España: Terapia de choque para la costa

ELPAÍS* : En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas. Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pulpí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...

Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.

Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.

Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.

"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.

El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.

Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.

Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.

Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.

La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.

Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.

Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.

El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.






* ELPAIS.com - J. M. ROMERO / R. MÉNDEZ - Madrid - 29/10/2007
Foto: El Sauzal (Tenerife), derribo de 418 viviendas - MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (El País)




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Madrid: Un informe reconoce que las viviendas de la Cañada no son chabolas

MADRIDIARIO* : Un informe del Ayuntamiento de Madrid del mes de marzo reconoce que las construcciones de la Cañada Real no son "chabolas" o "infraviviendas" sino una serie de "viviendas unifamiliares de dos o tres plantas (con servicios anexos tales como barbacoas, granjas, etc...) todo ello sin licencia municipal".

La categoría de edificación es trascendental para el tratamiento que deben recibir para el desalojo y derribo, y para determinar la responsabilidad sobre este macroasentamiento en el que se calculan que habitan 40.000 personas.

Así, este informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones, del departamento de Urbanismo que dirige Pilar Martínez, apunta que la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera el chabolismo como un fenómeno alegal no urbanístico que puede resolverse con desalojo y demolición "por razones constatadas de seguridad o salubridad, por ocupar suelo de titularidad pública, por obstaculizar la ejecución del planeamiento urbanístico o atendiendo a razones sociales derivadas del posible realojo de los ocupantes".

Sin embargo, el informe subraya que las edificaciones de la Cañada "no son propiamente chabolas o infraviviendas". "Aún existiendo una tipología edificatoria muy diversa se trata con carácter general de construcciones consolidadas de fábrica de ladrillo, que ocupan una o dos plantas (a veces más) con distribuciones de piezas habitables, materiales, servicios y acabados más propios de viviendas unifamiliares que de infraviviendas", y añade: "precisamente los informes policiales denuncian la construcción de auténticos 'búnkeres' de hormigón y puertas acorazadas casi inexpugnables".

El informe "no cambia nada"
El Ayuntamiento de Madrid restó este lunes importancia al estudio que determina que muchas de las edificaciones de la Cañada Real Galiana tienen la catalogación urbanística de viviendas unifamiliares, ya que "no cambia nada" porque estas construcciones "continúan siendo ilegales".

Así, fuentes municipales confirmaron que los procesos abiertos para el desalojo y derribo de algunas edificaciones de la Cañada Real no se verán afectados aunque se traten de viviendas unifamiliares y no chabolas. Éstas últimas, según la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que recoge el informe de la Subdirección General del Régimen Jurídico y Control de Edificaciones del Área de Gobierno de Urbanismo, sí pueden someterse a procesos de desalojo y derribo.

Las mismas fuentes indicaron que si las construcciones que actualmente se levantan en la Cañada Real Galiana se consolidasen, dejarían de ser ilegales, pero esta situación no se ha producido, por lo que la mayoría de las viviendas no cuentan con las licencias municipales oportunas.

Además, desde el Gobierno que dirige Alberto Ruiz-Gallardón se insistió en que la solución a los problemas de este asentamiento que se extiende desde la incineradora de Valdemingómez hasta la A-3 (autovía de Valencia) pasa por que la Comunidad de Madrid convoque una reunión con todos las administraciones implicadas.







* Madridiario - 29-10-2007 - MDO/EP
Foto: Madrid, casa Cañada Real - madridiario.es




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Ronda: Cuenca Mediterránea vuelve a denegar el agua a Los Merinos

ELPAÍS/Málaga* : La Cuenca Mediterránea Andaluza ha negado ya en dos ocasiones autorización para que la urbanización Los Merinos Norte, que contempla 781 viviendas y dos campos de golf en un paraje próximo a Ronda, pueda abastecerse de los acuíferos de la zona al considerar que las necesidades de consumo son "incompatibles" con el plan hidrológico de la cuenca, que se caracteriza por sus recursos deficitarios.


En el último informe se descarta además la posibilidad de que la urbanización pudiera recibir agua reciclada de la nueva depuradora de Ronda para el riego de los campos de golf, como han pactado la promotora y el Ayuntamiento pese a que éste carece de competencias para disponer del caudal.

En noviembre de 2005 la Cuenca Mediterránea Andaluza negó la concesión de caudales a Club de Campo y Golf, sociedad promotora del polémico complejo de Los Merinos Norte, cuyo proyecto de urbanización, aprobado por el Ayuntamiento de Ronda en febrero de 2006 está impugnado por la Consejería de Obras Públicas ante un juzgado que ha negado la suspensión cautelar de los trabajos. Meses después de aquella negativa, la promotora presentó a la Cuenca un nuevo esquema de aprovechamiento de agua que a su juicio no rompería el equilibrio hídrico. En la primera ocasión, la promotora pidió extraer del acuífero del que se abastecen las poblaciones de Arriate y Cuevas del Becerro un caudal de 595.570 metros cúbicos anuales, que la Cuenca consideró "desproporcionado" porque suponía una dotación anual por habitante y día de 520 litros, cuando el plan hidrológico sólo permite un máximo de 350 en la zona. En la nueva petición se solicitaba un caudal menor, 198.377 metros cúbicos anuales, y se proponían una serie de pruebas sobre el acuífero que la Cuenca rechazó también.

Aunque en esta segunda solicitud se pedía menos agua, se reconocía una necesidad de abastecimiento total para la urbanización mayor a la pretendida en la primera, 880.745 metros cúbicos anuales, aunque 682.368 metros cúbicos serían obtenidos de la depuradora de Ronda y de la que se construirá en la urbanización para el riego de los campos de golf, zonas verdes y baldeo de calles.

Uno de los motivos de la denegación es la falta de justificación de este caudal. La promotora invocó un convenio con el Ayuntamiento de Ronda para obtener 4.000 metros cúbicos diarios de la nueva depuradora de la ciudad. Pero, según el informe de los técnicos de la Cuenca Mediterránea, la planta de Ronda no tendrá tratamiento terciario que es el que permite la reutilización del agua, y además el Ayuntamiento no tiene la concesión ni el derecho de cesión del agua de la depuradora, que pertenece a la Agencia Andaluza del Agua. Además, la Cuenca adujo también que detraer 4.000 metros cúbicos del río Guadalevín provocaría un "inevitable impacto", que impediría los regadíos del bajo Guadiaro y aumentaría el riesgo de mortandad de peces.
Efectos irreversibles

Las obras de urbanización previas al inicio de la construcción del complejo urbanístico continúan en Los Merinos y han afectado ya a varios centenares de encinas, según denuncian las asociaciones ecologistas que se oponen al proyecto. Silvema lamenta que la juez de lo contencioso argumentara que las posibles afecciones se pueden restituir para denegar la suspensión cautelar de los trabajos. Para los ecologistas, los efectos ecológicos son irreversibles. La licencia está impugnada porque según la Junta el proyecto autorizado por el Ayuntamiento de Ronda incumple el informe de impacto ambiental y produce una transformación de más del 25% del territorio.

En los últimos días también ha habido novedades en el procedimiento penal. El fiscal ha remitido las diligencias que abrió a los juzgados de Ronda para que investiguen la comisión de un posible delito contra la ordenación del territorio o contra los recursos naturales y el medio ambiente. El fiscal ha pedido que se elabore un informe sobre el impacto de los trabajos realizados y que el Ayuntamiento de Ronda informe sobre si se están ejecutando las obras para la conducción del agua reciclada.







* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 29/10/2007
Foto: Ronda (Málaga), Los Merinos - 20minutos.es




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'La expansión urbanística es la responsable de las inundaciones alicantinas de la semana pasada'

EUROPAPRESS* : WWF/Adena afirmó este lunes que "la expansión urbanística es la responsable de las inundaciones que se produjeron la semana pasada en el litoral alicantino", tras las lluvias torrenciales que azotaron al litoral alicantino la semana pasada. Por otro lado, la entidad hizo hoy un llamamiento a la Generalitat Valenciana para que "revise los planes de ordenación urbanística del litoral con el fin de evitar que se repitan en un futuro los impactos de las avenidas o crecidas".

"Las dramáticas consecuencias de las intensas precipitaciones que asolaron el litoral alicantino durante la pasada semana ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de desarrollar y aplicar políticas efectivas de ordenación territorial que minimicen el impacto de las lluvias torrenciales", añaden.

Asimismo, desde WWF/Adena explican que "la ocupación del litoral, de los barrancos y ramblas sufrida en los últimos años para la construcción de viviendas o infraestructuras, ha destruido los ecosistemas naturales capaces de paliar los efectos de las avenidas, como riberas, humedales, saladares o llanuras de inundación. Los Planes Generales de Ordenación Urbana que aprueban los Ayuntamientos y, en última instancia la Generalitat Valenciana, así como la insuficiente aplicación de la Ley de Regulación de Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, han llevado a la Generalitat Valenciana a ser un mal ejemplo para toda la Unión Europea, contando con numerosas denuncias de grupos conservacionistas y de la propia Comisión Europea".

Según la organización ecologista, "la Generalitat Valenciana reconoce la existencia de cientos de miles de viviendas construidas en zonas calificadas como 'inundables'. Sin embargo, no sólo no asume su responsabilidad si no que ha acusado al Ministerio de Medio Ambiente como responsable de la catástrofe por no mantener los 'cauces limpios'".

WWF/Adena recuerda que " tal y como se ha puesto de manifiesto en el II Seminario Internacional de Restauración de Ríos, celebrado esta semana en Madrid, la vegetación natural asociada a los cauces constituyen un elemento esencial de protección y no es, en ningún modo, la responsable de los efectos de las inundaciones".

Por su parte, la portavoz del Grupo de Alicante de WWF/Adena, Nuria Moreno, señala que "la única manera de revertir esta situación es impulsar un profundo cambio en la política de ordenación territorial, diseñando estrategias para proteger y conservar el dominio público hidráulico y el costero. La Generalitat Valenciana no puede continuar anunciando planes millonarios para paliar los efectos de posibles avenidas, mientras continúa permitiendo la construcción en zonas inundables".

Por último, WWF/Adena insiste en que "la Generalitat Valenciana invierta mayores esfuerzos en la aplicación efectiva con criterio de sostenibilidad de la legislación vigente y en la necesidad de que las administraciones locales no se comprometan a legalizar, con fines electorales, en los próximos Planes Generales de ordenación Urbanística las viviendas construidas en el dominio público hidráulico o costero".

Este tipo de lluvias son habituales en esta época del año debido al fenómeno de carácter natural de la llamada 'gota fría' que afecta principalmente, a la costa mediterránea. Los ecosistemas naturales asociados al litoral y a los ríos y barrancos mediterráneos constituyen un elemento fundamental de protección frente a inundaciones ya que cumplen una función amortiguadora por su elevada capacidad de infiltración de las aguas.







* Europa Press - MADRID, 29 Oct
Foto: Alicante, inundaciones - Europa Press




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País Vasco: 40.000 pisos amenazan el litoral

ELPAÍS* : Euskadi no es Marbella ni la costa del Mediterráneo, pero la presión urbanística sobre el litoral crece con claridad. En Vizcaya existen proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas, mientras que en Guipuzcoa sólo en Orio ya está prácticamente culminado el plan de levantar 300 pisos junto a la costa. Los proyectos de ordenamiento supramunicipales (los planes territoriales parciales, o PTP) ya aprobados por el Gobierno permiten la edificación de cerca de 20.000 viviendas junto al mar, sólo en la costa vizcaína, a lo largo de los próximos ocho años, cifra que previsiblemente se duplicará cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa.

La organización ecologista Greenpeace ha alertado de los peligros de urbanización en la costa, aunque aplaude la aprobación definitiva, en marzo pasado, del Plan Territorial Litoral, que protege una franja de 500 metros de ancho a partir de la ribera del mar.

La mayor presión se localiza, según han constatado los colectivos ecologistas, en la costa vizcaína y, en concreto, en la franja más cercana a Bilbao, entre las localidades de Bakio y Getxo.

En Guipúzcoa, la principal polémica se ha centrado en Orio, una localidad de menos de 5.000 vecinos, donde la revisión el pasado año de las normas subsidiarias va a permitir edificar más de 700 nuevas viviendas. De ellas, 300 ya están prácticamente construidas y un centenar se edificaron casi al límite de lo establecido por la ley de Costas, que fija una protección de 100 metros.

La otra zona más apetecible urbanísticamente en territorio guipuzcoano, la de Donostialdea, tiene aún pendiente de aprobación su Plan Territorial Parcial, uno de los 15 en que se dividió hace 17 años todo el País Vasco, de los que ocho todavía se hallan sin elaborar. Estos documentos, que resultan vitales para la ordenación urbanística, nacieron de la Ley de Ordenación del Territorio, aprobada en 1990. Su objetivo es dibujar las líneas maestras de lo que debe ser el futuro del territorio para un área determinada.

Los ecologistas alertan de que en las dos últimas décadas la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005, según un informe del Departamento de Vivienda. "Los mayores peligros de urbanización se centran en la franja costera. Getxo, Bakio, Lezama, Gatika, Sopelana y Berango ven cómo cada año aumenta la construcción de viviendas", señala el último informe de Greenpeace que analiza la situación del litoral vasco.

En este caso el conflicto de más calado se registra en Bakio (poco más de 2.100 habitantes), donde existen planes para construir 1.900 viviendas, incluyendo un campo de golf. El Departamento de Medio Ambiente ya ha cuestionado este plan. Otro ejemplo: en Ondarroa (9.200 vecinos) el Ayuntamiento promueve construir 500 viviendas sobre una marisma.

Ha habido casos que se han topado con los tribunales. El Tribunal Superior vasco anuló hace tres años la recalificación, ahora pendiente de recurso en el Supremo, de 18 hectáreas en un zona protegida de Barrika, donde los intentos de edificar se remontan 20 años. Pese a ello, 14 de las 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo, ya están finalizadas y habitadas. En Urdaibai, los tribunales también han parado la recalificación impulsada por el Gobierno para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27,8 hectáreas en Ibarrangelu, en pleno corazón de la Reserva de la Biosfera.

Los planes territoriales parciales prevén "una mancha urbanística" mayor. El principal de todos los elaborados, el del área metropolitana de Bilbao que afecta a la mitad de la población vasca, junto a una extrapolación del aún pendiente de Gernika-Markina, permiten la edificación de más de 20.000 viviendas en zonas costeras de Vizcaya. Faltan todavía por aprobar los de Donostialdea y el resto del litoral guipuzcoana, con lo que esa cifra se duplicará.

La Diputación de Vizcaya, que ha elaborado el proyecto del área metropolitana ya aprobado, señala que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que se edificarán.
Los efectos de la "redensificación"

Los planes territoriales parciales de los últimos años inciden en una filosofía: aprovechar mejor el escaso suelo disponible. La idea se llama "redensificación" y busca evitar la construcción de chalés, que además de ocupar más terreno complican la movilidad. Así, de los 88.000 pisos propuestos en el área metropolitana de Bilbao, casi 25.000 provendrían de esa redensificación de áreas de chalés, principalmente cercanas al metro o al ferrocarril.

Los cambios se centrarán en Getxo, donde ahora la densidad se eleva a de cinco a seis viviendas por hectárea. El documento plantea que ese ratio se eleve a una horquilla de 50 a 75 viviendas por hectárea. La Diputación vizcaína asegura que los ayuntamientos se han concienciado de la necesidad de evitar el consumo de suelo.

Los ecologistas ven la "trampa" en este planteamiento: "Ahora en una hectárea haces 10 viviendas unifamiliares. Con esto pueden meter cuatro veces más, pero no se genera espacio libre, porque tienes que hacer la urbanización, con sus calles y zonas de tránsito".

Lo que les suena bien a los ecologistas es el Plan Territorial Litoral, aprobado en marzo. Afecta a una superficie de 1.100 kilómetros cuadrados (el 15,5% de Euskadi, donde vive el 60% de la población en 63 municipios). El plan no permitirá, salvo excepciones, nuevas edificaciones a menos de 500 metros del mar. "Es una buena noticia, pero se trata ahora de comprobar que no se quede sólo en el papel", dicen los ecologistas. Medio Ambiente admite que no afectará a recalificaciones aprobadas antes de marzo, pero sí a cambios significativos que se quieran hacer.







* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 28/10/2007
Foto: Pisos construidos junto a la costa- SANTOS CIRILO (El País)




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La Síndica rechaza las 1.200 casas en l´Atzúvia al no garantizarse el agua ni el desarrollo sostenible

LEVANTE-EMV/Alacant* : Varapalo a los contundentes planes urbanísticos de l'Atzúvia. La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha redactado un informe en el que advierte de las graves deficiencias de las que adolecen los tres planes parciales contemplados por ese ayuntamiento y que supondrían, según datos del propio consistorio, la construcción de 1.200 viviendas para una población de unos 600 habitantes.

Por este motivo, Caballero rechaza la aprobación de esos tres PAI y su suspensión provisional, y atiende así una petición del grupo Gelibre, que eleva el número total de casas a construir a 1.958 y que desde hace tiempo viene oponiéndose a las pretensiones urbanísticas del gobierno local, del PP.
Para avalar su decisión, la Síndica advierte en primer lugar de que l'Atzúvia ha aprobado esos tres planes parciales, que urbanizarían un mínimo de 818.000 m2, basándose en unas normas subsidiarias de 1981 y sin haber redactado antes un Plan General que racionalice el futuro urbanístico de la población. El organismo advierte de que ya desde 1994 los municipios valencianos tienen la obligación de redactar sus PGOU, precepto que ahora ha sido incumplido por el ayuntamiento con el consentimiento, por cierto, de la propia Conselleria de Medio Ambiente y Agua. Sólo un Plan General asegura, «un desarrollo sostenible, equilibrado y racional» del municipio.
El Ayuntamiento de l'Atzúvia advirtió ante la propia Síndica que había aprobado provisionalmente esos PAI por la necesidad de buscar alternativas económicas para evitar que «la población desaparezca como tal debido a que su economía agrícola cae año tras año».
Sin embargo, la Síndica señala que primero es necesario proyectar «unas políticas urbanísticas dirigidas a compatibilizar crecimiento y dinamismo económico con cohesión social sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones». Un objetivo imposible de cumplir con unas normas subsidiarias de hace más de 25 años que «no reflejan los numerosos cambios legislativos que han habido desde entonces en normativa urbanística». La Síndica recuerda que esa necesidad de un planeamiento global está recogida por la actual ley urbanística valenciana (la LOTPP), por el nuevo Estatut Autnómic, por la Unión Europea y por jurisprudencia del TSJ .
El ayuntamiento también se comprometió a construir esas 1.200 viviendas «a lo largo de muchos años, de forma progresiva». Pero la Síndica advierte de que con la aprobación de los PAI «el consistorio queda obligado frente al promotor a autorizar las futuras casas».
Por otro lado, la Síndica exige la suspensión del procedimiento de aprobación definitiva de lo que califica como «macroproyecto urbanístico» hasta que el ayuntamiento no obtenga un permiso favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este sentido, Caballero es muy dura: «esta institución no entiende cómo los miembros de la corporación local de l'Atzúvia aprobaron provisionalmente este ambicioso proyecto urbanístico sin conocer una cuestión tras trascendental como es si existe agua suficiente para abastecer las necesidades derivadas de las 1.200 futuras viviendas».
La Síndica insta tanto al consistorio como a la conselleria a que no aprueben los planes parciales sin que la CHJ acredite «la existencia de recursos hídricos suficientes»; e informa de que enviará copia de su resolución a la Confederación, cuyo veredicto «es insustituible».
L'Atzúvia tampoco contempla una evaluación del impacto ambiental que tendrá la actuación urbanística proyectada sobre el régimen hídrico del parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Al respecto, recuerda que uno de los PAI, el de la Moleta, se encuentra en la zona de amortiguación del PORN del Marjal. Este estudio tampoco ha sido reclamado por la conselleria.
Al proyecto municipal también le faltan un estudio de paisaje - en cambio sí reclamado por Medio Ambiente - y otro sobre la afección del desarrollo urbanístico al Plan General de Ordenación Forestal.





* Levante-EMV - A. Ruiz/V. X. C, L'Atzúvia - 28 de octubre de 2007
Foto: L'Atzúvia (Alacant) - ernest weber (Levante)



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Tenerife: Anticorrupción advierte de que "nada va a frenar la investigación de Las Teresitas"

LAPROVINCIA* : No es un caso cualquiera. La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (Anticorrupción) considera “un asunto prioritario” la investigación que tiene abierta en Canarias por el ‘casoLas Teresitas´ y advierte que “nada va a frenar la investigación”. Según aseguran fuentes oficiales de la oficina del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, la trascendencia e importancia de la investigación de la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, que tiene en la figura del alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo al principal imputado, ha obligado a Anticorrupción a poner en marcha a todo su operativo profesional disponible para investigar a fondo unos hechos que, tras lo que se ha podido averiguar hasta el momento, son considerados “muy graves”.


De hecho, los dos fiscales delegados que trabajan en Canarias están dedicados al caso en una investigación que podría prolongarse durante “mucho tiempo”, debido a la complejidad de la segunda parte de la misma, es decir, la recopilación de datos relacionados con el patrimonio de los imputados. Y todo se dirige desde Madrid.

Antes de que Anticorrupción presentara la querella por el ‘caso Las Teresitas´ en la Sala de lo Civil y Penal delTribunal Superior de Justicia de Canarias, en diciembre pasado, se llevó a cabo un escrupuloso trabajo por parte de la delegada de la Fiscalía enTenerife,María Farnés, que contó con el apoyo de varios funcionarios adscritos al del fiscal jefe, Antonio Salinas, así como de todos los mecanismos colaterales con los que cuenta este órgano. Después de diecisiete meses de trabajo en los que se tuvieron que conceder dos prórrogas a la investigación, el fruto fue una querella en la que se imputan los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a la espera de que la investigación pueda corroborar si también existe el cohecho.

FRENOS. Las fuentes oficiales de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por este periódico insisten en que “nada va a frenar la investigación de Las Teresitas”, sobre todo tras las presiones que parten desde el Archipiélago con un caso que está considerado “entre los más importantes” que se investigan en la actualidad a nivel nacional.

Las mismas fuentes consideran que el ‘caso Las Teresitas´ ya tiene acreditada la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que son “bastante optimistas” con que el asunto termine en la celebración de un juicio.

Sin embargo, todos los esfuerzos se centran ahora en la investigación patrimonial de los imputados, así como de otras personas que no aparecen por el momento en la querella de la Fiscalía. Tras diez meses de investigación, en los que se han producido importantes avances, como la incautación de documentos importantes en un piso de Santa Cruz de Tenerife, Anticorrupción ha solicitado al Ministerio de Justicia la tramitación de varias comisiones rogatorias a países del extranjero, entre ellos a Isla de Man, un paraíso fiscal donde la policía sospecha que se ha podido mover dinero procedente de presuntas comisiones ilegales por ‘Las Teresitas´. “La investigación es larga, pero va muy bien”, aseguran las fuentes.






* La Provincia - PEDRO GUERRA / MADRID - 28 de octubre de 2007



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Baleares: El salto del escenario político al judicial

DIARIODEMALLORCA* : Los escándalos han marcado la historia política de Balears y en los últimos años se han convertido en una constante. En manos de los tribunales están una decena de casos que afectan a importantes dirigentes políticos... Son Oms, Can Domenge, Andratx, Caballistas, Ayudas, Estrategia Local, Solar de Santa Ponça, Ibiza Centro, Licencias, Rabasco, Rent a Car, Varadero.


* Caso Son Oms. La fiscalía anticorrupción investiga quién se quedó con un 15 por ciento de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms y si tras esta operación existió algún delito por corrupción. Políticos imputados: Bartomeu Vicens, portavoz parlamentario de UM, y Maximilià Morales, dirigente de UM y ex presidente del Parlament, por su participación en este asunto como abogado (Vicens) y asesor financiero (Morales) a principios de los 90.

* Caso Can Domenge. El empresario catalán Josep Lluís Núñez se querella contra todos los consellers del PP y de UM del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, encabezados por la líder de UM y actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, por la adjudicación de los terrenos de Can Domenge. Núñez imputa a los querellados los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. La Audiencia de Palma ha ordenado que se siga investigando este asunto. Políticos querellados de UM: Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Políticos querellados del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafael Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carmen Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Cànaves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles.

* Caso Andratx. La fiscalía anticorrupción de Balears, en unión con la Agencia Tributaria, ponen en marcha el 27 de noviembre del pasado año una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx La macrooperación se traduce en dos políticos del PP imputados, ambos detenidos el mismo día 27: el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, quien ocupaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas

* Caso Caballistas. Los tribunales investigan una supuesta trama para legalizar la casa y cuadras del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal, del PP. Están imputados once alcaldes y ediles del PP en la pasada legislatura: Sebastià Vidal (Ses Salines), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Gabriel Matas (Montuïri), Andreu Prohens (Campos), Catalina Soler (Felanitx), Antoni Serra (sa Pobla), Miquel Vidal (Santanyí), Joan Jaume Ramis (Lloret), Joan Rotger (Selva) y el entonces teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y el edil de Inca Joan Rubert.

* Caso Ayudas. Un grupo de ciudadanos particulares denunció a principios de 2006 el presunto desvío de subvenciones concedidos por el Consell de Mallorca a distintas entidades y personas vinculadas a UM. Los denunciantes apuntan a la cúpula de UM en la institución insular en la pasada legislatura, aunque por ahora no se ha imputado a ninguno de los cargos políticos. Los políticos presuntamente implicados son: Maria Antònia Munar, Dolça Mulet y Guillem Ginard.

* Caso Estrategia Local. El ayuntamiento de Calvià, siendo alcaldesa la actual portavoz del Govern, la socialista Margarita Nájera, contrató a la empresa Estrategia Local, que elaboró el llamado ´Documento Maquiavelo´ en el que se diseñaba la estrategia que debía seguir el PSOE en Calvià para ganar las elecciones. El PP, con el actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado, a la cabeza, es el promotor de la querella en la que los políticos a los que imputa delitos son: Margarita Nájera y el también socialista Antoni Manchado, actual director general de Innovación del Govern.

* Caso Solar de Santa Ponça. El actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), presentó una denuncia en 2002 contra la entonces alcaldesa y actual portavoz del Govern, Margarita Nájera, a la que acusaba de haber dado un supuesto trato de favor al recaudador municipal Jaime Riera, en junio de 2000, quien le habría recompensado vendiendo a bajo precio un solar edificable en Santa Ponça al ex marido de Nájera, Manuel Barajas. El juzgado de instrucción 2 de Palma archivó el caso por segunda vez el pasado mes de febrero, pero el archivo fue recurrido por Delgado y se volvió a reabrir. Política imputada: Margarita Nájera.

* Caso Ibiza Centro. Los tribunales investigan un supuesto cobro de comisiones de cargos del PSOE por la ejecución del proyecto de reforma del centro de la ciudad de Eivissa. El caso se abrió por la denuncia del ex secretario general de la Federación Socialista Pitiüsa, Roque López, en cuya querella pide la imputación de altos cargos del partido, entre ellos el actual presidente del Consell pitiuso, Xicu Tarrés y el secretario de organización del PSOE balear, Miquel Mestre. No obstante, por ahora los políticos imputados son dos: el alcalde socialista de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, y el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo.

* Caso Licencias. La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), está imputada en este caso denunciado por la oposición en el que se le acusa de "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva, lo que habría permitido la concesión de 30 licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Política Imputada: Catalina Soler (PP).

* Caso Rabasco. El informe de la fiscalía del TSJB destaca que el alcalde de Llucmajor, Lluc Thomàs (PP), dió el visto bueno a los pagos por valor de un millón de euros que el Ayuntamiento realizó a empresas vinculadas con el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco. Políticos imputados: Lluc Thomàs (PP) y Joaquín Rabasco (líder de ASI).

* Caso ´Rent a Car´. Se investiga una trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades que habrían defraudado a Hacienda decenas de millones de euros mediante operaciones realizadas en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas. Político imputado: Gabriel Matas, alcalde de Montuïri por el PP.

* Caso Varadero. La empresa Boat Yard Palma acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión del varadero del Puerto de Palma. Político imputado: Joan Verger (PP) .





* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 28 de octubre de 2007
Foto: Ibiza vila - Forbfruit (Wikipedia)




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Alcoi: Manifestación en bicicleta contra el urbanismo

LEVANTE-EMV* : Cerca de 50 personas recorrieron ayer en bicicleta las calles de Alcoi en protesta contra la política urbanística del gobierno municipal. El lema de la marcha convocada por el colectivo l'Altra Campanya era «Frente a la especulación, aporta tu granito de arena» y con pancartas, panfletos y gritos pedían a la ciudadanía que «abriera los ojos» a los proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Alcoi como los campos de golf, el polígono industrial de La Canal o el hotel de la Font Roja, entre otros. A la iniciativa se sumaron otros grupos y asociaciones de vecinos, como los afectados por la construcción del nuevo edificio de la Estambrera.

La «bicifestación» salió de la plaza España pasadas las 10 de la mañana y recorrió los puntos más conflictivos en cuanto a materia urbanística. Hicieron paradas en la Estambrera, en la Rosaleda, en el punto donde está prevista la ubicación de un restaurante McDonalds y finalizaron en Serelles, donde está prevista una urbanización muy cerca de la Sierra de Mariola.
Miembros del colectivo l'Altra Campanya manifestaron a este diario que su intención era reivindicar un espacio propio, en primer lugar en la calzada, donde la bicicleta «pierde un espacio que ganan los coches» y en segundo lugar, protestaban contra los problemas graves que «está ocasionando la política urbanística del PP, que especula cada vez más en Alcoy y que arrebata el espacio de los ciudadanos» .





* Levante-EMV - C. Chordi, Alcoi - 28 de octubre de 2007
Foto: Imagen de la manifestación celebrada ayer en Alcoi - rubén cervera (Levante-EMV)



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Madrid: 'Jacuzzi' y barbacoa en la Cañada Real

ELPAÍS* : "Una habitación con confort, ducha y tele, 40 euros. Y con mucho confort, lo mismo, pero en más espacio, 50". Son los precios de La Mancheguita, un hotel de Coslada situado junto a la M-45 que se anuncia con un inmenso letrero rojo en la azotea. Alrededor, en la calle de Santiago, hay casas, bares, naves industriales, alguna empresa. Gente paseando y tomando el sol en sus patios y jardines. Un barrio normal, aparentemente. Pero todo es ilegal. La calle forma parte de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria en la que a pesar de que está prohibido construir, se calcula que viven unas 40.000 personas y en la que el derribo de la casa del marroquí Abdul Ghailan hace 10 días desembocó en una batalla campal. Saldo: 41 vecinos y 30 policías heridos.

Esta zona de la Cañada, que pasa por Coslada, Vicálvaro y llega hasta Rivas, no tiene nada que ver con las otras. Son casi todos españoles -con algún portugués y un par de familias rumanas que viven de alquiler- y viven en chalés de dos, tres y cuatro plantas con amplios jardines, perros que vigilan y lujosas puertas y verjas. No hay vendedores de droga ni yonquis espectrales pinchándose en la ingle junto a la basura, como en el camino a Valdemingómez. Tampoco trabajadores marroquíes y españoles viviendo en casas humildes, como en el tramo de la casa derruida, el llamado sector V. La Cañada es muy heterogénea, y ésta, la rica, es muy distinta, aunque toda la vía comparte lo más básico y esencial: nadie tiene derecho a vivir donde vive. Pero a los habitantes de esta zona, por ahora, no les echan.

A lo largo de esta vía, las lujosas casas tienen incluso nombre: Casa Itziar, Villa Nuño.... Como en cualquier pueblo español, hay varias tabernas a ambos lados de la calle, mal asfaltada a veces y sin asfaltar la mayoría, siempre llena de baches. En la asociación de vecinos tienen contadas 315 parcelas. Nadie diría que no es un barrio más de algún municipio sino fuera porque son ilegales la electricidad que alimenta enormes televisores con cable y el agua que beben. Usan enganches clandestinos a Unión Fenosa y el Canal de Isabel II y el alcantarillado lo han hecho y pagado entre los vecinos. En esto coinciden con sus conciudadanos de las otras cañadas.

La ilegalidad baja los precios. Mientras un chalé de 300 metros cuadrados en la cercana Rivas-Vaciamadrid ronda los 600.000 euros en el mercado, en la Cañada rica "se cede" (casi nunca se utiliza el término "se vende" porque no hay escrituras públicas ni derechos legales de propiedad) una casa parecida por apenas 120.000 euros. "Tres plantas, 700 metros de terreno, huerto, barbacoa, fuente... ¡y tiene hidromasaje en el primer piso y el segundo!", anuncia el dueño de uno de los chalets del barrio. Los rumanos Rares y Juliana viven en una casa de unos 40 metros por la que pagan 200 euros al mes de alquiler. Se vive bien por poco dinero, pero siempre con el riesgo del desalojo.

Los vecinos están más que asentados en la zona. Los huertos empezaron a plantarse y las casas a construirse hace 40 años, y nadie se toma muy en serio que les vayan a echar de allí. Piden coherencia al Estado y señalan que no puede cambiar de criterio de la noche a la mañana. Las casas están catastradas y la mayoría de los vecinos paga religiosamente cada año el impuesto de bienes inmuebles (IBI).

"Llevamos aquí más de 30 años", señala el dueño de uno de los restaurantes de la calle de Santiago, con menú del día a nueve euros entre semana y 10, sábados y domingos. "La Comunidad y el municipio lo saben y nos cobran impuestos, así que ahora no nos pueden echar a la calle. Tendremos que negociar".

Aunque las condiciones vitales de estos vecinos de la Cañada son diferentes de las del resto, las reivindicaciones coinciden. "¿Cuál es el problema de que cambien el trazado de la vía pecuaria y nos vendan estos terrenos?", se pregunta el presidente de la asociación de vecinos. "Queremos pagar el suelo, la luz y el agua. No queremos seguir siendo ilegales. Grandes partes de Coslada y también de Rivas eran antes Cañada Real y se han legalizado. Nosotros llevamos aquí mucho tiempo y tenemos más derecho que nadie", dice este hombre, que viste con ropa de marca y trabaja con un camión enorme y reluciente. Los vecinos aseguran estar negociando la legalización del suelo con la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid, titular del terreno, y que les han pedido que presenten una propuesta por escrito.

Los recientes derribos del sector V han metido miedo a la gente: hay muchos carteles de "se vende" o "se cede". ¿Cuál es el método de pago del chalé? "De la mejor manera", responde escueto un vendedor. Hay que hacerlo todo a través de contratos privados y sin hipoteca de por medio, claro. En su voz se nota la urgencia. "¿Te interesa? ¿Cuándo quedamos para que lo veáis? ¿Ahora?", pregunta nervioso. Al día siguiente vuelve a llamar y a preguntar lo mismo.

El concejal de Urbanismo de Coslada, Antonio Murillo, critica, precisamente, a aquellas personas que alquilan sus viviendas o pabellones y a las que tienen algún negocio en La Cañada (como La Mancheguita, hay decenas de bares o naves de ferretería y chatarrería). "Están ocupando un suelo ilegal y habrá que dar alguna solución. La ciudad debe tener cierto orden", explica. Para dar solución al lío (Murillo reconoce que es complicado porque hay centenares de casas y negocios en la Cañada), él cree que hay que ver los casos uno a uno: "No es lo mismo el que se está lucrando que el que tiene allí su única vivienda. A esos habrá que realojarlos".

La Cañada, en su conjunto, se ha convertido en un problema -con un inmenso hipermercado de droga como telón de fondo- del que nadie se hace responsable. Municipios, Gobierno regional y Estado central se echan la culpa de este desaguisado consentido. El suelo es dominio público y la Comunidad tiene la titularidad. Los municipios, las competencias urbanísticas y la Delegación del Gobierno en Madrid es la encargada de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas. Los Ayuntamientos de Madrid y Rivas han pedido al Ejecutivo regional que se cree una comisión sobre la Cañada Real. Coslada se ha sumado a la propuesta. De momento, sin respuesta.

"Al final, como siempre, acaban echando a la calle a los más débiles", señala una de las vecinas de Rivas que se manifestaba ayer a favor del derecho a la vivienda de los habitantes de la Cañada. "Tiran la casa de un albañil marroquí. Y seguro que no para salvar una vía pecuaria que no usa ni una oveja, sino para construir en esos terrenos. No se atreven con los grandes vendedores de droga ni tampoco van donde sólo hay españoles. Siempre pringan los mismos".

Mientras, en la Cañada rica la vida pasa tranquila y un par de coches descansan en el aparcamiento de La Mancheguita. Los dueños estarán pasando la noche en alguna de sus habitaciones. Con su confort ilegal, normal o superior.





* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA / MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 28/10/2007




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Al menos 46 políticos de Balears están siendo investigados por los tribunales

DIARIODEMALLORCA* : Al menos 46 políticos de Balears están implicados en distintos casos que son objeto de investigación judicial o de la fiscalía por una batería de causas relacionadas con la corrupción urbanística, prevaricación o mala gestión en sus cargos. En su mayor parte, los políticos proceden del PP y de UM, aunque el PSOE tampoco ha escapado a los ojos de los tribunales.

El último escándalo en estallar ha sido el de Son Oms, con los dirigentes de UM Bartomeu Vicens y Maximilià Morales como imputados por su actuación como abogados, a principios de los 90, en el caso que investiga la fiscalía anticorrupción para esclarecer quién se quedó con un 15 por ciento de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms.
A UM también le afecta el caso Ayudas, la presunta trama de desvío de subvenciones dadas en la pasada legislatura por el Consell a asociaciones culturales y deportivas vinculadas al partido que preside Maria Antònia Munar, con fines distintos para las que fueron concedidas. El caso estalló a instancias de un grupo de ciudadanos, que denunciaron a la propia Munar, a la ex consellera insular de Cultura, Dolça Mulet y al ex director insular de Cultura, Guillem Ginard, aunque ninguno de ellos ha sido por ahora imputado.
Munar y otros 18 miembros del Consell en la pasada legislatura (dos de UM y 16 del PP) figuran como querellados del empresario catalán Josep Lluis Núñez por la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, un asunto sobre el que la Audiencia de Palma ha dictado un auto ordenando que se siga investigando. Núñez acusa a los representantes de UM y el PP de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales.
El caso Caballistas también sigue su curso, con once alcaldes y ediles del PP en la pasada legislatura imputados por la supuesta trama de corrupción para legalizar la casa y cuadras del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal. Algunos de los implicados en este caso también están siendo investigados por otros escándalos, como la alcaldesa de Felantix, la popular Catalina Soler, imputada en el ´caso licencias´, en el que la oposición la acusa de prevaricación al retrasar la entrada en vigor de una norma urbanística.
El PSOE tampoco se ha librado de contar con políticos afectados por investigacines judiciales. A instancias del alcalde popular de Calvià, Carlos Delgado, la portavoz del Govern, Margarita Nájera, está imputada en dos casos: el de la venta de un solar de Santa Ponça al ex marido de Nájera y el caso Estrategia Local, empresa contratada por el ayuntamiento de Calvià que elaboró un documento sobre la estrategia electoral que debía seguir el PSOE, asunto que también afecta al dirigente socialista Antoni Manchado.
En Eivissa, el alcalde socialista de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, y el ex primer teniente de alcalde socialista del ayuntamiento de Eivissa, Pedro Campillo, están imputados en el caso de las presuntas comisiones ilegales en el escándalo de Ibiza Centro.
A ellos se suma el caso ´estrella´ de la pasada legislatura, el caso Andratx, con la imputación del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y Jaume Massot, ex director general del anterior Govern del PP.
Lluc Thomàs, alcalde popular de Llucmajor y Joaquín Rabasco (ASI) por el caso Rabasco; el alcalde Montuïri, Gabriel Matas (PP), ímputado por un caso de evasión fiscal, y el ex presidente de la autoridad Portuaria, Joan Verger (PP), por el concurso del varadero, se añaden a la nómina de políticos investigados por los tribunales.




* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 28 de octubre de 2007
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)




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Comienzan los derribos en Poio sin realojo definitivo para los chabolistas

ELPAÍS/Pontevedra* : A una semana de que finalice el plazo decretado por el juzgado de Pontevedra para derribar nueve chabolas de O Vao declaradas ilegales, ayer se consumó la demolición de dos de ellas sin que el Ayuntamiento de Poio haya podido ofrecer una alternativa seria a las familias afectadas. "Está complicado", reconocía a pie de poblado el alcalde de la villa, el nacionalista Luciano Sobral. Por ahora y de forma "temporal" están realojados en viviendas del mismo asentamiento, donde la indignación resulta palpable: "Si no podemos alquilar ni comprar, ¿adónde quieren que vayamos? Que nos dejen vivir aquí, que no molestamos a nadie", decía Melisa Salazar, hija de uno de los afectados.

Sobral confía en poder resolver la situación sin abrir un conflicto social gracias a un convenio con la Consellería de Vivenda que firmará la próxima semana. El documento "permitirá la financiación de nueve viviendas", a las que la Xunta aportará 700.000 euros y el Ayuntamiento y las familias otros 300.000. No obstante, los interesados no se fían. Alguno afirma incluso estar "muy lejos de llegar a un acuerdo", a pesar de admitir la voluntad de diálogo del propio regidor, del que dicen se "está portando muy bien".

El pasado jueves, Sobral solicitó al juez que lleva el caso un aplazamiento que, según informó, le fue denegado. Han pasado siete años desde que se inició el proceso judicial y cinco desde que se decretase la ilegalidad de once viviendas, dos de las cuales fueron derribadas el pasado mes de abril. Y en todo este tiempo la Asociación de Vecinos de O Vao ha tenido un papel protagonista en la consumación de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza. De ahí que las críticas de los gitanos tuvieran ayer en el punto de mira a la presidenta del colectivo, Carmen Esperón, que lleva 20 años denunciando los casos de marginalidad que se producen a unos metros de su domicilio. Contra ella, y no es la primera vez, profirieron graves amenazas.

A pesar de que el objetivo ayer era derruir tres chabolas, sólo dos fueron tiradas abajo en presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que no tuvieron que intervenir. La primera fue la que más revuelo levantó, en el poblado de arriba, donde las caras aún maquilladas de las mujeres recordaban los festejos nupciales del día anterior. Allí, el patriarca Adolfo Casal manifestó su desacuerdo con que se derribase ahora una casa que lleva 20 años en pie. "Si es ilegal, ¿por qué no lo hicieron cuando se estaban levantando las paredes", se preguntaba tras advertir: "Yo sé que aquí se vende droga, no le voy a decir que no, pero el gitano tiene nombre, hay muchos que viven de su trabajo". Además, la situación viene agravada porque los afectados son un viudo y su hija adolescente, quienes aseguraron que no tenían adónde ir y que no habían llegado a un acuerdo con el alcalde, en contra de lo que éste dijo después. La grúa apenas tardó 20 minutos en echar abajo la casa y los más pequeños encontraron en los escombros un nuevo parque de juegos.

En el poblado de abajo la demolición se hizo a mano, ante la imposibilidad de que la maquinaria pesada accediese a una construcción de reducidas dimensiones, tanto que cuesta hacerse a la idea de cómo Enrique Jiménez, su mujer y sus tres hijos podían vivir en ese espacio. La tercera vivienda, que finalmente no fue derribada por no alcanzar un acuerdo con los propietarios, es la de mayores dimensiones. Se trata de un caso peculiar, ya que únicamente pesa sobre la nave central la orden de derribo. Desde que se abrieron los expedientes, en el año 1993, los hijos de los propietarios se han casado y se han establecido en los laterales de la casa original, así como en una segunda planta. "Ahí vive el patriarca, mi suegro, y saben que si se va él nosotros nos vamos detrás", explicaba uno de sus ocho habitantes, dispuestos a pagar una multa para legalizar su situación.


De Portela a las ratas

Ni para alquilar, ni para comprar. A las familias gitanas de O Vao no las quieren en los municipios cercanos a Poio. El caso de Vilarchán, donde los vecinos estaban dispuestos a hipotecarse con tal de impedir que el clan de los Jiménez comprase una de las casas de la aldea, fue sólo el síntoma más evidente de una realidad que trae de cabeza al gobierno municipal de Poio.

La palabra racismo saltaba ayer de una boca a otra en O Vao, donde residen más de 80 familias, algunas desde hace casi 50 años. En 1972 el Ayuntamiento de Poio cedió un terreno municipal para construir viviendas para los gitanos. Fue entonces cuando se publicó un concurso de ideas que ganó el arquitecto pontevedrés César Portela. De aquel proyecto llaman hoy la atención la construcción de unas peculiares edificaciones con aire futurista en medio del asentamiento, donde la basura y las ratas forman parte del paisaje.

Precisamente por ello, el nacionalista Luciano Sobral, acompañado por otros miembros del gobierno en su visita al asentamiento gitano, se comprometió ayer a dotar la zona de contenedores e iniciar un plan de limpieza que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Y con vistas a una solución definitiva, el alcalde mantiene en vigor el proyecto de urbanizar los 4.000 metros cuadrados de terreno que recoge la construcción de un vial y 4 bloques de 41 viviendas.







* ELPAIS.com - LARA VARELA - Poio - 27/10/2007
Foto: Poio (Pontevedra), Combarro - orgaccmm.org




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La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico

ELPAÍS/Sevilla* : Cabañas de madera en la mitad del campo. Sin permiso. Sin licencia. Junto a torres eléctricas o en la mitad de la nada. La Fiscalía de Sevilla ha declarado la guerra a este nuevo fenómeno del urbanismo sin control. De momento, ha abierto medio centenar de diligencias contra los propietarios de las parcelas del paraje Clarevot, una zona rústica entre Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios.


El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha presentado este año una veintena de querellas por estimar que estas cabañas, de madera o chapa, atentan contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. También ha denunciado al supuesto "parcelador y urbanizador del terreno", Silverio Morilla.

"Es un escándalo. Y mantenemos el criterio de perseguir como delito urbanístico la ubicación de estas casas de madera o chapa en suelo rústico. Tienen vocación de permanencia y causan el mismo daño al suelo que una construcción de ladrillo", explica Rufino.

Para hacerse una idea de la magnitud del problema basta un dato ofrecido por Francisco Jiménez, el alcalde de Utrera: "A nueve millones de euros ascienden las multas abiertas en el Ayuntamiento de Utrera por infracciones urbanísticas, la gran mayoría relacionadas con la parcelación y la construcción en terreno rústico".

"Los notarios, de alguna manera podría decirse que son partícipes de esta situación. Escrituran a 40 ó 50 personas que no tienen nada que ver entre sí y lo que están contribuyendo es a la parcelación ilegal", afirma Rafael Chacón, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá. "Yo he visto carteles donde se dice: 'vendo parcela con escritura", cuenta Chacón.

Juan, un propietario que quiere guardar su anonimato usando este nombre, lamenta el "lío" en el que se halla inmerso. "Esto tiene tal apariencia de legalidad cuando llegas y ves el sitio, te confunden. Si lo llego a saber no me meto". Él es uno de los propietarios de las 139 parcelas en las que Morilla dividió 13 hectáreas de suelo no urbanizable.

"Nuestro objetivo es conseguir que se restaure la situación anterior, que la Audiencia de Sevilla consolide un criterio y una doctrina que obligue a demoler las cabañas y a devolver el terreno a su estado original", subraya el fiscal. Rufino lamenta que el derecho penal no se pueda aplicar siempre a los parceladores. "Sólo si hacen alguna obra de urbanización o incipiente construcción y si además lo hacen en suelo rústico especialmente protegido podemos actuar", reflexiona.

De lo contrario el asunto puede quedarse en una simple sanción administrativa. En el caso del paraje de Clarevot, los tribunales también persiguen al supuesto impulsor de la urbanización porque además de parcelar, también hizo las obras de canalización de aguas a partir de dos pozos, delimitó la calle de acceso a la urbanización donde plantó 120 palmeras y valló con ladrillos, acero y malla todo el perímetro.

Sin embargo Morilla, en su declaración ante el juzgado, mantuvo que la urbanización la han montado los parcelistas y recordó que vendió el suelo en escritura pública como rústico.

Juan ha montado una caseta de madera de 60 milímetros de grosor a la que cuando llueve le entra agua por las esquinas. Y subraya: "No está anclada al suelo sino posada, pagué un IVA del 16% al comprarla con lo cual estoy pagando un bien mueble. Yo entiendo que esto no es una edificación. Se desmonta en tres o cuatro días".

La mayoría de las denuncias que han llegado a la fiscalía proceden del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. A partir de ahí, la Guardia Civil tiene orden de la fiscalía de identificar a los propietarios , describir la "casa" y fotografiar la zona". "Precisamente el día que yo montaba mi casa llegó la Guardia Civil y no me ordenó para. Me dejaron seguir. Sólo me pidieron mis datos para identificarme", recuerda Juan, quien se gastó 3.000 euros en su parcela y se queja de que nadie le avisara del lío en que está metido.






* ELPAIS.com - MERCEDES DÍAZ - Sevilla - 27/10/2007
Foto: La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico- GARCÍA CORDERO (El País)




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Martín Pallín propone que una agencia estatal fiscalice el urbanismo municipal

EUROPASUR* : El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín admitió ayer en la ponencia Infracciones y delitos urbanísticos que el derecho administrativo ha fracasado en el control urbanístico de las ciudades. "Es cuando entra el derecho penal, el último remedio que se usa para tratar de encauzar la conducta desviada. El derecho penal hace lo que tiene que hacer. No podemos seguir con la técnica de corrección del daño".

Analizó esta cuestión, de plena actualidad y mucho más después del punto de inflexión que marcó el modelo urbanístico marbellí, y vaticinó que España se debate entre dos ejemplos: el de California o el de Miami. Al primero lo consideró el más inteligente por sus políticas racionales, por su entorno vivible y por el uso de las tecnologías limpias, mientras que el segundo tiene que ver con la masificación.

Apuntó en su charla, incluida en el seminario de Justicia y Derecho de los cursos internacionales de Otoño, que el Urbanismo se ha encarado con desidia y luego han llegado las consecuencias. "Cuando la dimensión alcanzó el disparate es cuando nos damos cuenta que el Urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos del Ayuntamiento. La encomienda al Consistorio ha sido un verdadero caos. Ha arrasado al medio ambiente y ha sido un foco de corrupción". "El predominio de la política fue el de pon el ladrillo y corre. Se juntaba un promotor audaz con un alcalde y funcionarios que caían en la corrupción. Fue el paso del cultivo de la naranja al del ladrillo y, claro, pasó lo que pasó", añadió.

El profesor explicó que desde el punto de vista administrativo la demolición de construcciones ilegales es obligatoria, "aunque tiene sus excepciones por su coste social o económico".

Cree que las comunidades autónomas deben ser también responsables y es partidario de crear una agencia estatal con funciones de fiscalización e información y que pueda dirigirse a la fiscalía del Medio Ambiente para poner en marcha las acciones judiciales.

Martín Pallín concluyó su alocución con que la Justicia se enfrenta a un reto administrativo "para dar respuesta a algo que es prioritario a los individuos".

Considera que hay que tomar conciencia ya por lo avanzado del problema y por su capacidad de afectar a generalidades por encima de individualidades. "El bien jurídico protegido redunda en beneficio de la generalidad. Van a ser las políticas criminales del presente y del futuro".

Reseñó como un dato clave que más del 25 por ciento de los trabajos de los juzgados de guardia solventan conflictos de convivencia doméstica. "Hay que replantear los esfuerzos personales y procesales. Las mediación y las medidas alternativas tienen sentido en este conflicto".

Apuntó el conferenciante que la solución pasa por la fórmula de un desarrollo sostenible. "La materia urbanística se considera como bien jurídico protegido. La ordenación del territorio no debe ser incontrolado porque puede haber desarrollo insostenible en el marco legal". Dijo finalmente que las claves pasan por la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible.







* Europa Sur - Algeciras - David Lendínez - 26 de Octubre de 2007




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Imputado el alcalde de Moncofa por vender terreno a bajo precio

ELPAÍS/Castellón* : El alcalde de Moncofa, el socialista José Vicente Isach, acudirá el próximo 19 de noviembre a declarar como imputado por un presunto delito de fraude por haber vendido terrenos municipales a bajo precio. El juzgado número 1 de Nules abrió las diligencias después de que el ex fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, hiciera suya la denuncia presentada por un particular y ante la existencia de indicios de "posible infracción penal", según manifestaron fuentes del caso.

Además, el juzgado ha vuelto a llamar a declarar a los dos empresarios adjudicatarios del programa en el que está incluido el suelo vendido. Sin embargo, en esta ocasión, lo harán en calidad de imputados y no como testigos, condición bajo la que prestaron declaración el pasado mes de marzo.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Moncofa, aseguraron ayer que la providencia en la que se notifica la imputación del alcalde no ha sido notificada de momento. Las mismas fuentes indicaron que "en el caso de ser cierto, lo único que significará es que podrá acreditarse, con todas las garantías de la Ley, la adecuación de la actuación municipal, de su pleno y de su alcalde".

La denuncia llegó tras la adjudicación de un programa urbanístico: Belcaire. El alcalde vendió el aprovechamiento que los urbanizadores deben ceder a los consistorios a los mismos adjudicatarios, como suele ocurrir en la mayoría de los municipios. Según la denuncia, el precio de venta en 2005 fue de 140 euros el metro. Meses después su valor se multiplicó.






* ELPAIS.com - M.F. - 26/10/07
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es




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Ávila: 'Connivencia de dos Consejerías'

ÁVILARED* : El portavoz del colectivo ecologista Centaurea, Carlos Bravo, ha denunciado la "connivencia" entre las consejería de Medio Ambiente y Fomento de la Junta de Castilla y León, al "permitir" una urbanización de más de 2.000 viviendas en Santa María del Cubillo, pese a que "no había autorización para realizar las obras". Bravo efectuó estas declaraciones un día después de conocerse que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al Ayuntamiento de Ávila y ha suspendido la ejecución del Plan Especial de Saneamiento de Aguas Pluviales de este proyecto.

Se trata de una actuación en este municipio cercano a la ciudad, próximo al embalse de Serones, uno de los que abastece a la capital abulense, y situado en el espacio natural de 'Campo Azálvaro'.
El fallo, conocido el miércoles, suspende la vigencia del Plan Especial, que era el requisito previo para urbanizar en esta zona al este de Ávila. Para el portavoz de los ecologistas, esta sentencia "viene a dar la razón" tanto al Consistorio de la capital, como a Centaurea, que denunciaron la "ilegalidad de poner en marcha esa urbanización sin haberse aprobado los planes parciales y sin la autorización correspondiente". Por ello, denunció la "connivencia" de ambas consejerías de la Junta que "a pesar de que estaba claro que no había autorización para realizar estas obras, han permitido que la urbanización echara a andar".

Por otra parte, Carlos Bravo señaló que su colectivo denunció el pasado mes de agosto el inicio "ilegal" de las obras de urbanización de este proyecto. Los ecologistas trabajan en la actualidad en una "detallada" propuesta para que "Campo Azálvaro" sea dotado de "una figura de protección, dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, para que todos estos proyectos urbanísticos que amenazan la zona, no puedan plantearse nunca más".






* ÁvilaRed - 25/10/07
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), campo-azalvaro - centaurea-ae.org




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La Fiscalía investiga el proyecto de Novo Carthago, que prevé 7.000 viviendas en el Mar Menor

LAVERDAD/Murcia* : Después de Puertomayor, Lo Poyo y La Zerrichera -cada uno por motivos diferentes- le ha llegado el turno a la urbanización Novo Carthago, proyectada junto al Mar Menor. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha requerido a la Consejería de Desarrollo Sostenible la documentación relativa a este proyecto de 7.000 viviendas para comprobar si se produjo alguna ilegalidad en el proceso de recalificación de los terrenos.

Según ha podido confirmar La Verdad de fuentes del Gobierno regional, el primer oficio de la Fiscalía entró en la Consejería el 10 de julio pasado. El departamento de Benito Mercader respondió cuatro días después aportando la información requerida. Posteriormente, el mes pasado, la Consejería envió al fiscal nueva información sobre dicha urbanización. En su requerimiento, la Fiscalía hacía constar que había abierto diligencias informativas sobre Novo Carthago, aunque no especificaba qué delito persigue.

El proyecto de Novo Carthago se presentó públicamente en el verano del año 2002 por parte del grupo Hansa Urbana, sobre unos terrenos que suman 567 hectáreas junto al Mar Menor, dentro del municipio de Cartagena. Ocupará el enclave del antiguo monasterio de San Ginés de la Jara, en una de las pocas zonas vírgenes que quedan todavía junto a la laguna. La propiedad es colindante con la finca de Lo Poyo, donde se pretendía levantar otra gran urbanización hasta que el Gobierno regional decidió suspender el proyecto al verse salpicado este último por la operación Malaya destapada en Marbella.

Críticas del PSOE

Novo Carthago prevé la construcción de unas 7.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y varios hoteles con una inversión aproximada de mil millones de euros. Se da la circunstancia de que una parte de los terrenos -alrededor de 40 hectáreas- pertenecían a tres empresarios vascos relacionados con el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y a la Kutxa (Caja de Ahorros de Gipúzkoa). Hansa Urbana, no obstante, se los compró en octubre del año pasado. La Kutka además es propietaria de Los terrenos de Lo Poyo y del proyecto de La Zerrichera , este último paralizado por el Tribunal Superior de Justicia.

La Fiscalía trata de determinar si se produjo alguna ilegalidad en la tramitación para recalificar los terrenos. La denuncia para actuar no procede del PSOE murciano, aunque sí ha sido este partido el que más crítico se ha mostrado hacia Novo Carthago, hasta el punto de que exigió que se paralizara al igual que se hizo con Lo Poyo. La diputada regional Teresa Rosique denunció que se produjo «una recalificación a la carta» en favor de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, para la que trabajó Carlos Valcárcel, abogado y hermano del presidente, según Rosique. Ésta añadió que durante la tramitación de la recalificación «se obviaron dos informes oficiales de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura que planteaban reparos al proyecto y se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar el suelo de interés agrícola existente en la zona». Asimismo, señaló que hubo al parecer presiones desde el Gobierno regional a los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en un reunión celebrada en el palacio de San Esteban.

El presidente Ramón Luis Valcárcel anuncio en diciembre pasado que estaba dispuesto an enviar a la Fiscalía del TSJ todo el expediente para demostrar que no se cometió ninguna irregularidad.

Plan parcial

El plan parcial de Novo Carthago fue aprobado en marzo por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Abarca una superficie de unos 5,6 millones de metros cuadrados, de los que 654.000 serán residenciales y donde se podrán construir unas 7.000 viviendas. Otros 174.000 metros cuadrados serán para uso hotelero.






* La Verdad - M. Buitrago - 26/10/07
Foto: Vista parcial del Mar Menor con La Manga al fondo. Los terrenos de Novo Carthago están a la izquierda de la franja sin urbanizar, próximos a El Algar. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ / AGM




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Un imputado en el caso de La Zerrichera, nombrado gerente de Urbanismo de Lorca

EFE/Murcia* : El ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, imputado por el escándalo urbanístico de La Zerrichera, juró hoy su cargo como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, y dijo no querer valorar las críticas que ha despertado su nombramiento.
Guerrero tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que se celebró en la alcaldía de protocolo del consistorio con representantes del equipo de Gobierno y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y con ausencia de miembros de PSOE e IU, que en las últimas horas han criticado este nombramiento y votado en contra del mismo.

Jódar reconoció durante el acto que la designación de Guerrero "ha sido polémica" y reiteró sus argumentos de apoyo al nuevo gerente, al que dijo "conocer bien y poder avalar sus capacidades y su calidad humana", al tiempo que afirmó estar convencido de que "cumplirá con los objetivos le han sido encomendados".

Tras tomar posesión, Guerrero dijo a los periodistas no querer valorar las críticas de PSOE e IU sobre su nombramiento y explicó que durante su trayectoria profesional siempre ha procurado "colaborar con este municipio desde mis distintas responsabilidades y a partir de hoy todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi ilusión irá destinada a trabajar por y para Lorca".

"Sobre el resto de manifestaciones que se hayan podido verter sobre mi persona", continuó Guerrero, "no voy a decir nada en este momento porque el tiempo, sin duda, quitará la razón a aquellos que lo manifestaron".

Guerrero abundó en que sus "retos inmediatos" son la aprobación definitiva del Plan Urbano de Lorca en los sectores de la zona litoral que aún están suspendidos y el desarrollo del proyecto de urbanismo residencial de Marina de Cope, que comparte el Ayuntamiento de Lorca con el de Águilas.


Tras su toma de posesión será contratado de forma eventual como funcionario con dedicación exclusiva al cargo por el que percibirá emolumentos anuales que suman más de 72.000 euros, aspecto que junto a su imputación en el caso La Zerrichera ha despertado las principales críticas de la oposición.







* 20 Minutos - 25.10.2007
Foto: Lorca (Murcia) - regmurcia.com




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Detectadas licencias ilegales en El Puerto también en suelo urbano

DIARIODECÁDIZ* : Hasta en suelo urbano. El escándalo urbanístico desatado a raíz de detectar el actual equipo de gobierno del Partido Popular en El Puerto un centenar largo de casos de Obra Nueva fraudulenta, perpetrados con certificados falsos de antigüedad expedidos por algunos de los profesionales imputados en la trama desmantelada en verano en Chiclana por la Guardia Civil, sigue engordando. Ya era sabido que en algunos casos, los propietarios de los inmuebles, construidos en su mayor parte en suelo no urbanizable, además habían conseguido la legalización a través de decretos firmados por el edil de Urbanismo de la anterior legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses).

Unas legalizaciones que, al entender de los populares, "serían ilegales", entre otras cosas porque, como ya informó este periódico, se fundamentaron en el cambio de clasificación que podrían experimentar los suelos afectados en el futuro Plan General, aún no aprobado. De ahí que ya se hayan enviado a Fiscalía 16 casos, entre ellos, algunos con estas legalizaciones rubricadas por Rodríguez. Y ahora, este diario ha podido saber que también el PP ha detectado licencias dadas por IP en suelo urbano presuntamente ilegales.

Este periódico ha tenido acceso en concreto a la notificación de una licencia que otorgó en solitario el ex alcalde Hernán Díaz, al avocarse para sí las competencias que tiene delegadas la Junta de Gobierno Local (órgano que da las licencias), en noviembre de 2005 (el documento se reproduce en la página, junto al cartel que se colocó en la parcela) a una promotora de Chiclana para la construcción de cinco unifamiliares en La Caridad. Esta licencia, confirmó ayer a este diario el actual coordinador del Área de Urbanismo de El Puerto, José Galán, es "contraria a ley". Esto es debido a que estos terrenos están clasificados en el Plan General como suelo urbano no consolidado, donde no se puede otorgar licencias de parcelación y de edificación "hasta que no esté aprobado el proyecto de reparcelación", enfatizó Galán, trámite preceptivo que ni se había cumplimentado entonces ni hoy en día. Y en esta zona, desveló Galán, "se han dado más licencias".

Cuestionado por este caso concreto, Galán mostró su extrañeza porque Hernán se avocara las competencias para dar la licencia (si va a la Junta de Gobierno, debe ir con informe jurídico), algo que, dijo, "sólo se hace en asuntos de urgencia, y siempre que la urgencia se justifique". Desde que el PP se hizo con la Alcaldía, tras los comicios de mayo, sólo ha habido un caso de avocación: "para unas obras del CEEI Bahía de Cádiz, para aligerar y que no se perdiera una subvención de 900.000 euros", desveló el coordinador de Urbanismo. "La licencia para cinco chalés se puede dar un día o a la semana siguiente. No sé cuál sería la urgencia de Hernán", concluyó.







* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 25/10/07
Foto: El Puerto de Santa María (Cadiz), ayuntamiento - wikipedia.org





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Barcelona: Los vecinos rechazan el plan para el cuartel de la Verneda

ELPERIÓDICO* : Los vecinos de Sant Martí piden que se paralice la aprobación definitiva del plan urbanístico que concreta el uso del solar donde estaba el cuartel de la Verneda, prevista para este viernes, y se abra un periodo de dos meses de conversaciones con la Administración con el fin de llegar a un acuerdo tanto sobre los equipamientos que se construirán como acerca de los usos del recinto policial.

Tras meses de negociaciones y cuatro años de reivindicación vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior firmaron el pasado 12 de abril el convenio de cesión a la ciudad de unos 1.600 metros cuadrados del cuartel (de más de 9.000), ubicado entre la rambla de Guipúscoa y las calles del Treball, del Concili de Trento y de Selva de Mar. El pasado 12 de septiembre, finalizado un periodo de alegaciones que los vecinos denuncian que no les fue comunicado, fue aprobado el plan urbanístico en la comisión de gobierno del consistorio. El viernes el proceso dará su último paso al lograr luz verde del ayuntamiento y de la Generalitat en la Subcomisión de Urbanismo del municipio.

"El ayuntamiento ha actuado de mala fe al no habernos comunicado como parte afectada el periodo de alegaciones", denunció ayer el presidente de los vecinos de Sant Martí, Manuel Martínez. Y entre estas, enumeran su rechazo al cerramiento con vallas del recinto policial, la no inclusión de un párking público para los vecinos, como reivindicaron, y la ubicación del espacio destinado para equipamientos (entre Treball y Concili de Trento), ya que consideran que no quedarán integrados con el centro cívico, ubicado en la calle de Selva de Mar.

En lo referente al recinto policial, rechazan el nuevo uso de la comisaría que el Gobierno rehabilitará, donde se prevé centralizar brigadas ahora dispersas, como documentación y extranjería, ya que temen que el barrio se masifique y se invadan los espacios públicos con colas.







* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 24/10/2007
Foto: En el centro, vista general del cuartel policial de la Verneda, el pasado mayo. - SERGIO LAINZ - elperiodico.com




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