El juez del 'caso Guateque' ordena al Ayuntamiento auditar las licencias

ELPAÍS/Madrid* : El juez instructor del caso Guateque, Santiago Torres, ha ordenado al Ayuntamiento de Madrid, a través de una providencia, la realización de una auditoría interna para conocer la tramitación de expedientes en la Concejalía de Medio Ambiente en el Consistorio, según ha adelantado el portavoz del grupo municipal socialista, David Lucas.

En rueda de prensa, Lucas ha explicado que la auditoría será llevada a cabo por la empresa externa Tracsatec y que tendrá como finalidad conocer "las cosas que están funcionando mal" en esta concejalía -una de las afectadas por la trama junto con la de Urbanismo y varias juntas municipales- y aportar soluciones. El portavoz del PSOE ha recordado que su grupo, tan pronto tuvo conocimiento de la existencia del caso Guateque, exigió al Gobierno municipal del PP que hiciera una auditoría interna de las concejalías implicadas en la trama de corrupción en la concesión de licencias.

"El PP no hizo caso a la petición del PSOE, manifestó incluso que no era necesario hacer esta auditoría porque las cosas funcionan", ha subrayado Lucas, quien ha hecho hincapié en que si esta auditoría se hubiera hecho cuando los socialista la pidieron, en estos momentos "ya tendríamos soluciones". Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha explicado a esta web que la auditoría sólo afectará a los dossieres relacionados con el caso. "El auto

judicial sólo encarga a la empresa Tragsatec, que está haciendo los informes de Medio Ambiente, una auditoría de algunos expedientes relacionados con el caso Guateque, no de todos", subrayan fuentes municipales.

'No' a una presidencia del PP

El portavoz socialista ha criticado además que el concejal del PP del distrito de Barajas, Tomás Serrano, presida mañana la reunión de constitución de la comisión de investigación del caso de corruptelas en torno a las licencias porque el sumario incluye varios expedientes en los que se cita "la prioridad" dada por el concejal o personal de su confianza a su tramitación.

"No es compatible ser investigado y aparecer como referencia en el sumario, formar parte de la comisión de investigación y mucho menos ser presidente de la sesión de constitución", ha añadido el socialista. Lucas ha criticado también la presencia en la comisión de investigación de la concejala de San Blas, Carmen González, porque el sumario del caso incluye otro expediente en el que se detalla la agilización de una licencia por parte de la edil o del personal de confianza a su cargo. El portavoz socialista ha recordado que mañana pedirá que sea presidida por un concejal del PSOE. Éste será el primer punto del día en la reunión que tendrá lugar por la tarde.

"No parece de recibo que recaiga la presidencia en el Gobierno municipal cuando es una comisión de investigación que trata de controlar al propio Gobierno municipal", ha apuntado Lucas. El portavoz de IU, Angel Pérez, ha anunciado que apoyará que la presidencia recaiga en el PSOE porque es el principal grupo de la oposición y es lo "éticamente correcto". Ha destacado que su formación no se postulará para ocupar la presidencia porque sólo cuentan con un edil en la comisión, lo que anularía "cualquier capacidad de intervención". Pérez ha destacado que su formación centrará la comisión en la documentación analizada por el juez y solicitará una lista cerrada de comparecientes para fijar un calendario. "No queremos que Guateque sea una fiesta permanente y ocupe toda la legislatura", ha añadido.






* ELPAIS.com - AGENCIAS - Madrid - 30/01/2008
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org


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Las cuevas desafían a la piqueta

PÚBLICO/Granada* : "Se está aquí como en el vientre de una madre”. Calentito en invierno, unos 15 grados, y fresco en verano, algo más. Yoni, melena estilo farruquito, es “medio gitano, medio payo”, canta en los tablaos de turistas de vez en cuando, y habita con Yesi, su pareja, una de las 44 cuevas de San Miguel Alto, en el Sacromonte granadino. Yoni grita: “moro” y de la caverna vecina sale Yagua, marroquí, ahora sin trabajo por el parón de la construcción. “Con la confianza le digo así. Él me dice gitano y no hay problema”.

Arcos y arabescos, recuerdo de su patria, franquean la entrada a varias de las estancias. Al fondo, como en todas las cuevas, la cama. Aún no ha terminado los trabajos de reforma y Yagua se toma un té calentado con una bombona de gas. Ha estado trabajando toda la mañana en su hogar. Tiene televisión también. “La luz la cede un vecino y le pagamos la diferencia entre su cuenta sin nosotros y la cuenta con nosotros”, asegura Yoni. Viven en la zona superior del cerro, sobre el Albaicín, el casco histórico, que domina la ciudad entera.

Hace más de un año la policía, enviada por el ayuntamiento, gobernado por el PP, trató de desalojar a los habitantes de las cuevas con dos excusas: que se caían y que el terreno era de propiedad municipal. Como telón de fondo está la recalificación de la colina, que, tras anunciarla, ahora niega el ayuntamiento, para edificar un foco turístico, levantar un hotel y acondicionar varios hipogeos para espectáculos de Zambra flamenca (del Albaicín son Enrique Morente y otros grandes).

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en sentencia contra la que no cabe recurso, le paró la semana pasada los pies. Los magistrados consideraron que “no existe certeza de que todas las cuevas sean propiedad municipal” y recordaron que el derecho a la inviolabilidad del domicilio está recogido en el artículo 18.3 de la Constitución. Aconsejaron, además, al ayuntamiento que presente un expediente individual por cueva y no uno conjunto como había hecho. El consistorio confirmó que así lo hará. Las cuevas del Sacromonte están habitadas al menos desde el siglo XVI.

Okupas y energía solar

Paco, pantalón de motorista, pendientes en la oreja, asegura disponer de un título de propiedad. Pagó por su caverna hace más de tres lustros casi dos millones de pesetas (12.000 euros). No vive ahora allí, adonde llegó como okupa, porque tiene una casa en el centro de Granada. Pero se pasea a menudo y conoce a todo el mundo. Él se precintó su cueva. “Por los okupas, que se me metían dentro”, asegura. Él quiere que el ayuntamiento convierta la colina en un foco turístico para así sacar provecho de su propiedad. Hace tiempo que se cansó de la vida itinerante a la larga del okupa.

Las mejores vistas de la Alhambra

En la ladera, orientada al suroeste, se disfrutan las mejores vistas de la Alhambra. Y extraordinarias puestas de sol en la vega de Granada, adornadas por las cumbres blancas de Sierra Nevada. “No hay una igual a otra”, asegura Sun (Sol, en inglés) sentado en un sofá rojo al raso, adonde llega sordo y lejano el ruido de la ciudad. Es un “hippi”, según la particular terminología de Yoni, y, es, en rigor, un alemán de unos 35 años que estudió arquitectura y técnico en energía solar empeñado en demostrar que las fuentes renovables son el futuro del planeta. De ahí su nombre artístico.

Sun habita una de las cuevas que fue cerrada por la Policía. Le costó meses vaciarla de tierra y niega la mayor: que la mayoría de las cavernas estén en ruinas. La suya ciertamente no lo está. Se llama la cueva de la mariposas –el nombre está labrado en el marco de madera que custodia la entrada– porque un día mientras cavaba apareció una. Y creyó en la metáfora. “La mariposa cambia de vida tres veces en una vida”, dice.

Al visitante le ofrece un té, que calienta en una plataforma situada en el centro de un cuenco gigante de aluminio que, enfrentado al sol, refleja sus rayos. En un momento, la temperatura de la tetera supera los 100 grados. Dentro, carga el teléfono móvil en un enchufe. Lo puede hacer porque una pequeña placa solar, que le costó 150 euros de segunda mano, alimenta una batería capaz de conservar la energía del sol durante tres días. “Es un ejemplo de cómo se puede vivir de manera simple, es un ejemplo de cómo se puede luchar contra la desertificación”, asegura. Y remacha: “La gente se ha ido a lo más futurista y se ha olvidado de lo básico. Espero que la gente cambie antes de que se vaya todo al garete”. Sun, idealista, está en contacto con redes contra el cambio climático y la violencia urbanística. La casa de las mariposas es querida en la colina y no es la única que se gestiona de esta manera.

Residuos orgánicos y compostaje

Yoni, Yagua, Sun y los habitantes sacan el agua de la fuente del aceituno, en una ermita cercana. La conservan en bidones y la utilizan para lavarse. Yoni se cuida mucho su melena. En la colina, unos mean y cagan donde pueden y ahí se queda. Otros reivindican el compostaje, una técnica alternativa y natural para reciclar la materia orgánica como abono. “Es gratis, sólo hay que reunir todos los restos orgánicos y apilarlos durante un tiempo”, explica. Sun tiene un pequeño huerto con tomates y limones.

La mayoría tiene claro que su paso por la colina es temporal. “Alguien la habitó antes que yo y alguien la recibirá después”, dice Jon (nombre ficticio), pala en mano. Es danés y se fue de Copenhague, donde era cartero, tras apostar demasiado fuerte al dos de corazones. “Aquí soy feliz. Me siento libre por primera vez”, asegura en una pausa del trabajo en la cueva, que comparte con un amigo francés. El inglés y el español, las palabras en cualquier lengua y la mímica son los idiomas oficiales de las cuevas de Babel. Conviven, no sin problemas, como en todas partes. Disfrutan del trabajo en las cavernas, de la cultura, de la música y de la vida.

Y a la mesa, Yoni y Yesi aportan patatas y tomate con sal y pimienta y Yagua arroz con ternera.







* Público - RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 28/01/2008
Foto: Granada, cuevas Sacromonte - granada.org


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Keynes y la actividad inmobiliaria

GERARDO ROGER FERNÁNDEZ* : Llevamos unos meses en que el desarrollo inmobiliario se encuentra en clara desaceleración. El aumento de los tipos de interés del Banco Central Europeo, el agotamiento de la demanda de viviendas de renta libre y el efecto-contagio de la crisis hipotecaria norteamericana explican el cambio de signo en el proceso "desarrollista" que caracterizaba al sector desde finales de los noventa. Conviene recordar que tras construirse más viviendas que nunca (entre 600.000 y 800.000 viviendas por año en el periodo 1998-2005), su precio ascendió un 150%, cinco veces y media más que el IPC en esos años, y el precio del suelo en un 500%, quince veces más.

Pero más grave aún ha sido la dramática caída en la producción de vivienda protegida. Si al principio de los años noventa la ratio viviendas protegidas-libres alcanzaba el 30%, en la primera mitad de los dos mil bajó al 10%. Se comprende así la desesperación de muchísimos ciudadanos, sobre todo jóvenes, "cautivos" de la vivienda protegida, que ven imposible la realización de sus proyectos de vida salvo que recurran a endeudamientos vitalicios, siempre sometidos al riesgo de una sobrevenida subida de intereses imposible de absorber.

Por ello sea bienvenido el esfuerzo económico que los poderes públicos han puesto últimamente en servicio para impulsar la promoción de vivienda protegida, tanto en propiedad como en alquiler. Así, en 2007 la ratio protegidas/libres ya ha remontado más del 50% y continúa aumentando.

Este sensible aumento ha sido posible, en gran medida, por la puesta en disposición de importantes contingentes de suelo público, fundamentalmente de titularidad estatal. Pero junto a este "plan de choque", debe disponerse una estrategia a medio-largo plazo que venga a impedir la dramática situación vivida desde mediados de los noventa. Y para ello, lo más inteligente es hacer efectivo el viejo aforismo: "La mejor política de vivienda es una buena política de suelo".

Así, la regulación establecida en la reciente Ley de Suelo, que dispone una reserva mínima del 30% con destino a vivienda protegida, se manifiesta como la primera línea adecuada, colocándose en el mercado, junto al resto de usos y tipologías de renta libre, solares de valor tasado oficialmente que posibiliten la promoción de vivienda protegida. De hecho, diversas legislaciones autonómicas ya han legislado en este sentido, como por ejemplo el País Vasco, donde asciende al 75%.

Una segunda medida establecida por la nueva Ley de Suelo consiste en regular la participación pública en las plusvalías que la propia Administración genera con el planeamiento, cuantificándose entre el 5% y el 15% del valor del suelo urbanizado y obligando a que las parcelas edificables correspondientes tengan que destinarse a la promoción de vivienda protegida, lo que producirá una adecuada y catalizadora presencia pública en el mercado de suelo.

Téngase en cuenta que este porcentaje público de plusvalías equivaldrá al 30%-40% de la reserva de suelo para vivienda protegida, con lo que se constata el importante papel de la Administración en el proceso y la considerable oferta de suelo para satisfacer la demanda social de vivienda a precios asequibles.

Pero estas medidas resultan insuficientes si no se adoptan otras complementarias que permitan, en los casos de suelos públicos, el mantenimiento de esa titularidad propiciándose el régimen de alquiler y, sobre todo, el escasamente conocido régimen del derecho de superficie que la ya nueva ley regula y amplía intencionada y pormenorizadamente. De nuevo la experiencia del País Vasco en esta materia es paradigmática, como demuestra la política de vivienda en las grandes ciudades vascas.

Asimismo, el suelo reservado para promoción privada deberá garantizar su destino final a los ciudadanos de rentas medias, evitando su vulneración a causa de irregularidades en la enajenación o facilitando su descalificación y retorno al mercado libre al cabo de un tiempo. Por ello, medidas como el mantenimiento de su calificación a lo largo de la vida útil, así como la intervención pública en la identificación de su adjudicatario, son disposiciones inteligentes de concertación público-privada que vendrán a impedir el lamentable escenario de fraude que, tan a menudo, ha venido sufriendo el mercado privado de la vivienda protegida.

Esperemos que la lamentable experiencia de los últimos años no vuelva a repetirse y que la aplicación de las nuevas disposiciones legales de la Ley de Suelo 8/2007, con la necesaria complementariedad de las legislaciones autonómicas y del planeamiento municipal, consiga una razonable satisfacción del mandato constitucional para garantizar el derecho ciudadano a la vivienda, y, adicionalmente, disponer de un importante contingente de recursos públicos aplicados responsablemente en su promoción, que junto a la potenciación de la inversión en obra pública, sobre todo en infraestructuras de comunicaciones y transportes, termine por conformar una rediviva política de tipo keynesiano que venga a compensar, intencionadamente, la ralentización económica que está sufriendo el mercado inmobiliario privado.



* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.




* ELPAIS.com - Opinión - 29/01/2008



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Los expertos exigen un pacto social para atajar la corrupción urbanística

INFORMACIÓN/Alicante* : La corrupción urbanística, en algunas zonas del territorio, tiene rasgos de auténtico golpe de estado permanente porque determinados poderes fácticos tienen capacidad de decidir sobre actividades fundamentales a base de presionar a los poderes democráticos por la vía de la extorsión y el chantaje", señaló ayer Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional y director del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", presentado ayer en el Club INFORMACION.

La publicación, que recopila artículos de forma monográfica sobre este fenómeno desde un punto de vista jurídico, incluye artículos del fiscal general del Estado Conde Pumpido, de la criminóloga Alejandra Gómez, del asesor del Banco Mundial José Ugaz o del presidente del tribunal que juzga a Fujimori, César Eugenio San Martín.
Alcaraz apuntó que el Estado de Derecho "está lejos de disponer de instrumentos legales suficientes para atajar este fenómeno y el Derecho no puede convertirse en excusa para la inmoralidad al generalizarse que si no hay condena no hay comportamiento inmoral". A juicio del responsable del libro, hay casos de corrupción urbanística que acaban con la absolución de los implicados "pero muestran que hay actitudes totalmente reprobables, que concluyen que son inocentes penales pero auténticos corruptos morales".

Manuel Alcaraz reclamó un compromiso social para poder eliminar la corrupción de la vida pública: "El Estado de Derecho no triunfará, por más leyes y jueces justos que haya, si no hay un compromiso social entre todos por ejercer un liderazgo ético. Mientras exista el actual modelo urbanístico, la corrupción no podrá erradicarse porque es lo que engrasa el sistema".

También participaron en el acto el teniente fiscal de la Audiencia Provincial, Juan Carlos López Coig; el decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad, Juan Castillo, y el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio, que planteó reformar la legislación con medidas que combatan expresamente la corrupción, "que se recojan tipos penales para esta actividad y mecanismos probatorios que atiendan a esta realidad porque normalmente nunca no hay pruebas directas, sino indiciarias".





* Información - A. P. - 29 de enero de 2008
Foto: Un momento de la presentación del libro "El Estado de Derecho frente a la corrupción urbanística", ayer/ CRISTINA DE MIDDEL, diarioinformacion.com


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Las Teresitas y el juego de la ceguera

FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO* : Contar lo que pasó en el caso Las Teresitas no es un ejercicio de arqueología. La playa no es Atapuerca, por más que algunos de los intervinientes se comporten a veces con formas propias de los homínidos de la mítica sima. Tampoco es un viaje inútil al pasado sin billete de vuelta, y ello a pesar de que en las andanzas de esta operación inmobiliaria, financiera y política haya expertos en los asuntos de los viajes como Rodolfo Núñez, que lo mismo navega al timón de Fred Olsen que pilota un ATR de Binter.

Ytampoco es un documental más de Canal de Historia, y ello a pesar de que cada página que se repasa del sumario devuelve al presente a personajes de la primera línea de la vida pública que algunos -oh ingenuos- creían convenientemente jubilados.

Y si no es nada de eso, ¿por qué interesa tanto lo que sucedió allá por 1998? Primero porque el caso es de gran actualidad desde el momento en que muchos de sus actores siguen hoy en los mismos puestos o incluso con responsabilidades superiores. Ahí están, por ejemplo, Rodolfo Núñez, cuyo homenaje de despedida con todos los honores al frente de Cajacanarias está casi ultimado; y ahí sigue en la dirección general de la entidad Álvaro Arvelo, inasequible al paso del tiempo, al expediente sancionador del Banco de España y a la propia la sanción en sí, hasta el punto de que ahora aspira a ser presidente ejecutivo de Cajacanarias como si allí no hubiese pasado nada. Y es precisamente esto último, esa sensación de que el cristal de la legalidad y la honradez nunca se rompió, lo que justifica este buceo en el tiempo al que obliga al caso Las Teresitas. Sólo así se saca del silencio esa sanción del Banco de España, un castigo del que, no lo olvidemos, eran conocedores, como mínimo, el Consejo de Administración en pleno, el director general y su equipo, la Comisión de Control, la Asamblea General -¿o es que se le ocultó ese hecho tan relevante?- y -tome nota, estimado lector- la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. Así las cosas, ahora es noticia lo que debió serlo hace siete años (la sanción se aprobó en 2000) y ese salto en el calendario no le quita valor alguno;al contrario, pone de relieve cómo se urdían algunas componendas y cómo se jugaba con la ceguera de la sociedad para así perpetuar ciertos comportamientos. Alguien dijo en su día que ojos que no ven, corazón que no siente, y en torno a Las Teresitas se aplicó la variante de ojos que no ven, negocios que siguen engordando.

Ahora, en suma, Las Teresitas refleja la cara menos amable del sumo poder entendido como el poder para sumar en beneficio de unos pocos, que no es lo mismo. Y no lo digo por González y Plasencia, cuyo pecado (presunto) es dejarse llevar por las ganas de crecer, sino por las facilidades que otros (Núñez, Arvelo y unos cuantos más) les pusieron al margen de las normativas bancarias.


PD: ojalá tanta porquería (presunta) saliendo a flote sirva para que algunos partidos se den cuenta de que la presidencia de una caja no es cosa para incluir en el orden del día de un partido político. Esto va por CC en Tenerife. Y no sólo por ellos:los periódicos, por suerte, sí tienen memoria.






* Canarias 7 - Opinión Del Director - Las Palmas de Gran Canaria - 28/01/2008




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6.400 firmas contra el aeropuerto de El Álamo

ELPAÍS/Madrid* : La Plataforma No al Aeropuerto, respaldada por 40 entidades vecinales, sindicales y políticas de municipios como Móstoles, Navalcarnero y El Álamo, tiene ya cerca de 6.400 firmas en contra de la construcción del aeródromo en la zona que proyecta la Comunidad de Madrid (con la denominación de Aeropuerto del Suroeste), según la portavoz del colectivo, Margarita Mora, que aseguró que las rúbricas se entregarán al Defensor del Pueblo.

El movimiento, surgido a finales del pasado año, cuando el Gobierno regional hizo pública su intención de construir un aeropuerto entre las localidades de El Álamo y Navalcarnero, se opone a la construcción de las instalaciones aéreas por considerar que afectarán negativamente al entorno y la calidad de vida de los ciudadanos de los municipios afectados. La plataforma ha solicitado al Gobierno central que decline conceder al aeropuerto la declaración de interés general.
Sin información

"Después de muchos meses no hemos recibido ningún tipo de información acerca del proyecto que nos aporte datos reales sobre el impacto ambiental y social que provocará esta infraestructura", indicó Mora, que acusó a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos afectados de mantener una política de opacidad respecto al proyecto.

Paralelamente, la plataforma ha puesto en marcha una campaña en su página web www.noalaeropuerto.org. A través de este sitio se pretende que los ciudadanos puedan exigir tanto a la Consejería de Transportes como a la de Medio Ambiente información relativa al proyecto y los estudios que amparan el futuro aeródromo, que supuestamente acogerá el tráfico del actual aeropuerto de Cuatro Vientos y parte del que se encuentra en Torrejón. Es decir, serán vuelos de aprendizaje, aviación de negocios, vuelos deportivos o trabajos aéreos como extinción de incendios, vigilancia, fotografía aérea o emergencias.

"Estamos hablando de un volumen altísimo de vuelos al año, que podría superar los 100.000", precisó la portavoz de la plataforma contraria al aeropuerto.

El Gobierno regional prevé reservar 230 hectáreas para el futuro aeródromo del Suroeste. Según los estudios de la Consejería de Transportes, la "única zona potencialmente afectada" sería la urbanización Calypo II, que soportaría una huella de ruido de hasta 50 decibelios.







* ELPAIS.com - J. S. M. - Madrid - 29/01/2008
Foto: El Álamo (Madrid), no al aeropuerto - madriddigital.info


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La Región necesita, como el agua, justicia contra la corrupción

VEGAMEDIAPRESS/Murcia* : La Justicia en Murcia tiene ante sí un reto hasta ahora inédito por sus vastas dimensiones y consecuencias de alto valor terapéutico para la sociedad a la que sirve por mandato constitucional. Es verdad que en los treinta años de democracia española y autonomía regional ha habido casos en esta comunidad en los que han sido sustanciados judicialmente supuestos hechos y actos delictivos en los que presuntamente han estado implicados cargos públicos de alto rango y representación institucional. Pero la situación actual, además de inédita, es de unas consecuencias impresionantes.

Son demasiados los casos de supuesta corrupción de carácter político-urbanístico en manos de los tribunales de esta región: el noventa y nueve por ciento de ellos tienen empapelados a directores generales, alcaldes, concejales, secretarios y arquitectos de ayuntamientos, empresarios y, por el momento, a un diputado regional del partido que, desde 1995, viene gobernando esta región y la mayor parte de sus municipios: el Partido Popular liderado por Valcárcel, Cámara, Barreiro...

No se trata en estos casos, en contra de lo que han dicho ciertos leguleyos y políticos al caso, de una judicialización de la política. Aclaremos este punto. El poder corrompe y el absoluto tiende a corromper absolutamente. Las mayorías políticas absolutas que se vienen sucediendo en el gobierno regional y en la mayoría de los ayuntamientos, la ley del Suelo de Aznar, que abrió la veda a todo el territorio sin miramiento alguno, y el enriquecimiento a través de procedimientos antijurídicos y corruptos ha estado originando decenas de denuncias no sólo políticas sino judiciales de los partidos de la oposición (PSOE e IU), de organizaciones ecologistas (ANSE y Ecologistas en Acción) y actuaciones de investigación de la Fiscalía.

Las insidias, más que insinuaciones, que desde el Partido Popular (Matínez Pujalte, Zaplana, Valcárcel, Cámara, Barreiro...) se han vertido sí que pretenden pervertir la actuación de la Administración de Justicia en este territorio. Atacaron la autonomía del fiscal jefe de Murcia a través de espurios ataques a su cónyuge. Hubo hasta un fiscal que “huyó”quizá despavorido ante lo que estaba en ciernes investigando. Se ha acusado veladamente de instrumentalización al ministro de Justicia y cabeza de la candidatura socialista en las próximas elecciones del nueve de marzo. Los gerifaltes de la derecha murciana sí que han pretendido torticeramente atacar a uno de los pilares básicos de la democracia española: la Justicia y su principio fundamental, la independencia.

Pero ello, de ser gravísimo, lo es aún más cuando los medios de comunicación hegemónicos en esta región dan la espalda a la verdad a la que están obligados no sólo por mandato constitucional sino por el código de ética profesional. Y ello es así porque están en estrecha connivencia con el poder absoluto de la derecha política, económica y financiera. ¿Por qué dan distinto trato informativo a los escasos casos de supuesta corrupción socialista frente a la ingente corrupción de la derecha, que es precisamente la que controla casi la totalidad de las administraciones regional y local en esta comunidad y cuyos políticos están acudiendo a un sin número de tribunales de justicia a prestar declaración la mayor de las veces como imputados? Su intoxicador producto está cada día menos valorado en el mercado editorial de esta región.

Y si esos medios no han tomado partido contra la corrupción de la casta dominante no es por otra cosa que porque forman parte de ella o la sirven como vasallos. ¿Cómo no se va a denunciar ante los tribunales de justicia el pago de más de seis mil millones de euros a las mismas empresas de la construcción (los dueños de El Pozos son los que más kilómetros cuadrados tienen amasados en sus manos en todo el territorio español) para controlar la radiotelevisión pública autonómica? Por mucho menos dinero los salmantinos se han echado en masa a las calles de su ciudad.

No de otra forma se entiende el masivo voto de los murcianos a quienes le están esquilmando el territorio y los dineros de forma masiva a través de corruptelas que los tienen empapelados en los tribunales de justicia. En manos del PP la pancarta del agua para todos es un agravio, la bandera con la que pretenden ocultar su corrupción y bajo la cual quieren quedar impunes de sus latrocinios.

La justicia tiene sus procedimientos, sus garantías jurídico-técnicas, pero es la que necesitan, como el agua, las murcianas y los murcianos. Una justicia que no debe caer en la trampa de las dilaciones de leguleyos y poderes más que fácticos. ¿A cuento de qué pide casi en proceso electoral las competencias de la Administración de Justicia el ex fiscal de Tráfico y desde mayo diputado regional del PP? ¿A qué juega tan insigne jurisconsulto metido a político en tiempos de la epidemia infame de la que estamos hablando? Si no hay justicia la democracia y el Estado de derecho no existe. Y la justicia murciana tiene que ser ejemplar.






* VegamediaPress - FM&M - 24/01/2008



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La Guardia Civil imputa delito ecológico a un edil de Urbanismo

ELPAÍS/Lugo* : Administrar una cantera sin licencia en terrenos protegidos, ejecutar en tu casa unas obras ilegales y estar imputado por un presunto delito ecológico puede ser un buen currículo para hacerse con una plaza de concejal de Urbanismo. Al menos en el municipio lucense de Samos.

El empresario José Manuel Pérez Rodríguez atesora todas estas cualidades y el pasado mayo el PSOE lo fichó en su candidatura a las elecciones municipales como número tres. Hoy en día es edil de Urbanismo y Obras. El alcalde socialista, Julio Gallego Moure, no entiende cuál es el problema: "Una cosa no tiene que ver con la otra", arguye.

Su concejal José Manuel Pérez es, desde hace 15 años, administrador de Pizarras del Oribio, SL. La empresa protagonizó en noviembre de 2006 uno de los más graves sucesos medioambientales que recuerdan los 1.800 habitantes de Samos. Un vertedero de la cantera Vetusta, que explota la compañía del concejal socialista en la aldea de Lampazas, se desplomó sobre el río Castelo y arrasó tres kilómetros de este cauce de O Courel. El alud de escombros se llevó por delante la vegetación de ribera y un rosario de patrimonio histórico: cinco molinos, un mazo, ocho presas y un pequeño puente.

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) denunció el desastre en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sarria e imputó a José Manuel Pérez Rodríguez, como administrador de la empresa, un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. El atestado levantado por los agentes tras visitar la zona certifica que la cantera carece de licencia y que el desplome de la escombrera arrasó tres kilómetros del río Castelo, dentro de un paraje integrado en la Red Natura. Vecinos y ecologistas abrieron otro frente en los tribunales para reclamar una indemnización por daños y perjuicios.

La magnitud de los destrozos llevó al entonces alcalde, Carlos Belón (PP), a ordenar la paralización de la actividad en la explotación de pizarra. Lo hizo en marzo y poco después dejó de regir el Ayuntamiento. Tras las votaciones del 27 de mayo, un pacto entre el PSOE y Terra Galega desbancó a los populares del gobierno de Samos. El socialista Julio Gallego fue investido alcalde y en julio delegó las competencias en urbanismo y obras en José Manuel Pérez, el administrador de la cantera ilegal que sólo unos meses antes había arrasado un paraje protegido y varias piezas de patrimonio cultural. "Lo que pasó fue por causas naturales. A veces las cosas se sacan de la realidad", alega el regidor.

Los destrozos de un espacio protegido por un derrumbamiento en su cantera sin licencia no son la única mancha en el expediente del concejal de Urbanismo de Samos. Unas semanas antes de las elecciones que lo auparon al cargo, la Consellería de Cultura descubrió que el entonces candidato del PSOE había realizado obras en su vivienda unifamiliar de la parroquia de Pontenova (Samos) sin contar con la preceptiva licencia. Según este departamento de la Xunta, José Manuel Pérez Rodríguez levantó una edificación en la parte posterior de la casa y rehabilitó el resto sin tener permiso. El director general de Patrimonio Cultural, Felipe Arias, ha instado al Ayuntamiento de Samos a abrir un expediente de reposición de la legalidad.

El edil y empresario pizarrero admite que la cantera que administra carece de licencia, aunque matiza que esta situación de ilegalidad se circunscribe a cerca de la mitad de la explotación. Es sólo en esa fracción no autorizada en la que José Manuel Pérez mantiene paralizada la extracción de losa, porque, recalca, en la otra zona sí tiene permitida la actividad.

Y para no dar pie a maliciosas sospechas, el socialista añade que fue el anterior gobierno del Partido Popular quien le levantó en esa área de la cantera la orden de paralización total que se dictó cuando se derrumbó el vertedero sobre el río. A lo que no alude el concejal de Samos es a la otra prohibición de actividad que pesa sobre la explotación: la ordenada por el alcalde de O Incio, el popular Ángel Camino. El regidor del otro ayuntamiento invadido por el yacimiento de Pizarras del Oribio, SL confirma que allí la empresa tampoco tiene licencia.

"Está en la misma situación que el resto de canteras de Galicia, es algo general", argumenta el alcalde de Samos para eximir de culpa a su concejal de Urbanismo, un hombre que, según admite, lleva años "colaborando con el partido". El socialista Julio Gallego se muestra incómodo al hablar del tema y se niega a confirmar qué autorizaciones le faltan a la explotación. "Pregúntele usted a la empresa", replica. El regidor se defiende entonces negando hasta la vinculación de José Manuel Pérez con la sociedad que gestiona el yacimiento. "Es sólo encargado o algo por el estilo", afirma en referencia al que desde 1995 figura como administrador de la empresa Pizarras del Oribio.

Gallego desmiente que José Manuel Pérez tenga asignada ninguna competencia en la corporación que él preside, una afirmación a la que también se agarra el empresario pizarrero reconvertido a político. "No soy concejal de nada", remacha Pérez, fastidiado por las preguntas sobre sus responsabilidades políticas. Sin embargo, una resolución firmada en julio de 2007 por el alcalde adjudica las competencias de urbanismo y obras a José Manuel Pérez Rodríguez. Esta delegación, añade el documento suscrito por Julio Gallego, abarca "tanto la facultad de dirigir" esas atribuciones "como de gestionarlas en general".

Sobre el derrumbe del vertedero que contaminó el río Castelo y arrasó piezas del patrimonio cultural, Pérez Rodríguez asegura que "está todo arreglado, todo tapado". El edil dice estar a la espera de que le llame a declarar el juez de Sarria que instruye la denuncia presentada contra él por el Seprona por delito ambiental. Daniel Vispo, portavoz de la asociación ecologista Adega, que denunció el desastre ambiental provocado por la cantera del concejal socialista, cree que la presencia de este empresario en el gobierno de Samos es "todo un ejemplo de travestismo político y tráfico de influencias que ninguna administración debería consentir".






* ELPAIS.com - SONIA VIZOSO - Santiago - 29/01/2008
Foto: Samos (Lugo) - concellodesamos.com


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La Vila Joiosa: Los ecologistas denuncian el uso de suelo rústico como urbano en un plan parcial

INFORMACIÓN/Alicante* : El grupo ecologista Xoriguer ha denunciado ante el Ayuntamiento de La Vila que el plan parcial del sector 19 "El Xarquet" pretende establecer como suelo urbano lo que en el registro catastral figura como terreno rústico y que abarca el 92 % del total de su extensión.

Según este colectivo, el proyecto urbanístico infringe el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto a la conservación del patrimonio natural, pues "no contempla la recuperación y el aprovechamiento del suelo" y, además, "el catálogo de arbolado es incompleto en cuanto al número de ejemplares trasplantados".

La asociación no comprende que, "cuando todavía no se ha urbanizado la mayor parte del terreno urbano del municipio, ya se haya sacado al mercado inmobiliario suelo rústico, lo que provoca una gran pérdida del patrimonio natural". Asimismo, ha criticado que "en estos tiempos de desarrollo sostenible" el Ayuntamiento no obligue a la empresa urbanizadora a impulsar medidas de ahorro de agua con la creación de aljibes, aseos ecológicos o dispersores, y a potenciar el uso de bombillas de menor consumo energético.

El proyecto tampoco contempla la construcción de un carril bici, una medida que debería de ser "obligatoria", según establece una resolución alcanzada en el año 2000 por el pleno municipal y la comisión de gobierno sobre viales de nueva creación, ha recordado el grupo ecologista.

El plan parcial se desarrollará sobre una parcela de 87.519 metros cuadrados y prevé la construcción de 260 viviendas, lo que supondrá, según este colectivo, un "incremento demográfico insostenible e injustificado" que sólo busca fines "recaudatorios" y que conllevará la "desaparición de un importante valor paisajístico".






* Información - 29 de enero de 2008
Foto: La Vila Joiosa (Alicante) - mma.es


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Mijas notifica multas de 120.000 euros y el derribo de 300 viviendas

ELPAÍS/Málaga* : Como caracoles en un día de lluvia, así han ido surgiendo en Mijas (Málaga) los propietarios de viviendas ilegales cuando el Ayuntamiento de esta localidad limítrofe con Marbella ha comenzado a notificar sanciones de hasta 120.000 euros y la necesidad de demoler estas construcciones.

Hasta el momento se han contabilizado al menos 3.000 construcciones con irregularidades, la mayoría diseminados. Entre ellos hay unos 300 decretos firmes de demolición con orden de ejecución por incumplimientos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Según fuentes consultadas, la mayoría son viviendas de autoconstrucción levantadas en terrenos rústicos.

La desesperación y la imposibilidad de afrontar sanciones que van de los 90.000 a los 120.000 euros ha llevado a los vecinos afectados, muchos de economía modesta, a agruparse en la Asociación por la regularización de viviendas Mijas. El colectivo reclamará hoy en la puerta del Consistorio mijeño que no se derriben sus domicilios.

La protesta se ha convocado a las 9.00, poco antes de un pleno ordinario en el que el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), presentará una moción especial para tratar de evitar los derribos. Sánchez asegura que se buscarán "todas las vías legales" pero también deja claro que sus propietarios tendrán que asumir las infracciones correspondientes.

Desde el Ayuntamieto mijeno inciden en que algunas viviendas no podrán acogerse a esta normalización. "Hay casos insalvables", reconocen. En esta tipología se incluyen viviendas levantadas en zonas de dominio público o la construcción en espacios rústicos con algún tipo de protección.

La oposición, PP, culpa a los anteriores equipos de gobierno socialistas de esta situación y reclama al alcalde que depure responsabilidades. "Al PSOE le ha salido muy rentable en cuestión de votos porque los afectados se sienten en deuda por permitirles construir y les siguen votando por miedo a que se descubra", explica la edil del PP, Lidia Conde. La concejal incide en que en 10 años no se han construido viviendas protegidas.


"La ruina de cientos de familias"

Trataban de conseguir una casa mejor de lo que les ofrecía el mercado y ahora están con el agua al cuello. Al menos 300 familias de Mijas tienen problemas para conciliar el sueño desde que el Ayuntamiento les notificó una multa millonaria por haber construido en zona rústica y la orden de derribo.

Los afectados, en su mayoría familias modestas que aprovecharon terrenos heredados de padres o abuelos para aspirar a algo más que un piso de 60 metros por 240.000 euros, lamentan ahora haber hecho oído sordos a las advertencias. "Pensaba que pagando una multa se arreglaba, pues no, han esperado a que la termine, dé el alta y pague la contribución, basura, agua, luz y viva con mi mujer y mi hija para ponerme una multa que no puedo pagar y encima me digan que la tengo que derribar", explica el propietario de una vivienda diseminada de 100 metros cuadrados de Mijas que ve como su economía familiar se tambalea por su imprudencia. "Esto es mi ruina para toda la vida, ¿creéis que si llego a saber esto lo hubiese hecho? Seguiría viviendo en casa de mis suegros", zanja en uno de los foros de Internet en el que los afectados comentan los avances de la recién constituida Asociación para la regularización de viviendas en Mijas.

El letrado encargado de asesorar a los afectados augura "la ruina personal y económica de cientos de familias" si el Ayuntamiento sigue adelante con sanciones que llegan a los 120.000 euros.

El abogado, que prefiere mantenerse en el anonimato, mantiene que muchos de los propietarios trataron de sacar la licencia de obra, pero se la denegaron y decidieron seguir adelante. "Saben que están fuera de ordenación, pero quieren una solución menos drástica", expone.

Después de todo, lo que más irrita es que las sanciones no se hayan dispuesto de forma homogénea. "Hay viviendas que tienen expediente pero las de al lado no, y eso crea agravios comparativos", mantiene.







* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 29/01/2008
Foto: Vista aérea de Mijas - JULIÁN ROJAS, elpais.com



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España baja nota en el 'ranking' de países menos corruptos por culpa del 'ladrillazo'

20MINUTOS* : España ocupa el puesto 25 en una lista de menor a mayor corrupción de un total de 180 países, según el ranking elaborado por la ONG Transparency International. El Índice de Percepción de la Corrupción 2007, en el que son los ciudadanos quienes ponen nota a su país, otorga una puntuación de un 6,7 a nuestro país, que empata así con Uruguay. La razón de que España no llegue al notable se encuentra en la especulación urbanística, según apuntan desde Transparency International.

Desde 2004, cuando España alcanzó el 7,1, su nota ha ido bajando hasta llegar al 6,8 en 2006 y al 6,7 de este año.

Los primeros puestos del ranking de menos corrupción son para Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca (los tres con un 9,4), Suecia y Singapur (9,3), Islandia (9,2) y Suiza y Holanda (9).

Los pobres, los más perjudicados

El informe publica otras conclusiones, como que son las personas con escasos recursos son los que resultan más afectados por la corrupción y los que son más pesimistas sobre su final.

Además, asegura que una de cada diez personas en el mundo ha tenido que pagar un soborno durante el año pasado y que son la Policía y el cuerpo judicial las instituciones que se perciben como "más corruptas" en la sociedad.

Por último, la mitad de los entrevistados -un número superior al de hace cuatro años- prevé que la corrupción en su país va a aumentar en los próximos tres años, con la excepción de algunos países africanos.








* 20 Minutos - 28.01.2008
Foto: Mapa global de la corrupción (Fuente: Transparency International)



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El 'blanqueo' continúa

IGNACIO MARTÍNEZ* : Si Gil levantara la cabeza, estaría contento. No se va a tirar ni una de las 30.000 viviendas ilegales que dejó construir y a sus cómplices les van a hacer una iguala y les van a evitar 80 juicios. La Justicia se dispone a tratar a la banda de gilistas con guante blanco. Los pobres no se acuerdan de hechos tan lejanos, cuando firmaban los convenios urbanísticos en los capós de los coches. Bueno, son pobres, pero conducen Porsches, tienen chalés de lujo y les representan abogados caros, que se desplazan desde Madrid o Granada. En todo caso, les van a hacer una oferta de condena, de rebajas de enero, para que en vez de suponerle a un Julián Muñoz, es un poner, 160 años de cárcel, se le queden en seis añitos, al pobre.

Quienes ahora ponen tanto celo en evitar la molestia y el gasto en tantos juicios inútiles son los mismos que debieron investigar y perseguir en su día actuaciones escandalosas, que creaban una evidente alarma social. Por ejemplo, con escuchas telefónicas como las que encargó el juez instructor del caso Malaya. Pero no. En el 95, 96 o 97, la Fiscalía pedía sistemáticamente el archivo para todas las denuncias contra abusivos convenios, firmados en barras de bar, capós de cochazos o clubes de alterne. Todo ocurría ante la desidia de la administración de justicia. Los fiscales no estaban entonces por la labor de trabajar en exceso y ahora tampoco. Por eso han ideado un ofertón.

Durante el imperio gilista, los escándalos eran ostentóreos, aportación a la lengua española del famoso prócer marbellero, con la contracción de ostentoso y estentóreo. O sea, digno de verse y ruidoso. Aquel prohombre, Jesús Gil y Gil, no concebía la vida discreta, ni para sus negocios, ni para sus delitos. Todos eran ruidosos y magníficos. Pero los escándalos siguen en Marbella. Manuel Chaves dijo el pasado miércoles, en una visita a Málaga, que esperaba sentencias judiciales con sanciones ejemplares. Lo contrario, en su opinión, provocaría alarma social.

Personalmente, me declaro ya alarmado por las conversaciones de la Fiscalía con los abogados de los cómplices de Gil. En estos contactos no se ha contado con todas las partes. Y aunque se pacten penas de cárcel menores, no deberían ser objeto de trato alguno multas o responsabilidades civiles. El Gobierno socialista andaluz tardó en reaccionar ante los desmanes de Gil, pero hoy es el Ayuntamiento popular el que se resiste a cumplir las sentencias. No quiere demoler las casas ilegales; argumenta que se está redactando una revisión del plan de ordenación urbana. Pero con el lápiz no se puede legalizar una vivienda sobre la que hay sentencia firme de derribo: es contrario a la doctrina del Supremo. No llama la atención, porque en Marbella, en la actualidad, los escándalos son de baja intensidad. Pero si Gil levantara la cabeza, sonreiría satisfecho. El blanqueo continúa, ahora con su obra y su gente.







* Málaga Hoy - Opinión - 28.01.2008



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Torrevieja no ejecuta los derribos en el 90% de los casos de infracción urbanística

ELPAÍS/Alicante* : Un informe del Defensor del Pueblo revela que el Ayuntamiento de Torrevieja (100.000 habitantes) no ejecuta las órdenes de demolición incluidas en el 90% de los expedientes por infracción urbanística incoados por el Consistorio. El departamento que dirige Enrique Múgica resalta la pasividad del equipo de gobierno, del PP, a la hora de restituir la legalidad urbanística en el municipio en la resolución de los expedientes sancionadores.

El pasado año, el Consistorio, presidido por Pedro Ángel Hernández Mateo, abrió 400 expedientes por otras tantas infracciones. El regidor, en el cargo desde 1997, está imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la compraventa de una finca que le reportó una plusvalía de 5,2 millones de euros.

El informe del Defensor del Pueblo, desvelado hoy por el Grupo Municipal de Los Verdes y con fecha del pasado 1 de diciembre, se produce a raíz de la queja de una vecina de Torrevieja que denunció la arbitrariedad del Consistorio al resolver dos expedientes por infracción urbanística en una misma finca. Según esta denuncia, en uno de los casos se ejecutó la demolición de la obra ilegal, y en el otro el Ayuntamiento no cumplió la orden de ejecutar subsidiariamente el derribo.

Un ayuntamiento singular

El Defensor del Pueblo pone de manifiesto "su extrañeza" ante el hecho de que una Administración pública no ejerza sus competencias -en este caso, de disciplina urbanística- para impedir la comisión de actos ilegales. "Este Ayuntamiento [Torrevieja] constituye una rara avis (caso singular) en el mundo local al tener previsto en el negociado correspondiente la ejecución subsidiaria, aunque en la práctica se llegue a un porcentaje bajo por la caducidad de la acción", señala la resolución de Múgica, que anuncia a la alcaldía que dará traslado de su informe a la Cortes.

El portavoz del grupo de Los Verdes, el edil José Manuel Dolón, ha señalado que el informe de Múgica pone de manifiesto "que el Ayuntamiento de Torrevieja no protege la legalidad urbanística. Es más, pensamos que, en muchos casos, el Ayuntamiento se convierte en el principal infractor urbanístico". "El hecho de que sólo se cumpla el 10% de las órdenes de demolición implica una clara discriminación con respecto al 90% de los infractores amnistiados", ha añadido el edil. En este apartado, Dolón incluye las obras ilegales en una finca de la familia del ex concejal del PP Pascual Ortiz "donde los servicios municipales no sólo no persiguieron la infracción urbanística cometida, sino que se prestaron a dar la apariencia de legalidad de las obras".








* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 28/01/2008
Foto: Torrevieja - Deran (Wikimedia.org)


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Piden 2 años de inhabilitación y cárcel para el alcalde y ex regidor de Caldas por licencias irregulares

ELCORREOGALLEGO/Pontevedra* : La Fiscalía solicitó hoy penas de casi dos años de prisión y diez de inhabilitación para el actual alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey, el ex regidor de este municipio, José María Tobío, así como para los concejales José Blanco, José Lemos y José Fuentes, todos del PSdeG, acusados de, supuestamente, conceder licencias para obras contrarias al ordenamiento vigente.

Los hechos se remiten a 2003 cuando era alcalde José María Tobío y los demás acusados integrantes de la comisión de gobierno concedieron seis licencias para otras tantas naves industriales en la zona de As Veigas de Almorzar, próximas a la carretera N-640, que comunica Caldas con Vilagarcía.

Al respecto, el fiscal sostuvo que "lo hicieron pese a los informes desfavorables del arquitecto técnico municipal y del asesor jurídico, quienes advirtieron que la construcción de naves para almacenes y oficinas en suelo rústico está prohibido por la Ley do Solo".

Por el contrario, la comisión de gobierno otorgó los permisos amparándose en que los terrenos estaban clasificados como suelo apto para urbanizar (SAU) en las normas subsidiarias municipales de 1995, que siguen en vigor.

Tras consultar con otros técnicos que hicieron la misma lectura, "como había dos criterios enfrentados nos decidimos por la solución más beneficiosa para los solicitantes, porque las naves ya estaban construidas pero carecían de la necesaria licencia para solicitar subvenciones oficiales", declaró José María Tobío.

"PREVARICACIÓN A SABIENDAS".

Sin embargo, el fiscal aseguró varias veces durante el juicio, celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, que José María Tobío y los restantes miembros de la comisión de gobierno "prevaricaron a sabiendas", y que el alcalde "a toda costa quería sacar adelante el polígono industrial" de Caldas.

Esta afirmación fue avalada por el testimonio de la entonces secretaria del Ayuntamiento caldense, Nuria Lobato del Río, quien en el acta de un pleno hizo constar que el alcalde había dicho que era partidario de "dar todas las licencias que se pidieran, aún en contra de la normativa".

Después de la concesión de las licencias, la Dirección Xeral de Urbanismo de la Xunta requirió al Concello que las anulara y, finalmente, fue el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Pontevedra quien anuló las licencias.

Precisamente, se da la circunstancia de que salvo Tobío, que dejó la alcaldía poco antes de las últimas elecciones municipales, todos los demás forman parte de la corporación municipal de Caldas de Reis, que en la actualidad preside Juan Manuel Rey.






* El Correo Gallego - E.P. PONTEVEDRA - 28.01.2008
Foto: Caldas de Reis (Pontevedra), naves afectadas - lavozdegalicia.es


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Barcelona: El éxito comercial del Born remite por los altos precios de los locales

ELPERIÓDICO* : Para rentabilizar un pequeño local que cuesta 2.000, 5.000 o hasta 10.000 euros al mes hay que vender mucho. Y en el Born son pocos los que los establecimientos comerciales diurnos que logran cerrar el mes con facturaciones millonarias, y muchos los que han abierto fantásticas tiendas en pequeñas calles en las que la afluencia de público todavía es una asignatura pendiente. Por esos motivos, tras varios años de operaciones inmobiliarias desorbitadas, cada vez es más frecuente toparse con locales disponibles en este barrio de moda.

Más de una veintena están actualmente en traspaso o alquiler, algunos desde hace semanas e incluso meses.
Ya hace unos tres años que algunas voces comenzaron a alertar de que los precios de los arrendamientos eran tan altos que los artesanos y diseñadores alternativos que inicialmente optaron por esta zona y la convirtieron en una especie de Soho barcelonés, estaban dando paso a grandes firmas comerciales. Estas eran las únicas en disposición de pagar alquileres de hasta 12.000 euros, como se piden por algunos de los locales más amplios disponibles en el Born en la actualidad. Pero la realidad es que en muchos casos las ventas no son proporcionales. "Los precios de los locales son astronómicos, pero las cajas no tienen nada que ver con otras zonas igualmente caras de Barcelona", se queja un operador, a punto de tirar la toalla. De facturar 40.000 euros al mes, ha pasado a unos 15.000, insuficientes para sufragar arrendamiento y gastos.

MENOS VENTA
Algunos, como él, aluden a un bajón de las ventas que vinculan a las dificultades para acceder en coche a la zona, a la pérdida de visitantes barceloneses de alto poder adquisitivo, a la creciente presencia de turistas cuyo bolsillo no se adapta a la oferta de la zona y a la escasa afluencia en las calles secundarias. Pero la razón esencial, para los consultados --que piden el anonimato para no perjudicar la cotización de sus locales-- es consecuencia de la brutal especulación que ha vivido el barrio desde finales de los 90.
Xavier Andreu, presidente del eje comercial BCN de Palau a Palau, que aglutina entre otros ejes del entorno al Born, admite que el barrio "está pagando las consecuencias del pelotazo inmobiliario". "Se puso de moda, a precios carísimos, y muchos vinieron por imagen, lo que aún disparó más los precios", explica. El representante sabe que "se crearon expectativas muy altas que no se han cumplido", pero insiste en que la zona no está en crisis. "Funciona bien, pero hay quien no logra amortizar los gastos", apunta. El colectivo aboga por "reequilibrar la oferta", ya que la asociación se enorgullece de las primeras marcas que desembarcaron en la Ribera, tras años de degradación desde el cierre del mercado del Born (en 1971), pero considera que también es necesario dar cabida a tiendas más asequibles y diversificar las posibilidades.
Fuentes de uno de los principales operadores inmobiliarios de la zona, Busquets Gálvez, que en la actualidad ofrece en su web una decena de locales disponibles en el Born, de todos los tamaños, sostienen que la zona sigue siendo muy atractiva para los empresarios y que no dejan de abrirse nuevas tiendas.

CALLES PRINCIPALES
Destacan que las calles principales tienen gran demanda, como la de Argenteria, la que mejor funciona. Le siguen el paseo del Born, Comerç y Vidreries, aunque incluso en estas hay algún local en alquiler. Por contra, admiten que en las calles secundarias se esperaba un crecimiento que no se ha producido. "Los precios son altos pero mantenidos", opinan.
Otro grupo inmobiliario, Richard Ellis, dejó de trabajar esta zona hace unos años, al constatar los problemas de rentabilidad que sufrían muchos establecimientos. Coinciden varias circunstancias, apuntan, "para empezar la gente que vive en la zona en general no compra en esas tiendas, la actividad nocturna no casa bien con esa oferta, la venta se concentra en las últimas horas del día y hay pocas horas buenas y faltan más firmas con tirón para atraer compradores de otras zonas".
Algunos comerciantes también explican que en los últimos tiempos la limpieza y seguridad de la zona, con muchos robos a turistas, ha empeorado, y reclaman más implicación al ayuntamiento.






* El Periódico - PATRICIA CASTÁN, BARCELONA - 27/1/2008
Foto: Muchas tiendas cierran en el Born - elperiodico.com



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Más de 500 vecinos de Arzúa exigen en la calle la dimisión del alcalde

LAVOZ/A Coruña* : Más de medio millar de vecinos de Arzúa salieron ayer a la calle para exigir una nueva exposición al público del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que, tras haber sido aprobado provisionalmente, está pendiente de recibir el visto bueno definitivo de la Consellería de Política Territorial.

La plaza de la localidad acogió la concentración, convocada por la plataforma vecinal que se constituyó en protesta por las modificaciones que se introdujeron en el planeamiento urbanístico a raíz de los informes sectoriales que las administraciones supramunicipales emitieron tras la aprobación inicial del plan.

«Devolución do PXOM ou alcalde dimisión» es una de las consignas que se pudieron leer en las pancartas portadas por los afectados en el acto ante la negativa del gobierno local, que encabeza con mayoría absoluta el nacionalista Xaquín García, a someter el PXOM a otra fase de alegaciones. El rechazo a reanudar el proceso ha sido ratificado el sábado por el ejecutivo del BNG en una reunión con la directiva de la plataforma de afectados.

Así trascendió del manifiesto al que se dio lectura durante la concentración. «Despois de varias horas intentando chegar a un acordo, os resultados foron nulos por parte do goberno local, xa que parece que non teñen vontade de arranxalo», se aseguró. La plataforma de afectados exige al equipo de Xaquín García «que respete o dereito dos veciños a ser informados e que poidan presentar as súas alegacións ou reclamacións a un plan que foi modificado moi sustancialmente tanto na zona urbana como no rural despois de ter sido exposto ao público».

Los afectados consideran «inaceptable que pretendan aprobar un plan que foi modificado e non informado pasando por riba dos dereitos dos veciños». Las modificaciones en el Plan Xeral se introdujeron después de que los vecinos alegasen al documento inicial dentro del plazo de exposición pública que establece el proceso de tramitación. En contra del criterio del gobierno de Arzúa, que defiende que los cambios obedecen a las indicaciones emitidas en los informes sectoriales por Patrimonio, Política Territorial y el Ministerio de Fomento, los afectados aseguraron ayer que «non se coñecen os criterios técnicos e urbanísticos que se aplicaron».

En cualquier caso, la plataforma vecinal recrimina que las modificaciones «deixannos indefensos por non permitirnos alegar», y no solo a los afectados directos, según indicaron, sino «a unha gran maioría da poboación» porque «estos cambios merman a capacidade de desenrolo do municipio».

El colectivo negó estar manipulado por la oposición municipal, aunque ésta respalde sus reivindicaciones e instó al gobierno local «a que se poña de acordo con nos e cos demáis grupos políticos para aprobar un Plan Xeral consensuado por todos». Para ello exigen un pleno extraordinario en el que se acuerde reabrir el proceso.






* La Voz de Galicia - Natalia Noguerol - 28/1/2008
Foto: vecinos Arzúa - sandra alonso, lavozdegalicia.es


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Ciclistas contra el circuito de Fórmula 1

LEVANTE/Valencia* : Centenares de valencianos -más de tres mil, según indicaron desde la organización- se manifestaron ayer a bordo de sus bicicletas en el viejo cauce del río Turia como modo de protesta contra la construcción en la ciudad de un circuito urbano de Fórmula 1.

La bicimanifestación, que es como bautizaron los responsables de la coordinadora Fórmula Verda esta marcha, partió del parque de Cabecera y el grupo ciclista fue ganando integrantes a lo largo de su recorrido, que atravesó todo el cauce hasta llegar al mar.
La concentración final en el pont de les Drassanes, donde la acumulación de ciclistas provocó minutos de retención al tráfico, fue culminada con la lectura de un manifiesto donde se reivindicó, como telón de fondo, "un desarrollo equilibrado y sostenible de la fachada marítima y del conjunto de la ciudad".

Vicent Gallart, portavoz de la coordinadora contra el circuito y vicepresidente de la asociación de vecinos de El Cabanyal, afirmó que las reformas para este circuito "en absoluto pueden pasar como unas obras de infraestructura de conexión entre la ciudad y la dársena". "Esto no conecta nada", dijo. Además, la coordinadora, integrada por seis asociaciones vecinales y grupos ecologistas, volvió a exigir al ayuntamiento y a la Conselleria de Infraestructuras información sobre el proyecto y un informe global de impacto ambiental. Insistieron en que el circuito "invade la red primaria de zonas verdes del Plan General" y aseguraron que estudian todas las vías legales contra este trazado.

Respaldo de la izquierda política

La marcha contó con el respaldo de Esquerra Unida e Inicitativa del Poble Valencià. El candidato de EU, Antonio Montalbán, criticó la celebración en la ciudad de un gran premio cuando existe un circuito en Cheste y opinó que la vertiente económica no se resentiría. Por su parte, Isaura Navarro, número uno de la coalición Bloc-Inicitativa-Verds EE, lanzó una propuesta electoral al pedir a Fomento que convierta la vieja línea ferroviaria Xirivella-Quart en una vía verde de uso cicloturista.






* Levante-EMV - J. L. G., Valencia - 28 de enero de 2008
Foto: Fórmula Verda criticó que el ayuntamiento no enviase a la Policía y decidió cortar el tráfico unos minutos para evitar peligro a los ciclistas/ marga ferrer, levante-emv.com


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¿Otro Madrid es posible?

ELPAÍS* : Participantes del Foro Social Mundial explican cómo cambiarían la ciudad y reclaman una democracia más participativa, con un alcalde por cada distrito. "Habría tensiones, claro, como en la vida misma, pero también más voces". A Pedro Casas, funcionario de 55 años y activista del movimiento vecinal, le gustaría que Madrid tuviera 21 alcaldes, tantos como distritos. Dice que a esta ciudad le sobran políticos profesionales y le faltan espacios para debatir.

"Si yo fuera alcalde, subiría los impuestos a los más ricos para financiar vivienda pública", añade Raúl Camargo, funcionario de 30 años y miembro de Espacio Alternativo, un partido "a la izquierda de Izquierda Unida". "Queremos calles más iluminadas, más seguras para las mujeres", reivindica Isabel Cáceres, 42 años, trabajadora social y miembro del Bloque Feminista. Los tres, junto a varios centenares de personas más, han participado este fin de semana en las jornadas madrileñas del Foro Social Mundial, un movimiento que nació en 2001 al grito de "Otro mundo es posible" como alternativa al Foro Económico Mundial de Davos.

En 2008 se han convocado reuniones simultáneas en ciudades de todo el planeta. El centro social Patio Maravillas (distrito Centro) ha sido la sede de la contracumbre prevista en Madrid. El antiguo colegio de monjas de cinco plantas, okupado desde el verano pasado, acogió 20 talleres con 70 asociaciones invitadas, un laboratorio social para nuevas ideas. EL PAÍS preguntó a 15 representantes de ocho colectivos diferentes cómo les gustaría que fuera la ciudad en la que viven. Éste es el resumen de algunas de sus propuestas:

- Una persona, mil votos. "Sólo votas una vez cada cuatro años y no te dejan decidir si quieres un polideportivo en tu distrito", dice Pedro Casas, portavoz de vecinos en Carabanchel Alto. Piden una democracia más participativa, con locales en cada barrio en los que se puedan tomar las decisiones que afectan al día a día de los madrileños. "No basta con los iluminados de la política, tiene que participar todo el mundo", añade Víctor Sáez, de 50 años, administrativo chileno y portavoz de la Federación Estatal de Refugiados e Inmigrantes en España. Aprovecha para pedir la participación de los extranjeros en la vida política, una de las reivindicaciones más repetidas en el Patio Maravillas. "Pagamos impuestos, pero no podemos decidir dónde se invierten ni qué infraestructuras se construyen con ellos".

- Ni una vivienda vacía. El parque de vivienda vacía de Madrid (con unas 300.000 casas) es "inaceptable" para los participantes del Foro. Reivindican la expropiación de esos pisos y que se fomente el alquiler a precio asequible, no más del 20% del sueldo, con subvenciones de las administraciones para quienes estén en el paro. Piden además casas comunales y no un único modelo de viviendas con dos o tres habitaciones para la familia tradicional.

- Obras de mujer. "En Madrid se construye sin tenernos en cuenta", considera Isabel Cáceres que, con otras cinco integrantes del Bloque Feminista, reivindica calles con más luz, sin obstáculos que dificulten el camino, salidas de metro acristaladas y equipamientos básicos cerca de las viviendas, como el ultramarinos de toda la vida. Todo para que Madrid "se llene de gente que quiera vivirla y no sufrirla". María Ibáñez (28), enfermera y portavoz del Patio Maravillas, añade un ejemplo cercano. "Malasaña se ha convertido en una zona antiamigos, con decenas de calles en las que sólo se puede caminar derecho en fila de uno, sin hablar con nadie".

- Menos M-30 y más bici. "No queremos una zona ciclista para domingueros, sino para transporte diario", reflexiona Toni García, de 23 años y portavoz del Patio Maravillas. Si otro Madrid es posible, la M-30 tendría un carril-bici, igual que el paseo de la Castellana. Desde el Foro piden menos espacio para el coche y más apoyo al transporte público. "Es una vergüenza que el abono joven de transportes sea sólo hasta los 21 años", añade García.

- Huertos urbanos. "Propongo que se habiliten huertos urbanos, donde la gente pueda consumir lo que cultiva; si Berlín los tiene, ¿por qué Madrid no?", dice Luis González (33), educador y miembro de Ecologistas en Acción. Si de él dependiera, Madrid no estaría unida por circunvalaciones, sino por un corredor verde en el que poder caminar de un parque a otro. También modificarían el interior de los parques para hacerlos más humanos, con bancos que se miren unos a otros y en los que la gente pueda hablar.

- Planificación familiar. Desde el Bloque Feminista exigen un centro de planificación familiar en cada barrio, con anticonceptivos disponibles las 24 horas del día y grandes carteles para que la gente pueda distinguirlos desde cualquier sitio, como los supermercados. Madrid necesita más educación sexual y menos represión contra el aborto, añaden.

- Sólo hospitales públicos. La sanidad es motivo de grandes preocupaciones. Todos apuntaron que la privatización de los nuevos hospitales construidos por la Comunidad de Madrid es un riesgo que conllevará una atención más precaria al ciudadano. Exigen más centros de salud en los barrios y mejores infraestructuras. "Si vives en Latina, ir a urgencias es un episodio lamentable, una gincana de etapas", considera Bibiana Medialdea, economista de 30 años y miembro de la Asamblea por una Vivienda Digna de Latina.

- Laboratorios culturales. Para los participantes del Foro Social consultados, Madrid es "culturalmente rancia". Organiza grandes fastos de un solo día, como La Noche en Blanco, y programa poca oferta para el resto del año. Reivindican teatro de calle y más actividad en los centros cívicos. "Eso no significa que el Ayuntamiento ponga un cartel grande con un bedel que marque el horario, sino que se ceda espacio a los ciudadanos", pide Toni García. Las casas de la cultura deberían ser "laboratorios" para experimentar y aprender, "no academias baratas de inglés y gimnasia".







* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 28/01/2008
Foto: Cartel a las puertas del Patio Maravillas- PAULA VILLAR - elpais.com



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Trapicheo con la línea de la costa

CANARIAS7/Tenerife* : El informe pericial encargado por la fiscal Anticorrupción María Farnés Martínez dedica todo un capítulo a cómo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife manejó a su conveniencia las líneas que delimitan el dominio público marítimo-terrestre una vez que inicia el expediente del Proyecto de Compensación del Plan Parcial de la Playa de Las Teresitas en 1988.

Los peritos afirman que en el expediente las parcelas del frente de playa «aparentemente, pasan a ser terrenos en pleno dominio» para el Ayuntamiento santacrucero, de tal forma que «adquiere incluso el dominio público, y se integran como unas fincas aportadas más al Proyecto de Compensación, para que posteriormente pasen a formar parte de parcelas resultantes, se adjudiquen a un tercero, distinto al Ayuntamiento, y puedan ser objeto de tráfico mercantil entre particulares». Los responsables del peritaje encargado hacen constar que esto sucede estando vigente el deslinde martítimo-terrestre llevado a cabo en 1961, «que establece la separación del dominio público del dominio privado».

El informe evidencia además que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no pidió un nuevo deslinde hasta un mes después de comprar las parcelas del frente de la playa de Las Teresitas a Ignacio González y Antonio Plasencia y que «hubo discrepancias» entre los técnicos municipales y los de la Demarcación de Costas en Tenerife. Hasta septiembre de 2006 la Demarcación de Costas no presentó una delimitación provisional de la línea probable de deslinde de los 1.537 metros lineales de la playa.

En esa propuesta de deslinde los terrenos de dominio público no sólo no se reducen, sino que se incrementan, pasando de los 6.907 fijados en el deslinde de 1991 a casi 30.000 metros cuadrados. Los peritos coinciden con la apreciación que en su querella hizo la fiscal María Farnés Martínez de que, después de incorporar los terrenos de dominio público en el proyecto de compensación y trapichear con ellos a lo largo de todo el expediente, el Ayuntamiento acabó comprando terrenos que en casi un 50% ya eran públicos. Pero, además tampoco iba a salvar la playa de edificaciones el Ayuntamiento adquiriéndola porque, según el informe pericial, de los 84.737 metros cuadrados que no están afectados por el dominio público, los 35.700 que son edificables «están en terreno accidentado con limitación de ocupación» fijadas en la modificación del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. «Las zonas aptas para edificar quedan en dominio público» concluyen los peritos.

El deslinde está en el TSJC.

La Asociación Amigos Tinerfeños de la Naturaleza (ATAN) recurrió a finales de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la propuesta de deslinde martítimo-terrestre de la playa de las Teresitas de la Dirección General de Costas. ATAN argumentaba que se Costas tenía en cuenta los terrenos ganados al mar para fijar el deslinde, «vulnerando la Constitución y la propia Ley de Costas». ATAN aportó documentos que corroboran que las mareas llegaban al acantilado.







* Canarias 7 - Rosa Rodríguez. Santa Cruz de Tenerife - 25/01/2008
Foto: Santa Cruz deTenerife, playa Las Teresitas - mma.es


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Mal ejemplo

JOSÉ LUIS TRASOBARES* : A la confusa mitología aragonesa se le está sumando un nuevo ingrediente: la idea de que Valencia y Murcia ofrecen un modelo de desarrollo rápido y elemental. Miramos al Levante con un ligero recelo, por aquello del trasvase, pero envidiamos su rutilante marcha hacia el paraíso de los nuevos ricos. ¡Ah, si nosotros tuviésemos un buen pedazo de costa! La posibilidad de meterles mano a los recursos naturales, al agua, al paisaje, a las montañas o a la misma estepa para obtener beneficios inmediatos y realizar operaciones especulativas de gran calado (o a gran escala, si lo prefieren) se ha convertido en la meta suprema de muchos aragoneses. El dinero no tienen olor ni color; el dinero se justifica por sí mismo.

Por supuesto, no todo lo que se hace en Valencia o Murcia es pernicioso por especulativo o insostenible. Sin embargo, en la retina de demasiadas personas no quedan sino aquellos golpes de mano más visibles y destructivos: las mil y una grúas-torre que jalonan la destrucción del litoral, los edificios inútiles y costosos, los campos de golf en los secarrales, la economía sumergida, los mercedes en el naranjal... Qué gozo supremo, ¿verdad? Algunos aragoneses defienden los proyectos más polémicos (Gran Scala, por supuesto) arguyendo que "en Murcia o Valencia los aceptarían encantados".

Aragón superó hace más de un decenio el largo y duro ajuste iniciado tras la Guerra Civil. Aquel proceso nos ha dejado cicatrices, pero hoy somos una comunidad cuyo PIB crece a uno de los ritmos más potentes de Europa y donde apenas existe paro. La población (tradicional punto débil) se ha estabilizado y tiende a crecer, la inmigración ha encontrado hueco y hasta parece que el déficit de capital público remite. Ayer, el pabellón-puente hizo click ante los asombrados ojos de la concurrencia. No tenemos ninguna necesidad de echarnos a correr detrás de objetivos extravagantes ni buscar atajos desarrollistas de muy dudoso impacto.

Ayuntamientos corroídos por la corrupción, cargos públicos bajo sospecha, empresarios arribistas, cajas de ahorro cuya fiabilidad se viene abajo por culpa de los tejemanejes inmobiliarios y las inversiones dirigidas, empleos de baja o nula cualificación, todos pendientes del hormigón y el ladrillo... Debajo el oropel no todo reluce a orillas del Mediterráneo. No es el mejor espejo al que mirarse.







* El Periódico de Aragón - El Independiente por J. L. Trasobares - 22/01/2008




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