EFE* : "Una veintena de miembros de la plataforma popular 'V de Vivienda' se encerró en Barcelona en una oficina bancaria para denunciar simbólicamente a las entidades financieras como unas de las responsables de que se vulnere el derecho a la vivienda en España. Los jóvenes decidieron celebrar su asamblea en el vestíbulo de la sucursal situada en la calle Ciutat de Barcelona como acto de protesta por el beneficio que estas entidades obtienen a costa de las abusivas hipotecas que pagan las personas que quieren acceder a una vivienda de propiedad.
Adrià, uno de los jóvenes que permanece encerrado en el cajero, ha lamentado, en declaraciones a Efe, la "falta de voluntad y valentía política" que existe para solucionar el problema del acceso a la vivienda, que "debería ser un derecho" equiparable a la sanidad o la educación.
"Las decisiones políticas están coartadas por estos grupos de poder, que se están haciendo de oro a costa de las hipotecas mientras perjudican a la gran mayoría", ha señalado Adrià, que asegura que hacen falta medidas decididas para dar respuesta a este problema, como erradicar los pisos vacíos y construir más pisos de protección oficial.
Para reclamar el derecho a la vivienda, esta plataforma ha convocado para el próximo sábado 24 de marzo una manifestación que, bajo el lema "Va a ser que no", recorrerá el centro de Barcelona y el de otras ciudades españolas como Madrid, Logroño, León, Tarragona y Toledo, entre otras poblaciones.
*El Mundo - SuVivienda - martes 20/03/2007
Foto: 'Sentada' en vestíbulo del banco. (Foto: EFE)
Encierro en una oficina bancaria de Barcelona por el derecho a la vivienda
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Tema: NOTICIAS Cataluña , NOTICIAS VIVIENDA
Los planes de vivienda protegida se han cumplido sólo a medias
R.A.- 20minutos* : "Muchas comunidades no han alcanzado los objetivos propuestos al inicio de la legislatura. En poco menos de un año se han organizado en España decenas de manifestaciones para solicitar al Gobierno el derecho a vivienda. La primera sentada se llevó a cabo en mayo de 2006 y este sábado 49 ciudades vuelven a estar convocadas para pedir soluciones a este problema. Las comunidades se comprometieron a llevar a cabo planes de vivienda protegida, que sólo se han cumplido en parte:
Valencia: El Ayuntamiento prometió en 2003 crear unas 9.000 VPO, sin embargo, hasta el momento sólo ha construido 4.638.
Cataluña: En la pasada legislatura (2003-2006) se prometieron 42.000 pisos, pero sólo se iniciaron 35.000. Para la presente legislatura (2006-2010) se han comprometido a construir 50.000.
Comunidad de Madrid: De 2004 a 2006 se iniciaron 60.000 viviendas protegidas, de las que se terminaron cerca de 40.000.
Aragón: En 2003, en Zaragoza se prometieron 8.000 VPO. A lo largo de la legislatura se han hecho o se están construyendo 9.100 pisos protegidos. En el total de la comunidad (incluida Zaragoza), el compromiso del Gobierno autonómico era llegar a las 12.000 VPO. A falta de los datos definitivos, se han dado más de 12.000 calificaciones.
Andalucía: En Sevilla, Emvisesa (empresa municipal de la vivienda de Sevilla) se comprometió a construir 6.700, de las cuales, 1.972 están terminadas y entregadas y 545 se entregan este mes. Otras 2.493 se encuentran ya en obras y 1.363 viviendas están en trámites. En Málaga se comprometieron a construir 7.000 VPO, aunque hasta el momento se han realizado 1.400, mientras que en Granada capital se han entregado 354 durante el actual mandato.
Murcia: En 2003, en la ciudad se prometió suelo para 5.000 VPO y sólo se han hecho 577, de las que sólo se han entregado 145.
Bilbao: 8.100 viviendas se comprometieron a construir entre 2003 y 2007. Se han realizado 1.463.
Galicia: En A Coruña se prometieron 10.000 viviendas protegidas este mandato, de las que se han construido 2.000. En Vigo no se estableció una cantidad determinada de viviendas para construir durante la legislatura, pero se comenzaron a construir 2.199, de las cuales, 720 están ya terminadas (son VPA-protección autonómica).
Otras iniciativas del Gobierno
En marzo del año pasado, la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, presentó una web, creada por el Consejo de la Juventud de España, que ofrece a los jóvenes otras vías para encontrar casa. Obviamente, no podemos conseguirte casa, decía su lema, y regalaban un par de zapatillas para recorrerse la ciudad en busca de piso. La propuesta de ofrecer minipisos también creó polémica, aunque más tarde se concretó que esta actuación (incluida dentro del Plan Vivienda 2005-2008) iría destinada a estudiantes universitarios.
Las propuestas en esta materia
Lo que se dijo...
Minipisos: Una vivienda de 30 metros cuadrados. Esta propuesta fue recibida de forma muy crítica en mayo de 2006, cuando se produjeron las primeras sentadas por la vivienda digna, y estaba previsto que se englobase dentro del Plan de Vivienda. En nuestro país hay censadas más de 56.500 viviendas de estas proporciones.
Pisos vacíos: La publicación por parte de un diario nacional de que con la Ley del Suelo el Gobierno podría expropiar pisos vacíos hizo saltar la alarma. Además, el Parlamento catalán aprobó en febrero un proyecto de ley que propone la posibilidad de expropiar pisos desocupados para su salida al mercado del alquiler.
Plan Vivienda 2005-2008: El Ministerio anunció que duplicaría la dotación presupuestaria del programa anterior (2002-2005) con 6.822 millones de euros y que ampliaría en un 63% el número de actuaciones anuales respecto al anterior proyecto. Además, contemplaba para menores de 35 años ayudas a la entrada de hasta 10.000 euros.
... Así queda
Programa de Vivienda Universitaria: Finalmente, los minipisos de entre 30 y 45 metros cuadrados serán 10.000 apartamentos que serán alquilados a estudiantes universitarios por un precio de entre 75 y 200 euros al mes. El alquiler será rotatorio, con un plazo de ocupación máximo de cinco años.
Ayudas al alquiler: El Ministerio de Vivienda respondió que la expropiación no entraba dentro "de sus competencias", algo que "corresponde a las comunidades". "En lugar de sancionar a los propietarios", se les "incentiva" con ayudas y garantías, indicaron.
Plan Vivienda 2009-2012: Mª Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, anunció que el objetivo del próximo plan será el alquiler, haciendo desaparecer "la vivienda protegida en propiedad".
El sueldo se va en la casa: El Consejo de la Juventud recordó el pasado mes de noviembre que la vivienda seguía siendo el problema de los jóvenes y señalaron el necesario aumento de las ayudas directas para este sector de la población.
*20minutos.es - 21.03.2007
Foto: 'Dormida' al raso en Madrid por una vivienda digna - 22/03/07 - 20minutos (Jorge París)
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Reivindicaciones sobre precariedad y vivienda de la Asamblea de Madrid
*La Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna de Madrid nació con la voluntad de organizar el impulso y la movilización social surgida de las sentadas espontáneas por la vivienda digna a partir del 14 de mayo de 2006, y como forma de apoyo y autodefensa ante la desmesurada y represiva respuesta policial a un movimiento ciudadano y pacífico. Desde sus inicios, la Asamblea consideró que la lucha por la vivienda digna no podía parcelarse del resto de la realidad socioeconómica, especialmente de un problema tan grave como es la creciente precariedad vital y material que soportamos.
El acceso a la vivienda digna…
El problema de la vivienda es el de un modelo económico y social que ha puesto este país al servicio de la especulación inmobiliaria, con el objetivo de hacer negocio con el suelo y las viviendas, sin importar su coste económico o medioambiental o si alguien las habitará. En este país sobran viviendas para especular (hay más de 3 millones vacías, 300.000 en Madrid), es más caro que nunca acceder a ellas (en compra o en alquiler) y faltan viviendas asequibles para vivir. ¿La causa? La vivienda, una necesidad social básica, se ha dejado en manos del mercado, una mercancía más con la que se especula y mercadea, excluyendo de su acceso a “los no rentables”. Un mercado controlado por un oligopolio de propietarios del suelo, promotoras, constructoras y políticos corruptos que se forran a costa de hipotecar y atar a la precariedad a millones de vidas de por vida, obligadas a aceptar condiciones de esclavitud del siglo XXI en el intento de desarrollar su proyecto vital.
Frente a este modelo de “capitalismo popular del ladrillo”, la Asamblea reivindica que el acceso a la vivienda digna (entendido como alojamiento, no como propiedad) sea un derecho universal, reclamable y equiparado a otros derechos fundamentales como la educación o la sanidad. El objetivo es que en el periodo más breve posible, toda la población que lo desee pueda acceder a una vivienda de alquiler social. Para garantizar este derecho hay que sacar a la vivienda del mercado y del mercadeo, son necesarios cambios legislativos (modificación de la Constitución), disponer de un amplio parque de alquiler social (público o interviniendo las viviendas vacías) y unas Administraciones Públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria.
Mientras no se garantice el derecho efectivo y real a una vivienda y a una vida digna, la okupación de viviendas vacías y edificios abandonados para habitarlos o para convertirlos en centros sociales abiertos al barrio seguirá siendo un instrumento de resistencia legítimo frente a la exclusión vital que promueve el mercado. Desde este análisis, apostamos por la despenalización de la ocupación.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO
Las propuestas de la Asamblea se resumen en cuatro ejes en materia de vivienda, urbanismo y suelo:
1) Priorizar el uso de las viviendas vacías y de la ciudad ya existente. Se debe apostar por la rehabilitación y mejora de las viviendas y la ciudad ya existente frente a la constante expansión y construcción de nuevas viviendas y ciudades. Debe darse un uso social a las viviendas vacías, fijando para ello un fuerte impuesto sobre estas viviendas en aquellas zonas con necesidad urgente de vivienda. Para evitar el impuesto, el propietario podrá ceder la vivienda vacía a una bolsa pública de alquiler que la gestionará, cobrando un alquiler no lucrativo que cubra los gastos de mantenimiento y conservación de la vivienda, que permitan devolverla en perfecto estado a su propietario cuando éste pueda acreditar un uso legítimo de la misma.
2) El suelo y el territorio es un recurso frágil y limitado que debe ser protegido, por lo que debe establecerse una moratoria a la urbanización de nuevo suelo, hasta que se justifique su necesidad social. Se debe abaratar el suelo para uso social: Sin disponer de suelo asequible, difícilmente podrá implementarse una política pública de vivienda. Para ello una de las fórmulas posibles tendría cabida en la Ley del Suelo y consiste en valorar el suelo rural a precios agropecuarios, desligándolo de los precios inmobiliarios. Otras opciones pasan por reservar a la iniciativa pública toda la capacidad urbanística o por expropiar sin indemnización los solares vacíos de las ciudades para uso social.
3) Allí donde la actuación sobre las viviendas existentes no sea suficiente y se necesite nueva vivienda, se promoverá la construcción, mediante una constructora pública, de parques de vivienda pública en alquiler social. Nadie debe lucrarse con el dinero público destinado a garantizar una necesidad social básica y las condiciones dignas deben alcanzar tanto al trabajador que construye esas viviendas como a los que las habiten. El gasto público en vivienda debe destinarse a promover este parque de vivienda social de alquiler, reorientando la política actual centrada en subsidiar la compra y la propiedad de la vivienda.
4) El planteamiento que debe englobar el acceso digno a una vivienda va más allá de las cuatro paredes de la vivienda y engloba el modelo de ciudad y de urbanismo, de transportes, de servicios públicos y equipamientos sociales, de relaciones sociales y territoriales que genera,… Y este modelo debe impulsarse y surgir de la participación democrática, activa y directa de los ciudadanos y concretarse en la aprobación por referéndum de los planes de urbanismo. En definitiva, englobar estas propuestas en un urbanismo al servicio de los ciudadanos, no del mercado ni de los propietarios del suelo.
CON TANTO PISO VACÍO, SE VA A MONTAR UN LÍO
… Y la lucha contra la precariedad
La precariedad es un concepto amplio con muchas caras que cada vez abarca y limita un mayor número de aspectos de nuestra vida: precariedad en el trabajo, en los salarios, en la relación laboral, en las relaciones sociales y en las redes de apoyo mutuo, en la lacra de los accidentes laborales, en la discriminación laboral (sexo, nacionalidad, edad), precariedad como debilidad y desmantelación de los servicios públicos y la protección social,... Los colectivos afectados por esta precariedad son igualmente múltiples: parados, trabajadores sin contratos ni derechos, temporales y precarios, becarios, falsos autónomos y autónomos dependientes, subempleo,…Jóvenes, mujeres e inmigrantes (¡ningún ser humano es ilegal!) sufren en mayor medida la explotación laboral. Una precariedad que antes era un peaje “temporal” a pagar por parte de los jóvenes y que cada vez más se generaliza a toda la población como modelo económico y social permanente, una profunda reforma laboral encubierta que está erosionando las pocas conquistas sociales y laborales alcanzadas.
La carestía de la vivienda (hipoteca, alquiler) y las malas condiciones laborales son dos factores que se retroalimentan: La obligación mensual de hacer frente un pago desmesurado por alojamiento obliga a las personas a aceptar las precarias condiciones laborales que ofrecen los empresarios y a no protestar o reivindicar mejoras ante la amenaza del despido. Este chantaje obliga a aceptar recortes y condiciones laborales a la baja y la necesidad de dos salarios para poder sobrevivir, impidiendo conciliar la vida familiar y personal con la laboral.
La última década de fuerte crecimiento macroeconómico ha generado un aumento considerable de las desigualdades sociales y de renta, explicado en gran medida por el ciclo inmobiliario, la construcción y el encarecimiento de la vivienda. La riqueza del país (el PIB, producto interior bruto) se ha “duplicado” en estos años, pero no todos nos hemos beneficiado en igual cuantía de este crecimiento. De hecho, mientras que la mayoría de los trabajadores y de la población en general ha visto como se estancaba o empeoraba su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, una minoría de empresarios y especuladores ha visto multiplicarse sus beneficios a costa del esfuerzo de la mayoría.
Desde la Asamblea defendemos un acceso más justo de toda la población (y no solo de una minoría) a la riqueza generada entre todos. La lucha contra la precariedad hay que enmarcarla en un proceso de mejoras sociales globales en este país y ligado al impulso del mismo proceso en el resto del mundo (en una economía globalizada, las conquistas sociales se universalizan o perecen fruto de la lógica competitiva capitalista como estamos viendo con las deslocalizaciones). Se debe abogar por otro modelo socioeconómico a nivel global, basado en mayores derechos sociales, económicos y laborales para el conjunto de la población y surgido de una verdadera democracia real, consciente y crítica.
Algunas medidas para combatir la precariedad serían:
1) El establecimiento de una renta social básica universal, que permita empezar a romper el chantaje establecido por unas condiciones sociolaborales a la baja.
2) Reparto del trabajo sin reducción salarial, como forma de reapropiación de la riqueza generada.
3) Actuar sobre los elementos más graves de precariedad laboral: el abuso de los contratos temporales generalizados y descausalizados y su encadenamiento, eliminación de las ETT´s y otras fórmulas similares (subcontratas, empresas de cesión de trabajadores y prestación de servicios), fuerte subida del salario mínimo, actuar sobre las causas de los accidentes de trabajo,…
4) Acabar con la mercantilización y/o privatización de las empresas y servicios públicos, que restringen nuestra ciudadanía y participación democrática a la de meros consumidores. Cuestionar el modelo vigente que da todo el peso económico al sector privado y limita la actuación pública y colectiva a la de mero espectador.
5) Recuperar la existencia de una banca pública, que permita el acceso más asequible a la financiación e incorpore criterios sociales a su gestión.
6) Impulso al autoempleo, las cooperativas y otras formas de trabajo y economía social, que permitan ir abriendo brecha en la lógica actual del lucro privado como motor de la sociedad y la actividad.
*escrito por antiespantaviejas - martes, 20 de marzo de 2007
*madrid.vdevivienda.net
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El Aljarafe se rebela
AntonioRODRÍGUEZ ALMODÓVAR.- EL PAÍS* : "Cuando se construye una casita en un monte, acaba formando parte del paisaje. Cuando se construye un hotel, el paisaje acaba formando parte del hotel. Lo que antes era de todos, ahora es de unos cuantos. Esta sencilla premisa, que vale también para playas y acantilados, parques, etcétera, debería figurar en alguna ley que tuviera por eje el más delicado y público de todos los derechos: el derecho al paisaje. Por lo menos hasta que los ricos deciden privatizarlo, con la anuencia de munícipes bobos, o blandos, o cómplices.
Se entiende así que el Algarrobico se haya enseñoreado de una de las cumbres más famosas del enredo administrativo (y camino va de adueñarse ahora de quince millones de los contribuyentes). Que en el entorno protegido de Medina-Azahara existan 400 parcelas ilegales, esta vez de la mano del Ayuntamiento de Córdoba (¿tú también, Rosa?). Que en los alrededores del Parque Natural de Sierra de las Nieves, el ayuntamiento de Ronda pretenda autorizar 800 chalés, dos hoteles de lujo y el consabido campo de golf. (De "golfos", dice la ocurrencia popular). O que alrededor del precioso jardín diseñado por Forestier en 1928, en Castilleja de Guzmán, del Aljarafe sevillano, unos desalmados pretendan apropiarse de las suaves ondulaciones de un paisaje que ya debieron contemplar los habitantes de Tartessos.
Obsérvese que no estamos ante casos "normales", como esos 2.000 chalés ilegales de Almería o las recalificaciones que el dadivoso alcalde de Málaga está dispuesto a conceder a diversas órdenes religiosas para que se embolsiquen hasta quince millones de euros. No, en todos los antes citados se produce un salto cualitativo en la ya aburrida serie de desmanes urbanísticos, cual si las rapaces tuvieran que ascender un poco más en sus oteros: el salto al espacio natural o cultural, ya sea en su interior, ya en el entorno inmediato. La causa es evidente: agotados los terrenos y los ediles fácilmente "comprables", ciertos promotores han iniciado la subida al monte que queda: los espacios y entornos protegidos.
Sucede que al Aljarafe han emigrado muchos especuladores, literalmente expulsados de la ciudad de Sevilla (espero que los votantes lo tengan en cuenta en las próximas elecciones municipales, y que no se olviden de Tablada), y con ellos auténticos lobbies de arquitectos y urbanistas, la mar de progres algunos. Ductilidad profesional, se llama el fenómeno. Todo eso ha contribuido no poco a la congestión urbanística del Aljarafe y a un descenso alarmante de la calidad de vida. Y es lo que sin duda ha hecho también saltar las últimas alarmas de la Junta de Andalucía y de la Fiscalía de Medio Ambiente, además de agotar la paciencia de simples ciudadanos. Esto último es lo que ocurre con una plataforma muy activa (www.aljarafehabitable.es), dispuesta a defender, entre otras cosas, una de las últimas atalayas que quedan sobre el paisaje histórico del Valle del Guadalquivir.
Merecerá la pena detenerse un poco sobre este elocuente caso. Se trata, el jardín de Forestier, de un declarado Bien de Interés Cultural, adscrito a un colegio mayor dependiente de la Universidad de Sevilla. (Por cierto, si se animan a visitarlo, no dejen de asombrarse ante el escudo franquista, de grandes proporciones, que todavía recibe al visitante en el fachada principal y lo despide en la trasera del edificio; o sea, dos por falta de uno). Hace cosa de un año, la propia Consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, fue a visitar esos jardines, advertida por la ciudadanía de un proyecto de urbanización sobre la zona de protección, amparado por el propio Ayuntamiento, cuyo alcalde, curiosamente, había hecho campaña electoral con una aguerrida defensa de esos espacios libres. Sobre la marcha, y cuando la responsable del urbanismo andaluz contempló la maravillosa vista que proporciona el mirador del parque, dijo algo así como "aquí no quiero ver ni una sola casa". Y también sobre la marcha, según las diversas fuentes consultadas, un edil que formaba parte de la comitiva, se fue derecho a un árbol y empezó a darse de cabezazos contra él. El pasado 1 de noviembre, otra mujer, Ana Linares, Fiscal de Medio Ambiente, giró visita al mismo enclave, así como a otro acosado por parecidos peligros, el dolmen de Montelirio, y, a requerimiento de la plataforma ciudadana, ha emitido un primer informe, de fecha 30 de enero, donde dice: "comprobé cómo el daño que se puede causar a ambos [Bienes de Interés Cultural] puede resultar catastrófico e irreparable", y da traslado de su advertencia a las distintas autoridades competentes.
Por otra parte, la Comisión Provincial de Urbanismo acaba de rechazar, en su reunión de febrero, un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) similar, el de Castilleja del Campo. Según se dice, junto con Huércal-Overa (Almería) y Albolote (Granada) son las primeras "víctimas" del POTA, el flamante Plan de Ordenación del Territorio Andaluz, que impide a todos los municipios proyectar incrementos de población superiores al 30%. Con esos antecedentes, todo permite esperar que el PGOU de Castilleja de Guzmán tampoco salga adelante. Pero crucemos los dedos.
*ELPAIS.com - 21/03/2007
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La Fiscalía se ve desbordada por las denuncias urbanísticas
AGENCIAS* : "La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) alertó ayer de que la plantilla de fiscales especializados en Medio Ambiente es "insuficiente" y tiene un "problema de personal" ante el volumen de casos urbanísticos que está tramitando y que "ha desbordado" las previsiones.
Ésta fue una de las conclusiones de la reunión mantenida en el Parlamento autonómico por la Fiscalía del TSJA y el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, la cuarta de este tipo de citas entre ambas instituciones, en la que abordaron los delitos o infracciones relacionadas con el medio ambiente, el urbanismo y la protección del patrimonio histórico y cultural.
Luis Carlos Rodríguez León, coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente y Delitos Urbanísticos del TSJA, que tildó de "fundamental" la colaboración con la institución del Defensor del Pueblo, aseguró que esta relación ha dado como consecuencia un "óptimo" resultado en el desarrollo del trabajo de la Fiscalía.
Al ser el urbanismo el motivo de queja más abundante en el Defensor del Pueblo, la Fiscalía ha realizado un "esfuerzo especial" en esta materia, aunque Rodríguez León se mostró partidario de "ampliar" la actividad fiscal al medio ambiente y la protección del patrimonio histórico.
Sin embargo, el coordinador de la Fiscalía de Medio Ambiente no ocultó que la plantilla de estos fiscales del TSJA (dos especializados en cada Audiencia Provincial, salvo en Sevilla en la que hay cuatro) es "insuficiente" teniendo en cuenta el número de asuntos tramitados, que "ha desbordado" las previsiones, por lo que hay un "grave problema" de personal. Adelantó, en este sentido, que la próxima publicación de la Memoria del TSJA pondrá de manifiesto el crecimiento del volumen de delitos urbanísticos que, en el caso de la provincia de Sevilla, "se ha multiplicado por cuatro" en un año, un aumento -comentó- que la comunidad se ha duplicado.
En materia de agua y ante la época de sequía, abogó por tomar medidas administrativas y penales en relación a la protección del agua, así como por evitar y perseguir los vertidos contaminantes.
El coordinador de los fiscales se mostró además partidario de actuar contra los propietarios de los pozos ilegales "siempre que la ley penal lo permita", y recordó que el Código Penal "sólo" cita al agua en cuestiones como la salud pública y los vertidos, por lo que defendió una reforma.
*diariodesevilla.es - Miercoles, 21 de Marzo de 2007
Foto: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía,
con sede en Granada / andaluciajunta
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El Parlamento Europeo solicita subvenciones comunitarias para el problema de la vivienda
EFE* : "La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta no de ley en la que define el acceso a la vivienda como un derecho "fundamental" y pide ayudas comunitarias para garantizarlo. El texto, aprobado por 45 votos a favor y 3 en contra, sostiene que el "derecho a una vivienda adecuada a un precio razonable es un importante derecho fundamental que está reconocido en diversas Cartas Internacionales y Constituciones de los Estados miembros" de la UE.
Por ello, pide a la Comisión Europea y al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que amplíen el alcance de sus actuales programas de ayuda a la vivienda de forma que no cubran sólo a los nuevos Estados miembros, sino a todo el territorio de la UE. Además, reclama a la Comisión Europea que fije estándares mínimos de calidad comunes para todos los países de la Unión a partir de los cuales una vivienda pueda considerarse digna.
"En los últimos diez años, los precios de la vivienda se han incrementado de forma constante en casi todos los países de la UE. Este encarecimiento ha reducido la capacidad de las familias para consumir otros bienes, lo que, a largo plazo limita el crecimiento", advirtió el autor del informe, el liberal italiano Alfonso Andria.
El texto también aboga por promocionar el uso de las tecnologías y materiales más eficientes y menos nocivos para el medio ambiente en la construcción. Tras su aprobación en la comisión parlamentaria, el texto deberá ser debatido y votado en el pleno de la Eurocámara, previsiblemente el próximo mayo.
*elmundo.es - SuVivienda - martes 20/03/2007
Foto: Exterior Parlamento Europeo - Estrasburgo / archivo
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Tema: NOTICIAS Europa , NOTICIAS VIVIENDA
Altea modifica el PGOU para construir un 20% más
SergiCASTILLO.- EL PAÍS* : "El proyecto supone la construcción de 5.775 viviendas, un campo de golf de 18 hoyos, tres áreas comerciales y cuatro zonas hoteleras en el entorno del río Algar, lo que significa duplicar la población actual de Altea, con cerca de 20.000 nuevos habitantes. La modificación del PGOU implica construir un 20% más y un cambio radical en la realidad física de este municipio del litoral con una importante presión urbanística.
El PGOU vigente cumple 27 años, cuando la vigencia habitual es de entre 10 y 15. Esta circunstancia permite a los promotores "aprovechar las lagunas e imprecisiones" e ir "planificando sobre la marcha", según la oposición. La modificación puntual que ya tiene luz verde afecta a 7 millones de metros cuadrados: de un lado el plan parcial Los Puentes del Algar de Altea Futura (grupo Ballester) reclasifica 2,3 millones de metros cuadrados, y por otro, la desclasificación de otros 4,6 millones de metros de monte en los que hasta ahora se podía construir. Este es el fondo del recurso presentado por cerca de medio centenar de vecinos representados por el abogado Federico López, que impugnan un proyecto con múltiples irregularidades. Prueba de ello es que el consistorio ha tenido que corregir uno de los pilares fundamentales sobre el que se basa: desclasificar terreno urbanizable del plan parcial El Áramo, en sierra Bèrnia.
La urbanización que promueve Ballester no contempla crear viviendas sociales, no dispone de certificado de recursos hídricos de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y a pesar de eso es defendido por el Gobierno municipal, como un "ejemplo de respeto y protección medioambiental". El concejal de Urbanismo, Jacinto Mulet, impulsor del proyecto junto al primer edil Miguel Ortiz, niega que la protección del monte tenga relación alguna con el plan parcial del río y asegura que "el PP llevaba la propuesta conservacionista en el programa electoral de 1991". Lo cierto es que la consejería de Territorio condicionó la reclasificación del río a esta compensación, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, y la presión de los propietarios privados del monte ha obligado a recular.
El anuncio oficial de la resolución del director general de Planificación y Ordenación Territorial en el Boletín Oficial de la Provincia del 13 de mayo de 2006 dio luz verde definitiva al macro proyecto. La resolución se firmó el 24 de marzo y daba por cumplidos todos los condicionantes impuestos con anterioridad por la Comisión Territorial de Urbanismo el 31 de enero. En esta resolución (impugnada por los vecinos) se señala que el 6 de febrero el Ayuntamiento presentó la documentación solicitada y existía un informe favorable. Entre los condicionantes a los que hacía referencia la comisión territorial figuraba la elaboración del Plan Especial del Río Algar y la desclasificación de los suelos públicos incluidos en el Plan Parcial El Áramo.
*ELPAIS.com - Benidorm - 20/03/2007
Foto: Altea /eldiamenospensado
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La zorra y el gallinero
RafaelTorres.- HeraldodeSoria* : "Los desafueros de la corrupción y de la insensatez urbanísticas que asolan nuestro país tienen su orígen, en buena medida, en un error del que, por democrático, es responsable la propia sociedad española: el de haber puesto a los zorros a vigilar los gallineros. Individuos que con el cargo de alcalde, consejero o concejal creen haber recibido el título de propiedad de una parcela de nuestra geografía, están destruyendo y dilapidando (mediante la edificación masiva, loca y arbitraria) el tesoro comunal de la naturaleza, un tesoro que, por lo demás, ni siquiera nos pertenece a los contemporáneos, sino que hemos de legar en buenas condiciones, incluso mejorado y acrecido si es posible, a las generaciones futuras.
El último plan urdido por esos inversos servidores de lo público, tanto más escandaloso por cuanto se ha utilizado la ley para ponerla al servicio del interés sectario, amenaza con arrasar un enclave protegido, la maravillosa vega de Garray a orillas del Duero, para levantar sobre su ruina ochocientos chalés, un parque industrial, dos torres de oficinas, un centro hípico y sus correspondientes carreteras e infraestructuras.
La Junta de Castilla y León del PP no quiere que los tribunales de Justicia le chafen este escalofriante proyecto como hicieron con el que impulsó hace poco en Las Navas del Marqués, y llevada por su sentido patrimonialista del territorio y vaya usted a saber por qué otros intereses, ha ideado el modo de burlar su acción: sobre llamar al espanto de cemento que proyecta "Ciudad del Medio Ambiente", cínico apelativo con el que acaso pretende vencer las reticencias de quienes aman y respetan la tierra, ha tramitado el plan por la vía de urgencia y en forma de ley, de modo que sólo el Tribunal Constitucional, compuesto hoy por por una mayoría conservadora (no confundir con conservacionista), podría echar abajo.
Escuchando al Consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, apasionado defensor del desaforado proyecto que acabaría con los fresnos, los sauces, los abedules, los meandros, las garzas, las cigüeñas, las águilas pescadoras, los tejones, las nutrias y los gatos monteses que pueblan la vega de Garray, escuchando sus argumentos basados en la rentabilidad económica del malhadado plan, uno se pregunta cómo es posible que ese hombre sea el encargado de velar por lo que, con su adhesión, se pretende destruir.
*heraldodesoria.es - 17 de marzo de 2007
*Rafael Torres es periodista y escritor
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20.3.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
¡Menos casas... y más hogares!

Viñeta de "El Roto" - El País 20/03/07
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Exigen una moratoria urbanística global
Miquel ADROVER.- DiariodeMallorca* : "Los convocantes de la multitudinaria manifestación del pasado sábado reclaman al Govern y al Consell una gran moratoria para reflexionar durante un tiempo y acometer un importante cambio en el modelo territorial de Mallorca. Consideran que las 50.000 personas que se echaron a la calle el sábado en Palma tienen el suficiente peso para que los gobernantes, tanto los actuales como los que saldrán de las elecciones del 27 de mayo, escuchen las revindicaciones. Entidades como el GOB, la Plataforma del Parcs de les Vies, la Obra Cultural Balear o Salvem la Real, entre muchas otras, exigen que se detenga el "desarrollismo urbanístico en la isla".
La gran moratoria que proponen debe servir para aplicar medidas contundentes que den un vuelco al modelo urbanístico que ha imperado en Mallorca en los últimos años. Para ello abogan por aplicar medidas como la modificación del Plan Territorial de Mallorca; la implantación de un sistema de control de licencias en los ayuntamientos, como por ejemplo las cuotas anuales, y la protección de más espacios naturales.
El presidente del GOB, Macià Blázquez, defiende un modelo territorial equilibrado. "Nosotros creemos -apuntó Blázquez- que después de lo del sábado es preciso que en Mallorca se realice un planteamiento global y se reconsidere el modelo que hemos tenido en los últimos años. Por ello apostamos por una gran moratoria, la implantación de la ecotasa y, naturalmente, más espacios naturales protegidos".
El presidente del GOB también habló de medidas mucho más directas, como la "modificación del Plan Territorial para que se paralicen las 1.500 hectáreas previstas de crecimiento; la desclasificación de suelos urbanizables y la implantación de un sistema de cuotas de licencias que establezca los permisos de obra que puede otorgar cada año un municipio. "Si no se toman este tipo de medidas estamos abocados a convertir Mallorca en un lugar masificado como la Costa del Sol", concluyó Blázquez.
Àngels Fermoselle, portavoz de la Plataforma Parc de les Vies, una de las más activas en la organización de la manifestación, dejó claro que "la gallina de los huevos de oro se está acabando con este crecimiento desbocado". Fermoselle también aboga por "parar" este modelo mediante una moratoria o alguna figura similar: "La política del PP está poniendo en peligro la economía de esta isla y es preciso planificar un modelo mucho más racional".
Plataformas como la del Parc de ses Vies, la Façana Marítima o Salvem la Real apuntan que en la manifestación del pasado sábado también quedó claro que la ciudadanía "protesta contra los políticos que no escuchan y castigan a las entidades que les tienden la mano".
Aina Calafat, portavoz de Salvem la Real, es partidaria de "paralizar como sea el crecimiento territorial de Mallorca". Considera que tras la protesta del sábado los políticos "deben escuchar" y teme que si el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, "acabarán con la isla".
Los responsables de la Obra Cultural Balear también son conscientes de que la sociedad reclama "parar el crecimiento sin límite que vive Mallorca".
*diariodemallorca.es , Lunes, 19 de marzo de 2007
Foto: Imagen de los manifestantes a su paso por la Rambla / David Martínez.
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Tema: NOTICIAS Baleares
El desarrollo urbanístico destruye las zonas forestales
*Ecologistas en Acción denuncia que la actividad urbanística es una de las principales causas de destrucción de la superficie forestal, que en la última década se ha reducido en 250.783 ha (una superficie similar a la provincia de Vizcaya) en el Estado español. En los últimos años se ha producido una importante involución en la protección del suelo forestal de tal forma que se están aprobando proyectos urbanísticos descabellados que arrasan cientos de miles de árboles y miles de hectáreas forestales.
En el periodo 1987-2000, han desaparecido 250.730 ha de suelo forestal, de éstas, 6.536 corresponden a bosques de frondosas, 59.933 a bosques de coníferas, 55.520 a pastizales naturales, 26.436 a zonas de matorral y 157.208 a vegetación esclerófila.
En el mismo periodo se ha producido un incremento de 80.182 ha de suelo urbano y 57.588 ha destinadas a redes de transporte. Gran parte de esta red de transporte corresponde a infraestructuras viarias y trenes de alta velocidad, que dan servicio a las nuevas zonas urbanas. Si además se añade la superficie destinada a zonas de extracción minera y vertederos la cifra asciende a 240.166 ha. Hay que tener en cuenta que la actividad minera abastece de materia prima a la industria de la construcción y los vertederos de inertes albergan los residuos de esta misma actividad.
Además, en los últimos años se ha incrementado ostensiblemente la actividad urbanística, concretamente 800.000 proyectos visados de nuevas viviendas en 2005 y 920.000 en 2006, indicando que en los próximos años la reducción de la superficie forestal va a continuar.
Ecologistas en Acción considera grave y alarmante la dinámica en la que han entrado la mayoría de las comunidades autónomas permitiendo e incluso promoviendo proyectos urbanísticos irracionales sobre terrenos forestales. Entre estos cabe destacar:
· Los proyectos de la ciudad del golf en Navas del Marqués sobre un pinar incluido en zona ZEPA y la Ciudad del Medio Ambiente en Soria, recientemente aprobada por ley por la Junta de Castilla y León y que afecta al Soto de Garray, también sobre suelo forestal protegido.
· En Cáceres el proyecto Marina de Valdecañas, proyecto promovido por la Junta de Extremadura y que consiste en la construcción de hoteles, apartamentos, villas de lujo, campos de golf dentro de dos islas existentes en el embalse de Valdecañas, dentro de una zona ZEPA
· La Ciudad Agroalimentaria promovida por el Ayuntamiento de Tudela (Navarra) que se está construyendo sobre terrenos que eran hábitat de aves esteparias
· Recalificaciones en la zona de Serelles, en Alcoi (Alicante) en la zona de amortiguamiento del Parque Natural de la Sierra de Mariola.
· Construcción de la estación de esquí, con un amplio desarrollo urbanístico, de San Glorio (Castilla y León y Cantabria) afectando a dos espacios protegidos como son el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina.
· En Murcia, construcción de 4.000 viviendas y campo de golf en La Zerrichera, en la ZEPA y LIC de la Sierra de Almenara (Águilas).
· En El Puerto de Santa María, Cádiz, el Ayuntamiento y diversas empresas han firmado un total de 25 convenios urbanísticos para recalificar 2,5 millones de m2 de suelo no urbanizable, de los que 500.000 m2 son forestales de especial protección.
· En Aragón, en el municipio de Montanuy se proyecta la ampliación de la estación de esquí de Cerler por la Zona del Valle de Castanesa. Todo ello afecta a terrenos forestales.
· En la isla de Gomera, Canarias, en el Parque Rural de Valle Gran Rey, se está afectando a una montaña y a toda su vegetación para extraer material para la construcción del nuevo puerto de Valle Gran Rey.
· En la Comunidad de Madrid, son muchos los proyectos que pretenden eliminar superficie forestal. Entre estos cabe destacar los nuevos planeamientos generales que están tramitando en 20 municipios de la Sierra de Guadarrama y 8 en la ZEPA de los Río Alberche y Cofio, en total se plantea la recalificación de unas 6.000 ha de terreno forestal, una superficie similar al municipio de Galapagar.
· En el caso concreto de Boadilla del Monte, el Plan General vigente ha recalificado 400 ha del encinar que formaba parte del Monte de Boadilla y ha iniciado los trámites para ampliar el campo de golf de Las Rejas sobre el encinar.
Estos son sólo una pequeña muestra de lo que está sucediendo en todo el Estado, y Ecologistas en Acción considera muy grave que en todos los casos las administraciones públicas, locales o autonómicas desempeñan un papel fundamental en la promoción y autorización de estos proyectos.
Por ello, coincidiendo con la próxima celebración del Día Forestal Mundial, el 21 de marzo, Ecologistas en Acción reclama que con motivo de las próximas Elecciones Autonómicas y Locales, las formaciones políticas se comprometan a garantizar la protección efectiva de las zonas forestales y a dar un giro radical en las insostenibles políticas urbanísticas de las diferentes administraciones.
*Ecologistas en Acción - Naturaleza 19 de marzo
Foto: E.A.
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
Un juez investiga a dos cargos del PP de Castilla y León por una trama urbanística
RafaelMÉNDEZ.- EL PAÍS* : "El juez de instrucción nº1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto.
El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.
Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.
Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.
En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.
El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.
El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.
El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.
El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.
Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.
*ELPAIS.com - Madrid - 19/03/2007
Foto: Arroyo de la Encomienda (Valladolid)/ noticias
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Tema: NOTICIAS CastillaLeón
Nueva concentración en el Portalet contra la especulación urbanística
EL PERIÓDICO* : "Alrededor de 200 personas se concentraron ayer en el Portalet para denunciar, por cuarta vez, el "desarrollo especulativo-urbanístico" de la sociedad Aramón en el entorno de la estación de esquí de Formigal, una iniciativa convocada por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón.
En la concentración, bajo el título Espelunciecha nunca más, se dieron cita representantes de CHA e IU, el profesor de Economía de la Universidad de Zaragoza y Premio Goldman de Medio Ambiente, Pedro Arrojo, el himalayista aragonés Santiago Sagaste, y el director del programa Al filo de lo Imposible, Sebastián Álvaro.
Los asistentes desplegaron una pancarta en la que podía leerse Naturaleza irrepetible, destrucción no y comenzaron una campaña de recogida de firmas que, bajo el lema Diálogo por las Montañas, tiene como objetivo efectuar una solicitud a la comisión de Peticiones de las Cortes de Aragón para que recupere el texto de la Ley de las Montañas, que contó con el apoyo de decenas de miles de aragoneses.
ACTUACIONES EN MONTANUY En esta línea, consideran "grave y urgente" paralizar la intención del alcalde de Montanuy, José María Agullana, de aprobar por la vía de urgencia un nuevo plan urbanístico "que significaría la destrucción del valle de Castanesa (Ribagorza) bajo un macro-complejo urbanístico asociado a la nueva estación de esquí de Aramón-Castanesa", según los convocantes. La movilización comenzó en el Portalet con una excursión guiada hasta el Ibón de Espelunciecha.
Aunque finalmente no estuvo presente el catedrático de Geografía de Montaña, Eduardo Martínez de Pisón, se dio lectura a un texto suyo titulado, igual que la concentración Espelunciecha nunca más. "Hemos asistido aquí desolados a la desfiguración de un paisaje querido y hemos aprendido mucho en esta batalla perdida en la que hemos dejado la candidez pero no el idealismo que, al contrario, ha salido reforzado", señalaba el manifiesto según informó la agencia Efe.
Asimismo, los convocantes insistieron en que no han cesado en el intento de "defender nuestras razones ni la vigilancia con el fin de estar alertas cuando ese modelo aciago quiere extenderse como una plaga por el Pirineo", concluyó.
*EL PERIÓDICO DE ARAGÓN - 19/03/2007
Foto: Defensa de las Montañas. - S.E. (DiarioAltoAragón)
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Tema: NOTICIAS Aragón
El problema de la vivienda se agrava en el caso de los hombres y mujeres separados
JorgeSALIDO COBO* : "Según el último barómetro del CIS, la vivienda es el cuarto problema que más preocupa a los españoles. Los altos precios y la continuada ascensión de los tipos de interés han hecho que acceder a una casa sea poco más que una odisea que puede desembocar en hasta 40 largos años de pagos hipotecarios. Pero este difícil panorama se complica aún más si nos fijamos en los matrimonios que se acaban rompiendo.
El hogar paterno, pisos compartidos de alquiler, campings, albergues, centros sociales e incluso coches se han convertido en las principales viviendas de los hombres y mujeres separados en el territorio español. Para intentar cambiar esta realidad, el País Vasco y Madrid mantienen acuerdos en materia de vivienda con las respectivas asociaciones regionales de padres y madres separados. A ellos les dedican un cupo de su lote anual de VPO.
En el 2004, el INE (Instituto Nacional de la Estadística) hizo público que había 132.789 separados o divorciados en España. Hombres y mujeres que, además de tener que hacer frente a su complicada situación social y sentimental, chocan de frente con el problema de dónde marcharse a vivir. En la mayoría de los casos (93%-94%) es el hombre quien se ve desterrado del que era su hogar y un 80% de éstos no tiene dónde ir. Además, arrastran un amplio lastre económico que acota demasiado su nivel de vida. Lo mismo ocurre en el 6%-7% de las mujeres.
En el 2004 había 132.789 separados o divorciados en toda España
En estas circunstancias económicamente difíciles, uno de los cónyuges se ve obligado a cambiar de vida y de casa, tarea ardua. En el mejor de los casos, a un hombre o mujer con dos hijos y con un salario de 2.000 euros mensuales le sobrarían 800 € para pagar su nuevo hogar y los gastos diarios. A la cifra total hay que restarle el crédito hipotecario de su anterior casa familiar (500 € aprox.) y la manutención de sus hijos (700 € aprox.).
El reducido poder adquisitivo hace que estas personas tiren de imaginación para poder vivir lo más dignamente posible. En el País Vasco, los camping han pasado a ser las nuevas 'urbanizaciones' de los separados/as. Hasta un 10%-12%, según Justo Sáenz, presidente de la Federación de Euskadi de Padres y Madres Separados (KIDETZA), acude a estos campamentos para salir del paso en un primer momento.
"A estas personas, que conviven diariamente en estos campamentos o incluso duermen en sus coches, les da vergüenza hacer pública su situación diaria y desde la Federación hemos dado pasos muy importantes, en consenso con la Consejería de Vivienda, para conseguir la máxima equiparación social en materia de vivienda entre el hombre y la mujer. Hemos firmado un acuerdo pionero en España donde se favorece a los ex cónyuges a la hora de acceder a pisos de protección oficial y también hemos creado las condiciones necesarias para favorecer la liquidación de los bienes gananciales", afirma Sáenz.
Más allá de estas medidas oficiales, la KIDETZA también les aconseja cómo conseguir locales bajos y reconvertirlos en vivienda de carácter transitorio. "Hay que tener en cuenta que el problema no sólo afecta a la parte que tiene que abandonar la casa, en la mayoría de los casos, por orden judicial. Suele ocurrir que el cónyuge que se queda con la casa quiere empezar de cero y olvidarse del pasado. Para eso tiene que cambiar de hogar", declara Sáenz.
elmundo.es ha hablado con el propietario de, al menos, uno de los tres camping que acogen a este tipo de personas. "Nosotros sólo tenemos ocupados por separados tres de los 45 puestos fijos con los que contamos. Todos tienen alquilado un módulo y se han traído sus respectivos bungalows. Firman el mismo tipo de contrato que el resto de la gente y pagan 196 € al mes", informa José. El desequilibrio entre la oferta y la demanda de pisos de alquiler en el País Vasco es otro de los hándicap que juegan en contra de las personas divorciadas.
La Comunidad de Madrid, a través del IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid), también dedica un cupo de sus VPO a separados. Por primera vez, en 2006 el IVIMA dedicó un tanto por ciento de sus viviendas sociales (alquiler o venta) a este sector social. Sin ir más lejos, en los próximos meses este organismo entregará 2.300 viviendas de alquiler social de las que 202 irán destinadas directamente a los ex cónyuges. El Ministerio, en su Plan Estatal de Vivienda, no hace referencia directa a este sector de personas. Se limita a favorecer el acceso a viviendas pequeñas, los llamados 'minipisos', a jóvenes, divorciados, separados, jubilados, familias monoparentales, etcétera.
*elmundo.es - Su Vivienda - 09/03/2007
Foto: Bungalows tipo de uno de los camping donde residen divorciados. (Foto: ELMUNDO)
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
¿Por qué se movilizan los agentes forestales?
JesúsGarcíaJiménez* : "Hoy, los agentes forestales están en plenas movilizaciones en la Comunidad de Madrid y Castilla y León, ayer en Cataluña y mañana será Andalucía u otra comunidad autónoma. Cuando estos funcionarios públicos reivindican ejercer sin trabas y presiones sus potestades de coacción administrativa, lo que realmente piden es que la Administración les permita realizar su trabajo, que es la vigilancia y protección del medio natural, sin discriminar ni colaborar con bolsas de impunidad ante los ilícitos administrativos y penales que atentan contra el medio ambiente y que surgen por la influencia que ejercen determinados sectores sociales en las estructuras político-administrativas de las administraciones públicas.
El caso Andratx, en Baleares, es un claro ejemplo de cómo una denuncia (posible ilícito penal) de un agente forestal ha estado inmovilizada varios meses en algún despacho administrativo, sin llegar al juzgado correspondiente.
Los agentes forestales cuando reivindicamos nuestro tradicional ejercicio de la condición de policía judicial genérica, recogida en la legislación vigente, es para poder investigar delitos como las construcciones ilegales en nuestros terrenos forestales, la caza furtiva de nuestras especies protegidas, la provocación de los incendios forestales en nuestros bosques, la contaminación de nuestro medio ambiente, etcétera, y que cuando de nuestras pesquisas resulte un posible indicio de delito, la denuncia o atestado llegue sin dilación alguna al juez o fiscal competente. Queremos que el trabajo público realizado tenga un sentido social, que nuestras actuaciones sirvan para prevenir atentados contra la naturaleza y el medio ambiente y que, en los casos que no sea posible, se sancione al autor o autores sin ninguna discriminación.
Es intolerable que en 2007, en un Estado de derecho, la genuina policía ecológica de España desde hace más de 130 años, compuesta en la actualidad por unos 5.500 agentes, la quieran algunos gestionar como una guardia pretoriana al servicio de una casta técnica poco evolucionada ante los nuevos retos que plantea la defensa de nuestro medio ambiente.
*Jesús García Jiménez, (vicepresidente de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (AEAFMA))
*ELPAIS.com - 19/03/2007
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Unas 50.000 personas salen a la calle para exigir que no se destruya Mallorca
F.GUIJARRO* : ""Habéis participado en la manifestación en defensa del territorio más importante de la historia de Mallorca". Con estas palabras recibía la portavoz del GOB y de la Plataforma Salvem Mallorca, Tonina Sitjar, a las más de 50.000 personas que ayer participaron en una movilización destinada a poner fin a la "destrucción" de la isla.
Pese al inevitable baile de cifras -más de 60.000 participantes según los organizadores, de 45.000 a 50.000 según la Policía Nacional, y más de 30.000 según la Policía Local-, lo cierto es que los representantes de las organizaciones participantes no ocultaban su euforia ante el éxito de la convocatoria, en esta ocasión bajo el lema Prou destrucció, salvem Mallorca.
Una parte importante del éxito de esta movilización hay que buscarla en el respaldo conseguido por los partidos de la oposición, con una presencia sin precedentes de militantes y simpatizantes del PSIB-PSOE y del Bloc per Mallorca (PSM y EU-EV), tal y como se ocupó de destacar alguno de los responsables de estas organizaciones a la vista de las numerosísimas banderas que se portaban con las siglas de estas formaciones.
Como hecho mas significativo, se subrayaba que una hora y cuarto después de iniciarse la manifestación, cuando la cabecera ya estaba en la Plaça de Cort, salían los últimos grupos del punto de inicio en la Plaça d´Espanya.
El portavoz del GOB, Miquel Àngel March, destacó que este éxito de movilización debe de servir para que "todos los partidos" apuesten por un cambio en la política territorial que se ha venido desarrollando durante la presente legislatura, con la construcción de grandes infraestructuras y el crecimiento de las urbanizaciones.
Sin embargo, admitió que protestas anteriores, desarrolladas con Jaume Matas como presidente de la Comunitat Autònoma, no han servido para modificar la línea de actuación de sus Gabinetes, por lo que consideró que "el PP ha demostrado que sólo sabe gobernar de esta forma".
Apoyo de 180 organizaciones
Según March, está actividad "depredadora" del territorio es la que ha provocado que exista una enorme concienciación entre los ciudadanos de las islas de la hipoteca que ello supone para su futuro, y destacó que el reflejo más claro es que si la movilización convocada en 2004 contó con el respaldo de un centenar de organizaciones, la de ayer sumó finalmente unas 180 adhesiones.
Pero además puso sobre la mesa un nuevo factor que en su opinión ha ayudado a que un numero mayor de personas optaran ayer por salir a la calle: la "indignación" que los casos de corrupción urbanística han generado entre los isleños, y la permisividad demostrada por algunas organizaciones políticas ante estos hechos.
*diariodemallorca.es - Domingo, 18 de marzo de 2007
Foto: Los manifestantes, a su paso por el Born /diariodemallorca
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Tema: NOTICIAS Baleares
Orihuela tiene el 10% de sus urbanizaciones sin servicios básicos
R.LLORENTE* : "El 10% de las urbanizaciones ilegales que se levantan en Orihuela (Vega Baja) carece de servicios básicos como agua potable, luz, alumbrado público, alcantarillado y asfaltado, según la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). El colectivo impulsó la denuncia contra el Ayuntamiento de Catral y cinco promotores por la masiva construcción de casas en suelo no urbanizable del municipio.
El presidente de AECU, Honorio Fernández, apunta que el número de vecinos afectados por esta falta de dotaciones y servicios es difícil de precisar en tanto que estos núcleos residenciales están integrados por entre cuarenta y cien viviendas.
Después de sufrir durante al menos una década el gravamen de unos impuestos por unos servicios de los que jamás han disfrutado, el colectivo de usuarios critica la fórmula a la que sistemáticamente recurren los ayuntamientos que optan por considerar propietarios-promotores a los afectados y transferirles de esta forma las cargas de la urbanización de cada enclave.
Residenciales como El Presidente, La Solana, Montezenia, Lomas de Don Juan, en Orihuela; o Las Piqueras, de San Fulgencio, son algunas de las urbanizaciones donde sus moradores fueron estafados y desde entonces "malviven" sin servicios básicos. AECU subraya que son los promotores quienes están obligados a urbanizar el suelo rústico gracias a la plusvalía que obtienen de la recalificación del suelo, "y siempre antes de empezar a construir las viviendas o a más tardar simultáneamente", precisa Fernández.
El presidente de la entidad subraya que la responsabilidad de los incumplimientos de los promotores a la hora de ejecutar los servicios básicos en las zonas comunes de la urbanización son ayuntamientos y colectivos profesionales implicados en el proceso de la construcción.
*ELPAIS.com - Alicante - 18/03/2007
Foto: Orihuela costa
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Cuatro alcaldes del área metropolitana de A Coruña, implicados en negocios inmobiliarios
PaolaOBELLEIRO* : "Los alcaldes con intereses inmobiliarios proliferan en el área metropolitana de A Coruña, uno de los polos de mayor auge de la construcción. Los regidores de Arteixo, Oleiros y Betanzos están siendo investigados para determinar la compatibilidad de sus cargos con sus actividades empresariales. El de Cambre tuvo que rendir cuentas por su promotora de viviendas en el vecino municipio de Sada. En A Costa da Morte, ahora con un fuerte bum urbanístico, las actividades privadas del alcalde de Cee y su familia están también en la mesa de la fiscalía tras una denuncia de los socialistas.
"Estamos aquí para servir, tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de ayuntamiento. Al que viene como vecino, se le atiende como vecino, y al que viene como cliente, se le atiende como cliente. Sin mezclar las cosas". Manuel Pose Miñones justifica con esta frase la compatibilidad de sus intereses empresariales con su cargo de regidor de Arteixo. Los alcaldes promotores suelen alardear de la transparencia de sus actuaciones. Y todos juran y perjuran que no dan trato de favor a sus empresas.
- De Arteixo a Cambre. Pose Miñones es alcalde por el PP desde 1995 y presidente de un grupo que engloba 15 sociedades, cinco de ellas nacidas tras llegar al cargo y dedicadas a actividades inmobiliarias. Pose reconoce haber votado la concesión de licencias a empresas de las que es accionista para la construcción de cinco edificios en Arteixo. Admite que su actuación "no estuvo bien" aunque defiende su legalidad. Pose emitió la documentación a la Fiscalía, que estudia abrir diligencias. El alcalde cobra por dedicación exclusiva 61.200 euros al año.
El regidor socialista de Cambre, Antonio Varela, también rindió cuentas el pasado año ante la Fiscalía por su participación en una promotora que edificó 46 viviendas en Sada. Varela, que lleva 25 años en la alcaldía, por la que cobra dedicación exclusiva, y sus otros siete socios, entre ellos un ex edil de Urbanismo, percibieron 4.017 euros cada uno. El fiscal no halló indicios de delito.
- Las fincas de los alcaldes. El alcalde socialista de Betanzos, Manuel Lagares y su hermano Antonio, también concejal, están citados a declarar ante el juez por una denuncia del PP, que los acusa de aprobar una urbanización en la que tienen intereses. Un año antes de que el pleno municipal acordase esa operación, los hermanos Lagares vendieron fincas en las que está previsto construir parte de los pisos, pero acordaron con el comprador que éste abonaría 721.000 euros por los terrenos 30 meses después de lograr la licencia para edificar.
La Fiscalía también denunció al alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, al apreciar indicios de que se aprovechó de su cargo para enriquecerse con negocios inmobiliarios. "Ha venido adquiriendo distintas fincas que han incrementado sus valoraciones urbanísticas", sostiene el ministerio público.
- Cee. Desde la llegada de José Antonio Domínguez a la alcaldía de Cee, en 2001, su esposa y su hijo desarrollaron una importante actividad como socios de seis empresas relacionadas con la construcción. Tres de ellas edifican en A Costa da Morte, incluida una urbanización en Cee. Domínguez, del PP, compaginó durante tres años la alcaldía con la administración de su empresa de electricidad que realizó obras en el nuevo mercado municipal.
- Ferrol. El teniente de alcalde de Ferrol, el independiente Juan Fernández, socio de gobierno del PP, es propietario de unos terrenos urbanizables en Serantes, donde la promotora Bros Noroeste planea construir una urbanización con 69 chalés adosados.Fernández adquirió los terrenos en 1978 como suelo rústico y en 2000 se recalificaron como urbanizables.Cuatro años más tarde ya en el gobierno, el edil firmó un edicto donde figuraba entre los afectados por el plan de sectorialización y recibió un pagaré de 192.324 euros por una opción de compra sobre una finca. En mayo del 2005 solicitó como promotor una modificación del PXOM para desviar el trazado de un vial que atravesaba su parcela, informa Lorena Bustabad.
- Concejales de Urbanismo. Pese a percibir un sueldo de más de 36.000 euros por dedicación exclusiva, el edil de urbanismo de Teo, el independiente Manuel Parajó, admitió en uno de los plenos -a los que acude con la carpetilla de una conocida promotora- que no sólo realizaba negocios urbanísticos fuera del municipio (como se había publicado en la prensa), sino también dentro del ayuntamiento. Parajó ultima su campaña para repetir como socio del PP y ocupar nuevamente la concejalía de urbanismo. Sobre su colega de Porto do Son, el socialista Manuel Vázquez, pesa una denuncia de la Fiscalía que lo acusa de un presunto delito de negociación prohibida a funcionarios y autoridades. El concejal compró a su nombre cuatro fincas no urbanizables en Portosín que posteriormente aparecieron recalificadas en el Plan General, informa José Precedo.
*ELPAIS.com - A Coruña - 18/03/2007
Foto: Ferrol /turismo
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Tema: NOTICIAS Galicia
El mapa de la corrupción urbanística cuenta con 21 ayuntamientos con causas penales abiertas en Andalucía
AntonioMONTILLA* : "La cifra impacta: 21 ayuntamientos andaluces salpicados por presuntos casos de corrupción urbanística, con imputaciones penales para alcaldes, concejales y ex concejales en lo que va de mandato, desde las elecciones de 2003. Si se compara este número con el total de municipios de la Comunidad autónoma, el porcentaje ofrece otra lectura: sólo el 2,7 por ciento de los 770 ayuntamientos cuentan con representantes involucrados en casos en los que supuestamente se han violado las normas de ordenación del territorio. ¿Muchos o pocos? Seguro que no hay una única respuesta.
«Aquí no hay políticos corruptos de un signo político u de otro, lo que hay son delincuentes». La frase es de Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil que esta misma semana ha presentado 194 nuevos agentes para combatir la delincuencia urbanística, lo que supone un refuerzo en la investigación de estas infracciones penales, su impacto en el medio ambiente y los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La apreciación de Mesquida se cumple, al menos en Andalucía, porque hay cargos públicos afectados de todos los colores y signos políticos.
Ciudades pequeñas
La corrupción tan poco se decanta por una provincia u otra y ni siquiera se puede aseverar al cien por cien que estos delitos sean exclusividad de las localidades costeras.
El único común denominador es que, salvo el caso de Marbella, el resto de concejos afectados no alcanzan los 50.000 habitantes; es decir, que son corporaciones medias o pequeñas donde existe una menor fiscalización previa de las actuaciones de alcaldes y concejales. En cualquier caso, ningún gobierno de capital de provincia se incluye en un listado que hay que actualizar casi semanalmente.Y es que existe otro medio centenar de denuncias relacionadas con el urbanismo que aún no han derivado en una causa penal y que están en fase de investigación, bien por parte de la Fiscalía, por cuerpos como la UDYCO, el SEPRONA o por la propia Junta de Andalucía.
La inminente campaña para las elecciones municipales también incrementará el anuncio de interposición de medidas legales que no siempre se consuman. La primera parada en este recorrido por los presuntos casos de corrupción en Andalucía nos lleva a Marbella. La denominada 'operación Malaya' fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Junta que impulsó una decisión sin precedentes, la disolución de la corporación y la instauración de una Comisión Gestora, que rige los designios de la ciudad hasta mayo.
Más allá de 'Malaya'
La ex alcaldesa, Marisol Yagüe, y todo su equipo de gobierno fueron enviados a prisión bajo la imputación de los presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Pero la 'operación Malaya' ha supuesto mucho más por sus connotaciones mediáticas, relacionadas con el mundo del papel 'couché' y, sobre todo, por las dimensiones de un proceso que sigue abierto y que esta misma semana ha deparado tres nuevas detenciones relacionadas con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
Más allá de este sumario, ex alcaldes y ex concejales de los distintos gobiernos del GIL están imputado en al menos un centenar de procesos y, algunos de ellos, ya han sido condenados a penas de prisión por delitos contra la ordenación del territorio. En la provincia de Málaga hay, por ahora, tres frentes más abiertos.
El juez Miguel Ángel Torres, el mismo que instruye la 'operación Malaya', dirige la investigación del caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol que, como el caso anterior, materializa la UDYCO. Dicho proceso sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos. El alcalde, Pedro Tirado (independiente que perteneció al GIL) dimitió tras ser enviado a prisión. El primer edil de Tolox, Juan Vera, del PA, se enfrenta a varias acusaciones de haber permitido la construcción de promociones inmobiliarias en suelos calificados de no urbanizables. En Alhaurín El Grande, el alcalde Juan Martín Serón, y el delegado de Urbanismo Cristóbal Guerra fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. Ambos pertenecen al PP.
Más detenciones
Granada ha tomado el relevo de Málaga en relación con las detenciones, aunque los implicado han podido eludir la cárcel tras la presentación de las fianzas marcadas por el juez. Manuel Fernández, concejal delegado de Urbanismo de Alhendín, tuvo que depositar 18.000 euros y está en libertad bajo fianza, aunque su imputación incluye varios supuestos delitos: cohecho, prevaricación y fraude.
En Armilla, el alcalde socialista, José Antonio Morales, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavete y otros cuatro concejales del PSOE se enfrentan a sendas imputaciones por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en el denominado 'caso Nevada', que también salpica a Tomás Olivo, empresario que se encuentra en libertad bajo fianza por el caso Malaya.
Aforados
Pese a que Ogíjares es un municipio pequeño, los indicios de posible corrupción en su consistorio han llegado hasta el Tribunal Supremo. José Luis del Ojo une a su condición de concejal y ex delegado municipal de Urbanismo la diputado nacional por el PP. Es, por lo tanto, un aforado que sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. La Fiscalía del máximo órgano judicial español ya ha pedido a la del TSJA que le informe sobre el supuesto trato de favor que Del Ojo habría presuntamente dado a una empresa constructora en relación a unas obras contratados por el Ayuntamiento.
Juan Carlos Benavides, alcalde independiente de Almuñecar que comenzó el mandato bajo las siglas del PA, tiene ante sí un rosario judicial copioso, con cuatro procesos penales abiertos y más de 60 contenciosos administrativos que incluyen presuntos delitos de diversa índole.
En Fuente Palmera, Córdoba, el ex alcalde socialista está imputado por haber vendido, supuestamente, una zona verde para construir viviendas.
*diariosur.es - Domingo, 18 de marzo de 2007
Foto: Almuñécar /motrildigital
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Tema: NOTICIAS Andalucía
En el suelo urbanizable de Madrid se pueden construir más de un millón de casas
MartaBELLVER/BenditoMUÑOZ* : "Si el crecimiento inmobiliario de Madrid tiene fronteras, éstas se encuentran situadas a una distancia de años luz. Al menos en la teoría. Contando sólo con el suelo listo para urbanizar que tiene la Comunidad se podrían edificar más de un millón de nuevas viviendas. Pero no sólo eso. La región dispone además de otro 17,5% de terreno no comprometido que en el futuro tendría la opción de albergar desarrollos residenciales. Si se calcara el modelo urbanístico actual, con esta reserva se levantarían otros 7,4 millones más de casas.
Ahora bien, ¿cuál debería ser el patrón de desarrollo de la Comunidad de Madrid (CAM)? «El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», responde el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, quien aboga por un sistema en el que los espacios libres se infiltren en la ciudad, se considere indispensable un buen transporte colectivo y se dote a la metrópoli de entidad propia.
En este sentido, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, plantea la necesidad de que el Ejecutivo regional elabore una estrategia de crecimiento territorial que marque pautas generales para todos los ayuntamientos.
Dando un paso hacia la concreción, los expertos estiman imprescindible que se incrementen las densidades de construcción para hacer un uso más racional del suelo y, al mismo tiempo, se potencien los modelos mixtos de acuerdo con las peculiaridades geográficas y ecológicas de la zona.
Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos.
La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con un parque de viviendas de alrededor de 2,8 millones de unidades, lo que se traduce en una media de 2,1 habitantes por casa. Si la teoría se llevara a la práctica, en el futuro podría transformarse en una región que cobijaría a más de 23 millones de ciudadanos.
¿Tiene techo Madrid? En teoría, el suelo es limitado y, lógicamente, no se podrán seguir construyendo casas de forma indefinida. En la práctica, sin embargo, el final de las reservas de la Comunidad está tan lejano que casi parece una entelequia.
Sólo con los solares preparados para urbanizar que atesora la región (es decir, los que han recibido ya luz verde administrativa para el inicio de la edificación) se podrían construir más de un millón de nuevos pisos, de acuerdo con los cálculos de los expertos consultados por SU VIVIENDA. Esto supone el 4,1% de la superficie total, que asciende a 8.030 km2.
Sur y sureste
Pero es que, además, hay un 17,5% de suelo no comprometido, situado principalmente en el sur y sureste de la Comunidad de Madrid (CAM), que en un futuro quizá no demasiado lejano podría cobijar nuevos desarrollos residenciales. Con este terreno la cifra de hogares potenciales suma alrededor de 7,4 millones de unidades más.
Los datos no son exactos, aunque sí muy aproximados. El parque de viviendas de la región contabilizaba 2.478.145 casas en 2001, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). A esto hay que añadir las 336.750 licencias de nueva construcción que se han concedido en los últimos cinco años. Si bien no todas acaban ejecutándose, sí dan una idea muy certera del ritmo madrileño de crecimiento inmobiliario. Así, se podrían contabilizar en la actualidad más de 2,8 millones de inmuebles finalizados o a punto de concluir.
Por otro lado, las ciudades y pueblos de la CAM ocupan un 8,6% de su suelo total, mientras que las infraestructuras y redes públicas se llevan un 4,4% de la superficie. Si se repitiera el modelo de urbanización existente en la actualidad en ese 17,5% de terreno no comprometido, citado anteriormente, el resultado en viviendas sería de esos 7,4 millones de pisos.
«El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», afirma José María Ezquiaga, arquitecto y urbanista. «Lo importante es pensar un modelo. Éste debería contemplar un sistema de espacios libres que se infiltren en la ciudad y que no sea una mancha de aceite que lo ocupa todo. El modelo debe contar con algo esencial: un buen transporte colectivo para toda la región; y alimentar la metrópoli con múltiples centros con entidad propia, no sólo con viviendas, sino con ocio, comercio, actividad económica en forma de empleo...», asegura.
Desde su punto de vista, «es vital buscar una manera de reducir tantos 'viajes cautivos' de los madrileños sólo para ir al trabajo».
Además, este arquitecto señala dos cuestiones fundamentales para los nuevos desarrollos: «Lo importante es que todo el suelo de que se dispone llegue al mercado a precios asequibles y no con un valor desmedido; que se permita el primer acceso a la vivienda».
«El problema del crecimiento de Madrid no es el suelo comprometido, sino el suministro de agua», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos. «El consumo actual es de 280 litros por habitante y día; si multiplicamos esa cifra por 12 millones de ciudadanos potenciales, es evidente que será necesario construir nuevos pantanos o hacer trasvases desde el río Duero», añade.
Estrategia
En esta línea de planteamientos generales, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, no se explica que la CAM no disponga aún de una estrategia de desarrollo territorial que marque las pautas del crecimiento. «Es importante hacer I+D sobre el suelo, porque es necesario utilizarlo de manera inteligente. Hay que conocer la vocación de cada espacio y su encaje en el conjunto regional», propone.
Madrid ha tenido un desarrollo singular a lo largo de los años. «En los 60 se apostó por la edificación en torre, en los 80 y 90 por los adosados, en los 90 por las manzanas. La oferta de ahora debe ser lo más variada posible y capaz de mezclarse con otros usos, económicos, sociales, educativos, sanitarios», añade José María Ezquiaga.
Según Rosa Cervera, directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá de Henares, «el crecimiento debe ser muy moderado». Y destaca: «En seis décadas ha existido una invasión del territorio. En los 80 se pensó que Madrid no crecería más. Ahora vivimos otra ola de expansión. De seguir así, en un par de generaciones se acabará con el suelo del futuro».
Para el urbanismo del mañana los expertos consultados apuestan por incrementar las densidades de construcción, a la vez que se potencien los modelos mixtos y se atiende a las peculiaridades geográficas y ecológicas del área.
Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», propone De Esteban.
«La vivienda del futuro debe apostar por la continuidad y construir tanto apartamentos pequeños en altura como pensar en unifamiliares. Evitar esos saltos inexplicables entre desarrollos. La discontinuidad es lo que baja la densidad», apunta José María Ezquiaga.
«Pero antes de pensar en crecer hay que diseñar desde la demanda de vivienda como valor de uso. Recuperar casas en los centros urbanos, no sólo de Madrid, también de Alcobendas, Parla, Leganés..., que lo están pidiendo. Ir, también, hacia un crecimiento ordenado de la inmensa cantidad de suelo calificado actual; y reconstruir los barrios periféricos de los 50, 60 y 70», dice Ezquiaga.
En esta misma línea, Rosa Cervera añade: «Se debe hacer un mejor uso de lo que hay, una colmatación razonable mejorando lo existente y regenerando el tejido construido, pero no por extensión sino por coherencia».
Flexibilidad
«Las tipologías de vivienda deben ser muy flexibles, modelos cambiantes en función del crecimiento. Y con criterios que aseguren el ahorro energético y la sostenibilidad», apunta. En estos aspectos de sostenibilidad, ahorro energético y cuidado del medio ambiente ha insistido también Ezquiaga.
Alcalde propone una tesis muy parecida: «Es necesario apostar por ecourbanismo, que puede materializarse en directrices muy concretas. Por ejemplo, que el plan general de ordenación urbana de un municipio establezca una doble malla viaria dura y blanda, para vehículos y para ciclistas y peatones».
«El desarrollo infinito es imposible, como lo es prever la movilidad demográfica. Ni se debe cerrar ni pretender agotarlo. Es necesario pensar en que la ciudad es un lugar de convivencia, no de mercantilismo», indica Rosa Cervera antes de terminar: «Todo plan de suelo debe ir en paralelo a un plan de infraestructuras en la búsqueda de equilibrio».
De hecho, en el sector se empieza a dar forma (de momento verbal) a la creación de la futura M-60. Aunque el primer escollo ya está servido: la nueva vía de circunvalación debería discurrir bajo los montes de El Pardo, una opción técnicamente factible que plantea también no pocos problemas ecológicos.
Que Madrid fuera designada sede de los Juegos Olímpicos de 2016 podría suponer un empujón a estos planteamientos urbanísticos. «Evidentemente, se aceleraría el ritmo residencial», considera el catedrático Alfonso de Esteban. «Hay suficiente tiempo como trabajar con calidad y sensibilidad y hacer las cosas bien», concluye Ignacio Alcalde.
*El Mundo - SU VIVIENDA - 16 de marzo de 2007
Foto: Gran extensión de terreno el sur de la Comunidad de Madrid. / JULIÁN JAÉN
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