"Puedes resolver tu vida y la de 20 generaciones"

EL PAÍS* : "El 12 de septiembre de 2005, Carmen Lobo, ex edil de IU cuyo voto precisaba el equipo municipal de Camas (Sevilla) para desbloquear sus planes urbanísticos, fue citada en un bar por el empresario Eusebio Gaviño. La edil ocultó una grabadora que registró 64 minutos en los que Gaviño le lanzó una oferta colosal: "Resolver tu vida, la de tu hija y de 20 generaciones tuyas". El intermediario le garantizó 1,2 millones, un piso, y un regalo que esa noche interceptó la policía.


La cinta está incorporada al sumario.


Carmen Lobo. Y a cambio, ¿qué recibiría yo? Porque no puedo cambiar de la noche a la mañana...

Eusebio Gaviño. Me gusta que hayas hablado tan directo: pues resolver tu vida, la de tus hijos y la de 20 generaciones tuyas. Si mañana nos vemos, verás qué gente tengo yo detrás.

C. L. ¿Qué gente hay detrás?

E. G. Empresarios. Pero si no lo haces tú, la próxima la hace otra persona.

C. L. Si yo lo sé. Que todos tenemos un precio.

E. G. Ahora te voy a hablar más claro. El tren pasa una vez por la vida. Una sola vez. Bormujos está entero corrompido. Yo te puedo enseñar en mi casa papeles notariales. Tú no sabes lo que se llevó el tránsfuga. ¿Qué ganas tú? Tu porvenir y el de tu hija. Yo trato de abrirte los ojos. Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro.

C. L. La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos. No creí que me iba a coger tan de cerca.

E. G. A todos nos llega la hora. A ti te ha llegado ahora. Yo voy a lo mío. No sé si vienes a sacarme información. Pero yo quiero hacer. Yo tengo unos señores que tienen unos intereses ahí. Te estoy hablando claro. Y tenemos la oportunidad de resolver nuestra vida para 20 generaciones, la tuya y la mía.

C. L. ¿De qué se trataría?

E. G. Tenemos que sacar plenos puntuales. Y de esto nos vamos a llevar tanto, y de esto tanto.

C. L. Pero tanto, ¿cuánto es?

E. G. Pues 200, 400 millones de pesetas, 500 millones de pesetas...

C. L. ¿Por cada pleno?

E. G. Tenemos que sentarnos tranquilos y que me digas que vamos para delante. Esta gente te va a montar un negocio y no vas a tener que trabajar más. Y si no lo haces tú, lo hará otro. Yo no sé a qué vienes tú, yo vengo a montar el mejor centro deportivo de Andalucía.

C. L. Total, en resumidas cuentas, serían 200 millones de pesetas por cada pleno.

E. G. No, 200, no. Nosotros te daríamos cada uno 200 millones de pesetas de aquí a final de año. Esto son las menudencias. Que luego viene el millón de metros. Y tengo otra cosa yo para ofrecerte: un piso en la playa, no a nombre tuyo, sino de otra persona. Pero ya. No tienes ni idea de lo que se está cociendo ahí. Y controlado por nosotros. Tú salvas a tu pueblo, y te lo vas a llevar. Si tú fallas, falla todo. Pero me has hecho una pregunta que es muy buena: "¿Eusebio, yo qué me llevo?".

C. L. Me cuesta asimilarlo porque yo siempre me lo he llevado por mi trabajo. ¿Cómo sería la operación?

E. G. Vamos a ir punto, por punto. Operación por operación. ¿Cuánto hay aquí? Esto va a ir al pleno y esto vale tanto. Nosotros vamos a hacer un equipo: Paco Gordo, tú y yo. Si yo te fallo en un pleno, al otro tú me dices. "Eusebio, se acabó". Lo tienes tan fácil que lo ves muy difícil. Yo te diré, hay que votar esto, y cuánto nos llevamos de esto.



*EL PAÍS - Madrid - 23/03/2007
Foto: Camas (Sevilla) /pueblos españa


Noticia relacionada - El País, 23/03/2007 : Los denunciantes del 'caso Camas' piden cárcel para el alcalde


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V Conferencia Internacional de Ciudades y Pueblos Sostenibles - Sevilla

*Ecologistas en Acción de Sevilla acusa a la "Conferencia Internacional de Ciudades y Pueblos Sostenibles", que una vez más nos encontramos con la utilización de la palabra sostenibilidad para encubrir lo insostenible. ¿Cómo se puede afirmar que Sevilla, Andalucía, España o alguna de las ciudades que están representadas en esta conferencia son sostenibles?


En Sevilla y Andalucía tenemos claros ejemplos de proyectos de gran envergadura claramente insostenibles como:

1. Mina Cobre las Cruces, la mina más grande de cielo abierto de toda Europa que se está construyendo a menos de veinte Km. de Sevilla que verterá metales pesados altamente contaminantes, que actúan como venenos muy tóxicos, como son el mercurio, el cadmio y el arsénico. La Junta de Andalucía y la Mina Las Cruces pretenden que estos venenos se viertan directamente al Río Guadalquivir, afectando a los arrozales y al Parque Nacional de Doñana.

2. La insostenibilidad del tráfico en Sevilla o cualquier ciudad andaluza, sin ninguna perspectiva de reducción de este tráfico sino todo lo contrario, gracias a la construcción de nuevas infraestructura para el tráfico privado (SE-35, SE-40,..., etc.) o el hecho fragante del paso de una media de 10000 coches en 12 horas atravesando un parque emblemático como es el parque Maria Luisa.

3. El derroche energético de la propia administración sin ninguna campaña de ahorro y eficiencia energética dirigida a la ciudadanía frente a la proliferación de centrales térmicas en distintos puntos de Andalucía y España.

4. La situación actual del urbanismo salvaje en España que se ha convertido en el mayor atentado ambiental, gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.

5. O la insostenibilidad del uso del agua debido a que seguimos instalados en políticas de oferta frente al control de las demandas, etc…

Por no hablar de dificultades que existen en el acceso a los datos públicos para los ciudadanos.

Toda entidad social acostumbrada a reclamar datos a las administraciones públicas sabe de las dificultades de obtenerlos. La opacidad no es una práctica exclusiva del Gobierno central, que alega en su defensa que muchas de las materias sobre las que se reclama información están transferidas. Los Ejecutivos autonómicos y las corporaciones locales no son más transparentes. Y es que la Administración pública (que da trabajo a casi tres millones de personas y es sin duda el mayor empresario nacional) es un complejo y pesado engranaje a las órdenes del poder político. Sin embargo, la ideología no marca diferencias fundamentales en el apego casi patrimonial a la información que maneja.

Ecologistas en Acción también denuncia el incumplimiento de distintos órganos y reglamentos de participación ciudadana y la dificultad que se tiene en participar en estos órganos consultivos y decisorios. Que es uno de los tres pilares básicos para la sostenibilidad.

Desde Ecologistas en Acción reclamamos una participación real en órganos decisorios y apoyaremos todas las iniciativas encaminadas a estos objetivos, para Llevar los compromisos a las calles y a los ciudadanos.




*Ecologistas en Acción - Sevilla 22 de marzo



VER también : Más de 63 países en Conferencia Ciudades Sostenibles desde mañana en Sevilla

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Un juez investiga 200 licencias del municipio tinerfeño de Arona

JuanManuelPARDELLAS.- EL PAÍS* : "Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer en el Ayuntamiento de Arona (Tenerife) con una orden judicial y solicitaron información sobre 200 licencias urbanísticas y más de 80 contratos adjudicados directamente por si hubiera indicios de un delito de prevaricación continuada y masiva al menos en los últimos dos años. El juzgado investiga una denuncia según la cual el Consistorio, gobernado por Coalición Canaria, adjudicaba obras y licencias a un grupo de empresas en contra de los servicios jurídicos municipales.


La causa la instruye el Juzgado número 8 de Arona. Los principales implicados en esta presunta trama son el alcalde, González Reverón, y el concejal de Urbanismo, a la vez responsable del Plan Director Municipal, Manuel Barrios, que durante años fue alcalde de Arona por el CDS. Los agentes de la policía judicial solicitaron ante el ayuntamiento tinerfeño los expedientes administrativos de todas estas licencias y contrataciones. El alcalde, José Alberto González Reverón (de Coalición Canaria), aseguró a Efe estar "limpio" y ha convocado una rueda de prensa para hoy.

La denuncia ante la Fiscalía la presentó a principios de año el portavoz socialista en la oposición de Arona, Francisco García Santamaría, quien advirtió irregularidades en la concesión continuada de licencias urbanísticas para centros comerciales, viviendas y establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Según García, Santamaría, la junta de Gobierno adjudicó estas licencias y obras "con el informe desfavorable de los propios servicios jurídicos municipales" y además, con "una advertencia del secretario municipal sobre las posibles irregularidades y responsabilidades penales" derivadas de estas decisiones.

Respecto a las más de ochenta adjudicaciones directas de obras municipales, la denuncia se centra en aquellas concedidas sistemáticamente un grupo de tres empresas, cuyos pagos se fraccionaban en cantidades menores a 12.000 euros. Al fraccionar los pagos, se eludía la necesidad de convocar un concurso público. Las tres empresas están relacionadas con cargos de Coalición Canaria, Partido Popular y Centro de Arona Nacionalista, informa Efe.

Fuentes de la dirección regional de los nacionalistas canarios se pronunciaron con "mucha cautela" sobre este caso y advirtieron que la investigación "es similar" a la que la Justicia lleva en otros ayuntamientos socialistas de Tenerife, entre los que citaron Granadilla de Abona, Adeje y Guía de Isora.

El alcalde, limpio

Una vez entregada la documentación, González Reverón declaró que "ahora será el juez el que la estudiará y decidirá si existe alguna ilegalidad", aunque el regidor calificó como "disparate" que se investigue a todos los ayuntamientos de España, que, matizó, "han podido cometer errores, pero no ilegalidades".

Arona es un municipio con 69.000 habitantes a 81 kilómetros al sureste de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, sus poco más de 80 kilómetros cuadrados de superficie concentran, sobre todo en su costa, y allí alberga uno de los mayores imperios turísticos de todo el país, un núcleo conocido como Playa de Las Américas. Este complejo concentra una gran oferta turística de todas las categorías de alojamientos y una enorme oferta de ocio para millones de turistas que acuden de Reino Unido, Península y Alemania.



*ELPAIS.com - Santa Cruz de Tenerife - 22/03/2007

Foto: Los Cristianos (Arona) / Travelguides

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A nueve semanas de las elecciones continúan apareciendo casos de corrupción en decenas de Ayuntamientos

inSurGente(J.L.)* : "Ni siquiera la cercanía de las elecciones parece que sirva para que remitan los casos de corrupción protagonizados, fundamentalmente, por concejales del PSOE y del PP. En los últimos días, recalificaciones, corrupciones urbanísticas, pelotazos, complejos turísticos, campos de golf con chalés en el hoyo adecuado, dineros ingresados en cuentas fuera del país, han servido, una vez más, como palabras que definen un panorama por demás corrupto y miserable, pero sobre todo, ilustrativo de un sistema podrido en su raíz.


San Sebastián de los Reyes

El alcalde de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino (PSOE), declararó en calidad de imputado por una presunta prevaricación y malversación de fondos en el Ayuntamiento de la localidad en el llamado 'caso de las vallas'.

El proceso se refiere a irregularidades en la instalación y cobro de las vallas publicitarias en terrenos municipales y a la concesión de los derechos de explotación de los monopostes publicitarios a empresas presuntamente vinculadas con el partido socialista.

También estaban citados a declarar mañana como imputados ante el juzgado número 7 de Alcobendas el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro (PSOE), el anterior edil de Obras e Infraestructuras, Julián González (PSOE), y el secretario de Organización de los socialistas de 'Sanse', Saturnino Ureña, quien fue concejal en Ciempozuelos cuando gobernaba Joaquín Tejeiro, ex alcalde de este municipio, que fue acusado de cohecho y blanqueo de dinero.

El proceso comenzó el pasado noviembre a consecuencia de la denuncia presentada por una empresa concesionaria hasta 2002 de la instalación y mantenimiento de los monopostes, pequeñas vallas publicitarias donde se anuncian los comercios del municipio. El procedimiento que usó el Ayuntamiento para su adjudicación estaba inducido para que la concesión se realizara a favor de una determinada empresa, vinculada presuntamente a miembros del PSOE, según la denuncia que fue admitida a trámite.


Quijorna


La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que, tras abrir “diligencias de investigación” contra la alcaldesa del municipio madrileño de Quijorna, la popular Mercedes García Rodríguez, y otros cuatro concejales del ayuntamiento por corrupción urbanística, trasladará la investigación al juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles para dar continuidad al proceso judicial.

Noticias relacionadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido no archivar la denuncia que el Grupo Independiente de Quijorna interpuso contra la alcaldesa (PP) y cuatro concejales por la firma presuntamente irregular de un convenio que reducía drásticamente la construcción de viviendas de protección oficial en terrenos del ayuntamiento. Con este paso se inician las diligencias judiciales contra los imputados en un juzgado de Instrucción, al que se han remitido tanto las diligencias previas como las diligencias de investigación que realizó el TSJM.

Reducción de la vivienda protegida

La denuncia contra el equipo de Gobierno de Quijorna se interpuso tras la firma de un total de 37 acuerdos para construir viviendas. Estos acuerdos redujeron del 50 al 10 por ciento el número de viviendas de protección oficial, en contra de lo estipulado en la Ley del Suelo madrileña.

Con el apoyo de PP y PSOE

Estos convenios salieron adelante en agosto de 2006 con el apoyo de la acaldesa, y dos concejales del PP, junto a los votos favorables de dos concejales socialistas. Estos últimos fueron inmediatamente expedientados y está previsto que sean expulsados próximamente del PSM.

La alcaldesa, acusada también de malversación

La alcaldesa del municipio, por su parte, tiene abierto otro proceso judicial por haber pagado para su defensa en este caso a abogados del bufete del polémico ex juez Gómez de Liaño con fondos municipales, algo que no permite la ley.


Pruna


Los once miembros del Ayuntamiento -la alcaldesa socialista y sus cuatro concejales, cuatro de IU y dos del PP- dimitieron, de común acuerdo, el pasado martes. Unas horas después, presionados por su partido, la alcaldesa y sus concejales volvieron al gobierno.

Al parecer, la alcaldesa dijo a los otros grupos que el PGOU que preparaban desde 1995 iba a ser rechazado por la Consejería de Obras Públicas. "Estábamos preocupados por el pueblo, la alcaldesa llevaba 20 días contando casas y haciendo números para no rebasar los límites de crecimiento permitidos por el POTA. Por eso tomamos esa decisión, entre todos", explican los portavoces del PP e IU, Diego Toledo y Juan García.

La regidora María Eugenia Rodríguez anunció, escoltada por dos secretarios comarcales del PSOE, que había "reconsiderado" su dimisión y postergaba, visiblemente azorada la reunión en la que debía dar explicaciones. Por su parte, IU y PP aseguraron que no volverán al ayuntamiento hasta que obtengan garantías de que la Junta aprobará el plan.

El desconcierto de la oposición fue en aumento cuando Obras Públicas anunció que el PGOU prunense cumple la normativa del POTA y que el plan no ha sido rechazado porque, entre otras cosas "aún no pasado por la Comisión Provincial de Urbanismo".


Carboneras


El PSOE de Almería reiteró hoy que el indulto al ex alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, acordado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre, se rigió "rigurosamente" por el procedimiento legal previsto y se concedió en virtud de los criterios establecidos por el Ejecutivo central para decidir si la excepción al cumplimiento de las penas está justificada.

En una nota remitida a Europa Press después de que el PP solicitara el pasado día 1 la comparecencia del Ministro de Justicia en el Congreso y la revocación de la medida, el PSOE recordó que el fallo condenatorio del tribunal --por un delito electoral-- se basó exclusivamente en el testimonio del empleado municipal a quien, según sentencia, el alcalde indujo al voto.

Sostienen además que el ex alcalde dimitió de su cargo --dos semanas antes de la concesión del indulto-- "pese a que había sido acordada la suspensión de la condena durante su tramitación" y que contó con respaldo de 10.000 personas residentes en Carboneras y su entorno. "El propio Fiscal --apuntilló el PSOE-- se pronunció a favor de que fuera concedido".

El diputado nacional del PP por Almería, Rafael Hernando, anunció en rueda de prensa que su partido solicitaría la revocación de la medida --que eximió al ex edil de una inhabilitación de seis meses-- porque no se está cumpliendo la condición de no cometer delito doloso en dos años después de su publicación en BOE bajo la que se concedió.

El diputado del PP por Almería informó, asimismo, de la presentación de un acta notarial ante las autoridades judiciales que implican a Cristóbal Fernández en un "soborno" para imputar a dos ediles del Ayuntamiento de Carboneras en una trama de "extorsión y chantaje" de la que aseguró fue víctima.


Ponferrada


El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) imputó ayer al alcalde del municipio, Carlos López Riesco y a los cinco consejeros de la empresa pública del suelo (PONGESUR), por presuntos delitos de prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar en los próximos días por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social.

Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, presentaron una querella contra López Riesco, y los cinco consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación.

Tras ratificarse la querella, el juzgado ha decidido llevarla a trámite, imputando a los seis querellados, que tendrán que declarar entre los próximos días 23 y 26 de marzo, según determina el auto al que ha tenido acceso este periódico.

López Riesco y el resto de los consejeros están acusado de presuntos delitos de prevaricación por ceder presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, propiedad del controvertido empresario leonés José Luis Ulibarri. Las concesiones de terreno se habrían hecho aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal dicha cesión.


Peraleda de la Mata


La Dirección General de Medio Ambiente ha frenado el proyecto presentado en Peraleda de la Mata para poner en marcha "un centro turístico y deportivo de gran magnitud".

En primera instancia la empresa Las Encinas Desarrollos y Proyectos Turísticos --cuyo representante es Guillermo Polanco, directivo del Grupo Prisa-- había presentado una oferta al Ayuntamiento de Peraleda para adquirir 240 hectáreas de la finca de propiedad municipal La Pasada. La oferta alcanzaba los 9.000 euros por hectárea, por lo que de haberse concretado la operación el consistorio habría percibido 2,16 millones de euros. Finalmente el ayuntamiento aprobó la operación con los votos a favor del PSOE y en contra del PP --que reclamaba más información al respecto-- el 3 de agosto del año pasado.

De esta forma, se solicitó permiso a la Junta para poder llevar a cabo la venta de estos terrenos, aunque esta lo ha denegado.

La polémica sobre la oportunidad o no de este proyecto no es nueva y de hecho provocó en su momento una importante división interna en el PSOE. Tanta que el anterior alcalde, el socialista José Manuel Zamora, acabó dimitiendo después de que la agrupación local del PSOE rechazase hasta en dos ocasiones esta iniciativa calificándola de "pelotazo urbanístico".

Finalmente, los dirigentes socialistas de Peraleda decidieron respaldar el complejo turístico en una tercera asamblea celebrada el 18 de julio, días antes del pleno municipal.

El jefe de servicio de la Dirección General de Medio Ambiente, Fernando Toribio, señala que esta iniciativa aún "estaba en fase de consulta previa y no era un proyecto como tal". Lo cierto es que, tal y como explicó el actual alcalde, el también socialista Manuel Sánchez, si finalmente prospera el proyecto se publicará un pliego de condiciones que permita competir en igualdad de condiciones a todas las empresas interesadas.


Barbastro


El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, declarará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad el próximo 11 de abril, en calidad de imputado, en las diligencias previas que se instruyen a raíz de la denuncia del PP por la polémica venta de unos terrenos situados en el Polígono Industrial “Valle del Cinca” por parte del empresario Javier Blecua al Ayuntamiento de Barbastro, por un precio veinte veces mayor del que le costaron hace un año.

El titular del Juzgado barbastrense tomará declaración, en fechas posteriores, y en calidad de testigos, a los dos propietarios originales de los terrenos y a la persona que les representó como apoderada, a tres funcionarios municipales, a la interventora del Ayuntamiento, que puso seis reparos a la operación, y a dos técnicos que intervinieron en la tasación de terrenos.

En la relación de testigos figura, también, el vecino que denunció la inclusión de una finca de su propiedad en la opción de compra entre el Ayuntamiento y Javier Blecua, situación que denunció el lunes pasado en el Juzgado de Barbastro.


Caudal


El plan de expansión urbanística de la estación de San Isidro sigue envuelto en una importante polémica política. El PSOE leonés ha anunciado su intención de acudir a la fiscalía para que investigue un supuesto «pelotazo urbanístico» en la estación invernal. Los socialistas argumentan sus sospechas en que la firma Ski Golf Resort, promotora del proyecto, habría «subcontratado» a la empresa asturiana Contratas Iglesias la construcción de un complejo hotelero de lujo a pie de pistas, favoreciendo, a juicio del PSOE, «un proceso especulador con muchos millones de euros de por medio».

Los socialistas leoneses aseguran que Ski Golf Resort, que también cuenta con capital asturiano y cuya cabeza visible fue el desaparecido Paquito Fernández Ochoa, se hizo con los terrenos destinados a la expansión de San Isidro para desarrollar todo el proyecto, sin parcelaciones, algo que ahora se incumpliría con el acuerdo para que sea Contratas Iglesias quien levante un hotel de cinco estrellas y tres edificios de apartahoteles.


Chiclana

El actual concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Muriano Ayán (PSOE), diseñó y dirigió las obras de un hotel ilegal construido en el término municipal chiclanero y que fue regularizado con la entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), hace apenas dos años.

Antes de salir elegido concejal en las elecciones municipales de mayo de 2003, Muriano, arquitecto de profesión, diseñó y dirigió las obras de construcción del Hotel Cortijo Los Gallos, pese a que la parcela en la que se edificó era de uso comercial no hotelero, según reflejaban las Normas Subsidiarias vigentes en ese momento y según constataron posteriormente informes técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y hasta un perito judicial. Además, el inmueble superaba la edificabilidad permitida e invadía linderos, cuestiones que tuvieron que ser subsanadas mediante proyectos de reforma posteriores redactados por el propio Muriano.

Una denuncia de un particular provocó la incoación de expedientes sancionadores por parte de la GMU, que terminó archivando el caso días antes de que Muriano obtuviera su acta de concejal.


Amorebieta


El precio del metro cuadrado en la localidad vizcaína de Amorebieta sube como la espuma. Tanto es así, que unos terrenos propiedad del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe fueron vendidos a través de la sociedad estatal Socade a la empresa de forjados Forging Products por valor de 2,18 millones de euros. Acto seguido y ante el mismo notario, Forging vendió por más del doble esos mismos terrenos a una promotora, Umpro 2000, concretamente por 5,11 millones de euros. Esto es lo que se llama dinero rápido.

La operación tuvo lugar el pasado 24 de noviembre de 2004 ante la notaría del colegiado Antonio Ledesma García, según documentación consultada por este diario. ¿El beneficiado? José Miguel Arrieta Heras, propietario de GABA XXI, matriz de Forging Products. Se da la circunstancia que Arrieta Heras es hermano de José Ignacio Arrieta Heras, ex consejero de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno del PNV de José Antonio Ardanza, según indicaron a El Confidencial fuentes políticas vascas.

Socade, sociedad pública de capital desarrollo, tal y como define el Gobierno vasco, recibió gratuitamente en 1999 la propiedad de cuatro fincas, tres de ellas calificadas como rústicas y una cuarta urbana. El 23 de julio de 2003, la secretaria del Ejecutivo regional Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain autorizó a Socade la venta de dichos terrenos a Forging Products valorando los mismos en 2.182.093 euros, con una de esta dos condiciones: una, que la citada empresa de forjados efectuara su actividad industrial en estos terrenos; o dos, que lo hiciera en otra zona siempre que perteneciera al término municipal de Amorebieta.

Forging Products optó por la segunda opción y se comprometió a construir naves industriales donde estaba ubicada otra empresa, Sistemas de Forjados de Precisión, por entonces en suspensión de pagos. Tanto Forging como Sistemas de Forjados forman parte de GABA XXI y, por tanto, pertenecen a José Miguel Arrieta Heras, tal y como reza en el Registro Mercantil. Todo quedaba en casa, se cumplía con los compromisos adquiridos con la Administración vasca y no existía anomalía alguna.

Sin embargo, la sorpresa llegó el día de la firma de escrituras, pues si el número de protocolo de la venta de Socade a Forging era el 4.950 en la citada notaría. El de la venta de Forging a la promotora Umpro 2000 de los mismos terrenos era el 4.951. Es decir, se realizó una doble venta el mismo día y ante el mismo notario. Sin embargo, la cifra de adquisición era muy distinta: 5.108.603 euros. De esta cantidad, un millón ya había sido percibido por Umpro, según consta en un aval bancario del Banco Popular consultado. Al respecto de esta operación, Forging Products no ha querido hacer comentario alguno a este diario.

Negocio redondo y rápido

De los 5,11 millones de euros que tuvo que pagar Umpro, hay que restar 1,5 millones en concepto de las obras que Forging se había comprometido a desarrollar en los terrenos de Sistemas Forjados de Precisión. Esto es, la compañía de Arrieta Heras se embolsó 1,43 millones de euros de un plumazo. Negocio redondo.

Así las cosas, el Gobierno vasco ha perdido 2,93 millones de euros en una venta de terrenos en beneficio de un empresario allegado al partido gobernante, el PNV. Y todo con plena conciencia de ello, ya que toda la operación se realiza en presencia de José María Losada por parte de Socade, José Antonio Ros Leseduarte en nombre de Forging Products S.A., Lázaro Achotegui Sarasqueta en nombre de Sistemas Forjados de Precisión, el propio José Miguel Arrieta Heras en nombre de GABA XXI, SL que actuó como fiador solidario y Ernesto Martínez Rodríguez en representación de Umpro 2000.


Castilla y León

El juez de instrucción número 1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto. El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.

Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.

Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.

En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.

El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.

Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.

El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.

El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.

El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.

Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.





Fuentes: AGENCIAS/El País/El Confidencial/El Mundo/ElPlural


*inSurGente.org - Miércoles, 21 marzo
Viñeta inSurGente

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Encierro en una oficina bancaria de Barcelona por el derecho a la vivienda

EFE* : "Una veintena de miembros de la plataforma popular 'V de Vivienda' se encerró en Barcelona en una oficina bancaria para denunciar simbólicamente a las entidades financieras como unas de las responsables de que se vulnere el derecho a la vivienda en España. Los jóvenes decidieron celebrar su asamblea en el vestíbulo de la sucursal situada en la calle Ciutat de Barcelona como acto de protesta por el beneficio que estas entidades obtienen a costa de las abusivas hipotecas que pagan las personas que quieren acceder a una vivienda de propiedad.


Adrià, uno de los jóvenes que permanece encerrado en el cajero, ha lamentado, en declaraciones a Efe, la "falta de voluntad y valentía política" que existe para solucionar el problema del acceso a la vivienda, que "debería ser un derecho" equiparable a la sanidad o la educación.

"Las decisiones políticas están coartadas por estos grupos de poder, que se están haciendo de oro a costa de las hipotecas mientras perjudican a la gran mayoría", ha señalado Adrià, que asegura que hacen falta medidas decididas para dar respuesta a este problema, como erradicar los pisos vacíos y construir más pisos de protección oficial.

Para reclamar el derecho a la vivienda, esta plataforma ha convocado para el próximo sábado 24 de marzo una manifestación que, bajo el lema "Va a ser que no", recorrerá el centro de Barcelona y el de otras ciudades españolas como Madrid, Logroño, León, Tarragona y Toledo, entre otras poblaciones.



*El Mundo - SuVivienda - martes 20/03/2007
Foto: 'Sentada' en vestíbulo del banco. (Foto: EFE)

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Los planes de vivienda protegida se han cumplido sólo a medias

R.A.- 20minutos* : "Muchas comunidades no han alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la legislatura. En poco menos de un año se han organizado en España decenas de manifestaciones para solicitar al Gobierno el derecho a vivienda. La primera sentada se llevó a cabo en mayo de 2006 y este sábado 49 ciudades vuelven a estar convocadas para pedir soluciones a este problema. Las comunidades se comprometieron a llevar a cabo planes de vivienda protegida, que sólo se han cumplido en parte:


Valencia: El Ayuntamiento prometió en 2003 crear unas 9.000 VPO, sin embargo, hasta el momento sólo ha construido 4.638.

Cataluña: En la pasada legislatura (2003-2006) se prometieron 42.000 pisos, pero sólo se iniciaron 35.000. Para la presente legislatura (2006-2010) se han comprometido a construir 50.000.

Comunidad de Madrid: De 2004 a 2006 se iniciaron 60.000 viviendas protegidas, de las que se terminaron cerca de 40.000.

Aragón: En 2003, en Zaragoza se prometieron 8.000 VPO. A lo largo de la legislatura se han hecho o se están construyendo 9.100 pisos protegidos. En el total de la comunidad (incluida Zaragoza), el compromiso del Gobierno autonómico era llegar a las 12.000 VPO. A falta de los datos definitivos, se han dado más de 12.000 calificaciones.

Andalucía: En Sevilla, Emvisesa (empresa municipal de la vivienda de Sevilla) se comprometió a construir 6.700, de las cuales, 1.972 están terminadas y entregadas y 545 se entregan este mes. Otras 2.493 se encuentran ya en obras y 1.363 viviendas están en trámites. En Málaga se comprometieron a construir 7.000 VPO, aunque hasta el momento se han realizado 1.400, mientras que en Granada capital se han entregado 354 durante el actual mandato.

Murcia: En 2003, en la ciudad se prometió suelo para 5.000 VPO y sólo se han hecho 577, de las que sólo se han entregado 145.

Bilbao: 8.100 viviendas se comprometieron a construir entre 2003 y 2007. Se han realizado 1.463.

Galicia: En A Coruña se prometieron 10.000 viviendas protegidas este mandato, de las que se han construido 2.000. En Vigo no se estableció una cantidad determinada de viviendas para construir durante la legislatura, pero se comenzaron a construir 2.199, de las cuales, 720 están ya terminadas (son VPA-protección autonómica).

Otras iniciativas del Gobierno

En marzo del año pasado, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, presentó una web, creada por el Consejo de la Juventud de España, que ofrece a los jóvenes otras vías para encontrar casa. Obviamente, no podemos conseguirte casa, decía su lema, y regalaban un par de zapatillas para recorrerse la ciudad en busca de piso. La propuesta de ofrecer minipisos también creó polémica, aunque más tarde se concretó que esta actuación (incluida dentro del Plan Vivienda 2005-2008) iría destinada a estudiantes universitarios.

Las propuestas en esta materia

Lo que se dijo...

Minipisos: Una vivienda de 30 metros cuadrados. Esta propuesta fue recibida de forma muy crítica en mayo de 2006, cuando se produjeron las primeras sentadas por la vivienda digna, y estaba previsto que se englobase dentro del Plan de Vivienda. En nuestro país hay censadas más de 56.500 viviendas de estas proporciones.

Pisos vacíos: La publicación por parte de un diario nacional de que con la Ley del Suelo el Gobierno podría expropiar pisos vacíos hizo saltar la alarma. Además, el Parlamento catalán aprobó en febrero un proyecto de ley que propone la posibilidad de expropiar pisos desocupados para su salida al mercado del alquiler.

Plan Vivienda 2005-2008: El Ministerio anunció que duplicaría la dotación presupuestaria del programa anterior (2002-2005) con 6.822 millones de euros y que ampliaría en un 63% el número de actuaciones anuales respecto al anterior proyecto. Además, contemplaba para menores de 35 años ayudas a la entrada de hasta 10.000 euros.

... Así queda

Programa de Vivienda Universitaria: Finalmente, los minipisos de entre 30 y 45 metros cuadrados serán 10.000 apartamentos que serán alquilados a estudiantes universitarios por un precio de entre 75 y 200 euros al mes. El alquiler será rotatorio, con un plazo de ocupación máximo de cinco años.

Ayudas al alquiler: El Ministerio de Vivienda respondió que la expropiación no entraba dentro "de sus competencias", algo que "corresponde a las comunidades". "En lugar de sancionar a los propietarios", se les "incentiva" con ayudas y garantías, indicaron.

Plan Vivienda 2009-2012: Mª Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, anunció que el objetivo del próximo plan será el alquiler, haciendo desaparecer "la vivienda protegida en propiedad".

El sueldo se va en la casa: El Consejo de la Juventud recordó el pasado mes de noviembre que la vivienda seguía siendo el problema de los jóvenes y señalaron el necesario aumento de las ayudas directas para este sector de la población.



*20minutos.es - 21.03.2007
Foto: 'Dormida' al raso en Madrid por una vivienda digna - 22/03/07 - 20minutos (Jorge París)


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Reivindicaciones sobre precariedad y vivienda de la Asamblea de Madrid

*La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid nació con la voluntad de organizar el impulso y la movilización social surgida de las sentadas espontáneas por la vivienda digna a partir del 14 de mayo de 2006, y como forma de apoyo y autodefensa ante la desmesurada y represiva respuesta policial a un movimiento ciudadano y pacífico. Desde sus inicios, la Asamblea consideró que la lucha por la vivienda digna no podía parcelarse del resto de la realidad socioeconómica, especialmente de un problema tan grave como es la creciente precariedad vital y material que soportamos.


El acceso a la vivienda digna…

El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.

Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la Asamblea reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para garantizar este derecho hay que sacar a la vivienda del mercado y del mercadeo, son necesarios cambios legislativos (modificación de la Constitución), disponer de un amplio parque de alquiler social (público o interviniendo las viviendas vacías) y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.

Mientras no se garantice el derecho efectivo y real a una vivienda y a una vida digna, la okupación de viviendas vacías y edificios abandonados para habitarlos o para convertirlos en centros sociales abiertos al barrio seguirá siendo un instrumento de resistencia legítimo frente a la exclusión vital que promueve el mercado. Desde este análisis, apostamos por la despenalización de la ocupación.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO

Las propuestas de la Asamblea se resumen en cuatro ejes en materia de vivienda, urbanismo y suelo:

1) Priorizar el uso de las viviendas vacías y de la ciudad ya existente. Se debe apostar por la rehabilitación y mejora de las viviendas y la ciudad ya existente frente a la constante expansión y construcción de nuevas viviendas y ciudades. Debe darse un uso social a las viviendas vacías, fijando para ello un fuerte impuesto sobre estas viviendas en aquellas zonas con necesidad urgente de vivienda. Para evitar el impuesto, el propietario podrá ceder la vivienda vacía a una bolsa pública de alquiler que la gestionará, cobrando un alquiler no lucrativo que cubra los gastos de mantenimiento y conservación de la vivienda, que permitan devolverla en perfecto estado a su propietario cuando éste pueda acreditar un uso legítimo de la misma.

2) El suelo y el territorio es un recurso frágil y limitado que debe ser protegido, por lo que debe establecerse una moratoria a la urbanización de nuevo suelo, hasta que se justifique su necesidad social. Se debe abaratar el suelo para uso social: Sin disponer de suelo asequible, difícilmente podrá implementarse una política pública de vivienda. Para ello una de las fórmulas posibles tendría cabida en la Ley del Suelo y consiste en valorar el suelo rural a precios agropecuarios, desligándolo de los precios inmobiliarios. Otras opciones pasan por reservar a la iniciativa pública toda la capacidad urbanística o por expropiar sin indemnización los solares vacíos de las ciudades para uso social.

3) Allí donde la actuación sobre las viviendas existentes no sea suficiente y se necesite nueva vivienda, se promoverá la construcción, mediante una constructora pública, de parques de vivienda pública en alquiler social. Nadie debe lucrarse con el dinero público destinado a garantizar una necesidad social básica y las condiciones dignas deben alcanzar tanto al trabajador que construye esas viviendas como a los que las habiten. El gasto público en vivienda debe destinarse a promover este parque de vivienda social de alquiler, reorientando la política actual centrada en subsidiar la compra y la propiedad de la vivienda.

4) El planteamiento que debe englobar el acceso digno a una vivienda va más allá de las cuatro paredes de la vivienda y engloba el modelo de ciudad y de urbanismo, de transportes, de servicios públicos y equipamientos sociales, de relaciones sociales y territoriales que genera,… Y este modelo debe impulsarse y surgir de la participación democrática, activa y directa de los ciudadanos y concretarse en la aprobación por referéndum de los planes de urbanismo. En definitiva, englobar estas propuestas en un urbanismo al servicio de los ciudadanos, no del mercado ni de los propietarios del suelo.



CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO

… Y la lucha contra la precariedad

La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes (¡ningún ser humano es ilegal!) sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.

La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.

La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.

Desde la Asamblea defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.

Algunas medidas para combatir la precariedad serían:

1) El establecimiento de una renta social básica universal, que permita empezar a romper el chantaje establecido por unas condiciones sociolaborales a la baja.

2) Reparto del trabajo sin reducción salarial, como forma de reapropiación de la riqueza generada.

3) Actuar sobre los elementos más graves de precariedad laboral: el abuso de los contratos temporales generalizados y descausalizados y su encadenamiento, eliminación de las ETT´s y otras fórmulas similares (subcontratas, empresas de cesión de trabajadores y prestación de servicios), fuerte subida del salario mínimo, actuar sobre las causas de los accidentes de trabajo,…

4) Acabar con la mercantilización y/o privatización de las empresas y servicios públicos, que restringen nuestra ciudadanía y participación democrática a la de meros consumidores. Cuestionar el modelo vigente que da todo el peso económico al sector privado y limita la actuación pública y colectiva a la de mero espectador.

5) Recuperar la existencia de una banca pública, que permita el acceso más asequible a la financiación e incorpore criterios sociales a su gestión.

6) Impulso al autoempleo, las cooperativas y otras formas de trabajo y economía social, que permitan ir abriendo brecha en la lógica actual del lucro privado como motor de la sociedad y la actividad.



*escrito por antiespantaviejas - martes, 20 de marzo de 2007

*madrid.vdevivienda.net


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El Aljarafe se rebela

AntonioRODRÍGUEZ ALMODÓVAR.- EL PAÍS* : "Cuando se construye una casita en un monte, acaba formando parte del paisaje. Cuando se construye un hotel, el paisaje acaba formando parte del hotel. Lo que antes era de todos, ahora es de unos cuantos. Esta sencilla premisa, que vale también para playas y acantilados, parques, etcétera, debería figurar en alguna ley que tuviera por eje el más delicado y público de todos los derechos: el derecho al paisaje. Por lo menos hasta que los ricos deciden privatizarlo, con la anuencia de munícipes bobos, o blandos, o cómplices.


Se entiende así que el Algarrobico se haya enseñoreado de una de las cumbres más famosas del enredo administrativo (y camino va de adueñarse ahora de quince millones de los contribuyentes). Que en el entorno protegido de Medina-Azahara existan 400 parcelas ilegales, esta vez de la mano del Ayuntamiento de Córdoba (¿tú también, Rosa?). Que en los alrededores del Parque Natural de Sierra de las Nieves, el ayuntamiento de Ronda pretenda autorizar 800 chalés, dos hoteles de lujo y el consabido campo de golf. (De "golfos", dice la ocurrencia popular). O que alrededor del precioso jardín diseñado por Forestier en 1928, en Castilleja de Guzmán, del Aljarafe sevillano, unos desalmados pretendan apropiarse de las suaves ondulaciones de un paisaje que ya debieron contemplar los habitantes de Tartessos.

Obsérvese que no estamos ante casos "normales", como esos 2.000 chalés ilegales de Almería o las recalificaciones que el dadivoso alcalde de Málaga está dispuesto a conceder a diversas órdenes religiosas para que se embolsiquen hasta quince millones de euros. No, en todos los antes citados se produce un salto cualitativo en la ya aburrida serie de desmanes urbanísticos, cual si las rapaces tuvieran que ascender un poco más en sus oteros: el salto al espacio natural o cultural, ya sea en su interior, ya en el entorno inmediato. La causa es evidente: agotados los terrenos y los ediles fácilmente "comprables", ciertos promotores han iniciado la subida al monte que queda: los espacios y entornos protegidos.
Sucede que al Aljarafe han emigrado muchos especuladores, literalmente expulsados de la ciudad de Sevilla (espero que los votantes lo tengan en cuenta en las próximas elecciones municipales, y que no se olviden de Tablada), y con ellos auténticos lobbies de arquitectos y urbanistas, la mar de progres algunos. Ductilidad profesional, se llama el fenómeno. Todo eso ha contribuido no poco a la congestión urbanística del Aljarafe y a un descenso alarmante de la calidad de vida. Y es lo que sin duda ha hecho también saltar las últimas alarmas de la Junta de Andalucía y de la Fiscalía de Medio Ambiente, además de agotar la paciencia de simples ciudadanos. Esto último es lo que ocurre con una plataforma muy activa (www.aljarafehabitable.es), dispuesta a defender, entre otras cosas, una de las últimas atalayas que quedan sobre el paisaje histórico del Valle del Guadalquivir.

Merecerá la pena detenerse un poco sobre este elocuente caso. Se trata, el jardín de Forestier, de un declarado Bien de Interés Cultural, adscrito a un colegio mayor dependiente de la Universidad de Sevilla. (Por cierto, si se animan a visitarlo, no dejen de asombrarse ante el escudo franquista, de grandes proporciones, que todavía recibe al visitante en el fachada principal y lo despide en la trasera del edificio; o sea, dos por falta de uno). Hace cosa de un año, la propia Consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, fue a visitar esos jardines, advertida por la ciudadanía de un proyecto de urbanización sobre la zona de protección, amparado por el propio Ayuntamiento, cuyo alcalde, curiosamente, había hecho campaña electoral con una aguerrida defensa de esos espacios libres. Sobre la marcha, y cuando la responsable del urbanismo andaluz contempló la maravillosa vista que proporciona el mirador del parque, dijo algo así como "aquí no quiero ver ni una sola casa". Y también sobre la marcha, según las diversas fuentes consultadas, un edil que formaba parte de la comitiva, se fue derecho a un árbol y empezó a darse de cabezazos contra él. El pasado 1 de noviembre, otra mujer, Ana Linares, Fiscal de Medio Ambiente, giró visita al mismo enclave, así como a otro acosado por parecidos peligros, el dolmen de Montelirio, y, a requerimiento de la plataforma ciudadana, ha emitido un primer informe, de fecha 30 de enero, donde dice: "comprobé cómo el daño que se puede causar a ambos [Bienes de Interés Cultural] puede resultar catastrófico e irreparable", y da traslado de su advertencia a las distintas autoridades competentes.

Por otra parte, la Comisión Provincial de Urbanismo acaba de rechazar, en su reunión de febrero, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) similar, el de Castilleja del Campo. Según se dice, junto con Huércal-Overa (Almería) y Albolote (Granada) son las primeras "víctimas" del POTA, el flamante Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, que impide a todos los municipios proyectar incrementos de población superiores al 30%. Con esos antecedentes, todo permite esperar que el PGOU de Castilleja de Guzmán tampoco salga adelante. Pero crucemos los dedos.



*ELPAIS.com - 21/03/2007

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La Fiscalía se ve desbordada por las denuncias urbanísticas

AGENCIAS* : "La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertó ayer de que la plantilla de fiscales especializados en Medio Ambiente es "insuficiente" y tiene un "problema de personal" ante el volumen de casos urbanísticos que está tramitando y que "ha desbordado" las previsiones.


Ésta fue una de las conclusiones de la reunión mantenida en el Parlamento autonómico por la Fiscalía del TSJA y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la cuarta de este tipo de citas entre ambas instituciones, en la que abordaron los delitos o infracciones relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo y la protección del patrimonio histórico y cultural.

Luis Carlos Rodríguez León, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos del TSJA, que tildó de "fundamental" la colaboración con la institución del Defensor del Pueblo, aseguró que esta relación ha dado como consecuencia un "óptimo" resultado en el desarrollo del trabajo de la Fiscalía.

Al ser el urbanismo el motivo de queja más abundante en el Defensor del Pueblo, la Fiscalía ha realizado un "esfuerzo especial" en esta materia, aunque Rodríguez León se mostró partidario de "ampliar" la actividad fiscal al medio ambiente y la protección del patrimonio histórico.

Sin embargo, el coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente no ocultó que la plantilla de estos fiscales del TSJA (dos especializados en cada Audiencia Provincial, salvo en Sevilla en la que hay cuatro) es "insuficiente" teniendo en cuenta el número de asuntos tramitados, que "ha desbordado" las previsiones, por lo que hay un "grave problema" de personal. Adelantó, en este sentido, que la próxima publicación de la Memoria del TSJA pondrá de manifiesto el crecimiento del volumen de delitos urbanísticos que, en el caso de la provincia de Sevilla, "se ha multiplicado por cuatro" en un año, un aumento -comentó- que la comunidad se ha duplicado.

En materia de agua y ante la época de sequía, abogó por tomar medidas administrativas y penales en relación a la protección del agua, así como por evitar y perseguir los vertidos contaminantes.

El coordinador de los fiscales se mostró además partidario de actuar contra los propietarios de los pozos ilegales "siempre que la ley penal lo permita", y recordó que el Código Penal "sólo" cita al agua en cuestiones como la salud pública y los vertidos, por lo que defendió una reforma.



*diariodesevilla.es - Miercoles, 21 de Marzo de 2007

Foto: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada / andaluciajunta

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El Parlamento Europeo solicita subvenciones comunitarias para el problema de la vivienda

EFE* : "La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta no de ley en la que define el acceso a la vivienda como un derecho "fundamental" y pide ayudas comunitarias para garantizarlo. El texto, aprobado por 45 votos a favor y 3 en contra, sostiene que el "derecho a una vivienda adecuada a un precio razonable es un importante derecho fundamental que está reconocido en diversas Cartas Internacionales y Constituciones de los Estados miembros" de la UE.


Por ello, pide a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que amplíen el alcance de sus actuales programas de ayuda a la vivienda de forma que no cubran sólo a los nuevos Estados miembros, sino a todo el territorio de la UE. Además, reclama a la Comisión Europea que fije estándares mínimos de calidad comunes para todos los países de la Unión a partir de los cuales una vivienda pueda considerarse digna.

"En los últimos diez años, los precios de la vivienda se han incrementado de forma constante en casi todos los países de la UE. Este encarecimiento ha reducido la capacidad de las familias para consumir otros bienes, lo que, a largo plazo limita el crecimiento", advirtió el autor del informe, el liberal italiano Alfonso Andria.

El texto también aboga por promocionar el uso de las tecnologías y materiales más eficientes y menos nocivos para el medio ambiente en la construcción. Tras su aprobación en la comisión parlamentaria, el texto deberá ser debatido y votado en el pleno de la Eurocámara, previsiblemente el próximo mayo.



*elmundo.es - SuVivienda - martes 20/03/2007

Foto: Exterior Parlamento Europeo - Estrasburgo / archivo

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Altea modifica el PGOU para construir un 20% más

SergiCASTILLO.- EL PAÍS* : "El proyecto supone la construcción de 5.775 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, tres áreas comerciales y cuatro zonas hoteleras en el entorno del río Algar, lo que significa duplicar la población actual de Altea, con cerca de 20.000 nuevos habitantes. La modificación del PGOU implica construir un 20% más y un cambio radical en la realidad física de este municipio del litoral con una importante presión urbanística.


El PGOU vigente cumple 27 años, cuando la vigencia habitual es de entre 10 y 15. Esta circunstancia permite a los promotores "aprovechar las lagunas e imprecisiones" e ir "planificando sobre la marcha", según la oposición. La modificación puntual que ya tiene luz verde afecta a 7 millones de metros cuadrados: de un lado el plan parcial Los Puentes del Algar de Altea Futura (grupo Ballester) reclasifica 2,3 millones de metros cuadrados, y por otro, la desclasificación de otros 4,6 millones de metros de monte en los que hasta ahora se podía construir. Este es el fondo del recurso presentado por cerca de medio centenar de vecinos representados por el abogado Federico López, que impugnan un proyecto con múltiples irregularidades. Prueba de ello es que el consistorio ha tenido que corregir uno de los pilares fundamentales sobre el que se basa: desclasificar terreno urbanizable del plan parcial El Áramo, en sierra Bèrnia.

La urbanización que promueve Ballester no contempla crear viviendas sociales, no dispone de certificado de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y a pesar de eso es defendido por el Gobierno municipal, como un "ejemplo de respeto y protección medioambiental". El concejal de Urbanismo, Jacinto Mulet, impulsor del proyecto junto al primer edil Miguel Ortiz, niega que la protección del monte tenga relación alguna con el plan parcial del río y asegura que "el PP llevaba la propuesta conservacionista en el programa electoral de 1991". Lo cierto es que la consejería de Territorio condicionó la reclasificación del río a esta compensación, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, y la presión de los propietarios privados del monte ha obligado a recular.

El anuncio oficial de la resolución del director general de Planificación y Ordenación Territorial en el Boletín Oficial de la Provincia del 13 de mayo de 2006 dio luz verde definitiva al macro proyecto. La resolución se firmó el 24 de marzo y daba por cumplidos todos los condicionantes impuestos con anterioridad por la Comisión Territorial de Urbanismo el 31 de enero. En esta resolución (impugnada por los vecinos) se señala que el 6 de febrero el Ayuntamiento presentó la documentación solicitada y existía un informe favorable. Entre los condicionantes a los que hacía referencia la comisión territorial figuraba la elaboración del Plan Especial del Río Algar y la desclasificación de los suelos públicos incluidos en el Plan Parcial El Áramo.



*ELPAIS.com - Benidorm - 20/03/2007

Foto: Altea /eldiamenospensado

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La zorra y el gallinero

RafaelTorres.- HeraldodeSoria* : "Los desafueros de la corrupción y de la insensatez urbanísticas que asolan nuestro país tienen su orígen, en buena medida, en un error del que, por democrático, es responsable la propia sociedad española: el de haber puesto a los zorros a vigilar los gallineros. Individuos que con el cargo de alcalde, consejero o concejal creen haber recibido el título de propiedad de una parcela de nuestra geografía, están destruyendo y dilapidando (mediante la edificación masiva, loca y arbitraria) el tesoro comunal de la naturaleza, un tesoro que, por lo demás, ni siquiera nos pertenece a los contemporáneos, sino que hemos de legar en buenas condiciones, incluso mejorado y acrecido si es posible, a las generaciones futuras.


El último plan urdido por esos inversos servidores de lo público, tanto más escandaloso por cuanto se ha utilizado la ley para ponerla al servicio del interés sectario, amenaza con arrasar un enclave protegido, la maravillosa vega de Garray a orillas del Duero, para levantar sobre su ruina ochocientos chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas, un centro hípico y sus correspondientes carreteras e infraestructuras.

La Junta de Castilla y León del PP no quiere que los tribunales de Justicia le chafen este escalofriante proyecto como hicieron con el que impulsó hace poco en Las Navas del Marqués, y llevada por su sentido patrimonialista del territorio y vaya usted a saber por qué otros intereses, ha ideado el modo de burlar su acción: sobre llamar al espanto de cemento que proyecta "Ciudad del Medio Ambiente", cínico apelativo con el que acaso pretende vencer las reticencias de quienes aman y respetan la tierra, ha tramitado el plan por la vía de urgencia y en forma de ley, de modo que sólo el Tribunal Constitucional, compuesto hoy por por una mayoría conservadora (no confundir con conservacionista), podría echar abajo.

Escuchando al Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, apasionado defensor del desaforado proyecto que acabaría con los fresnos, los sauces, los abedules, los meandros, las garzas, las cigüeñas, las águilas pescadoras, los tejones, las nutrias y los gatos monteses que pueblan la vega de Garray, escuchando sus argumentos basados en la rentabilidad económica del malhadado plan, uno se pregunta cómo es posible que ese hombre sea el encargado de velar por lo que, con su adhesión, se pretende destruir.


*heraldodesoria.es - 17 de marzo de 2007
*Rafael Torres es periodista y escritor

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¡Menos casas... y más hogares!


Viñeta de "El Roto" - El País 20/03/07

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Exigen una moratoria urbanística global

Miquel ADROVER.- DiariodeMallorca* : "Los convocantes de la multitudinaria manifestación del pasado sábado reclaman al Govern y al Consell una gran moratoria para reflexionar durante un tiempo y acometer un importante cambio en el modelo territorial de Mallorca. Consideran que las 50.000 personas que se echaron a la calle el sábado en Palma tienen el suficiente peso para que los gobernantes, tanto los actuales como los que saldrán de las elecciones del 27 de mayo, escuchen las revindicaciones. Entidades como el GOB, la Plataforma del Parcs de les Vies, la Obra Cultural Balear o Salvem la Real, entre muchas otras, exigen que se detenga el "desarrollismo urbanístico en la isla".


La gran moratoria que proponen debe servir para aplicar medidas contundentes que den un vuelco al modelo urbanístico que ha imperado en Mallorca en los últimos años. Para ello abogan por aplicar medidas como la modificación del Plan Territorial de Mallorca; la implantación de un sistema de control de licencias en los ayuntamientos, como por ejemplo las cuotas anuales, y la protección de más espacios naturales.

El presidente del GOB, Macià Blázquez, defiende un modelo territorial equilibrado. "Nosotros creemos -apuntó Blázquez- que después de lo del sábado es preciso que en Mallorca se realice un planteamiento global y se reconsidere el modelo que hemos tenido en los últimos años. Por ello apostamos por una gran moratoria, la implantación de la ecotasa y, naturalmente, más espacios naturales protegidos".

El presidente del GOB también habló de medidas mucho más directas, como la "modificación del Plan Territorial para que se paralicen las 1.500 hectáreas previstas de crecimiento; la desclasificación de suelos urbanizables y la implantación de un sistema de cuotas de licencias que establezca los permisos de obra que puede otorgar cada año un municipio. "Si no se toman este tipo de medidas estamos abocados a convertir Mallorca en un lugar masificado como la Costa del Sol", concluyó Blázquez.

Àngels Fermoselle, portavoz de la Plataforma Parc de les Vies, una de las más activas en la organización de la manifestación, dejó claro que "la gallina de los huevos de oro se está acabando con este crecimiento desbocado". Fermoselle también aboga por "parar" este modelo mediante una moratoria o alguna figura similar: "La política del PP está poniendo en peligro la economía de esta isla y es preciso planificar un modelo mucho más racional".

Plataformas como la del Parc de ses Vies, la Façana Marítima o Salvem la Real apuntan que en la manifestación del pasado sábado también quedó claro que la ciudadanía "protesta contra los políticos que no escuchan y castigan a las entidades que les tienden la mano".

Aina Calafat, portavoz de Salvem la Real, es partidaria de "paralizar como sea el crecimiento territorial de Mallorca". Considera que tras la protesta del sábado los políticos "deben escuchar" y teme que si el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, "acabarán con la isla".

Los responsables de la Obra Cultural Balear también son conscientes de que la sociedad reclama "parar el crecimiento sin límite que vive Mallorca".




*diariodemallorca.es , Lunes, 19 de marzo de 2007

Foto: Imagen de los manifestantes a su paso por la Rambla / David Martínez.

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El desarrollo urbanístico destruye las zonas forestales

*Ecologistas en Acción denuncia que la actividad urbanística es una de las principales causas de destrucción de la superficie forestal, que en la última década se ha reducido en 250.783 ha (una superficie similar a la provincia de Vizcaya) en el Estado español. En los últimos años se ha producido una importante involución en la protección del suelo forestal de tal forma que se están aprobando proyectos urbanísticos descabellados que arrasan cientos de miles de árboles y miles de hectáreas forestales.


En el periodo 1987-2000, han desaparecido 250.730 ha de suelo forestal, de éstas, 6.536 corresponden a bosques de frondosas, 59.933 a bosques de coníferas, 55.520 a pastizales naturales, 26.436 a zonas de matorral y 157.208 a vegetación esclerófila.

En el mismo periodo se ha producido un incremento de 80.182 ha de suelo urbano y 57.588 ha destinadas a redes de transporte. Gran parte de esta red de transporte corresponde a infraestructuras viarias y trenes de alta velocidad, que dan servicio a las nuevas zonas urbanas. Si además se añade la superficie destinada a zonas de extracción minera y vertederos la cifra asciende a 240.166 ha. Hay que tener en cuenta que la actividad minera abastece de materia prima a la industria de la construcción y los vertederos de inertes albergan los residuos de esta misma actividad.

Además, en los últimos años se ha incrementado ostensiblemente la actividad urbanística, concretamente 800.000 proyectos visados de nuevas viviendas en 2005 y 920.000 en 2006, indicando que en los próximos años la reducción de la superficie forestal va a continuar.

Ecologistas en Acción considera grave y alarmante la dinámica en la que han entrado la mayoría de las comunidades autónomas permitiendo e incluso promoviendo proyectos urbanísticos irracionales sobre terrenos forestales. Entre estos cabe destacar:

· Los proyectos de la ciudad del golf en Navas del Marqués sobre un pinar incluido en zona ZEPA y la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, recientemente aprobada por ley por la Junta de Castilla y León y que afecta al Soto de Garray, también sobre suelo forestal protegido.

· En Cáceres el proyecto Marina de Valdecañas, proyecto promovido por la Junta de Extremadura y que consiste en la construcción de hoteles, apartamentos, villas de lujo, campos de golf dentro de dos islas existentes en el embalse de Valdecañas, dentro de una zona ZEPA

· La Ciudad Agroalimentaria promovida por el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) que se está construyendo sobre terrenos que eran hábitat de aves esteparias

· Recalificaciones en la zona de Serelles, en Alcoi (Alicante) en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de la Sierra de Mariola.

· Construcción de la estación de esquí, con un amplio desarrollo urbanístico, de San Glorio (Castilla y León y Cantabria) afectando a dos espacios protegidos como son el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.

· En Murcia, construcción de 4.000 viviendas y campo de golf en La Zerrichera, en la ZEPA y LIC de la Sierra de Almenara (Águilas).

· En El Puerto de Santa María, Cádiz, el Ayuntamiento y diversas empresas han firmado un total de 25 convenios urbanísticos para recalificar 2,5 millones de m2 de suelo no urbanizable, de los que 500.000 m2 son forestales de especial protección.

· En Aragón, en el municipio de Montanuy se proyecta la ampliación de la estación de esquí de Cerler por la Zona del Valle de Castanesa. Todo ello afecta a terrenos forestales.

· En la isla de Gomera, Canarias, en el Parque Rural de Valle Gran Rey, se está afectando a una montaña y a toda su vegetación para extraer material para la construcción del nuevo puerto de Valle Gran Rey.

· En la Comunidad de Madrid, son muchos los proyectos que pretenden eliminar superficie forestal. Entre estos cabe destacar los nuevos planeamientos generales que están tramitando en 20 municipios de la Sierra de Guadarrama y 8 en la ZEPA de los Río Alberche y Cofio, en total se plantea la recalificación de unas 6.000 ha de terreno forestal, una superficie similar al municipio de Galapagar.

· En el caso concreto de Boadilla del Monte, el Plan General vigente ha recalificado 400 ha del encinar que formaba parte del Monte de Boadilla y ha iniciado los trámites para ampliar el campo de golf de Las Rejas sobre el encinar.

Estos son sólo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el Estado, y Ecologistas en Acción considera muy grave que en todos los casos las administraciones públicas, locales o autonómicas desempeñan un papel fundamental en la promoción y autorización de estos proyectos.

Por ello, coincidiendo con la próxima celebración del Día Forestal Mundial, el 21 de marzo, Ecologistas en Acción reclama que con motivo de las próximas Elecciones Autonómicas y Locales, las formaciones políticas se comprometan a garantizar la protección efectiva de las zonas forestales y a dar un giro radical en las insostenibles políticas urbanísticas de las diferentes administraciones.



*Ecologistas en Acción - Naturaleza 19 de marzo
Foto: E.A.

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Un juez investiga a dos cargos del PP de Castilla y León por una trama urbanística

RafaelMÉNDEZ.- EL PAÍS* : "El juez de instrucción nº1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto.


El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.

Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.

Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.

En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.

El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.

Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.

El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.

El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.

El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.

Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.


*ELPAIS.com - Madrid - 19/03/2007

Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)/ noticias

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Nueva concentración en el Portalet contra la especulación urbanística

EL PERIÓDICO* : "Alrededor de 200 personas se concentraron ayer en el Portalet para denunciar, por cuarta vez, el "desarrollo especulativo-urbanístico" de la sociedad Aramón en el entorno de la estación de esquí de Formigal, una iniciativa convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.


En la concentración, bajo el título Espelunciecha nunca más, se dieron cita representantes de CHA e IU, el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medio Ambiente, Pedro Arrojo, el himalayista aragonés Santiago Sagaste, y el director del programa Al filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro.

Los asistentes desplegaron una pancarta en la que podía leerse Naturaleza irrepetible, destrucción no y comenzaron una campaña de recogida de firmas que, bajo el lema Diálogo por las Montañas, tiene como objetivo efectuar una solicitud a la comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón para que recupere el texto de la Ley de las Montañas, que contó con el apoyo de decenas de miles de aragoneses.

ACTUACIONES EN MONTANUY En esta línea, consideran "grave y urgente" paralizar la intención del alcalde de Montanuy, José María Agullana, de aprobar por la vía de urgencia un nuevo plan urbanístico "que significaría la destrucción del valle de Castanesa (Ribagorza) bajo un macro-complejo urbanístico asociado a la nueva estación de esquí de Aramón-Castanesa", según los convocantes. La movilización comenzó en el Portalet con una excursión guiada hasta el Ibón de Espelunciecha.

Aunque finalmente no estuvo presente el catedrático de Geografía de Montaña, Eduardo Martínez de Pisón, se dio lectura a un texto suyo titulado, igual que la concentración Espelunciecha nunca más. "Hemos asistido aquí desolados a la desfiguración de un paisaje querido y hemos aprendido mucho en esta batalla perdida en la que hemos dejado la candidez pero no el idealismo que, al contrario, ha salido reforzado", señalaba el manifiesto según informó la agencia Efe.

Asimismo, los convocantes insistieron en que no han cesado en el intento de "defender nuestras razones ni la vigilancia con el fin de estar alertas cuando ese modelo aciago quiere extenderse como una plaga por el Pirineo", concluyó.


*EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 19/03/2007

Foto: Defensa de las Montañas. - S.E. (DiarioAltoAragón)

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El problema de la vivienda se agrava en el caso de los hombres y mujeres separados

JorgeSALIDO COBO* : "Según el último barómetro del CIS, la vivienda es el cuarto problema que más preocupa a los españoles. Los altos precios y la continuada ascensión de los tipos de interés han hecho que acceder a una casa sea poco más que una odisea que puede desembocar en hasta 40 largos años de pagos hipotecarios. Pero este difícil panorama se complica aún más si nos fijamos en los matrimonios que se acaban rompiendo.


El hogar paterno, pisos compartidos de alquiler, campings, albergues, centros sociales e incluso coches se han convertido en las principales viviendas de los hombres y mujeres separados en el territorio español. Para intentar cambiar esta realidad, el País Vasco y Madrid mantienen acuerdos en materia de vivienda con las respectivas asociaciones regionales de padres y madres separados. A ellos les dedican un cupo de su lote anual de VPO.

En el 2004, el INE (Instituto Nacional de la Estadística) hizo público que había 132.789 separados o divorciados en España. Hombres y mujeres que, además de tener que hacer frente a su complicada situación social y sentimental, chocan de frente con el problema de dónde marcharse a vivir. En la mayoría de los casos (93%-94%) es el hombre quien se ve desterrado del que era su hogar y un 80% de éstos no tiene dónde ir. Además, arrastran un amplio lastre económico que acota demasiado su nivel de vida. Lo mismo ocurre en el 6%-7% de las mujeres.

En el 2004 había 132.789 separados o divorciados en toda España

En estas circunstancias económicamente difíciles, uno de los cónyuges se ve obligado a cambiar de vida y de casa, tarea ardua. En el mejor de los casos, a un hombre o mujer con dos hijos y con un salario de 2.000 euros mensuales le sobrarían 800 € para pagar su nuevo hogar y los gastos diarios. A la cifra total hay que restarle el crédito hipotecario de su anterior casa familiar (500 € aprox.) y la manutención de sus hijos (700 € aprox.).

El reducido poder adquisitivo hace que estas personas tiren de imaginación para poder vivir lo más dignamente posible. En el País Vasco, los camping han pasado a ser las nuevas 'urbanizaciones' de los separados/as. Hasta un 10%-12%, según Justo Sáenz, presidente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (KIDETZA), acude a estos campamentos para salir del paso en un primer momento.

"A estas personas, que conviven diariamente en estos campamentos o incluso duermen en sus coches, les da vergüenza hacer pública su situación diaria y desde la Federación hemos dado pasos muy importantes, en consenso con la Consejería de Vivienda, para conseguir la máxima equiparación social en materia de vivienda entre el hombre y la mujer. Hemos firmado un acuerdo pionero en España donde se favorece a los ex cónyuges a la hora de acceder a pisos de protección oficial y también hemos creado las condiciones necesarias para favorecer la liquidación de los bienes gananciales", afirma Sáenz.

Más allá de estas medidas oficiales, la KIDETZA también les aconseja cómo conseguir locales bajos y reconvertirlos en vivienda de carácter transitorio. "Hay que tener en cuenta que el problema no sólo afecta a la parte que tiene que abandonar la casa, en la mayoría de los casos, por orden judicial. Suele ocurrir que el cónyuge que se queda con la casa quiere empezar de cero y olvidarse del pasado. Para eso tiene que cambiar de hogar", declara Sáenz.

elmundo.es ha hablado con el propietario de, al menos, uno de los tres camping que acogen a este tipo de personas. "Nosotros sólo tenemos ocupados por separados tres de los 45 puestos fijos con los que contamos. Todos tienen alquilado un módulo y se han traído sus respectivos bungalows. Firman el mismo tipo de contrato que el resto de la gente y pagan 196 € al mes", informa José. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de pisos de alquiler en el País Vasco es otro de los hándicap que juegan en contra de las personas divorciadas.

La Comunidad de Madrid, a través del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), también dedica un cupo de sus VPO a separados. Por primera vez, en 2006 el IVIMA dedicó un tanto por ciento de sus viviendas sociales (alquiler o venta) a este sector social. Sin ir más lejos, en los próximos meses este organismo entregará 2.300 viviendas de alquiler social de las que 202 irán destinadas directamente a los ex cónyuges. El Ministerio, en su Plan Estatal de Vivienda, no hace referencia directa a este sector de personas. Se limita a favorecer el acceso a viviendas pequeñas, los llamados 'minipisos', a jóvenes, divorciados, separados, jubilados, familias monoparentales, etcétera.



*elmundo.es - Su Vivienda - 09/03/2007

Foto: Bungalows tipo de uno de los camping donde residen divorciados. (Foto: ELMUNDO)

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¿Por qué se movilizan los agentes forestales?

JesúsGarcíaJiménez* : "Hoy, los agentes forestales están en plenas movilizaciones en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ayer en Cataluña y mañana será Andalucía u otra comunidad autónoma. Cuando estos funcionarios públicos reivindican ejercer sin trabas y presiones sus potestades de coacción administrativa, lo que realmente piden es que la Administración les permita realizar su trabajo, que es la vigilancia y protección del medio natural, sin discriminar ni colaborar con bolsas de impunidad ante los ilícitos administrativos y penales que atentan contra el medio ambiente y que surgen por la influencia que ejercen determinados sectores sociales en las estructuras político-administrativas de las administraciones públicas.


El caso Andratx, en Baleares, es un claro ejemplo de cómo una denuncia (posible ilícito penal) de un agente forestal ha estado inmovilizada varios meses en algún despacho administrativo, sin llegar al juzgado correspondiente.

Los agentes forestales cuando reivindicamos nuestro tradicional ejercicio de la condición de policía judicial genérica, recogida en la legislación vigente, es para poder investigar delitos como las construcciones ilegales en nuestros terrenos forestales, la caza furtiva de nuestras especies protegidas, la provocación de los incendios forestales en nuestros bosques, la contaminación de nuestro medio ambiente, etcétera, y que cuando de nuestras pesquisas resulte un posible indicio de delito, la denuncia o atestado llegue sin dilación alguna al juez o fiscal competente. Queremos que el trabajo público realizado tenga un sentido social, que nuestras actuaciones sirvan para prevenir atentados contra la naturaleza y el medio ambiente y que, en los casos que no sea posible, se sancione al autor o autores sin ninguna discriminación.

Es intolerable que en 2007, en un Estado de derecho, la genuina policía ecológica de España desde hace más de 130 años, compuesta en la actualidad por unos 5.500 agentes, la quieran algunos gestionar como una guardia pretoriana al servicio de una casta técnica poco evolucionada ante los nuevos retos que plantea la defensa de nuestro medio ambiente.


*Jesús García Jiménez, (vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA))


*ELPAIS.com - 19/03/2007

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