LEVANTE-EMV/Alacant* : Varapalo a los contundentes planes urbanísticos de l'Atzúvia. La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha redactado un informe en el que advierte de las graves deficiencias de las que adolecen los tres planes parciales contemplados por ese ayuntamiento y que supondrían, según datos del propio consistorio, la construcción de 1.200 viviendas para una población de unos 600 habitantes.
Por este motivo, Caballero rechaza la aprobación de esos tres PAI y su suspensión provisional, y atiende así una petición del grupo Gelibre, que eleva el número total de casas a construir a 1.958 y que desde hace tiempo viene oponiéndose a las pretensiones urbanísticas del gobierno local, del PP.
Para avalar su decisión, la Síndica advierte en primer lugar de que l'Atzúvia ha aprobado esos tres planes parciales, que urbanizarían un mínimo de 818.000 m2, basándose en unas normas subsidiarias de 1981 y sin haber redactado antes un Plan General que racionalice el futuro urbanístico de la población. El organismo advierte de que ya desde 1994 los municipios valencianos tienen la obligación de redactar sus PGOU, precepto que ahora ha sido incumplido por el ayuntamiento con el consentimiento, por cierto, de la propia Conselleria de Medio Ambiente y Agua. Sólo un Plan General asegura, «un desarrollo sostenible, equilibrado y racional» del municipio.
El Ayuntamiento de l'Atzúvia advirtió ante la propia Síndica que había aprobado provisionalmente esos PAI por la necesidad de buscar alternativas económicas para evitar que «la población desaparezca como tal debido a que su economía agrícola cae año tras año».
Sin embargo, la Síndica señala que primero es necesario proyectar «unas políticas urbanísticas dirigidas a compatibilizar crecimiento y dinamismo económico con cohesión social sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones». Un objetivo imposible de cumplir con unas normas subsidiarias de hace más de 25 años que «no reflejan los numerosos cambios legislativos que han habido desde entonces en normativa urbanística». La Síndica recuerda que esa necesidad de un planeamiento global está recogida por la actual ley urbanística valenciana (la LOTPP), por el nuevo Estatut Autnómic, por la Unión Europea y por jurisprudencia del TSJ .
El ayuntamiento también se comprometió a construir esas 1.200 viviendas «a lo largo de muchos años, de forma progresiva». Pero la Síndica advierte de que con la aprobación de los PAI «el consistorio queda obligado frente al promotor a autorizar las futuras casas».
Por otro lado, la Síndica exige la suspensión del procedimiento de aprobación definitiva de lo que califica como «macroproyecto urbanístico» hasta que el ayuntamiento no obtenga un permiso favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En este sentido, Caballero es muy dura: «esta institución no entiende cómo los miembros de la corporación local de l'Atzúvia aprobaron provisionalmente este ambicioso proyecto urbanístico sin conocer una cuestión tras trascendental como es si existe agua suficiente para abastecer las necesidades derivadas de las 1.200 futuras viviendas».
La Síndica insta tanto al consistorio como a la conselleria a que no aprueben los planes parciales sin que la CHJ acredite «la existencia de recursos hídricos suficientes»; e informa de que enviará copia de su resolución a la Confederación, cuyo veredicto «es insustituible».
L'Atzúvia tampoco contempla una evaluación del impacto ambiental que tendrá la actuación urbanística proyectada sobre el régimen hídrico del parque natural del Marjal de Pego-Oliva. Al respecto, recuerda que uno de los PAI, el de la Moleta, se encuentra en la zona de amortiguación del PORN del Marjal. Este estudio tampoco ha sido reclamado por la conselleria.
Al proyecto municipal también le faltan un estudio de paisaje - en cambio sí reclamado por Medio Ambiente - y otro sobre la afección del desarrollo urbanístico al Plan General de Ordenación Forestal.
* Levante-EMV - A. Ruiz/V. X. C, L'Atzúvia - 28 de octubre de 2007
Foto: L'Atzúvia (Alacant) - ernest weber (Levante)
La Síndica rechaza las 1.200 casas en l´Atzúvia al no garantizarse el agua ni el desarrollo sostenible
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Tenerife: Anticorrupción advierte de que "nada va a frenar la investigación de Las Teresitas"
LAPROVINCIA* : No es un caso cualquiera. La Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (Anticorrupción) considera “un asunto prioritario” la investigación que tiene abierta en Canarias por el ‘casoLas Teresitas´ y advierte que “nada va a frenar la investigación”. Según aseguran fuentes oficiales de la oficina del fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, la trascendencia e importancia de la investigación de la compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas, que tiene en la figura del alcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo al principal imputado, ha obligado a Anticorrupción a poner en marcha a todo su operativo profesional disponible para investigar a fondo unos hechos que, tras lo que se ha podido averiguar hasta el momento, son considerados “muy graves”.
De hecho, los dos fiscales delegados que trabajan en Canarias están dedicados al caso en una investigación que podría prolongarse durante “mucho tiempo”, debido a la complejidad de la segunda parte de la misma, es decir, la recopilación de datos relacionados con el patrimonio de los imputados. Y todo se dirige desde Madrid.
Antes de que Anticorrupción presentara la querella por el ‘caso Las Teresitas´ en la Sala de lo Civil y Penal delTribunal Superior de Justicia de Canarias, en diciembre pasado, se llevó a cabo un escrupuloso trabajo por parte de la delegada de la Fiscalía enTenerife,María Farnés, que contó con el apoyo de varios funcionarios adscritos al del fiscal jefe, Antonio Salinas, así como de todos los mecanismos colaterales con los que cuenta este órgano. Después de diecisiete meses de trabajo en los que se tuvieron que conceder dos prórrogas a la investigación, el fruto fue una querella en la que se imputan los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, a la espera de que la investigación pueda corroborar si también existe el cohecho.
FRENOS. Las fuentes oficiales de la Fiscalía Anticorrupción consultadas por este periódico insisten en que “nada va a frenar la investigación de Las Teresitas”, sobre todo tras las presiones que parten desde el Archipiélago con un caso que está considerado “entre los más importantes” que se investigan en la actualidad a nivel nacional.
Las mismas fuentes consideran que el ‘caso Las Teresitas´ ya tiene acreditada la comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que son “bastante optimistas” con que el asunto termine en la celebración de un juicio.
Sin embargo, todos los esfuerzos se centran ahora en la investigación patrimonial de los imputados, así como de otras personas que no aparecen por el momento en la querella de la Fiscalía. Tras diez meses de investigación, en los que se han producido importantes avances, como la incautación de documentos importantes en un piso de Santa Cruz de Tenerife, Anticorrupción ha solicitado al Ministerio de Justicia la tramitación de varias comisiones rogatorias a países del extranjero, entre ellos a Isla de Man, un paraíso fiscal donde la policía sospecha que se ha podido mover dinero procedente de presuntas comisiones ilegales por ‘Las Teresitas´. “La investigación es larga, pero va muy bien”, aseguran las fuentes.
* La Provincia - PEDRO GUERRA / MADRID - 28 de octubre de 2007
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Baleares: El salto del escenario político al judicial
DIARIODEMALLORCA* : Los escándalos han marcado la historia política de Balears y en los últimos años se han convertido en una constante. En manos de los tribunales están una decena de casos que afectan a importantes dirigentes políticos... Son Oms, Can Domenge, Andratx, Caballistas, Ayudas, Estrategia Local, Solar de Santa Ponça, Ibiza Centro, Licencias, Rabasco, Rent a Car, Varadero.
* Caso Son Oms. La fiscalía anticorrupción investiga quién se quedó con un 15 por ciento de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms y si tras esta operación existió algún delito por corrupción. Políticos imputados: Bartomeu Vicens, portavoz parlamentario de UM, y Maximilià Morales, dirigente de UM y ex presidente del Parlament, por su participación en este asunto como abogado (Vicens) y asesor financiero (Morales) a principios de los 90.
* Caso Can Domenge. El empresario catalán Josep Lluís Núñez se querella contra todos los consellers del PP y de UM del Consell de Mallorca en la pasada legislatura, encabezados por la líder de UM y actual presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, por la adjudicación de los terrenos de Can Domenge. Núñez imputa a los querellados los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales. La Audiencia de Palma ha ordenado que se siga investigando este asunto. Políticos querellados de UM: Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Dolça Mulet. Políticos querellados del PP: Fernando Rubio, María Binimelis, Rafael Bosch, Bartomeu Vallori, Eduardo Puche, Carmen Feliu, Joan Font, Antoni Coll, Miquel Munar, Gaspar Oliver, Miquel Cànaves, Catalina Sureda, Andreu Obrador, Carlos Luis Veramendi, Miquel Amengual y Francesc Cañelles.
* Caso Andratx. La fiscalía anticorrupción de Balears, en unión con la Agencia Tributaria, ponen en marcha el 27 de noviembre del pasado año una gran operación contra la corrupción urbanística en Andratx La macrooperación se traduce en dos políticos del PP imputados, ambos detenidos el mismo día 27: el entonces alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo, y Jaume Massot, quien ocupaba el cargo de director general de Ordenación del Territorio del Govern de Jaume Matas
* Caso Caballistas. Los tribunales investigan una supuesta trama para legalizar la casa y cuadras del ex alcalde de Ses Salines Sebastià Vidal, del PP. Están imputados once alcaldes y ediles del PP en la pasada legislatura: Sebastià Vidal (Ses Salines), Antoni del Olmo (Santa Margalida), Gabriel Matas (Montuïri), Andreu Prohens (Campos), Catalina Soler (Felanitx), Antoni Serra (sa Pobla), Miquel Vidal (Santanyí), Joan Jaume Ramis (Lloret), Joan Rotger (Selva) y el entonces teniente de alcalde de Llucmajor, Joan Jaume Mulet, y el edil de Inca Joan Rubert.
* Caso Ayudas. Un grupo de ciudadanos particulares denunció a principios de 2006 el presunto desvío de subvenciones concedidos por el Consell de Mallorca a distintas entidades y personas vinculadas a UM. Los denunciantes apuntan a la cúpula de UM en la institución insular en la pasada legislatura, aunque por ahora no se ha imputado a ninguno de los cargos políticos. Los políticos presuntamente implicados son: Maria Antònia Munar, Dolça Mulet y Guillem Ginard.
* Caso Estrategia Local. El ayuntamiento de Calvià, siendo alcaldesa la actual portavoz del Govern, la socialista Margarita Nájera, contrató a la empresa Estrategia Local, que elaboró el llamado ´Documento Maquiavelo´ en el que se diseñaba la estrategia que debía seguir el PSOE en Calvià para ganar las elecciones. El PP, con el actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado, a la cabeza, es el promotor de la querella en la que los políticos a los que imputa delitos son: Margarita Nájera y el también socialista Antoni Manchado, actual director general de Innovación del Govern.
* Caso Solar de Santa Ponça. El actual alcalde de Calvià, Carlos Delgado (PP), presentó una denuncia en 2002 contra la entonces alcaldesa y actual portavoz del Govern, Margarita Nájera, a la que acusaba de haber dado un supuesto trato de favor al recaudador municipal Jaime Riera, en junio de 2000, quien le habría recompensado vendiendo a bajo precio un solar edificable en Santa Ponça al ex marido de Nájera, Manuel Barajas. El juzgado de instrucción 2 de Palma archivó el caso por segunda vez el pasado mes de febrero, pero el archivo fue recurrido por Delgado y se volvió a reabrir. Política imputada: Margarita Nájera.
* Caso Ibiza Centro. Los tribunales investigan un supuesto cobro de comisiones de cargos del PSOE por la ejecución del proyecto de reforma del centro de la ciudad de Eivissa. El caso se abrió por la denuncia del ex secretario general de la Federación Socialista Pitiüsa, Roque López, en cuya querella pide la imputación de altos cargos del partido, entre ellos el actual presidente del Consell pitiuso, Xicu Tarrés y el secretario de organización del PSOE balear, Miquel Mestre. No obstante, por ahora los políticos imputados son dos: el alcalde socialista de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, y el ex teniente de alcalde de Eivissa, Pedro Campillo.
* Caso Licencias. La alcaldesa de Felanitx, Catalina Soler (PP), está imputada en este caso denunciado por la oposición en el que se le acusa de "retener irregularmente" la entrada en vigor de una norma urbanística restrictiva, lo que habría permitido la concesión de 30 licencias para unas 140 viviendas en bloques plurifamiliares. Política Imputada: Catalina Soler (PP).
* Caso Rabasco. El informe de la fiscalía del TSJB destaca que el alcalde de Llucmajor, Lluc Thomàs (PP), dió el visto bueno a los pagos por valor de un millón de euros que el Ayuntamiento realizó a empresas vinculadas con el ex edil de ASI, Joaquín Rabasco. Políticos imputados: Lluc Thomàs (PP) y Joaquín Rabasco (líder de ASI).
* Caso ´Rent a Car´. Se investiga una trama de evasión fiscal a través de un entramado de sociedades que habrían defraudado a Hacienda decenas de millones de euros mediante operaciones realizadas en los sectores de coches de alquiler y empresas náuticas. Político imputado: Gabriel Matas, alcalde de Montuïri por el PP.
* Caso Varadero. La empresa Boat Yard Palma acusa al ex presidente de la Autoridad Portuaria, Joan Verger, de irregularidades en la concesión del varadero del Puerto de Palma. Político imputado: Joan Verger (PP) .
* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 28 de octubre de 2007
Foto: Ibiza vila - Forbfruit (Wikipedia)
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29.10.07
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Alcoi: Manifestación en bicicleta contra el urbanismo
LEVANTE-EMV* : Cerca de 50 personas recorrieron ayer en bicicleta las calles de Alcoi en protesta contra la política urbanística del gobierno municipal. El lema de la marcha convocada por el colectivo l'Altra Campanya era «Frente a la especulación, aporta tu granito de arena» y con pancartas, panfletos y gritos pedían a la ciudadanía que «abriera los ojos» a los proyectos urbanísticos del Ayuntamiento de Alcoi como los campos de golf, el polígono industrial de La Canal o el hotel de la Font Roja, entre otros. A la iniciativa se sumaron otros grupos y asociaciones de vecinos, como los afectados por la construcción del nuevo edificio de la Estambrera.
La «bicifestación» salió de la plaza España pasadas las 10 de la mañana y recorrió los puntos más conflictivos en cuanto a materia urbanística. Hicieron paradas en la Estambrera, en la Rosaleda, en el punto donde está prevista la ubicación de un restaurante McDonalds y finalizaron en Serelles, donde está prevista una urbanización muy cerca de la Sierra de Mariola.
Miembros del colectivo l'Altra Campanya manifestaron a este diario que su intención era reivindicar un espacio propio, en primer lugar en la calzada, donde la bicicleta «pierde un espacio que ganan los coches» y en segundo lugar, protestaban contra los problemas graves que «está ocasionando la política urbanística del PP, que especula cada vez más en Alcoy y que arrebata el espacio de los ciudadanos» .
* Levante-EMV - C. Chordi, Alcoi - 28 de octubre de 2007
Foto: Imagen de la manifestación celebrada ayer en Alcoi - rubén cervera (Levante-EMV)
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Madrid: 'Jacuzzi' y barbacoa en la Cañada Real
ELPAÍS* : "Una habitación con confort, ducha y tele, 40 euros. Y con mucho confort, lo mismo, pero en más espacio, 50". Son los precios de La Mancheguita, un hotel de Coslada situado junto a la M-45 que se anuncia con un inmenso letrero rojo en la azotea. Alrededor, en la calle de Santiago, hay casas, bares, naves industriales, alguna empresa. Gente paseando y tomando el sol en sus patios y jardines. Un barrio normal, aparentemente. Pero todo es ilegal. La calle forma parte de la Cañada Real Galiana, la vía pecuaria en la que a pesar de que está prohibido construir, se calcula que viven unas 40.000 personas y en la que el derribo de la casa del marroquí Abdul Ghailan hace 10 días desembocó en una batalla campal. Saldo: 41 vecinos y 30 policías heridos.
Esta zona de la Cañada, que pasa por Coslada, Vicálvaro y llega hasta Rivas, no tiene nada que ver con las otras. Son casi todos españoles -con algún portugués y un par de familias rumanas que viven de alquiler- y viven en chalés de dos, tres y cuatro plantas con amplios jardines, perros que vigilan y lujosas puertas y verjas. No hay vendedores de droga ni yonquis espectrales pinchándose en la ingle junto a la basura, como en el camino a Valdemingómez. Tampoco trabajadores marroquíes y españoles viviendo en casas humildes, como en el tramo de la casa derruida, el llamado sector V. La Cañada es muy heterogénea, y ésta, la rica, es muy distinta, aunque toda la vía comparte lo más básico y esencial: nadie tiene derecho a vivir donde vive. Pero a los habitantes de esta zona, por ahora, no les echan.
A lo largo de esta vía, las lujosas casas tienen incluso nombre: Casa Itziar, Villa Nuño.... Como en cualquier pueblo español, hay varias tabernas a ambos lados de la calle, mal asfaltada a veces y sin asfaltar la mayoría, siempre llena de baches. En la asociación de vecinos tienen contadas 315 parcelas. Nadie diría que no es un barrio más de algún municipio sino fuera porque son ilegales la electricidad que alimenta enormes televisores con cable y el agua que beben. Usan enganches clandestinos a Unión Fenosa y el Canal de Isabel II y el alcantarillado lo han hecho y pagado entre los vecinos. En esto coinciden con sus conciudadanos de las otras cañadas.
La ilegalidad baja los precios. Mientras un chalé de 300 metros cuadrados en la cercana Rivas-Vaciamadrid ronda los 600.000 euros en el mercado, en la Cañada rica "se cede" (casi nunca se utiliza el término "se vende" porque no hay escrituras públicas ni derechos legales de propiedad) una casa parecida por apenas 120.000 euros. "Tres plantas, 700 metros de terreno, huerto, barbacoa, fuente... ¡y tiene hidromasaje en el primer piso y el segundo!", anuncia el dueño de uno de los chalets del barrio. Los rumanos Rares y Juliana viven en una casa de unos 40 metros por la que pagan 200 euros al mes de alquiler. Se vive bien por poco dinero, pero siempre con el riesgo del desalojo.
Los vecinos están más que asentados en la zona. Los huertos empezaron a plantarse y las casas a construirse hace 40 años, y nadie se toma muy en serio que les vayan a echar de allí. Piden coherencia al Estado y señalan que no puede cambiar de criterio de la noche a la mañana. Las casas están catastradas y la mayoría de los vecinos paga religiosamente cada año el impuesto de bienes inmuebles (IBI).
"Llevamos aquí más de 30 años", señala el dueño de uno de los restaurantes de la calle de Santiago, con menú del día a nueve euros entre semana y 10, sábados y domingos. "La Comunidad y el municipio lo saben y nos cobran impuestos, así que ahora no nos pueden echar a la calle. Tendremos que negociar".
Aunque las condiciones vitales de estos vecinos de la Cañada son diferentes de las del resto, las reivindicaciones coinciden. "¿Cuál es el problema de que cambien el trazado de la vía pecuaria y nos vendan estos terrenos?", se pregunta el presidente de la asociación de vecinos. "Queremos pagar el suelo, la luz y el agua. No queremos seguir siendo ilegales. Grandes partes de Coslada y también de Rivas eran antes Cañada Real y se han legalizado. Nosotros llevamos aquí mucho tiempo y tenemos más derecho que nadie", dice este hombre, que viste con ropa de marca y trabaja con un camión enorme y reluciente. Los vecinos aseguran estar negociando la legalización del suelo con la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid, titular del terreno, y que les han pedido que presenten una propuesta por escrito.
Los recientes derribos del sector V han metido miedo a la gente: hay muchos carteles de "se vende" o "se cede". ¿Cuál es el método de pago del chalé? "De la mejor manera", responde escueto un vendedor. Hay que hacerlo todo a través de contratos privados y sin hipoteca de por medio, claro. En su voz se nota la urgencia. "¿Te interesa? ¿Cuándo quedamos para que lo veáis? ¿Ahora?", pregunta nervioso. Al día siguiente vuelve a llamar y a preguntar lo mismo.
El concejal de Urbanismo de Coslada, Antonio Murillo, critica, precisamente, a aquellas personas que alquilan sus viviendas o pabellones y a las que tienen algún negocio en La Cañada (como La Mancheguita, hay decenas de bares o naves de ferretería y chatarrería). "Están ocupando un suelo ilegal y habrá que dar alguna solución. La ciudad debe tener cierto orden", explica. Para dar solución al lío (Murillo reconoce que es complicado porque hay centenares de casas y negocios en la Cañada), él cree que hay que ver los casos uno a uno: "No es lo mismo el que se está lucrando que el que tiene allí su única vivienda. A esos habrá que realojarlos".
La Cañada, en su conjunto, se ha convertido en un problema -con un inmenso hipermercado de droga como telón de fondo- del que nadie se hace responsable. Municipios, Gobierno regional y Estado central se echan la culpa de este desaguisado consentido. El suelo es dominio público y la Comunidad tiene la titularidad. Los municipios, las competencias urbanísticas y la Delegación del Gobierno en Madrid es la encargada de controlar la delincuencia y el tráfico de drogas. Los Ayuntamientos de Madrid y Rivas han pedido al Ejecutivo regional que se cree una comisión sobre la Cañada Real. Coslada se ha sumado a la propuesta. De momento, sin respuesta.
"Al final, como siempre, acaban echando a la calle a los más débiles", señala una de las vecinas de Rivas que se manifestaba ayer a favor del derecho a la vivienda de los habitantes de la Cañada. "Tiran la casa de un albañil marroquí. Y seguro que no para salvar una vía pecuaria que no usa ni una oveja, sino para construir en esos terrenos. No se atreven con los grandes vendedores de droga ni tampoco van donde sólo hay españoles. Siempre pringan los mismos".
Mientras, en la Cañada rica la vida pasa tranquila y un par de coches descansan en el aparcamiento de La Mancheguita. Los dueños estarán pasando la noche en alguna de sus habitaciones. Con su confort ilegal, normal o superior.
* ELPAIS.com - ÁLVARO CORCUERA / MÓNICA C. BELAZA - Madrid - 28/10/2007
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Al menos 46 políticos de Balears están siendo investigados por los tribunales
DIARIODEMALLORCA* : Al menos 46 políticos de Balears están implicados en distintos casos que son objeto de investigación judicial o de la fiscalía por una batería de causas relacionadas con la corrupción urbanística, prevaricación o mala gestión en sus cargos. En su mayor parte, los políticos proceden del PP y de UM, aunque el PSOE tampoco ha escapado a los ojos de los tribunales.
El último escándalo en estallar ha sido el de Son Oms, con los dirigentes de UM Bartomeu Vicens y Maximilià Morales como imputados por su actuación como abogados, a principios de los 90, en el caso que investiga la fiscalía anticorrupción para esclarecer quién se quedó con un 15 por ciento de los solares que se recalificaron de rústicos a urbanizables industriales en el polígono de Son Oms.
A UM también le afecta el caso Ayudas, la presunta trama de desvío de subvenciones dadas en la pasada legislatura por el Consell a asociaciones culturales y deportivas vinculadas al partido que preside Maria Antònia Munar, con fines distintos para las que fueron concedidas. El caso estalló a instancias de un grupo de ciudadanos, que denunciaron a la propia Munar, a la ex consellera insular de Cultura, Dolça Mulet y al ex director insular de Cultura, Guillem Ginard, aunque ninguno de ellos ha sido por ahora imputado.
Munar y otros 18 miembros del Consell en la pasada legislatura (dos de UM y 16 del PP) figuran como querellados del empresario catalán Josep Lluis Núñez por la adjudicación de los terrenos de Can Domenge, un asunto sobre el que la Audiencia de Palma ha dictado un auto ordenando que se siga investigando. Núñez acusa a los representantes de UM y el PP de los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y revelación de secretos oficiales.
El caso Caballistas también sigue su curso, con once alcaldes y ediles del PP en la pasada legislatura imputados por la supuesta trama de corrupción para legalizar la casa y cuadras del ex alcalde de Ses Salines, Sebastià Vidal. Algunos de los implicados en este caso también están siendo investigados por otros escándalos, como la alcaldesa de Felantix, la popular Catalina Soler, imputada en el ´caso licencias´, en el que la oposición la acusa de prevaricación al retrasar la entrada en vigor de una norma urbanística.
El PSOE tampoco se ha librado de contar con políticos afectados por investigacines judiciales. A instancias del alcalde popular de Calvià, Carlos Delgado, la portavoz del Govern, Margarita Nájera, está imputada en dos casos: el de la venta de un solar de Santa Ponça al ex marido de Nájera y el caso Estrategia Local, empresa contratada por el ayuntamiento de Calvià que elaboró un documento sobre la estrategia electoral que debía seguir el PSOE, asunto que también afecta al dirigente socialista Antoni Manchado.
En Eivissa, el alcalde socialista de Sant Josep de sa Talaia, Josep Marí Ribas, y el ex primer teniente de alcalde socialista del ayuntamiento de Eivissa, Pedro Campillo, están imputados en el caso de las presuntas comisiones ilegales en el escándalo de Ibiza Centro.
A ellos se suma el caso ´estrella´ de la pasada legislatura, el caso Andratx, con la imputación del ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo y Jaume Massot, ex director general del anterior Govern del PP.
Lluc Thomàs, alcalde popular de Llucmajor y Joaquín Rabasco (ASI) por el caso Rabasco; el alcalde Montuïri, Gabriel Matas (PP), ímputado por un caso de evasión fiscal, y el ex presidente de la autoridad Portuaria, Joan Verger (PP), por el concurso del varadero, se añaden a la nómina de políticos investigados por los tribunales.
* Diario de Mallorca - VIRGINIA EZA. PALMA - 28 de octubre de 2007
Foto: Andratx (Mallorca) - Antoni Sureda (wikipedia.org)
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Comienzan los derribos en Poio sin realojo definitivo para los chabolistas
ELPAÍS/Pontevedra* : A una semana de que finalice el plazo decretado por el juzgado de Pontevedra para derribar nueve chabolas de O Vao declaradas ilegales, ayer se consumó la demolición de dos de ellas sin que el Ayuntamiento de Poio haya podido ofrecer una alternativa seria a las familias afectadas. "Está complicado", reconocía a pie de poblado el alcalde de la villa, el nacionalista Luciano Sobral. Por ahora y de forma "temporal" están realojados en viviendas del mismo asentamiento, donde la indignación resulta palpable: "Si no podemos alquilar ni comprar, ¿adónde quieren que vayamos? Que nos dejen vivir aquí, que no molestamos a nadie", decía Melisa Salazar, hija de uno de los afectados.
Sobral confía en poder resolver la situación sin abrir un conflicto social gracias a un convenio con la Consellería de Vivenda que firmará la próxima semana. El documento "permitirá la financiación de nueve viviendas", a las que la Xunta aportará 700.000 euros y el Ayuntamiento y las familias otros 300.000. No obstante, los interesados no se fían. Alguno afirma incluso estar "muy lejos de llegar a un acuerdo", a pesar de admitir la voluntad de diálogo del propio regidor, del que dicen se "está portando muy bien".
El pasado jueves, Sobral solicitó al juez que lleva el caso un aplazamiento que, según informó, le fue denegado. Han pasado siete años desde que se inició el proceso judicial y cinco desde que se decretase la ilegalidad de once viviendas, dos de las cuales fueron derribadas el pasado mes de abril. Y en todo este tiempo la Asociación de Vecinos de O Vao ha tenido un papel protagonista en la consumación de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza. De ahí que las críticas de los gitanos tuvieran ayer en el punto de mira a la presidenta del colectivo, Carmen Esperón, que lleva 20 años denunciando los casos de marginalidad que se producen a unos metros de su domicilio. Contra ella, y no es la primera vez, profirieron graves amenazas.
A pesar de que el objetivo ayer era derruir tres chabolas, sólo dos fueron tiradas abajo en presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que no tuvieron que intervenir. La primera fue la que más revuelo levantó, en el poblado de arriba, donde las caras aún maquilladas de las mujeres recordaban los festejos nupciales del día anterior. Allí, el patriarca Adolfo Casal manifestó su desacuerdo con que se derribase ahora una casa que lleva 20 años en pie. "Si es ilegal, ¿por qué no lo hicieron cuando se estaban levantando las paredes", se preguntaba tras advertir: "Yo sé que aquí se vende droga, no le voy a decir que no, pero el gitano tiene nombre, hay muchos que viven de su trabajo". Además, la situación viene agravada porque los afectados son un viudo y su hija adolescente, quienes aseguraron que no tenían adónde ir y que no habían llegado a un acuerdo con el alcalde, en contra de lo que éste dijo después. La grúa apenas tardó 20 minutos en echar abajo la casa y los más pequeños encontraron en los escombros un nuevo parque de juegos.
En el poblado de abajo la demolición se hizo a mano, ante la imposibilidad de que la maquinaria pesada accediese a una construcción de reducidas dimensiones, tanto que cuesta hacerse a la idea de cómo Enrique Jiménez, su mujer y sus tres hijos podían vivir en ese espacio. La tercera vivienda, que finalmente no fue derribada por no alcanzar un acuerdo con los propietarios, es la de mayores dimensiones. Se trata de un caso peculiar, ya que únicamente pesa sobre la nave central la orden de derribo. Desde que se abrieron los expedientes, en el año 1993, los hijos de los propietarios se han casado y se han establecido en los laterales de la casa original, así como en una segunda planta. "Ahí vive el patriarca, mi suegro, y saben que si se va él nosotros nos vamos detrás", explicaba uno de sus ocho habitantes, dispuestos a pagar una multa para legalizar su situación.
De Portela a las ratas
Ni para alquilar, ni para comprar. A las familias gitanas de O Vao no las quieren en los municipios cercanos a Poio. El caso de Vilarchán, donde los vecinos estaban dispuestos a hipotecarse con tal de impedir que el clan de los Jiménez comprase una de las casas de la aldea, fue sólo el síntoma más evidente de una realidad que trae de cabeza al gobierno municipal de Poio.
La palabra racismo saltaba ayer de una boca a otra en O Vao, donde residen más de 80 familias, algunas desde hace casi 50 años. En 1972 el Ayuntamiento de Poio cedió un terreno municipal para construir viviendas para los gitanos. Fue entonces cuando se publicó un concurso de ideas que ganó el arquitecto pontevedrés César Portela. De aquel proyecto llaman hoy la atención la construcción de unas peculiares edificaciones con aire futurista en medio del asentamiento, donde la basura y las ratas forman parte del paisaje.
Precisamente por ello, el nacionalista Luciano Sobral, acompañado por otros miembros del gobierno en su visita al asentamiento gitano, se comprometió ayer a dotar la zona de contenedores e iniciar un plan de limpieza que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.
Y con vistas a una solución definitiva, el alcalde mantiene en vigor el proyecto de urbanizar los 4.000 metros cuadrados de terreno que recoge la construcción de un vial y 4 bloques de 41 viviendas.
* ELPAIS.com - LARA VARELA - Poio - 27/10/2007
Foto: Poio (Pontevedra), Combarro - orgaccmm.org
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La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico
ELPAÍS/Sevilla* : Cabañas de madera en la mitad del campo. Sin permiso. Sin licencia. Junto a torres eléctricas o en la mitad de la nada. La Fiscalía de Sevilla ha declarado la guerra a este nuevo fenómeno del urbanismo sin control. De momento, ha abierto medio centenar de diligencias contra los propietarios de las parcelas del paraje Clarevot, una zona rústica entre Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha presentado este año una veintena de querellas por estimar que estas cabañas, de madera o chapa, atentan contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. También ha denunciado al supuesto "parcelador y urbanizador del terreno", Silverio Morilla.
"Es un escándalo. Y mantenemos el criterio de perseguir como delito urbanístico la ubicación de estas casas de madera o chapa en suelo rústico. Tienen vocación de permanencia y causan el mismo daño al suelo que una construcción de ladrillo", explica Rufino.
Para hacerse una idea de la magnitud del problema basta un dato ofrecido por Francisco Jiménez, el alcalde de Utrera: "A nueve millones de euros ascienden las multas abiertas en el Ayuntamiento de Utrera por infracciones urbanísticas, la gran mayoría relacionadas con la parcelación y la construcción en terreno rústico".
"Los notarios, de alguna manera podría decirse que son partícipes de esta situación. Escrituran a 40 ó 50 personas que no tienen nada que ver entre sí y lo que están contribuyendo es a la parcelación ilegal", afirma Rafael Chacón, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá. "Yo he visto carteles donde se dice: 'vendo parcela con escritura", cuenta Chacón.
Juan, un propietario que quiere guardar su anonimato usando este nombre, lamenta el "lío" en el que se halla inmerso. "Esto tiene tal apariencia de legalidad cuando llegas y ves el sitio, te confunden. Si lo llego a saber no me meto". Él es uno de los propietarios de las 139 parcelas en las que Morilla dividió 13 hectáreas de suelo no urbanizable.
"Nuestro objetivo es conseguir que se restaure la situación anterior, que la Audiencia de Sevilla consolide un criterio y una doctrina que obligue a demoler las cabañas y a devolver el terreno a su estado original", subraya el fiscal. Rufino lamenta que el derecho penal no se pueda aplicar siempre a los parceladores. "Sólo si hacen alguna obra de urbanización o incipiente construcción y si además lo hacen en suelo rústico especialmente protegido podemos actuar", reflexiona.
De lo contrario el asunto puede quedarse en una simple sanción administrativa. En el caso del paraje de Clarevot, los tribunales también persiguen al supuesto impulsor de la urbanización porque además de parcelar, también hizo las obras de canalización de aguas a partir de dos pozos, delimitó la calle de acceso a la urbanización donde plantó 120 palmeras y valló con ladrillos, acero y malla todo el perímetro.
Sin embargo Morilla, en su declaración ante el juzgado, mantuvo que la urbanización la han montado los parcelistas y recordó que vendió el suelo en escritura pública como rústico.
Juan ha montado una caseta de madera de 60 milímetros de grosor a la que cuando llueve le entra agua por las esquinas. Y subraya: "No está anclada al suelo sino posada, pagué un IVA del 16% al comprarla con lo cual estoy pagando un bien mueble. Yo entiendo que esto no es una edificación. Se desmonta en tres o cuatro días".
La mayoría de las denuncias que han llegado a la fiscalía proceden del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. A partir de ahí, la Guardia Civil tiene orden de la fiscalía de identificar a los propietarios , describir la "casa" y fotografiar la zona". "Precisamente el día que yo montaba mi casa llegó la Guardia Civil y no me ordenó para. Me dejaron seguir. Sólo me pidieron mis datos para identificarme", recuerda Juan, quien se gastó 3.000 euros en su parcela y se queja de que nadie le avisara del lío en que está metido.
* ELPAIS.com - MERCEDES DÍAZ - Sevilla - 27/10/2007
Foto: La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico- GARCÍA CORDERO (El País)
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27.10.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Martín Pallín propone que una agencia estatal fiscalice el urbanismo municipal
EUROPASUR* : El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín admitió ayer en la ponencia Infracciones y delitos urbanísticos que el derecho administrativo ha fracasado en el control urbanístico de las ciudades. "Es cuando entra el derecho penal, el último remedio que se usa para tratar de encauzar la conducta desviada. El derecho penal hace lo que tiene que hacer. No podemos seguir con la técnica de corrección del daño".
Analizó esta cuestión, de plena actualidad y mucho más después del punto de inflexión que marcó el modelo urbanístico marbellí, y vaticinó que España se debate entre dos ejemplos: el de California o el de Miami. Al primero lo consideró el más inteligente por sus políticas racionales, por su entorno vivible y por el uso de las tecnologías limpias, mientras que el segundo tiene que ver con la masificación.
Apuntó en su charla, incluida en el seminario de Justicia y Derecho de los cursos internacionales de Otoño, que el Urbanismo se ha encarado con desidia y luego han llegado las consecuencias. "Cuando la dimensión alcanzó el disparate es cuando nos damos cuenta que el Urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos del Ayuntamiento. La encomienda al Consistorio ha sido un verdadero caos. Ha arrasado al medio ambiente y ha sido un foco de corrupción". "El predominio de la política fue el de pon el ladrillo y corre. Se juntaba un promotor audaz con un alcalde y funcionarios que caían en la corrupción. Fue el paso del cultivo de la naranja al del ladrillo y, claro, pasó lo que pasó", añadió.
El profesor explicó que desde el punto de vista administrativo la demolición de construcciones ilegales es obligatoria, "aunque tiene sus excepciones por su coste social o económico".
Cree que las comunidades autónomas deben ser también responsables y es partidario de crear una agencia estatal con funciones de fiscalización e información y que pueda dirigirse a la fiscalía del Medio Ambiente para poner en marcha las acciones judiciales.
Martín Pallín concluyó su alocución con que la Justicia se enfrenta a un reto administrativo "para dar respuesta a algo que es prioritario a los individuos".
Considera que hay que tomar conciencia ya por lo avanzado del problema y por su capacidad de afectar a generalidades por encima de individualidades. "El bien jurídico protegido redunda en beneficio de la generalidad. Van a ser las políticas criminales del presente y del futuro".
Reseñó como un dato clave que más del 25 por ciento de los trabajos de los juzgados de guardia solventan conflictos de convivencia doméstica. "Hay que replantear los esfuerzos personales y procesales. Las mediación y las medidas alternativas tienen sentido en este conflicto".
Apuntó el conferenciante que la solución pasa por la fórmula de un desarrollo sostenible. "La materia urbanística se considera como bien jurídico protegido. La ordenación del territorio no debe ser incontrolado porque puede haber desarrollo insostenible en el marco legal". Dijo finalmente que las claves pasan por la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible.
* Europa Sur - Algeciras - David Lendínez - 26 de Octubre de 2007
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27.10.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Imputado el alcalde de Moncofa por vender terreno a bajo precio
ELPAÍS/Castellón* : El alcalde de Moncofa, el socialista José Vicente Isach, acudirá el próximo 19 de noviembre a declarar como imputado por un presunto delito de fraude por haber vendido terrenos municipales a bajo precio. El juzgado número 1 de Nules abrió las diligencias después de que el ex fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, hiciera suya la denuncia presentada por un particular y ante la existencia de indicios de "posible infracción penal", según manifestaron fuentes del caso.
Además, el juzgado ha vuelto a llamar a declarar a los dos empresarios adjudicatarios del programa en el que está incluido el suelo vendido. Sin embargo, en esta ocasión, lo harán en calidad de imputados y no como testigos, condición bajo la que prestaron declaración el pasado mes de marzo.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Moncofa, aseguraron ayer que la providencia en la que se notifica la imputación del alcalde no ha sido notificada de momento. Las mismas fuentes indicaron que "en el caso de ser cierto, lo único que significará es que podrá acreditarse, con todas las garantías de la Ley, la adecuación de la actuación municipal, de su pleno y de su alcalde".
La denuncia llegó tras la adjudicación de un programa urbanístico: Belcaire. El alcalde vendió el aprovechamiento que los urbanizadores deben ceder a los consistorios a los mismos adjudicatarios, como suele ocurrir en la mayoría de los municipios. Según la denuncia, el precio de venta en 2005 fue de 140 euros el metro. Meses después su valor se multiplicó.
* ELPAIS.com - M.F. - 26/10/07
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es
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26.10.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Ávila: 'Connivencia de dos Consejerías'
ÁVILARED* : El portavoz del colectivo ecologista Centaurea, Carlos Bravo, ha denunciado la "connivencia" entre las consejería de Medio Ambiente y Fomento de la Junta de Castilla y León, al "permitir" una urbanización de más de 2.000 viviendas en Santa María del Cubillo, pese a que "no había autorización para realizar las obras". Bravo efectuó estas declaraciones un día después de conocerse que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al Ayuntamiento de Ávila y ha suspendido la ejecución del Plan Especial de Saneamiento de Aguas Pluviales de este proyecto.
Se trata de una actuación en este municipio cercano a la ciudad, próximo al embalse de Serones, uno de los que abastece a la capital abulense, y situado en el espacio natural de 'Campo Azálvaro'.
El fallo, conocido el miércoles, suspende la vigencia del Plan Especial, que era el requisito previo para urbanizar en esta zona al este de Ávila. Para el portavoz de los ecologistas, esta sentencia "viene a dar la razón" tanto al Consistorio de la capital, como a Centaurea, que denunciaron la "ilegalidad de poner en marcha esa urbanización sin haberse aprobado los planes parciales y sin la autorización correspondiente". Por ello, denunció la "connivencia" de ambas consejerías de la Junta que "a pesar de que estaba claro que no había autorización para realizar estas obras, han permitido que la urbanización echara a andar".
Por otra parte, Carlos Bravo señaló que su colectivo denunció el pasado mes de agosto el inicio "ilegal" de las obras de urbanización de este proyecto. Los ecologistas trabajan en la actualidad en una "detallada" propuesta para que "Campo Azálvaro" sea dotado de "una figura de protección, dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, para que todos estos proyectos urbanísticos que amenazan la zona, no puedan plantearse nunca más".
* ÁvilaRed - 25/10/07
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), campo-azalvaro - centaurea-ae.org
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26.10.07
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
La Fiscalía investiga el proyecto de Novo Carthago, que prevé 7.000 viviendas en el Mar Menor
LAVERDAD/Murcia* : Después de Puertomayor, Lo Poyo y La Zerrichera -cada uno por motivos diferentes- le ha llegado el turno a la urbanización Novo Carthago, proyectada junto al Mar Menor. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha requerido a la Consejería de Desarrollo Sostenible la documentación relativa a este proyecto de 7.000 viviendas para comprobar si se produjo alguna ilegalidad en el proceso de recalificación de los terrenos.
Según ha podido confirmar La Verdad de fuentes del Gobierno regional, el primer oficio de la Fiscalía entró en la Consejería el 10 de julio pasado. El departamento de Benito Mercader respondió cuatro días después aportando la información requerida. Posteriormente, el mes pasado, la Consejería envió al fiscal nueva información sobre dicha urbanización. En su requerimiento, la Fiscalía hacía constar que había abierto diligencias informativas sobre Novo Carthago, aunque no especificaba qué delito persigue.
El proyecto de Novo Carthago se presentó públicamente en el verano del año 2002 por parte del grupo Hansa Urbana, sobre unos terrenos que suman 567 hectáreas junto al Mar Menor, dentro del municipio de Cartagena. Ocupará el enclave del antiguo monasterio de San Ginés de la Jara, en una de las pocas zonas vírgenes que quedan todavía junto a la laguna. La propiedad es colindante con la finca de Lo Poyo, donde se pretendía levantar otra gran urbanización hasta que el Gobierno regional decidió suspender el proyecto al verse salpicado este último por la operación Malaya destapada en Marbella.
Críticas del PSOE
Novo Carthago prevé la construcción de unas 7.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y varios hoteles con una inversión aproximada de mil millones de euros. Se da la circunstancia de que una parte de los terrenos -alrededor de 40 hectáreas- pertenecían a tres empresarios vascos relacionados con el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y a la Kutxa (Caja de Ahorros de Gipúzkoa). Hansa Urbana, no obstante, se los compró en octubre del año pasado. La Kutka además es propietaria de Los terrenos de Lo Poyo y del proyecto de La Zerrichera , este último paralizado por el Tribunal Superior de Justicia.
La Fiscalía trata de determinar si se produjo alguna ilegalidad en la tramitación para recalificar los terrenos. La denuncia para actuar no procede del PSOE murciano, aunque sí ha sido este partido el que más crítico se ha mostrado hacia Novo Carthago, hasta el punto de que exigió que se paralizara al igual que se hizo con Lo Poyo. La diputada regional Teresa Rosique denunció que se produjo «una recalificación a la carta» en favor de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, para la que trabajó Carlos Valcárcel, abogado y hermano del presidente, según Rosique. Ésta añadió que durante la tramitación de la recalificación «se obviaron dos informes oficiales de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura que planteaban reparos al proyecto y se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar el suelo de interés agrícola existente en la zona». Asimismo, señaló que hubo al parecer presiones desde el Gobierno regional a los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en un reunión celebrada en el palacio de San Esteban.
El presidente Ramón Luis Valcárcel anuncio en diciembre pasado que estaba dispuesto an enviar a la Fiscalía del TSJ todo el expediente para demostrar que no se cometió ninguna irregularidad.
Plan parcial
El plan parcial de Novo Carthago fue aprobado en marzo por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Abarca una superficie de unos 5,6 millones de metros cuadrados, de los que 654.000 serán residenciales y donde se podrán construir unas 7.000 viviendas. Otros 174.000 metros cuadrados serán para uso hotelero.
* La Verdad - M. Buitrago - 26/10/07
Foto: Vista parcial del Mar Menor con La Manga al fondo. Los terrenos de Novo Carthago están a la izquierda de la franja sin urbanizar, próximos a El Algar. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ / AGM
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26.10.07
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Tema: NOTICIAS Murcia
Un imputado en el caso de La Zerrichera, nombrado gerente de Urbanismo de Lorca
EFE/Murcia* : El ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, imputado por el escándalo urbanístico de La Zerrichera, juró hoy su cargo como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, y dijo no querer valorar las críticas que ha despertado su nombramiento.
Guerrero tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que se celebró en la alcaldía de protocolo del consistorio con representantes del equipo de Gobierno y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y con ausencia de miembros de PSOE e IU, que en las últimas horas han criticado este nombramiento y votado en contra del mismo.
Jódar reconoció durante el acto que la designación de Guerrero "ha sido polémica" y reiteró sus argumentos de apoyo al nuevo gerente, al que dijo "conocer bien y poder avalar sus capacidades y su calidad humana", al tiempo que afirmó estar convencido de que "cumplirá con los objetivos le han sido encomendados".
Tras tomar posesión, Guerrero dijo a los periodistas no querer valorar las críticas de PSOE e IU sobre su nombramiento y explicó que durante su trayectoria profesional siempre ha procurado "colaborar con este municipio desde mis distintas responsabilidades y a partir de hoy todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi ilusión irá destinada a trabajar por y para Lorca".
"Sobre el resto de manifestaciones que se hayan podido verter sobre mi persona", continuó Guerrero, "no voy a decir nada en este momento porque el tiempo, sin duda, quitará la razón a aquellos que lo manifestaron".
Guerrero abundó en que sus "retos inmediatos" son la aprobación definitiva del Plan Urbano de Lorca en los sectores de la zona litoral que aún están suspendidos y el desarrollo del proyecto de urbanismo residencial de Marina de Cope, que comparte el Ayuntamiento de Lorca con el de Águilas.
Tras su toma de posesión será contratado de forma eventual como funcionario con dedicación exclusiva al cargo por el que percibirá emolumentos anuales que suman más de 72.000 euros, aspecto que junto a su imputación en el caso La Zerrichera ha despertado las principales críticas de la oposición.
* 20 Minutos - 25.10.2007
Foto: Lorca (Murcia) - regmurcia.com
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25.10.07
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Tema: NOTICIAS Murcia
Detectadas licencias ilegales en El Puerto también en suelo urbano
DIARIODECÁDIZ* : Hasta en suelo urbano. El escándalo urbanístico desatado a raíz de detectar el actual equipo de gobierno del Partido Popular en El Puerto un centenar largo de casos de Obra Nueva fraudulenta, perpetrados con certificados falsos de antigüedad expedidos por algunos de los profesionales imputados en la trama desmantelada en verano en Chiclana por la Guardia Civil, sigue engordando. Ya era sabido que en algunos casos, los propietarios de los inmuebles, construidos en su mayor parte en suelo no urbanizable, además habían conseguido la legalización a través de decretos firmados por el edil de Urbanismo de la anterior legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses).
Unas legalizaciones que, al entender de los populares, "serían ilegales", entre otras cosas porque, como ya informó este periódico, se fundamentaron en el cambio de clasificación que podrían experimentar los suelos afectados en el futuro Plan General, aún no aprobado. De ahí que ya se hayan enviado a Fiscalía 16 casos, entre ellos, algunos con estas legalizaciones rubricadas por Rodríguez. Y ahora, este diario ha podido saber que también el PP ha detectado licencias dadas por IP en suelo urbano presuntamente ilegales.
Este periódico ha tenido acceso en concreto a la notificación de una licencia que otorgó en solitario el ex alcalde Hernán Díaz, al avocarse para sí las competencias que tiene delegadas la Junta de Gobierno Local (órgano que da las licencias), en noviembre de 2005 (el documento se reproduce en la página, junto al cartel que se colocó en la parcela) a una promotora de Chiclana para la construcción de cinco unifamiliares en La Caridad. Esta licencia, confirmó ayer a este diario el actual coordinador del Área de Urbanismo de El Puerto, José Galán, es "contraria a ley". Esto es debido a que estos terrenos están clasificados en el Plan General como suelo urbano no consolidado, donde no se puede otorgar licencias de parcelación y de edificación "hasta que no esté aprobado el proyecto de reparcelación", enfatizó Galán, trámite preceptivo que ni se había cumplimentado entonces ni hoy en día. Y en esta zona, desveló Galán, "se han dado más licencias".
Cuestionado por este caso concreto, Galán mostró su extrañeza porque Hernán se avocara las competencias para dar la licencia (si va a la Junta de Gobierno, debe ir con informe jurídico), algo que, dijo, "sólo se hace en asuntos de urgencia, y siempre que la urgencia se justifique". Desde que el PP se hizo con la Alcaldía, tras los comicios de mayo, sólo ha habido un caso de avocación: "para unas obras del CEEI Bahía de Cádiz, para aligerar y que no se perdiera una subvención de 900.000 euros", desveló el coordinador de Urbanismo. "La licencia para cinco chalés se puede dar un día o a la semana siguiente. No sé cuál sería la urgencia de Hernán", concluyó.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 25/10/07
Foto: El Puerto de Santa María (Cadiz), ayuntamiento - wikipedia.org
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25.10.07
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Barcelona: Los vecinos rechazan el plan para el cuartel de la Verneda
ELPERIÓDICO* : Los vecinos de Sant Martí piden que se paralice la aprobación definitiva del plan urbanístico que concreta el uso del solar donde estaba el cuartel de la Verneda, prevista para este viernes, y se abra un periodo de dos meses de conversaciones con la Administración con el fin de llegar a un acuerdo tanto sobre los equipamientos que se construirán como acerca de los usos del recinto policial.
Tras meses de negociaciones y cuatro años de reivindicación vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior firmaron el pasado 12 de abril el convenio de cesión a la ciudad de unos 1.600 metros cuadrados del cuartel (de más de 9.000), ubicado entre la rambla de Guipúscoa y las calles del Treball, del Concili de Trento y de Selva de Mar. El pasado 12 de septiembre, finalizado un periodo de alegaciones que los vecinos denuncian que no les fue comunicado, fue aprobado el plan urbanístico en la comisión de gobierno del consistorio. El viernes el proceso dará su último paso al lograr luz verde del ayuntamiento y de la Generalitat en la Subcomisión de Urbanismo del municipio.
"El ayuntamiento ha actuado de mala fe al no habernos comunicado como parte afectada el periodo de alegaciones", denunció ayer el presidente de los vecinos de Sant Martí, Manuel Martínez. Y entre estas, enumeran su rechazo al cerramiento con vallas del recinto policial, la no inclusión de un párking público para los vecinos, como reivindicaron, y la ubicación del espacio destinado para equipamientos (entre Treball y Concili de Trento), ya que consideran que no quedarán integrados con el centro cívico, ubicado en la calle de Selva de Mar.
En lo referente al recinto policial, rechazan el nuevo uso de la comisaría que el Gobierno rehabilitará, donde se prevé centralizar brigadas ahora dispersas, como documentación y extranjería, ya que temen que el barrio se masifique y se invadan los espacios públicos con colas.
* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 24/10/2007
Foto: En el centro, vista general del cuartel policial de la Verneda, el pasado mayo. - SERGIO LAINZ - elperiodico.com
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Cinco detenidos más por corrupción en Santa Brígida
REUTERS/Canarias* : Cinco personas más fueron detenidas el miércoles en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la localidad de Santa Brígida, en Gran Canarias, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Con estos ya son 12 los detenidos en la llamada "operación Brisan" tras los arrestos de ayer, entre los que se encontraban dos ex alcaldes del municipio del Partido Popular, un ex concejal y tres técnicos municipales.
Según la información del tribunal, Salvador Gil Dávila está acusado del delito de falsedad documental; Estaban Santana Santana, funcionario del ayuntamiento, de falsedad documental y malversación de caudales públicos; Rosa Troya Ramírez, administradora de una empresa del sector de la construcción, de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación.
Santiago Alvarado Alonso, administrador de una empresa de Servicios hoteleros, es sospechoso de los delitos de falsedad documental, fraude y exacciones ilegales, y malversación; y por último Carmen Rosa Rodríguez Rodríguez, de falsedad documental y malversación.
Ayer por la noche, Pedro Morales Déniz, propietario de una ferretería, fue arrestado en el aeropuerto grancanario de Gando como sospechoso de haber cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.
Este empresario y los seis detenidos ayer quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el TSJC y con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.
Se trata de los ex alcaldes del PP Carmelo Vega Santana, y Antonio Díaz Hernández - que en la actualidad son concejales -, el ex concejal del mismo ayuntamiento Luis Manuel Troya Ramírez, y los técnicos municipales Santiago Hernández Álvarez, Antonio Ventura Rodríguez y Jacinto Hernández Álvarez.
Al igual que el empresario, han quedado imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
La operación se inició tras la denuncia presentada hace unos meses por varios concejales de esta corporación municipal, según la cual algunos de los anteriores alcaldes habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con el urbanismo, informó la Benemérita.
En junio se registró el consistorio por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas, y la documentación intervenida ha llevado a las detenciones.
Santa Brígida está situada en el interior de Gran Canaria y tiene una población de casi 20.000 habitantes.
* SwissInfo - 24 de octubre de 2007
Foto: Santa Brígida (gran Canaria), ayuntamiento - canarias7.es
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Tema: NOTICIAS Canarias
El Fiscal dice que Muñoz fue partícipe del ´urbanismo a la carta´ de Marbella
EFE* : La Fiscalía de Málaga pide la pena de veinte meses de prisión para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio al considerar que fue partícipe del conocido como "urbanismo a la carta", un fenómeno que "ha prevalecido durante bastante tiempo" en este Ayuntamiento. Los hechos enjuiciados se remontan a 1998 cuando Muñoz junto con otros seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) que conformaban la corporación municipal concedieron durante una Comisión de Gobierno una licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.
Durante la tercera sesión del juicio, celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, el Ministerio Público ha alegado que la corporación municipal con la aprobación de dicho permiso decidió "echarle un pulso al Estado de Derecho", con la única finalidad de "dejar una de las funciones públicas esenciales, como es el urbanismo, en base a unos intereses particulares".
Según el fiscal, esta conducta no es "aislada", sino que ha imperado en el consistorio marbellí durante muchos años y ha sido la que ha originado el denominado como "urbanismo a la carta".
Además, ha recordado que se otorga la licencia de obra a la sociedad Artola Inversiones para saldar una deuda que el consistorio mantenía con ésta y se hace todo un "esfuerzo" administrativo para desafectar la parcela.
En su alegato puso de manifiesto también que se acordó un permiso en base a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sometido a revisión y que, por consiguiente, no había sido aprobado por el organismo competente, que es la Junta de Andalucía.
Respecto al resto de ex concejales, también imputados en esta misma causa y que habían puesto en duda ante la juez su asistencia en aquellas Comisiones, ha señalado que no consta ninguna protesta por parte de alguno de los integrantes de la corporación de que se estuviera alterando la realidad de lo ocurrido.
Por su parte, la acusación eleva la pena de Julián Muñoz a 24 meses de prisión al entender que era perfectamente consciente de que el informe técnico que avalaba la concesión de la citada licencia urbanística contenía un error, y que a pesar de ello firmó el convenio con la entidad Artola Inversiones.
La defensa de Muñoz ha argumentado que aquel permiso cumplía con la normas de aplicación directa de la ley del suelo, cumple con el PGOU recientemente aprobado -en el que la parcela goza del mismo uso que en el del planeamiento en revisión en 1998- y que además su cliente se basó en un informe técnico favorable aportado por el entonces secretario general Leopoldo Barrante.
Entre los ex ediles acusados en este procedimiento también se encuentra el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, para el que Fiscal pide la pena de dieciocho meses de cárcel, así como un hermano de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, Juan Antonio Yagüe, que se encuentra en busca y captura.
Julián Muñoz está encarcelado desde hace quince meses, cuando ingresó en prisión por el "Caso Malaya" sobre la corrupción en el consistorio marbellí; pesan sobre él dos condenas de un año de prisión cada una por causas urbanísticas y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.
Las causas penales contra el ex alcalde por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los dieciocho meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.
* La Opinión de Málaga - 24 de octubre de 2007
Foto: Marbella - costasur.com
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La sospecha se extiende en los municipios del archipiélago
ELPAÍS/Canarias* : La corrupción corroe la política canaria. Los casos de información privilegiada, comisiones ilegales y pelotazos urbanísticos se han multiplicado durante los últimos años en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Algunos han tocado al Gobierno autónomo, como las irregularidades en un concurso para la construcción de parques eólicos en 2006. Los más recientes son éstos...
- 'Caso Faycán'. Todos los miembros del gobierno local del PP en Telde (Gran Canaria), salvo un concejal, fueron detenidos y posteriormente dimitieron, a finales de 2006, por su implicación en una trama de favores urbanísticos a cambio de comisiones. El cerebro era la concejal de obras, Antonia Torres. "Cuando nos adjudicaron la obra, el asesor de la concejal nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios. Como no pagamos, dejaron de pagarnos las certificaciones de obras", declaró al juez un empresario extorsionado.
- 'Caso Mogán'. El juez ordenó el pasado febrero la detención del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas y malversación por firmar un convenio con un empresario por el que éste debía entregar al ayuntamiento tres parcelas que nunca cedió. La nómina de supuestos delitos de su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, se completaba con un fraude electoral por comprar supuestamente votos de turistas a los que lograba empadronar en el municipio. Bueno fue además acusada por la policía de espiar a la comisaria que investigó el caso.
- 'Caso Teresitas'. El fiscal presentó en diciembre una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), tres concejales (uno de ellos del PSOE y otro del PP), varios técnicos municipales y dos empresarios por prevaricación y malversación. Los empresarios compraron suelo por 30 millones en los aledaños de la playa de Las Teresitas, revendieron un tercio por 53 millones al ayuntamiento, y el resto, recalificado, alcanzó un valor de 106 millones. El supuesto pelotazo ascendió a 129 millones de euros. Buena parte del suelo era público y el resto, un acantilado.
*ELPAIS.com - 24/10/2007
Foto: Tenerife, playa Teresitas - flickr.com
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Tema: NOTICIAS Canarias
Las casas ilegales del aeropuerto de Córdoba se pagarán a precio de mercado
ELPAÍS* : Construir ilegalmente sale a cuenta, al menos junto al aeropuerto de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Fomento insistieron ayer en pagar a precio de mercado la adquisición de las alrededor de 75 propiedades que deben desaparecer para ampliar el aeropuerto de la ciudad para que reciba vuelos comerciales. Las casas que hay en esos terrenos se levantaron ilegalmente y, pese a todo, hay algunos de esos propietarios que se oponen a la venta. El Ayuntamiento advirtió ayer de que, si no se llega a un acuerdo amistoso, se recurrirá a la expropiación forzosa y se pagará sólo el justiprecio.
"La ampliación no se supedita a que el propietario de los suelos esté de acuerdo o no", sostuvo Andrés Ocaña, responsable de Urbanismo en Córdoba.
AENA prevé que a mediados del mes de marzo tendrá el suelo necesario para la ampliación. El aeródromo multiplicará por tres su superficie hasta llegar a los 1.226.000. Cuando a mediados de 2009 se haya culminado la obra, habrá vuelos nacionales e internacionales. Ahora sólo pequeños aeroplanos lo utilizan.
El problema reside en que hay varias urbanizaciones de casas que se han levantado al margen del ordenamiento urbano cercando al aeropuerto. Hay parcelaciones, como Fontanar de Quintos, que están clasificadas como reconducibles, es decir, que podrán regularizarse en el futuro. Pero otras, como La Altea, nunca serán legales al estar en una zona inundable. En esta urbanización hay 29 casas. Se trata de viviendas unifamiliares con piscina y un terreno. Josefa Jiménez, de 52 años, lleva viviendo ahí desde 1995. Su casa, al igual que 18 más, desaparecerá. "Si se ha decidido así nos tendremos que aguantar", reconoció ayer. Jiménez vive con su marido, dos de sus hijas y un nieto. Al ser la presidenta de la asociación de vecinos, ha estado presente en las reuniones que se han celebrado ya con el Ayuntamiento y con AENA. En esos encuentros se ha dicho a los afectados que se pagarán sus casas a precio de mercado. Según un pequeño sondeo realizado por este diario, el precio medio en la zona ronda los 250.000 euros por una parcela de 1.500 metros cuadrados con una vivienda de 150. Pero las administraciones todavía no han dado a conocer ninguna cantidad concreta. Simplemente porque no tienen todavía la lista definitiva de propiedades afectadas. Fomento estima que en dos semanas estará ese listado.
Manuel Navarro, un hombre de 64 años que lleva 30 años viviendo al lado del aeropuerto, se quejaba ayer de la "falta de información". Dijo que todavía no le han confirmado oficialmente si tendrá que vender su casa y que lo sabe por lo que ha leído en los periódicos. También desconoce cuánto le pagarán por las tres viviendas y la nave industrial que tiene en su parcela.
Piso protegido sin sorteo
El Ayuntamiento de Córdoba está dando un buen número de salidas a los propietarios de las casas ilegales que deben desaparecer para que pueda ampliarse el aeropuerto. Andrés Ocaña (IU), responsable municipal de Urbanismo, indicó ayer que los afectados tienen derecho al realojo en una Vivienda de Protección Oficial sin sorteo, aunque deben cumplir unas condiciones.
Entre los requisitos que anunció ayer Ocaña está no ser propietario de otra vivienda, tener los niveles de renta máximos que se establecen para poder acceder a un piso protegido, estar empadronados en Córdoba y ofrecer la garantía de unos ingresos regulares.
Hay situaciones de todo tipo entre los alrededor de 75 afectados. Personas como Manuel Navarro, quien sí tiene otras propiedades, o como Josefa Jiménez, quien sólo dispone de la casa que tiene que desaparecer para que el aeropuerto cordobés pueda recibir vuelos comerciales.
El Ayuntamiento baraja que los vecinos que lo requieran puedan agruparse en forma de cooperativa y poder así recurrir a la forma legal de VPO. A lo que se ha negado el Ayuntamiento es a dar a los propietarios suelo para que puedan volver a levantarse chalés.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 24/10/2007
Foto: Córdoba, mezquita - Mats Halldin (wikipedia.org)
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24.10.07
por UrbanismoPatasArriba
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Tema: NOTICIAS Andalucía
La Fiscalía pide 4,5 millones de multa por tres delitos de cohecho para dos ex ediles de Gondomar y un arquitecto
EUROPAPRESS/Pontevedra* : La Fiscalía solicita tres penas de multa para el ex edil de Cultura de Gondomar (Pontevedra), José Luis Mosquera, y el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, por cohecho y otras tantas para el arquitecto vigués Francisco Borja Ramilo Méndez, por un valor de 4,5 millones de euros tras ser detenidos en febrero acusados de corrupción urbanística.
En concreto, el escrito fiscal demanda para cada uno de los ex ediles una multa de 1,2 millones de euros, y dos de de 360.000; así como tres penas de suspensión de empleo y cargo público de dos años por cada una, pero no pide prisión.
Por su parte, para el arquitecto, como "coautor necesario", solicita tres penas de multa; una por 450.000 euros, otra de 135.000 euros y una tercera por más de 135.000 euros. Además, requiere la suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses, por cada uno de los tres delitos.
Para la que considera cómplice de sólo uno de los delitos, Belén Fernández Fernández, pareja sentimental del ex edil de Cultura, el fiscal Juan Carlos Aladro demanda la penda de 135.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante tres meses.
HECHOS.
El fiscal considera que los ex ediles decidieron, "con el ánimo de enriquecerse" y "sirviéndose de la ventaja que les proporcionaban sus cargos oficiales", cobrar unas cantidades de dinero a cambio de favorecer con sus votos la incorporación, en unos casos, y el desarrollo, en otros, de proyectos de urbanización que deberían ser incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Para ello, según el fiscal, se pusieron en contacto con el arquitecto que intervendría en los mismos, Francisco Borja Ramilo Méndez, que ejercía "de intermediario idóneo", ya que, por sus conocimientos técnicos y relaciones con propietarios y promotores, "era el mejor de los interlocutores".
Según destaca Aladro, los concejales trasladaron al arquitecto sus peticiones económicas sobre tres convenios. El primero en relación a la ordenación de la parcela SUZDR5 de la depuradora. Por su aprobación y desarrollo decidieron solicitar 600.000 euros.
El segundo se refería a una finca ubicada en el polígono 10, sobre el paraje de las Canasterías, con el que se pretendía la modificación de la edificabilidad, que se pedía que fuera similar a otra finca vecina del mismo que poseía una superior a la fijada. Para esta actuación los ediles pedían 180.000 euros.
El tercero de los convenios fue realizado con la sociedad A Pousa. Para su aprobación, desarrollo y ejecución solicitaron inicialmente la cantidad de 240.000 euros, que finalmente quedó reducida a 180.000 euros.
Entre enero y febrero de este año, los ediles se pusieron en varias ocasiones en contacto con el arquitecto para hacer efectivo el cobro de las citadas cantidades. En concreto, el fiscal destaca que el 7 de febrero se realizó una reunión con el representante de la sociedad A Pousa, con una cantidad de 60.000 euros en la aprobación definitiva y otros 60.0000 euros cuando superara la aprobación del órgano supervisor de la Xunta de Galicia.
Las detenciones fueron practicas el 14 de febrero cuando decidieron hacer efectiva la primera entrega del soborno en un estudio de arquitectura en la calle Colón de Vigo. Así, a las 21.00 horas acudieron el ex edil de Cultura y su novia al lugar, que fue cambiado finalmente a la cafetería del Hotel Galicia, situada en las proximidades del punto inicial.
* Europa Press - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct
Foto: Gondomar (Pontevedra) - valminor.info
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24.10.07
por UrbanismoPatasArriba
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