PÚBLICO/Castellón* : Es sábado por la tarde, un plácido día de enero, y en los jardines de Marina d’Or algunos niños apuran los últimos rayos de sol bajo la atenta mirada de sus madres. El crepúsculo está a punto de extender una niebla rojiza —como de un fantasmagórico membrillo casero— sobre la lenta majestad del mar, y en todo el complejo no hay más de treinta o cuarenta personas pululando, como muertos vivientes, por las calles de la “Ciudad de Vacaciones”.
Los principales hoteles están cerrados. El balneario de agua marina está cerrado. La mayoría de los apartamentos están vacíos, y en muchos cuelga el letrero de “Se vende”. ¿Crisis en Marina d’Or? Quizá es sólo el invierno y sus paradojas. Al fin y al cabo, ahora es cuando se está bien en la costa mediterránea, sin aglomeraciones, sin sofocones, sin estridencias. Pero ahora no hay nadie.
Antes se vendían entre 1.500 y 1.800 apartamentos al año. En 2007 sólo unos 400La crisis tampoco hay que desatenderla. Si en los últimos tiempos la venta de apartamentos se situaba en una media de entre 1.500 y 1.800 al año, en 2007 no debieron ser más de 400. Los perros de las hipotecas, por otro lado, han mordido donde más dolía, y por eso muchos propietarios han empezado a acariciar la idea de volver a la meseta. De los sueños se despierta. O te despiertan.
Se va el sol y con él parece desvanecerse un imperio. No es tristeza lo que se masca aquí, sino una pequeña y volátil inutilidad. Un niño juega en la arena de la playa sin saber que esa playa necesita constantes aportaciones para mantener esa arena, porque el lecho es originariamente de piedra. Un poco más abajo, una pareja de mujeres de mediana edad pasa a mi lado arrastrando los pies, con un tedio estudiado pero infinito. Este crepúsculo, como el de los dioses, ya no tiene remedio.
Jornadas de 12 horas
Sorin y Mijaela Bika son dos de los muchos inmigrantes que me encuentro en mi paseo. Son amables y locuaces. Ambos han trabajado en los hoteles del complejo, pero ahora sólo vienen los sábados a gozar del silencio y la tranquilidad. Me explican: jornadas de doce horas diarias, seis días a la semana, con derecho al abuso en caso de sufrir algún percance sanitario. Sorin imposta la voz y descubre un rostro con capacidad plástica para el misterio: es que el jefe de personal, dice, es “un árabe”. ¿No les gustaría volver a trabajar en Marina d’Or? La respuesta es inmediata y a dúo: no.
“He visto las calidades con que se ha contruido esto. Ni loco compro nada aquí”Se puede visitar, también, una carpa con maquetas sobre el futuro. Qué será, será. Nada más penetrar en este espacio de fantasía, un cartel anuncia “promociones a la venta en Marruecos (Marrakech, Tánger, Agadir)”. El grupo se expande, claro. Ya está presente en Reino Unido, Francia y China.
Pero sigamos en la carpa. Otro cartel anuncia que el complejo obtiene el agua de la desalación del mar. Hasta 8’6 hectómetros cúbicos al año, por tres que capta de acuíferos internos y otros tres del agua subterránea del acuífero costero. Eso está muy bien, pero si falta agua, siempre se puede desecar un poquito el parque natural de Cabanes-Torreblanca, en el límite norte de las urbanizaciones. Hay que recordar, en todo caso, que la Conselleria de Territorio (en manos absolutas del PP) redactó en 2003 el Plan de Ordenación de Recursos Naturales del parque (PORN) a la medida de los intereses vacacionales. De aquí la presencia, nada discreta, de excavadoras lanzando tierra sobre zonas húmedas. Eso no lo dice ningún cartel.
Más carpa. Un pequeño rebaño de jóvenes atienden a un anunciado espectáculo de “agua, luz y sonido”. Como delfines perfectamente adiestrados, seguirán las evoluciones de unos chorritos de agua acribillados por luces de colores al son de la banda sonora de “Oficial y caballero”. Es estéticamente emotivo: uno esperaría que en cualquier momento se pusieran a saltar y a pedir una sardina como premio.
Desde un rincón, un elegante caballero de mediana edad observa la pantomima con una sonrisa irónica. Le doy palique. Dice que es ingeniero industrial, de Madrid, y que llegó aquí en los inicios del complejo (en el año 2000). Ha visto crecer los enormes bloques de apartamentos como Keops contemplaba la erección de la gran pirámide de Giza. La pregunta es obligatoria. — No, no, yo no tengo aquí ningún piso. Yo vivo en Oropesa, en el casco antiguo. He visto las calidades con que se ha construido esto. Ni loco, oiga.
El advenedizo Jesus Ger
Oropesa. Más de diez mil habitantes, contando a Marina d’Or. Pero antes fue otra cosa. Un pequeño pueblo costero, que vivía de la naranja y de la viña. Sé lo que digo, porque mi padre tuvo en este término más de treinta hanegadas de naranjo, en la falda de una montaña. Mi infancia es un recuerdo de esos naranjos. Acabó vendiendo las tierras, porque la frontera entre el regadío y el secano no es la más propicia para sacar rendimiento del fruto dorado. Se vendió y ya está (también se vendió mi infancia). Jesús Ger, sin embargo, no llegó a tiempo de comprar.
Jesús Ger, por si alguien lo ignora, es el propietario de Marina d’Or. Es el hombre que convirtió uno de los últimos pedazos de costa virgen del litoral castellonense en esta aldea “de ensueño”. Podría parecer el tipo más popular de su entorno, pero no es así. Su voracidad le ha enfrentado con los principales empresarios de Castellón. Los de “toda la vida”. Con Luis Batalla (Lubasa), por ejemplo, ha medido bien sus fuerzas: Alien versus Predator. A Ger le reprochan ser un advenedizo. Nació en Barcelona e hizo sus primeros pinitos reparando televisores marca Grundig. Eso fue antes de comenzar a pensar a lo grande.
Es noche cerrada. La avenida de Barcelona —principal arteria del complejo— parece un compendio de soledades o quizá la ilustración de esa máxima que se repite obsesivamente en la pantalla digital del ascensor de mi hotel: “Ni temas ni desees la muerte”. Los neones alumbran calles espectrales por donde sólo yo me digno pasar. En el restaurante Il Pecatto —¡un sábado por la noche!— no cena nadie más. Vivo a cuarenta kilómetros de aquí, pero es como si hubiera penetrado en otro mundo. Uno de esos no-lugares de los que hablan los sociólogos (como un hipermercado, o un aeropuerto).
Domingo por la mañana. Levísima animación en el complejo: los inmigrantes juegan al fútbol. En los jardines, el sol baña suavemente las esculturas de Ripollés, ese artista gran amigo de Carlos Fabra. En el arte contemporáneo, medio centímetro separa lo ridículo de lo sublime. Ese medio centímetro ha proporcionado a Ripollés una enorme fortuna. Como a Jesús Ger.
* Público - JOAN GARÍ - Castellón - 19/01/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), urbanización Marina D'Or - publico.es
Fin del sueño en Marina D'or
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Los Verdes llevan ante la UE el proyecto Gran Scala
ELPERIÓDICO/Aragón* : El eurodiputado de Los Verdes, David Hammerstein, ha llevado el proyecto del macrocomplejo de casinos y parques temáticos Gran Scala ante la Comisión Europea. El pasado miércoles, el parlamentario europeo registró una pregunta, para la que solicita respuesta por escrito, sobre la iniciativa que promueve International Leisure Development (ILD), un pool de doce empresas --la mayoría de ámbito internacional--, y apoya el Gobierno de Aragón.
La pregunta insta a la Comisión, "dada la envergadura del proyecto", a que se informe "de forma inmediata" sobre las consecuencias que podría tener el desarrollo del proyecto y de las infraestructuras asociadas sobre el medio hídrico y en cuanto a los recursos energéticos.
No obstante, la pregunta que concretamente dirige el europarlamentario a la Comisión Europea se refiere al cumplimiento de "las medidas compensatorias adoptadas por los regadíos de Los Monegros, compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón" ante las instituciones comunitarias, y a "los proyectos de conservación de especies en peligro en esta zona".
Hammerstein da por hecho que Gran Scala se convertirá en una realidad, ya que, "a pesar de no tener todavía aprobado el emplazamiento definitivo del proyecto y de estar en un estado preliminar, es de dominio público que esta obra es la principal apuesta de futuro que el Gobierno de Aragón tiene".
El documento indica que la puesta en marcha del complejo en Los Monegros vulneraría los objetivos de la Directiva Marco, ya que "carece de recursos hídricos" y en la zona hay déficit de agua; añade que el impacto de Gran Scala "se extendería incluso al Pirineo, donde se produciría una gran afección debido a la construcción de embalses para abastecer" al recinto, y recuerda que buena parte de la comarca está incluida en la Red Natura 2000 y que en ella habitan más de 5.400 especies animales, "la mayoría invertebrados" que en muchos casos forman comunidades "con alto grado de endemismo", así como aves esteparias.
Los promotores de Gran Scala sostienen que han puesto como condición para la adquisición de los terrenos en los que se ubicará el complejo que se encuentren libres de cualquier figura de protección ambiental. Por su parte, los diseñadores del recinto --el gabinete Art & Build y el arquitecto Nicolas Devuyst-- están trabajando en un sistema de suministro y reutilización de agua de bajo consumo.
* El Periódico de Aragón - 8/01/2008 E. B. D
Foto: Los Monegros (Aragón), proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com
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Valencia: "Más puerto, menos ciudad"
JOAN OLMOS* : Finalmente, la poderosísima maquinaria política, empresarial y mediática que confluye en la APV ha conseguido su penúltimo objetivo. La macroampliación del puerto de Valencia empezará en breve, contra toda lógica ambiental, contra la falsa retórica de sostenibilidad que unos y otros predican. Sin planificación territorial, buscando exclusivamente objetivos relacionados con la actividad portuaria -tan sometida a los vaivenes de la globalización- comprometiendo otras opciones económicas tan respetables como las del tráfico portuario, desoyendo incluso a los técnicos y expertos nada sospechosos de posiciones ambientalistas extremas.
Parece claro que el Ministerio de Medio Ambiente dio luz verde a esta obra -en pleno verano- bajo la tremenda presión institucional local (que por cierto, lejos de agradecer tan generoso gesto, se dedicó de inmediato a desacreditar la medida por tardía y dubitativa). Lo que significa, lisa y llanamente, que fue una decisión alejada de la racionalidad científica, encajando mejor en el epígrafe de concesiones preelectorales de elevado coste para la ciudadanía.
Los riesgos de dicha operación no se limitan a las afecciones -ya de por sí muy preocupantes- a las playas colindantes y fondos marinos. Es toda la ciudad de Valencia la que está comprometida por una realización de esta magnitud, en un momento en que el necesario debate sobre el futuro de la fachada litoral está en pleno apogeo. Recordemos que se trata de duplicar la superficie portuaria actual, mar adentro. Evitaré repetir algunos de los argumentos críticos que se han hecho públicos en los últimos tiempos, apenas rebatidos desde instancias oficiales con cuatro tópicos, así como el análisis de las alternativas razonables que se han planteado.
Al tiempo que se anuncian las obras de ampliación, otro proyecto asociado al puerto, el llamado acceso norte, se ha puesto a funcionar. Ocurre con éste, como en otros casos, que de repente, como si el resultado de las elecciones de mayo hubiera levantado la compuerta de un dique, se han precipitado en cascada proyectos conflictivos que permanecían en lista de espera.
Detengámonos por un momento con este nuevo acceso norte al puerto. Se trata de un tramo de autovía, de más de dos kilómetros y medio de longitud, paralelo a las playas de Alboraia y Malva-rosa, partiendo desde el Carraixet hasta la calle de Serrería. Esta primera fase en superficie se prolongaría hasta el puerto a través de un túnel.
Justificado en principio para facilitar un acceso más directo a la zona portuaria, se presenta ahora como un nuevo elemento de la red viaria que, según la publicidad oficial "mejorará la comunicación con el área metropolitana, aumentará la capacidad de la red y reducirá los frecuentes episodios (¿?) de tráfico y congestión de la zona...", cuando lo que acaba realmente sucediendo no es que disminuye el tráfico (objetivo sostenible) sino que se estimula y aumenta. Como en las recientes ampliaciones de accesos, nuevas rondas, nuevos puentes, o nuevas circunvalaciones que no han hecho sino destrozar zonas de huerta sin conseguir el objetivo propuesto: la prueba es que hoy, la presión para construir nuevo viario es tan fuerte como hace diez años.
Ya lo expresó Colin Buchanann hace más de cuarenta años en Inglaterra, al señalar que la creación de más vías agravaría el problema de la congestión de las ciudades, puesto que iba a funcionar -como de hecho ha sucedido- como estímulo del tráfico privado y en perjuicio del transporte colectivo, que inició, a partir de ese momento, un declive imparable. Ahí es donde nos duele: la inexistencia de una política de transportes para el Área Metropolitana de Valencia se maquilla con un paquete de inversiones que nos endeudan y empobrecen.
Y así seguimos anclados en los planteamientos desarrollistas de los sesenta y no hay manera de atisbar cambios positivos en esta dinámica. Basta tomar un plano de los fantasiosos proyectos viarios del Plan Sur para comprobar cómo siguen marcando la pauta actual. El nuevo acceso norte lleva camino de convertirse en la vieja aspiración de conectar por autopista el norte litoral con el sur, atravesando el puerto y enlazando con la autopista de El Saler, burlando la intención del by-pass, al atraer tráfico de travesía por el camino más corto. Es lo que ocurrió con la ronda litoral en Barcelona, donde ahora no saben qué hacer con ella.
Menos razonable resulta la primitiva justificación del acceso norte al puerto, basada en evitar un rodeo del tráfico de mercancías procedentes del área norte de la ciudad. De entrada, hablar de rodeo resulta tendencioso. La línea recta no existe en el territorio, solo en la mente de los planificadores que consideran que éste es una especie de tabula rasa. El acceso del puerto tiene hoy una suficiente oferta viaria, a falta de completar la ferroviaria. No existe ninguna penalización actual a los camiones que proceden del norte del área metropolitana de Valencia, en todo caso deberían considerarse favorecidos por proximidad, teniendo en cuenta que el hinterland (zona de influencia) del puerto tiene un radio de varios centenares de kilómetros.
Pero hay otro argumento más poderoso a la hora de cuestionar globalmente el proyecto: es el ferrocarril el que debería absorber conexiones tierra-mar, y en todo caso, hacer factible el principio de internalización de los costes del transporte en el precio que pagan los transportistas. Para entendernos: el transporte por carretera está fuertemente subvencionado, contraviniendo la más elemental regla del libre mercado. Por si faltaran argumentos, las preocupaciones por el cambio climático apuntan a este medio como uno de los máximos responsables de las emisiones de gases nocivos. La Unión Europea y otras instituciones vienen ya apostando por ajustar este desequilibrio favoreciendo los modos menos agresivos con el medio.
Y en esas estamos. No solo el entorno portuario, sino toda la ciudad, están sometidos de nuevo a la presión para ahondar en esa crisis: más accesos por carretera para aliviar la ciudad colapsada resulta una demanda absolutamente improcedente. Es nuestra particular contribución al nuevo acuerdo internacional de Bali.
Por el contrario, urge un replanteamiento urgente del modelo de transportes metropolitano, basado en la racionalidad urbanística, evitando la dispersión, que facilite la movilidad a pie y en bicicleta, y construya un potente y fiable sistema de transporte colectivo, para que el automóvil no monopolice el uso del espacio público. Solamente así podremos conseguir una ciudad más habitable.
* Joan Olmos es ingeniero de Caminos.
* ELPAIS.com - 17/01/2008
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Siete Aguas vendió suelo a una promotora a 20 euros que a los tres meses se pagó a 210
LEVANTE/Valencia* : El Ayuntamiento de Siete Aguas que preside el popular Rafael Zahonero vendió en octubre de 2006 a una promotora 8.991 metros cuadrados de terrenos de propiedad municipal, procedentes de parte del aprovechamiento urbanístico que le correspondía al consistorio por la promoción Cerro de San Julián, a un precio de 20 euros el metro cuadrado. Tres meses más tarde, en diciembre del mismo año, los terrenos llegaron a alcanzar un precio de mercado de 210 euros por metro cuadrado.
El hecho fue denunciado por los grupos de la oposición (PSOE y EU) que lo enmarcan dentro de la "nefasta" gestión del alcalde y el equipo de gobierno en esta promoción urbanística "en la que han perdido más de 1,5 millones de euros del patrimonio de todos los vecinos". La moción fue tratada en un pleno extraordinario en la que los ediles de la oposición pidieron explicaciones al alcalde porque vendió a ese precio cuando esos terrenos se estaban vendiendo casi al 1.000% del valor de tasación marcado por los técnicos municipales. Hasta el día de hoy los ediles de la oposición reconocen no haber recibido una explicación que justifique esa venta.
El 23 de octubre de 2006 Rafael Zahonero, como alcalde de Siete Aguas firmó una propuesta de convenio con la empresa Casas de Siete Aguas, S.L. por el que la empresa se comprometía a realizar las obras de reparación y renovación de los servicios urbanísticos en la Urbanización El Cerro de San Julián, que la empresa había comprado meses antes, además la empresa se comprometía a ceder al ayuntamiento los viales y servicios urbanísticos que por ley le correspondían, con lo que se ponía en marcha el desarrollo urbanístico de esta urbanización, un proyecto que estaba casi paralizado desde hace más de 30 años. El Ayuntamiento de Siete Aguas se comprometía a aceptar la conversión en metálico del 10% del aprovechamiento urbanístico que le corresponde -8.991 m2- según la valoración de los servicios técnicos que acompañaba al documentos. Esta valoración era de 20 euros por cada metro cuadros y el total de la operación ascendió a 179.820 euros.
Tres meses después de la materialización del convenio, Servi7, la inmobiliaria que se encargaba de la venta de los terrenos de la urbanización El Cerro de San Julián de Siete Aguas, vendía las parcelas a un precio de 210 euros el metro cuadrado, tal como se podía ver el día 7 de diciembre en la página web que tenía abierta esta empresa en la red Internet.
Dos meses después, en febrero de 2007, los dos grupos municipales en la oposición -PSOE y EU- presentaron una moción, en la que pedían explicaciones a Rafael Zahonero y a su equipo de gobierno por esta venta. Los representantes pedían explicaciones al ayuntamiento por el punto del convenio en el que se compromete a cobrar en metálico el 10% del aprovechamiento que le corresponde por la promoción y la falta de firmas de los técnicos en el documento de tasación de los terrenos del aprovechamiento.
Además de ignorar la situación de este aprovechamiento sobre los vecinos que compraron en 1972, y sobre todo, "el hecho de que el valor del parque público y equipamiento no podrá ser inferior a 124.862,40 euros. Al igual que el 10% del aprovechamiento urbanístico, que nos parece insuficiente, teniendo en cuenta que Casas de Siete Aguas vende estos terrenos a 210 euros el metro", señalaron.
* Levante-EMV - 19 de enero de 2008
Foto: Siete_Aguas (Valencia) - JFCSvalencia, wikipedia.org
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Justicia pragmática para Marbella
MÁLAGAHOY/Editorial* : LA Fiscalía de Málaga, con el apoyo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, negocia con las defensas de los acusados un acuerdo para sustanciar los más de 70 procesos judiciales pendientes por la concesión de licencias ilegales en Marbella. El pacto supondría para los acusados la condena global a una pena no superior a seis años de prisión por la comisión de decenas de delitos urbanísticos. Una quincena de ex concejales y ex alcaldes de las etapas más negras del gilismo podrían beneficiarse de este compromiso.
El Ministerio Público ofrece varios argumentos para defender estas conversaciones y la concesión final, como la obligación de aplicar el principio de economía procesal. Los costes de la tramitación y de la larga lista de causas fijadas atascan a la Administración de Justicia y suponen un exceso de carga de trabajo para la propia Fiscalía, que impide prestar dedicación a otros asuntos de relevancia. La segunda y, jurídicamente, discutible apreciación es que estaríamos ante un presunto delito conexo, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite instruir en un solo proceso porque hay relación entre todos los elementos. El Código Penal prevé un cumplimiento final de condena no superior al triple de la pena mayor de la infracción, dos años de prisión en el supuesto que nos ocupa. Una resolución de la Junta de Jueces de Málaga de hace un año da base legal a la decisión. La reflexión se cierra con que los acusados admitirían ante los tribunales su culpabilidad y que esta transacción sólo alcanza a los procesos por delitos contra la ordenación del territorio, no a los convenios urbanísticos ilegales y a otras posibles irregularidades.
Pero al margen del soporte jurídico que sustenta la iniciativa -no contemplada hasta ahora pese a que se han dictado ya numerosas sentencias, algunas incluso firmes-, el poso final que queda es más que alarmante. Si el caso paradigmático de Marbella, con unos desmanes urbanísticos que dieron origen a una corrupción y un saqueo generalizados, se cierra con castigos testimoniales, esta Justicia pragmática enviará el peor de los mensajes a la ciudadanía.
* Málaga Hoy - Editorial - 19.01.2008
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'Murcia no se vende' reclama que «el patrimonio de los condenados sirva para restaurar el medio ambiente»
LAVERDAD/Murcia* : La plataforma ciudadana Murcia no se vende pidió ayer que el patrimonio de los condenados por corrupción urbanística se destine a restaurar el medio ambiente dañado con sus actuaciones, y a la mejora ambiental, cultural o social de las localidades afectadas. «La corrupción debe dejar de ser rentable, social y económicamente», añadían.
La citada plataforma exige además al Gobierno regional la derogación «inmediata» de la Ley Regional del Suelo, las Directrices del Litoral y la Orden de 12 de noviembre de 2007 de la Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio, que desarrolla la Ley sobre Evaluación Ambiental Estratégica, «por considerar a los mismos el marco jurídico idóneo para la corrupción urbanística que asola nuestra región últimamente».
También exigen mecanismos de participación y control democráticos en los ayuntamientos para dificultar la acción de los corruptos, piden «mejores y más democráticos» métodos de elección de los candidatos a las elecciones, y que sufran la expulsión inmediata los alcaldes, concejales y diputados imputados en casos de corrupción.
Las corrupciones «y las que quedan por descubrir -añadía el mismo comunicado de prensa- son fruto del modelo económico impuesto por el Gobierno regional basado en el monocultivo del ladrillo, y han encontrado el marco idóneo para producirse en la ley regional del suelo, y en la utilización sistemática de la figura del convenio urbanístico».
* La Verdad - 19.01.08
Foto: Murcia no se Vende, pancarta - murcianosevende
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Las Palmas tendrá que pagar más de 58 millones por irregularidades urbanísticas
LAPROVINCIA* : Los ciudadanos de la capital grancanaria tendrán que hacer frente al pago de más de 58,5 millones de euros por irregularidades urbanísticas cometidas durante los últimos 20 años. La inmensa mayoría de las indemnizaciones tienen que ver con sentencias desfavorables por expropiaciones irregulares realizadas durante la época en que gobernó el consistorio el Partido Popular.
El resto de las irregularidades tienen que ver con indemnizaciones a vecinos perjudicados por la construcción de edificios que vulneraban la normativa de alturas -como es el caso de la Supercomisaría y la Biblioteca del Estado-, o por el uso indebido de la parcela, como el edificio Insular I, una de las sedes administrativas del Cabildo de Gran Canaria.
El último pufo que se acaba de añadir a la larga lista que soporta ya el Ayuntamiento tiene que ver con la expropiación de la parcela de la calle Pavía, número 12. El gobierno local está valorando aún lo que le costará la reversión del solar a la familia Reyes Fuentes para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), pero expertos en derecho urbanístico calculan que deberá pagar al menos 30 millones o compensarles con parcelas de valor equivalente, si así se acuerda con los propietarios. El PP asegura que a esos 30 millones habría que descontarle el valor del solar de La Minilla por el que se permutó.
En cualquier caso, la carga que supondrá para las arcas municipales esta expropiación irregular será enorme y se suma a las obligaciones de pago por más de 28,5 millones a las que tendrá que hacer frente el consistorio este año por expropiaciones recurridas en los tribunales y perdidas por el Consistorio.
EXPROPIACIONES. Sólo en los últimos seis meses, el Ayuntamiento ha tenido que desembolsar 13,1 millones de euros para indemnizar a propietarios de parcelas a los que se expropió y no se les pagó el precio real de la parcela o por intereses devengados por el retraso en los abonos.
La expropiación forzosa del merendero y el campo de fútbol de Las Coloradas es sólo un ejemplo de estas irregularidades urbanísticas. El Ayuntamiento expropió de forma forzosa y sin indemnización una parcela de 17.048,65 metros cuadrados en 1989 para hacer un campo de fútbol. El pasado mes de abril, el TSJC obligó al consistorio a devolver el campo de fútbol y el merendero a los dueños y además condenaba a la administración a indemnizarles por la ocupación de la finca.
Las irregularidades urbanísticas cometidas con la Biblioteca Pública, la Supercomisaría y el edificio Insular I le costarán más de cuatro millones a la ciudad.
El alcalde Jerónimo Saavedra anunció el pasado mes de noviembre su intención de reclamar a Madrid compensaciones económicas para pagar las indemnizaciones por la construcción irregular de la Supercomisaría y la Biblioteca Pública, ambos pertenecientes al Estado. Las tres edificaciones cuentan con sentencias desfavorables desde hacer tres años, pero no se les había dado cumplimiento. La Supercomisaría fue construida en 1994 superando la altura y edificabilidad permitida en la zona, en primera línea de la Avenida Marítima. Lo mismo sucedió con la Biblioteca, que comenzó a construirse en 1997. Eso no fue problema para tener la licencia del Ayuntamiento. Por su parte, el edificio Insular I se construyó en una parcela calificada como espacio libre. Inicialmente fue un edificio particular que el Cabildo adquirió para oficinas.
* La Provincia - TERESA GARCÍA - 19 de enero de 2008
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, vista aérea - Marrero (La Provincia)
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Marbella: El 80% de las licencias ilegales corresponde a viviendas ya ocupadas
ELPAÍS* : Terminada y ocupada. Un 80% de las 1.009 licencias irregulares que la oficina de planeamiento urbanístico de la Junta de Andalucía encontró en Marbella se han transformado en viviendas y están habitadas. El minucioso listado que el equipo de José María Ruiz Povedano elaboró durante el tiempo que el gobierno andaluz tuvo retiradas las competencias urbanísticas en las ciudad muestra que en la mayoría de las ocasiones los promotores optan por la política de hechos consumados vendiendo las construcciones a pesar de que sus permisos urbanísticos estén bajo sospecha.
Los técnicos visitaron la mayoría de los emplazamientos que deberían ocupar las obras ilegales para comprobar el estado de los trabajos y anotaban en un archivo informático cualquier peculiaridad. De este trabajo, incluido en la memoria de gestión, se pueden extraer curiosidades como que los inspectores encargados de las visitas encontraron un hotel abierto en el lugar en el que la promotora Villarozas había obtenido licencia para construir 136 viviendas o que descubrieron un club de playa en construcción donde iba una vivienda unifamiliar.
Algunas de estas sorpresas, como el hallazgo de un solar lleno de coches aparcados donde esperaban encontrar un grupo de viviendas dúplex, se debe a que 119 de las licencias bajo sospecha no habían llegado a comenzar las obras el día de la inspección. Otra treintena estaban paralizadas con estadios que van desde las obras de cimentación hasta los últimos retoques.
La memoria también incluye las famosas fichas fruto de las reuniones que el equipo de Povedano mantuvo con promotores que se interesaron por el futuro de sus proyectos. De ellas se desprende algo que ya había avanzado el antiguo director de la oficina, que la mayoría se interesó por el criticado sistema de compensaciones y que algunos lo aceptaron. Entre ellos estaban los representantes del Corte Inglés, interesados en regularizar el Hipercor de Puerto Banús.
Del contenido de estas anotaciones se desprende que reconocieron que habían construido demasiado, aunque hablaban de 9.000 metros cuadrados y no de los 20.000 metros que habían calculado los técnicos del Ayuntamiento marbellí. En otras reuniones el constructor aseguraba que ya había aportado en su día los suelos necesarios para la regularización, algo que deberá acreditar ante el Ayuntamiento, encargado ahora de la gestión del Plan General de Ordenación Urbana.
La alcaldesa ha recibido toda esta documentación, que ahora analizará, y sobra la que ya ha emitido sus primeras críticas. A juicio de Muñoz, las fichas son demasiado escuetas y que le han llegado siete meses después de haberlas pedido.
* ELPAIS.com - J. V. - Marbella - 19/01/2008
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
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La CHJ rechaza la construcción de 1.746 viviendas en Parcent por falta de agua
LEVANTE/Alacant* : La actualidad urbanística en la Marina Alta está cambiando radicalmente en las últimas semanas. Hace unos días, la fiscalía detenía en l'Atzúvia a un promotor alemán por presuntas irregularidades urbanísticas. Posteriormente, la asociación de promotores de Alicante aplaudía la actuación y emplazaba a la Justicia a continuar actuando contra los "tramposos". A principio de año, la Síndica de Greuges criticaba duramente en su informe diferentes actuaciones urbanísticas impulsadas sin las mínimas garantías de la ley.
En aquel documento aparecían los tres planes previstos en Parcent donde se detallaban múltiples carencias, pero sobre todo criticaba la falta de informes hídricos que garantizaran el suministro de agua para las 1.746 viviendas nuevas.
En este sentido, con fecha de 10 de enero de 2008 (registro de entrada en el Ayuntamiento de Parcent del 17 de enero) la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha emitido un informe desfavorable sobre los PAI "El Replà", "La Solana" i "El Cantalar", actualmente pendientes de aprobación definitiva en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. El informe de la CHJ, versa sobre dos aspectos: la afección al dominio público hidráulico o a las zonas de servidumbre y policía, así como incidencia en el régimen de corrientes; y la disponibilidad de recursos hídricos.
Necesidades hídricas
La falta de agua es el más destacado ya que para las 1746 viviendas previstas en los 3 PAI, con una proporción de 2,5 habitantes por cada casa se calcula un incremento de población de 4.365 habitantes, que supone multiplicar por cuatro de una tajada la población actual del municipio. Si se tiene en cuenta un consumo de 250 litros por ciudadano (como marcan las Normas Subsidiarias), se prevé un gasto total de 398.306,25 m3/año, para las nuevas viviendas, mientras que la dotación actual de agua es de 96.710,4 m3/año.
La citada dotación está en trámites de ser aumentada hasta los 438.150,40 m3/año, si se tiene en cuenta la compra que el ayuntamiento hizo a la Comunidad de Regantes y Usuarios de la Vall del Pop. No obstante, este expediente está en tramitación en la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación. Al respecto, cabe señalar que al consumo de los PAI se tiene que sumar el consumo de la población, que en el mejor de los casos y para los 1.019 habitantes de Parcent (según el último censo ya 1.061), sería la teórica cifra de 103.478 m3/año.
Aunque la cifra se basa en un consumo de 250 litros al día por persona, en algunas jornadas de 2007 se ha llegado a consumir 498 litros. Por su parte, Aquagest Levante, empresa concesionaria del servicio en la localidad, ha indicado que la demanda real en un futuro podría llegar a ajustarse a 350 litros por persona y día. Basándose en los citados datos, la CHJ informa que "los derechos actualmente inscritos no permiten atender el incremento de demanda previsto" y además, el expediente de revisión (es decir, el aumento de la dotación), "tampoco dará solución a los incrementos de demanda planteados".
Devolución de los PAI
El ayuntamiento acordó en el pleno del pasado 15 de octubre de 2007 solicitar la devolución de la documentación de estos PAI a la conselleria, con la intención de subsanar las deficiencias que tenían cuando fueron enviados en un primer momento. Los programas se aprobaron provisionalmente por el gobierno del PP el 30 de enero de 2006, semanas antes de entrar en vigor la LUV, más exigente en materia medio ambiental que la LRAU. Desde entonces -hace algo más de tres meses- no ha habido ningún pronunciamiento del Consell. No obstante, el rechazo popular de los programas provocó un vuelco en las elecciones municipales del pasado mes de mayo cuando el CDP (Coalición Democrática de Parcent) obtuvo la mayoría absoluta. En esa localidad el resto de partidos de centro-izquierda, izquierda y nacionalistas declinaron presentar listas.
En cuanto a la afección al dominio público y a la incidencia en el régimen de corrientes, el informe plantea la necesidad de una mayor y más clara documentación, pues parece haber afecciones a diversos barrancos que no están suficientemente documentados.
* Levante-EMV - César Monzonís, Parcent - 19 de enero de 2008
Foto: Parcent (Alicante) - parcent.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Alzira: Recurso contra la urbanización en la Vall d'Aigües Vives
ELPAÍS/Valencia* : La plataforma ecologista Salvem Aigües Vives, que se opone a la construcción de urbanizaciones y campos de golf en los valles de Alzira, presentó ayer un recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, contra el Plan Parcial Sector Medievo que fue aprobado recientemente por el gobierno local compuesto por el PP y el PSD.
Las 780 viviendas unifamiliares junto a un campo de golf y un hotel-balneario de ambiente medieval están proyectados para construirse en la ladera sur de la Serra de les Agulles, en la conocida como finca de SOS, en plena Vall d'Aigües Vives, en unos terrenos calificados actualmente como suelo no urbanizable de protección agrícola y de protección paisajística.
El recurso indica que no se puede recalificar los terrenos hasta que se revise el Plan General de Ordenación Urbana de Alzira, por lo que que la aprobación del proyecto "es un acto nulo de pleno derecho", y que los terrenos forestales de la Serra de les Agulles están catalogados como Lugar de Interés Comunitario.
* ELPAIS.com - XAVIER ESPANYA - Alzira - 19/01/2008
Foto: Alzira (Valencia), pancarta Aigües Vives - nachollopis.com
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El nivel del Mediterráneo podría subir medio metro en los próximos 50 años
EFE* : El nivel del mar Mediterráneo subió de media entre 4 y 16 centímetros desde 1990 hasta 2005 en las costas españolas y podría ascender entre 25 centímetros y medio metro en los próximos 50 años si se produjera el ascenso de las temperaturas que prevén los expertos debido al cambio climático. Estas son las conclusiones de un estudio del Instituto Español de Oceanografía, presentado hoy, que ha analizado por primera vez la evolución de nivel, la temperatura, y la salinidad del agua del Mediterráneo español, a partir de observaciones realizadas durante más de medio siglo -desde 1948- con métodos científicos.
Manuel Vargas, coordinador de la investigación, ha afirmado que la tendencia observada de ascenso del Mediterráneo está "en consonancia con los peores resultados" de los estudios sobre el cambio climático y señaló que las predicciones en el aumento del nivel "están condicionadas por lo que hagamos" para luchar contra el cambio climático.
Las predicciones que advierten sobre estos riesgos se expusieron también recientemente en Valencia, durante la XXVII reunión del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC, dependiente de las Naciones Unidas.
Las predicciones, de cumplirse, tendrían consecuencias muy serias en las zonas litorales bajas, incluso en el caso de un aumento menor del nivel del mar, y catastróficas si se produce un incremento de medio metro, según el Ministerio de Educación y Ciencia.
El informe concluye que el nivel del mar aumentó menos de la media en los últimos cincuenta años -ocho centímetros en el caso del mar de Alborán, en Málaga-, ya que aunque desde los 90 ha ascendido a un ritmo de entre 2,5 milímetros y un centímetro al año, entre las décadas de los 50 y los 90, el nivel había descendido.
El descenso del nivel hasta los años noventa se debió a una rara subida de la presión atmosférica. "Como si fuera un tubo de pasta de dientes, donde sale la pasta al apretar", cuando se ejerce presión sobre el mar, el agua del Mediterráneo "tiende a salir por Gibraltar", que es como "el tapón del tubo", ha explicado Vargas.
La disminución de esta presión a partir de los noventa y el ascenso de las temperaturas en la misma década provocaron el acusado aumento del nivel del mar.
La temperatura del aire sobre el Mediterráneo y de sus aguas superficiales también experimentaron un fuerte ascenso a partir de mediados de los 70.
Las aguas superficiales aumentaron de media su temperatura cada año entre 0,12 y 0,5 grados entre 1948 y 2005, mientras que, en profundidades intermedias, el termómetro subió entre 0,05 y 0,2 grados y en las aguas profundas, entre 0,03 y 0,1 grados.
"Estas variaciones pueden parecer pequeñas", ha afirmado Vargas, "pero hay que tener en cuenta que se requiere una cantidad de calor gigantesca para producir un aumento de las temperaturas en las aguas profundas".
Los datos también muestran un aumento de la salinidad del mar, debido al descenso de las precipitaciones y de las aportaciones de agua dulce que los ríos del litoral hacen al mar.
El científico advirtió que, además del cambio climático existen otras muchas presiones causadas por el hombre sobre el Mediterráneo.
* ABC - EFE - 18 de enero de 2008
Foto: La Manga (Murcia), bajo el mar - P. Armestre y M. Gómez (Greenpeace)
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Caos urbanístico en Torrelodones
ECOLOGISTASENACCIÓN/Madrid* : Desde 1997 hasta diciembre de 2007, se han producido cincuenta modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias de Torrelodones. Esta circunstancia, unida a la dificultad para acceder a la información, hace imposible conocer la situación urbanística del municipio. Ecologistas en Acción afirma que esta situación se agravará con las modificaciones introducidas en la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y el nuevo plan general que tramita el Ayuntamiento.
Ecologistas en Acción afirma que Torrelodones es un ejemplo del caos urbanístico que impera en algunos municipios madrileños. Desde 1997, año en el que se aprobaron definitivamente las Normas Subsidiarias (planeamiento urbanístico) se han producido cincuenta modificaciones puntuales de las mismas. A estas modificaciones del planeamiento general hay que sumar las que han sufrido algunos planes parciales, como el del Área Homogénea Sur, algunos estudios de detalle y planes especiales.
El resultado es que para conocer la situación urbanística del municipio, o de algún sector determinado, hay que conocer el documento matriz y las modificaciones que ha sufrido. Un trabajo complejo, especialmente si el Ayuntamiento no facilita esa información completa y actualizada. Es el caso por ejemplo del sector denominado APD-7 Los Bomberos, donde ni vecinos ni Ecologistas en Acción han conseguido conocer con certeza las condiciones de urbanización y normativa de aplicación.
Esta falta de información, favorece la opacidad en la gestión urbanística. Actualmente resulta prácticamente imposible comprobar si las obras autorizadas y en ejecución son conformes al planeamiento urbanístico aprobado.
A pesar de que la situación es compleja, las cosas podrían empeorar. El Ayuntamiento de Torrelodones tramita el Avance de un nuevo plan general que en realidad no es más que una nueva modificación de las Normas Subsidiarias de 1997. Este Avance no acomete una actualización de todo el planeamiento, se centra únicamente en la reclasificación de una zona del municipio, la conocida como Área Homogénea Norte. Este paraje de 130 hectáreas está clasificado actualmente como no urbanizable de especial protección e incluido en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
Ecologistas en Acción considera muy grave la situación urbanística en Torrelodones. Sin embargo, este modelo de caos urbanístico creado por la aprobación sucesiva de modificaciones de planeamiento se podría reproducir por toda la Comunidad de Madrid. Las modificaciones introducidas en la Ley del Suelo, tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes, en julio y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, en diciembre de 2007, permitirá transformar los planes vigentes mediante modificaciones puntuales, algo que la Ley del Suelo aprobada en 2001 había desterrado.
Ecologistas en Acción lamenta que la política y gestión urbanística en Madrid y en concreto en Torrelodones, cada vez se aproxime más al modelo Marbella, en cuanto a saturación del territorio, falta de transparencia y legitimación de actuaciones irregulares.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 15 de enero 2008
Foto: Torrelodones (Madrid)- 20minutos
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Madrid
El fiscal rebaja a doce años de inhabilitación la pena para ex ediles estradenses
ELCORREOGALLEGO/Pontevedra* : Los ocho políticos de A Estrada, que en el año 1994 formaban parte del grupo de gobierno de ese municipio, se sentaron ayer de nuevo en el banquillo de acusados de la Audiencia Provincial de Pontevedra para responder de tres presuntas irregularidades urbanísticas que el BNG denunció en su día.
En total fueron tres los casos que los nacionalistas llevaron al juzgado: las alturas de edificios en el nuevo tramo de la prolongación de la calle Justo Martínez y las licencias de la urbanización de chalés en la plaza de la Iglesia y de un edificio en Pérez Viondi. Sin embargo, el fiscal sólo les acusa por los dos primeros. Tras pedir ocho años de inhabilitación especial por cada uno de los delitos, la petición se rebaja a seis años y un día por cada uno (doce en total). Desde la acusación particular que ejerce el BNG, además de apreciar un presunto delito a mayores (el del edificio), se piden también 6 años por cada uno (18 en total), salvo para el ex alcalde, Ramón Campos, y el entonces edil de Urbanismo, Alfonso Uzal, para los que piden 10 años de inhabilitación especial por cada caso. A uno de los imputados, Manuel Arca, el BNG sólo le imputa uno de los casos, al no estar presente en las otras juntas de gobierno.
Tanto Campos como los ediles (además de Arca y Uzal se imputó a Francisco Cora, José Manuel Reboredo, Mario López, Selesio Meda y Eusebio Porta) aseguraron que votaron a favor de las propuestas hechas por la comisión informativa de Urbanismo por entender que se ajustaban a la legalidad y nadie les advirtió que incurrirían en una ilegalidad.
"En caso de saberlo no hubiera votado", declaró Campos. Pese a admitirse los testimonios de la vista de septiembre, ayer también volvieron a declarar los testigos. Los técnicos admitieron la complejidad de los casos debido a las normas urbanísticas municipales, que eran muy antiguas, lo que creaba muchos problemas a la hora de conceder licencias. El entonces secretario señaló que nunca había propuesto al gobierno local un informe externo porque era algo que correspondía solicitar al alcalde, lo que hizo después. El técnico externo Juan Rico Lenza, al que se consultó (que redactara las normas de planeamiento), también declaró ayer.
Por fin, el juicio, que se suspendió a finales de noviembre (tras una primera vista en el Juzgado de lo Penal que acabó por inhibirse en favor de la Audiencia), quedó visto para sentencia.
LOS DATOS
En la sentencia
Uno de los letrados defensores planteó la prescripción de los hechos que se iban a juzgar, al menos para sus defendidos, a lo que se sumaron los otros letrados. Sin embargo, la sala, que presidió el magistrado Juan José Barreiro, acordó continuar la vista señalando que a esa cuestión se referirán en la sentencia.
Sólo Reboredo
Han transcurrido casi 14 años desde que sucedieron los hechos juzgados. Dos de los imputados ya han fallecido (se pidió que no constaran en el fallo) y sólo José Manuel Reboredo continúa en la vida política, ahora ya fuera del Partido Popular, como concejal de Cidega.
* El Correo Gallego - 18.01.2008
Foto: A Estrada - elconfidencial.com
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Tema: NOTICIAS Galicia
Una opinión sobre Sagunt
GIORGIO GRASSI* : El día en que Manuel Portaceli me llamó para comunicarme la decisión del Tribunal Supremo de Madrid de demoler en el plazo de 18 meses el teatro de Sagunt, había acabado de aceptar, después de una larga meditación, el nombramiento por parte del gobierno alemán para formar parte de una comisión restringida para la Reconstrucción del Castillo de Berlín, un tema muy especial y querido en Alemania, discutido durante años, que tiene prevista precisamente la reconstrucción integral del antiguo castillo berlinés de Schlüter (siglo XVII), teniendo como punto de partida únicamente una documentación fotográfica incompleta (no existen ni testimonios de cierta importancia ni dibujos originales o relieves).
La estridente contradicción entre ambas decisiones, derivadas de las más altas autoridades públicas, permite ver cómo, a partir del mismo objeto (mi trabajo, todo lo bien o no que yo haya podido hacer, como por ejemplo en Sagunt), ese mismo objeto es para unos un delito que merece ser condenado sin apelación con la pena máxima y, para otros, por el contrario, es lo que les lleva a elegirme, entre otros muchos expertos que hay en el mundo en este campo concreto, precisamente por lo que he hecho y por la presunta capacidad que he adquirido para juzgar en el campo de la reconstrucción de monumentos. Así son las cosas, aunque cueste comprenderlas y aceptarlas.
Durante estos 15 años siempre he pensado que toda esa gran polvareda de polémicas tramadas por la derecha más sectaria y más basta desde el punto de vista cultural (¡no me digan que Las Provincias, si aún existe ese periódico, es un diario dedicado al renacer cultural del pueblo valenciano!) serviría al menos para que las autoridades revisaran el punto de la ley sobre el patrimonio relativo al tema de la "reconstrucción". Es demasiado burdo, limitado, esquemático e irreal para que también pueda ser justo, en una materia tan delicada y huidiza.
Este punto de la ley, precisamente por su impracticabilidad (las cosas materiales perecen, se consumen, se rompen y se hacen pedazos) es, en realidad, una instigación al delito, es decir, es una instigación para una "reconstrucción mimética" (considerado un delito mucho más grave hoy por cualquier legislación de protección de monumentos en el mundo civil), algo que se ha hecho y se sigue haciendo precisamente en España de forma generalizada.
Por otra parte, un país en el que durante años han seguido haciendo estragos en las costas, las playas y en los bosques, en los paisajes más hermosos y en los lugares más salubres (en el pasado el Levante era, por ejemplo, famoso por sus bellísimas costas y, la misma Valencia, en la que el cauce del río ha sido transformado en un ininterrumpido parque de atracciones o en la que, recientemente, entre los mietkasernen de la periferia de la ciudad han sido colocados unos monumentos a la modernidad tan vistosos, como inútiles y melancólicos), no podía más que conservar como remedio a tanta herida una severa ley como protección de sus monumentos y mucho más si estos no tenían un valor real, es decir un valor venal, y podían tranquilamente ser abandonados a su suerte.
El teatro de Sagunt es un caso ejemplar desde este punto de vista y parece incluso absurdo que haya sido elegido como ejemplo de reconstrucción sólo después de nuestra intervención. Lo que se veía antes de que interviniéramos era en un 80% obra de reconstrucción mimética (y de destrucción mimética porque cuando trabajábamos en el teatro había todavía un albañil que se acordaba de las varias cargas de dinamita que se utilizaron para derribar las partes más inseguras de la ruina, que luego había sido reconstruida y readaptada, precisamente de forma mimética, según la inspiración del restaurador de turno: hay una serie de fotografías como testimonio de todas estas etapas, bien visibles sobre todo entre el año 1958 y el año 1972, cuando se ve cómo crece la ruina y va tomando forma). Este trabajo de reconstrucción se realizó en toda la ruina, en la cavea particularmente, pues no hay ni una sola piedra vieja que sea auténtica, hasta el punto que su perfil no coincide siquiera con su recorrido interior original.
¿Por qué todo esto no se dice en absoluto en la pormenorizada descripción de los delitos perpetrados al monumento? Nosotros hemos dicho y dejado por escrito estas cosas una infinidad de veces. ¿Por qué nunca hemos sido llamados a declarar?
Si ahora la sentencia quiere que el monumento vuelva a su condición original, ¿por qué pide que se detengan sólo en las partes de nuestro de trabajo, un trabajo que lo que quería, no lo olvidemos, era remediar sobre todo la tortura mimética que se le había infligido antes de nuestra intervención, por ejemplo la forma de teatro griego que había asumido la ruina?
¿Por qué el demandante sólo quería esto y nada más que esto? Esta forma de proceder, ¿es justa por ley?
En mi opinión, pero creo que también en la de todas las personas razonables, pensar que se puede devolver a su condición de ruina artificial es absurdo, además de una locura.
Por lo demás esa ley, tal como está, continuará contribuyendo a que se creen falsificaciones, verdaderas y auténticas ilusiones ópticas en lugar de ruinas arqueológicas. Por lo menos nuestro trabajo ha servido para mostrar lo impracticable que es esa ley y lo dañina y nociva que es en los resultados.
Por lo menos nuestro trabajo ha servido para sacar a la luz muchos falsos problemas y muchas falsas esperanzas creadas adrede para las almas simples (la autenticidad de la ruina), nuestro trabajo ha planteado un problema concreto, el del destino de nuestros monumentos, de su supervivencia, pero también el de su reencontrada autenticidad, de su reconocimiento y utilidad, para toda la sociedad, para toda la ciudadanía, incluso para la comunidad a la que pertenece físicamente.
Hace mucho tiempo que nuestro trabajo ha acabado. Ya no nos toca a nosotros defenderlo. Ahora pertenece a su pueblo y a sus habitantes, son ellos quienes han de decidir su destino y no una ley obsoleta en opinión de los mismos juristas y que sólo sirve para crear falsificaciones. Nuestro trabajo ha llevado a cabo su tarea más general e importante, tanto si se conserva como testimonio perenne como si es cancelado, es decir, conducido para ser quemado, metafóricamente, en la hoguera.
A estas alturas es necesario decir (quizás no sea yo el más indicado) que hoy en ese lugar hay también una obra de arquitectura, hay un teatro y hay un museo que es, arquitectónicamente, parte integrante de ese teatro. Quiero decir que hoy allí, en ese lugar, hay una obra que no solamente tiene un valor venal, sino que ha sido acogida y con la que se han identificado no solo quienes la usan y la ven cada día, sino también las miles de personas que la han visitado y discutido sobre ella, que han leído y escrito sobre ella, que han tenido oportunidad de juzgarla a través de las publicaciones internacionales y que ahora se acercan a nosotros y sobre todo al teatro porque desean que se conserve.
¿No es suficiente todo esto? ¿No basta toda esta gran unanimidad de arquitectos, arqueólogos, artistas, escritores, actores, directores, críticos y autores para modificar una ley y proponer como alternativa la suspensión de la sentencia, mientras se aprueba una nueva ley, ahora que sólo una pequeña parte de quienes la habían querido al principio desea que sea ejecutada?
Toca ahora a quienes de una manera o de otra se sienten ofendidos o defraudados por lo que esta sentencia comporta elevar su protesta e indignación, si así lo creen. Ahora porque después será demasiado tarde.
Traducción: Júlia Benavent
* Giorgio Grassi, arquitecto italiano autor de la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto
* Levante-EMV - 17 de enero de 2008
NOTICIA RELACIONADA: Grassi dice que devolver el Teatro Romano a su estado de "ruina artificial" es una locura - Levante-EMV - 17 de enero de 2008
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19.1.08
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Ninette: Imputan al edil de Urbanismo, a la principal testaferro, a cuatro arquitectos y a tres directivos de banco por la trama delictiva
LAVERDAD/Murcia* : A la particular trama de esta Ninette, que comenzó a escribirse el martes con el registro del Ayuntamiento de Los Alcázares y la detención del ex alcalde Juan Escudero, el secretario municipal ya jubilado Diego Sánchez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso, así como el hermano de éste último y dos conocidos empresarios, se le sumaron ayer un buen puñado de nuevos personajes.
El argumento de esta historia de crónica negra se verá sin duda enriquecido, pues entre los veinte nuevos imputados por su supuesta relación con la red delictiva se encuentran el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, Alfredo Blanco; la principal testaferro de la trama, Inmaculada Camacho Escudero (a su vez cuñada de Ayuso y prima segunda de Escudero); tres directivos de entidades bancarias de la comarca del Mar Menor; cuatro arquitectos; una empleada de notaría y, a la vez, novia de Mariano Ayuso, de nombre Florentina Sánchez, y hasta una modesta ama de casa, Carmen Pérez, a cuyo nombre pusieron, sin ella sospecharlo, una valiosa finca.
Los nuevos imputados, que llegarán a veinte y que ayer comenzaron a prestar declaración, bien podrían haber acabado siendo conducidos a Comisaría con las esposas puestas, pues con esas aviesas intenciones se aventuraron por Murcia los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales (BBC) de la Comisaría General de Policía Judicial que han desarrollado la investigación. Fue la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de San Javier, Eva María Algar, la que decidió -según fuentes próximas al caso- que el número de detenciones se limitase a las seis mencionadas antes, y que el resto de supuestos implicados en la trama fuesen citados como imputados.
Intensa actividad
El trasiego por las dependencias policiales de Cartagena de estos supuestos implicados en la trama de corrupción se inició ayer por la mañana, y uno de los primeros en comparecer fue el concejal de Urbanismo de Los Alcázares, Alfredo Blanco, de quien se sospecha, si no complicidad con los principales acusados, sí al menos que hubiese consentido las supuestas irregularidades urbanísticas que se habrían cometido y que afectan a su departamento. Consideran fuentes de la investigación que Blanco difícilmente puede alegar ignorancia, ya que lleva tres legislaturas como concejal y tiene gran experiencia en materia de urbanismo. El edil acudió acompañado de su abogado, Aurelio Llanes Castaño, y, después de unas cinco horas, abandonó las dependencias hacia las cuatro de la tarde. Blanco comparte letrado con su antiguo compañero y a la vez jefe de la Corporación, el ex alcalde Escudero.
Con todo, la declaración más esperada con diferencia es la que ayer prestó Inmaculada Camacho Escudero, considerada la principal testaferro de la red, toda vez que figuraba como administradora única de varias sociedades -Dorma Golf S.L., Ilka Baley S.L. y Dekema Bull S.L.- que la trama habría utilizado para adquirir solares de titularidad pública y privada de gran valor. Las sospechas de los investigadores es que los miembros de la red de corrupción utilizaron esas mercantiles para que los millonarios bienes que iban llegando a sus manos no figurasen a su nombre, sino al de una persona de su máxima confianza. Inmaculada Camacho habría jugado ese papel.
Y la esposa de Escudero
Otra de las personas que ayer declararon en calidad de imputada es la mujer de Escudero, Aurora Martínez Zapata, quien acudió a comisaría acompañada por su hermana y abogada, Piedad Loreto, quien previsiblemente le prestó asistencia letrada, y por la hermana del ex alcalde, Ana Escudero.
Dos más de entre los nuevos imputados son el técnico municipal de Urbanismo Salvador Galián, y Segismundo Martínez Pardo, contable de la empresa Garcerán Construcciones S.L., cuyo propietario, Valero Garcerán, y su hijo Francisco Javier se encuentran entre los detenidos. El registro de la empresa duró hasta la madrugada de ayer.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 18 enero 2008
Foto: Los Alcázares (Murcia), entrada ayuntamiento - laverdad.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
Denuncian al Ayuntamiento de El Puerto por no parar obras de campo de golf
LAVOZDIGITAL/Cádiz* : Ecologistas en Acción ha presentado en el Juzgado de lo contencioso administrativo una demanda contra el Ayuntamiento de El Puerto por no paralizar las obras "ilegales" en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango para construir un campo de golf.
Según un comunicado de la organización conservacionista, el TSJA anuló mediante sentencia de noviembre de 2005 las licencias otorgadas el 10 de octubre de 2002 a la entidad Golf El Puerto S.A. para construir el campo de golf en las fincas Cerro de las Cabezas y Viña Rango.
Ecologistas en Acción denunció al Ayuntamiento la continuación de estas obras consistentes en movimientos de tierra, obras de urbanización, construcción de viales y canalizaciones, tanto en el propio ámbito del citado campo de golf como en las inmediaciones de la carretera de Sanlucar, y dirigió un escrito al alcalde, Enrique Moresco (PP), en el que denunciaban los hechos.
Tras un "silencio administrativo" en relación a la denuncia mencionada, y como quiera que las obras denunciabas continuaban, Ecologistas reiteró dicha denuncia el pasado diciembre, solicitando la paralización de las obras, la restitución de los terrenos a su estado originario, y la apertura de los expedientes sancionadores.
Según ha añadido la organización, el Ayuntamiento portuense, "lejos de proceder en la forma prevista Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía", se ha pronunciado a través de los medios informativos expresando que las obras "han sido inspeccionadas y que cuentan con la autorización del anterior equipo de gobierno, licencia que en todo caso se nos ha negado".
Asimismo, han solicitado al Juzgado la suspensión de las obras denunciadas.
* La Voz Digital - 18.01.08
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), obras golf - lavozdigital.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Resquicios legales demoran años el derribo de construcciones ilegales
LAVOZ/A Coruña* : Hace sólo unos días que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmaba la orden de demolición de dos viviendas en A Pedra do Sal (Carballo) dictada por la Consellería de Política Territorial hace cuatro años. Sentencias similares afectan a un buen número de construcciones en la Costa da Morte, pero la misma legislación que sustenta la actuación de los jueces también hace posible que los infractores busquen cualquier resquicio para demorar, en ocasiones durante décadas, la ejecución de las resoluciones de los tribunales.
De hecho, son muy pocas las demoliciones que llegan a consumarse, a pesar de que los denunciantes -casi siempre particulares- recurren de forma reiterada a los juzgados para exigir la reposición de la legalidad.
Éste es el caso de Manuel Ramas Bellón, un carballés que reclama desde el 2002 la ejecución de una sentencia en la cual el TSXG otorgaba al Concello de Carballo, «y, en particular, a su señor alcalde-presidente», un plazo de 15 días para «abrir expediente repositorio de la legalidad urbanística» de una casa situada en la avenida de Fisterra. El propietario del edificio, José Cotelo Pérez, había solicitado en 1997 una licencia para reformar la fachada y la cubierta del edificio, pero, según el tribunal, las obras no se ajustaron al permiso concedido por el Ayuntamiento, como decía el denunciante. También aceptó el argumento de que el inmueble se encontraba fuera de ordenación, aunque rechazó el relativo a su situación ruinosa.
Aquellos 15 días pasaron sin que el Concello de Carballo tomase las medidas ordenadas por el TSXG. En el 2006, a instancias de Ramas Bellón, el Ayuntamiento retomó el caso y abrió el expediente. Los servicios técnicos municipales ya han elaborado su informe, y ahora están pendientes las indicaciones jurídicas, porque, en opinión del concejal de Urbanismo, José Antonio Viña, «hai que interpretar en que consiste repoñer a legalidade». Además, el gobierno local ha recibido un requerimiento de la Fiscalía pidiendo información sobre la actuación de la Administración local.
En la misma avenida de Fisterra, a pocos metros de distancia, se sitúa otro inmueble en parecida situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ordenó en 1998 la demolición de un edificio de cinco plantas, también a raíz de la denuncia de un particular y después de que el Ayuntamiento aprobase una licencia basada en una modificación urbanística que, según el TSXG, no se ajustó a derecho. El fallo fue ratificado en el 2002 por el Supremo, y el Concello de Carballo ordenó el derribo en agosto del 2006, pero tampoco se ha ejecutado. «O propietario presentou un recurso de reposición e acudiu ao contencioso-administrativo contra a orde de demolición», explicó el concejal de Urbanismo.
En otro punto de la Costa da Morte, en Fisterra, esta misma semana salieron a licitación los trabajos de demolición de una vivienda situada en Calcoba. Pero detrás de esta decisión están 25 años de pleitos entre vecinos a raíz de la construcción, sin licencia, de la polémica casa, y numerosas órdenes de paralización y derribo que fueron desoídas por los propietarios del inmueble.
Como en el caso anterior, también en 1984 se levantó sin licencia un edificio en Corme. En este caso, la obra fue parcialmente legalizada en el 2002, pero la normativa urbanística sólo permite tres pisos y bajo cubierta, por lo que será preciso derribar las dos plantas superiores y, en todo caso, reconvertir la cuarta en ático. El Concello de Ponteceso ha encargado el proyecto, aunque los afectados anunciaron su intención de recurrir.
Otras veces son los propios vecinos quienes se oponen a la ejecución de las resoluciones judiciales, como ocurrió en el 2006 en Anllóns (Ponteceso), donde la orden de derribo de una casa ilegal provocó movilizaciones en contra.
* La Voz de Galicia - 18/1/2008
Foto: casal - lavozdegalicia.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
Un viceconsejero de Aguirre, citado como imputado en el 'caso Guateque'
ELPAÍS/Madrid* : El actual viceconsejero madrileño de Transportes, Luis Armada, ha sido citado hoy a declarar como imputado por el juez Santiago Torres, que instruye la investigación contra una presunta trama de cobro de comisiones por la tramitación de licencias en el Ayuntamiento de Madrid. Armada estuvo, entre 1997 y 2003, al frente de la Gerencia de Urbanismo del Consistorio de la capital y, según fuentes judiciales, se le acusa de un presunto delito de tráfico de influencias. Se trata del primer cargo de designación política implicado en la trama de corrupción.
La citación judicial recoge que el Juzgado de Instrucción número 32 tomará declaración a Armada el próximo 23 de enero a las doce de la mañana en calidad de imputado en la Consejería. No detalla e ni los cargos que le imputa, ni las licencias sobre las que le va a requerir información. Pero, según fuentes judiciales, se investiga por un presunto trato de favor respecto a su propia vivienda. En concreto, posibles irregularidades en la obtención de una licencia para retejar el sótano del edificio de su propia vivienda, situada en la calle de La Bola. El magistrado ha admitido a trámite una denuncia de un particular sobre este asunto, en el que se da cuenta de que el viceconsejero "se aprovechó de su cargo al frente de Urbanismo para beneficiarse personalmente".
Luis Armada es actualmente viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid y lleva en el Gobierno regional en las dos legislaturas de Esperanza Aguirre. Sin embargo, el juez el ha citado por su etapa en el Ayuntamiento de Madrid, en concreto como gerente de Urbanismo cuando José María Álvarez del Manzano estaba al frente del Consistorio. Armada tuvo que abandonar el cargo casi al final de su mandato, en febrero de 2003, tras ser condenado por el Juzgado de lo Penal número 20 de Madrid por el incumplimiento de la orden de demolición de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes. El político popular fue inhabilitado durante 16 meses para ocupar un cargo público.
Su firma, en 36.000 licencias
Cuando Alberto Ruiz-Gallardón ganó las elecciones municipales en mayo de 2003, Luis Armada fue nombrado consejero-delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), pero en noviembre de ese año, al ganar Esperanza Aguirre las elecciones de octubre en la Comunidad de Madrid, pasó a la Administración regional como consejero de Transportes e Infraestructuras, cargo en el fue reafirmado
tras las elecciones autonómicas de 2007. Desde marzo de 2007, Armada es además vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Valencia. El propio Armada ha confirmado a este periódico que ha sido citado a declarar como imputado, una noticia que no le ha sorprendido. De hecho, "esperaba que le citaran" en cualquier momento, dada la responsabilidad que ejerció durante seis años en la Gerencia de Urbanismo". Sin embargo, ha asegurado estar "muy tranquilo" porque no cometió ninguna irregularidad, a lo que ha añadido que le dará al juez todas las explicaciones necesarias. Armada ha subrayado que su etapa al frente de Urbanismo fue "modélica". Entre 1997 y 2003, Armada otorgó 36.000 licencias.
La noticia debe sorprender al Gobierno de Aguirre, ya que hace apenas unos días, el vicepresidente primero de la Comunidad, Ignacio González, afirmaba que el Ejecutivo "no tiene ninguna preocupación" y que "no es nada que tenga que ver con la Comunidad de Madrid". Al respecto, fuentes del Gobierno regional se han limitado a recordar que, cuando se produjeron los hechos por los que Armada está siendo investigado, éste trabajaba en el Ayuntamiento. La citación, según las mismas fuentes, no tiene nada que ver con su cargo en la Comunidad de Madrid.
La semana pasada, este periódico publicó el contenido de unas grabaciones del sumario del caso Guateque, que recogía una conversación telefónica entre uno de los empresarios detenidos, Antonio Sanz Escribano, con José Almansa, copropietario de la sala de fiestas 'La Botellita', situada en el número 63 de la calle de Serrano. El dueño del establecimiento se jactaba de que Aguirre les iba a ayudar a abrir sin licencia.
El PSOE ve un "componente urbanístico"
El portavoz de Urbanismo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Pedro Sánchez, ha señalado que la citación de Armada muestra que la operación "no es sólo una trama que se dedica a temas de licencias" sino que tiene "un componente urbanístico indudable". Sánchez ha criticado el "desgobierno" del Ejecutivo municipal.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 18/01/2008
Foto: Madrid, interior nueva sede Ayuntamiento - Arquimática (El País)
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La Fiscalía negocia un máximo de seis años de cárcel por todas las licencias ilegales de Marbella
MÁLAGAHOY* : La Fiscalía negocia tras ser requerida por los abogados de los ex ediles del GIL, entre los que está el ex alcalde Julián Muñoz, un trato para evitar que los casos por delito urbanístico en Marbella se eternicen en los juzgados de Málaga. El acuerdo, muy avanzado, está sólo pendiente de concretar la condena que tendrán que cumplir los ex concejales por las decenas de causas que atascan los tribunales, aunque esa pena no será en ningún caso superior a los seis años de cárcel.
¿Por qué es así? Fuentes del Ministerio Público precisaron ayer que se trata de "delitos conexos" que tienen por Ley un límite de cumplimiento de condena, que es el triple de la pena mayor que establece el Código Penal. El artículo 320, el que contiene el tipo de delito del que se acusa a los ex ediles, fija un máximo de dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. Es decir, el máximo serían seis años de prisión.
Éste es el límite y la negociación se moverá de ahí para abajo, por lo que el trato se podría cerrar incluso con una pena menor a esos seis años. Fuentes jurídicas explicaron ayer que se baraja la posibilidad de que al acuerdo se selle finalmente con tres años de cárcel. Lo que la Fiscalía tiene claro es que partirá de una pena de prisión y no de multa, que es la otra opción que permite el delito. Las fuentes apuntaron que eso es "innegociable" y que el trato sólo afectará a las licencias de obras, no a los procedimientos por los convenios urbanísticos u otras irregularidades que se imputan a los ex concejales de Marbella. Otra condición, según las fuentes del Ministerio Público, es que los ex miembros del GIL asumen la "culpabilidad" de los procedimientos que tienen pendientes.
La reflexión de la Fiscalía es que si la Ley establece un límite de cumplimiento de pena para los delitos conexos, las decenas de causas por delito urbanístico que hay pendientes se convierten en "una carga" para la Administración de Justicia, es decir, llegaría un momento en el que los juicios no servirían para nada. Uno de los objetivos que persigue el Ministerio Público es, por tanto, la "economía procesal". Las fuentes puntualizaron que se busca que el acuerdo sea "positivo" para la Justicia y que ésta salga beneficiada. Descartaron que se trate de una acumulación de casos.
Los contactos se iniciaron a finales del año pasado y el primer interlocutor al que se dirigieron los abogados fue el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que después derivó el tema a la Fiscalía malagueña. El trato podría estar ultimado en febrero, antes de que se celebre el próximo juicio por delito urbanístico, que es el del caso Belmonsa.
El primero que habló ayer del pacto fue el abogado Pablo Luna, defensor de uno de los ex concejales del GIL. Lo hizo tras un juicio por delito urbanístico celebrado en el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga en el que los acusados se conformaron con la petición de pena solicitada por la Fiscalía por la concesión de sendas licencias que autorizaban la construcción de 89 apartamientos en un suelo rústico.
Tras la vista, que duró unos 30 minutos precedidos de más de una hora de negociaciones, Julián Muñoz, Marisa Alcalá y Rafael González fueron condenados a un año de prisión y siete de inhabilitación para cargo público, pena que en el trámite de ejecución se conmutó por una multa de 10.800 euros. José Luis Troyano, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones y José Luis Fernández Garrosa fueron penados a seis meses de cárcel, aunque la ejecución ha quedado suspendida durante tres años. Javier Lendínez, otro de los acusados, será juzgado otro día porque su abogado no pudo asistir al juicio.
Pablo Luna apuntó que la de ayer fue "la primera manifestación pública" de las negociaciones que se llevan a cabo con la Fiscalía. "Empezamos una serie de conversaciones para el bien de todos, entre ellos, la Administración de Justicia por el exceso de trabajo que puede significar la cantidad de juicios pendientes", dijo. Las fuentes del Ministerio Público apuntaron que el cambio de criterio de ayer en cuanto a la sustitución de la pena de prisión por una multa es "excepcional" y se hizo para "no obstruir el proceso de negociación". La Fiscalía siempre pide cárcel en los casos por delito urbanístico en Marbella.
* Málaga Hoy - Esperanza Codina / Málaga - 18.01.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Más de 200 expertos buscan en Almería un protocolo para gestionar la costa
IDEAL* : Más de 200 expertos de los 21 países de la cuenca y la Unión Europea debaten esta semana en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce junto a los ministros de Medio Ambiente de Albania, Croacia, Eslovenia, España, Israel, Italia, Montenegro y Túnez, así como los viceministros de Siria y Bosnia Herzegovina un modelo de gestión para las zonas costeras en la XV Conferencia de las Partes del Convenio para la Protección del Medio Marino y la Región Costera del Mar Mediterráneo, conocido como Convenio de Barcelona.
El principal objetivo es analizar y recomendar la adopción de un nuevo Protocolo para la Gestión Integrada de las Zonas Costeras Mediterráneas, presentar la que será conocida como 'Declaración de Almería', y mejorar y facilitar la transferencia de información sobre las actuaciones ya realizadas en el marco del convenio para, de este modo, incrementar su visibilidad.
El director general de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, José Fernández, pidió ayer a los representantes de los 21 países mediterráneos que participan en la cumbre que establezcan un "cambio radical" en el modelo de gestión del litoral.
Durante el acto de inauguración de la conferencia, que se celebra hasta el viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce con el objetivo de revertir los efectos del cambio climático en el Mediterráneo, el director general de Costas señaló que el "reto actual no consiste en hacer lo mismo pero mejor", sino en establecer un "cambio radical del modelo" de gestión en este mar.
España es el país anfitrión de esta reunión del Plan de Acción del Mediterráneo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), conocido como 'Convención de Barcelona', en la que los representantes reunidos persiguen la aprobación de un nuevo Protocolo de Gestión Integrada de la Zona Costera.
Este documento, que deberá ser ratificado por los 21 países miembros, tendrá un contenido vinculante y podría establecer, entre otras medidas, la obligación para todas las partes de preservar de edificaciones e infraestructuras los cien primeros metros de la línea de costas.
Desequilibrios
Fernández, máximo representante de España en esta conferencia de la ONU hasta la incorporación mañana de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó asimismo la "necesidad urgente" de poner en marcha medidas eficaces con las que corregir los "desequilibrios" en el litoral mediterráneo.
El agotamiento de "ciertos modelos insostenibles" que se han mantenido durante las últimas décadas, además de los cambios en el uso del suelo y de la acción del cambio climático, han propiciado una «alteración drástica» de los ecosistemas de algunas regiones mediterráneas, cuyo litoral, ha dicho, precisa de una gestión integrada por todos los países ribereños.
En este sentido, y ya en declaraciones a la prensa, el responsable ha indicado que el nuevo protocolo será un "instrumento potente" que fijará reglas comunes y de obligatorio cumplimiento para todos los países firmantes, con el fin de evitar "la fragmentación territorial, sectorial, administrativa y política" y afrontar los grandes retos de un mar "en donde muchas zonas costeras se están deteriorando progresivamente".
El Jefe de la División de Protección del Medio y de los Ecosistemas Marinos, Javier Cachón, explicó a Efe que la aprobación de este documento servirá para establecer un compromiso común de respeto a la línea de costas, una medida que España contempla en su legislación, pero sobre la que "no hay nada en algunos países del área mediterránea".
España como ejemplo
Cachón añadió que "España es un ejemplo de gestión del litoral", aunque ha matizado que su litoral no está a salvo de amenazas como el exacerbado desarrollo urbanístico, la sobreexplotación pesquera, los vertidos o los efectos del calentamiento global en un mar especialmente sensible, debido a su condición interior.
Esta semana los representantes reunidos en la conferencia abordarán, asimismo, la puesta en marcha de nuevos planes de acción para la protección de los arrecifes de coral y las tortugas marinas, además del estudio de las técnicas de captura y del secuestro de dióxido de carbono en estructuras geológicas submarinas del Mediterráneo.
El tramo ministerial del encuentro tendrá lugar durante la jornada de hoy bajo el lema 'Los retos del cambio climático en el Mediterráneo', al que se incorporarán los responsables de los departamentos de Medio Ambiente de los distintos países mediterráneos.
* Ideal Almería - 16.01.08 - M. J. M. (EFE)
Foto: Málaga, costa saturada - Arciniega, laopiniondemalaga.es
NOTICIA RELACIONADA: Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo - Ecologistas en Acción - 17 de enero : España se encuentra muy lejos de cumplir sus compromisos de protección del Mediterráneo. Ecologistas en Acción advierte que esta falta de seriedad y voluntad política de la administración en el cumplimiento de la normativa vigente está dejando muy mermados los ecosistemas y recursos naturales del mediterráneo...
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18.1.08
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