Un juez frena una urbanización en El Puerto por no tener garantizado el suministro de agua

ELPAÍS* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Cádiz ha declarado "nulo" en acuerdo del pleno del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) que, en agosto de 2004, concedió la licencia para una urbanización en la zona residencial de Vistahermosa, en la costa oeste de la ciudad, para la construcción de un parque de viviendas y la ampliación del campo de golf. La sentencia considera que el Consistorio autorizó el inicio de las obras a pesar de que el proyecto carece de las "dotaciones necesarias" para la prestación de servicios básicos, en concreto, el suministro de agua.

El juez destaca que el terreno no sólo no cuenta con sistemas necesarios para el suministro de agua a 325 nuevas viviendas y la ampliación del campo de golf, sino que, además, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) había anunciado su negativa a llevar el suministro a la urbanización antes de que se iniciaran las obras, según informó ayer La Voz de Cádiz.

La decisión deja ahora en suspenso la legalidad de las obras, que de hecho se encuentran ya muy avanzadas. Los promotores, la firmas Factor Inmobiliario, Noriega, Proconspor y MVG, han edificado gran parte de las 325 nuevas viviendas de lujo que contempla el proyecto. Además, las empresas han iniciado los desbroces y los movimientos de tierra para acometer la ampliación del Campo de Golf de Vistahermosa, una de la zona más elitistas de El Puerto.

El juzgado responde a una denuncia presentada por los vecinos, representados en la Comunidad de Propietarios de Vistahermosa y la asociación local para la Defensa y el Patrimonio de la Identidad de Vistahermosa. Ambas organizaciones entendían que el plan urbanístico, en los términos aprobados, iba a causar muchos y graves perjuicios a los residentes y reduciría los niveles de calidad de vida de la zona.

A la denuncia se sumaron también Ecologistas en Acción por considerar que el diseño incumplía aspectos básicos de las normativas de protección ambiental y provocaba un daño severo a las masas arbóreas y a las colonias de camaleones, una especie protegida. Así mismo, los proteccionistas denunciaron el incremento del consumo de agua que iba a suponer la ampliación prevista del campo de golf ubicado en una zona con graves deficiencias de suministro.

El Ayuntamiento de El Puerto (PP) no precisó ayer si presentará un recurso contra el fallo judicial. Un portavoz se limitó a señalar que el área de Urbanismo está "estudiando la sentencia".

La aprobación del plan de urbanización fue probado por el anterior gobierno local, presidido por Independientes Portuenses, que era consciente de las limitaciones del área y las dificultades que entrañaba su urbanización. El entonces alcalde, Hernán Díaz Cortés, justificó la aprobación en el convencimiento de que se podrían iniciar las obras a la espera de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir aceptara ampliar la red de suministro. Finalmente, los técnicos de la Confederación decidieron desestimar la petición, para lo que se basaron en la demanda de agua que podría llegar a generar, sobre todo, la ampliación del complejo deportivo.

En 2005, la Delegación provincial de Obras Públicas de la Junta de Andalucía advirtió al Ayuntamiento portuense de la irregularidad cometida y pidió la rectificación del proyecto antes de que éste fuera aprobado definitiva.

En sus actuales términos, la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo 1 de Cádizque obliga al Ayuntamiento a devolver a su punto de origen el trámite administrativo de todo el proyecto. El gobierno municipal tendrá que buscar la fórmula de encajar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) un proyecto de urbanización renovado. En la actualidad el Ayuntamiento redacta un nuevo PGOU, que cumple ya ocho años de retrasos por sucesivos fallos políticos y condicionantes técnicos. Recientemente, el equipo redactor del plan ha presentado su dimisión ante la falta de avances, por lo que no se espera una respuesta rápida a la situación generada por la sentencia.




* ELPAIS.com - F. J. ROMÁN - El Puerto - 12/10/2007
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org



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Los madrileños suspenden a Aguirre en materia de vivienda

BOTTUP* : La mayor parte de los madrileños está descontento con la gestión del Gobierno de la Comunidad en materia de vivienda. En concreto el 60,5% de los madrileños la considera "mala" o "muy mala" durante los últimos cuatro años, según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Sólo el 1,8% de los ciudadanos cree que es "muy buena" la labor desempeñada por el Gobierno de Esperaza Aguirre en políticas de vivienda, el 11,5% la califica de "buena" y el 22,7% la tacha de "regular".

Además, para los madrileños la vivienda es "el principal problema que existe actualmente en la Comunidad", con un respaldo del 30,5% de los encuestados. Por detrás se encuentra el problema de la inseguridad ciudadana (21,9%), la inmigración (21,8%) y el paro (17,4%).

La presidenta regional Esperanza Aguirre, en el balance de su primera legislatura, explicaba que había batido "record" en construcción de pisos protegidos de toda España, y defendía que una de cada cuatro viviendas protegidas que se levanta en España lo hace en la región madrileña.

Después de ganar las elecciones autonómicas por segunda vez, incluyó en su ejecutivo una nueva Consejería de Vivienda, con Ana Isabel Mariño al frente, con el objetivo de dar un impulsos a las políticas de esta materia.





* Bottup - SM / RB - 11 de octubre de 2007
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)



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Jacarilla multiplicará su población por 15 con el visto bueno de la Generalitat

ELPAÍS/Alicante* : Jacarilla multiplicará por 15 su censo (1.776 habitantes) con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por la Generalitat en diciembre de 2006. El documento prevé la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados. El dueño de uno de los sectores, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, aportó 100.000 euros al Ayuntamiento, gobernado por el PP, en concepto "de cooperación" para la redacción del PGOU. Este empresario está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción al Ayuntamiento de Orihuela por irregularidades urbanísticas.

El nuevo planeamiento urbano de Jacarilla fue aprobado definitivamente por la extinta Consejería de Territorio y Vivienda en diciembre de 2006 y un mes más tarde fue recogido en el Boletín Oficial de la Provincia. El documento sustituye a las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio desde 1993 e incluye la incorporación al proceso urbanizador de cinco nuevos sectores, que en total prevén la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados de suelo rústico, básicamente forestal y agrícola.

Una vez consolidado todo el desarrollo urbano previsto en el nuevo PGOU, el municipio multiplicará por 15 su actual censo de población, de apenas dos millares de habitantes. El plazo de ejecución de los distintos sectores que recoge el plan es de 10 años.

Sólo uno de los cinco sectores, que el Consistorio sacó a concurso público el pasado verano, ocupará casi un millón de metros cuadrados con campo de golf incluido, a cuya sombra está previsto levantar 2.400 viviendas. Este PAI se ubica en el paraje de las Asomadas, en el límite con el término municipal de la vecina localidad de Orihuela. El suelo es propiedad de la mercantil Agrícola del Segura, SA. Esta empresa, según han confirmado fuentes municipales, firmó un convenio con el Ayuntamiento de Jacarilla para los trabajos de redacción del nuevo PGOU que incluía una aportación económica de 100.000 euros por parte de la firma al Consistorio.

Esta mercantil es también propietaria del terreno recalificado en la misma zona por el vecino Ayuntamiento de Orihuela para levantar 10.000 casas y un campo de golf. El promotor de ese PAI, el empresario Joaquín Antonio Grau Pomares, está incluido en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano por supuestas irregularidades urbanísticas y contables. Grau Pomares es también el dueño de un lujoso chalé en el que reside el ex alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, del PP, y a su vez titular del Rolls Royce que ocasionalmente conduce el ex regidor oriolano. En su declaración ante el juez como imputado por estos hechos, Medina admitió las acusaciones del fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones.

Para el desarrollo de los otros tres sectores previstos en el nuevo planeamiento urbano de Jacarilla, tres empresas, entre ellas la mencionada mercantil Agrícola del Segura, presentaron alternativas al Ayuntamiento el pasado verano. Estos tres PAI, que en total también suman cerca del millón de metros cuadrados, prevén un parque de viviendas de 3.500 unidades para una población previsible de 11.744 nuevos habitantes.

En el apartado de recursos hídricos, el expediente que aportó el Ayuntamiento incluía un informe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, con fecha del 22 de enero de 2004, en que garantizaba el suministro de agua a la futura población merced a un programa de desalación hasta la llegada de los recursos procedentes del trasvase del Ebro a la Comunidad Valenciana. No obstante, esta última posibilidad quedó definitivamente abortada en junio de 2004 cuando el nuevo Gobierno socialista derogó el trasvase del Ebro. Sin embargo, el Ejecutivo valenciano, pese a su oposición frontal al programa de desalación impulsado por el Gobierno central y sabedor de que el trasvase no se ejecutará, autorizó dos años más tarde el nuevo planeamiento.

Un pueblo con alcalde y sin equipo de gobierno

Desde el pasado 27 de mayo cuando José Manuel Gálvez, del PP, perdió la mayoría absoluta con la que había ocupado el cargo de alcalde de Jacarilla en los últimos tres mandatos, el pueblo carece de equipo de gobierno. En esos comicios el PP logró cuatro ediles y el PSPV, tres. La Corporación se completó con otros dos concejales que lideraban un grupo independiente surgido de una escisión del PP.

Gálvez fue investido de nuevo alcalde por encabezar la lista más votada, pero desde entonces ha sido incapaz de formar un equipo de gobierno estable. Por tanto, la gestión municipal la lleva personalmente Gálvez, apoyado en un único funcionario, el interventor.

El alcalde ha convocado para esta noche un pleno extraordinario para dar a conocer su nuevo gobierno, con el previsible apoyo de dos de los tres concejales socialistas.

El posible apoyo de estos dos concejales del PSPV al alcalde del PP en pleno desarrollo del nuevo PGOU del municipio fue objeto ayer de una reunión de la ejecutiva comarcal del PSPV de La Vega Baja. La conclusión fue meridiana. "Los socialistas no vamos a apoyar en ningún caso al alcalde del PP. El que lo haga, que se atenga a las consecuencias, porque será expulsado del partido", señaló José Antonio Martínez, secretario comarcal de organización.

La concejal socialista Carmen Cabrera ya ha anunciado que permanecerá fiel a la disciplina del Grupo Socialista. Las dudas de la dirección socialista se plantean en el caso de los otros dos ediles del grupo: Joaquín Moreno Tenza y Belén Martínez Gálvez. El primero integró la candidatura municipal del PSPV en calidad de independiente, mientras la segunda sí es militante socialista.

El alcalde de Jacarilla declinó ayer atender la llamada de este periódico para conocer su opinión sobre el desarrollo del nuevo PGOU y la gobernabilidad del Ayuntamiento.

No obstante, otras fuentes municipales han desvelado los detalles del pacto de Gálvez con los dos ediles socialistas para garantizar la gobernalidad del municipio. El regidor ha ofrecido a Moreno Tenza la concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente y a la concejal Martínez Gálvez, la primera tenencia de alcaldía y dedicación exclusiva.

La dirección socialista insistió anoche en el rechazo al pacto con el alcalde del PP, "máxime en estos momentos, cuando la Corporación se enfrenta de lleno al desarrollo del PGOU", precisaron. "En el pueblo hay en la actualidad una gran polémica con la avalancha de viviendas que se avecina", añadieron. El grupo municipal socialista votó en contra del nuevo planeamiento urbano.






* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 11/10/2007
Foto: Jacarilla (Alicante), ayuntamiento - convega.com



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Nuestras vidas son más importantes

BIBIANA MEDIALDEA GARCÍA* : Por fin nos hemos dado cuenta de que con la vivienda tenemos un problema. Y por fin hemos logrado que el Gobierno asuma públicamente que tiene la obligación de resolverlo. Ahora sólo nos falta que lo haga. Nos hemos cansado de decirlo, de gritarlo. Al final hemos conseguido que los políticos también lo digan: tenemos derecho a una vivienda digna. Eso quiere decir que, pase lo que pase, tenemos que tener la garantía de que podremos habitar dignamente. De la misma forma que sabemos que nuestros hijos pueden ir al colegio o que seremos asistidos en caso de enfermedad. Pase lo que pase. En nuestra sociedad, ese ‘pase lo que pase’ siempre suele referirse a la misma contingencia: puedas o no puedas pagarlo. Es por ello que para garantizarnos un derecho, para asegurarnos que, pase lo que pase, podremos acceder a ciertos bienes y servicios que consideramos básicos, el Estado los saca del mercado. Como la educación o la sanidad. Es la única garantía posible.

“Uff, los tipos de interés no dejan de subir, a este ritmo habrá que sacar a la cría del colegio”. “Vaya, la insulina se ha convertido en el negocio de moda; pobres diabéticos”. Nos parecería pura barbarie. Y es que con estas cosas, con los derechos, no se juega. No nos parece sensato dejar que el mercado juegue con ellos.

Efectivamente, la vida diaria está plagada de ejemplos: en nuestra sociedad la única opción eficaz para garantizar un derecho es asegurar que se puede acceder a él al margen del mercado. De los colegios a los bomberos, de las ambulancias a los abogados de oficio. No hay otra fórmula. Y el derecho a una vivienda digna no es una excepción. Un análisis de las medidas que recientemente ha anunciado el Gobierno no hace más que ratificar esta afirmación.

La primera limitación de las medidas anunciadas, la más clamorosa, es su ámbito de aplicación. ¿Cómo puede considerarse que se garantiza un derecho mediante medidas que afectan a grupos de población particulares? Las ayudas a grupos específicos sirven para regular excepcionalidades, no para asegurar condiciones que han de ser generalizables. De hecho, si el Gobierno pretende garantizar el acceso a una vivienda digna (y aun suponiendo que el mecanismo de la ayuda fuera el indicado para ello), tendría que ir ampliando sucesivamente las ayudas a los diferentes colectivos: además de a los jóvenes de menos de 30 años, a los de entre 30 y 35, a las familias monoparentales, a las numerosas, a los desempleados, a los mileuristas… La misma necesidad de ir sumando ayudas específicas evidencia la obviedad: los derechos no se protegen con reglas particulares, sino con leyes que, como los derechos mismos, han de tener cobertura universal.

Además, y aun suponiendo que el Gobierno ampliara la cobertura de las ayudas a toda la población, la noción misma de ayuda encierra en sí una carencia fundamental. En síntesis, lo que el Gobierno nos propone es darnos una bonificación, una especie de balón de oxígeno de 210 euros mensuales con el cual podremos acudir al mercado de la vivienda en mejores condiciones. Evidentemente, es un avance. Pero es sólo eso, un flotador para la tormenta, y seguramente efímero. Nada nos garantiza que el precio de la vivienda no vaya a seguir subiendo. Nada nos blinda frente al hecho de que el precio que tenemos que pagar por vivir en nuestro barrio siga dependiendo de lo que pase cada mañana en Wall Street (los pisos y solares de nuestras ciudades no son más que espléndidos objetos de negocio para los fondos de inversión extranjeros). Nada nos asegura que esos 210 euros sean una proporción relevante de los alquileres que estemos pagando dentro de un año. ¿Tendremos que pedir entonces un incremento de las ayudas? ¿Tendremos que confiar en la sensibilidad social del gobierno de turno? ¿Estaríamos dispuestos a correr ese riesgo con los servicios sanitarios (tenga usted un cheque de 100 euros y ojalá que las intervenciones quirúrgicas no suban demasiado de precio)?

Si nos paramos a pensarlo, las medidas del Gobierno no son un avance sustancial, dado que no impiden que el precio de la vivienda siga dependiendo de la lógica especulativa. De hecho, destinaremos dinero público a pagar alquileres sobrevalorados y, por tanto, a seguir alimentando esa misma lógica. Es como si la insulina se hubiera convertido en objeto de especulación, hasta el punto de que los precios sobrevalorados impidieran a la población diabética obtener su medicación. Pretenderíamos que el Gobierno prohibiera la especulación con la insulina, no que extendiera cheques para que los diabéticos adquirieran sus medicinas a precios inflados. En vez de proteger el negocio de quienes están especulando con bienes de primera necesidad, lo que necesitamos, precisamente, es que el Estado nos defienda de los especuladores. Que nos garantice que podremos vivir en casas dignas a cambio de lo que sensatamente debería costar vivir en una casa. Que no es, ni más ni menos, que lo que valdría si no fuera por el negocio al que las viviendas están dando lugar.

En definitiva, en cuanto se le dan tres vueltas al tema de la vivienda no es posible concluir algo diferente a lo que en el caso de otros derechos nos resulta tan evidente: si es un negocio, jamás podrá garantizarse el derecho. Y es que la solución del problema de la vivienda no precisa de mucha imaginación. Simplemente, trátese el derecho a la vivienda como un derecho más. Por eso, las medidas recientemente anunciadas por el gobierno no sólo son insuficientes, sino que ni siquiera caminan en la dirección adecuada. Por eso, el 6 de octubre, en múltiples ciudades del Estado, ‘V de vivienda’ vuelve a convocar una manifestación. Ahora que sabemos que nos están escuchando es cuando más alto tenemos que gritar: nuestras vidas son más importantes que sus beneficios. El 6 de octubre, a las 18:00.



* Bibiana Medialdea García es economista y miembro de la Asamblea por la Vivienda de Latina (V de vivienda).

* Público



* Rebelión - 12-10-2007




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La Eurocámara pide que se investigue el urbanismo de la Región de Murcia

VEGAMEDIA* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado a trámite una denuncia del abogado Diego de Ramón en la que solicita una moratoria urbanística para la Comunidad. Hace unos meses, la organización Greenpeace denunciaba, en su informe anual sobre la situación del litoral español, que en la Región de Murcia está proyectada la construcción de 330.000 viviendas visadas por el correspondiente Colegio de Arquitectos, en una franja que no llega a los 300 kilómetros de longitud, lo que supondría el levantamiento de 1.135 viviendas por kilómetro de costa. Una cifra increíble si se la compara, por ejemplo, con las 50 del litoral en Asturias.

Así lo cuenta el periodista Juan Antonio Marín en el diario gratuito Nueva Línea.

Además de estos datos, las sospechas de corrupción urbanística han salpicado a varios ayuntamientos en los últimos años, y los tribunales de Justicia estudian casos en catorce municipios sobre los que planea la sombra de la corrupción.

Ahora, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido a trámite la denuncia presentada ante esta institución por el abogado y presidente del partido Unión Democrática de la Región de Murcia, Diego de Ramón Hernández, en la que advierte sobre la situación del Levante murciano y solicita, por este motivo, una moratoria urbanística, al entender que los futuros desarrollos, tales como La Zerrichera y Lo Poyo, los de Polaris en el Mar Menor y Nueva Cartago y Zincsa en Cartagena, provocarán una “gran concentración” de viviendas y de población “en tan sólo unas decenas de kilómetros de la costa mediterránea”.

Además, el letrado señala, en su petición, que siempre fomentan financieramente “de forma monopolística” en estos proyectos las mismas entidades financieras de teórico objetivo y fin social (Caja Murcia, Caja Mediterráneo, la ‘Kutxa’Caja de Ahorros de Guipúzcoa), a las que acusa de beneficiarse sin repercutir proporcionalmente en las inversiones sociales a las que están obligadas por ley las cajas de ahorro.

Por ello, la petición reclama la inmediata intervención del Parlamento Europeo en el control urbanístico de la Región de Murcia.

El abogado murciano solicita también que la Unión Europea fiscalice las ayudas que concede, para que “no sirvan para fomentar la construcción sin control y rompedora del equilibrio europeo y medioambiental”.

Por último, Diego de Ramón, pide la creación de una plataforma de países mediterráneos de la Unión Europea para ordenar el crecimiento urbanístico en la costa y la fijación de directivas que “controlen dichos desarrollos desproporcionados”.

El precedente valenciano

Pero no es la primera vez que la Unión Europea investiga la situación urbanística en una comunidad autónoma española. El año pasado varios europarlamentarios visitaron en diversas ocasiones la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid, y el pasado 21 de julio la Eurocámara aprobó una resolución en la que reclamaba a las autoridades españolas, en particular al Gobierno valenciano, que “reconozcan los derechos legítimos de los particulares a la propiedad legalmente adquirida y establezcan, por ley, criterios definidos con más precisión, para evitar y prohibir los abusos del derecho de propiedad mediante decisiones de las autoridades regionales y locales”.

También pidió a la Comisión Europea que examine las “posibles infracciones al Derecho comunitario y de los derechos y principios básicos reconocidos en el Tratado de la UE” a los ciudadanos afectados por la “urbanización extensiva”.

Cuestionó asimismo “los métodos de designación y los poderes a menudo excesivos” atribuidos a los urbanizadores y promotores inmobiliarios. Además, reclamó la participación ciudadana en el desarrollo de los planes urbanísticos y pidió “la creación de comisiones administrativas especiales”, en las que participen los defensores del pueblo locales y los habitantes, y que cuenten con “servicios independientes” de investigación y de arbitraje para dirimir las demandas de afectados por abusos.

La resolución también añadía que “cuando deba compensarse la pérdida de propiedad inmobiliaria”, ésta se calcule en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esta resolución, en la que el Eurocámara expresaba su condena a los proyectos urbanísticos descontrolados, ha sido ahora adjuntada a la aceptación a trámite de la petición que el ex-candidato a la Asamblea Regional por UDeRM ha presentado ante el Parlamento Europeo.





* Vegamedia Press - 11/10/2007
Foto: "Murcia No Se Vende" ya advirtió sobre la corrupción urbanística



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La juez embarga las cuentas del concejal de urbanismo de La Línea

DIARIODECÁDIZ* : Carmen Longo, titular del Juzgado número uno de La Línea, dictó un auto en el que ordena el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y cualquier otro tipo de producto financiero, incluidas cajas de seguridad, hasta el límite de 2.893.270 euros, cuya titularidad corresponda a Carlos Ruiz Calama, concejal de Urbanismo linense e imputado en el caso Roseworld. Aunque el citado auto tiene fecha del pasado martes, fue notificado ayer a las partes y al Ministerio Fiscal.

La juez fundamenta su resolución en los indicios de comisión de un delito de cohecho por parte del edil que se desprende de la investigación realizada en las Diligencias Previas 1.557/2006, “ya que consta en el procedimiento que esta persona ha recibido a través de una empresa privada llamada Lineatrans unas cantidades dinerarias de otra empresa denominada Laxmi Developments, respecto de la cual es administrador otro imputado llamado Anil Thakurdas”, señala, para advertir que “ninguno de los imputados ha justificado documentalmente el origen de estas operaciones”.

La juez subraya que el artículo 127 del Código Penal dispone que toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, “así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar”.Y añade que “los unos y las otras serán decomisados, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquiridio legalmente. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes señalados en el apartado anterior, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho”.

En el caso Roseworld, la instructora apunta que Calama “ha tenido una serie de ganancias (2.893.270 euros) que pueden presuntamente tener su origen en las comisión de un delito de cohecho”, por lo que cree necesario su embargo por si se dictase sentencia condenatoria contra el edil.

Carmen Longo ha autorizado a los agentes de la Udyco central de Madrid a recabar cualquier otra información o soporte documental con los productos financieros de Ruiz Calama ya localizados.

Se trata de la segunda medida cautelar, tras la retirada del pasaporte, que la juez adopta contra el concejal de Urbanismo linense.

Por su parte, Calama manifestó que hoy acreditará ante el juzgado la procedencia “absolutamente legal” de la cantidad percibida, la cual asegura es de una venta de terrenos situados en La Línea llevada a cabo el 13 de noviembre de 2004.

En esa fecha Lineatrans S.L., de la que es representante legal, vendió un terreno propiedad de la citada sociedad mercantil, situado en el Zabal con una superficie de cuatro hectáreas, inscrita en el Registro de la Propiedad de San Roque al tomo 250 folio 206, por un precio total de 1.742.934 euros, que fueron pagados. “Esta cantidad consta debidamente percibida y su beneficio declarado a la hacienda pública, tanto en el impuesto del valor añadido como en el de sociedades”, añadió el edil, que aclaró que dicho negocio nada tiene que ver su cargo público ni mantiene vinculación con el Ayuntamiento, por lo que se siente “sorprendido” por el auto.





* Diario de Cádiz - J.J. González, LA LÍNEA - 11 de Octubre de 2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com



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Tras el Pacto, la Ley de la Vivienda

ELPAÍS/Cataluña* : Semana intensa en las políticas de vivienda. Después de la firma, el lunes, del Pacto Nacional por la Vivienda, el Parlament aprobó ayer en comisión la Ley del Derecho a la Vivienda, la del polémico artículo 42.6, que prevé la expropiación del usufructo de viviendas vacías para convertirlas en alquileres sociales. La misma ley por la que ni CiU ni el PP se sumaron al consenso del Pacto y la misma que llevarán al Consejo Consultivo.

La deliberación de este organismo formado por juristas, que no es vinculante, retrasará todavía más una ley que se presentó hace más de tres años y medio. Teniendo en cuenta que mañana es fiesta, yendo todo muy deprisa, la ley no entrará en ningún caso antes de un mes en el pleno del Parlament. Un mes es el plazo que el consejo tiene para emitir un dictamen.

Durante la comisión de ayer, la ley fue aprobada con los 12 votos que suman los partidos del tripartito. Votaron en contra los seis diputados de CiU, los dos del PP y uno de Ciutadans. La oposición recordó, una vez más, que llevará el texto al Consultivo "para determinar", dijo el diputado de CiU Carles Sala, "la legalidad de algunos artículos".

Sea como sea, la redacción final del artículo 42.6 poco tiene que ver con el inicial. La suavización de la idea del alquiler forzoso de pisos vacíos es más que notable si se lee el primer borrador del texto. Está fechado en septiembre de 2005. Entonces, el texto se refería al alquiler forzoso en tres artículos distintos (6, 46 y 50). El 6 era el más directo de todos: "El abandono de una vivienda", su "desocupación permanente" o la ausencia del "deber de conservación constituyen el incumplimiento de función social del derecho a la propiedad". Ese incumplimiento "puede dar lugar a la expropiación forzosa". Aquella redacción no hablaba de "expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarlo a terceros", como el 42.6 definitivo, sino de "expropiación" a secas.

Además, la última redacción matiza los condicionantes que llevarían a la Administración a actuar y especifica que la medida está restringida a "ámbitos de demanda residencial fuerte", que el propietario es advertido durante un plazo de dos años, que se le "indemniza por el usufructo temporal", que la Administración costea la gestión del alquiler y las reformas si son necesarias y que transcurridos cinco años (la duración de los contratos de alquiler), se recupera la propiedad.

La diputada de ICV y ponente relatora, Dolors Clavell, defendió el artículo 42.6 argumentando que el tripartito "está en el Gobierno para cambiar las cosas y no dejarlas como están, y ha querido apuntar alto". "Como todos los procesos innovadores, éste comienza con conflicto, pero el tiempo pone las cosas en su sitio", añadió, y recordó que varios países europeos tienen medidas parecidas.

En la oposición, Carles Sala aseguró que la postura de su partido ha sido "flexible" y que la comisión sólo ha considerado 80 de las 144 enmiendas presentadas. Santiago Rodríguez, diputado del PP, se mostró de acuerdo con "utilizar fórmulas novedosas". "Pero no podemos pasar por alto el marco jurídico", dijo. Por último, el diputado de Ciutadans Albert Rivera criticó al Gobierno por "no ceder en un artículo que el mismo tripartito ha explicado que es muy difícil que llegue". "Si tan difícil es, ¿por qué no se suprime?", apuntó.

El texto aprobado ayer introduce otras medidas como el derecho de tanteo y retracto -compra preferente por parte de la Administración-; fija cesiones de suelo para viviendas sociales; establece que en 20 años, en los municipios medianos y grandes el 15% de su parque de viviendas será de protegidas; prevé un registro único de solicitantes y obliga a tener licencia si se quieren alquilar pisos turísticos.





* ELPAIS.com - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 11/10/2007
Foto: Barcelona, palau_generalitat - elpais.com




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El urbanismo del PP de La Vila creó "inseguridad jurídica"

ELPAÍS/Alicante* : El Consell Jurídic Consultiu (CJC) ha emitido un informe en el que rechaza el trámite seguido por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa para reordenar el plan parcial Cales y Atalaies, en el litoral del municipio, donde también se ubica el hotel Atrium Beach (complejo legalizado por el Consell pese a exceder en 53.000 metros cuadrados la volumetría autorizada). El dictamen del CJC, sin aludir directamente al Atrium, asegura que el trámite general seguido por el Consistorio, entonces en manos del PP, "crea inseguridad jurídica".

El dictamen del Consell Jurídic emitido el pasado 26 de julio a petición del entonces consejero de Territorio y Vivienda, Rafael Blasco, analiza la legalidad del trámite seguido por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa sobre la ordenación urbanística del plan parcial del Sector Cales i Atalaies, y más en concreto sobre la tramitación del denominado Refundido del Plan Parcial del Mejora 2 del Sector PP-1 Cales i Atalaies con el PRIM (Plan de Reforma Interior de Mejora)[parcela donde se levanta el hotel Atrium] y el PRIM TI-13 M-20, aprobado por la corporación el pasado 15 de febrero.

En ese sector, además del Atrium, hay construidas ya otras 5.000 viviendas. El representante legal de la promotora del hotel Atrium señaló ayer que el dictamen del CJC "no afecta en nada" al proceso para reparar la infracción urbanística. "El PRIM del Atrium es una parcela de suelo urbano ya consolidado en el PGOU de 1999, y aprobado con anterioridad, como refleja el dictamen, al refundido del plan parcial", dijo el letrado.

"Motivos de seguridad jurídica conducen a considerar que deberá expresarse claramente que instrumento de planeamiento urbanístico está siendo objeto de tramitación e informe y, en su caso, aprobación, como disposición reglamentaria municipal, e igualmente si la refundición dejará subsistentes o como parece ser, sin efecto, los dos planes de Reforma Interior de Mejora a los que se ha hecho referencia, el PRIM 19bc y el PRIM TI-13 y M-20, por haberlos incluido completamente en el documento refundido", señala el máximo órgano consultivo del Consell en materia jurídica. "Que en el estado actual de la instrucción no procede pronunciarse sobre el fondo del asunto sino retrotraer al momento en que se acordó realizar el trámite de información pública", concluye el CJC.

La tramitación del plan parcial Cales i Atalaies se remonta a 2002. En enero de 2003 se elaboró un plan parcial de mejora, que posteriormente, el 27 de junio de 2006, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia, alegando que comportaba una modificación del Plan General y no se había aprobado por la mayoría cualificada legalmente exigible. El 20 de julio del mismo año el pleno subsanó este defecto de forma y lo aprobó provisionalmente con los votos necesarios, pero la Comisión Territorial de Urbanismo detectó "graves contradicciones", al haber sufrido el sector en los últimos años otros trámites de planeamiento urbanístico que afectaban a dos parcelas, una de ellas la del hotel Atrium.

El Consell Jurídic apunta que con el plan parcial de mejora inicial y con el refundido actual de tres planes "se pretendió modificar, aunque sea puntualmente, el Plan General sin haberlo anunciado de forma expresa al público en general", lo que requiere las consultas con los municipios colindantes, entre otros asuntos. Por este motivo, de un lado pide retrotraer las actuaciones al momento anterior en que se acordó someter a información pública el plan parcial de mejora aprobado en enero de 2003 y alerta de que si no se hace "puede acarrear la nulidad de la resolución que se dicte en el procedimiento urbanístico".

Otro de los aspectos que pone en duda el Consell Jurídic es la referente a la alteración de zonas verdes en este sector. Sin entrar en el fondo de este asunto, el órgano asesor apunta a un asunto que podría tener todavía mayor calado, ya que cuestiona que en el planeamiento urbanístico se considera zona verde a todo el parque público litoral, y un informe de Costas de abril de 2002 duda de "la aptitud" de tales terrenos como zona verde.






* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/10/2007
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), edificios ilegales en la cala - ROSA FUSTER (El País)




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Piden cárcel para Julián Muñoz por permitir 108 casas ilegales

LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz suma otro juicio más como presunto autor de un delito urbanístico. En este caso, se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de cárcel por conceder un permiso de obras para construir un edificio con 108 viviendas, locales y aparcamientos en contra de la normativa urbanística. Junto a Muñoz serán juzgados también otros cinco ex concejales del equipo de gobierno del GIL, entre los que figuran Rafael González o María Luisa Alcalá. Todos están acusados por un delito contra la ordenación del territorio.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicita ocho años de inhabilitación en el cargo público. El juicio por este caso se celebrará los próximos 17 y 19 de octubre en el Juzgado de lo Penal 7 de Málaga.
Los hechos que se van a enjuiciar se remontan al 27 de marzo de 1998. Ese día,la comisión de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, presidida por Julián MUñoz como alcalde accidental e integrada por los ediles procesados, decidió otorgar a las entidades Jotsa y Promotorauno una licencia de obra para construir un edificio con 108 viviendas, locales comerciales y aparcamientos en la avenida Príncipe de Asturias del núcleo de población de San Pedro Alcántara. El presupuesto de ejecución era de doce millones de euros.

Según la calificación del fiscal, el permiso se concedió, pese a que la zona donde se iba a edificar el inmueble estaba clasificada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de 1986 como deportiva de uso público. El Ministerio Público pide la nulidad de la licencia que se otorgó "siguiendo las directrices" del ex alcalde fallecido Jesús Gil.





* La Opinión de Málaga - R. RIVERA / J. A. SAU - 10 de octubre de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbPatasArriba




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El fiscal acusa al alcalde de Santa Lucía de Tirajana de un delito contra el territorio

CANARIAS7/LasPalmas* : El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, comparecerá ante la autoridad judicial el próximo 19 de octubre en calidad de imputado por el fiscal como supuesto autor de un delito contra la ordenación del territorio. Los cargos están relacionados con la construcción del hipódromo de Santa Lucía.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de san Bartolomé de Tirajana, Almudena de la Rosa, tomará declaración el próximo 19 de octubre en calidad de imputado al alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, acusado por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Vicente Garrido, de un delito contra la ordenación del territorio. Los cargos están relacionados con la construcción del hipódromo de Santas Lucía.

Según el fiscal, la edificación que actualmente ocupa parte del cauce del barranco de Tirajana es «una construcción no autorizada ni autorizable en bienes de dominio público promovida por una sociedad mercantil», lo que, sostiene el Ministerio Público, podría ser constitutivo de un delito contra la ordenación del territorio previsto en el artículo 319.1 del Código Penal y castigado con penas de prisión de seis meses a tres años.

La magistrada De la Rosa ha accedido a la reapertura de las diligencias instada por el fiscal, el caso fue investigado en 1998 y sobreseido provisionalmente por falta de pruebas, y ha acordado citar como imputado a Matos y a las 30 personas que en 1997, junto al ya fallecido alcalde Camilo Sánchez, conformaron la sociedad mercantil Hipódromo de Santa Lucía S.A.

La obra, indica el fiscal, no sólo no tiene licencia municipal, sino que ni siquiera podía ser autorizable confirma al planeamiento urbanístico vigente. El fiscal no descarta que también pueda existir prevaricación.




* Canarias 7 - A. F. de la Gándara/A. Santana - 10/10/2007
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es



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Castellón: Denuncian ante la Fiscalía supuestas construcciones ilegales en Millars

EFE* : El Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) denunció hoy ante la Fiscalía de Castellón un supuesto delito contra la ordenación del territorio por la construcción no autorizada de 120 viviendas en el espacio natural protegido de la desembocadura del Millars. Según la denuncia presentada por el GECEN, en la zona húmeda de la desembocadura, dentro del término de Almazora, "se encuentran, al menos, 120 construcciones sin licencia y sin posibilidad de legalizarse tanto por encontrarse en un espacio natural protegido incompatible con la construcción de viviendas como por calificarse el suelo como no urbanizable protegido, y además pertenecer el suelo al Dominio Público Hidráulico".

Para los ecologistas, la zona húmeda de la desembocadura del Millars "tiene reconocido un valor paisajístico y ecológico con su inclusión en el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana aprobado por acuerdo del Consell de 10 de septiembre de 2002, por ser un LIC, por ser una ZEPA y por estar declarado Paisaje Protegido".

Pese a la protección ambiental del marjal, argumenta la asociación, y pese a la protección urbanística, "se está construyendo viviendas al margen de la legalidad sin que quienes tienen las competencias en la materia hayan reaccionado adecuadamente frente a ellas a pesar del conocimiento que tienen de las mismas".

Por ello pidieron a la Fiscalía que abra diligencias de investigación penal para comprobar los hechos denunciados y sus presuntos responsables.

En concreto, solicitan que el responsable del servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almazora aporte los expedientes urbanísticos de la zona y las denuncias presentadas por la supuesta ilegalidad de las construcciones.

Además piden que el Secretario del Ayuntamiento de Almazora aporte el certificado de las licencias y autorizaciones de los últimos cuatro años en la zona y que el Equipo para la Protección de la Naturaleza compruebe los hechos denunciados.

Por último solicitan que arquitecto municipal aporte el informe urbanístico de cada una de las construcciones denunciadas, indicando el estado en que se encuentra y el tipo de construcción.





* Levante-EMV - 10 de octubre de 2007
Foto: Almazora (Castellón), construcciones ilegales desembocadura del Millars - gecen.net



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San Miguel de Salinas permite construir 300 viviendas en una zona inundable

ELPAÍS/Alicante* : El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, gobernado por el PP, autorizó el proyecto de urbanización de un PAI al norte del casco urbano, pese a la advertencia de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) de que la iniciativa invadía una zona inundable y de dominio público hidráulico. La CHS considera que el PAI ocupa unos 70.000 metros cuadrados públicos y ha iniciado el trámite de deslinde, extremo que acarreará reducir en 300 las 1.600 casas previstas. La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel también ha recurrido el plan a los tribunales.

El plan parcial Los Invernaderos ocupa en total 500.000 metros cuadrados, de los cuales unos 70.000 invaden un tramo de la cañada de La Escribana. El programa, que prevé levantar 1.600 viviendas en bloques de cuatro alturas, fue autorizado en septiembre de 2004 por el Consell. En ese momento, la Confederación aún no se había pronunciado sobre la titularidad pública o privada de ese tramo del cauce de la rambla. No obstante, con posterioridad, en 2005, la CHS comunicó al Ayuntamiento que parte del sector invadía suelo público. Pese a ello, el Consistorio siguió adelante y autorizó el proyecto de urbanización y reparcelación del plan parcial. En la actualidad, la promotora, la firma Fincas Altabix, ya ha levantado, un bloque de viviendas de la futura urbanización.

La decisión del Consistorio de seguir adelante con el proyecto tuvo su réplica en un recurso contencioso-administrativo de la Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel, al que más adelante se sumó la CHS.

A instancias del juzgado, la Confederación realizó un informe hidrológico sobre las consecuencias y riesgo de construir en esa zona de la cañada de La Escribana. El documento señala que el plan Los Invernaderos se sitúa aguas abajo del punto de intersección del canal del postrasvase con el cauce de la cañada de La Escribana. El canal cruza el cauce mediante un terraplén. En ese punto, según el estudio, se puede generar un "efecto presa" y generar episodios de avenidas. "A la vista de los resultados del estudio anterior procedan, en su caso, a revisar la ordenación prevista y a la adopción de las medidas estructurales necesarias para eliminar el riesgo de daños catastróficos y daños materiales de consideración", advierte la Confederación en sendos escritos remitidos el pasado mes de febrero tanto al Ayuntamiento de San Miguel como a la Generalitat.

La Confederación, tras verificar que esos 70.000 metros cuadrados son de dominio público hidráulico, inicio el pasado 24 de agosto la incoación del expediente de deslinde de los terrenos públicos y privados en ese tramo del plan parcial que afecta a la cañada de La Escribana. La resolución del procedimiento de deslinde traerá como consecuencia la consideración de los terrenos afectos como suelo no urbanizable de protección y su deducción del aprovechamiento urbanístico del plan y, por tanto, la consiguiente disminución del índice de edificabilidad del sector, que perdería 300 de las 1.600 casas programadas.






* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 10/10/2007
Foto: San Miguel de Salinas (Alicante), ayuntamiento - san-miguel-de-salinas.com




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Las viviendas españolas son más pequeñas y el doble de caras que la media europea

FRANQUICIASHOY* : Era Inmobiliaria, la franquicia estadounidense especializada en servicios inmobiliarios, acaba de presentar su estudio anual del sector inmobiliario que compara los datos de los países europeos. Como novedad, el informe incluye datos del mercado estadounidense. Una de las principales conclusiones que destacan del análisis es que los pisos españoles son los cuartos más pequeños, con una superficie media de 90m2.

Las casas más pequeñas son las de Francia, 60 m2, Chipre, 70 m2 y Turquía 80 m2. Las viviendas más grandes son las americanas con 210 m2 de media. En cuanto a los apartamentos son los más pequeños con 40 m2, frente a los de Estados Unidos con 150 m2.

Por su parte, el metro cuadrado en España se sitúa en 2.616 €/m2, mientras que la media europea está en 1.346 €/m2. El más caro es el francés con 3.678 €/m2 y el más barato el búlgaro con 339 €/m2, según el informe de Era Inmobiliaria.

Sin embargo, a pesar de estos datos, España es el tercer país en cuanto al porcentaje de viviendas en propiedad (84%), detrás de Bulgaria (94%) y de Chipre (85%). Los países con menos vivienda en régimen de propiedad son Suiza (37,2%) y Alemania (42%).

En el estudio elaborado por Era Inmobiliaria se sitúa la transacción media en 167.878 euros, la media española es de 235.400, siendo la búlgara la más barata con 44.100 euros y la más cara la luxemburguesa con 420.645 euros.

Durante el último año, en los países analizados se han realizado una media de 10,66 transacciones cada mil habitantes. El países que más transacciones ha realizado ha sido Bulgaria con 40,58 seguido de Estados Unidos con 26,76. Los países que no superaron la media fueron Suiza con 7,33 por cada mil habitantes y Alemania con 7,33. España tuvo 2,29.

En cuanto a la ayuda profesional, cabe destacar que los españoles acuden a las inmobiliarias en un 40% de las transacciones, mientras que británicos, irlandeses y chipriotas lo hacen en un 90% de las ocasiones. Quienes menos tratan con profesionales son los austriacos.

Los honorarios profesionales que cobran las agencias se sitúan en el 3,33%, siendo en España del 5%. Irlandeses y británicos cobran los más baratos, 1,5% y los franceses los más caros con un 6%.

En el apartado de agentes inmobiliarios que hay por habitante en cada país Era Inmobiliaria ha llegado a la conclusión de la tasa más alta la ha alcanzado Estados Unidos con uno por cada 107 habitantes. El segundo país con el mayor número de personas dedicadas al negocio inmobiliario es España, donde hay un agente por cada 299. El índice más bajo se encuentra en Holanda con uno por cada 3.118 habitantes. La media del estudio es un agente por cada 1.117 habitantes.

Según Alfonso Gordon, Director de Operaciones de Era Inmobiliaria en España “la situación del sector inmobiliario en España con respecto a los diferentes países europeos y a Estados Unidos, es consecuencia directa del crecimiento y evolución que ha experimentado el mercado en los últimos 10 años. La experiencia nos dice que, al igual que ha ocurrido en otros países en los que se han vivido situaciones similares anteriormente, en los próximos meses asistiremos a una estabilización del mercado en términos de relación entre oferta y demanda, al tiempo que veremos como se produce un fenómeno de concentración en el sector de la intermediación inmobiliaria. Las agencias independientes o pequeñas redes cerrarán o se darán cuenta que la mejor salida a la situación actual es pertenecer a un gran operador a nivel nacional que les aporte visión estratégica, herramientas y economías de escala para optimizar su gestión.





* Franquicias Hoy - 09/10/2007
Foto: casa-euro - eleconomista.es




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"Lleva el dinero 'B' a la oficina de la empresa"

ELPAÍS/Vigo* : La segunda de las cintas que recogen las negociaciones entre el intermediario que se encargaba de captar los clientes para Construcuatro y uno de sus compradores prueba que la promotora, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, ingresaba la mayor parte de las comisiones ilegales exigidas a cambio de vender viviendas de protección oficial en el edificio Castelao del barrio vigués de Navia.

Durante la conversación que fue grabada con la autorización de la juez y bajo supervisión de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, P.T., el mediador de Construcuatro, el mismo que aparecía en la primera de las cintas cuyo contenido trascribió ayer este diario, reconoce que más de un tercio de las comisiones ilegales iban a parar a su hijo. El intermediario percibió un importe de 32.000 euros en dinero negro, que, según sus palabras, se repartieron Construcuatro (20.000) y su hijo (12.000). El cliente tuvo que pagar otros 200 euros aparte en concepto de lámparas halógenas. Esta es la transcripción del contenido de la cinta de voz al que ha tenido acceso EL PAÍS y de la que se eliminan los datos personales del cliente y de la sucursal bancaria que tramitaba algunos pagos.

P.T. Buenos días.

Comprador. Buenos días, vengo del banco y aún tengo que ir al notario a firmar el préstamo.

P.T. ¿Cómo quedó el tema? ¿Tú cuál es el que quieres? ¿ Quieres para adelante y arriba?

C. Yo quería el sexto, que es el que vi, pero bueno...

P.T. No, no... si... no se le puede hacer frente al sexto... ¿Yo te di los papeles esos?

C. Sí, me dio los precios y eso, con el sexto y la documentación que hay que aportar.

P.T. En el banco hay que tener cuidado de no hablar nada del dinero B.

C. Ah, nada, ¡claro!

P.T. Ni hacer comentarios, ni nombres de empresa, ni nada.

C. Ay, eso no, claro,

P.T. Porque a veces por una cosita de nada la vamos joder, que al final no queda en nada, pero es un rollo y se mete uno en un tinglado del carallo.

C. Sí, claro.

P.T. (Ruido de papeles). El sexto, el séptimo, compara la diferencia. Ahora los precios son todos más o menos igual.

C. Sí, el sexto es el que me dio a mí.

P.T. Sí, es que varía, mira, ves, el B tiene tres metros más.

C. Eso es lo de la documentación, que me volví loco para juntar todo eso, menos mal que el del banco me hizo un préstamo, que si no, no había forma.

P.T. Si, no es fácil. No es fácil

C. Le tuve que pedir un préstamo sin justificar nada.

P.T. Para comprar el despacho, para comprar los muebles

C. Pero ellos te piden factura, que yo no les presento nada, al final el del banco quiere justificarlo de alguna manera (...)

P.T. Hay diferencias así de precios de garaje, porque algunos tienen la bodega más grande, porque al hacer la división horizontal, designaron ellos y decidieron poner el lote completo.

C. Si, claro.

P.T. Esto es el precio del piso, la hipoteca serían 99.000 euros.

C. Si, casi 100.000. Hay que hacer la reserva este mes ya.

P.T. Me voy a enterar, porque yo sé que uno que fue allá.

C. A Pontevedra

P.T. Sí, uno que fue con la idea de hacer la reserva y de dar los 20.400 euros al firmar la compraventa.

C. Sí

P.T. Le dio 1.000 y el resto lo agregó a la hipoteca

C. ¿Los 20.000?

P.T. Si. A lo mejor a ti te interesaría...

C. Está bien que los 20.000 de la firma vayan con la hipoteca.

P.T. Me dijeron que había que negociarlo.

C. Yo tengo que pedir el 100%, ya hablé con él, presentando un aval no hay problema.

P.T. Porque esto si se hace ya el martes...

C. Hasta el jueves no podría, trabajo el miércoles.

P.T. Es igual. Quedo contigo el jueves por la tarde.

C. Porque después de entregar lo de la reserva ya avisarán para hacer lo próximo.

P.T. Si es así, se hace la firma del contrato y compraventa a la vez.

C. Yo, al banco los 20.000 euros ya los pedí con la hipoteca y en principio no hay problema.

P.T. Lo que urge es hacerlo cuanto antes. Te quedarías con el sexto.

C. Hombre, yo en principio sí. Vamos a hacer cuentas, a ver cómo nos sale. ¿ Habló con su hijo?

P.T.: Sí, los 12.000.

C. ¿No hay forma de 10.000?

P.T. No. Bueno es que hay gente de palabra, me caíste simpático, muy formal pero el también tiene que hacer su vida.

C. ¿12.000? ¿Y el sexto, cuánto era para la empresa?

P.T. Ah! ¿El B?

C. Sí, el B. Mire ahí cuánto es.

P.T. A ver, 24.265.

C. ¿Subió el tema?

P.T. Y el tercero son 18.000.

C. Me quedo con el tercero, no me queda otra.

P.T. Son 2.000 euros que suben cada uno.

P.T. Fue lo que te dije, sube en dinero B 1.265 euros pero baja en A.

C. El problema es que éstos los puedo justificar en el banco y los otros no.

P.T. Yo te agencio el tercero.

C. Porque el sexto, en 20.000 ni de broma. ¿No?

P.T. ¿Y si consiguiese el cuarto?

C. ¿El cuarto por 20.000? Más 12.000 de su hijo, 32.000. Yo ahora junto 29.000. ¿Habría posibilidad de entregarle cuando el banco me pueda dar justificados los 3.000 restantes? Yo junté 29.000 entre la hipoteca, lo que me prestó hasta la señora del piso donde estoy de alquiler... porque eso después lo saco de la cuenta vivienda, ¿entiende?

P.T. Claro, ese problema lo tiene también mi hijo.

C. Porque ahora me hizo un préstamo puente y después puedo sacar de la cuenta vivienda.

P.T. Yo si te puedo...

C. ¿El cuarto, por 20.000? Y 12.000 para su hijo, yo se lo acepto ya, pero bueno le tengo que dar esos 3.000 euros, cuando pueda firmar la hipoteca.

P.T. Vamos a ver.

C. Vale

P.T. Además, el cuarto tiene halógenos. Son 200 euros más por unos halógenos que le puso el que se iba a quedar con él.

C. Le doy los 20.000 euros para la empresa y 8.000 para usted o los reparte a su manera y después los 4.000 cuando la hipoteca. Eso, yo le doy ahí, que esto es para la empresa, 20.000.

P.T. Sí porque a la empresa hay que...

C. Hay que dárselos.

P.T. No se puede...

C. O sea que a la empresa hay que darle los 20.000.

P.T. No se puede andar a jugar con...

C. Pues se los daría a usted.

P.T. Aunque se fíen de mí, pero no se fían de ti.

C. Claro

P.T. No te conocen de nada.

C. O sea que entonces, ¿haría eso, no? Si acepto, claro.

P.T. Mira, yo tengo posibilidades del cuarto, son 20.000 y reservo el cuarto.

C. Y quedamos el jueves.

P.T. Para allá hay que llevarle 20.300.

C. ¿Redondeamos en 20.000?

P.T. No, no, no.

C. 20.200, ¡joder! Es que no baja ni un céntimo.

P.T. Yo no voy a andar con rebajas. Tienen gente esperando

C. Pues yo el jueves llevaría lo de la empresa, más 8.000 para usted y los otro 4.000 cuando pueda sacar de la cuenta vivienda. Porque pedir más ya no pido, junté 19.000 entre la señora del piso, mi novia y 9.000 del banco que me hizo un préstamo, porque ya llegué allí desesperado.

P.T. Y yo, que te quité 3.000.

C. Claro, es que si no...

P.T. ¡Estás teniendo suerte, eh!

C. Si no, era imposible

P.T. Yo hice eso sin hablar con él para nada y mira él no está de acuerdo, pero bueno, como tiene que adaptarse a lo que yo...

C. Es que yo más ya no podía, fui al banco desesperado.

P.T. Sólo faltaba que fueras a atracarlo.

C. Sí. Tengo que atracar un banco para comprar un piso...

P.T. Lo que me tienes que pagar son los halógenos

C. Vale, ¿Cuánto es?

P.T. Doscientos. Es que yo tengo que dar el dinero al del piso.

C. Se los pago con los 4.000.

P.T. Y es una cosa buena, porque no tienes que andar escabichando ahí, haciendo obra.

C. Claro están puestos ya.

P.T. Están hechos.

C. Perfecto, me quedo con el cuarto así ya no doy más vueltas. Cuento con eso, 28.000. Estos dos son aparte y después, le doy 4.200, lo de los halógenos.

P.T. Allí no te hacen papeleo ninguno mientras no entregues los 2.000 y tal, tú le llevas para el en B, 20.265 euros en un sobre.

C. Eso es lo que le llevo, en efectivo tiene que ser, ¿no?, en billetes.

P.T. Sí,sí.

C. Vale, ¿ y en Pontevedra el sitio ese donde queda, es la oficina de ellos, de la empresa?

P.T. Sí, detrás del Gobierno Civil, casi enfrente del ayuntamiento.

C. El Ayuntamiento, sí, donde está la Alameda.La sede de Construcuatro en el primero piso del número 10 de la calle Prudencio Landín, detrás de la Subdelegación del Gobierno].

P.T. Bueno, yo voy contigo.

C. Usted va conmigo.

P.T. Además, solo no puedes ir, que no te conocen de nada.

C. Claro.


Las grabaciones del caso

"En el banco hay que tener cuidado de no hablar nada del dinero en B".
"¿Y el sexto cuánto es para la empresa?". "En B, 24.265, y el tercero 18.000 euros. Son 2.000 lo que sube cada piso".
"En la empresa no te hacen papeleo ninguno mientras no lleves los 2.000, tú le llevas 20.265 euros en B en un sobre"
"Además el cuarto tiene halógenos en el baño y eso son 200 euros más"


Las grabaciones del caso

"El jueves llevo 20.000 euros a la empresa, 8.000 para usted y los otros 4.000 con la hipoteca"
"Hay diferencia de precios por los garajes. Algunos tienen la bodega más grande"
"Te quité 3.000 euros, ¡estás teniendo suerte, eh!"
"La oficina de la empresa queda detrás del Gobierno Civil, casi enfrente de la Alameda"
"Pedí dinero a mi novia, a la señora que me alquila el piso, a todos"





* ELPAIS.com - J. P. - Santiago - 09/10/2007
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)



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El Consistorio de La Línea benefició a una empresa tapadera

DIARIODECÁDIZ* : La Udyco del Cuerpo Nacional de Policía advierte en su informe sobre el caso Roseworld, documento que figura en las Diligencias Previas que instruye el Juzgado número 1 de La Línea, que la empresa a la que el Ayuntamiento linense adjudicó el 19 de diciembre de 2005 el contrato de compraventa de cuatro parcelas en la avenida de La Colonia "resulta ser un medio para que otras empresas y personas se beneficien de las consecuencias que trae consigo dicha adjudicación, donde presuntamente pudiera haberse llevado a cabo una alteración de precios y concursos en subasta pública al intentar alejar de ella a los postores".


Según el informe de la Udyco, el modus operandi de Roseworld "pudiera consistir en recepcionar fondos procedentes de bancos extranjeros (Islas del Canal de la Mancha) reconducidos por personas con antecedentes financieros, para ser canalizados hacia el sector inmobiliario español". De la investigación llevada a cabo por la citada unidad de la Policía se desprende que Roseworld, constituida el 30 de diciembre de 2002, "carece de actividad comercial" alguna, apreciándose que los ingresos le vienen en su mayoría en concepto de préstamo concedido por no residente". Asimismo, refleja la escasa operatividad de la mercantil, lo que hace sospechar que "podría tratarse de una sociedad durmiente para una posible utilización puntual".

Las parcelas adquiridas por Roseworld fueron vendidas a la sociedad Abuztúa Inversiones 2006 S.L., perteneciente al grupo Lábaro. La compradora quedó obligada a hacerse cargo de la deuda de 6.125.000 euros que Roseworld debía abonar al Ayuntamiento por la adaptación del Plan General de Ordenación Urbana. La Udyco considera que "no se entiende" que Lábaro salde las deudas de Roseworld "por puro altruismo, más bien porque pudiera existir un concierto para alzarse con las fincas en la subasta, efectuándose la transmisión a una sociedad de confianza" para "dar imagen de honestidad".




* Diario de Cádiz - J. J. GONZÁLEZ - 9 de Octubre de 2007
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz) - mma.es



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La reserva natural del Malpaís de Güímar se convierte en cemento

CANARIAS24H/Tenerife* : El Colectivo Ecologista Tabona, Azarug, Alternativa x Güimar e Izquierda Unida han convocado para este sábado 13 de octubre, una concentración para salvar la reserva natural del Malpaís de Güímar debido a la construcción de edificios de más de 5 plantas que según los manifestantes destrozan la zona de transición de este paraje natural en contra de la Ley de Iniciativa Popular que declara el Malpaís y sus aledaños Reserva Natural Especial.

Una de las portavoz del Colectivo Ecologista Tabona, Mónica Díaz, informó a CANARIAS24HORAS.COM que con el lema "No a la especulación urbanística", la concentración tendrá lugar en la Plaza de las Indias (explanada del muelle) en el Puertito de Güímar a las 17.30 horas, y media hora antes se visitarán las obras en la Reserva del Malpaís, donde se esperan cientos de personas.

El referido inmueble tiene la denominación de edificio Almirante, consta de 5 plantas de altura, con un total de 28 viviendas y garajes. Está siendo construido por la empresa GOMASPER y su promoción de venta recae sobre el grupo inmobiliario ARANSA, que en la publicidad de su web dice estar beneficiándose de los singulares espacios naturales, y disfrutar excelentes vistas al Parque Protegido de Malpaís de Güímar.

Explicó que desde hace meses, el grupo ecologista lleva denuncia la urbanización de esta área protegida del sureste del Malpaís de Güímar, con la construcción de un edificio de una altura considerable cuyas obras se han iniciado con licencia municipal. "Esta obra comenzó hace unos tres meses y no tiene cartel que indique la empresa constructora del proyecto, sin embargo pudimos conocer que se trata del grupo ARANSA", dijo Mónica Díaz.

En ese sentido, manifiesta su disconformidad ante esta construcción reivindicando la aplicación de medidas de protección pertinentes a las actuaciones en las proximidades de los lugares de sensibilidad ecológica y que se detengan los planes urbanísticos que afectan a la Reserva Natural del Malpaís de Güímar, ateniéndose a lo que se recoge en el apartado 5 de la Ley 13/2006 de 29 de diciembre de ampliación de la reserva Natural Especial a la totalidad del Malpaís de Güímar, donde se indica la preservación de éstos mediante zonas que sirvan de colchón amortiguador frente a los usos de mayor impacto paisajístico y ecológico.

"Hemos denunciado esto en Costas, en Política Territorial, en el área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife y en el Ayuntamiento de Güímar", señaló la portavoz agregando que sólo Costas les ha respondido argumentando que las obras de urbanización se están realizando amparados a lo que recoge la Ley.

En un comunicado emitido por el colectivo ecologista, se detalla que las obras se iniciaron con permiso de obra menor y además sin el pertinente trazado previo de calles ni ejecución de la infraestructura urbanística oportuna. De hecho, explican que ha habido una modificación de la urbanización de la calle Almirante Cervera, donde se sitúa el edificio, después de iniciada esta obra, asunto que fue tratado en el pleno del ayuntamiento el día 13 de julio de 2007.

Díaz indicó que continuarán denunciando y exigiendo la paralización de las obras de urbanización en esta zona natural y para ello cuentan con el respaldo de muchas firmas, en su mayoría vecinos de Güímar, que están en contra de este proyecto en un suelo sensible "y que aún no sabemos cómo ha sobrevivido a tanto cemento".




* Canarias 24 Horas - Arnaldo Tejera - 08 de octubre de 2007
Foto: Güímar. Ubicación del edificio. Puede apreciarse el efecto barrera entre la costa y el malpaís. Las casas de la derecha son antiguas - canarias24horas.com



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Parcent sale «a ladrillazos» en TVE

LEVANTE-EMV/Alicante* : Los medios de comunicación nacionales se han vuelto a hacer eco de la controversia urbanística de la Marina Alta. En esta ocasión fue el programa «Línea 900», de la Dos de Televisión Española, la que tituló una de sus emisiones con el significativo título de «A ladrillazos» . En la misma, se aludía a la cuestión de los tres famosos PAI de Parcent aprobados durante el pasado mandato por el PP y que el actual gobierno local, de signo independiente, quiere revocar.

De hecho, ayer, «Veïns de Parcent», expresó su satisfacción por la emisión de este documental que «analizaba el problema de la especulación urbanística» . Y añadió que el programa «refleja fielmente lo que está pasando con el actual modelo urbanístico en nuestra Comunitat y más concretamente en nuestro pueblo; se puede decir más alto pero no más claro: la vulneración de los derechos de los pequeños propietarios bajo la presión de grandes empresas urbanísticas es sistemática, y en nuestro caso aún es mas grave ya que de ponerse en práctica los planes aprobados por el anterior equipo de gobierno municipal, quedaría gravemente afectada la sostenibilidad del municipio; y no lo decimos sólo nosotros sino el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en lo que ya se conoce cómo "doctrina Parcent"» .

Para esta entidad, que lleva ya mucho tiempo luchando contra los PAI que supondrían la construcción de 1.800 viviendas en Parcent, coberturas periodísticas sobre estos « desmanes» deberían servir para que «se imponga el sentido común y la conselleria desestime definitivamente la aprobación de los tres PAI que destrozarían irremediablemente nuestro entorno y nuestra calidad de vida». «Veïns de Parcent» criticó también con dureza las declaraciones realizadas en la emisión televisiva por la ex alcaldesa del municipio, la popular Maria del Carmen López: «Es lamentable que una persona que dice "lo mío no es muy fuerte en urbanismo" (sic) tenga la osadía de aprobar tres PAI que suponen la construcción de cerca de 1800 viviendas y tramitar un concierto previo que multiplicaría la actual población por diez. Todo esto en un pueblo de mil habitantes» .

Al respecto, la entidad vecinal se vanagloria de que «afortunadamente el nuevo ayuntamiento haya tirado a la papelera ese concierto previo para empezar la redacción de uno nuevo desde el principio» . Y, en un vistazo a la memoria más reciente de Parcent, añade que «es importante recordar que cuando los eurodiputados visitaron las dependencias del ayuntamiento para recabar las explicaciones del gobierno de López, sobre las múltiples quejas recibidas por la comisión de peticiones de euro parlamento, a las preguntas de los eurodiputados contestaban directamente los representantes de las empresas promotoras». Esta circunstancia lleva a la asociación a preguntarse si «¿son esos los asesores a los que se refiere la alcaldesa en sus declaraciones y si López decía que "lo mío no es muy fuerte en urbanismo" por qué no le hacía caso al Defensor del Pueblo, o al Síndic de greuges, o al TSJ, o a la confederación hidrográfica del Júcar... » , instituciones que se pronunciaron en contra de los PAI. Y es que «no hay peor sordo que el no quiere oír» , concluye la entidad sobre la actitud de la ex alcaldesa en esta problemática.






+ Levante-EMV - A. Ruiz - 09 de octubre de 2007
Foto: Gran parte de la sociedad civil se ha manifestado contra los PAI de Parcent - levante-emv.com



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06/10/2007 Barcelona. Manifestación VdeVivienda

BCN.VDEVIVIENDA*

Omplim la Plaça Sant Jaume per seguir lluitant en favor d'una vivenda digna i assequible i contra l'especulació immobiliaria.



* VdeVivienda Barcelona - 07/10/07



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"Si no pagas 20.000 euros en 'B' este mes, olvídate del piso"

ELPAÍS* : Dos grabaciones de voz autorizadas por una juez de Vigo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que la promotora Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, percibió distintas cantidades en dinero negro -20.400 euros de un comprador y 24.265 de otro- a cambio de venderles viviendas protegidas. Las cintas evidencian además las amenazas de los intermediarios a los clientes. "Si no pagas este mes, olvídate del piso", advierte uno de los mediadores que también percibió 8.000 euros por la venta.

Las 24 denuncias presentadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo presentadas por clientes de la promotora Construcuatro se acompañan de una potente carga documental. La juez tiene la transcripción de dos conversaciones, grabadas bajo su consentimiento, que corroboran que la mayor parte del dinero negro cobrado a los compradores iba a la empresa en la que el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, figura como consejero delegado y de la que posee el 33% de las acciones. El intermediario exige sobreprecios de entre 20.000 y 32.000 euros. En este último caso, explica que 24.000 euros eran para la promotora y 8.000 para él. Lo que sigue es el extracto de una de las conversaciones, entre P. T., el mediador, y uno de los compradores.

P. T. Esto corre prisa.

C. Ya, pero el del banco me dijo que este mes no se puede.

P. T. Si no puede ser este mes, luego olvídate del piso.

C. Son ellos, se me dijo que no se podía escriturar este mes.

P. T. Espera, vamos a ver deja de escriturar. Una cosa es escriturar y otra cosa es lo que hay que hacer ahora. ¿Tú sabes lo que hay que hacer ahora?

C. Sí, supongo que entregar la pasta.

P. T. No es entregar la pasta solamente. Mira lo que hay que hacer es el contrato reserva y el contrato compraventa. (...) Mira, este es el precio del piso, lo que pueden dar de hipoteca más o menos, y queda esto, mil euros para la reserva y 2.400 en la firma de la compraventa.

C. ¿Y los 21.000 euros del B, los entregamos en Pontevedra?

P. T. Sí, los del B en Pontevedra. Eso voy yo contigo, tú no conoces, ni te conoce nadie.

C. Déjame un papel, quiero hacer una anotación.

P. T. Mira aquí tienes, qué datos quieres, este es el número de cuenta de Construcuatro en... [cita el nombre de una entidad bancaria y a continuación dicta los dígitos de la cuenta].

C. Vale. Este es de Construcuatro.

P. T. Sí, es de Construcuatro. Es donde hay que ingresar los 20.400 euros.

C. ¿Cómo hacemos la semana que viene? ¿Quedamos para ir a Pontevedra [a la sede de Construcuatro]?

P. T. Sí, yo voy a ir con mi hijo el martes.

C. Yo el martes no tendré la disponibilidad del dinero.

P. T. Si no tienes el dinero, ese día se puede hacer el contrato reserva con 1.000 euros. Y después ya se le entrega lo otro.

C. Estoy apurado de dinero.

P. T. Ya, tú y todos. Mi hijo también y tiene una cuenta de ahorro vivienda.

C. Si hubiera sabido antes lo de los 21.000 euros hubiera actuado de otra manera.

P. T. El problema del dinero es el problema de todos, lo tienes tú, mi hijo, el otro...

C. Yo el problema lo tengo cuando de un día para otro me dicen que hay que sacar de debajo de las piedras 22.000 euros. Yo cobro una nómina.

P. T. Tendrás que pedirlo.

C. Voy a ir al banco ahora.

P. T. No le hables del dinero en B para nada.

C. No, yo no le hablo del dinero en B, yo le digo que necesito ese dinero.

P. T. A ver si se puede arreglar la hipoteca. El asunto es el dinero B, sabes cuánto paga mi hijo en dinero B: 30.000 euros.

C. Es una barbaridad.

P. T. Sube 2.000 euros por cada altura. Ya te dije que los pisos iban a subir.

C. Me decías que iban a subir pero no de esta manera.

P. T. Hay un dinero que subió pero es baratísimo. Ayer estuve viendo otros de 35 millones y dos habitaciones.

C. Si eso ya lo hablamos.

P. T. Pues hay que molestar a los amigos y a los suegros, la familia está para ayudar.





* ELPAIS.com - JOSÉ PRECEDO - Santiago - 08/10/2007
Foto: Vigo, Navia - wikimedia.org



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El pueblo más pequeño de la Alpujarra entra en la lista de los desmanes urbanísticos

IDEAL/Granada* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha presentado una denuncia contra el regidor de Carataunas, la secretaria y el arquitecto técnico del Ayuntamiento por un delito de supuesta prevaricación urbanística al autorizar una promoción de 65 viviendas con garaje y piscina en el paraje de Haza Macabe. La investigación parte de un escrito enviado a la Fiscalía en el mes de febrero por Ecologistas en Acción, en el que alertaba de la construcción de un gran bloque de pisos sobre un antiguo cementerio musulmán.

La alcaldía de Carataunas se decidió en las pasadas elecciones por una moneda de 20 céntimos. Se tiró al vuelo en el Juzgado de Órgiva y salió cruz. Salvador Rodríguez (PP) había escogido el envés de la moneda y por puro azar se convirtió por cuarta vez en alcalde de este pueblo diminuto en el corazón de la Alpujarra. El más pequeño en superficie de toda la comarca y junto a Lobras y Juviles el menos poblado.

Salvador tendrá que volver a los juzgados pero, en esta ocasión, no se la jugará a cara o cruz.

En su decreto, fechado el 21 de septiembre, el fiscal delata que la promoción no ha sido tramitada correctamente y que se levanta sobre suelo no urbano, según han expresado los técnicos de Obras Públicas en un informe. De las dos plantas permitidas, el bloque pasó a seis -recoge la Fiscalía-, lo que «rompe la armonía del entorno».

En otro decreto del 17 de mayo la Fiscalía pidió al Ayuntamiento de Carataunas que parase las obras del edificio. Los inspectores de la Junta cursaron una visita el pasado 8 de agosto y reflejaron en su informe que había «gente trabajando» y que se estaban produciendo «movimientos de tierra».

Un problema

Carataunas apenas tiene 5 kilómetros cuadrados de superficie. Para hacerse una idea, Órgiva es 26 veces más grande (134 kilómetros). Si se compara con la provincia, Carataunas representa el 0,03% del terreno de Granada.

En pueblo viven unos 200 vecinos. Entre ellos se encuentra esporádicamente Margaret Moran, una diputada del gobierno inglés que mantiene un enconado pleito con los 'gatos' -gentilicio del pueblo- por impedirles el paso por un camino histórico que trascurre por su propiedad.

Hasta ahora, Carataunas se había convertido en noticia por el peculiar sorteo por el que se resolvió el empate técnico de las municipales o, años antes, por organizar unos mundiales de tiro al plato sin escopeta -a huevazo limpio- y campeonatos de comedores de flanes y bebedores de leche. Uno de los últimos ganadores engulló 19 flanes en 10 minutos.

La carpeta de expedientes urbanísticos de Carataunas va camino de batir otro récord menos decoroso.

Más de las que había

Según el último censo oficial, en Carataunas hay 148 casas, de las que sólo 81 sirven de vivienda habitual. Pero el 'ladrillo' no entiende de estadísticas pazguatas y se manifiesta a lo grande. Actualmente hay casi un centenar de pisos de nueva construcción en el minúsculo municipio que están rodeados de polémica. Casi más de los que había.

La mayoría pertenecen a promociones denunciadas en los juzgados y otros casos puntuales están siendo investigados por los agentes de la Guardia Civil. Los desmanes urbanísticos son tan variopintos que se han tenido que solicitar informes hasta a la Policía Mortuoria.

Otro contencioso

La otra gran obra inmersa en la polémica es una promoción de 24 viviendas en el Bancal del Barrio Alto. La Junta ha presentado un contencioso contra el Ayuntamiento al entender que las casas se levantan en suelo no urbanizable. En un auto fechado a finales de junio el Juzgado de lo Contencioso número 1 de Granada acordó paralizar la licencia hasta que se resuelva el pleito.

Sin embargo, en un informe fechado el 16 de agosto -y que obra en poder de IDEAL- los técnicos de Obras Públicas comprobaron en presencia de la Guardia Civil que seguían los trabajos. Los encargados de la obra justificaron que tenían orden de acabar un «murete».

La Guardia Civil ha investigado otras denuncias puntuales. Según un atestado reciente se han levantado dos chalés cerca del cementerio. Los informes son contradictorios. Algunos apuntan a que se ha edificado sobre suelo rústico y otros aseguran que las parcelas son urbanas. Tampoco hay unanimidad sobre la distancia que las casas deberían guardar con respecto al camposanto. Este asunto ha motivado que se solicite un estudio a la Policía Mortuoria.

La Guardia Civil también ha encontrado algunas viviendas -aparentemente casetas de aperos- que se han convertido en coquetas residencias con varias plantas y en algún caso con piscina. Coincide que los propietarios suelen ser extranjeros que se han refugiado en la Alpujarra en busca de tranquilidad.

Más casos. La Fiscalía del TSJA ha incoado diligencias tras la denuncia presentada contra un técnico aparejador del Ayuntamiento de Carataunas por un particular, quien le acusa de prevalerse de su cargo para apropiarse de una parcela de secano que no le pertenecía.


quicochirino@ideal.es




* Ideal - Granada - 07.10.07 - Q. CHIRINO Y C. MORÁN
Foto: El voluminoso bloque contrasta con la imagen del pueblo, al fondo /ECOLOGISTAS EN ACCIÓN



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