suelo no urbanizable 'en función del mejor interés público' aunque se 'primen los privados'. En el caso de Colecor, el TSJA recuerda que el PGOU permite conservar los usos industriales históricos de la antigua lechera, rehabilitarlos, ampliarlos y hasta fijar otros nuevos complementarios, cuestiones que mantiene el plan especial.
Entiende pues que está justificado por el Ayuntamiento su inclusión sin, además, especificar cuánto se puede edificar, elemento que deja para el proyecto de actuación. Sí admite el TSJA que dicho plan podría haber 'limitado la edificabilidad', aunque considera 'suficiente' lo hecho por Urbanismo al respecto.
De otro lado, la sentencia tumba otros argumentos de la Junta como el riesgo de asentamientos irregulares o la permisividad de edificar viviendas en las partes agrícolas sobre un tope de superficie.
Cuatro años de trámites
Las consecuencias de este fallo, esperado y más rápido de lo que otros asuntos de lo Contencioso-Administrativo arrastran, apuntan en varios frentes en un tempo político de precampaña electoral. Por un lado, el Ayuntamiento, a través del presidente de la Gerencia de Urbanismo, dejó ayer claro que no recurrirán la sentencia, que no es firme y cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Tampoco parece que la Junta lo vaya a hacer, quedando esta vía en manos de Gómez y los otros propietarios.
Palma, todos los trámites posteriores en cascada se suprimen. Esto es, Urbanismo deberá formular de nuevo el plan especial con una tramitación que conllevará más de un año mínimo. Se tendrá que ver las caras de nuevo con la Junta. Y, posteriormente, tendrá que tramitar el proyecto de actuación que Rafael Gómez le elevará de nuevo (más años) para solicitar, a posteriori, las pertinentes licencias (momento en el que se encontraba ahora mismo).
Es decir, las naves siguen siendo ilegales, la sanción por valor de 24 millones de euros, sin pagar (es firme en la vía administrativa municipal, que aún no ha ejecutado, y está recurrida en el TSJA), aunque este fallo no le afecta. Las dudas sobre la actividad real en las instalaciones, persisten.
Una tramitación urbanística que ha durado casi cuatro años (en enero se aprobó el proyecto de actuación), empieza de nuevo. Y la consecuencia política: Ayuntamiento y Junta (IU y PSOE) tendrán que verse de nuevo las caras para resolver el punto caliente del plan (Colecor) a sabiendas de que 'todos' llevan razón en parte.
* Terra Actualidad - VMT - 06/02/2008
Foto: Córdoba, naves de Colecor - terra.es
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El urbanismo insostenible amenaza las Reservas de la Biosfera
ECOLOGISTASENACCIÓN* : Coincidiendo con la celebración del III Congreso Mundial de las Reservas de la Biosfera, Ecologistas en Acción expone el riesgo que supone el urbanismo insostenible para la conservación de estos espacios declarados por la UNESCO. El hotel El Algarrobico, en Almería, o el hotel Papagayo Arena, en Lanzarote, son sólo algunos de los ejemplos más conocidos.
La Red de Reservas de la Biosfera españolas, son espacios singulares declaradas por la UNESCO como áreas en las que demostrar, promover y presentar relaciones armoniosas del ser humano con su entorno, aplicando el desarrollo sostenible. Por ello, los gobiernos autonómicos y los responsables de estos espacios deberían poner en marcha mecanismo de desarrollo socioeconómico diferentes al urbanismo.
Sin embargo, en la mayor parte de las 38 áreas que forman la Red de Reservas de la Biosfera, el urbanismo insostenible, previsto o en ejecución, está causando graves daños.
A modo de ejemplo, algunas de las Reservas Biológicas (RB) con proyectos urbanísticos son:
R.B. Sierra de Grazalema (Cádiz): Construcción de viviendas en Benaocaz denunciadas por su incompatibilidad con la conservación del paisaje y de la tipología tradicional de los pueblos blancos. Reclasificaciones masivas de terrenos en Prado del Rey, dos millones de metros cuadrados para construir 1.000 nuevas viviendas.
R.B. Cabo de Gata-Nijar (Almería): Construcciones ilegales y reclasificaciones de una superficie de dos millones de metros cuadrados. Hay destacar las construcciones de el hotel El Algarrobico, Agua Amarga, urbanizaciones en San José y la Isleta del Moro. Estas actuaciones está destruyendo los valores etnográficos y paisajísticos de la Reserva de la Biosfera.
R.B. Urdabai (Vizcaya): Reclasificación de 270.000 metros cuadrados para la construcción de 50 chales en Ibarrangelu, entre las marismas y el encinar cantábrico.
R.B. La Palma (Canarias): En esta isla declarada en su totalidad Reserva de la Biosfera el plan general de la capital, Santa Cruz de la Palma, ha provocado el rechazo de la coordinadora de vecinos de la ciudad por considerar que incumple los objetivos de sostenibilidad ambiental. Además el cabildo está tramitando un Plan Territorial Especial de la Ordenación de la Actividad Turística junto con un documento titulado Sostenibilidad y viabilidad económica de la red completa de campos de golf. Estos proyectos consolidan el modelo de turismo convencional (ocupación y destrucción del territorio, elevado consumo de agua, etc). Además el Plan Territorial ordena para uso turístico suelo incluido en la Red de Espacios Naturales de Canarias, algo contrario a la Ley de Espacios Naturales de Canarias.
R.B. Lanzarote (Canarias): Otra isla declarada Reserva de la Biosfera, en su totalidad. Sin embargo el puerto deportivo Marina Rubicón, en Yaiza, destruyó un sebadal, una playa y el entorno de Bahía de Berrugo. Uno de los casos más conocidos es la construcción del hotel Papagayo Arena sobre terrenos que el ministerio de Medio Ambiente quiere expropiar.
R.B. Gran Canaria (Canarias): Dentro de la zona de Reserva de la Biosfera se ha planteado el proyecto Anfi-Tauro, que incluye 3.600 nuevas camas y puertos deportivos en el litoral de Tauro. El proyecto afecta al Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Franja Marina Costera de Mogán”, Reserva Mundial de la Biosfera, a especies en peligro de extinción como la tortuga boba (Caretta caretta).
R.B. Ordesa Viñamala (Huesca): Proyecto de ampliación de la urbanización de Formigal junto con la ampliación de la estación de esquí, y el nuevo aparcamiento de Espelunciecha, todo ello en la Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñamala (Aragón).
R.B. Cuenca Alta del Manzanares (Madrid): Construcción de viviendas en el pie de La Pedriza, zona núcleo de la reserva de la Cuenca Alta del Manzanares. Nuevo plan general de Torrelodones plantea la reclasificación de 1.300.000 metros cuadrados de encinar para construir 1.500 viviendas y un campo de golf.
R.B. Sierra del Rincón (Madrid): En Puebla de la Sierra, municipio de 60 habitantes permanentes, se prevé la construcción de 51 chales sobre un robledal centenario, único en la Comunidad de Madrid.
Estos son solo una parte de los proyectos que demuestran como las Reservas de la Biosfera se declaran sin interés de aplicar los principios fundamentales de estos espacios, el fomento de un desarrollo armónico entre el ser humano y la naturaleza.
* Ecologistas en Acción - Naturaleza, 6 de febrero 2008
Foto: Reservas de la Biosfera - ecologistasenaccion.org
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
El Supremo bloquea una gran urbanización en el Cabo de Gata
ELPAÍS/Almería* : El proyecto para la construcción de Marinas de Aguamarga, la urbanización más ambiciosa de todas las que se proyectan en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, se quedará en el papel. El Tribunal Supremo (TS) ha anulado parcialmente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que había validado la construcción de la macrourbanización, frente a la declaración de impacto ambiental desfavorable que dictó la Junta.
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, subrayó ayer que el fallo del Supremo le da la razón a su departamento "en todos sus extremos" y supone una "importantísima victoria jurídica" tras diez años de procesos judiciales.
La sentencia, del pasado 12 de diciembre, se conoció ayer a la par que el Consejo de Gobierno andaluz aprobó los planes de ordenación de recursos naturales y rector del parque natural de Cabo de Gata-Níjar, que elevan la protección de los terrenos donde se proyecta Marinas de Aguamarga y también La Fabriquilla. Ambos suelos pasan de ser urbanizables (nivel D) a de especial protección y no urbanizables (nivel B).
No obstante, en el caso de La Fabriquilla, los promotores cuenta con sentencias firmes del Supremo que les autorizan a construir. La nueva ordenación impide igualmente edificar en la zona donde se levantó el hotel Algarrobico, que pasa a ser pública y deberá regenerarse.
La promoción de Aguamarga contempla la construcción de 350 viviendas en 48 hectáreas y un complejo hotelero de 300 camas en una pedanía que supera escasamente los 200 habitantes y que, además de encontrarse en pleno parque natural, está catalogada como Reserva de la Biosfera, zona Hábitat y de Especial Protección para las Aves.
En las normas subsidiarias del planeamiento de Níjar de 1987 (entonces gobernada por el PSOE) los terrenos a desarrollar aparecen clasificados como urbanos o urbanizables. Fue en 1996, coincidiendo con el trámite para la renovación de las normas nijareñas, cuando la declaración de impacto ambiental de la zona aconsejó una nueva catalogación del espacio, motivo por el que la delegación provincial de la Consejería de Obras Públicas denegó la aprobación del nuevo planeamiento.
La decisión de la Junta abrió un dilatado proceso judicial en el que el Ayuntamiento de Níjar y por el promotor de Marinas de Aguamarga planearon hasta 14 recursos, el penúltimo, aceptado por el TSJA, pero finalmente rechazado por el Supremo.
"El fallo ratifica la lucha que la Junta está haciendo en la protección y conservación de Cabo de Gata", dijo ayer la consejera, quien explicó que la sentencia también estipula que el Gobierno no tiene por qué indemnizar al promotor ni compensar al Ayuntamiento de Níjar con permutas de terrenos.
La consejera expresó su confianza en que el caso del hotel Algarrobico tenga idéntica conclusión.
A la espera del pronunciamiento de TSJA sobre el fondo del asunto, el suelo sobre el que se asienta será ya público (cuando entre en vigor los decretos de los planes aprobados). De momento, hay dos fallos judiciales que favorecen a las tesis del Gobierno y la Junta.
* ELPAIS.com - ROSABEL RODRÍGUEZ / ISABEL PEDROTE - Almería / Sevilla - 06/02/2008
Foto: Aguamarga - Níjar (Almería) - teleprensa.net
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6.2.08
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Tema: NOTICIAS Andalucía
¿Ciudades difusas?
ORIOL BOHIGAS* : La Diputación de Barcelona, a través de su Observatorio Territorial, está publicando en estos últimos años algunos trabajos de investigación urbanística oportunos y cualificados. Desde 2002 han salido a la luz los diversos títulos de la colección Territorio y Gobierno: Visiones y en 2007 se inició Estudios, que incluye la serie Territorio. El primer volumen es La ciudad de baja densidad. Lógicas, gestión y contención, un conjunto de textos coordinados por Francesco Indovina, procedentes de un curso del Centre Ernest Lluch de noviembre de 2004. No hay duda de que la dispersión urbana es uno de los fenómenos más contradictorios de la ciudad reciente.
¿Por qué se mantiene y aumenta continuamente esa tendencia hacia la ciudad difusa, la extensión desordenada más allá de sus límites naturales, sus murallas, fuera de la cohesión y la compacidad que la tradición urbana había establecido? No hay duda de que esa dispersión tiene unos elevados costes económicos, ambientales y, sobre todo, sociales. Porque no se trata sólo del despilfarro de suelo o de la multiplicación excesiva de servicios y flujos circulatorios. Se trata, sobre todo, de la pérdida de los valores sociales de la urbanidad, de la eliminación de las bases colectivas y cohesionadoras de la ciudad. En algunos capítulos del libro que comentamos se analizan estos costes y se comprende que son objetivamente insostenibles con los recursos económicos disponibles. La ciudad dispersa es, en principio, una ciudad imposible, pero, paradójicamente, no sólo existe en todas partes, sino que se produce con una intensidad creciente desde hace 50 años. Es una realidad en ciudades y países muy distintos, lo cual hace pensar que hay razones profundas y complejas que la justifican en términos muy esenciales.
En diversos textos del libro se intentan algunas explicaciones a este fenómeno. Indovina resume así el tema: "En definitiva, este es el circuito: desarrollo económico (industrial) de la ciudad, emigración del campo a la ciudad, crecimiento de la densidad, aumento de los precios inmobiliarios y predisposición del campo a dejarse urbanizar constituyen los ingredientes que dieron origen a una transformación del territorio que ya no se ha detenido". Pero a estos elementos -propios de la lógica del crecimiento en el auge de un cambio productivo-, se añaden otros factores, como pueden ser los cambios de formas de vida, la mitología de la segunda residencia, la avasallante especulación territorial, las facilidades de un transporte aparentemente rápido, el populismo político y vecinal que acaba logrando las infraestructuras aparentemente urbanizadoras, las necesidades de grandes superficies productivas que sólo son posibles en el espacio fuera murallas o la imposibilidad de que la industria fraccionada absorba los costos especulativos del suelo dentro de las murallas.
La cuestión fundamental es, no obstante, decidir -o, en este caso, sugerir a partir del análisis sociológico- qué política se podría adoptar para conseguir la reurbanización, es decir, una nueva calidad urbana para esa dispersión suburbial. Para ello hay dos puntos de partida radicales: el de los que creen que la única solución es volver a meter a la ciudad dentro de las murallas, imponer el diseño de la coherencia y la compacidad y, enfrente, el de los que creen que la situación, en manos del mercado, es ya irreversible y que no hay más solución que aceptar -e incluso favorecer- ese nuevo tipo de ciudad, apoyándola e incluso favoreciéndola con servicios y estructuras, asumiendo colectivamente los costes elevadísimos. Pero, entre extirpar y favorecer, la mayor parte de autores de los textos se deciden a favor del corregir, con la doble aceptación contradictoria de que el fenómeno es nefasto pero irreversible, permanente pero corregible.
Como suele ocurrir en la mayoría de textos teóricos sobre urbanismo, los resultados prácticos son de eficacia muy discutible. Al fin, incluso, la voluntad de corregir implica la aceptación acrítica de una injusticia social implantada con el señuelo de una felicidad prefabricada por la propaganda consumista y por los intereses especulativos. Corregir es, en parte, aceptar y, quizá, rendirse. Es aceptar que el suburbio no puede ser más que el resultado del fomento de una sociedad suburbial, una sociedad coherente con la permanente contradicción entre bienestar y malestar. Es decir, la corrección no va a resolver el problema, sino aplazarlo, esperando cambios más revolucionarios e intransigentes. Pero, sea como sea, el conjunto de textos incluidos en La ciudad de baja densidad son unos estudios magníficos sobre un fenómeno urbano paradójico que se ha convertido en un virus mortal para las esencias sociales de la ciudad europea.
* ELPAIS.com - Cataluña - Opinión - 06/02/2008
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña