J.VIÚDEZ.- El País* : "Los vecinos de Marbella (Málaga) comienzan a preocuparse por la limpieza de las calles, los horarios de recogida de basuras o el alumbrado público, aunque les cuesta no desayunar cada mañana con titulares relacionados con la trama de corrupción destapada en el caso Malaya. Entre los vaivenes de sus 95 imputados, entre declaraciones y nuevas detenciones, caben otras médidas casi históricas. Se anuncia la construcción de las primeras viviendas protegidas tras los 15 años del gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL), subvenciones para rehabilitar edificios en el casco antiguo o la apertura de bolsas de empleo.
La herencia del GIL: 30.000 casas ilegales, 1.000 obras irregulares y 84 autos de paralización
Un año después de que la Comisión Gestora sustituyera a la corporación municipal disuelta tras la entrada en prisión de la alcaldesa Marisol Yagüe, las dependencias municipales parecen otras. Cualquier licencia de obra se mira por lupa y cada céntimo que sale de la caja queda registrado. Su austeridad choca con la imagen de una ciudad famosa por sus excesos.
"Asumíamos un encargo difícil y lo hacíamos con la altura de miras de administrar y gestionar el Ayuntamiento para dejarlo en las mejores condiciones para la corporación que surgiera en las urnas", rememora Diego Martín Reyes, el presidente de la Gestora. El nuevo equipo se encontró 30.000 viviendas ilegales, una deuda municipal estimada en 460 millones de euros y una plantilla sobredimensionada. Hoy tienen fondos suficientes para pagar los gastos ordinarios hasta diciembre de 2007 aunque la situación sigue siendo crítica.
Quince años de licencias en contra de la legalidad urbanística dieron para 30.000 viviendas ilegales, 1.000 expedientes por obras irregulares y 84 autos que pedían la paralización de construcciones. La ciudad cuenta con 80.172 viviendas, de las que 16.418 están vacías todo el año.
Lo primero que hizo el equipo dirigido por el vocal Rafael Duarte fue precintar las 84 construcciones, crear un servicio de disciplina urbanística y organizar un servicio jurídico que, entre otras tareas, ha comenzado a revisar los permisos ilegales detectados -un proceso lento y garantista en el que ya llevan 150 expedientes-.
"Tratamos de orientar las actuaciones hacia la política de regularización planteada por el avance del Plan General del verano de 2005, que exigía a los promotores que compensaran a la ciudad por haber edificado irregularmente", mantiene Duarte. Ahora toca negociar con los constructores para que compensen a la ciudad aportando terrenos para parques, centros escolares o equipamientos. Las demoliciones quedan en manos de los tribunales. "No podemos descartarlas porque hay víctimas, terceras personas a las que se les han tapado las vistas o se les han ocupado los jardines de al lado de casa, pero se decidirán en los juzgados".
Los despachos de Urbanismo de Marbella siguen tramitando licencias de obra mayor, aunque menos. El 2006 se dieron unas 100 y el año anterior se vieron unas 300.
La responsable de Personal, Josefa López, es otra de las que más trabajo ha tenido. Las sociedades municipales han visto reducidas sus plantillas en 185 puestos y la gestora ha tramitado la salida de 27 ex altos cargos que cobraban cada uno entre 4.000 y 10.000 euros mensuales, lo que ha supuesto un ahorro mensual de 164.772 euros. Los jueces están revocando algunos despidos decretados, lo que supone una "decepción" para los miembros de la Comisión Gestora.
Entre los funcionarios y empleados municipales implicados en la mayor trama de corrupción urbanística destapada en España que se han reincorporado a sus puestos están el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo (actualmente suspendido de empleo y sueldo por segunda vez), el ex concejal del GIL Rafael González, empleado en la delegación municipal de Hacienda, y el ex edil del Partido Andalucista Pedro Pérez, que se ha reincorporado como coordinador en la delegación municipal de Deportes.
"Hemos intentado diferentes soluciones que la Ley no ha permitido abordar, pero se ha iniciado lo que para mí es la solución definitiva, que es la valoración y catalogación de los puestos de trabajado contratando a una empresa especializada en esta materia", mantiene Martín Reyes.
El vocal de Hacienda, Carlos Rubio (PP), define de "absoluto descontrol" la situación que encontró. "No había ni una sola contratación que se hiciera conforme a los procedimientos legales, ningún control sobre los pagos y la situación de deuda era calamitosa", explica. La primera medida que impulsó fue la centralización de las contrataciones en el Ayuntamiento, ya que hasta el momento se hacían a través de las diferentes sociedades municipales creadas en la época GIL.
Ante la enorme deuda del Ayuntamiento se impusieron unos límites de gasto que "en ningún caso" podían superar la capacidad de ingreso del Ayuntamiento. También se calculó un presupuesto "en plazo y realista". El último aprobado estaba falseado en unos 67 millones de euros, según estimaciones municipales.
Después tocó negociar con sus deudores: el Estado, la Seguridad Social y Hacienda, además de numerosos acreedores privados. "La colaboración de la Junta de Andalucía, con un anticipo de 100 millones de euros, la de la Diputación; que también dio un anticipo, y los aplazamientos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria han sido claves", subraya el presidente de la Gestora.
*ELPAIS.com - Marbella - 01/05/2007
Foto: Las cifras tras un año de intervención del ayuntamiento- JULIÁN ROJAS (Fotografía) / El País
Marbella sobrevive al saqueo
El TSJ dice que el alcalde de Valladolid debió abstenerse en la recalificación de Ebro-Puleva
Terra* : "El alcalde de Valladolid debió abstenerse en la votación del acuerdo de recalificación de los terrenos de Ebro-Puleva al tener un «interés personal» por ser consejero de la empresa afectada. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que declara la nulidad de pleno derecho la orden de Fomento del 2003 por la que se modificó el Plan General para facilitar esta macroperación urbanística, hace especial hincapié en la incompatibilidad de Francisco Javier León de la Riva (PP) para dar su visto bueno a este cambio de uso del suelo, donde ya hay edificadas 460 viviendas, muchas de ellas habitadas.
La sentencia de sala de lo Contencioso Administrativo, que da la razón a un recurso presentado por el portavoz municipal del PSOE, Ángel Velasco, señala que su condición de miembro del consejo de administración de la compañía, en representación de Caja Duero, colocaba al regidor en una posición «en la que no resulta irrazonable suponer que podía ser difícil conciliar los intereses generales, a los que sirven con objetividad las Administraciones Públicas, y los particulares o privados de una sociedad mercantil a la que la modificación de autos reconocía unos derechos en uno de los ámbitos valorados en más de 2.500 millones de pesetas».
Los magistrados Ana María Martínez Olalla, Javier Oraá y Ramón Sastre recuerdan que la ley «impone el deber de abstención cuando se discute y hay que decidir sobre un asunto en el que se ostenta un interés personal» como es el caso. Además, añaden que la aprobación provisional de una modificación del PGOU exige la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación, cifrada en 15, «que se logró justamente con el voto favorable del alcalde, lo que determina también la invalidez de aquel acto».
La sentencia del TSJ supone un importante varapalo a todo el polémico proceso y afecta tanto al equipo de gobierno del Ayuntamiento como a la Junta de Castilla y León. Entre los motivos de índole formal para declarar la nulidad de la orden, el texto subraya que la modificación del plan no siguió el procedimiento cualificado al que obliga la normativa cuando se va a aprobar una zonificación y uso del suelo diferentes en las zonas verdes y espacios libres previstos en el planeamiento. Esto, a pesar de que tanto el secretario del Consejo de Urbanismo regional como el ponente de la Ponencia Técnica advirtieron que se tenía que seguir este tipo de tramitación.
Así, el TSJ subraya que legalmente la competencia para resolver era de la Junta de Castilla y León, previo informe entonces, del Consejo de Estado. Sin embargo, fue el consejero de Fomento -en marzo del 2003, José Manuel Fernández Santiago- quien lo aprobó de forma ordinaria dando por válida una documentación presentada por el Ayuntamiento para subsanar las deficiencias detectadas, que no fue aprobada por el pleno, como obliga la Ley de Urbanismo de Castilla y León.
La sentencia recalca, tras una amplia argumentación jurídica, que la finca de Piensos Cía, donde se han construido 460 viviendas, debió considerarse como suelo urbano no consolidado en vez de la calificación de consolidado que se le dio. Y es que la diferencia es notable, ya que en el primer caso las obligaciones de cesión de espacios públicos son mucho mayores. «En la modificación litigiosa se establece una ordenación completamente distinta a la contemplada en el anterior plan general, pues donde estaba previsto un uso industrial (el de vivienda era justamente un uso prohibido) se contempla ahora un uso residencial con un aprovechamiento de 45.644 metros cuadrados, lo que hace necesaria la previsión de nuevas dotaciones y espacios públicos, y el consiguiente cumplimiento de los deberes de cesión, equidistribución y urbanización», se explica en la sentencia.
Satisfecho con el fallo, Velasco precisó que el TSJ «pone en un su sitio una vez más lo que se ha hecho y se ha vendido como modelo de la gestión urbanística de este alcalde a lo largo y ancho de su mandato».
A su juicio, la sentencia avala el discurso de oposición de su grupo, «que ha defendido el interés general y ha denunciado el abuso en la utilización de los convenios urbanísticos», que «favorecen los pelotazos», a los que definió «como enriquecimientos injustos e injustificados, donde las plusvalías que deberían revertir en el conjunto de la comunidad engrosan los bolsillos de un particular». «Este ha sido de los más claros», concluyó el portavoz socialista en su valoración.
*Terra- 28/04/07
Foto: demolición Piensos Cía. /El Norte de Castilla
Más de 40 grupos ecologistas, contra la depredación de la costa y los ríos gallegos
EL PAÍS* : "La proclama es "Galiza non se vende". Más de 40 asociaciones ecologistas, casi todas las que operan en Galicia, han logrado unir sus fuerzas para convocar una manifestación conjunta, que se desarrollará el 6 de mayo en Santiago. Los colectivos verdes consideran que el territorio gallego está siendo víctima de "degradación, expolio y depredación", especialmente en zonas sensibles del litoral y de los ríos, por parte de promotoras inmobiliarias, empresas energéticas, acuícolas o mineras. Galiza non se vende entiende que es el momento oportuno para frenar la "nueva oleada depredadora que está trasladando el modelo del Mediterráneo y a empresas del Mediterráneo a la costa gallega".
Las más de 40 asociaciones ecologistas han firmado un manifiesto conjunto, que entregarán al Gobierno de Galicia para pedir el cumplimiento de la Ley y nuevas medidas protectoras del medioambiente gallego. Galiza non se vende ha conseguido agrupar a colectivos multinacionales como Greepeace, estatales como Amigos de la Tierra, autonómicos como Adega o Luita Verde y colectivos locales como, por ejemplo, Ronda non Sanxenxo, Salvemos Monteferro o la Plataforma contra a Piscifactoría de Costa Galloufa.
Además de oponerse a la presión inmobiliaria e industrial sobre áreas delicadas de Galicia, la organización ha elaborado una tabla con varias propuestas: una nueva Ley de Ordenación del Territorio; la elaboración de una auténtica Ley de Protección del Litoral; y la aplicación estricta de toda la legislación medioambiental.
Apoyo de intelectuales
Galiza non se vende ha logrado, además, el apoyo de importantes intelectuales gallegos (profesores, músicos, pintores, científicos, escritores), que ya han prestado su firma al manifiesto conjunto. Hasta el momento, la acción ecologista ha logrado reunir más de 100 firmas, entre las que se incluyen Darío Xohán Cabana, Xosé Luis Méndez Ferrín, Antón Seoane, Xavier Senín, Suso de Toro, Berrogüetto, Álvarez Cáccamo o Fran Alonso.
La actriz Mabel Ribera será la encargada de leer el manifiesto público, en la movilización prevista para el próximo domingo en la capital gallega.
"Pensamos que la depredación, en este momento, está creciendo en progresión geométrica, tanto en la costa como en el interior de Galicia", explicó ayer uno de los portavoces de la rueda de prensa celebrada en Vigo. Los ecologistas se refieren tanto a la degradación urbanística que sufre la costa con las nuevas promociones inmobiliarias, como a la actuación de las pizarreras en Valdeorras o a la destrucción de los ríos a causa de la excesiva concentración de las denominadas centrales minihidráulicas.
Las asociaciones firmantes han consensuado un mismo lema ("terra viva e digna para tod@os"), portavoces públicos y propuestas.
*EL PAÍS - Vigo - 29/04/2007
Medioambiente urbano y ciudades sostenibles: la clave de la eficiencia en el uso del territorio
Rafael León Rodríguez* : "Cada vez es más frecuente, sobre todo en tiempos electorales, oír hablar acerca del medio ambiente urbano y del concepto de ciudad sostenible. No en vano, según constata el informe de Naciones Unidas sobre el estado de las ciudades del mundo, hecho público en junio de 2006, durante el año en curso el número de personas que habitarán en zonas urbanas, superará al de las áreas rurales. Y en España estamos próximos a alcanzar un 80 % de población urbana respecto al total. Pero ¿qué entendemos por medio ambiente urbano y por ciudad sostenible?
Para avanzar mínimamente en la definición de ambos conceptos, será preciso, previamente, que tratemos de acercarnos a lo que pretendemos expresar cuando nos referimos al “desarrollo sostenible”. El término aparece por primera vez en 1987 en el documento conocido como Informe Brundtland, que recoge los trabajos de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de las Naciones Unidas en 1983, y sería asumido en 1992 por la Declaración de Río en su Principio 3º: "Aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades". Lo cierto es que esta definición es tan vaga y ambigua que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, e, incluso, tras la prostitución que ha sufrido en su semántica por una falta expresa de voluntad política para avanzar en una enumeración -y asunción- pormenorizada de sus contenidos, se utiliza sin un ápice de rubor para justificar actuaciones diametralmente opuestas a la sostenibilidad.
No obstante esta indefinición, podríamos comenzar a hablar de sociedades sostenibles cuando éstas cumpliesen al menos dos condiciones básicas: la no utilización de recursos naturales por encima de su potencial de renovación y la no generación de residuos más allá de la capacidad de su absorción por los ecosistemas. Estas dos condiciones nos introducen de lleno en el más reciente concepto de huella ecológica, indicador agregado o compuesto definido como “el área de territorio ecológicamente productivo, necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población dada con un modo de vida específico de forma indefinida”. El objetivo de este indicador consiste en evaluar el impacto sobre el planeta de un determinado modo de vida y, por lo tanto, su grado de sostenibilidad.
Aplicados todos estos conceptos al modo de vida urbano y, restrictivamente, al espacio ocupado por una urbe determinada, cualquiera que ésta fuese, nos llevaría a tener que inferir que nunca una ciudad podría llegar a ser adjetivada como sostenible. No obstante, sí sería posible definir ciudades tendentes a la sostenibilidad en el contexto más amplio de su hinterland, siempre que su desarrollo se enmarcase en relaciones de eficiencia en el uso de los recursos, en especial el de los no renovables o escasos, y, con una importancia determinante para el hecho urbano, el del suelo.
Sin embargo, cuando en la actualidad se refieren las políticas de medio ambiente urbano, en muy contadas ocasiones se tiene en cuenta la premisa anterior. Así, el medio ambiente urbano queda reducido a una serie de aspectos y políticas inconexos entre sí (calidad del aire, ciclo integral del agua –incipientemente desarrollado aún- recogida y tratamiento de residuos, zonas verdes…) y sin relación alguna con el soporte físico vivo (o, tal vez, sería más apropiado decir moribundo) sobre el que se desarrolla el hecho urbano. No se tiene, pues, en cuenta que un elevado porcentaje de los problemas socio-ambientales (es preciso avanzar en la utilización de este término, pues, a menudo, los impactos negativos para el medio físico, lo son también para la sociedad y los seres humanos que las constituyen) que aquejan a las ciudades y, por extensión de los impactos negativos que éstas producen más allá de sus difusos límites, al conjunto del territorio, tienen su origen en el modelo de ocupación territorial que adopta el hecho urbano.
Pero ¿cuáles son las características principales que en la actualidad definen a ese modelo en lo que denominamos mundo “desarrollado”? Pues en primer lugar, la sectorización y fragmentación sobre el territorio de los diferentes usos urbanos, y, en segundo término, pero no por ello con menor importancia en cuanto a la problemática socio-ambiental que genera, el culto exacerbado y creciente a la baja densidad en la ocupación edificatoria del espacio.
La primera de éstas características opera como insaciable multiplicador en el número de desplazamientos (y en su distancia) necesarios para satisfacer las necesidades individuales y sociales, al situarse cada uno de esos usos del suelo urbano en sectores monoespecíficos diferenciados e inconexos entre sí, en tanto que la segunda obliga al uso del vehículo privado para la realización de esos desplazamientos, al ser el modelo de la baja densidad que preside el crecimiento del parque residencial, incompatible con el desarrollo de un sistema eficaz y accesible de transporte público colectivo. El impacto de este modelo sobre, por ejemplo, la calidad del aire y los problemas de congestión del tráfico, con no pocos efectos perversos de carácter psico-social, no puede ser más evidente.
Resulta, por tanto, un modelo de (no)ciudad que, con la rémora de esas dos características que lo definen, supone la dominancia en el hecho urbano de la (in)cultura de la ineficiencia y el despilfarro. Un modelo ineficiente y despilfarrador que, en primer término, supone el consumo abusivo de un recurso, como es el suelo, claramente no renovable (por la baja densidad, pero también, como factor añadido, por la multiplicación de la necesidad de espacio dedicado a vías de “comunicación” que aquélla requiere). Pero que también supone un despilfarro inasumible, en función del incremento que origina en la dimensión longitudinal de todo tipo de redes de infraestructuras (como las de abastecimiento de agua, con el consiguiente aumento de las pérdidas, o las de alumbrado público, con el despilfarro energético que conlleva), y en las distancias a cubrir para la prestación de determinados servicios públicos básicos (como la recogida de residuos sólidos urbanos). Con todo esto, además, se está produciendo la innecesaria invasión y destrucción sin posibilidad alguna de vuelta atrás, de espacios que, por su calidad natural y su potencial de uso y utilidad social, debieran ser conservados a toda costa.
Y todo ello para mayor gloria del negocio especulativo inmobiliario que es el que decide, en última instancia (para su provecho exclusivo y beneficio privado) y en la mayoría de las ocasiones, la dirección y el modo en que ha de caminar el crecimiento, que no desarrollo, de las ciudades, despojando de este modo al urbanismo y a las políticas de ordenación del territorio del carácter público y la finalidad social que constituyen su razón de ser.
Por lo tanto, si queremos encuadrar nuestras ciudades en el marco de un medio ambiente sano y en tendencias hacia la sostenibilidad y a una verdadera calidad de vida, cualquier camino a seguir ha de partir de la recuperación del carácter público y social del planeamiento urbanístico, para re-densificar las ciudades y dotar a cada uno de sus sectores, siempre con la excepción de actividades peligrosas o nocivas, de la multifuncionalidad suficiente. Sólo así, además, es posible construir ciudades eficientes y con una huella ecológica asumible.
Y es preciso acabar con la burda demagogia, adoctrinamiento sectario, que reza que el modelo actual viene dictado por la demanda y que lo justo es ofrecer lo que dicha demanda requiere. Porque nunca será justo dilapidar el patrimonio social y natural al servicio de las demandas innecesarias de un porcentaje minoritario de ciudadanos. Y porque si todos quisiéramos vivir en el marco del modelo residencial de, por ejemplo, los cien ciudadanos más adinerados del mundo, necesitaríamos arrasar y disponer, para eso sólo, de varios planetas. Y es que el mercado siempre necesitará ser intervenido, en mayor o menor medida según los casos, por los poderes públicos, para evitar que devore insaciablemente los intereses sociales en pro del beneficio privado de unos pocos y los maleficios a que éste da lugar sobre el conjunto.
Así que ya es momento de que, para hablar con un mínimo de seriedad acerca del desarrollo de políticas para el mejoramiento del medio ambiente urbano y la sostenibilidad de “nuestras” ciudades, se comience haciéndolo de la necesaria y radical revolución que es preciso operar sobre los aberrantes modelos urbanísticos al uso. Lo demás, sin esto, son sólo milongas edulcorantes y sin nutrientes, que no merecen la menor confianza por parte del ciudadano.
*Portaldelmedioambiente - 01/05/2007
MaydaySur 07 Málaga
Indymedia* : "Este año el MaydaySur se traslada a Málaga: desde el 27 de abril hasta el 1 de Mayo. 5 días de lucha y creación colectiva contra la precariedad laboral, la especulación, por la vivienda y nuevos derechos para todos. Tras el éxito de los años anteriores celebrados en Sevilla, la convocatoria colectiva de las y los precarios en movimiento y un conjunto amplio movimientos y colectivos sociales nos llaman a todos a Málaga para seguir ampliando y extendiendo la fuerza intempestiva de los trabajadores precarios cuando nos rebelamos.
La creación cultural y social se vincula a los movimientos de lucha contra la especulación y la destrucción del territorio, a los movimientos de migrantes que exigen el derecho a tener derechos... Los creadores, los trabajadores, las mujeres, los sin casa, los migrantes invisibles se unen para decir no a estas políticas neoliberales que limitan la vida.
Precarios y precarias del mundo: ¡conspirar, luchar y uníos!
EURO MAY DAY SUR 2007 en Málaga del 28 de Abril al 1 de Mayo.
5 días de desobediencia contra la especulación y la precariedad por derechos sociales y laborales para todas. Los precarios del sur se rebelan!
Manifiesto y programa
La palabra precariedad nombra las condiciones de la vida hoy. El precio de la vida sigue alzándose mientras los salarios siguen congelados, empleo temporal-precarizado es la norma del mercado de trabajo. La angustia frente un presente inestable y a un futuro incierto y tener que hacer verdaderos malabarismos para llegar a fin de mes es hoy experiencia común de la mayoría de la población.
Mientras los medios de comunicación, las instituciones y el gobierno se limitan a reconocer el problema de la vivienda y de la inestabilidad del trabajo. La desigual social crece con una dualización progresiva de la sociedad. Mientras crecen exponencialmente los beneficios millonarios de los empresarios y los grandes especuladores, inmensas franjas de población sufren lo que llamamos precarización ; combinación entre la dependencia ante este mercado de trabajo agresivo y flexibilizado , la indefensión ante condiciones de contratación, el ascenso continuo del precio de la vivienda y los alquileres, la crisis de los cuidados y el mobbing urbanístico y , precarización de la creación cultural y los modelos educativos. Empeoramiento de las condiciones de vida, jerarquización de los derechos fragrante que sitúa a l@s migrantes en el escalafón más bajo de la ciudadanía. La precarización del trabajo y la vida es una tendencia central que reordena la sociedad en su conjunto. Supone la aceleración progresiva de la crisis del estado de bienestar, los derechos y el sistema de protección social. Al mismo tiempo pone en evidencia y en jaque a las organizaciones que deberían representar los intereses de las diversas figuras que viven de su trabajo y todos estos afectados por esta nueva ofensiva neoliberal.
Nosotros y nosotras invisibles, creadores y trabajadoras atípicos nativos o migrantes, precarios, estudiantes en formación perpetua, licenciados sin futuro, no garantizadas , afectados por el modelo de desarrollo insostenible, cada vez más hartos de aguantar sobreviviendo en la cuerda floja y de la dictadura del cemento, lanzamos este grito colectivo para decir basta; Mayday! Mayday!. Junto a los y las precarias de todo el continente nos rebelamos en busca de un nuevo protagonismo social y nuevos derechos sociales y laborales para todas.
El (Euro) MayDaySur´07 que se celebra este año en Málaga es la tercera edición, quiere reinventar la celebración del 1 de Mayo (día de los y las trabajadores-as ) de un forma conflictiva, creativa y alegre, aprendiendo de la historia de las luchas sociales y sindicales y adaptándolas a la actual situación del mundo capitalista del siglo XXI, tratando de mezclar los aprendizajes de los últimos 10 años de movimiento de resitencia global, los movimientos ecologistas, migrantes, urbanos y contraculturales , inventando formas de sindicalismo social adecuadas para el contexto de la precariedad y actualizando el conflicto de clase.
El MayDaySur ha sido desde el 2005 hasta hoy un laboratorio de dimensión andaluza que intenta pensar y crear formas de agitación, intervención y organización contra de la precarización de la vida. De el han surgido un sin fin de alianzas, acciones, campañas y sobre todo un espacio de encuentro y recombinación entre los movimientos sociales y el sindicalismo de base y combativo en busca de una emergencia de formas organizativas y acción pública que pongan freno cotidiano a la precariedad y pueden engendrar un empoderamiento y contrapoder efectivo de esta constelación de figuras precarizadas.
Por esto y mucho más precarios y precarias de toda Andalucía se darán cita en Málaga desde el 28 de Abril al 1 de Mayo, exigiendo el derecho a tener derechos, portando con su alegría y creatividad un aire nuevo, un actitud desafiante, dispuesta al conflicto contra todos aquellos que precarizan nuestras vidas.
Os esperamos en estos 5 días para conocer, crear y desobedecer juntos y revueltos!!!
No dejaremos de pelear hasta consigamos nuevos derechos colectivos para todas!
PROGRAMA
VIERNES 27
17.00h Bicifestacion por el Balneario
Baños del Carmen
19.00h Cabaret-Acción
Plaza Frente a Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
22.00h Actuación. Poliposeidas. Casa invisible (c/Nosquera, 11)
23.30h Concierto. Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
SABADO 28
11.00h Entrega de Recursos por la defensa del Balneario
Subdelegacion del Gobierno
12.00h Asamblea y preparativos de la manifestacion
Casa invisible (c/Nosquera, 11)
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Mani-fiesta-acción. Salida Plaza de la Merced
21.00h Concierto (Tamtatrampa Batucada, SiF, Sanchez no
te enganchez) Proyecciones y DJs. en los Baños del Carmen
DOMINGO 29
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
17.00h Acción contra la Precariedad y por la defensa de los publico
(se ruega puntualidad). Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
LUNES 30
11.00h Marcha por la defensa de la sierra y contra las canteras ilegales
Plaza de Alahurin de la Torre.
19.00h Encuentro-Debate
Experiencias de organización en la era de la precariedad.
Desafíos y Propuestas del Sindicalismo y los Movimientos Sociales
Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
21.00h Amparo de Amparanoia Artistas invitados en Concierto.
En defensa de la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
MARTES 1º MAYO
08.00h Buses gratis manifestacion en apoyo a los trabajadores de Delphi, Cadiz.
Plza de la Merced.
14.00h Comida Popular en la Casa Invisible (c/Nosquera, 11)
16.30h Deriva Piquetera por la ciudad. Salida desde Plaza de la Constitución
info:
maydaysur.org
htttp://estrecho.indymedia.org
malaga2016.info
precariadotube.org
sonidosdelprecariado.org
Indymedia Estrecho -abril 07
El alcalde de Arona (Tenerife) y su gobierno irán a declarar ante el juez
El Día*.- Tenerife : "El alcalde de Arona y los siete concejales de su grupo de gobierno (formado por una alianza entre CC, CAN y PP) comenzarán a declarar ante el titular del juzgado número ocho de este municipio a partir del próximo día 9 de mayo. Todos ellos fueron objeto de una denuncia de la Fiscalía por los presuntos delitos de prevaricación y prevaricación continuada contra la ordenación del territorio por la concesión presuntamente ilegal de licencias urbanísticas.
Por este caso está previsto que pasen por el juzgado el propio José Alberto González Reverón, de Coalición Canaria, los tenientes de alcalde Manuel Barrios -que también tiene a su cargo el área de Urbanismo- y Félix Sierra, así como los concejales Sebastián Martín, José Luis González, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Juan José Alayón, que tendrán que responder de su presunta responsabilidad en la concesión de licencias y en la adjudicación de concursos públicos entre el 9 de enero de 2004 y el 24 de noviembre de 2006 y que suman entre todas en torno a 300 expedientes que fueron requeridos al ayuntamiento por el juez.
Estos expedientes se dividen en dos grupos: unos son las licencias urbanísticas que fueron concedidas sobre terrenos no gestionados, cuyos propietarios, supuestamente, no cedieron a la corporación los terrenos necesarios en concepto de plusvalías, aprovechamientos, etc. y que, según la valoración hecha por los denunciantes, causaron daños al erario público por valor de al menos 42 millones de euros. En este grupo se encuentra también un conjunto de licencias presuntamente contrarias a las normas urbanísticas, al Plan General o al Plan Territorial Especial de Ordenación del Turismo. La denuncia de la Fiscalía se refiere también a un conjunto de expedientes de contratos concedidos a varias empresas, fundamentalmente tres, y que, según la denuncia, se fraccionaron para evitar tener que sacarlos a concurso.
En este caso se da la circunstancia de que en las licencias se encuentran una y otras vez múltiples advertencias por parte de los servicios jurídicos del ayuntamiento, que llegaron, incluso, a avisar de la responsabilidad que podían acarrear las decisiones del grupo del gobierno.
*El Día - 28 DE ABRIL DE 2007
Foto: Arona, Los Cristianos /travelguides
Anticorrupción investiga al Gobierno de Murcia por prevaricación y malversación
T.CALLEJA.- El País* : "La Fiscalía Anticorrupción investiga al Ejecutivo de Murcia por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haber aprobado la cesión gratuita de un vertedero de estériles de minerales contaminantes, denominado balsa Jenny, que después limpió con cargo al erario público y un coste de 5,4 millones de euros. La empresa propietaria, Portmán Golf, no sólo no sufragó la limpieza del terreno, sino que cobró 2,72 millones por permitir el depósito de los estériles contaminantes en una zona aledaña, de su propiedad, según la Fiscalía.
El coste de la operación se financió con dinero público tres años después, tras adjudicarle la sociedad estatal Tragsa la contrata de depósito de los residuos peligrosos.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, los empresarios no sólo no pagaron por la limpieza de sus terrenos, ignorando el principio básico de la legislación ambiental de que quien contamina paga, sino que al final se hicieron con un contrato para su limpieza En este sentido, la Ley de Residuos dice en su artículo 27.2 textualmente: "La declaración de suelo como contaminado obligará a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en la forma y plazos en que determinen las respectivas comunidades autónomas. Estarán obligados a realizar las operaciones de limpieza los causantes de la contaminación". Tras adjudicarle sin concurso Tragsa el traslado de los estériles, éstos acabaron a escasa distancia de la balsa inicial, en terrenos propiedad también de la empresa Portmán Golf.
El Ministerio Público considera que hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos, porque no cabe imaginar que el Ejecutivo murciano, que preside Ramón Luis Valcárcel (PP), desconociese el artículo 27 de la Ley de Residuos al aceptar la cesión gratuita de la balsa y luego financiar, con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, su limpieza y recuperación.
Obligación eximida
Además, esa obligación correspondía a Portmán Golf, ya que esta entidad era quien debía, como dueña de los terrenos, financiar los trabajos de limpieza. En este sentido, la Fiscalía considera que después de la cesión gratuita, la empresa de Mariano Roca Meroño y de Alfonso García Sánchez no quedaba eximida del pago, según establece la normativa medioambiental.
El Ministerio Público resalta que al votar de forma favorable el Consejo de Gobierno murciano los acuerdos de aceptar la cesión gratuita de la balsa Jenny y de financiar con dinero público las actuaciones de limpieza y recuperación de los terrenos, esos órganos podrían haber tomado decisiones a sabiendas de que se trataba de resoluciones manifiestamente injustas. Es decir, podrían haber incurrido en un posible delito de prevaricación, porque a los empresarios obligados a pagar la limpieza de un terreno contaminado se les liberó de sus obligaciones al ceder de forma gratuita el terreno a una administración pública como la murciana, quien financió con fondos públicos las operaciones. Asimismo, y a través del contratista, los empresarios cobraron una importante cantidad (2,7 millones de euros) por almacenar los residuos minerales en otro terreno de su propiedad.
La Fiscalía considera, también, que en la tramitación del expediente se cometieron algunas equivocaciones. Así, constata que antes de la cesión del Gobierno murciano sobre la balsa, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente murciana ya tenía previsto llevar a cabo su proyecto de limpieza y recuperación del terreno contaminado, pues el 23 de noviembre de 2001 el Ejecutivo aceptó "el terreno destinado a la realización de actuaciones encaminadas a repoblaciones forestales y mejoras de los recursos hidrológicos de la zona". Unos trabajos que seis años después no se han iniciado.
La Fiscalía argumenta también que por las actuaciones posteriores habría que concluir que si la balsa Jenny no había sido calificada como terreno contaminado, debería haberlo sido, pues de otro modo no tendrían explicación unas actuaciones posteriores tendentes a su limpieza y recuperación "para repoblaciones forestales y mejoras de las reservas hidrológicas de la zona".
La balsa Jenny era un pantano de estériles mineros que tenía su origen en el procesado de minerales obtenidos en explotaciones ubicadas en el área minera de la zona. Dicha balsa tiene una superficie de un poco más de ocho hectáreas, y en ella se depositaron residuos sólidos con un volumen de 1.089.925 metros cúbicos.
Subvención retirada
El empresario Mariano Roca Meroño, uno de los propietarios de la empresa Portmán Golf, ha sido protagonista de numerosos escarceos con la Administración regional y con la Justicia. Tras la investigación del fiscal de Medio Ambiente de Madrid, el Gobierno murciano decidió exigir la devolución de 841.000 euros que había cedido al empresario cartagenero en concepto de ayuda para mejoras agroambientales de un terreno situado en las cercanías del Puerto de la Cadena. El Gobierno consideró que se había producido un incumplimiento por parte de Roca Meroño de los requisitos de la subvención, que según confirmó el director general de Regadíos del Ejecutivo murciano, Julio Bernal, consistían en dejar el terreno sin plantar.
Al parecer, y según confirmó Bernal, el empresario puso en producción los terrenos, en los que ahora se cultivan naranjos, regados mediante goteo, por lo que también ha ampliado regadíos, precisamente en una cuenca en la que está prohibido hacerlo, y además en plena sequía.
La dirección de Regadíos, que además de exigir la devolución de la cantidad ya entregada durante los últimos ocho años ha cortado la entrega de las subvenciones, que tendrían que haber seguido pagándose unos 12 años más, puso en manos de los servicios jurídicos de la Comunidad de Murcia la interrupción de la ayuda. Esta decisión fue recurrida por el empresario Roca Meroño, quien pretende que le sigan pagando todos los años unos 40.000 euros, que es la cantidad que viene percibiendo de los fondos comunitarios para no poner en producción los terrenos de su propiedad ubicados en las cercanías del Puerto de la Cadena.
Asimismo, el empresario tuvo que prestar declaración ante el juez decano de Cartagena, Jacinto Areste, por una presunta apropiación de documentos y joyas de una caja de seguridad de un banco de su ciudad.
*ELPAIS.com - Murcia - 30/04/2007
Arquitectos y jueces piden una "severa corrección" de la corrupción urbanística
M.EL KHATTAT.- GranadaHoy : "Los representantes de los arquitectos y los jueces reunidos en unas jornadas clausuradas ayer en Granada consideraron necesaria "una severa corrección" ante los casos de corrupción urbanística que se están produciendo en España. También concluyeron que el nuevo Código Técnico de la Edificación, que establece los criterios y exigencias en la construcción de edificios y viviendas, presenta errores y carencias que hacen necesaria una moratoria en su aplicación hasta la resolución de las mismas.
Las Jornadas entre el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España concluyeron ayer tras tres días de debate y análisis centradas en el nuevo Código Técnico de la Edificación. En las conclusiones leídas ayer, los arquitectos peritos forenses de España "se manifiestan especialmente preocupados ante los graves sucesos de corrupción urbanística que vienen produciéndose cada vez con mayor frecuencia, y consideran que las irregularidades detectadas deben ser objeto de una severa corrección".
En este sentido, los reunidos insisten en el llamamiento realizado en la inauguración de las jornadas por el vicepresidente del CGPJ, Fernando Salinas, sobre el peligro de que el urbanismo sea diseñado por promotores movidos únicamente por el afán de lucro.
Así, advierten de que "las transformaciones del régimen urbanístico del suelo deben efectuarse desde criterios de crecimiento urbano racional, eficiente y sostenible, y no atendiendo, como viene sucediendo en muchos casos, a otros intereses no compatibles con el interés público que debe presidir en todo caso las directrices de la ordenación del territorio".
Al margen de esta advertencia, las jornadas confirmaron la existencia de "errores y contradicciones" entre los documentos básicos que conforman el Código Técnico que entró en vigor a mediados del pasado mes de marzo. Aunque solicitaron al Gobierno una "moratoria" de todo el documento, consideraron especialmente grave lo concerniente a la normativa sobre ruidos, por lo que pidieron su suspensión "en tanto no incluya el catálogo de soluciones constructivas que haga viable su cumplimiento".
Las jornadas sirvieron para reclamar que sean las normas del Código Técnico las que rijan de forma prevalente la construcción y no las normas urbanísticas municipales o de urbanismo.
*Granada Hoy - 29/04/07
El ladrillo llega a la frontera con Portugal
M.J.ALBERT.- El País* : "Los márgenes del Guadiana y de ríos vecinos como el Chanza, dentro de la provincia de Huelva, se han hecho especialmente atractivos para los promotores inmobiliarios. Un área, en las inmediaciones con Portugal, que se ha mantenido al margen del gran desarrollo turístico vivido en la última década en la costa occidental onubense y que tiene su paradigma más claro, para algunos, en Ayamonte, concretamente en la urbanización Costa Esuri, al norte del municipio, así como en el asombroso crecimiento residencial de Isla Canela, en dirección a Isla Cristina.
Huelva era una provincia que de alguna manera había esquivado la conurbación urbanística en la que se han convertido zonas de la costa mediterránea andaluza. Pero en los últimos diez años, su costa occidental ha visto levantarse nuevos hoteles, campos de golf y urbanizaciones. Desde Cartaya hasta Ayamonte. Pero allí, justo donde muere el Guadiana, la línea de costa termina.
Por eso, los inversores han girado la cabeza al norte, siguiendo el curso del río. Allí han encontrado bellísimos paisajes y pueblos pintorescos casi intactos, pero que viven una situación económica difícil. Algunos responsables de estos pueblos, en parte, anhelan que un futuro turismo residencial lleve prosperidad a la zona. Pero hay quien recela. Grupos ecologistas de ambos lados de la frontera, de España y Portugal, llevan años reclamando que se constituya un parque natural transfronterizo en el bajo Guadiana que preserve la zona del crecimiento urbanístico.
Recelos ecologistas
Los grupos conservacionistas miran con recelo los planes urbanísticos que algunos ayuntamientos contemplan. En los últimos seis meses, pequeños pueblos como El Granado, gobernado por el PSOE, al igual que Ayamonte, o Sanlúcar del Guadiana, regido hasta hace dos semanas por un alcalde del PP que ha dejado sus filas por desavenencias con la dirección provincial, han anunciado crecimientos desmesurados.
En el Granado (618 habitantes), el alcalde Juan Manuel Burga, proyectaba la construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido por su valor medioambiental. El proyecto fue paralizado por la Junta. En Sanlúcar, el regidor, Cándido Saldaña, presentó un avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que planteaba ampliar las nueve hectáreas de terreno urbano del municipio a 336 (unas 37 veces más); cifra que el alcalde redujo a 181 (20 veces más) en enero. Saldaña afirma ahora que este número va a reducirse mucho más.
Ambos planes tendrán que adecuarse a Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA), que impide calificar como urbanizable más del 40% del terreno urbano existente en una localidad, así como aumentos de población superiores al 30%.
Realmente, río arriba no se han repetido intervenciones tan claras como el gran complejo residencial de Costa Esuri, que construye Fadesa. Con sus 6.300 viviendas y dos campos de golf, prácticamente iguala en superficie al mismo pueblo que lo acoge. Costa Esuri se desarrolló a través de Normas Subsidiarias, y Ecologistas en Acción ha denunciado que los estudios de impacto ambiental no se desarrollaron concretamente. El mismo grupo ha presentado alegaciones al PGOU de Ayamonte por considerar que sus criterios respondían a "intereses especuladores". "La tercera, y hasta el momento última, aprobación inicial del PGOU prevé la construcción de 2.762 viviendas nuevas no turísticas, con una ratio de 3,1 habitantes para cada una, en un plazo de ocho años", afirma el portavoz de Ecologistas, Iñaki Olano.
Actualmente hay unas 10.000 viviendas en el núcleo del municipio, según los ecologistas. "A estas nuevas casas habría que sumar otras 6.009 viviendas turísticas, de las que no se especifica su ratio de población, y 3.233 plazas hoteleras", añade. Según los ecologistas, el PGOU no se adapta ni al POTA, ni al Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH). "Pero lo terrible es que el grueso del crecimiento queda fuera del PGOU. Se trata de Costa Esuri e Isla Canela, que entre ambos suman más de 50.000 plazas turísticas, juntando hoteles y segundas residencias", dice Olano.
¿En qué situación se encuentran ahora todos estos proyectos? A un mes escaso de las elecciones, los alcaldes y candidatos socialistas de Ayamonte y El Granado prefieren no opinar sobre estos temas y dejan que sea la voz genérica del PSOE la que responda. El partido se reafirma en lo que ya explicó cuando se conoció el caso de El Granado. "Velaremos para que se respete medioambientalmente una zona como la del Guadiana. Por eso acatamos los compromisos del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, como hacemos en el resto de la provincia. Los criterios de sostenibilidad son los que prevalecen en nuestra política", afirman fuentes socialistas.
925 vecinos, 1.150 casas nuevas
Cabezas Rubias (925 habitantes), gobernado por el PA, se ha convertido en el último ayuntamiento del Andévalo occidental que recibe alegaciones a su PGOU por el presunto crecimiento desmesurado que contempla. Según la fundación ecologista Pura Vida, el plan de este pueblo prevé una macrourbanización que incluye un campo de golf de 116 hectáreas que supondría la "destrucción de grandes superficies de arbolado denso, en zonas de alto valor natural, ambiental y paisajístico".
El campo de golf estaría acompañado de unas 1.150 viviendas. En total, el conjunto ocuparía 374 hectáreas de terrenos. Los ecologistas califican de "barbaridad y disparate" el proyecto turístico y consideran que supondría una "innecesaria destrucción de recursos naturales" en esta localidad del Andévalo onubense.
*ELPAIS.com - Huelva - 29/04/2007
Foto: Isla Canela (Huelva) /mma.es
La edificación aporta a los concellos gallegos el 60% de sus ingresos en impuestos
J.Pérez.- FarodeVigo* : "Lo ocurrido en el mercado inmobiliario en las dos últimas semanas, con la publicación de los datos del Ministerio de Vivienda que señalan un ligero descenso del precio de los pisos, especialmente en las grandes ciudades; y el incesante desplome en Bolsa de las empresas ligadas al ladrillo, abre muchas interrogantes. ¿Está el sector agotado? ¿Hasta qué nivel se abaratarán los inmuebles y el suelo? ¿El ciclo del boom constructor ha llegado a su fin? Se han escuchado respuestas variadas por parte de empresarios, analistas, incluso partidos políticos y sindicatos. Y, aunque la mayoría de informes señalan que la demanda de viviendas seguirá fuerte, al menos, durante el actual 2007, lo cierto es que todos los indicadores apuntan a un "suave aterrizaje".
Entre las muchas repercusiones que el supuesto freno tendrá para la economía están los ingresos que la actividad inmobiliaria tiene para las administraciones. Especialmente, para los concellos, encargados de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y el que grava las construcciones y las obras. Dos tasas que, en Galicia, suponen para los ayuntamientos el 60% de su recaudación impositiva.
La edificación ha permitido a los municipios de la comunidad embolsarse más de 360 millones de euros en 2005, según el último informe sobre presupuestos de entidades locales elaborado por la Agencia Tributaria. Casi la mitad, entre los ayuntamientos coruñeses, donde se recaudaron 168,1 millones de euros. Es también la provincia donde el pago de impuestos relacionados con el sector inmobiliario tiene más peso, en relación al volumen total de impuestos. Un 63%, concretamente, de los 263,210 millones que aportaron impuestos directos e indirectos.
Los concellos de Ourense y Pontevedra se mueven en un porcentaje similar, del 62% y el 60%, respectivamente, con una recaudación total por Bienes Inmuebles y por obras de 39,238 millones de euros y 117,562 millones, según el reciente informe del organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. La proporción de lo que ambas tasas supone en Lugo se rebaja hasta el 54%, con 41,269 millones de euros recaudados.
El Impuesto de Bienes Inmuebles -conocido como el recibo de la contribución- es, por sí solo, el tributo más elevado para los ayuntamientos gallegos. El que representa más ingresos. Muy cerca incluso de la mayor partida que reflejan los balances municipales, que es la de las transferencias corrientes que se realizan desde el Gobierno central. 120,613 millones de euros para los concellos coruñeses, 35 millones para los de Lugo, 32,4 millones en Ourense, y 90,9 millones en Pontevedra.
*Faro de Vigo - 29 ABRIL 2007
Querella de la Fiscalía contra el alcalde de Vilaller (Lleida) por un delito urbanístico
LluisVISA.-El País* : "La Fiscalía de Lleida ha presentado una querella contra el alcalde de Vilaller (Alta Ribagorça), Jaume Monsó, de ERC, por un delito urbanístico y tráfico de influencias en el que habría incurrido al autorizar la construcción de 24 viviendas en una zona de equipamientos. Las diligencias también van dirigidas contra el concejal de Cultura, Marc Moreno, y Héctor Jorge Tomás.
La Fiscalía ha enviado al juzgado de Tremp en forma de querella las diligencias de investigación penal que abrió el año pasado contra el consistorio de Vilaller tras una denuncia presentada por los 48 vecinos de los bloques de Mercè y Lavaix de esa localidad. Después de más de siete meses de investigaciones, la Fiscalía considera que existen indicios para imputar en un delito contra la ordenación del territorio y en otro de tráfico de influencias a tres personas, entre ellas el alcalde y el concejal de Cultura.
El Ayuntamiento de Vilaller otorgó el 28 de mayo de 2006 una licencia para la construcción de 24 pisos en un terreno que según la ley es una zona de equipamientos. El consistorio aprobó al mismo tiempo la segregación de los terrenos de la nave de Monthidro, de propiedad municipal y lindante a los bloques de Mercè y Lavaix. La licencia autorizaba no sólo a ampliar la zona de equipamientos, sino a construir pisos encima de los bajos sin que se hubiera recalificado antes el terreno. Según los vecinos, una zona de equipamientos es un bien de público específicamente preservado de actos de edificación ilícita.
De las diligencias se desprende que el expediente de construcción del edificio no fue sometido a exposición pública y la obra fue adjudicada a AZ Promos, que la subcontrató a Construccions Comadelo, propiedad del concejal de Cultura y miembro del equipo de gobierno. El consistorio anuló la licencia tras tener conocimiento de la denuncia vecinal.
*ELPAIS.com - Lleida - 29/04/2007
Aragón contra la especulación urbanística: manifestación Sábado 5 Mayo
AragónNoSeVende - manifestación contra la especulación urbanística - Sábado 5 Mayo 20.00h - Glorieta de Sasera de Zaragoza.
Las gentes de esta tierra recibimos al nacer un patrimonio colectivo de valor incalculable: Aragón, el territorio que habitamos. Las generaciones precedentes nos transmitieron esta herencia de suelo,paisaje y recursos para administrarla sensatamente. Hoy,la codicia de unos pocos,pone en peligro la conservación de este patrimonio. Nunca en la historia se realizó una ocupación del suelo tan extrema como la actual. Y nunca haciendo tanto daño. Nunca nuestra economía fue tan dependiente de un solo sector,la construcción,que se ha convertido en el refugio del capital más especulativo y del empleo más precario. Nunca fuimos tan esclavos del precio de nuestra vivienda.Y nunca unos pocos se hicieron tan inmensamente ricos a costa de nuestro futuro.
Aragón sufre ya las secuelas de especulación urbanística. El área metropolitana de Zaragoza se expande como una mancha de aceite,dispuesta a ocupar la estepa y el valle del Ebro. Su expansión ilimitada nos esclaviza al coche,deshumaniza la ciudad y perjudica nuestra calidad de vida. También nuestra alta montaña sufre la invasión de las grandes urbanizaciones y la destrucción de santuarios naturales de incalculable valor.La deuda histórica pendiente con la montaña aragonesa,despoblada y sembrada de grandes embalses,se acentúa hoy con el expolio de su suelo y sus espacios naturales.
En el estado español se construyen más pisos que en Francia, Alemania y Gran Bretaña juntas. En medio de esta fiebre urbanística,cada vez es más difícil el acceso a una vivienda digna. La "Ley del Suelo"vigente,aprobada por el anterior gobierno del PP, consagra el expolio del territorio y de nuestros bolsillos. Fomenta el “todo edificable ”sin consideraciones sociales o ambientales, genera lejanía y crea dependencia absoluta del transporte motorizado. Este modelo basado en el hormigón,inédito en la Unión Europea,ni supone un desarrollo social,ni tampoco resulta sostenible,ya que además contribuye gravemente al cambio climático.
Ante la celebración de las próximas elecciones,la manifestación estatal del 5 de mayo quiere ser un toque de atención a la clase política para que asuma cambios estructurales en las líneas de gestión de los gobiernos locales y sobre todo del autonómico y central. Queremos un compromiso firme contra la especulación urbanística y a favor de un Aragón con futuro,en el que merezca la pena vivir:hermoso,saludable, amable. Las generaciones futuras tienen derecho a ello.
Por la Protección del territorio,sus ríos y sus recursos Acceso a vivienda digna,en una ciudad humana y habitable En defensa de la montaña aragonesa y de sus gentes Por la conservación de nuestro patrimonio cultural
CONVOCAN: Aragón No Se Vende /Asociaciones Vecinales de Delicias,La Madalena,La Paz,San José, Venecia,Lanuza-Casco Viejo /Asociación V.Pirineo Central /Amigos de la Tierra/ANSAR/APUDEPA/ Asamblea por la Vivienda Digna/Barrio Verde/Clubes de montaña Albada,Castiliscar,Montañeros en Acción y Venecia/C.O.Rasmia/CC.OO.Aragón/CGT Aragón/Ebro Vivo/Ecologistas en Acción/El Cantero/ Eq.Triacanthos/FABZ/Foro Ciudad y Ciudadanía/Fund.Quebrantahuesos/Greenpeace/La Katxarraka/ Locos por Cerler/Mountain W-AGG/Pedalea/Pirineo Vivo/Plataforma en defensa de las montañas/Rebel/ Red Aragonesa de la Tierra/SEO/Towanda/Unibersida C.Aragonesista
redtierra.org/aragonnosevende
La Audiencia revoca una absolución y condena a un año a Julián Muñoz por delito urbanístico
SUR* /Marbella : "El panorama judicial de Julián Muñoz y de Pedro Román se complica. Ambos ex ediles han sufrido un revés en la Audiencia Provincial, donde se ha revocado la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga en relación con el 'caso Moansa', y los ha condenado a un año de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio. La decisión también alcanza a otros seis ex ediles del GIL: Mario Jiménez, José Mariano Pomares Villar, Manuel Calle, María Luisa Alcalá, Rafael González y Juan Antonio Yagüe Reyes.
Sobre los cuatro últimos, al igual que sobre Julián Muñoz, ya pesa una condena anterior por delito similar por el caso Proinsa, y han tenido que pasar por la cárcel, con excepción de Yagüe, que se dio a la fuga tras ser condenado.
El tribunal ha aceptado parcialmente los recursos de apelación presentados por la Fiscalía Anticorrupción y por Los Verdes contra la absolución de los ocho ex ediles, relativo a un convenio firmado con Moansa para recalificar una zona verde y construir seis viviendas unifamiliares pareadas, según la sentencia a la que tuvo acceso Efe.
Sentencia
En la sentencia se impone la pena de ocho años de inhabilitación para el cargo público a Julián Muñoz, a los citados ex y al que fuera primer teniente de alcalde Pedro Román, que se encuentra actualmente en busca y captura por su presunta implicación en el 'caso Malaya'.
La sala anula la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 2 de Málaga basándose en que los acusados, «en su condición de miembros de la comisión de gobierno, votaron favorablemente la concesión de una licencia de obra que no se ajustaba a la normativa vigente, a sabiendas de su injusticia e ilegalidad».
De esta forma, invalida los argumentos que en su día emitió el Juzgado de lo Penal, que consideró que, pese a que la actuación fue contraria a las normas que regulaban el proceso en materia de urbanismo, quedaba «lejos de las exigencias requeridas por el delito de prevaricación administrativa». La Audiencia ha estimado que tanto Muñoz como el resto de concejales "eran perfectamente conocedores de la situación de confusión" urbanística en Marbella , y que se ampararon en un informe emitido por el ex asesor jurídico externo José Luis Sierra para «considerar legal la concesión de una licencia urbanística».
SurDigital - 28 de abril de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella /UrbPatasArriba
Las irregularidades urbanísticas en Andalucía salpican a todos los partidos en vísperas del 27-M
E.Sánchez/J.Chaparro/DiariodeSevilla*: "El mapa de Andalucía está enladrillado y fiscales y jueces instructores se afanan en combatir los delitos, sobre todo urbanísticos, que salpican a algunos miembros de los equipos de gobierno municipales. Aunque la operación Malaya sobre la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella ha sido la instrucción más publicitada por la popularidad de algunos de sus protagonistas y la gravedad de los desmanes cometidos por los responsables del Consistorio malagueño, no se trata ni mucho menos de la única localidad con munícipes encausados. A pesar de que los delitos imputados son utilizados por los partidos como arma arrojadiza, todas las formaciones cuentan con algún regidor o edil con cuentas pendientes ante un tribunal.
PSOE y PP, formaciones con más representantes en alcaldías y concejalías, mantienen a muchos de ellos en las listas para las próximas elecciones municipales del 27 de mayo.
Almería, a vueltas con el Cabo de Gata
-Joaquín García Fernández (PSOE). Alcalde de Níjar. Denunciado por Ecologistas en Acción por la aprobación de un convenio para la cesión de suelo en el Cabo de Gata. A raíz de estos hechos, la Audiencia Provincial de Almería le imputa malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental. También han sido imputados otros miembros del equipo municipal.
-Cándido Trabalón (PA). Alcalde de Zurgena. La Fiscalía ha imputado por prevaricación y contra la ordenación del territorio a todo el equipo de gobierno (cinco concejales del PA, cuatro del PSOE y uno del PP) por la votación a favor de la construcción de 1.300 chalés en suelo rústico.
-Cristóbal Fernández (PSOE). Alcalde de Carboneras. Condenado por la Audiencia Provincial de Almería a seis meses de inhabilitación por delito electoral, fue indultado en 2006 por el Consejo de Ministros a pesar de la ratificación de la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo. Se le imputaron prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias en la venta de un terreno cercano al hotel El Algarrobico, en el Parque Natural del Cabo de Gata.
-Gabriel Amat (PP). Alcalde de Roquetas de Mar. El también presidente del PP en Almería fue denunciado por la Junta y los Comerciales del Poniente por la licencia de apertura del centro comercial Gran Plaza. La beneficiaria fue Galerías Comerciales, del imputado en la operación Malaya Tomás Olivo. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ratificó la nulidad de apertura en noviembre.
Cádiz, del GIL al PP pasando por IU
-José Antonio Barroso (IU). Alcalde de Puerto Real. La Consejería de Obras Públicas demandó al Ayuntamiento por la autorización al hermano de regidor para construir una vivienda de 600 metros cuadrados sobre una finca destinada a uso educativo.
-Miguel Manella (PSOE). Alcalde de Tarifa. Imputado por prevaricación y delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente en el entorno del Castillo de Santa Catalina. Vuelve a ser el candidato socialista el 27 de mayo.
-Juan Carlos Juárez (PP). Alcalde de la Línea de la Concepción. El ex gilista tiene varios frentes abiertos. Destacan el caso Villa Juliana, que le ha supuesto la primera denuncia formal de la Fiscalía por delito urbanístico. El regidor aprobó la venta de una finca municipal y con el dinero habría pagado las nóminas de los trabajadores municipales, lo que contravendría la Ley de Régimen Local. En el caso de los contratos está imputado por prevaricación y malversación de caudales tras 150 presuntas contrataciones irregulares. También deberá rendir cuentas tras la querella por la venta de cuatro parcelas a la empresa Roseworld: una compañía linense hizo una oferta superior y el Ayuntamiento la desestimó por supuestas deudas. Posteriormente se demostró que tales deudas no existían y que el capital social de Roseworld ascendía a poco más de 3.000 euros. Juárez opta a la reelección en las municipales.
-Hernán Díaz (Independiente). Ex alcalde de El Puerto de Santa María. Inhabilitado por el nombramiento irregular del jefe de la Policía Local sin dar publicidad a la plaza vacante. Entre otros asuntos, la Fiscalía investiga la labor del anterior equipo de gobierno por la falta de actuación para evitar diseminados ilegales en zonas protegidas y la venta de terrenos de patrimonio municipal con fines no permitidos por la ley. El Tribunal de Cuentas ha detectado indicios de responsabilidad contable en la gestión municipal entre 1995 y 2000.
-Ernesto Marín (PP). Candidato del PP en Chiclana. La inspección de Trabajo le ha obligado a contratar a cinco empleadas que trabajaban sin contrato en una empresa de su propiedad. El PSOE quiere llevar el asunto a la Fiscalía por delito contra los trabajadores.
Córdoba, coalición fraudulenta
-Antonio Guisado (PSOE). Ex alcalde de Fuente Palmera. El antiguo regidor y posteriormente concejal dimitió de sus funciones tras ser investigado por supuesta venta irregular de suelo municipal destinado a zonas verdes y equipamientos a varias promotoras. Una de esas licencias fue otorgada a una empresa del alcalde de La Carlota, el también socialista Francisco Pulido Aguilar.
-Manuel Baena (IU). Alcalde de Puente Genil. La investigación de la Policía Judicial de la concesión supuestamente irregular de la licencia de obras para la construcción del cuartel de la Guardia Civil ha provocado la imputación de nueve concejales (cuatro de IU, tres del PSOE, uno del PP y otro del PA).
Jaén, proliferación de denuncias
-Blas Sabalete (PSOE). Alcalde de Torredelcampo. Imputado por no denunciar irregularidades urbanísticas. Según el fiscal, el regidor dio lugar a la consolidación de una situación de ilegalidad administrativa y penal. Sabalete vuelve a presentarse a las elecciones.
-Miguel Campillo (PSOE). Alcalde de Baños de la Encina. Denunciado junto al aparejador municipal por corrupción y delitos urbanísticos al permitir construcciones ilegales en el término municipal. Repite candidatura.
-Juan Morillo (PP). Alcalde de La Guardia. Cuenta con más de seis denuncias del grupo socialista, entre otras, la construcción junto a una gasolinera, con informe desfavorable de Obras Públicas, de veinte apartamentos donde sólo se permiten cinco o la alteración de la ficha urbanística de una parcela para construir 44 parcelas más. Vuelve a presentarse.
Huelva, prevaricación y acoso
-José Carlos Hernández Cansino (PP). Alcalde de Punta Umbría. Denunciado por el grupo socialista municipal por negarse a convocar una reunión de la junta general de la radio y televisión municipal. Un juzgado onubense ve indicios de prevaricación, desobediencia continuada y delito societario. Candidato electoral.
-José Cejudo (PSOE). Alcalde de Valverde. Regidor y presidente de la Diputación Provincial, Cejudo, que opta a la reelección, está imputado por prevaricación y en septiembre será juzgado por una denuncia de acoso laboral.
-Carmelo Romero (PP). Alcalde de Palos de la Frontera. Condenado por el Tribunal de Cuentas a pagar 7.213 euros por anomalías contables que provocaron perjuicios a las arcas municipales, es el candidato popular.
*Diario de Sevilla - 28 de Abril de 2007
La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares
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A.MANRESA.- El País* : "El urbanismo salvaje del municipio mallorquín de Andratx no sólo llevó a la cárcel al alcalde del PP, Eugenio Hidalgo, sino que ha permitido desarticular una amplia red de blanqueo de capitales de la que formaban parte dos bufetes de abogados, dos notarías y un banco. El informe sobre la investigación en marcha, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata con detalle cómo las reiteradas denuncias de venta fraudulenta de solares en Andratx desencadenó una investigación, paralela a otra abierta por la Agencia Tributaria, que permitió desbaratar la red de blanqueo de capitales.
La Brigada Provincial de Policía Judicial de Baleares inició hace meses una serie de investigaciones para intentar aclarar supuestas estafas que estaban siendo denunciadas en distintos juzgados de Palma de Mallorca.
Las denuncias las presentaron particulares propietarios de una decena de solares en la zona de Cala Llamp del municipio de Andratx que se habían sorprendido al descubrir que sus fincas habían sido vendidas a otras personas.
En esas ventas fraudulentas, según la investigación policial, "habrían intervenido algunos integrantes del bufete Feliú-Abogados, utilizándose en varias operaciones de compraventa fraudulenta de solares una serie de sociedades instrumentales, testaferros y documentos de identidad falsos con los que usurpaban las identidades de algunos de los verdaderos titulares de los solares".
La mayor parte de las fincas objeto de la compraventa fraudulenta fueron propiedad de la sociedad Detursa, representada en el momento de las primeras transacciones por miembros de la familia Feliú. Años después se producía una nueva venta de las mismas fincas a otras personas distintas por parte de dos representantes de Detursa y que, según la investigación, "actuaron como testaferros al servicio del bufete Feliú".
La policía ha detenido a tres personas en relación con estas supuestas estafas en la compraventa de solares en la localidad de Andratx.
Por otra parte, la Agencia Tributaria investigaba a dos bufetes de abogados, el de Feliú y el de Sonia Regina da Costa, que trabajaban supuestamente en la prestación de servicios "tendentes a la ocultación de grandes capitales, con grave perjuicio para la Hacienda Pública española".
Opacidad absoluta
Estos bufetes no ocultaban demasiado su actividad irregular, dado que ofrecían a través de su página web sus servicios profesionales a inversores extranjeros, a los que garantizaban un mínimo pago de impuestos e incluso la exención total. Para tranquilizar al cliente ante una oferta tan sospechosa, los bufetes ofrecían opacidad absoluta: "inexistencia de contabilidad, el anonimato 100% de los inversores, la protección 100% del activo y la discreción 100% del banquero".
"El sistema ideado", detalla el informe policial, "consistía fundamentalmente en la creación de sociedades españolas, constituidas o participadas por sociedades panameñas principalmente, lo que dificulta enormemente el conocimiento de las identidades de las personas que se encuentran detrás de estas entidades panameñas y por extensión de las mercantiles españolas. Para dificultar aún más el seguimiento de los fondos y el de sus verdaderos titulares, las transferencias bancarias se canalizaban a través de dos cuentas cliente del bufete de abogados, sin que se diferencie a qué sociedades corresponde el dinero y las presuntas inversiones, habiéndose contabilizado un elevadísimo tráfico de divisas con el extranjero".
La policía descubrió que numerosas sociedades instrumentales tenían a su nombre inmuebles que vendían a través de una fórmula jurídica que evitaba declarar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con lo que dejaban de pagar el 7% establecido legalmente, lo que implicaría un delito fiscal cuando se trata de operaciones que superan los 1,7 millones de euros.
La Agencia Tributaria ha detectado por su parte que un número importante de las sociedades controladas por el bufete de abogados ocultaban "una renta disponible suficientemente elevada como para que la cuota omitida supere los 120.000 euros que la ley establece como cantidad mínima para incurrir en delito fiscal".
En la operación policial se registraron 13 domicilios (11 en Palma de Mallorca y dos en Madrid).
Entre los ocho detenidos, destaca la presencia de Miguel Feliú Bordoy, socio del bufete y asesor jurídico externo del Ayuntamiento de Calviá al que representa en pleitos. Uno los notarios investigados es, a la vez, hermano del alcalde de Calviá, Carlos Delgado, del PP. Otro de los detenidos, David Alfredo Sancho, es un promotor inmobiliario relacionado con el bufete.
*ELPAIS.com - Palma de Mallorca - 28/04/2007
Foto: Uno de los solares de Cala Llamp- /A. M. (El País)
Especulación del suelo: la enfermedad y el remedio
PERE GONZÁLEZ NEBREDA*/LUIS ANTONIO CORRAL JUAN*.- El País** : "El suelo es una materia prima básica para el desarrollo de nuestras poblaciones. La ciudad evoluciona y necesita suelo donde construir viviendas para sus nuevos habitantes y para albergar los usos y actividades que se generan, para sumar activos a la reutilización del existente. Detener el crecimiento del suelo es causar su decaimiento. Pero ese crecimiento debe ser realizado con criterios de sostenibilidad, algo en lo que, a estas alturas, todos estamos de acuerdo, estableciéndose un equilibrio entre los distintos factores sociales, económicos y medioambientales existentes. Se trata de crecer sin despilfarrar ese bien básico tan escaso que es el suelo, que no es renovable y cuya transformación en suelo urbano deviene irreversible.
El crecimiento de la ciudad debe tener en cuenta factores sociales para evitar desequilibrios y expulsiones indeseadas tanto de la población, ya sean nuevas generaciones o segmentos de menor solvencia, como de las nuevas actividades productivas y de servicios. Y debe propiciar, al mismo tiempo una movilidad razonable de sus ciudadanos. Deben tenerse en cuenta factores económicos, que resulten eficientes y favorables al progreso o, de lo contrario, su potencial como motor económico puede decaer. Sin embargo, todo argumento económico debe ser consecuente con el bien general y compatible con el respeto al medioambiente, que debe primar en el tratamiento del territorio, tanto en lo que se refiere al paisaje natural como al urbano, y asegurar requisitos de eficiencia energética y de salubridad. Por todo eso, el consumo de suelo, su transformación de suelo rural a suelo urbanizado, debe ser cuidadosamente estudiado. El desarrollo urbano debe ser escrupulosamente planificado en función de las auténticas necesidades de la sociedad y de la ciudad y no de otros intereses particulares.
Pero no es eso lo que está sucediendo. La expansión de las ciudades españolas no se produce en función de sus necesidades reales y están creciendo de manera deforme y en ocasiones aberrante. El crecimiento razonable, equilibrado y sostenible de la ciudad, y de la sociedad que alberga, tropieza actualmente con un obstáculo difícilmente salvable: la especulación del suelo. Llamamos especulación al encarecimiento artificioso generado por el acaparamiento y la escasez originada por su empleo como mercancía urbana.
En ese escenario parece necesario un golpe de timón enérgico para recuperar la iniciativa sobre la gestión del suelo. Pero ¿a quién le interesa acabar con la especulación del suelo? Sin duda alguna a las ciudades, a sus ciudadanos, a las personas. Esto está claro. Pero no tenemos tanta certeza, en ocasiones, de que haya alguien más interesado en ello. Administraciones y políticos no está claro que estén por la labor. Algunos se llenan la boca con eso, pero nadie quiere matar la gallina de los huevos de oro, huevos que alimentan municipios y munícipes, partidos y partidarios, y en ocasiones a otras especies menos respetables.
Casi una quinta parte del suelo urbanizado en España lo ha sido en los últimos 10 años; lo que quiere decir que en ese tiempo se ha incrementado el 25% de lo que se había urbanizado en los 2.000 años anteriores.
La ley ha obligado a que el 10% de ese suelo haya ido a manos de los ayuntamientos, que en la mayoría de los casos lo han dilapidado o incluso han especulado con él. Salvo honrosas excepciones, la mayor parte de esas inmensas extensiones de nuevo suelo urbanizado, no se han destinado a construir viviendas sociales, protegidas o asequibles, sino a financiar otras actividades. Y eso ha sido así por decisión de los ayuntamientos, con su exclusiva responsabilidad algunas veces y con su aquiescencia en otras.
La Constitución obliga a luchar contra la especulación. Todas las leyes del suelo que se han aprobado en España hacen de eso uno de los aspectos más relevantes en sus exposiciones de motivos. La realidad nos dice que nunca se pasó de las teóricas buenas intenciones. Las dos primeras, las legisladas en los años 1956 y 1976, lo pretendieron mediante el impuesto progresivo municipal de solares sin edificar. La de 1992 mediante la expropiación, a la mitad de su valor, de todos aquellos solares que no hubieran sido edificados al cabo de un año. El resultado en todos los casos fue el mismo: prácticamente nunca se aplicaron.
La actual, del año 1998, con la pretensión de abaratar el suelo, aplicó lógicas de mercado de bienes de consumo, propiciando que todo el suelo pudiera ser urbanizado. El resultado ha sido que la creación de suelo urbanizable se ha desorbitado y al mismo tiempo su precio se ha multiplicado. El último capítulo se escribe ahora en las Cortes españolas, con otra nueva ley. De su lectura y análisis se saca una primera conclusión: más de lo mismo.
Se pretende, supuestamente, avanzar en la lucha contra la especulación desvinculando la propiedad del suelo del derecho a edificar, e incluso del derecho a urbanizar. Solución aplicada, con éxito, en países tan dispares, en su concepción social, como EE UU y Suecia; pero que aquí, en la práctica, sólo se materializará cuando se trate de la venta forzosa, y ésta se utilizará como instrumento arbitrario, de forma aleatoria y discrecional, ya que la ley no precisa con claridad su aplicación.
Se convierte así la expropiación en un peligroso instrumento en manos de quienes, hasta ahora, han demostrado su incapacidad para gestionar adecuadamente la transformación del suelo y para administrar las plusvalías generadas en el proceso.
La introducción que la nueva ley propicia, generalizada para toda España, la figura del agente urbanizador como presunto destinatario de los aprovechamientos de suelo, ha originado, donde hasta ahora se ha aplicado, no pocos conflictos y la reprimenda enérgica de las autoridades europeas por el expolio y la indefensión de los propietarios afectados.
Se limita a los propietarios de suelo el derecho a urbanizar, pero al mismo tiempo se entrega ese derecho a terceros, sin garantizar con eso que la colectividad se beneficie de las plusvalías generadas. Y, a estas alturas, todo el mundo sabe que las plusvalías que genera la transformación del suelo suelen ser de una cuantía económica muy considerable.
Se trata de expropiar barato para especular mejor. ¿No será peor el remedio que la enfermedad?
* Pere González Nebreda es presidente de la Agrupación de Arquitectos Expertos Periciales y Forenses de Cataluña (AAEPFC) y Luis Antonio Corral Juan es decano del Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares.
**ELPAIS.com - 27/04/2007
El ‘ladrillo’ amenaza 16.000 hectáreas muy verdes
20minutos*/Murcia : "Equivalen a unos 20.000 campos de fútbol. La mayoría se desprotegieron con la Ley del Suelo del Gobierno murciano (PP) en la zona del litoral. El ladrillo tiene espacio de sobra para colocarse en la Región. A las 15.000 hectáreas que el Gobierno regional desprotegió en 2001 con la Ley del Suelo, se le suman otras 1.340 hectáreas en espacios protegidos, en Águilas y Cartagena, en las que se pretende urbanizar. Los promotores disponen del equivalente a 20.000 estadios de fútbol para viviendas y campos de golf.
Ecologistas en Acción y los Naturalistas del Sureste protestaron ayer para que se paralicen y blinden, al menos, cinco grandes proyectos urbanísticos en zonas con valor medioambiental: La Zerrichera, Lo Poyo, Marina Cope, Novo Carthago y Puerto Mayor.
La Consejería de Industria y Medio Ambiente anunció en enero la aprobación de un Plan de Ordenación del Mar Menor (para que no se construya en Lo Poyo) y un Plan de Gestión para la Sierra de Almenara que fije si se puede edificar en la Zerrichera. Pero no se sabe nada. El PP dice que se aprobará pronto.
El PSOE espera la marcha de su recurso a la Ley del Suelo ante el Constitucional.
Las zonas en peligro
Marina Cope: 2.000 hectáreas (Águilas y Lorca).
Carrascoy-El Valle: 7.000 has (Murcia, Alhama de Murcia y Fuente Álamo).
Barranco de Gebas: 1.800 has (Alhama y Librilla).
Saladares de Guadalentí: 1.500 has (Alhama de Murcia y Totana).
La Zerrichera: 240 hectáreas (Águilas).
Lo Poyo y Novo Carthago: 900 has (Cartagena).
Puerto Mayor: 100 hectáreas (Cartagena).
Otras zonas: 2.800 has (Sierra de las Moreras...).
Ecologistas con ropa de albañil
Una veintena de activistas Naturalistas del Sureste y Ecologistas en Acción, vestidos de albañiles y constructores, trasladaron ayer a la Consejería de Industria y Medio Ambiente un cargamento de ladrillos con los que hicieron una parodia de urbanizar la Consejería. Querían simular la construcción de una residencial de lujo en pleno centro de la ciudad de Murcia para protestar por la desprotección de espacios naturales en la Comunidad.
*20minutos - Murcia - 27.04.2007
Foto: Marina de Cope (Murcia)/Ecologistas en Acción
La Fiscalía investiga un posible soborno por la reforma urbanística de Ibiza
Diario de Mallorca* : "El fiscal jefe de Balears, Bartomeu Barceló, informó ayer de la apertura de una investigación por "el presunto soborno" que se podría haber producido en torno al proyecto de reforma del centro de Vila conocido como Eivissa Centre, que impulsa la sociedad mixta Itusa formada por el Ayuntamiento y la constructora Brues SA. El Ministerio Público anunció ayer esta actuación a raíz de la reproducción de extractos de conversaciones mantenidas por el ex secretario general de la Federación Socialista de las Pitiüses (FSP-PSOE) Roque López con la edil Sandra Mayans y el gerente de Itusa, Josep Marí Ribas, Agustinet, que también es candidato de la izquierda a la alcaldía de Sant Josep, sobre el posible cobro de comisiones.
En estas grabaciones Roque López asegura que la empresa constructora podría llegar a pagar hasta "250 millones de pesetas" con dinero negro obtenido a través de la comercialización de parte de las viviendas y locales comerciales previstos en el proyecto. López llega a decir a Mayans, según la grabación, que se trata del "mayor pastel de la historia que puede ir tanto al PSOE como al PP" y que dispone de información de Antonio Pinal, presidente de Brues.
Brues y el Govern
La constructora Brues ha recibido importantes adjudicaciones del Govern balear. En concreto ha trabajado en las obras de la variante de Son Ferriol al Camí de sa Síquia, inicio de la autopista de Manacor, por valor de 19 millones de euros. Asimismo ha construido un instituto en Marratxí por valor de 5,8 millones y ha trabajado en la construcción del metro de Palma. También Cort le adjudicó construir los aparcamientos de Santa Payesa por valor de 12 millones de euros.
El alcalde lo niega y anuncia acciones judiciales
El alcalde de Eivissa, Xicu Tarrés, anunció ayer acciones judiciales contra los responsables de la "campaña de difamación" contra el PSOE de Eivissa, en referencia a la reproducción de la grabación de Roque López. Tarrés, estuvo apoyado por el gerente de la empresa pública Itusa, Josep Marí Ribas Agustinet, y el concejal de Urbanismo, Vicent Torres.
El primer edil aseguró que los abogados del Ayuntamiento se han puesto en contacto con la Fiscalía para que la justicia aclare los hechos, "con el fin de que los responsables de esta campaña de difamación comparezcan ante el juez y ante la opinión pública". Tarrés afirmó también que "se trata de un montaje con falsas acusaciones y calumnias", además de una "infamia sin fundamento". En relación al proyecto Eivissa Centre, el primer edil resaltó que es "inmaculado".
Por su parte, Josep Marí Ribas, reconoció haber hablado con mucha gente sobre el proyecto y "las teorías, falsedades y bulos que había hecho circular el PP y determinados medios de comunicación". Marí aseguró también que las declaraciones podrían estar descontextualizadas, a la vez que destacó que no recibió ningún papel con cuentas paralelas del presidente de Brues, Antonio Pinal.
El alcalde de Eivissa defendió la actuación de la edil Sandra Mayans e insistió en la "manipulación" de las grabaciones difundidas.
*Diario de Mallorca - 27 de abril de 2007
Foto: Ibiza /patrimonio-humanidad.com
El nuevo PGOU de La Romana (Alicante) no garantiza el suministro de agua
El País* /Alicante : "El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de La Romana no tiene justificada la disponibilidad de recursos hídricos y, además, fue aprobado sin la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), según denuncia el colectivo Acció Ecologista-Agró. El planeamiento prevé la construcción de 2.000 nuevas viviendas, extremo que multiplicará por cuatro su actual censo -2.200 habitantes-.
Los ecologistas sostienen que la Comisión Territorial de Urbanismo ha incumplido uno de los condicionantes de la declaración de impacto ambiental al aprobar el nuevo planeamiento sin el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre la disponibilidad de recursos hídricos para abastecer la futura población "y sobreexpootando aún más el ya esquilmado acuífero de Quibas".
Según el grupo conservacionista, la dirección general de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Territorio y Vivienda aprobó el 3 de mayo de 2005 la Declaración de Impacto Ambiental del PGOU, "a pesar de la obligación legal de hacerlo", precisa una nota de los ecologistas. La Consejería de Territorio y Vivienda no ha contestado al requerimiento de este periódico sobre afirmación de Acció Ecologista-Agró.
*EL PAÍS - Alicante - 27/04/2007
El alcalde de Cudillero será juzgado por prevaricación en materia de urbanismo
J.CUARTAS.- El País* : "El alcalde de Cudillero (Asturias), Francisco González, del PSOE, será procesado el próximo 2 de octubre en vista oral por el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés tras haber sido acusado por unos particulares de la supuesta comisión de un delito de prevaricación en la ordenación sobre el territorio por el que le piden una pena de un año de prisión y ocho años de inhabilitación especial.
González, que en mayo concurrirá a su reelección para un quinto mandato, fue denunciado por unos vecinos por haber autorizado en 2002 la construcción de un bloque de apartamentos en la localidad El Pito en una zona calificada como núcleo rural y en el que, según la acusación particular, sólo se podían construir viviendas unifamiliares o edificaciones adosadas.
La Comisión de Gobierno de Cudillero aprobó la concesión de una licencia para la construcción de 24 viviendas y locales en el núcleo rural de El Pito y pese a la que, según la acusación particular, la entonces secretaria general del Ayuntamiento, Mari Luz Loredo, advirtió en un informe que la naturaleza del suelo sobre el que se iba a actuar impedía la concesión de la licencia finalmente otorgada. Los denunciantes argumentan también en su querella que la autorización fue concedida sin informe previo del arquitecto municipal
La denuncia de los vecinos fue cursada en diciembre de 2004 ante el Juzgado de Pravia, cuya titular, tras tomar declaración al alcalde de Cudillero, resolvió en enero de 2006 admitir y cursar la querella por el procedimiento abreviado. El Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, al que se dio traslado del caso, ha fijado ahora la celebración de juicio oral para el 2 de octubre. La fiscalía no presentará cargos, según informó ayer el diario La Nueva España.
El consejero de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias, Francisco González Buendía, también del PSOE, calificó tiempo atrás en el Parlamento autónomo de "difícilmente legalizables" las viviendas en cuestión.
Pero el alcalde de Cudillero sostuvo ante el Juzgado de Pravia, cuando compareció como imputado, que el Principado de Asturias "interpuso un recurso contencioso-administrativo y la suspensión cautelar de la obra con resultados favorables al Ayuntamiento".
*ELPAIS.com - Oviedo - 27/04/2007
Foto: Cudillero /asturiasverde.com
