ELPAÍS/Barcelona* : El turismo barato amenaza Barcelona. Llegó a través de Internet en compañías aéreas de bajo costo y ha logrado en los últimos años afianzarse con apartamentos a precio de saldo, en su mayoría ilícitos. El fenómeno ha permitido la creación de una amplia red de alojamientos ilegales que nadie controla y que acaban convirtiéndose en pisos patera para turistas. Primero fue Ciutat Vella, pero ahora es también Diagonal Mar y otras zonas de la ciudad. Los gestores municipales están alarmados; reclaman instrumentos legales que permitan cazar a los promotores y cerrar los alojamientos clandestinos. Se calcula que sólo en Ciutat Vella hay más de 1.000 apartamentos clandestinos.
"Otra manera de estar en Barcelona; disponemos de toda una gama de apartamentos de vacaciones que van desde alojamientos baratos a precio de saldo a lujosos apartamentos para ejecutivos...", asegura una propaganda de apartamentos vacacionales por días. Los precios son tentadores: 40 euros al día por un apartamento de 32 metros cuadrados y dos camas, o 105 euros al día por uno de 86 metros cuadrados con capacidad para cuatro personas. La negociación se efectúa a través de Internet, así como el pago, que se realiza con tarjeta de crédito.
El único contacto humano es el de una azafata o encargada que, de manera también discreta, le esperará el día de su llegada a la puerta del apartamento para darle la llave, y el de su salida, para recogerla. Cuando el grupo de ocupantes se va, viene una brigada de limpieza y reparación que adecenta el piso para la nueva remesa. Nadie controlará ni fiscalizará el número real de turistas que acabará utilizando el apartamento. Las vacaciones están servidas.
"La red de apartamentos ilegales de Barcelona cada vez es más amplia y compleja. Surgen y se desvanecen con facilidad. No dejan rastro. La capacidad de los gestores de apartamentos turísticos ilegales para camuflarse en Internet es inaudita", asegura Elio Lozano, director de los servicios técnicos del distrito de Ciutat Vella de Barcelona, donde se concentra la mayor oferta clandestina de la ciudad.
Ciutat Vella cuenta con una red legal de 700 apartamentos turísticos, inscritos en el registro de Turismo de la Generalitat y que han sido homologados por los servicios técnicos del distrito. Al margen de esta oferta legal, se esconde una red de alojamientos clandestinos cuya magnitud, según los técnicos, es imposible determinar. Las investigaciones efectuadas, especialmente a través de Internet, les han permitido identificar en el distrito al menos tres grandes redes. También han detectado otra variante inquietante: ofertas individualizadas, de pequeños propietarios. No hay direcciones. En el mejor de los casos, un número de teléfono movil.
"En el distrito de Ciutat Vella nos hemos convertido, gracias a una reciente ordenanza de usos, en pioneros en Cataluña en la lucha contra los apartamentos ilegales. Pero nos faltan instrumentos legales suficientes para actuar con energía, de la misma manera que lo podemos hacer con los comercios ilegales. Por eso reclamamos de la Generalitat que ponga orden y reglamente el sector, pero sobre todo que nos dé armas", insiste el responsable técnico de Ciutat Vella. Además, "detrás de cada apartamento ilegal puede haber también un fraude fiscal".
Los promotores de apartamentos ilícitos de Ciutat Vella, presionados por la persecución municipal, se han visto obligados a buscar otras zonas de expansión. Diagonal Mar se está convirtiendo en un nuevo destino del turismo clandestino. El fenómeno es relativamente nuevo en este distrito. Pero aun así hay detectados al menos 60 apartamentos ilegales, que cohabitan con otros 100 legales, según Joan Soto, de la concejalía. El mercado ilegal trata asimismo de abrirse camino en el Eixample y se detectan casos en Sants, Poble Sec y Montjuïc. "El mejor aliado que tenemos por ahora en la lucha contra este tipo de apartamentos son los propios vecinos. Las denuncias a la Guardia Urbana nos permiten actualizar nuestros datos y en muchos casos actuar", opina Lozano.
Porque, sean legales o ilegales, los problemas no terminan ahí. Los vecinos de algunas casas de la calle de Caracas padecen las molestias de este tráfico. En los balcones han colgado pancartas para recordar al Ayuntamiento que tiene un tema pendiente: "Hereu, esto no es un hotel".
"¿Sabe usted lo que supone para una comunidad estable de 60 vecinos descubrir de pronto que en el inmueble hay periódicamente un movimiento rotatorio de otros 30 inquilinos?", comenta un vecino. Entre el 10% y el 20% de los pisos de su edificio sirven de alojamiento turístico por días. Hay quejas de todo tipo: turistas borrachos haciendo sus necesidades en la piscina, uso indebido y abusivo de los ascensores, insultos y malos tratos, y sobre todo, fiestas ruidosas a horas intempestivas.
Las noches son infernales
Las quejas de los vecinos de este tipo de turismo son persistentes.
"Para mí no hay diferencia entre los apartamentos turísticos legales y los ilegales. Todo es lo mismo. Es un infierno vivir junto a un piso turístico por días", asegura Diana Oliva, de 60 años, secretaria de dirección y vecina del inmueble número 23 de la calle de la Portaferrissa de Barcelona.
Desde hace más de un año los vecinos de esta comunidad se han dirigido a las diferentes administraciones solicitando el cierre de los dos apartamentos turísticos existentes en el edificio. Hasta ahora han conseguido sólo el cierre de uno de ellos, que era ilegal. Las quejas de estos vecinos coinciden también con los de Via Laietana 13, donde los residentes se ven obligados a convivir con los turistas de 11 apartamentos turísticos.
"Hay noches en que es imposible dormir. Hay noches que nos las pasamos en vela con el corazón encogido. Cuando no es la música, son los gritos, las risas, los portazos sin contemplaciones, los movimientos de muebles y las llamadas por interfono o timbrazos equivocados. Una vez los huéspedes llegaron borrachos", describe Diana Oliva en una de las cartas de denuncia.
* ELPAIS.com - FERRAN SALES - Barcelona - 21/10/2007
Foto: Pisos patera - terra.org
'Pisos patera' para turistas
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21.10.07
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Tema: NOTICIAS Cataluña
Vitoria: La Fiscalía denuncia al ex concejal Ibarrondo por prevaricación urbanística
ELCORREO* : La tormenta política que salpicó al anterior gobierno del PP de Vitoria en el tramo final de su mandato por los controvertidos chalés de Ali e Ibaiondo tiene desde ayer derivaciones judiciales. La Fiscalía de la Audiencia, tras examinar durante cinco meses -a petición de PNV, PSE, EB y EA- las conclusiones de la comisión municipal de investigación sobre ambos casos, ha decidido denunciar ante el juez al ex teniente de alcalde y ex concejal de Urbanismo Jorge Ibarrondo, y al que fue su director en ese área, Antón Sáenz de Santa María. A su juicio, existen indicios de prevaricación urbanística en su actuación en las dos promociones.
Además, Josu Izaguirre cree que a este último podría atribuírsele también un delito de falsedad documental.
En Ibaiondo, el Consistorio popular permitió a una promotora cobrar un sobreprecio por unos chalés tasados que el ministerio público juzga ilegal. En Ali, autorizó a otra constructora a levantar siete casas en lugar de las seis que, por el tamaño del solar, permite la legislación vigente.
La primera de las dos polémicas saltó a la luz en agosto de 2006. Los adjudicatarios de veinticuatro chalés bioclimáticos en el barrio de Ibaiondo acusaron a la promotora, Opacua, de cobrarles 54.000 euros más del precio fijado por el Ayuntamiento por cada casa. ¿La razón esgrimida por la constructora? Las singulares dotaciones ecológicas de los unifamiliares, tales como placas solares, dispositivos de aprovechamiento de las aguas pluviales y otros elementos destinados a reducir el consumo energético.
El coste final de las viviendas, sin embargo, había sido fijado cuatro años antes por el pleno del Consistorio de la capital: unos 250.000 euros, el resultado de aumentar en un 75% el coste de un piso de protección oficial «dadas las medidas medioambientales previstas en los chalés», explicitaba el texto aprobado por la Corporación.
Pese a ello, el 18 de julio de 2003, Opacua se dirigió por escrito al Departamento municipal de Urbanismo, entonces dirigido por el concejal popular Jorge Ibarrondo, para preguntarle por el precio que debía cobrar a los adjudicatarios de las casas, que habían sido determinados por sorteo. La contestación la firmó apenas cuatro días después, en una controvertida 'nota informativa', el director del área, Antón Sáenz de Santa María, antiguo dirigente e ideólogo de la desaparecida Unidad Alavesa. Según su interpretación, en el precio estipulado en la resolución plenaria no se contemplaba el coste de los equipamientos ecológicos, por lo que la firma podía repercutir 54.000 euros más por casa, con lo que su precio final quedaba en 304.000 euros.
Lectura falsa e interesada
Esta decisión fue duramente contestada por el Ararteko, el Síndico y la Secretaría municipal -el órgano jurídico de mayor rango del Ayuntamiento-. En sendos informes, todos ellos censuraron al Gabinete de Alfonso Alonso «por permitir un sobrecosto indebido para los adjudicatarios y un enriquecimiento injusto para la promotora».
Ahora el fiscal jefe, tras examinar la documentación que pusieron en sus manos los partidos de la oposición el 3 de mayo, se alinea también con esta tesis y ve indicios sólidos de prevaricación en la actuación de Ibarrondo y Sáenz de Santa María, y de un delito de falsedad documental en este último. El ministerio público considera que la 'nota informativa' del director de Urbanismo no sólo contradice de manera flagrante lo acordado por el pleno municipal -que fijó el precio de los chalés teniendo ya en cuenta su carácter bioclimático-, sino que entiende que hace una lectura falsa e interesada del mismo.
Josu Izaguirre estima que al permitírsele cobrar ese sobreprecio ilegal la promotora, Opacua, obtuvo un beneficio extra totalmente injustificado. Y es que la constructora logró la adjudicación por menos de 1,8 millones de euros y sus ganancias con la operación bordean los 1,3 millones de euros.
Los propietarios de los chalés solicitaron en enero al Ayuntamiento que se les devuelva el dinero que tuvieron que pagar de más. Hace poco más de un mes, el nuevo alcalde, el socialista Patxi Lazcoz, anunció que «si no hallamos un subterfugio legal para conseguir que Opacua devuelva el dinero, el Consistorio asumirá la responsabilidad».
Cambio de criterio
En puertas de la Navidad de 2006, a sólo cinco meses de las elecciones, cuando el enfrentamiento entre el Gabinete Alonso y la oposición por el caso anterior estaba al rojo vivo, EA destapó el segundo escándalo urbanístico. El único edil de esta formación, Antxon Belakortu, acusó a Ibarrondo y a Sáenz de Santa María de haber autorizado en junio de 2005, en contra de todos los informes técnicos, la construcción de siete chalés en una parcela del pueblo de Ali en donde sólo se podían levantar seis.
Según Belakortu, la empresa Salgado Iglesias pidió en dos ocasiones -en julio de 2003 y en diciembre de 2004- autorización al Ayuntamiento para hacer las siete casas. En ambas ocasiones le fue denegada la licencia porque, según los técnicos, el Plan General de Ordenación Urbana fija un máximo de seis viviendas -una menos de las solicitadas- cuando el solar no llega a los 2.000 metros cuadrados, como era el caso.
Pese a ello, la promotora volvió a la carga una tercera vez. Sin nuevos informes técnicos que dejaran sin efecto los que anteriormente habían llevado a Ibarrondo a rechazar la autorización, el director de Urbanismo concede el permiso con la resolución previa, a favor del plan, firmada por el concejal. El edil de EA calculó entonces que, la construcción del séptimo chalé proporcionó a Salgado Iglesias un beneficio extra de unos 250.000 euros.
En su resolución, la Fiscalía no ve ningún motivo que justifique ese cambio de criterio y por tanto entiende que la concesión de la licencia contraviene la legalidad. A su juicio, hubo voluntad de favorecer de manera manifiesta a la promotora. Un comportamiento por el que podría imputarse al antiguo edil popular un delito de prevaricación.
La denuncia del fiscal jefe, Josu Izaguirre, será asignada en breve a un juzgado para que investigue y enjuicie si ve indicios de delito en ambas actuaciones.
CRONOLOGÍA
8 de agosto de 2006: Los adjudicatarios de los 24 chalés bioclimáticos de Ibaiondo denuncian que la promotora les exige más dinero por casa del fijado por el pleno.
20 de diciembre de 2006: En plena polémica por el 'caso Ibaiondo', EA denuncia que el concejal y el director de Urbanismo dieron luz verde en junio de 2005 a una licencia de obra para hacer 7 chalés en una parcela de Ali donde, según la ley, sólo se podían hacer 6.
21 de diciembre de 2006: La oposición fuerza una comisión para investigar las «irregularidades» en Urbanismo.
9 de enero de 2007: El Ararteko, al que recurrieron los adjudicatarios de los chalés de Ibaiondo, censura al Gabinete Alonso por permitir un sobreprecio «indebido».
11 de enero de 2007: Arranca la comisión de investigación, en la que participarán 30 personas entre técnicos y responsables políticos.
17 de enero de 2007: Los adjudicatarios de las casas de Ibaiondo reclaman al Ayuntamiento 1,3 millones de euros de indemnización,
22 de febrero de 2007: El Síndico dice que la promotora de los chalés de Ibaiondo «se enriqueció de forma injusta».
21 de marzo de 2007: La Secretaría municipal -máximo órgano jurídico del Consistorio- censura la actuación del equipo de gobierno del PP en ambos casos.
7 de marzo de 2007: El entonces alcalde Alfonso Alonso respalda la gestión de Urbanismo y emplaza a la oposición a ir a los tribunales.
3 de mayo de 2007: PNV, PSE, EB y EA ponen en manos de la Justicia los casos de Ali e Ibaiondo.
* El Correo Digital - 20.10.07 - I. OCHOA DE OLANO
Foto: Vitoria-Gasteiz, ayuntamiento - Miguel A. Garcia (vitoria-gasteiz.org)
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Tema: NOTICIAS País Vasco
Maragall se quedó corto
ELPAÍS/Editorial* : Un auto judicial ha venido a ilustrar que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, escribió recto con renglones torcidos. Las comisiones de las constructoras a empresas públicas bajo el Gobierno de CiU, según se desprende del auto, existieron. Y no fueron del 3%, como dijera Maragall en 2005 en el Parlamento catalán, sino que en algún caso -estima el magistrado- llegaron a ser del 20%. El monto de las cifras desveladas hasta el momento no es relevante: 60.000 euros. Pero la gravedad reside en que el perjudicado por ese entramado sea el eslabón más débil de la cadena social: los ciudadanos que precisan acceder a un piso protegido. Y sobre todo ello cae la sombra de la financiación ilegal de los partidos.
Los Gobiernos de CiU no se caracterizaron precisamente por la construcción de vivienda social, que fue uno de los agujeros más flagrantes del pujolismo. De ahí el sarcasmo de esas supuestas comisiones. De ese entramado, el juez responsabiliza a ocho personas, entre las que se encuentran los principales responsables de Adigsa (la empresa que se encarga de las rehabilitaciones), de utilizar el dedo en lugar del concurso para la realización de las obras de reforma de los pisos en mal estado entre 2002 y 2004. Al igual que en el caso de la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, por las obras efectuadas en su casa, las formaciones respectivas han optado por matar al mensajero. Se trata de una costumbre extendida entre los partidos cuando salen a la palestra por cuestiones económicas. Desde CiU también han argüido razones procesales: alegan que un auto judicial posterior de la Audiencia de Barcelona da luz verde a otro peritaje sobre los pisos que compró Adigsa. Eso no altera la esencia del auto del juez instructor, en el que se afirma que un constructor pagó 60.000 euros en comisiones.
La investigación respecto al llamado caso del 3% es atribuible en buena medida a la tenacidad de José María Mena, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el momento en que se produjeron los hechos. La tramitación del Estatuto catalán -para cuya aprobación era imprescindible el concurso de CiU- actuó como un freno a la hora de que el tripartito catalán aportase documentos a la fiscalía. El temor a que CiU cumpliese su amenaza de romper el consenso estatutario sólo fue vencido por los nuevos directivos de Adigsa -que quedó en manos de Iniciativa-Verds-, por lo que toda la investigación se vio constreñida a ese marco.
Quizá algún día el tripartito catalán deberá explicar por qué la auditoría de gestión realizada sobre los últimos gobiernos de Pujol -presentada en 2004- no entró a analizar la licitación de obra pública. Es de lo más lógico que cuando los partidos tienen tentaciones corporativistas los ciudadanos se sientan poco motivados para acudir a las urnas.
* ELPAIS.com - 20/10/2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Cataluña
El suelo que albergará las urbanizaciones de Sanxenxo se revalorizó un 2.000%
FARODEVIGO* : El precio del suelo donde se construirán las tres nuevas urbanizaciones previstas al lado del mar en Sanxenxo -con un millar de viviendas y un hotel- se revalorizó un 2.000 por ciento en sólo cuatro años. En la zona de A Granxa, donde hoy está proyectada una de esas tres urbanizaciones -394 viviendas sobre una superficie de 78.920 metros cuadrados-, la adquisición de los terrenos comenzó en el año 2003. Entonces, sus dueños los vendieron por algo menos de cien euros. Hoy, ese mismo suelo ha multiplicado por veinte su valor.
El desarrollo solamente de esa urbanización significa una operación de 142 millones, según fuentes consultadas por este diario. Cada una de las 394 viviendas proyectadas adquirirá un precio medio en el mercado de 361.000 euros, aunque su coste real será de 231.900.
Para tener una idea del volumen de esta operación habría que sumar a los 142 millones de A Granxa, lo que supongan las otras dos urbanizaciones: Os Cotos (357 viviendas y un hotel) y Festiñanzo (260 chalés).
Los promotores del suelo de la zona A Granxa pueden construir 0,40 metros cuadrados por cada metro cuadrado de terreno. La baja edificabilidad que contempla el plan parcial de esta zona no hace sino incrementar su valor.
Cada metro cuadrado edificable en el suelo de A Granxa implica unos costes para el promotor de 1.054 euros, tomando como referencia una vivienda de 100 metros cuadrados. A este importe hay que sumar los gastos de construcción, 72.000 euros en este caso, y los gastos de urbanización, que suponen 8.400 euros más.
Una vez añadidos las tasas financieras y comerciales, así como la tramitación de la licencia, el precio de un piso se sitúa ya en 231.900 euros. Según fuentes del sector inmobiliario próximas al proyecto, los promotores tendrán unos márgenes de beneficio de unos 130.000 euros. Así, los pisos saldrán a la venta por más de 361.000 euros.
El Concello de Sanxenxo se embolsará 3.248.765 euros por la venta del 10 por ciento del aprovechamiento urbanístico.
Vecinos de la zona
Los beneficios para algunos particulares no están tan claros. Carmen Martínez es una de las personas que dice haber vendido sus fincas por la "presión" de los promotores.
Esta vecina entregó una parcela de 312 metros cuadrados por 18.000 euros. "A mi familia nunca le dejaron edificar aquí porque hace cinco años decían que era zona verde, ahora vienen los de fuera y sí pueden", afirma.
Esta zona figuraba en las normas urbanísticas subsidiarias como de especial protección. Desde la aprobación del Plan Xeral en febrero de 2003 está calificada como urbanizable. Desde su punto de vista, la urbanización prevista enA Granxa, con unas privilegiadas vistas sobre la playa de Pampaído, significa la destrucción de un "paraíso natural".
Uno de sus convecinos, Alberto Costas, comparte parcialmente esta opinión. "Aquí no van a hacer una urbanización, aquí van a hacer un pueblo entero", manifiesta. Este ciudadano considera, no obstante, que la Lei de Medidas Urxentes de Ordenación do Territorio e do Litoral es "demasiado restrictiva".
* Faro de Vigo - MÓNICA ÁLVAREZ / SANXENXO - 19 de octubre de 2007
Foto: Una vista de la zona donde se edificarán las urbanizaciones. / junior - farodevigo.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
El TSJ asume la investigación al alcalde de Alicante por prevaricación
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se hace cargo de la investigación iniciada por el Juzgado de Instrucción número ocho de Alicante por supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencia, falsedad, malversación de caudales públicos y apropiación indebida en la que están imputados el diputado y alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, aforado, miembros de la corporación, el constructor Enrique Ortiz y el gerente.
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha asumido la investigación que se iniciara tras una denuncia presentada el 4 de noviembre de 2005 sobre presuntas irregularidades en la concesión de las licencias de construcción de varios aparcamientos subterráneos de Alicante. Así consta en un auto de fecha 11 de octubre que a lo largo de ocho folios explica las razones por las que la competencia pasa de un juzgado de instrucción al TSJ.
La denuncia presentada por José Luis Valdés Fernández aportaba 21 documentos que recogían la tramitación del expediente administrativo municipal sobre el concurso público convocado por el Pleno del Ayuntamiento de Alicante con fecha 17 de enero de 2003 para la construcción y explotación de tres estacionamientos subterráneos. El concurso inicial sufrió una modificación que supuso, a juicio del denunciante, un incremento de más del 20% y que se aprobó sin el informe del Consejo Jurídico consultivo obviando datos fundamentales. Quienes informaron negativamente a la modificación del contrato por el concesionario dejaron de tener cualquier tipo de competencia sobre el asunto. Un decreto del alcalde sustituyó a la dirección técnica y a la concejalía competente por la concejalía de Seguridad, ciudadanía, Tráfico y Transportes, que emitió el informe que permitía las modificaciones que quería el adjudicatario.
La Junta de Gobierno Local aprobó en sesiones de 14 de marzo y de 4 de julio de 2005, sin contar con un nuevo y preceptivo informe del servicio de Economía y Hacienda del consistorio, la ampliación de la concesión en siete años y medio. Resultado: la Junta de Gobierno aprobó unas obras que costaban un 20% más del presupuesto de Ejecución de Contrata aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. El quebranto económico se estima en 2.268.060,94 euros. Y la mercantil adjudicataria, Ortiz e Hijos, incumplió la modificación aprobada con relación a la estructura perimetral del estacionamiento que se ubica en la calle de Hermanos López de Osaba, beneficiándose económicamente de ello.
Tras las diligencias practicadas en el juzgado de instrucción de Alicante, se imputó a Luis Díaz Alperi, alcalde de Alicante, diputado autonómico y por tanto aforado; Antonio Escobedo Moya, jefe del departamento Técnico de Tráfico y Planificación viaria; Enrique Tomás Ortiz Selfa, responsable de la mercantil Ortiz e Hijos (mercantil que compró terrenos a Terra Mítica en el proceso de suspensión de pagos y se prepara para urbanizar el entorno del parque en cuatro años); Luis concepción Moscardó, concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Transportes cuando ocurrieron los hechos; Sonia Castedo Ramos, concejal delegada de Urbanismo y miembro de la Junta de gobierno; y Santiago Bernáldez Gazapo, director gerente de la constructora.
El problema de competencia se suscitó por la imputación de un aforado. Por tanto, el juzgado de Alicante lo derivó al TSJ. La Sala de Lo Civil y Penal acepta el caso, no acepta la renuncia al aforamiento solicitada por Díaz Alperi. Por tanto, a partir de que el juzgado de Alicante remita toda la documentación que componen las diligencias, la causa continúa adelante con el magistrado José Francisco Ceres Montés como instructor.
* ELPAIS.com - L. GARRIDO - Valencia - 20/10/2007
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Varapalo al PGOU de El Puerto de Santa María
ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : La Consejería de Obras Públicas ha hecho público el “Informe de Incidencia Territorial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de El Puerto de Santa María”, y su contenido no puede ser más demoledor para este Plan que sólo respondía a los intereses de los especuladores urbanísticos y de los políticos corruptos que nos han gobernado estos últimos años. El Informe es “desfavorable a las propuesta del Plan General aprobado provisionalmente”.
Las razones son numerosas, y coinciden básicamente con las críticas que ha venido efectuando Ecologistas en Acción en estos últimos años.
El Informe asegura que los crecimientos urbanísticos propuestos no están justificados, pues las previsiones de aumento de población de El Puerto supone un máximo de 100.000 habitantes para el 2.018, mientras que el PGOU pretendía construir viviendas para 70.000 nuevos habitantes, un aumento del 84,76% cuando el máximo permitido en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) es del 30%.
El Informe critica la falta de datos que incluye el PGOU, pues ni siquiera aporta datos del Suelo Urbano actual ni del Suelo No Urbanizable, seguramente pata dificultar los cálculos que denoten los crecimientos desmesurados y especulativos que pretendía consagrar este PGOU. No obstante, y basándose en los datos parciales que aporta el PGOU y en datos estadísticos de la propia Junta de Andalucía, el Informe concluye que el PGOU pretende recalificar un total de 12.083.121 m2, lo que supone un aumento del 49%. Y eso con una lectura muy permisiva del PGOU, pues el Informe excluye sin mayores explicaciones los desarrollos previstos en la Florida (3.360 viviendas) y el suelo industrial sin desarrollar, que suponen más de 3.000.000 de m2. Pero lo que es más sorprendente es que los Suelos Urbanos No Consolidados previstos –eufemismo que incluye las 40 urbanizaciones ilegales, las famosas EMAs- no se contemplan como nuevos suelos a recalificar, sino ¡como suelo urbano existente!, lo que supone una triquiñuela para reducir el porcentaje de crecimiento previsto. Si se contemplan los suelos industriales y las EMAs como nuevos suelos urbanos, el crecimiento real previsto por el PGOU supera los 19.000.000 de m2, o sea un aumento del 76% en relación con los suelos urbanos y urbanizables actuales, casi el doble de lo permitido en el POTA.
Respecto al número de viviendas el Informe es tajante, se pretenden construir 34.269 viviendas, la cifra que en su momento aportó Ecologistas en Acción y que desmintió el Ayuntamiento, lo que supone un exceso de ¡¡23.000 viviendas!! Cuando se aprobó el POTA Ecologistas en Acción advirtió que esta norma sólo permitiría la construcción de 10.000 nuevas viviendas en El Puerto, fuimos insultados y descalificados por el entonces concejal de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez; pues bien, la Junta determina como máximo a construir 10.506 viviendas, ¡ahora hay que eliminar 23.000 viviendas del PGOU!
El Informe determina que el suelo urbanizable se excede en los límites previstos en el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz (POTBC), tanto en Las Beatillas como en algunas EMAs, como ya advirtiera Ecologistas en Acción.
El Informe también coincide con las Alegaciones de Ecologistas en Acción en el sentido de reducir las previsiones de usos residenciales del suelo y potenciar los usos turísticos hoteleros, que consumen menos suelo y generan más actividad económica. Así se prescribe en la zona de Cantarranas y el Madrugador.
Si a estas determinaciones vinculantes se le une las de la Declaración de Impacto Ambiental que, entre otras cosas, prescribe la exclusión como suelo urbanizable de los terrenos forestales y de las zonas de hábitat del camaleón, sabinas y enebros marítimos, la exclusión de las Beatillas, el respeto a las vías pecuarias…, se puede concluir que hay que hacer un nuevo PGOU, exactamente lo que propuso Ecologistas en Acción en 2003 cuando presentó sus Alegaciones al documento de aprobación inicial del PGOU, y reiteró en 2006 en las Alegaciones al documento de aprobación provisional I. Textualmente nuestras Alegaciones concluían “Que se proceda a redactar un nuevo PGOU o, en su defecto, se realice una remodelación del presentado a información pública, incluyendo las modificaciones sustanciales que permita reconvertirlo en un plan mínimamente sostenible, respetuoso con los valores naturales y patrimoniales del municipio, y que defienda los intereses generales de los ciudadanos y no los de una minoría de especuladores urbanísticos”.
Si hubieran atendido nuestras alegaciones –fueron rechazadas por IP y PSOE- ahora podríamos tener un PGOU que garantizara el respeto a nuestro patrimonio natural, histórico y monumental, y el derecho a una vivienda digna de todos los ciudadanos, pero pesaron más las presiones de los especuladores urbanísticos y de los corruptos que han dirigido la política urbanística de nuestro Ayuntamiento estos años.
Es la hora de ponerse manos a la obra y redactar el PGOU que necesita El Puerto, y Ecologistas en Acción va a ofrecer al Ayuntamiento toda nuestra colaboración. Pero también es la hora de exigir responsabilidades a los que han tenido cuatro años paralizado el PGOU con convenios, ilegalidades, escándalos y maniobras de todo tipo, y muy particularmente a Juan Carlos Rodríguez –hoy recolocado en una empresa de comunicación por “méritos propios”- y a Ignacio García de Quirós, portavoz del PSOE, que siendo concejal de Medio Ambiente apoyó y aprobó este PGOU ilegal, y se opuso a las alegaciones de Ecologistas en Acción que proponían, entre otras cosas, su adecuación al POTA y a la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible. La propia Junta desautoriza ahora la política urbanística del PSOE portuense, que ha sido un mero seguidismo a IP y a los especuladores urbanísticos.
Ecologistas en Acción quiere agradecer a todos los ciudadanos que han colaborado en estos años con nosotros en la defensa de los terrenos forestales, en la lucha por una vivienda digna, en las denuncias de las ilegalidades urbanísticas y de la corrupción. A pesar de las campañas mafiosas y de los ataques que hemos sufrido, el tiempo nos está dando la razón y tenemos ahora la oportunidad de diseñar entre todos “Una ciudad con futuro para todo@s”.
* Ecologistas en Acción - El Puerto de Santa María, 20 de octubre
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
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20.10.07
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS Andalucía
Abantos, un bosque de ladrillos
ELPAÍS/Madrid* : Parece que nada ha podido parar la construcción de cientos de viviendas que ponen en duda si en Abantos realmente hay un monte. Ni las protestas, ni los ecologistas, ni planes de protección de la sierra de Guadarrama han podido con la construcción desmesurada en la falda del monte Abantos de San Lorenzo del Escorial.
Algunos nos preguntamos qué pensarán nuestros hijos de esta herencia a un municpio tan cargado de belleza, historia y naturaleza, como así preconiza su ayuntamiento en su campaña de promoción turística.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - IGNACIO MARTIN - San Lorenzo del Escorial - 19/10/2007
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid), Abantos - I. MARTIN (El País)
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20.10.07
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Tema: NOTICIAS Madrid
Victoria de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Alburquerque
KAOSENLARED* : La Junta de Extremadura retira el proyecto original de Hospedería en el Castillo de Alburquerque (Badajoz). Sumaron a su causa a numerosos vecinos y asociaciones como Adenex, Amigos de Badajoz, el Icomos (organismo que asesora a la Unesco en materia de patrimonio) y el mismísimo Edward Cooper, especialista en castillos de España.
El alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo, afirmó con respecto a la Plataforma para la Defensa del Patrimonio, que sus ponentes "no tenían ni idea de patrimonio" y "que traerá progreso al pueblo", entre otras afirmaciones.
Galería de imágenes del castillo y el proyecto: http://www.box.net/shared/hsmf6klc4h
Manifiesto de la Plataforma para la defensa del patrimonio de Alburquerque
Los miembros de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Alburquerque manifestamos nuestro rechazo al proyecto de convertir el Castillo de Luna de Alburquerque en una hospedería de lujo y requerimos de las Administraciones competentes su paralización por las siguientes razones:
1.- Consideramos que el desarrollo de Alburquerque y de Extremadura no pasa por la modificación y alteración de sus monumentos.
2.- En las últimas décadas la Comunidad Autónoma de Extremadura ha optado por un modelo de desarrollo basado en nuestros recursos naturales, culturales y artísticos.
3.- El castillo de Alburquerque, además de ser Patrimonio Nacional desde 1924 es nuestra principal seña de identidad.
4.- No ha habido un anteproyecto ni se ha informado a la ciudadanía con suficiente antelación.
5.- Alburquerque cuenta con una parte de su casco urbano declarado Conjunto Histórico.
6.- No sólo se verá perturbado el Conjunto Histórico sino todos los festivales y actividades culturales que actualmente se desarrollan alrededor o dentro del castillo.
7.- Así pues, el verdadero progreso deriva del trabajo realizado por el conjunto del pueblo y el turismo que año aaño crece en Alburquerque y no por una hospedería de lujo de la que desconocemos su supuesta rentabilidad (puestos de trabajo, turismo,...).
Ver manifiesto completo: http://www.box.net/shared/1shcj3ourx
Toda la información en: http://plataforma-alburquerque.blogspot.com/
* Kaos en la Red - 19.10.2007
Foto: Alburquerque (Badajoz) - Plataforma Defensa Patrimonio Alburquerque
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20.10.07
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Tema: NOTICIAS Extremadura
Una treintena de empresas edifican en Portugal por la carestía del suelo
ELPAÍS* : Una treintena de promotoras, según datos estimativos de la Unión Provincial de Empresarios de la Construcción de Huelva (Upeco), ya se encuentran edificando en Portugal. La evolución del mercado inmobiliario explica esta deriva, que se produce sobre todo en los núcleos costeros de la región del Algarve. Allí han encontrado un paisaje muy similar al andaluz, con un gran potencial turístico por explotar y un precio de venta de los inmuebles mucho más competitivo que en España, aspectos que hacen que el lugar sea muy atractivo para los compradores.
La subida de los precios de las viviendas y de los tipos de interás así como el parón en las ventas están haciendo que muchos constructores busquen una salida fuera de sus fronteras. En el caso de Huelva, la vecina Portugal es la opción más lógica. "Allí encontramos buenas infraestructuras, pero sobre todo unos precios muy competitivos en cuanto al suelo y al precio final de las segundas residencias. Además las calidades son muy buenas. Y siempre, mucho más barato que en Huelva", explica José María Terrón, presidente del Grupo Artagón, constructora onubense presente en Portugal desde hace siete años. "Por ejemplo, una residencia de alto standing que en la provincia cuesta un millón de euros, en Portugal se puede encontrar a 360.000 euros. Y en cuanto a segundas residencias tipo de dos dormitorios, la que en Huelva no se encuentra por menos de 300.000 euros, en Portugal puede adquirirse por 100.000", destaca el empresario.
La edad media del comprador extranjero que invierte en Portugal supera los 45 años. Clientes así no sólo se sienten atraídos por el clima y los paisajes, sino por una red de asistencia sanitaria privada dirigida a ellos más completa que la onubense, por la presencia de varios colegios bilingües privados en el Algarve -en Huelva sólo hay uno- y, sobre todo, por una población más habituada a atender a los extranjeros, incluso en su propio idioma, explican los expertos.
El presidente de Upeco, Francisco Urbano, achaca la llamada del oeste de los constructores onubenses a la falta de suelo para construir en la provincia, y también a la tardanza en la resolución de los planes generales de ordenación urbana de la mayoría de los municipios. "Eso está haciendo que muchas empresas se lancen no sólo a Portugal, sino también en el mercado iberoamericano", afirma. Hace más de un lustro que las empresas onubenses empezaron a asomarse a Portugal, pero según el responsable de Upeco en los dos últimos años "se ha venido agudizando esta dinámica".
No obstante, el presidente de los constructores ve con optimismo el futuro en la provincia de Huelva, ya que cree que la situación actual del sector, que define como de "crecimiento moderado" es positiva.
El conjunto de empresas que preside Urbano, el Grupo Godosa, ha anunciado esta misma semana la firma de un acuerdo con la Caja de Ahorros del Mediterráneo en la que se crea una nueva promotora -llamada Atlantic Nostrum- para construir viviendas en Huelva, Extremadura y el sur de Portugal.
Según cifras de Upeco, el sector genera en la provincia 39.000 puestos de trabajo directos y otros tantos indirectos. "Por ello, lo que queremos es apostar por este mercado y tratar de revitalizarlo en Huelva, porque creemos que sigue habiendo una fuerte demanda en la provincia y se sigue comprando, a pesar del pequeño retroceso. Pero no nos olvidamos del potencial que existe en Extremadura y en Portugal, donde también vamos a actuar". El Grupo Godosa construye actualmente unas 500 viviendas en la zona de Portimao. "En Portugal hemos encontrado gran disponibilidad de suelo. Y las ventas son buenas".
Empresarios onubenses como José María Terrón, apuntan a las ordenaciones decretadas desde la Junta de Andalucía como causa primera de la migración a Portugal. "El POTA [Plan de Ordenación Territorial de Andalucía] y el POTLOH [Plan de Ordenación Territorial de del Litoral Occidental de Huelva] han hecho daño. Ambas medidas han reducido la cantidad de suelo, lo que ha provocado la subida de éste al haber mucha demanda. Eso ha incrementado los precios de la vivienda y el frenazo actual de las ventas", explica. "Ante esta situación los constructores onubenses teníamos que buscar alternativas y uno de los lugares más cercanos y lógicos era Portugal".
La clara diferencia de precios para los compradores entre los dos países ha derivado en un hecho curioso. Ya hay antiguos vecinos de pueblos onubenses cercanos Portugal que han optado por residir en municipios fronterizos lusos como Castro Marim o Vila Real de Santo Antonio y trabajar en España.
* ELPAIS.com - MANUEL J. ALBERT - Huelva - 19/10/2007
Foto: Tavira (Algarve - Portugal) - Panarria (wikipedia.org)
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20.10.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía , NOTICIAS Portugal
Vecinos del barrio del Bon Pastor de Barcelona consideran "ilegal" el desalojo de las 'Cases Barates'
EUROPAPRESS* : Algunos vecinos del barrio del Bon Pastor de Barcelona consideran "ilegal" el desalojo de las 'Cases Barates' que tuvo lugar desde las 8.30 horas de hoy en el distrito de Sant Andreu. El barrio está inmerso en un proyecto de reordenación urbanística, que contempla el derribo de las 'Cases Barates', construidas en 1929, tras la Exposición Universal de ese año en la ciudad, y que afectará a más de 700 casas, aunque 130 vecinos ya han dejado sus viviendas en la primera fase de la remodelación. Varias familias que residían en estas viviendas, unas cinco, se negaron a abandonar sus casas al discrepar de esta reforma y también rechazaban la indemnización y el piso oficial que les ofrecía el Ayuntamiento.
Aseguran que las condiciones ofertadas no eran ventajosas ya que les proponían un piso en propiedad de 70 metros cuadrados con una hipoteca de 300 euros al mes durante 20 años, mientras que actualmente algunos de ellos pagan unos 20 euros de alquiler por casas de 30 metros cuadrados.
Aurora Sardenya, consideró que el desalojo "es ilegal" porque, según esta vecina, el plazo para las alegaciones "no acababa hasta el 7 de noviembre". Serdanya, visiblemente enfadada, relató como a primera hora de la mañana, sobre las 8.30 horas, la Policía "tiró la puerta" de su casa "sin dar tiempo a llamar a un abogado", añadió.
Según esta afectada por el desalojo, "ya presentamos unas alegaciones que están pendientes de una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya". Por ello, justo ante el cordón policial, insistió en denunciar la ilegalidad del desalojo. Además, Sardenya explicó que en tres días les darán un piso, aunque no es lo que habían pedido. Mientras tanto, se alojarán en un hotel.
TENSIÓN ENTRE VECINOS, POLICÍAS Y PERIODISTAS.
Poco antes de las 12 horas, los agentes antidisturbios de la Guardia Urbana actuaron contra algunos vecinos que se resistían y periodistas que cubrían los hechos. Algunos vecinos se quejaron de la contundencia policial como es el caso de Gregorio, quien afirmó que fue la Policía la que atacó y "golpeó a vecinos, gente mayor".
Otro vecino afirmó, mientras corría por una de las calles, que su mujer estaba en un centro médico y que después "denunciaría todo lo sucedido".
Un joven testigo de los hechos, Stefano, explicó que no se lanzaron piedras contra los agentes, pero ellos "rebentaron las gafas a un chico". "Tenían mucha rabia acumulada porque todo el mundo estaba en contra de ellos", aseguró. Para él, la carga policial servirá para que el resto de afectados "no se atrevan a pedir una indemnización".
El mismo joven explicó que los agentes no enseñaron en ningún momento una orden judicial de desalojo y que no quisieron facilitar sus números de identificación policial.
Desde ese momento, la Urbana estableció un perímetro de seguridad alrededor de las casas para que los curiosos y los periodistas no se acercaran, mientras los vecinos directamente afectados seguían vaciando sus casas, y las cajas se iban cargando en camiones de mudanzas contratados por el Ayuntamiento.
En la zona se concentraron un centenar de personas --además de los periodistas--, algunas de las cuales se mostraban satisfechas por el desalojo, ya que consideran que el barrio mejorará con el nuevo plan urbanístico y llegaron a enfrentarse verbalmente a los afectados y a los que les apoyan.
En algunas casas de la zona todavía se pueden ver varias pancartas y pintadas en las fachadas que rezan lemas como 'El barrio es de quien lo vive', 'Especuladores fuera' o 'Basta de ilegalidades'.
Ajenos a todo el griterío y a las cargas policiales, los alumnos de una escuela muy cercana seguían con sus actividades escolares.
* Europa Press - BARCELONA, 19 Oct.
Foto: Barcelona, casas BonPastor - V.Graell (elmundo.es)
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19.10.07
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Tema: NOTICIAS Cataluña
La Plataforma por una Vivienda Digna no apoyará los actos del CJR y CJL
En el mes de agosto el Consejo de la Juventud de La Rioja se puso en contacto con la Plataforma por una Vivienda Digna* para organizar una actividad referente a la vivienda digna, encuadrada en una campaña del Consejo de la Juventud de España. Comenzamos a trabajar conjuntamente en la preparación de dicho acto, que contaría con conciertos, acampada, charlas y otros actos. Dicha colaboración se rompió cuando el Consejo de la Juventud de La Rioja y Consejo de la Juventud de Logroño manifestaron que no participarían en un acto en el que se criticase a cualquier institución riojana, alegando que la finalidad de los Consejos de la Juventud es meramente informativa y en ningún momento puede servir como critica política.
Desde la PVD entendemos que nuestra naturaleza es esencialmente reivindicativa, y que difícilmente se puede organizar un acto a favor de la vivienda digna sin criticar las políticas que desde todas las Administraciones (tanto el Ayuntamiento, como la Comunidad Autónoma y el Ministerio de la Vivienda) se están llevando a cabo, dado que son los principales responsables de la situación actual.
Desde la Plataforma creemos que este concierto solo sirve para favorecer que la situación de la vivienda siga estando igual, ya que en este acto no se van a proponer soluciones ni criticar a los responsables de que los jóvenes no nos podamos emancipar. Creemos que los Consejos de la Juventud deberían de ser un organismo donde se trabaje para denunciar y proponer soluciones a los problemas que tenemos los jóvenes riojanos y no como instrumento propagandístico de determinados grupos políticos, ya que deja de ser un órgano de los jóvenes para se un instrumento de manipulación de los jóvenes.
La PVD organizará en el mes de noviembre una actividad independiente a la del CJR y CJL, de carácter marcadamente reivindicativo, donde plantearemos nuestras propuestas, las cuestiones a las que nos oponemos con respecto a las actuaciones de las Administraciones Públicas y divulgaremos los 11 puntos de nuestro manifiesto que se pueden leer en nuestra web: www.viviendadigna.org
* Plataforma por una Vivienda Digna (Para Kaos en la Red) - 19.10.2007
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19.10.07
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS LaRioja , NOTICIAS VIVIENDA
Madrid: Dos voluntarios contra un derribo
ELPAÍS* : El recurso judicial de los habitantes del gallinero -extremo norte de la parte más degradada de la Cañada Real Galiana, en el distrito de Vallecas- que ha conseguido paralizar la orden municipal de derribar sus 35 chabolas se organizó el pasado domingo. En medio de la nada, emergieron tres sillas. Dos, de ésas de plástico que los bares ponen en las terrazas. Otra, de tela con cuadritos marrones desechada por una oficina. En medio, una mesita auxiliar cortesía de Marian, abuela de 49 años cubierta de negro. Alrededor, un montón de caras sucias enseñando tarjetas de residencia, pasaportes y hojas de empadronamiento.
Antonio, voluntario de Cáritas, apuntaba cada nombre en un folio. Jorge, que conoce la zona de su persistente tarea escolarizadora, ejerce de interrogador:
-¿Cuántos años tienes?
-Treinta y uno.
-¿Cuántos hijos tienes?
-Dos.
-¿Cómo se llaman?
-Maradon y Rivaldo.
Y todo así. Con mucha paciencia. Dos voluntarios contra un derribo, con el respaldo de los servicios jurídicos de Cáritas. Los niños juguetean junto a la carretera. Jorge ve que aquello es eterno. Ya es mediodía y la lista se estanca por las dificultades con el idioma y la súbita desaparición de la gente que debe decir sus datos. "No vamos a acabar nunca", dice. Necesita ayuda. Un adolescente con alma de notario o funcionario del registro se propone como voluntario. Es un tipo extraño para el lugar. Sabe escribir.
Tanta actividad dominical tiene su explicación. Dos de los focos chabolistas más degradados del camino a la incineradora de Valdemingómez han recibido una carta del Ayuntamiento. Sus viviendas, una porción irregular de tablones, deben desaparecer. 31 chabolas ya han sido derribadas. Otras 35, las que conforman el vértice superior del poblado, llamado entre los habituales de la zona el gallinero, esperan el desplome. Su desaparición estaba prevista para el pasado lunes, pero la intervención de un grupo de voluntarios de Cáritas ha conseguido que un juez paralice el derribo cautelarmente. La vista preliminar en el juzgado es hoy.
A ninguno de los afectados se le ha ofrecido el realojamiento. No existen. Ni siquiera el pequeño al que apodan Aznar, de cuatro años. Para el Consistorio no son viviendas. Ni siquiera chabolas. Y es que hasta en un lugar con más de 2.000 construcciones ilegales, una legión de toxicómanos vagando y un punto de venta de drogas reconocido, hay clases.
Lydia Mandache tiene cinco años, es rumana, y apoya los pies descalzos entre los cristales para no perder el equilibrio sobre una minibicicleta rosa que su padre rescató de una montaña de basura. Pero para el Ayuntamiento, Lydia, que eleva su coleta rubia menos de un metro sobre el suelo, es la cabeza de familia de la vivienda número 13 de la calle de Francisco Álvarez. Una calle que es un ramal devastado de la Cañada Real Galiana.
A Lydia, conocida como Shakira, le ha llegado una carta con membrete municipal y una advertencia: debe abandonar su chabola. Su "vivienda número 13", un conglomerado de cartones en torno a una hoguera oscura de ruedas de camión, interfiere en el desarrollo del nuevo barrio de Valdecarros. El cúmulo de infraviviendas donde vive Lydia es una extensión irregular que emana de una torre de alta tensión y bajo la que se arremolinan los niños, que se llaman entre ellos con nombres tan curiosos como Aznar, Ronaldo o Rivaldo.
El pasado martes les tocó a otras 31 chabolas de la Cañada, pobladas por marroquíes y algún rumano. Las demolieron mientras sus propietarios trabajaban. Entonces, la carta de advertencia ni siquiera tenía un destinatario. Estaba dirigida a "la parcela 65 y siguientes". Los afectados especularon con la explicación de que sus infraviviendas estaban construidas sobre una finca particular. Pero ésa no fue la razón del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, sino la "construcción de viviendas ilegales en una vía pecuaria de uso y dominio público". Una constatación que sorprende a otros técnicos municipales: "¡Entonces habría que tirar toda la Cañada!". Incluida una planta de reciclaje promovida por el Ayuntamiento.
Los habitantes de las dos únicas "parcelas" señaladas en rojo por el Ayuntamiento tienen puntos en común. Les echan a ellos, no a sus vecinos, sin que, aparentemente, existan diferencias entre ellos. Y les echan sin prever realojamiento. Todas las actuaciones municipales contra los núcleos chabolistas tienen detrás un plan, plazos y presupuesto para encontrar otro lugar para vivir a los que se expulsa. Para ellos, no.
* ELPAIS.com - DANIEL BORASTEROS - Madrid - 18/10/2007
Foto: Chabolas de la Cañada Real Galiana - ULY MARTÍN (El País)
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Tema: NOTICIAS Madrid
El TSJA suspende parte del PGOU de Sevilla para proteger el casco histórico
ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decretado la suspensión cautelar de 15 artículos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. El auto judicial responde a un recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico Artístico de Andalucía a partir de su impugnación inicial al nuevo PGOU, vigente desde julio de 2006. Los jueces han optado por paralizar los artículos mediante el que el plan urbanístico regía sobre 12 zonas del casco que aún no tienen un plan especial de protección. El Ayuntamiento recurrirá el auto.
La mayor parte del auto del TSJA hace referencia a las competencias que se atribuye el PGOU sobre el casco histórico de Sevilla. El Patrimonio Histórico Español quedó regulado por una ley aprobada el 25 de junio de 1985, que obliga al Ayuntamiento de Sevilla a elaborar un plan especial de protección para el conjunto histórico artístico de la ciudad. El centro histórico de la capital quedó dividido en 27 sectores y la Gerencia de Urbanismo adquirió el compromiso de elaborar un plan de protección para cada uno de ellos. Pero 22 años después, sólo 15 sectores cuentan con uno de estos planes, mientras que los otros 12 aún están pendientes.
Hasta que en julio de 2006 se aprobó el nuevo PGOU, la Comisión Provincial de Patrimonio (dependiente de la Consejería de Cultura) detentaba las competencias urbanísticas sobre estas 12 zonas carentes de norma propia. Cualquier actuación que afectara a estos sectores tenía que pasar por el filtro de la administración autonómica, como ocurrió en el caso de las reformas de la plaza de la Encarnación o la Alameda de Hércules, dos de los grandes proyectos iniciados en los últimos años.
El nuevo PGOU regula las condiciones necesarias para las actuaciones urbanísticas en todos los sectores del casco histórico y se erige como norma principal en aquellas zonas que aún no cuentan con plan especial. Según el TSJA, todos los artículos del plan que inciden en esta premisa pueden infringir la ley, por lo que los jueces han decretado su suspensión cautelar hasta que decidan si existe o no esa vulneración.
El Ayuntamiento tiene 10 días para recurrir el auto y el delegado de Urbanismo, Emilio Carrillo, anunció ayer que va a hacerlo. Si el recurso fuera rechazado, las competencias urbanísticas sobre los sectores del conjunto histórico pendientes de plan especial volverían a la Junta. El delegado de Urbanismo insistió ayer en una de las consideraciones en las que también inciden los jueces en su auto: la suspensión cautelar se decreta antes de entrar a estudiar a fondo el asunto "para asegurar la eficacia real del pronunciamiento futuro y evitar daños irremediables".
No obstante, Carrillo aseguró que la suspensión cautelar no afecta a ninguno de los grandes proyectos que están en marcha en la ciudad. Asimismo, el delegado de Urbanismo adelantó que espera que todos los planes de protección estén concluidos a finales de 2009.
* ELPAIS.com - REYES RINCÓN - Sevilla - 18/10/2007
Foto: Sevilla 2005 - wikipedia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El país de las mil 'marbellas' y la corrupción urbanística como emergencia social
JESÚS GARCÍA* : ¿Es España un país de 'marbellas'? ¿Hay muchas 'marbellas' en España? La corrupción urbanística ha galopado al hilo del boom inmobiliario y el desmadre de los precios, así como del descontrol de las finanzas municipales.
El suelo ha subido en los últimos años un 500% y el precio de los pisos un 130%. El Gobierno de la nación no se plantea por ahora modificar la ley de financiación de las haciendas locales, así que la vía de especulación de los ayuntamientos como modo de suplir las necesidades de su población tiene visos de continuar. Otra cosa son los elementos de corrupción que anidan en las cercanías de algunos ayuntamientos.
Desde que a mediados de 2006 se instauró la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y Medioambientales, el problema de la corrupción urbanística muestra ramificaciones hasta ahora desconocidas, decía ayer el fiscal Antonio Vercher.
La delincuencia urbanística emplea diferentes modus operandi en ciudades costeras o de interior, con sofisticados sistemas para el uso de inversiones ilegales. Desde que se ha abierto la Fiscalía y se empiezan a coordinar, se han abierto por distintas fiscalías más de 1.500 diligencias relacionadas con el urbanismo. Se han cuadruplicado, según Vercher, las sentencias relacionadas con el ordenamiento urbanístico y territorial. Vercher se quejaba ayer amargamente de una jurisprudencia insuficiente para luchar contra la corrupción urbanística.
Si el Gobierno y las administraciones no observan el fenómeno de la corrupción urbanística como “situación de emergencia social estarán cometiendo un grave error”, decía ayer el notario José Ignacio Navas Oloriz en esas jornadas del Observatorio de la Vivienda sobre el suelo. Añadía que la actual Ley del Suelo, la Ley Antiblanqueo y Antifraude y la creación de la fiscalía van en ese camino.
La crisis crediticia, el cierre del grifo bancario, abre ahora un periodo de iliquidez para todos que puede ser aprovechada por esa delincuencia organizada que obtiene sus ingresos de vías no controladas y no suele sufrir problemas de liquidez.
La ralentización del sector inmobiliario está poniendo en el mercado una parte del suelo que había sido acaparado a precios mucho más asequibles, aunque el mercado está muy parado. Situaciones de estas características en las que la demanda se frena a la espera de mejores precios y momentos suelen desembocar en crisis empresariales y destape de escándalos por lo general debidos a valoraciones hinchadas y otras tropelías.
Los últimos datos de Transparencia Internacional sitúan a nuestro país, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción, en el puesto 23 del ranking mundial por detrás de Finlandia, Suecia, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos, pero por delante de Estonia, Portugal o Emiratos árabes. El nivel más elevado de corrupción, según la organización internacional, se produce entre las administraciones municipales.
Es tiempo de que los gobiernos y los partidos se ocupen de dotar a estas administraciones de la financiación suficiente para cubrir las necesidades de su población. El asunto no vende porque no es electoral y poner a todos de acuerdo es tan difícil como elaborar una nueva ley de financiación de partidos. Luego dicen que la corrupción anida donde no debe. Como dice el notario antes citado estamos ante una situación de “emergencia social” y cómo tal se debe tratar.
* El Confidencial - PUNTO DE VISTA - 17/10/2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
La juez interrogará como imputados a 4 ediles y 2 funcionarios por las casas ilegales en Catral
ELPAÍS/Alicante* : La juez del Juzgado número 5 de Orihuela, Natividad Navarro, que investiga el caso Catral [construcción masiva de casas en suelo no urbanizable de este municipio y sin licencia] ha reactivado la instrucción del sumario con el interrogatorio a partir del próximo día 26 a seis nuevos imputados -cuatro concejales del gobierno local del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal- Los nuevos encausados se suman a los ya imputados; el alcalde, el ex socialista José Manuel Rodríguez Leal, y cuatro promotores.
Los cuatro ediles de las juntas de gobierno que autorizaron las edificaciones entre 2000 y 2005 también son socialistas. El gobierno local lo ocupa, tras los comicios de mayo pasado las PP.
A todos los imputados se les acusa de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. La acusación particular, que ejerce la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), considera que los miembros de la junta de gobierno son corresponsales de los supuestos hechos delictivos ya que fue ese órgano municipal el que concedió las licencias, en la mayoría de los casos de obra menor (vallado y refugios de labor) aunque en realidad se construyeron viviendas unifamiliares. La imputación de los concejales y los dos funcionarios cuenta con el visto bueno del fiscal que ejerce la acusación, el responsable del área de Medio Ambiente, Juan Carlos Carranza. El ministerio público, en cambio, se opone a la imputación de nuevos constructores, "salvo que se demuestre que construyeron en suelo de especial protección".
La magistrada Natividad Navarro dictó el archivo del Caso Catral, en septiembre de 2006 al no apreciar indicios de delito. El auto se decretó una semana antes de que el consejero de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, acordara retirar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento para atajar la proliferación de edificaciones irregulares. Entonces, el consejero estimó en 1.200 las casas ilegales y evaluó en unos 80 millones de euros el dinero negro generado por las construcciones. Pero el ministerio público recurrió el archivo provisional de la denuncia presentada por el colectivo de usuarios y reclamó a la juez la práctica de nuevas diligencias.
* ELPAIS.com - REBECA LLORENTE - Alicante - 18/10/2007
Foto: Catral - 20minutos.es
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El Supremo confirma la anulación de 157 apartamentos en Costa Teguise
CRÓNICASDELANZAROTE* : El Tribunal Supremo ha confirmado a través de un auto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que anulaba una licencia de construcción de 157 apartamentos en la parcela 214 del Plan Parcial Costa Teguise. La autorización fue concedida por el entonces alcalde de Teguise, Juan Pedro Hernández, el 14 de noviembre de 1999 y recurrida por el Cabildo de Lanzarote en 2001. Además, el TSJC anula otra licencia concedida por el Ayuntamiento de Teguise para construir 48 apartamentos en el Plan Parcial Costa Teguise.
El Supremo ratifica así las tesis de la primera Corporación, rechaza el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Teguise y declara firme la sentencia de los magistrados canarios, rubricada en 2005.
Según el alto Tribunal canario existían hasta nueve motivos de nulidad de la licencia, entre los que se encuentran la vulneración de la Moratoria insular, la inexistencia del informe de compatibilidad con el PIOT o la ausencia también del informe jurídico municipal.
Junto al recurso a la licencia, el Cabildo pidió en 2001 la paralización cautelar de las obras, que fue concedida por el TSJC. Y aunque el Consistorio de La Villa recurrió la medida ante el Supremo, los magistrados apoyaron los argumentos de la Corporación y mantuvieron las obras paradas hasta la fecha. Ello permitió que a día de hoy el complejo no se encuentre en explotación, como ha ocurrido en otros casos.
Esta licencia, la tercera cuya anulación es declarada firme por los Tribunales, es la primera recurrida por el Cabildo en Costa Teguise. Con esta sentencia se da carpetazo a un pleito entablado entre el Cabildo y el Ayuntamiento de Teguise, que comenzó hace siete años. Hasta la fecha, han sido anulados en firme 357 apartamentos turísticos.
Nueva sentencia de la FCM
La Fundación César Manrique (FCM) ha informado de que la sección segunda del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado una sentencia en relación a la demanda interpuesta por este ente sobre la presunta ilegalidad de la licencia concedida por el Ayuntamiento de Teguise para la construcción de 48 apartamentos en Costa Teguise, en la parcela 318-22 del Plan Parcial Costa Teguise.
Según la FCM, sobre este caso ya había sentencia anulatoria, a raiz del proceso emprendido sobre la misma parcela por el Cabildo de Lanzarote.
De la sentencia dictada por el TSJC, La Fundación extrae que el Tribunal vuelve a estimar los argumentos de la FCM para anular la concesión de la licencia otorgada el 14 de mayo de 1999, en esta ocasión, por el Ayuntamiento de Teguise. Además, como ya ocurriera en los anteriores fallos, el TSJC vuelve a pronunciarse sobre algunos elementos esenciales. Así, sobre la necesidad del Ayuntamiento de Teguise de contar con un informe jurídico de la licencia, la sentencia dice que “en este caso, además, se trataba de una licencia en el ámbito de un Plan Parcial no adaptado al PIOT y estando suspendido el otorgamiento de licencias, lo que hacía dicho informe más importante, si cabe”. En este sentido, el fallo continúa alegando que “el Técnico Municipal advertía que ‘el proyecto técnico no cumplía con lo estipulado en el Plan Parcial en lo referente a volumen para el uso de apartamentos y solicitaba un estudio jurídico para saber si se podía conceder’ pero dicho informe nunca se emitió”.
Sobre la necesidad de que el Ayuntamiento de Teguise, antes de conceder la licencia, contara con un informe de compatibilidad con el PIOL emitido por el Cabildo, la Sala determina con rotundidad que “en el caso que nos ocupa, además del informe municipal se omite el informe previo, preceptivo y vinculante del Cabildo. Era necesario e indispensable el pronunciamiento del Cabildo respecto a la aplicación del Plan Insular de Ordenación de Lanzarote. La preceptiva emisión de aquel informe (o cuando menos su solicitud por parte del Ayuntamiento) conllevan el carácter contrario a derecho de la licencia, puesto que infringe reiteradamente el procedimiento establecido al no haberse recabado el citado informe”.c)
La sentencia es especialmente explícita a la hora de desmontar el repetido argumento de los ayuntamientos sobre la presunta vulneración inconstitucional de la autonomía municipal. En este sentido, el fallo del Tribunal señala que “la obligación de comunicación [de las licencias al Cabildo] en nada perturba a los Municipios para el ejercicio pleno y completo de sus competencias urbanísticas, pero facilita el ejercicio por el Cabildo de las suyas”.Y añade la sentencia que “en el caso, el legislador canario respeta esa garantía institucional en lo que se refiere a la competencia municipal en cuanto al otorgamiento de licencias, [...] que compatibiliza con la necesaria colaboración con otras entidades locales, con competencias en la misma materia, que no entorpece la autonomía local de la primera sino asegura el ejercicio de las suyas por la Administración insular, en cuanto representa un interés territorial insular que excede del interés municipal.
El TSJC concluye que “la emisión de informes de compatibilidad con el PIOT debe interpretarse dentro de esa idea o principio de facilitar el ejercicio por el Cabildo de sus competencias urbanísticas que, como dijimos, es plenamente compatible con el ejercicio por la Administración municipal de las suyas, lo que lleva a esta Sala a desechar cualquier duda de constitucionalidad”.
Esta nueva sentencia sienta definitivamente la potestad del Cabildo para ordenar el modelo territorial y urbanístico de la isla, a través de instrumentos - citados en el texto del Tribunal- como “los Planes Insulares de Ordenación del Territorio, los planes Territoriales Especiales de Ordenación Turística Insular, el otorgamiento de Calificaciones Territoriales, o la información previa en los casos de aprobación, modificación o revisión del planeamiento general municipal, de los planes parciales y de determinados planes especiales, a lo que hay que añadir otras competencias en el ámbito de la gestión y la disciplina urbanística, que compatibilizan el respeto a la autonomía local con la satisfacción de los intereses supralocales”.
Así pues, estos últimos fallos del TSJC refrendan la oportunidad de las acciones judiciales emprendidas por la FCM y por el Cabildo de Lanzarote para defender la moratoria y el PIOT.
* Crónicas de Lanzarote - 17 de octubre de 2007
Foto: Teguise (Lanzarote), apartamentos costa - cronicasdelanzarote.es
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18.10.07
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Tema: NOTICIAS Canarias
Madrid: Intifada chabolista en la Cañada Real
ELPAÍS* : Al menos 18 agentes y cuatro vecinos del poblado han resultado heridos leves en el desalojo de una infravivienda. Abdel no ha podido evitar que su casa, situada en la zona de la Cañada Real Galiana que linda con Rivas-Vaciamadrid, haya sido reducida a la nada este mediodía por orden del Ayuntamiento de Madrid. Abdel, su mujer y sus dos hijos pequeños han sido expulsados por atreverse a vivir de forma ilegal "en una vía pecuaria de uso y dominio público". Y no serán realojados porque el Consistorio no considera que su chabola de ladrillo sea una vivienda.
Abdel no ha podido evitarlo, y eso que un centenar de vecinos ha acudido en su auxilio. Niños incluidos, han plantado cara a la policía a bombonazo limpio. El resultado: 22 heridos, 18 de ellos policías y los otros cuatro civiles, entre ellos la mujer de Abdel, que está embarazada de tres meses. Además, hay tres detenidos, uno el propio Abdel. "Son unos animales", sentencia un anciano una vez consumado el desalojo, rodeado de un show con tantas cámaras de televisión, policías y médicos como vecinos.
Este desalojo en el gigantesco poblado de la Cañada Real Galiana, situado a lo largo de 15 kilómetros a la salida de Madrid por la carretera de Valencia y habitado por 30.000 personas, en su mayoría marroquíes y rumanos, repartidos en 2.000 edificaciones, todas ellas ilegales, ha desembocado en una batalla campal entre la Policía y un centenar de vecinos, que han lanzado piedras y otros objetos contundentes como bombonas de butano contra los agentes que participaban en la operación. Estaba perfectamente preparado, ya que por todo el barrio hay carteles que invitan a solidarizarse con los afectados. "Vecino, concéntrate, la siguiente puede ser la tuya". La de hoy era la de Abdel, pero otros 35 vecinos esperan la sentencia de una juez, que esta tarde debe pronunciarse sobre el recurso que han presentado siete de ellos para paralizar las órdenes de desahucio.
Herida una mujer embarazada
A las 11.00, a la misma hora que comenzaba la vista en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, las máquinas excavadoras han entrado en el poblado en cumplimiento de una orden judicial y les han recibido más de cien vecinos, que se han enfrentado con la Policía Municipal y de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los conocidos como los antidisturbios. Les han lanzado de todo: ladrillos, tejas, pelotas, botes y hasta bombonas de butano. El portavoz de la Confederación Española de Policía (CEP), Rodrigo Gavilán, ha contado a Europa Press: "Esto parecía Palestina. Varios marroquíes portaban armas blancas e incluso le ha quitado la pistola a un policía municipal. Cuando ven una cámara, se tiran al suelo para expresar victimismo, pero después se levantan y empiezan a tirar piedras". Del lado contrario, la Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) ha denunciado "agresividad policial" hacia los inmigrantes marroquíes, sobre todo mujeres y niños.
En el lugar de los hechos han sido atendidos, según el último balance ofrecido por un portavoz de Emergencias Madrid, seis policías -cinco policías nacionales y uno municipal- y cuatro vecinos, todos leves. De los seis agentes, dos han tenido que ser trasladados al Gregorio Marañón en estado leve. Sufren cortes y contusiones en brazos, cabeza y cara, provocadas por impactos de piedras, botellas y bombonas de butano, entre otros materiales. De los cuatro civiles heridos, todos de origen marroquí, uno de la mujer de Abdel, que ha recibido un fuerte golpe en la espalda pero que no ha perdido el niño que espera, en contra del rumor que ha corrido por la barriada. La mujer se encuentra en observación en el Gregorio Marañón, pero tanto ella como el bebé están bien. El otro es un varón herido en el brazo. El tercero es un chico de 18 años con una fuerte contusión ocular que casi le cuesta un ojo y el cuarto, un hombre de 60 años con un golpe en los genitales.
Estos dos últimos han sido conducidos al Gregorio Marañón con pronóstico leve, y el joven está, además, detenido. Al margen de estos heridos, el Samur ha atendido de diversas contusiones a otros 12 agentes, seis nacionales en la comisaría de Vicálvaro y seis municipales en San Blas. Emergencias no descarta que la cifra pueda aumentar. En el transcurso de la operación han sido arrestadas otras dos personas además del joven herido, según la Jefatura Superior de Policía. Uno es Abdel. A pesar de los enfrentamientos, la chabola ha sido destruida por las excavadoras.
No es la primera, ni la última. El 9 de octubre, días antes de que se terminase el Ramadán, el Ayuntamiento ya derribó las primeras 25 infravivendas en el inicio de una campaña que promete ser sistemática y radical. En agosto, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció el "fin del chabolismo" en la capital y aseguró que al término de esta legislatura desaparecían todos los núcleos chabolistas. A la casa de Abdel pueden seguir las otras 35, pendientes de fallo judicial. Tras la vista de esta mañana, la juez de lo Contencioso Administrativo ha comunicado a las partes que emitirá el auto entre esta tarde y mañana. O bien da la razón a los vecinos o bien permite al Ayuntamiento de Madrid proseguir con el derribo de viviendas tras la suspensión cautelar promovida por los afectados. El recurso fue presentado por la abogada de siete familias que recibieron un aviso de desalojo por derribo, aunque la orden municipal afecta a un total de 35, situadas en el llamado gallinero, el extremo norte de la parte más degradada de la Cañada Real.
Las razones de las partes
Javier Baeza, párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo -conocida como Iglesia Roja- y que ha acudido a la vista acompañando a las familias, no tiene ninguna duda de que las casas son ilegales, pero "lo son desde hace 15 años". Estamos hablando, además, "de 15 kilómetros de ilegalidad". A pesar de admitir la mayor, reclama al Ayuntamiento una solución para esas familias, ya que no puede "dejarles en la calle". Baeza denuncia además "un componente discriminatorio": no entiende por qué se ha empezado "por meterle mano a las casas de los rumanos y marroquíes sin papeles y no se tocan los megachalés ilegales que hay en la zona de Rivas-Vaciamadrid ni tampoco las empresas de Valdemingómez". Al cura también le resulta sospechoso el "golpe de efecto" por parte del Ayuntamiento de hacer coincidir el nuevo derribo con la vista.
El párroco ha explicado que, en la vista, la abogada del Ayuntamiento ha argumentado que se quiere expulsar a las familias porque "es una zona con vistas a urbanizarse". Baeza subraya la incongruencia de echar a los chabolistas precisamente porque habitan "una cañada real que no es urbanizable". El segundo argumento de la Administración es que "no puede consentir que vivan en condiciones infrahumanas, sin luz, ni agua corriente ni instalaciones sanitarias. "¿Es que es más salubre tener como techo el cielo?, se pregunta Baeza, que subraya el hecho de que en ningún caso se les ofrece una vivienda. Como tercer razonamiento, se cita la delincuencia. "No se puede prejuzgar a unas personas, son pobres, sí, pero no por eso tienen que ser delincuentes", recuerda el sacerdote, que apunta además el hecho "insólito" de que "no han tocado ninguna de las chabolas donde se vende droga".
Gallardón pide a Aguirre y Zapatero que se impliquen
En la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno municipal, Ruiz-Gallardón ha asegurado desconocer los sucesos que se estaban produciendo en esos momentos, aunque ha subrayado que, "como siempre, las actuaciones del Ayuntamiento en este ámbito se producen en ejecución de una decisión judicial". Ha destacado asimismo que el Ayuntamiento está aún a la espera de recibir una respuesta del Gobierno regional sobre la propuesta que formuló el pasado agosto al Ejecutivo autonómico y al de José Luis Rodríguez Zapatero para crear un consorcio conjunto que se ocupe de la Cañada Real, "con capacidad ejecutiva para abordar todos los problemas" de este poblado chabolista ilegal. En este punto, ha revelado que le mandó una carta "hace más de un mes" a Esperanza Aguirre y al alcalde de Rivas, José Masa, en la que les instaba a crear un organismo permanente "en el que debería estar presente inexcusablemente la Delegación del Gobierno".
El PSOE acusa al Ayuntamiento de dejadez
El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha achacado el problema del poblado chabolista a la mala política de Gallardón, que ha dejado que "se vaya pudriendo poco a poco". Lucas ha subrayado su "respeto absoluto" a la orden judicial pero ha considerado asimismo "intolerable" que el Consistorio no haya promovido en la Cañada Real servicios sociales previos para evitar el deterioro de la situación.
* ELPAIS.com - D. BORASTEROS / F. J. BARROSO / V. TORRES - Madrid - 18/10/2007
Foto: Madrid, desalojo cañada real Galiana - EFE
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Tema: NOTICIAS Madrid
La especulación encarece el suelo de Murcia un 42%
PÚBLICO* : El suelo remonta de nuevo en toda España. El precio subió un 8,6% en el segundo trimestre tras dos bajadas en los trimestres anteriores. La mayor subida se registró en la región de Murcia, un 42%, como consecuencia de los últimos coletazos de la especulación en una situación muy diferente a la de hace un año. En abril pasado, las empresas inmobiliarias empezaron a pasarlo mal, sobre todo las grandes, porque empezó el declive bursátil y empeoró la confianza en el sector por la debacle en bolsa de la promotora valenciana Astroc.
A partir de ese mes, muchas promotoras comenzaron a deshacerse de los terrenos menos rentables (a los que les quedan unos tres años de trámites urbanísticos) aunque siguieron pidiendo precios de oro, como ya avanzó Público. Esto se refleja en los datos que ayer presentó el Ministerio de Vivienda.
Tras una bajada del precio del metro cuadrado de suelo urbano del 5,6% en el primer trimestre del año, al cierre de junio volvió a subir hasta un 8,6%. El director general de Arquitectura y Política de Vivienda, Rafael Pacheco, lo calificó ayer de "ligero repunte". Sin embargo, en junio del año pasado el valor del suelo apenas avanzó un 1,5% en términos interanuales, según los datos del ministerio.
Menos operaciones
Murcia es una de las zonas donde más ha crecido el valor de las compras y ventas totales de terrenos, que en junio ascendió a 221 millones de euros, un 60% más que un año antes, cuando se movieron 137 millones de euros. Sin embargo, ha habido un 30% menos de operaciones, lo que desmuestra que las compañías vendedoras han subido considerablemente el precio de venta. La región de Murcia es una de las que más atractivo ha ganado entre los promotores en los últimos años del boom tras el recalentamiento de precios en comunidades cercanas, como la Comunidad Valenciana o Andalucía, según fuentes del sector.
Tras Murcia, el segundo mayor incremento en el valor de los terrenos se ha dado en la Comunidad de Madrid, con un alza del 26%. Además, esta autonomía exhibe el precio más caro de todo el territorio nacional, con una media de 642 euros por metro cuadrado. Le sigue el suelo murciano, con 423 euros.
Caídas en cinco comunidades
Extremadura y Castilla-La Mancha, tradicionalmente alejadas de los grandes desarrollos urbanísticos, también han experimentado grandes subidas, del 21% y el 20%, respectivamente.Si bien, las diferencias por regiones son muy elevadas. Así lo reflejan las caídas en el precio del suelo en La Rioja, con un descenso del 25%, pero también en autonomías hasta ahora con gran actividad urbanística, como Baleares (-6,4%) y la Comunidad Valenciana (-1,6%), a las que se suman Aragón (-2,7%) y Castilla y León (-0,4%).
Los extranjeros compran un 11% más
La compra de una segunda residencia por parte de los vecinos europeos en las playas españolas y de una primera casa por parte de los inmigrantes ha tenido un papel importante en la escalada immobiliaria que ahora empieza a ver su fin. Los extranjeros compran un 11% más de los pisos en venta, como reflejan los datos que el Ministerio de Vivienda proporciona con mayor retraso, los de transacciones inmobiliarias. En el primer trimestre los residentes adquirieron un 12% del total de inmuebles en venta frente al 86% que compraron los españoles.
* Público - SUSANA R. ARENES - 17/10/2007
Foto: la manga (Murcia) - Murcia no se Vende
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18.10.07
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Ávila: Una promotora tala 6.700 pinos para hacer una urbanización pese a carecer de licencia de agua
ELPAÍS* : La urbanización La Favera, en Villanueva de Gómez (Ávila), no sólo ha talado ya más de 6.700 pinos en una zona de alto valor ecológico sino que lo hace sin concesión de agua para abastecer las 7.500 viviendas y los tres campos de golf que construye. La Confederación Hidrográfica del Duero acaba de anular la dotación que tenía, pero aun así, la Junta de Castilla y León, del PP, autorizó ayer a la empresa a construir tres campos de golf a costa de otros 10.000 pinos. La Junta ignora así el informe de sus técnicos que dice que, "siendo suaves", el plan es "un despropósito y un sinsentido".
Una pareja de águilas imperiales ibéricas sobrevuela el río Adaja. Vuelan muy, muy alto y sólo con prismáticos se las puede distinguir. Son una de las pocas parejas que quedan en España y el año pasado criaron tres pollos en el pinar del río, en las únicas 5.000 hectáreas arboladas de las 150.000 de la comarca cerealista de La Moraña abulense.
El pinar, propiedad de la empresa Unión Resinera, fue declarado urbanizable el 4 de marzo de 1980. Pero hasta que en 1999 lo compró la empresa riojana Inveralde nada se movió. La promotora comenzó en 2000 los trámites para construir allí una urbanización de 7.500 viviendas, hotel, club hípico y tres campos de golf con apoyo del alcalde, José Martín Llorente (PP). "El campo se muere y el plan es bueno para la comarca", señaló ayer.
El problema es que Villanueva de Gómez se abastece del acuífero de los Arenales, sobreexplotado y contaminado por arsénico, según Antonio Gato, presidente de la Confederación del Duero, del Ministerio de Medio Ambiente. El pueblo se abastece con camiones y sus 156 habitantes beben agua embotellada.
Aun así, la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento autorizaron las 7.500 viviendas a costa de 800 hectáreas de pinar y en 2006 tramitaron el plan para los tres campos de golf. En junio de 2005, la confederación otorgó a la empresa una concesión de agua de 771.363 metros cúbicos al año que se sumaban a la de 180.000 metros cúbicos que ya tenía. Con esa concesión, la empresa podía empezar a funcionar aunque seguía lejos de los 2,5 millones de metros cúbicos al año que necesitaría para los 22.000 habitantes que se pueden llegar a juntar en La Favera. Con esa cifra, la urbanización en el pinar se convertiría en la segunda localidad de la provincia.
Como el pinar era urbanizable desde hace más de 25 años, las viviendas se tramitaron sin declaración de impacto ambiental, explica el alcalde. Los ecologistas de Centaurea, SEO/Birdlife y Comisiones Obreras denuncian que el trámite sí era necesario.
Las máquinas ya han dejado su huella. El pinar está atravesado por enormes calles asfaltadas alrededor de las que se acumulan troncos y una máquina que extrae los pinos de raíz.
Los ecologistas aseguran que ya ha talado más de 10.000 pinos. La promotora dice que muchos menos y que además, repoblará con 316.000 otra zona. Los 30 kilómetros de calles tienen unos 15 metros de ancho. Si la densidad del pinar admitida por el alcalde es de 150 pinos por hectárea -los ecologistas dicen que es mayor-, eso significaría que ya han caído más de 6.700 pinos. Un portavoz de la promotora afirma que estaban heridos de muerte, que son pequeños y que la tramitación se ha hecho legalmente.
La empresa ya tenía permiso para las casas, pero necesitaba una declaración de impacto ambiental para los campos de golf, que están en otro tipo de suelo, en la ribera del río. La Junta preguntó a sus técnicos y se encontró con su oposición.
El 29 de junio de 2006, el jefe de la sección territorial de ordenación, Rodrigo Gandía, y el técnico de su departamento Javier Plaza firmaron un informe demoledor. Tras destrozar durante seis folios el plan, concluyen: "Se parte de unas normas aprobadas en los años 80 que, siendo suaves, nos parecen un despropósito. Imaginemos qué sería si todos los municipios en sus lugares de mayor valor y atractivos ejecutaran proyectos de este tipo. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio y del medio ambiente es un sinsentido".
Así no había forma de dar luz verde a la urbanización. Pero el 19 de octubre de 2006, el jefe de la sección, Sabas Yagüe, actor clave en la tala en Navas del Marqués, firmó otro informe para "matizar" el anterior. En él afirma que "las cortas previstas, no hacen más que anticipar lo que necesariamente tendría que producirse de todas formas de forma natural". Con este informe, la Junta dio luz verde a la declaración de impacto ambiental días después y ayer -un año después- la publicó en el Boletín Oficial de la comunidad. Sólo para los tres campos de golf hace falta talar 9.618 pinos. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la Junta.
El problema para la promotora es que el 27 de septiembre la confederación consideró que la concesión de agua había caducado porque Inveralde no había acometido las obras a tiempo. En un acto inusual, el organismo deja a la promotora sin ninguna concesión para justificar la tala, a pesar de lo cual ayer seguía. La empresa sostiene que hay agua de sobra y que seguirá la obra. A pesar de la falta de agua. A pesar de la crisis inmobiliaria.
* ELPAIS.com - RAFAEL MÉNDEZ - 18/10/2007
Foto: Uno de los viales construidos en una urbanización sin concesión de agua- ULY MARTÍN (El País)
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18.10.07
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
El fiscal imputa al alcalde de Atarfe por dos delitos urbanísticos
GRANADAHOY* : La Fiscalía del TSJA ha imputado dos presuntos delitos de prevaricación al alcalde de Atarfe (Granada), Víctor Sánchez (PSOE), tras sendas denuncias presentadas por IU. Una, por autorizar una operación inmobiliaria en terrenos de la vieja fábrica de la Alcoholera, y, la otra, por la construcción de una residencia de apartamentos que estaba destinada inicialmente a personas mayores y minusválidas pero que, según IU, fueron vendidos o alquilados a personas que no reunían los requisitos.
El fiscal, sin embargo, no estima que existan irregularidades en el proyecto de urbanización Ciudad Ilíberis que promueve la empresa Aifos y que aún no se ha ejecutado y, por tanto, archiva la denuncia.
El ministerio público considera que sólo puede existir prevaricación (cuando se dicta una resolución arbitraria a sabiendas que dicha resolución es injusta) en el asunto de la Alcoholera y en el de la residencia destinada a mayores promovida por la empresa Espartero, desestimando la comisión de otros presuntos delitos que IU le atribuía inicialmente como cohecho, estafa o malversación, entre otros.
En el caso de la antigua Alcoholera, una zona de uso terciario-residencial donde se construye en la actualidad una promoción de viviendas unifamiliares que el promotor puso ya a la venta, el fiscal recuerda que no se ha producido una modificación puntual de las normas subsidiarias vigentes en el municipio. IU sostiene que el cambio de uso sólo se contemplaba en el avance del PGOU que aún no se ha aprobado definitivamente y reprocha al alcalde, imputado junto al arquitecto municipal, que concediera la licencia de obras en verano, tras las elecciones municipales. En su resolución, el fiscal entiende que no se puede cambiar la tipología de las normas subsidiarias sin tener aprobado el PGOU.
Sobre el asunto de la viviendas para ancianos, que se construyeron en un solar de casi 7.000 metros cuadrados de equipamiento social y que la empresa municipal Proyecto Atarfe cedió a Espartero con la condición de hacer apartamentos para ancianos, el fiscal reprocha que tanto las casas como los bajos se hayan vendido para uso particular, una operación contraria al fin social originario.
* Granada Hoy - 17 de Octubre de 2007
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
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Tema: NOTICIAS Andalucía