La Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga, encargada de Delitos contra la Ordenación del Territorio, Patrimonio Histórico y Medio Ambiente, ha remitido el pasado día 25 de mayo al Juzgado Decano de Antequera, las diligencias de investigación correspondientes a la denuncia presentada en su día por la Asociación “Ecologistas en Acción*-Comarca de Antequera”, en relación a las supuestas serias irregularidades del proyecto de urbanización de la empresa “Valle del Rosario S.L.” –hoy en construcción-, en el municipio de Villanueva del Rosario, y cuya licencia otorgó la anterior corporación.
Al considerar que podría haber en estas actuaciones, indicios de presunto Delito Ecológico -tipificado en la Ley Orgánica 10/1995 y L.O. 7/2000 del Código Penal-, el Fiscal de Medio Ambiente D. Fernando Bentabol Manzanares, ha procedido a interponer denuncia contra este proyecto ante el juzgado de Antequera para que, según reza en el escrito remitido por el propio Fiscal a la asociación ecologista, este Juzgado proceda a la “incoación de diligencias previas, por si los hechos (cometidos en Villanueva del Rosario) fuesen constitutivos de un presunto delito Contra la Ordenación del Territorio”.
Recordemos que el pasado 14 de agosto de 2006, Ecologistas en Acción registraba en la Fiscalía de Málaga denuncia contra el proyecto de macrocomplejo urbanístico de golf “Valle del Rosario”, por sus supuestas graves irregularidades urbanísticas y ambientales, que lo pueden convertir en un proyecto de más que dudosa legalidad. Seguidamente, el día 6 de noviembre de 2006, el Fiscal-Coordinador D. Juan B. Calvo-Rubio Burgos, ponía en conocimiento de la asociación ecologista la incoación de Diligencias correspondientes a la referida denuncia.
En los últimos meses, el Fiscal pidió una serie de Diligencias tanto al Ayuntamiento de Villanueva del Rosario como a la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente, solicitando la remisión de los expedientes correspondientes a dichas construcciones. Tras un mutismo absoluto, dada la nula colaboración administrativa a la labor investigadora de la Fiscalía, y transcurrido el plazo máximo admisible de investigación, el caso fue remitido por el Fiscal al Juzgado Decano de Antequera, encontrándose desde el pasado 30 de mayo, en manos del Juzgado de Instrucción nº. 1 de Antequera, quien lo remitirá presumiblemente al Partido Judicial correspondiente, donde se instruirán diligencias previas, para proceder a la investigación pertinente, antes de dictarse sentencia.
Este macroproyecto, perteneciente al Grupo Mirador y a la empresa AIFOS -varios de cuyos directivos, recordemos, fueron detenidos por sus implicaciones con el “Caso Malaya”, de Marbella-, consta de la construcción de una gran urbanización, campo de golf, complejo comercial y otras instalaciones, sobre una superficie de 1.754.523 m2, que podría elevar la población en unos 4.679 nuevos residentes.
El complejo urbanístico en construcción, probablemente incumple las Normas Subsidiarias del municipio, cuenta con licencia de obras otorgada de manera supuestamente indebida, contradice los requerimientos del propio arquitecto municipal, e incumple posiblemente los condicionantes de la Declaración de Impacto Ambiental, amen de constituir un supuesto Delito Ecológico por la destrucción intencionada de un importante hábitat para la fauna, con gran número de especies protegidas, según los Catálogos Nacional y Andaluz de Especies Amenazadas, infringiendo las Leyes 4/1989 y 8/2003, de flora y fauna silvestres. Las actuaciones han supuesto la muerte de unas 600 encinas y quejigos –al menos dos rodales no han sobrevivido a las brutales podas y trasplantes-, el solapamiento e invasión de la Vía Pecuaria “Vereda del Camino de Málaga” bajo el vial de la urbanización, y el enterramiento de dos arroyos a lo largo de casi 300 metros, pudiendo muy posiblemente infringir la normativa que protege los Bienes de Dominio Público Hidráulico.
* Ecologistas en Acción - Antequera 12 de junio
Foto: Impacto del proyecto en el monte mediterraneo de la zona /ecologistasenaccion.org
Al juzgado el complejo urbanístico Valle Rosario Golf
El gulag participativo
Carolina del Olmo* : “No tendrás una casa en la puta vida”. Bajo este y otros lemas semejantes montones de jóvenes y no tan jóvenes salen periódicamente a la calle para protestar por la práctica imposibilidad de acceder a una (primera) vivienda en nuestro país, mientras Paco el Pocero y una legión de alcaldes y promotores de sainete saltan al estrellato en los medios de comunicación. Cuando se intenta comprender el complejo panorama urbano de los últimos años, se dibujan dos tendencias fundamentales: de un lado, la destrucción generalizada de nuestro patrimonio natural y social en un proceso extraordinariamente lucrativo para unos pocos. Del otro, unas políticas urbanas que en nada parecen contribuir a contrarrestar las tendencias “naturales” del mercado y que se presentan, en cambio, henchidas de la retórica de la participación, la integración y la cohesión social. En ambas tendencias destaca la rampante desfachatez con la que se pretende conciliar los opuestos.
En el primer caso, nunca cotas tan altas de destrozo urbanístico convivieron con tan abundante legislación de protección medioambiental, fiscalías anticorrupción, unidades de delitos urbanísticos de la guardia civil y honradas declaraciones de intenciones de la clase política. En el segundo, la retórica pretende taponar sin complejos el abismo que separa la apertura de oficinas de participación ciudadana con la construcción de unas ciudades radicalmente antidemocráticas y perjudiciales para la inmensa mayoría.
Marbella como modelo
Comencemos con la primera tendencia. Son tantas las noticias de corrupción urbanística que aparecen a diario que corremos el riesgo de que los árboles no nos dejen ver el bosque: la inmensa mayor parte de lo que, desde un punto de vista ecológico y social, puede calificarse de abusos urbanísticos tiene lugar dentro de la economía formal y con arreglo a la legislación vigente. Basta ojear el suplemento dedicado al sector inmobiliario de un periódico para encontrar noticias de este cariz: “La fértil vega del río Tajuña a su paso por Morata va a quedar encajonada entre grandes bolsas de suelo urbanizable. Son casi diez millones de metros cuadrados los que plantea recalificar el avance del plan general del Ayuntamiento, destinados a la construcción de unas 13.000 viviendas, campo de golf, campus universitario y varios hoteles” (El País, suplemento “Propiedades”, 17.06.07).
Otro caso, muy revelador, y que lleva años arrojando novedades de interés es el del Parque Warner, en San Martín de la Vega, Madrid. En su día, la Comunidad de Madrid aportó un 43% del capital inicial (380 millones de euros) para este parque de ocio inaugurado en 2002 que acumula, desde entonces, una ingente cantidad de pérdidas, situación que se ha intentado revertir inyectando más y más dinero público (a modo de ejemplo, el parque cerró con una pérdidas de 38 millones de euros el ejercicio de 2004, el mismo año en que la CAM anunció su intención de inyectar entre 4,3 y 5,2 millones de euros más). Además, la CAM ha construido una línea de tren específica a San Martín de la Vega, que ha costado algo más de 84 millones de euros y que en 2005 sólo usaban unas 600 personas al día (todo ello, huelga decir, acompañado de importantísimas carencias en transportes repartidas por populosos barrios y municipios de toda la Comunidad). Ya en noviembre de 2004, ante las críticas de la oposición, la presidenta regional anunció su intención de salirse del accionariado del parque, algo que consiguió, según cuenta el artículo “El otro valor del Parque Warner” (Propiedades, 09.02.07), cuando en noviembre de 2006 la inmobiliaria Fadesa se hizo con el 73,8% del parque al comprar, entre otras participaciones, el 43,6% que tenía la CAM. ¿A qué viene tanto desembolso, se preguntarán ustedes, para comprar un parque ruinoso? “Lo que los expertos tienen claro es el atractivo del parque temático para Jove [presidente de la inmobiliaria]: el potencial inmobiliario que tiene la operación, es decir, los 667.000 metros cuadrados de suelo para usos comerciales, industriales y de servicios adyacentes al parque, que también fueron adquiridos por Fadesa”. Sin duda, el hecho de que más de 200.000 metros sean de uso comercial ha resultado clave en el interés de Fadesa: “un centro comercial grande tiene el éxito garantizado, ya que la zona está muy bien comunicada”. Desde luego que está bien comunicada: además del tren, hay autovía (la inversión directa de la CAM en transportes y accesos al parque se calculaba en 2004 en unos 156 millones de euros). No obstante, los expertos consideran que para que el parque salga adelante “hace falta la componente residencial de su entorno –posibilidad que no prevén los terrenos adyacentes– y que únicamente hoteles, comercio y ocio no son la solución. La clave de la operación está en la recalificación de los terrenos, para la que es posible que Jove cuente con un acuerdo o un compromiso por parte de las autoridades”. Asunto curioso, cuando menos: la CAM consigue deshacerse de unas acciones que le quemaban en las manos, y las compra una inmobiliaria que confía en una posible recalificación. Permanezcan atentos; la noticia promete…
El suelo es una mercancía muy peculiar que parece invitar al juego sucio: posee un marcado carácter monopolístico, no se deteriora con el paso del tiempo y su precio, que se multiplica con una sencilla actuación administrativa, supone, en estos momentos, un 60% del precio final de una vivienda. Naturalmente, los terrenos más rentables están en manos de grandes compañías, con los bancos, probablemente, a la cabeza. Las promotoras, por ejemplo, suelen hacer acopio de suelo para seguir edificando, pero si la rentabilidad de vender llega a ser más atractiva que la de promover, no le hacen ascos al negocio; de hecho, algunas obtienen así hasta el 30% de sus ingresos. Aunque el precio del suelo suponga un 60% del precio de la vivienda, es este último el que marca el precio del suelo, ya que el valor de un solar se calcula en función del precio al que se espera poder vender las viviendas que en él se levantarán. Y dada la concentración de esta mercancía en pocas y poderosas manos (oligopolio) –que pueden, pues, marcar el ritmo de su utilización y, así, su precio–, clasificar más suelo no contribuye en modo alguno a abaratarlo, especialmente cuando la Administración rehúsa utilizar los mecanismos de sanción de los que dispone para cuando los plazos de urbanización se sobrepasan.
Sin embargo, la ortodoxia económica insiste en considerar la ley de la oferta y la demanda como único fenómeno social relevante y en recomendar como receta –en el caso de que el boom de precios comience a generar “alarma social”–, la recalificación de más suelo y la liberalización de su gestión; en palabras del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM, Mariano Zabía Lasala, se trata de “evitar la tentación de los poderes públicos […] de abusar del exceso de intervencionismo” y hacer frente a las “políticas que pretenden que la Administración se entrometa en todo lo relativo al suelo y la vivienda, asfixiando la libertad del individuo” (El País, 17.12.06). En estos momentos, con suelo urbanizable suficiente en Madrid para levantar medio millón de viviendas, aunque fuera verdad que aumentando la oferta se abarata el precio, la única forma de sacar ese suelo al mercado sería evitando su retención, algo que sólo pueden lograr las administraciones públicas “entrometiéndose”, como dice el Consejero. Desde luego, los datos son testarudos: “en los últimos quince años se ha transformado más suelo que en todos los siglos anteriores. Nada indica que un incremento de la oferta de suelo urbanizable conlleve una reducción de los precios del suelo y de la vivienda. Más bien parece que, al contrario, la consideración como urbanizables de suelos ‘rústicos’ contribuye a anticipar una plusvalía que sólo debería reconocerse al final del proceso urbanizador” (Menéndez Rexach, p. 269).
Sin embargo, la más burda ortodoxia económica es la que ha guiado –con honrosas aunque, por lo general, ineficaces excepciones– nuestras leyes de suelo y los planes generales de nuestras ciudades, hasta llegar al extremo de la Ley de Suelo de 1998 –aún en vigor–, que decidida a contener los precios de la vivienda incluye en su exposición de motivos el siguiente párrafo: “La presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de suelo, haciendo lo posible para que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser urbanizado” (cit. en Leguina, p. 73). Se trata de una aplastante capitulación de todos los principios que históricamente han regido el planeamiento urbano que, al eliminar las distintas categorías de suelo y considerar que todo el terreno que no sea protegido es urbanizable, ha supuesto un impulso desastroso no sólo a las más variadas actuaciones especulativas, sino también a la recalificación extensiva de suelo rústico y a la urbanización dispersa.
En efecto, más allá del problema de acceso a la vivienda –un problema que, por grave que sea, no deja de ser coyuntural, al menos en su fase más aguda– lo más preocupante es el desastre cotidiano que propicia nuestro modelo territorial y que podemos calibrar gracias, entre otras cosas, a los informes sobre las barbaries cometidas en nuestros litorales que cada año publica Greenpeace (http://www.greenpeace.org/espana/campaigns/costas/destrucci-n-a-toda-costa) o al estudio Cambios de ocupación del suelo en España, editado el año pasado por el Observatorio de la Sostenibilidad en España.
Spain is different
Hay quien considera –no sin parte de razón– que esta situación no es más que la plasmación territorial del funcionamiento de la economía capitalista. Pero de poco sirve constatar una supuesta incompatibilidad entre la sociedad de mercado y un planeamiento urbano razonable, sin parar mientes en que existe todo un entramado institucional, ideológico y político que ha fomentado y fomenta este desbarajuste y una administración pública que podría ponerle coto. Bastaría un somero repaso al funcionamiento de algunas ciudades de otros países de nuestro entorno capitalista para apreciar que otra ciudad es posible: en Estocolmo el mercado de vivienda está férreamente controlado por la administración, que trata de evitar la emigración interior y el despoblamiento del resto del país; en muchas ciudades holandesas la vivienda protegida y la de precio libre conviven, no ya en el mismo barrio, sino incluso en un mismo bloque; en algunas ciudades francesas se penaliza la posesión de viviendas desocupadas y, en general, el control municipal del suelo es una práctica bastante extendida.
Un punto que dificulta el análisis de la orientación de las políticas públicas es que casi nunca hay que mirar a lo que más brilla. Al igual que el PGOU de Madrid del 85 –probablemente el más insultado de la historia, repetidamente calificado de “comunista” por la oposición– coincidió en el tiempo con el Decreto Boyer –impulso definitivo a la consideración de la vivienda como inversión–, y ambos fueron pergeñados desde gobiernos del PSOE, es común la convivencia de actuaciones y medidas opuestas en sus principios rectores. Veamos un ejemplo menos llamativo pero más actual. El Plan de Vivienda 2005-2008, sin ser ninguna maravilla, está mejor dotado económicamente que el anterior y pretende reforzar el sector de la VPO confiando, además, en otras fórmulas (alquiler protegido, rehabilitación) que no pasan necesariamente por la obra nueva. Entre tanto, la política fiscal en vigor, que tiene una visibilidad menor y un peso económico muchísimo mayor –lo que el Estado deja de recaudar por desgravaciones por compra de vivienda supera en seis o siete veces el presupuesto del plan de vivienda (Tinaut Elorza, p. 281)– favorece decididamente la compra sobre el alquiler y es claramente regresiva ya que las desgravaciones por compra de vivienda no dependen de la renta ni del patrimonio de quien adquiere la vivienda, sino sólo del precio de ésta.
En 1965, en su clásico estudio Whose City? Ray Pahl se preguntaba cómo deben actuar los poderes públicos: ¿es mejor (opción A) favorecer a los ya aventajados para promover el crecimiento y la eficacia económica en beneficio, en última instancia, de los desaventajados o es preferible (opción B) discriminar positivamente a los que hoy están en desventaja? Desde el Decreto Boyer en adelante, la respuesta predominante en nuestro país ha sido la opción A. Hoy día, cuando sabemos que el grueso de las empresas que alcanzan beneficios extraordinarios apenas reinvierten ni crean puestos de trabajo ya que tienen “otros compromisos que atender” (principalmente sueldos y beneficios para directivos que, según la prensa económica, están alcanzando un nivel nunca visto, y reparto de dividendos en una obscena carrera por mimar al accionista que preocupa incluso al FMI), y que la redistribución dirigida por las administraciones públicas brilla por su ausencia hasta el punto de que la distancia que separa nuestro gasto social de la media de la UE es hoy la misma que en 1975 (Navarro, 2006), seguir defendiendo la opción A es sencillamente criminal.
Cuando las palabras pierden su sentido
Pasemos a la segunda tendencia que había esbozado al comienzo y que podría resumirse así: ¿cómo puede convivir sin sonrojo aparente una oficina de participación ciudadana y un campo de golf en Chamberí, en pleno centro de Madrid, allí donde hasta el último vecino sabe que lo que hace falta es el parque previamente planeado? Los nuevos aires que vienen de Europa han causado una asombrosa proliferación de la retórica de la participación ciudadana y la cohesión social. Merece la pena echar un vistazo a este fragmento de un documento de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organismo encargado de trasponer la Agenda 21 a España: “Es importante arbitrar medidas para evitar que estos instrumentos de participación lleguen a convertirse en una plataforma reivindicativa o en un lugar de quejas y reclamaciones por parte de la ciudadanía […] Igualmente, no se debería ejercer una función persuasiva o de presión por parte de la Administración Local, garantizando el uso de los instrumentos de participación como una herramienta de debate e información con el fin de mejorar la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras”. (FEMP, p. 88, subrayados míos). Una vez entendemos lo que significa “participación” en este contexto, resulta más fácil comprender la combinación del buzoneo que ha emprendido el Ayuntamiento de Madrid invitando a los vecinos a participar en sus juntas de distrito, con las reclamaciones de las asociaciones de los grandes barrios periféricos madrileños, que llevan años denunciando la falta de representatividad de las juntas de distrito (sus presidentes no son elegidos por los vecinos), sus escasísimas competencias y presupuestos, y la distribución centralizada y desigual de equipamientos y recursos, que beneficia a ojos vistas a los barrios más turísticos o de rentas más altas. También nos es más fácil comprender por qué los vecinos agrupados en la madrileña Red de Lavapiés resumieron la tan largamente deseada actuación municipal en su barrio con el lema “todo para el barrio pero sin el barrio” (http://www.sindominio.net/karakola/despotismocastizo.htm), o por qué las excavadoras municipales han destruido las tomateras y los campos de juego con los que los vecinos del Forat de la Vergonya, en Barcelona, habían decidido equipar su barrio en un ejemplo admirable de participación (http://www.ladinamo.org/ldnm/articulo.php?numero=23&id=600).
Centrémonos ahora en la cohesión social, una de las principales preocupaciones del Consejo de la Unión Europea de Lisboa de 2000, según se refleja en sus documentos: “El Consejo Europeo […] hizo de la promoción de la integración social un eje esencial de la estrategia global de la Unión para alcanzar su objetivo estratégico del decenio futuro, a saber, convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible, acompañada de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y de una mayor cohesión social”. En primer lugar, el supuesto fin –la lucha contra la exclusión– aparece como medio para el verdadero objetivo –la competitividad y el crecimiento–. A continuación, la discutible premisa ideológica hace su entrada de rondón: “La puesta en práctica de los objetivos fijados en el marco de la estrategia europea para el empleo contribuye de manera determinante a la lucha contra la exclusión. El crecimiento económico y la cohesión social se refuerzan mutuamente”.
Sin que apenas nos diéramos cuenta, en algún momento, el discurso sobre participación y cohesión social se desligó totalmente de la idea de redistribución o de la discusión en torno al gasto social y pasó a formar un extraño tándem con el término competitividad. En el proceso, nos dieron gato por liebre; “los términos competitividad y cohesión no son sinónimos de desarrollo económico y justicia social […] El uso de ‘competitividad’ implica que el crecimiento debe ser impulsado por el libre mercado y descansar sobre el sector privado, mientras que ‘cohesión’ alude a los vínculos sociales y a la confianza, pero no necesariamente a la igualdad” (Fainstein, p. 884).
La componenda discursiva es cuando menos complicada. Desde luego, la asunción del crecimiento económico como un requisito para desarrollar la cohesión social es algo largamente cuestionado por la literatura reciente acerca de la ciudad global y, especialmente, sobre los procesos de polarización que sufren las regiones urbanas que están en cabeza de la jerarquía mundial. Seguramente una política apropiada podría producir simultáneamente crecimiento económico y mayor bienestar social, pero para ello tendría que cumplir algunas condiciones que van más allá del fomento de la competitividad y el crecimiento económico irrestricto, condiciones que tienen mucho que ver con la redistribución de la renta y el gasto social.
La culpa de todo…
Una manera distinta de abordar esta cuestión es la que propone Ray Pahl. Mientras el grueso de la literatura sobre exclusión social y polarización pone el foco en los estratos más bajos de la escala social, Pahl relaciona la falta de cohesión con los ricos, verdaderos responsables del incremento de la desigualdad social. “Las ciudades exitosas son bestias mucho más peligrosas, mas no por lo que les hacen a los pobres, sino por las oportunidades que ofrecen a los ricos de causar daños”, por ejemplo, comprando en masa viviendas como inversión e impulsando así una subida de precios que perjudica a toda la población. “Las cuestiones relativas a una ciudad justa guardan una relación más significativa con los ricos que con los pobres [ya que] el nivel de restricción fiscal de los ricos es probablemente la clave de las variaciones en la desigualdad social” (Pahl, 881). Pero, como bien señala, mientras existe un cierto consenso europeo acerca de que los pobres no deberían ser tan pobres, no existe ningún consenso semejante acerca de que los ricos no deban ser tan ricos (Pahl, 882). Desde luego, si el caso de Madrid es representativo –y me temo que sí lo es– la “opción” que nos presentan las próximas elecciones municipales y autonómicas pasa por elegir entre la eliminación del impuesto de sucesiones para todos los niveles de renta y patrimonio que tan orgullosa anuncia la presidenta regional del PP, y la promesa de bajar los impuestos del candidato del PSOE a la alcaldía.
Bibliografía
FAINSTEIN, Susan S., “Competitiveness, Cohesion and Governance: Their Implications for Social Justice”, International Journal of Urban and Regional Research, 25.4, 2001
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, Código de buenas prácticas ambientales, 2000.
LEGUINA, Joaquín, “Que veinte años no es nada”, en Jordi Borja y Zaida Muxí (eds.), Urbanismo en el siglo XXI. Bilbao, Madrid, Valencia, Barcelona, Barcelona, Edicions UPC, 2004.
Menéndez Rexach, Ángel, “Los objetivos económicos de la regulación del suelo: evolución de la legislación española y perspectivas de reforma”, en Papeles de economía española 109, cit.
Navarro, Vicenç, El subdesarrollo social de España, Barcelona, Anagrama, 2006.
PAHL, Ray, “Market Success and Social Cohesion”, International Journal of Urban and Regional Research, 25.4, 2001
Tinaut Elorza, José Justo, “Desarrollos recientes de la política estatal de vivienda en España: el plan 2005-2008”, en Papeles de economía española 109, cit.
* Libre Pensamiento
* Rebelión - Libre Pensamiento - 13-06-2007
España: el fin de la burbuja inmobiliaria crea pueblos fantasmas
MercadoDigital* : "Como ocurre en algunas zonas de Argentina, quienes visitan proyectos inmobiliarios cerca de Madrid, por ejemplo, encuentran estructuras sin terminar y calles desiertas. Ahí descubren que la cosa no marcha, suben a sus coches y se van. “Fuimos a ver nuestra futura residencia, pero en su lugar había pueblos fantasmas”, señalaba a Reuters un inversor tras otro. Son gente de una pequeña burguesía -nueva, próspera y rastacueros- que choca contra el fin de una burbuja. En verdad, no son caseríos abandonados, como los del oeste norteamericano del siglo XIX, sino viviendas sin terminar.
“No hay casas ni edificios de renta listos para ocupar”, explicaba un taximetrero. “Uno debe recorrer kilómetros para comprar pan o cigarrillos”. La gente tiene miedo de visitar esos esqueletos, los ve poco seguros y se aleja. Por supuesto, trasuntan exceso de unidades en oferta y la consiguiente caída de precios llave en mano –la mayor sufrida por el negocio desde 1992-, que demora las obras o las paraliza.
Las constructoras locales levantaron 750.000 casas y departamentos sólo en 2006. Esto supera al total conjunto de Alemania y Francia, economías mucho más desarrolladas y ricas que la española. Pero, también el año pasado, la demanda de viviendas cubría apenas 60% de esa oferta, de acuerdo con cifras el ministerio de hacienda. Ello subraya el exceso de unidades no vendidas, una caída de valores reales (no los declarados por los tasadores inmobiliarios) y la consiguiente proliferación de unidades sin terminar.
Analistas privados estiman que, en 2007/8, los precios efectivos de casas, tanto nuevas como ocupadas, retrocederán 20%. La brecha probablemente acabe con varias constructoras y firmas de bienes raíces, amén de complicar las carteras crediticias de los bancos. Pero 2006 marca una fase más crítica de un fenómeno nada novedoso: en el decenio 1996-2005, España levantaba una media anual de 432.400 viviendas, más que la suma de Gran Bretaña e Irlanda, mientras los precios se doblaban en el mismo lapso.
Si los precios reales siguen declinando, los propietarios españoles quizás afronten los mismos problemas de sus equivalentes norteamericanos, que viven ya el segundo año del desinfle de una burbuja inmobiliaria. La contracción de valores efectivos aumentará carteras hipotecarias morosas e incobrables. Aparte de intereses y punitorios más altos, los deudores arriesgan perder sus propiedades, pues los precios se estiman en función de expectativas –generalmente infladas-, no de ventas hechas. Verbigracia, a diciembre una vivienda promedio se cotizaba en € 276.000, o sea 107% sobre igual mes de 2001, aunque las operaciones reales no llegasen a ese nivel.
“En este país, todos saben que las valuaciones son ficticias”, admite Idealista.com, un sitio web especializado. “Pero los bancos creen que, si bien esos valores son falsos, serán reales en algún futuro”. Igual sucedía con las entidadesa financieras norteamericanas pero, a diferencia de ese público, la clase media española se desalentará rápidamente, comprará menos o promnto no podrá pagar hipotecas. Por tanto, cada vez habrá más pueblos y barrios fantasmas.
* Mercado Digital - Argentina - 13 de Junio del 2007
Foto: Sanchinarro (Madrid) /munimadrid.es
«La anulación del plan urbano de Llanes es síntoma de buena salud»
O.SUÁREZ.- ElComercio*/Gijón : "Antonio Vercher Noguera es fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, una figura creada hace ahora un año y que vela por los derechos medioambientales y lucha contra los delitos urbanísticos. Ayer visitó Gijón para participar en el VIII Congreso Nacional de Responsabilidad.
-¿Cuál es la situación de Asturias en materia de expansión urbanística y respeto al medio ambiente?
-Afortunadamente, Asturias no tiene esa impronta urbanística tan extraordinariamente dura y poderosa que hay en Andalucía, en Murcia o Valencia. En el norte de España no se llega a la situación de caos que existe en la zona de Málaga.
-¿Sirve de ejemplo la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Llanes?
-Es un síntoma de buena salud y de que el Derecho funciona en este tipo de casos; el problema sería que no existiese ninguna referencia del incumplimiento de la ley y que no se oyese hablar de anulación de planes urbanísticos.
-¿Cuáles son los delitos medioambientales más habituales que usted ha constatado?
-El Ministerio Fiscal ha abierto en España 2.500 diligencias aproximadamente sobre delitos de medio ambiente, y de esas, 1.500 en materia de ordenación del territorio y urbanismo.
-¿Se está pagando ahora la permisividad en la construcción de años anteriores?
-Es cierto que España vive ahora en una etapa transitoria, sí es cierto que ha habido cierta tolerancia que no generaba problemas cuando la situación era inicial. Ahora, la construcción se ha disparado y con ella la problemática y los conflictos.
-¿Las demoliciones de edificaciones podrían ser una solución para recobrar los espacios verdes?
-Hay que tener claro que la demolición no es una pena, es una responsabilidad civil y sí que podrían ser una solución, el problema está en que no se cumplen, sobre todo, por culpa de los ayuntamientos. En el ámbito local son poco recomendables por los posibles efectos electorales por ese motivo no se suelen hacer efectivas.
Situación aceptable
-¿Se podrá controlar en breve plazo ese crecimiento urbanístico del que habla?
-La nueva ley de ordenación territorial que entrará en vigor el 1 de julio tendrá aspectos muy interesantes y aunque en principio no resuelva todos los elementos delictivos, sí que aportará importantes visos de solución.
-¿De donde partes las denuncias medioambientales?
-Pueden venir de particulares, asociaciones o incluso de la prensa.
-¿La legislación está actualizada o es necesaria una revisión?
-En el presente es bastante aceptable, lo que hace falta es ir aplicando el Derecho con perspectivas de normalidad.
* El Comercio Digital - 9 de junio de 2007
El ex alcalde de Grazalema declara mañana como imputado por la 'Operación Pinsapar'
EuropaPress* : " El ex alcalde de Grazalema, el socialista Antonio Mateos, declarará mañana en el Juzgado de Instrucción único de Ubrique como imputado por la 'Operación Pinsapar' desarrollada el pasado año contra varios presuntos delitos relacionados con la ordenación del territorio, según informó a E.P. Ecologistas en Acción, que está personada como acusación particular y considera que Mateos estaba «informado» de las supuestas ilegalidades urbanísticas. La 'Operación Pinsapar' se inició en mayo de 2006 a raíz de la denuncia presentada por la alcaldesa de Grazalema, María José Lara (PSOE), que motivó la actuación de la Guardia Civil de Cádiz en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción único de Ubrique.
No obstante, Ecologistas en Acción defiende que la veintena de denuncias que presentó por ilegalidades urbanísticas previas ante el Consistorio, y que ha solicitado al juzgado que requiera, motivaron la intervención policial.
En una primera fase, el pasado 12 de septiembre, se detuvo al arquitecto municipal, identificado cómo J.P.D, de 38 años y vecino de Ubrique, como presunto autor de los delitos de cohecho, falsedad, contra la ordenación del territorio y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Asimismo, en una segunda actuación realizada días más tarde, el 18 de septiembre, dentro del marco de este operativo, fueron detenidas cuatro personas más identificadas como C.D.B. de 40 años de edad y vecino de Zahara de la Sierra; A.S.C.B. de 42, vecino de Ubrique; R.T.S. de 48, vecino de Recas (Toledo); y R.G.A. de 43, vecino de Alcorcón (Madrid), todos ellos como presuntos autores de los delitos de cohecho, contra la ordenación del territorio y falsedad documental.
Aunque en un principio dos de los detenidos, uno de ellos el arquitecto municipal, ingresaron en prisión, en la actualidad los cinco detenidos se encuentran en libertad bajo fianza e imputados, según los ecologistas.
* Diario de Cádiz - 12 de Junio de 2007
Foto: Grazalema, río Guadalete (Cádiz) /Ecologistas en Acción
Aprobado el proyecto de ley que pondrá freno a la especulación en los espacios protegidos
A.P.- HoyDigital* : "La Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad recibió ayer el banderazo de salida para su tramitación parlamentaria y aprobación, ya después del verano. El Consejo de Ministros aprobó el proyecto que viene a actualizar el marco legal vigente, y que reforzará la protección de que gozan los espacios con mayor riqueza biológica y ambiental del país. Entre otras previsiones, el texto fija que ningún área incluida dentro de la Red Natura 2000 -que agrupa los espacios más valiosos de la UE- podrá perder su estatus protegido, salvo que se degrade de forma natural, no provocada, su riqueza biológica. Un freno para la especulación urbanística y territorial, se supone.
El de Patrimonio Natural y Biodiversidad es el décimo proyecto que sale del Ministerio de Medio Ambiente en lo que va de legislatura. Una vez en vigor, sustituirá a la ley de Espacios Naturales de 1989 y sus sucesivas modificaciones. Hará prevalecer el principio de protección de la naturaleza, de los hábitats y especies singulares y valiosos sobre otros usos del territorio. Serán las comunidades autónomas las encargadas de gestionar el nuevo marco legal porque suyas son las competencias en medio ambiente y en ordenación territorial. La ley pretende «ayudarles a garantizar que el uso y la preservación de los recursos naturales sea óptimo», dijo la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega.
La futura norma establece que todo plan o proyecto que pueda afectar siquiera de forma indirecta a un espacio de la Red Natura 2000, deberá someter a una evaluación «adecuada» las repercusiones sobre el lugar. Estos espacios privilegiados no podrán perder su 'blindaje' protector ni total ni parcialmente, salvo que el espacio se deteriore y pierda su riqueza natural de manera espontánea, no inducida. Y aún en esos casos, previo trámite de información pública.
Se crean además nuevos organismos y registros para mejorar el inventario de especies animales y vegetales, y su estado de conservación. Habrá un nuevo catálogo de hábitats en peligro de desaparición, y otro de especies exóticas invasoras. Nace el Consejo Nacional para el Patrimonio Natural y se elaborará un Inventario del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Áreas marinas
La propuesta de Medio Ambiente incluye por primera vez la figura de las Áreas Marinas Protegidas, para salvaguardar regiones marinas de gran riqueza biológica y valores ambientales específicos más allá de la plataforma continental, cuya eventual protección corresponde a las comunidades autónomas.
El texto impulsa el desarrollo de planes de cría en cautividad como parte de las estrategias de conservación de especies amenazadas, así como de creación de bancos de material genético y biológico.
Y se crea, además, un Fondo para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad como instrumento de cofinanciación de planes y estrategias, y elemento de cohesión territorial.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, recordó que España es el gran proveedor de riqueza y singularidad biológica de la UE. Aporta al acervo comunitario 80.000 taxones clasificados, más del 80% de las plantas vasculares, y acoge al 50% de las especies faunísticas con que cuenta Europa.
* HoyDigital - 9 de junio de 2007
Foto: parque de Monfragüe /HoyDigital
El 'metro por metro' del urbanismo valenciano choca con la ley estatal
El País/Valencia* : "La entrada en vigor de la ley estatal del Suelo -prevista para el 1 de julio- obligará a modificar la legislación urbanística autonómica. El Consell tendrá que revisar los artículos referidos a la reserva de vivienda de protección pública (VPP) y elevarla hasta un mínimo del 30%, según explicó ayer el arquitecto Alejandro Escribano, en unas jornadas organizadas por la Universitat de València sobre el nuevo texto, que acaba con el principio del "todo urbanizable" sancionado por la ley de 1998 que aprobó el PP. También provocará la modificación de la fórmula ideada por el ex consejero Rafael Blasco del metro por metro -un metro cuadrado protegido por cada metro reclasificado-, dado que la normativa estatal obligará a valorar los suelos según su situación real y no por las expectativas.
En este sentido, Escribano denunció que con esta ley el Estado "podrá expropiar" suelo de programas de actuación integrada (PAI) a precio de suelo rural. El Gobierno se ha dotado, defendió Escribano, de un instrumento para garantizar la ejecución de determinadas infraestructuras "probablemente traumatizado por las sentencias de expropiaciones del AVE".
En la inauguración de las jornadas, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, apuntó que la ley favorecerá "el acceso a la vivienda, garantizará un desarrollo urbano más transparente y sostenible y combatirá la especulación". El delegado hizo hincapié en cómo los desequilibrios urbanísticos que se han dado estos años han obligado al Ejecutivo estatal a reorientar y redistribuir todo el despliegue de efectivos, especialmente de la Guardia Civil.
Según el secretario general del Ministerio de Vivienda, Juan Francisco Pozo, "la nueva ley desincentivará la retención de suelo con fines puramente especulativos". El texto mejora la información pública sobre el planeamiento del suelo y considera determinantes los informes de agua, costas y carreteras.
La legislación exige que todos los planes y convenios urbanísticos se sometan a información pública y se acompañen de un resumen sucinto sobre los cambios de ordenamiento propuestos y los posibles afectados. Esta ley, con fuerte contenido medioambiental, regula los conflictos de intereses de los concejales y directivos municipales y obliga a identificar a los propietarios (cinco años atrás) de los suelos cuya recalificación genere plusvalías importantes. También exige que se revisen de manera global los planes urbanísticos que aumenten en más de un 20% la población o la superficie urbanizada del municipio.
El alto cargo del Ministerio de Vivienda agregó que el texto vela por que las reservas de suelo de vivienda protegida se destinen a este fin o, en el caso de que se vendan o subasten, las administraciones públicas no especulen con ellos. Según Pozo, un trámite administrativo como es la reclasificación de suelo -que ha sustentado en buena medida los pelotazos urbanísticos- no puede multiplicar el valor del suelo de un día para otro.
* EL PAÍS - Valencia - 12/06/2007
El alcalde de Ginestar renuncia a su acta de edil por un escándalo urbanístico
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O.AYMÍ.- ElPaís/Tarragona* : "El alcalde de Ginestar en funciones, el convergente Josep Bru, anunció ayer que renuncia a su acta de concejal obtenida en las elecciones municipales para situarse, dijo, "en un plano de igualdad" ante los tribunales con el empresario de la construcción que le denunció por corrupción. Bru, que gobernó esta localidad de la Ribera d'Ebre desde 1987 con mayoría absoluta, perdió en las urnas en favor del Partit dels Socialistes.
Asesorado por sus abogados, Bru compareció ante la prensa para leer un comunicado en el que reafirmó su inocencia y justificó su dimisión porque "hacerlo entonces [cuando se presentó la denuncia] hubiera sido aceptar la culpabilidad de unos hechos manipulados y adulterados".
El alcalde aparece en un vídeo negociando con unos compradores de fincas, que en realidad son detectives, a quienes aconseja sortear los trámites administrativos para edificar en un solar agrícola.
- PSC-ERC en Lleida. Los socialistas cederán finalmente a ERC la presidencia de la Diputación de Lleida, arrebatándola a CiU. El republicano Jaume Gilabert, actual delegado de la Generalitat, ocupará el cargo. Según el acuerdo, el PSC tendrá las alcaldías de Tàrrega, Mollerussa y el consejo comarcal del Segrià. Los republicanos, las alcaldías de Borges Blanques y Solsona, y los consejos de Segarra y Noguera, informa Lluís Visa.
- Negociaciones en Girona. Los candidatos de ERC e ICV hicieron ayer la primera exhibición de fuerza desde que el lunes formaron un frente común negociador. Cristina Alsina y Joan Olòriz anunciaron que las negociaciones que mantienen con la socialista Anna Pagans "están bloqueadas" y pusieron como fecha límite el lunes para superar los desacuerdos. En caso de no llegar a un entendimiento, republicanos y ecosocialistas dan por acabado el tripartito, informa Natàlia Iglesias. El principal escollo es la creación de un Consejo de Presidencia, un órgano donde se tomarían las grandes decisiones de forma colegiada. Pero Pagans no está dispuesta a ceder sus atribuciones en favor de un triunvirato. Ante este atolladero, ERC e ICV empezaron a negociar con CiU.
- Salou. El alcalde de Salou, Esteve Ferran, ofreció a CiU la alcaldía en un intento de desbaratar el pacto que los nacionalistas firmaron con los independientes y el PSC. La dirección de CiU rechaza compartir la alcaldía con los socialistas y se inclina por gobernar con Ferran, pese a la oposición de los tres concejales nacionalistas.
* ELPAIS.com - Tarragona - 02/06/2007
Foto: Ginestar (tarragona) /turismedia
Una Comisión de la UE podría investigar en Aragón casos de urbanismo irregular
EFE* : "Una comisión de investigación de la Unión Europea podría viajar el próximo otoño a Aragón para analizar presuntos casos de urbanismo irregular o desordenado que IU ha agrupado en una queja y que ha servido para que Europa abra diligencias. El eurodiputado de IU Willy Meyer compareció hoy en Zaragoza en una rueda de prensa para explicar el procedimiento que las autoridades europeas van a seguir en su investigación. Así, está previsto que una delegación de IU-Aragón exponga en el Parlamento Europeo su queja y los motivos de la misma, ante un representante de la Comisión Europea, y el Grupo de Izquierda Unida en Bruselas, a su vez, pedirá que una comisión de investigación viaje a Aragón para evaluar sobre el terreno las decisiones urbanísticas sobre las que hay sospecha.
La comparecencia de los peticionarios podría producirse a la vuelta de las vacaciones y la comisión de investigación podría viajar a Aragón en el otoño.
Con toda la documentación en su poder, la comisión de investigación elevará un informe para su votación en la Comisión de Peticiones del Parlamento que establecerá lo que es necesario corregir en los casos que comprende la queja de IU-Aragón.
En ella se incluyen los casos de las actuaciones urbanísticas en todas las estacione de esquí de Aragón, en Jaca, Sabiñánigo, Biescas y, más recientemente, Berdún (población de poco más de 250 habitantes donde se prevé hacer 1.500 viviendas), así como, en Teruel, Camarena, Monteagudo, San Agustín y las sierras de Gúdar y Javalambre.
También se incluye Zaragoza y toda su área metropolitana, en un cinturón de 25 kilómetros a la redonda.
Meller explicó que su intención es cerrar el actual periodo de sesiones del Parlamento Europeo -que acaba este mes- con un calendario fijado para el proceso.
Cuando la Comisión Europea tome una determinación, la trasladará al Estado español, que debe tomar las medidas necesarias para subsanar los errores.
Meller dijo que en el caso de que el Estado en cuestión haga caso omiso, el asunto puede llegar a los tribunales, que en función de las directivas europeas actúan con exigencia de rectificación o imponiendo sanciones e indemnizaciones.
Aunque la queja es sobre varios proyectos, la resolución será tomada "caso por caso" y en función de qué directivas comunitarias (agua, evaluación ambiental, etc) incumple, presuntamente, cada proyecto denunciado.
El coordinador general de IU-Aragón y diputado electo, Adolfo Barrena, insistió por su parte en que hay todavía una oportunidad de evitar "este tipo de situaciones", toda vez que las leyes de Ordenación Territorial y Urbanística de Aragón están paralizadas desde mayo, y su aprobación con nuevos criterios podría abrir la posibilidad de retomar un urbanismo "en función de las necesidades de Aragón y de las directivas europeas".
Para Barrena, el urbanismo que se desarrolla actualmente en la Comunidad responde no al interés general, sino al particular y al de determinadas empresas, como Montañas de Aragón (ARAMON).
* El Periódico de Aragón - 11/06/2007
Foto: Formigal entorno estación /Ecologistas en Acción
El suelo para pisos en las ciudades gallegas triplicó al de parques desde el 2000
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S.Basterrechea.- LaVozdeGalicia* : "El tópico de la Galicia verde cae por su propio peso en las ciudades. Las siete grandes urbes gallegas suman entre todas unos diez millones de metros cuadrados de parques y jardines públicos. El dato, de entrada, puede parecer positivo, pero una vez comparado con las cifras de la construcción se queda en mediocre: las ciudades de la comunidad autónoma gallega son más bosques de cemento salpicados por algún que otro oasis de verdor que modelos de un urbanismo que planifica en color verde.
Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), la superficie edificada de nueva planta para uso residencial ha crecido en el conjunto de las siete urbes un total de 9.015.201 metros cuadrados entre los años 2000 y 2005. Sin embargo, mientras el hormigón aumentó a buen ritmo en el paisaje urbano, las zonas verdes se quedaron rezagadas. Los datos facilitados por los propios ayuntamientos revelan que en los últimos cinco años estas áreas aumentaron 3,4 millones de metros cuadrados (pasaron de cerca de 6,5 millones hacia el año 2002, a los casi 10 actuales). Es decir: el espacio para construcción de viviendas triplicó al que se destinó a nuevos parques y jardines.
A Coruña fue la ciudad que más suelo reservó para levantar pisos, con 2,3 millones de metros cuadrados; seguida de Vigo, con 1,5 millones; Lugo, con 1,4, y Santiago, con 1,3. En la ciudad olívica, además, las zonas verdes únicamente crecieron 10.000 metros cuadrados en los últimos cinco años, pasando de 1.790.000 que había en el 2002 a 1.800.000 que contabiliza ahora. Claro que, como matizaban desde el propio Concello, el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), pendiente de su aprobación definitiva, contempla la creación de cuatro millones de metros cuadrados más de zonas verdes.
156 veces más cemento
Mientras eso no ocurra, el cemento se habrá expandido en los últimos años en Vigo 156 veces más que el césped. En mucha menor proporción, también lo ha hecho en Ourense (10 veces más suelo edificado que de zonas verdes), A Coruña (4,6 veces), Ferrol (3), Santiago (2,4) y Lugo (1,5).
La excepción a esta regla la marca Pontevedra, la única urbe gallega que ha invertido la proporción. Según datos del Instituto Galego de Estatística, la ciudad del Lérez destinó un total de 929.000 metros cuadrados a nuevas viviendas desde el año 2000. En ese mismo período creó 1.217.600 metros cuadrados de parques y jardines públicos
El otro gran despegue en cuestión de parques y jardines lo ha protagonizado Lugo, donde se han triplicado este tipo de áreas al pasar de los poco más de medio millón de metros cuadrados de zonas verdes de los que disponía hace cinco años al casi millón y medio con el que cuenta actualmente.
Si se tuvieran en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece una ratio media de entre 10 y 15 metros cuadrados de zona verde por habitante, sólo Santiago, Pontevedra, Lugo y Ourense merecerían el aprobado.
* La Voz de Galicia - 11 de Junio de 2007
Foto: Hórreo del Parque de Santa Margarita (A Coruña) /Marcus - wikipedia.org
El TSJ anula el Plan General Forestal en el que se apoyan decenas de planes urbanísticos
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J.Sierra.- Levante* : "EL Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha declarado nulo por ser «contrario a derecho» el Plan General de Ordenación Forestal aprobado en 2004 por la Generalitat Valenciana lo que obligaría a revisar todos los instrumentos urbanísticos aprobados con posterioridad a la entrada en vigor de esta norma y que estén apoyados en todo o en parte en alguna de sus disposiciones. Territorio sigue dando por válido el texto legal pese a que el auto es de enero de 2007.
La sentencia es firme -tan solo cabía un recurso de casación que no fue presentado en su momento por la Generalitat- y aplicable desde el 26 de enero de 2007, cuando se dictó, aunque la conselleria de Territorio y Vivienda ha ocultado su contenido, ha permitido que los ayuntamientos y promotores siguieran presentando planes afectados por el Plan General de Ordenación Forestal (PGORF) e incluso aprobó una nueva normativa, el decreto 66/2007 de 27 de abril por el que se desarrolla el Registro de Terrenos Forestales Incendiados de la Comunitat Valenciana, que remite, para delimitar qué es «terreno forestal» al PGORF, que para entonces ya estaba declarado «contrario a derecho». La sentencia supone que cualquier inclusión en el registro de una zona incendiada sería también, si se recurre, «contraria a derecho» en cuanto que se basa en una delimitación del suelo forestal que también lo es desde el momento en que la decisión judicial anula el decreto 106/2004.
Ignoró al consejo asesor
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana aceptó el recurso presentado por Jorge P. G. solicitando la anulación del decreto por carecer del «preceptivo informe del Consejo Forestal de la Comunidad Valenciana, así como del trámite de información pública a las Entidades Locales y al resto de las Administraciones Públicas afectadas...» Además, alegaba que el decreto omitió «el trámite de evaluación medioambiental» previsto en la ley valenciana.
Sobre el fondo del asunto, el demandante argumentaba que las «imprecisiones» del contenido normativo del PGORF «generan inseguridad jurídica proscrita por el artículo 9 de la Constitución Española». A la Sala del TSJ le ha bastado con analizar la primera parte del recurso para declarar nulo el decreto ya que considera que la omisión del preceptivo informe legal «determina... la nulidad de la aprobación de esta norma reglamentaria, de conformidad con la reiterada doctrina jurisprudencial...»
Blasco echó a los ecologistas
La Sala explica en sus razonamientos que las competencias para emitir un informe previo en materia forestal asignadas al Consejo Forestal de la Comunitat Valenciana en la ley 3/1993 fueron transferidas al Consejo Asesor de Participación de Medio Ambiente (CAPMA) por una ley, la de acompañamiento a los presupuestos, aprobada en 2003 por el Consell.
Víctor Navarro, uno de los portavoces de Acció Ecologista-Agró y representante de esta organización en el CAPMA, recordaba que en marzo de 2004 el entonces conseller de Territorio y Urbanismo, Rafael Blasco, decidió excluir del órgano asesor a Ecologistas en Acción y a Acció Ecologista-Agró, las dos voces más díscolas con las normativas que dictaba en materia de medio ambiente y los sustituyó por dos organizaciones de ámbito nacional: Seo/Birdlife y WWF/Adena.
Noticia relacionada: «Ocultar la sentencia es una indecencia moral y política»
* Levante-EMV - 11 de junio de 2007
Foto: M. Molines (Levante)
Buenas noticias en torno al urbanismo
Vicente Guallart* : "En los últimos meses el urbanismo se ha convertido en el centro de un debate político y mediático en España, debido tanto al reconocimiento de desarrollos urbanos que se han demostrado irregulares, como a que gran cantidad de planes y proyectos acometidos no responden a las expectativas de la sociedad en relación a su territorio. El problema no sólo es que se descubren situaciones ilegales, sino que además aquello que vemos construido en el territorio no nos gusta. El gran desarrollo urbanístico de los últimos años, ocurrido en toda España y a todos los niveles, se ha producido en un momento en el cual el urbanismo parece que ha dejado de ser una disciplina relevante, concentrándose las ciudades más en crear iconos emblemáticos que en generar sistemas urbanos y territoriales de calidad. La actual situación de crisis es por ello una oportunidad para pensar esta situación, y fomentar el debate en torno a los mecanismos de construcción de la ciudad y el territorio con el fin de garantizar que los futuros desarrollos no sólo sean legales, sino que sean buenos.
Porque el desarrollo urbano no ha terminado. En los próximos años se deben crear condiciones para la habitabilidad de jóvenes y mayores con precios y equipamientos adecuados, se debe saber gestionar la integración de población inmigrante en nuestras ciudades, se deben crear territorios para el desarrollo turístico que sean sostenibles a medio y largo plazo, se debe proteger e integrar el paisaje en torno a las ciudades, y valorar no sólo cuantitativamente, sino cualitativamente, los proyectos urbanos. Para ello cabe reconocer al menos cinco estrategias clave para que aquello sea posible.
1. La ordenación del territorio hay que pensarla simultáneamente a múltiples escalas. Ya no habitamos en metrópolis compactas sino metápolis discontinuas, en las que la alta velocidad de trenes o de Internet, comprime el territorio. Por lo tanto el objeto del urbanismo debería ser crear hábitats completos y complejos que sea capaz de ordenar esa ciudad discontinua que habitamos, a todas las escalas, desde la protección de parajes naturales a crear barrios y edificios que fomenten la interacción social. Hace falta un urbanismo multiescalar.
2. La escala de decisión para ordenar el territorio ya no es sólo municipal. Los planes generales sirvieron históricamente para abordar el crecimiento de las ciudades sobre terrenos agrícolas y para ordenar la gestión del suelo urbano. Hoy, al tiempo que múltiples núcleos urbanos se han encontrado con sus vecinos, el proyecto del paisaje y la naturaleza es clave para crear calidad de vida en el territorio. Por ello, hay que crear los mecanismos supramunicipales y en muchas ocasiones a escalas de toda una región, con el fin de abordar la ordenación simultánea del territorio, tanto lo construido como lo natural.
3. El urbanismo necesita integrar la energía y la gestión de recursos en su desarrollo. Tradicionalmente la energía ha sido un recurso externo que hacía funcionar la maquinaria urbana. Pero debido a las condiciones relacionadas con el calentamiento global, hay que fomentar un nuevo modelo de creación y distribución de los recursos que fomente la generación de la energía en el lugar que se consume, a través de sistemas pasivos, así como fomentar el reciclaje inteligente del agua.
Por ello el diseño de la gestión de recursos y del desarrollo urbanos han de hacerse simultáneamente, desarrollando nuevas tecnologías vinculadas al diseño de edificios, a la gestión de los barrios, o al planeamiento territorial.
4. Hay que fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre el territorio. Y esto hay que hacerlo de forma sistemática, democrática y estructurada. Evitando tanto el oscurantismo, como el estado permanente de manifestación social. El consenso social no hace sino añadir valor a un proyecto, y por ello la triada entre políticos, técnicos y ciudadanos ha de aprender a trabajar de forma coordinada, aceptando además que la iniciativa de los proyectos estratégicos podrá surgir de cualquiera de estos tres polos. La ciudad y el territorio ya no se gestionan sólo desde lo público.
5. Hay que integrar el ’software’ y las nuevas tecnologías en el urbanismo y en la ciudad. Los futuros planes generales serán aplicaciones on-line, simuladores en los que en tiempo real se puedan conocer los efectos sobre el territorio de una decisión. Además, hay que fomentar el uso del software y las redes sociales para crear barrios y comunidades cohesionadas, evitando fenómenos de exclusión con efectos tan devastadores como han producido en países vecinos.
España es uno de los lugares del mundo con las mejores ciudades históricas y pioneros de los mejores ejemplos urbanos de la era industrial. Por ello, debemos de ser capaces de abordar la era de la información creando nuevos referentes urbanísticos y territoriales que cumplan con las exigencias medioambientales necesarias para vivir en un territorio de más calidad. Ya hay iniciativas por todo el territorio que lideran este cambio de ciclo y que por ello puede ser el momento de generar buenas noticias en torno al urbanismo.
* Vicente Guallart, arquitecto y director del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña - artículo publicado en EL PAÍS, 09/04/07.
*Bitácora Almendrón - Tribuna Libre - 9 de Abril de 2007
Alicante: las urnas dan el sí a planes urbanos en varios pueblos
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J.RAMOS/J.L.OBRADOR.- 20minutos* : "La mayoría de municipios alicantinos salpicados por polémicas urbanísticas que han revalidado el poder local en manos del mismo partido, (Alicante, El Campello, Torrevieja, Orihuela, Tormos, Tibi) construirán miles de viviendas. Pero donde ha variado el signo político (Aspe o Xixona) o puede cambiar (La Vila), apuestan por paralizarlos. El Plan Rabassa sigue adelante, con sus 15.000 viviendas para Alicante. Igual que las 46.000 y dos campos de golf de El Campello, las 1.500 de la oriolana cala de la Mosca, o las 9.800 de Torrevieja, donde además se investiga si el alcalde (PP) dio un pelotazo de cinco millones de euros con unos terrenos.
El alcalde de Tormos (Vicente Javier Ripoll, PP), escogido por sorteo con una moneda de 20 céntimos tras el empate con el PSOE, opina que el nuevo Plan General, con un millón de metros cuadrados (quintuplicará su población de 300 habitantes) «es viable» y que los votos y la suerte les respaldan.
El primer edil de Tibi, Jesús Ferrara (PSOE), mantendrá el Plan Parcial El Aljibe (urbanización de un millón de metros al pie del Maigmó con 1.300 bungalós). «Si los técnicos lo ven sostenible, se hará; la previsión es la reordenación del territorio», anuncia.
En municipios que han cambiado de signo político, no pasa igual. En Aspe, tras la victoria de Nieves Martínez (PP), «no se llevará a cabo el PAI de Tatiana World», anticipa la futura alcaldesa. El proyecto, aprobado por la anterior corporación con 5.400 viviendas en 3,5 millones de metros cuadrados, «no contempla un desarrollo sostenible para Aspe».
En Xixona, la llegada del PSOE (Ferrán Verdú) a la Alcaldía impedirá la puesta en marcha de todos los PAI aprobados antes por el PP, sobre todo el del Espartal (5.000 viviendas y un campo de golf) «porque no son sostenibles, sobre todo en recursos naturales como el agua y también por usar suelo industrial».
Pendientes en La Vila
Y en La Vila, donde previsiblemente perderá el poder el PP, la primera reunión para la formación del próximo gobierno municipal acabó con un acuerdo de los otros cuatro partidos (PSOE, Bloc-NV, II y EU-EV-IR) retirar el Plan General del PP (prevé la construcción de 25.000 viviendas y tres campos de golf).
En la provincia de Valencia, Catarroja, Manises, Cullera y Riba-roja han dado el visto bueno en las urnas a polémicos planes urbanísticos.
Con 89 escaños, el PP ganaba uno
Si Les Corts hubiesen mantenido los 89 diputados de la recién acabada legislatura en lugar de aumentarlos a 99, la victoria del PP no habría sido tan abrumadora, al menos en escaños. Con 99, el PP pasó de 48 a 54 diputados (6 más); el PSOE, de 35 a 38 (3 más), y Compromís ganó uno, de 6 a 7. Extrapolando el número de votos a una cámara con 89 escaños y según la Ley d’Hont, el resultado habría sido de 49 para el PP, 33 para el PSOE y 7 para Compromís. Es decir, que el PP ganaría sólo un diputado (dos más por Valencia y uno menos por Castellón), el PSOE perdería dos (ambos en Valencia) y Compromís ganaría uno, por Castellón.
* 20minutos - 08.06.2007
Foto: Cala la Mosca (Orihuela) /mma.es
Los «Salvem» no deciden elecciones
Levante*/Valencia : "Las movilizaciones sociales en forma de Salvem, colectivos, grupos, coordinadoras, plataformas, asociaciones o entidades vecinales contra decisiones, casi todas de Administraciones del PP, no se han traducido en las últimas elecciones, en la mayoría de casos, en votos para las formaciones progresistas. Algunos vecinos han despuntado en su barrio, pueblo, pedanía o comarca como líderes en ciernes pero luego esas caras no las han encontrado los electores a la hora de depositar su papeleta en las urnas. De forma que estos movimientos, que en ocasiones han dejado en un segundo plano a los partidos de la oposición, en lugar de potenciar sus expectativas, han podido incluso debilitarlos. Otra hipótesis es que los responsables de las quejas sociales no han querido trabajar para la oposición. Tras el 27-M, los representantes de destacados Salvem de Valencia proclamaron que ellos «no atienden a colores políticos», por más que la oposición los haya mimado y se haya fotografiado con ellos. Una oposición que, es evidente, no ha sabido atraerse ese descontento social.
Sea por estos motivos o porque los ciudadanos, a la hora de votar, han puesto otras cuestiones en la balanza (la satisfacción con la situación general, la gestión global o el voto en clave autonómica o nacional), lo cierto es que en la mayoría de casos los pancartistas (Aznar dixit ), no sólo no han hecho una muesca en el fuselaje de la potente maquinaria electoral del PP, sino que el partido de la gaviota ha sido más bien una apisonadora que ha acallado estas voces críticas. Valencia, cuna del primer Salvem, el del Botànic -destinado a impedir la construcción en la manzana de Jesuitas que amenazaba con ahogar el Jardín Botánico-, es paradigmático. El PP ganó las elecciones del 27-M en 86 de los 87 barrios de la ciudad, incluidos los que han contado con movilización organizada, como la citada; la del Cabanyal, con el histórico Salvem el Cabanyal; Nou Moles, donde se reivindica el uso para el barrio de las instalaciones de la cárcel Modelo; Exposició, con el movimiento para la conservación de la Tabacalera; Benicalap, en el que se reclama un polideportivo frente al nuevo Mestalla; y especialmente, la plataforma contra la subestación de Patraix. Protestas a la misma Rita Barberá y en el Ayuntamiento, con explosión en plena campaña. El PP ha barrido igualmente.
El accidente ferroviario más grave de la historia se ensañó con Torrent. La asociación de víctimas ha venido reclamando que alguien asuma alguna responsabilidad política. La queja no ha tenido eco en la población: El PP ha arrebatado al PSPV un feudo histórico. El cinturón rojo de l'Horta se ha teñido de azul en estos comicios, sin que Salvem l'Horta haya movilizado un voto a la izquierda más de los previstos. Es lo que ha ocurrido en Alboraia con Salvem l'Horta de Vera. La lista Ciudadanos de Alboraia ha logrado dos concejales pero el PP ha retenido la mayoría absoluta.
El PP le da la vuelta en Paterna
Los populares le han dado la vuelta al calcetín en Paterna y han canalizado a su favor la Coordinadora en Defensa de los Bosques del Turia impulsada para proteger La Vallesa y contra del by-pass. El Consell ha fichado al vicepresidente del colectivo como responsable del futuro parque. La derecha ha arrebatado otro feudo al PSPV. En Tavernes, el PP ha barrido pese a las movilizaciones de la Coordinadora Contra la Alta Tensió per la Valldigna. Una encuesta desvelaba que el 80% estaba en contra del paso de la línea eléctrica. La bandera la asumieron el PSPV, EU y Bloc, pero el PP, único partido que apoya el proyecto, ha barrido con el 45% del voto. El hormigonado que recorre el camino de las murallas de levante motivó la plataforma ciudadana Xàtiva Digna, que ha peleado en defensa de otros elementos clave del patrimonio de la ciudad. Todos los jueves se ha venido concentrando frente al ayuntamiento. Tras el 27-M ha abierto un periodo de reflexión. En Riba-roja, Salvem Porxinos ha sido inocuo electoralmente hablando, pese a sus protestas ante la operación de la Ciudad Deportiva del Valencia (2.800 viviendas) y otros planes en el valle (9.000 viviendas más). Los populares han ampliado su mayoría absoluta. En Zarra, los vecinos han logrado que el Consell cambie de planes y ya no se hará la incineradora (ahora es un parque medioambiental); sin embargo, los comicios los ha ganado la agrupación de electores que encabezaba el ex alcalde del PSPV que apoyaba el que se hiciera algo en la zona.
Por contra, Calp es la excepción. La plataforma «Cambia Calp» se puso en marcha para propiciar un cambio de gobierno y cobró gran importancia cuando, tras la denuncia del alcalde saliente del PP, la Guardia Civil detuvo al administrador de la página web. A partir del 16 gobernará la coalición PSPV-Bloc-PSD. Algo similar puede ocurrir en Benissa , donde entidades y partidos crearon la Plataforma pel patrimoni agrícola, en una zona donde el urbanismo es voraz. Ahora un acuerdo PSPV-Bloc-PSD amenaza al PP. En Ondara, los populares han retrocedido pero mantienen la mayoría absoluta. La movilización de Salvem Segària, un paraje amenazado por una macrourbanización de 2.000 viviendas y un campo de golf, no ha decidido la vara de mando. En Pego , se reeditará el tripartito entre el PSPV, Ciutadans de Pego -que lidera el alcalde y ex del PP- y Bloc, que apoya un proyecto de 1.500 viviendas y un campo de golf. Contra la política del equipo de gobierno se creó el Col.lectiu en Defensa del Territori.
En Sagunt, cuna de numerosos Salvem , la movilización para la Defensa de la Gerencia y que el Consell cumpla la promesa de la Ciudad del Teatre, o el Col . lectiu en Defensa del Patrimoni no han cambiado el respaldo al PP en las autonómicas, ni en las locales. El campanazo, en esta ocasión lo ha dado Segregación Porteña, el movimiento que canaliza el deseo de escisión de un sector del Port. En cuanto a Castelló , las diversas movilizaciones, desde Castelló Sense Soroll, a los afectados del plan urbanístico de Mestrets-Borriolenc y otros no han tenido incidencia y el PP ha repetido victoria.
* Levante-EMV - 10 de junio de 2007
Una urbanización de Mallorca recibe 15 autos judiciales en contra
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A.M.- El País* : "El Tribunal Superior de Justicia de las Baleares ha emitido la decimoquinta sentencia o auto judicial contra la legalidad de las obras -ya paralizadas- de 68 apartamentos, construidos en 1994 en primera línea de costa, justo al lado de la playa virgen de Es Trenc y del núcleo de Ses Covetes de Campos, en la isla de Mallorca. El tribunal ha anulado la licencia municipal de los trece bloques de edificios en la zona costera preservada y ha reseñado que el terreno no es ni fue suelo urbano. Es Trenc es un paraje natural protegido gracias a las movilizaciones populares y es una de las playas naturales mayores y más célebres del Mediterráneo. La construcción de los bloques de viviendas de lujo en sus bordes se consideró una agresión, además de ilegal, en un entorno protegido por la Ley de Costas.
"Se ha cerrado al fin el círculo: se dio una licencia ilegal, en los cien metros de zona de protección marítimo terrestre de la ley de Costas y en un suelo que jamás fue urbano", significó el abogado urbanista Agustí Cerveró, defensor en esta dilatada causa de los intereses del Grupo de Ornitología Balear (GOB) y del Partit Socialista de Mallorca, que encauzaron la protesta por la vía judicial.
La empresa constructora Marina Ersnt cambió de manos varias veces y quebró. Un grupo de empresarios locales se hizo con los bienes. La Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Baleares se han pronunciado a favor de la causa ecologista, que siempre ha reclamado el derribo de las obras.
Más de 600.000 euros en defensa y en costas judiciales ha gastado el Ayuntamiento de Campos, del PP -grupo que ha perdido la mayoría absoluta en estas elecciones- para defender la legalidad de la obra y evitar su demolición, en sintonía con la propiedad.
"Hicimos cuanto pudimos para parar esta barbaridad, con muchas irregularidades y un elevado impacto ambiental y paisajístico", reseñó el portavoz del GOB, Miquel Àngel March. Desde 1995 las obras están paralizadas. Las casas estaban a punto de concluir. La empresa promotora declaró en la licencia un presupuesto de 2,5 millones de euros.
* ELPAIS.com - Palma de Mallorca - 09/06/2007
Foto: Ses Covetes (Mallorca) /mallorcadiario.com
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Un magistrado del Supremo critica que el urbanismo se haga desde intereses particulares
L.Ballester.- Levante* : "El magistrado de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, José Díaz, criticó ayer el «problema que supone que el urbanismo se haga desde intereses particulares, respetables, legítimos y de gran incidencia en la economía» pero que convierte en papel mojado las buenas intenciones de las nuevas leyes que entran en vigor. Díaz participó ayer en el curso sobre la Ley del Suelo organizado por Edival y la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente. El magistrado del Supremo, buen conocedor de la legislación autóctona ya que fue juez en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, aseguró en su intervención que el urbanismo «se supone que se diseña desde la razón y la planificación por personas competentes que deciden por dónde deben crecer las ciudades. En las leyes se cita la estrategia europea territorial, de crear ciudades compactas... Pero después, en la práctica, se permite todo lo contrario y la nueva Ley del Suelo lo permite también».
«La ciudad no crece de dentro hacia fuera sino al revés. El promotor compra suelo rústico a precios más baratos y, después, propone su reclasificación porque cualquier suelo, hasta el no urbanizable según la legislación valenciana, se puede meter en el mercado. Y esta posibilidad puede que sea buena para el urbanismo pero dudo que sea bueno para los intereses generales y para el medio ambiente» , continuó José Díaz. A esta realidad se añade la posibilidad, criticada por el magistrado, de que «los instrumentos de ordenación se pueden aprobar por silencio positivo» , previsto en la Ley Urbanística Valenciana y que la nueva Ley del Suelo también permite porque lo deja en manos de la administración autonómica, que supone «un problema grave al urbanismo actual», cuyo alcance ha limitado el mismo Tribunal Supremo a través de varias sentencias.
José Díaz también lamentó «otro asunto» que la nueva Ley del Suelo no trata: la aplicación de la ley de contratos en la adjudicación de los programas de actuación integrada (PAI). Ésta es una exigencia que la Comisión Europea demanda a la Ley Urbanística Valenciana, y que la Generalitat se niega a aplicar, por lo que el asunto está pendiente de dirimirse en el tribunal de justicia europeo. El magistrado del Supremo cree que «se ha demonizado la posibilidad de aplicar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en la adjudicación de PAI a pesar de que que garantiza la transparencia en la gestión y evita la corrupción».
* Levante-EMV - 09 de junio de 2007
Una manifestación mundial 'ciclonudista' aboga por un urbanismo sin malos humos
ADN* : "Ecologistas de más de 20 países y 70 capitales alrededor del mundo, como París, Londres, Melbourne o Chicago, calientan músculos para participar en una manifestación ciclonudista global que se desarrollará este viernes y el sábado para reclamar un urbanismo libre de malos humos y más amigable con los peatones. La iniciativa ha sido ideada por diversas asociaciones ecologistas y altermundistas que la organizan como un gesto de "desobediencia civil" con un inequívoco tono festivo. En España, el World Naked Bike Ride cuenta con réplicas en A Coruña, Alicante, Barcelona, Granada, Huesca, Madrid, Murcia, Pamplona, Santander, Valladolid, Valencia y Zaragoza.
“Denunciamos que nuestras calles han sido secuestradas por el coche privado que colapsa las ciudades degenerándolas en lugares hostiles y peligrosos”, dice una suerte de manifiesto divulgado a través en la web española Ciclonudista.net.
“El coche mata y su impunidad nos escandaliza. Demasiados intereses de multinacionales belicistas del petróleo y del automóvil están en juego si esto se cuestiona”, agrega.
* Diario adn - 8 de junio de 2007
Foto: Participantes en el World Naked Bike Ride celebrado en Melbourne (Australia) el pasado año /ADN
Trasladan a Roca a los juzgados para declarar por cuatro delitos urbanísticos
EFE* : "El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, ha sido trasladado la mañana del viernes a los juzgados de la localidad malagueña para declarar en el juzgado de Instrucción número 1 por cuatro causas en las que se le imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio. Roca llegó a las dependencias judiciales alrededor de las 9:45 horas a bordo de un furgón de la Guardia Civil procedente de la cárcel de Albolote (Granada), donde permanece ingresado a causa de la "Operación Malaya" contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella.
El ex asesor fue citado el 11 de mayo para prestar declaración en relación con siete diligencias previas entre los que se encontraban los citados cuatro procedimientos, pero ante la falta de tiempo, la juez Carmen Rodríguez-Medel aplazó su comparecencia hasta este viernes e interrogó al imputado por los tres restantes.
Según explicó entonces su abogado, José Aníbal Álvarez, el ex asesor de Urbanismo negó haber inducido a los ediles que integraban las comisiones de gobierno para la aprobación de tres licencias sobre las que se investiga un presunto delito urbanístico.
Delito contra la ordenación del terriotorio
El letrado precisó que en esos tres casos la juez imputa a Roca un delito por inducción contra la ordenación del territorio y resaltó que las licencias contaban con los informes favorables del jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Jorge González, así como del secretario y del interventor del Consistorio.
Entre los imputados en algunas de estas causas se encuentran también el ex alcalde Julián Muñoz -en al menos cuatro de los procedimientos- y los que fueran tenientes de alcalde Isabel García Marcos y Pedro Román, así como más de una veintena de ex concejales del Ayuntamiento de Marbella de distintas corporaciones municipales.
En al menos una de las diligencias previas, incoadas a partir de la denuncia presentada por Ecologistas en Acción, está imputado además el ex edil del PA Carlos Fernández, sobre quien pesa una orden de busca y detención desde julio de 2006 por su presunta implicación en el "Caso Malaya".
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* 20minutos - 08.06.2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba
Un catedrático advierte que la ley del suelo dinamitará las normas autonómicas
L.Ballester.- Levante* : «La Ley del Suelo es pura dinamita. Obliga a desmontar la legislación autonómica», aseguró ayer el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, José Manuel Díaz Lema, en las jornadas sobre el nuevo texto legal organizadas por Edival y la Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente que se celebran ayer y hoy en Valencia. Díaz Lema destacó que la nueva normativa legal, que entrará en vigor el 1 de julio, aporta entre otras novedades «las bases constitucionales del urbanizador, una figura que aquí en Valencia ya es conocida pero que en algunas comunidades autónomas supondrá una revolución. Domina la libre empresa y el urbanizador que puede actuar sobre un suelo sin ser propietario».
Aunque el verdadero eje central sobre el que se mueve la Ley del Suelo, y su principal objetivo, según Díez Lema, es «dar la vuelta al proceso liberalizador del suelo» y evitar los procesos especulativos. El «todo urbanizable a excepción del suelo que debe ser protegido» de la Ley del Suelo de 1998 aprobada por el PP ha pasado a mejor vida. La nueva Ley del Suelo aprobada por el Gobierno socialista pasa a «eliminar el carácter estatal de la clasificación del suelo (presente desde 1956) porque asegura que es una técnica urbanística que le compete a las comunidades. Para evitar la especulación y la valorización del suelo se evita la clasificación para no pagar [las expectativas] del suelo urbanizable. Es la obsesión» , explicó el catedrático.
Así, el nuevo texto legal sólo diferencia entre el suelo rural y el urbanizado (ya construído y con todos los servicios) por lo que a efectos de expropiaciones no contarán las expectativas de negocio que se esperan conseguir de un suelo rústico pendiente de reclasificarse como urbanizable. «Todo suelo rural seguirá siéndolo hasta que se declare urbanizado y obtenga los servicios básicos completos (la única excepción que admite es que falte la conexión generral de la red de colectores, por ejmplo) por lo que los suelos urbanos consolidados pero sin servicios básicos no se consideran suelo urbano sino que siguen siendo rurales» , apuntó el catedrático. «Este asunto tiene una trascendencia enorme en las valoraciones de suelo. Es un punto delicadísimo aunque la ley incluye para estas situaciones una disposición transitoria que será decisiva» . «Cada palabra en esta ley -incidió Díaz Lema- puede ser un terremoto en las respectivas leyes autonómicas» . Y, de hecho, la Ley del Suelo cuida escrupulosamente el lenguaje que utiliza. En lugar de la palabra «clasificación» del suelo se habla de «situaciones básicas» . Incluso mediante otro juego de palabras se alude la clasificación sin citarla. En el artículo 10 señala que sólo los planes asignarán «destino» al suelo, un concepto inédito, en la legislación urbanístico. Así pues, todo el suelo urbanizable (pendiente de construir) se queda en una especie purgatorio.
* Levante-EMV - 08 de junio de 2007
Las urnas aprueban el ‘ladrillazo’
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20minutos/Valencia* : "Los ciudadanos castigan a algunos alcaldes que proyectaban miles de viviendas en Alicante, pero los respaldan en Manises, Cullera, Riba-roja... y en Catarroja, un solo voto salva 11.500 pisos.
Una moneda al aire o un voto de diferencia en los comicios del pasado 27-M han puesto en juego planes urbanísticos con miles de viviendas en toda la Comunitat. La mayoría de localidades han dado su confianza a alcaldes que apuestan por grandes proyectos, aunque en Alicante ha habido cambios.
Una moneda de 20 céntimos resolvió el empate en Tormos (Alicante) a favor del PP, por lo que quintuplicará su actual población (300 habitantes) y urbanizará un millón de metros cuadrados.
En Catarroja, una papeleta ha dado la mayoría al pacto PP-UV. Este voto ha salvado el programa Nou Mil·leni, que afectará a 1,5 millones de metros y levantará 11.500 pisos.
En la provincia de Valencia, además, Manises, Cullera y Riba-roja han dado luz verde a más planes polémicos. El Gran Manises (50 torres, dos de ellas de 50 plantas y un total de 10.000 pisos) también ha recibido la aprobación en las urnas. El PP baja un concejal, pero conserva una cómoda mayoría absoluta. El Manhattan de Cullera, que prevé miles de apartamentos en 35 torres, saldrá adelante, pues los ciudadanos han reelegido por mayoría a Ernesto Sanjuán (PP).
Otro de los casos polémicos, la ciudad deportiva del Valencia CF en el paraje de Porxinos (Riba-roja), también tiene el apoyo de sus habitantes. Francisco Tarazona (PP), reforzado, lo sacará adelante.
En Alicante, repite el primer edil de Tibi (PSOE), que urbanizará un millón de metros con 1.300 bungalós. Sin embargo, han cambiado de signo La Vila Joiosa, donde el PP iba a hacer 35.000 casas, Aspe (ahora mandará el PP) y Xixona (PSOE). Estos últimos tumbarán los PAI anteriores, que suman 10.000 casas.
Con 89 escaños, el PP ganaba uno
Si Les Corts hubiesen mantenido los 89 diputados de la recién acabada legislatura en lugar de aumentarlos a 99, la victoria del PP no habría sido tan abrumadora, al menos en escaños. Con 99, el PP pasó de 48 a 54 diputados (6 más); el PSOE, de 35 a 38 (3 más), y Compromís ganó uno, de 6 a 7. Extrapolando el número de votos a una cámara con 89 escaños y según la Ley d’Hont, el resultado habría sido de 49 para el PP, 33 para el PSOE y 7 para Compromís. Es decir, que el PP ganaría sólo un diputado (dos más por Valencia y uno menos por Castellón), el PSOE perdería dos (ambos en Valencia) y Compromís ganaría uno, por Castellón.
* 20minutos - J. L. O./J. R./J. A. - 08.06.2007
Foto: Cullera (Valencia), terreno para urbanización con torres de 35 pisos /M.Bruque, EFE
