Orihuela tiene el 10% de sus urbanizaciones sin servicios básicos

R.LLORENTE* : "El 10% de las urbanizaciones ilegales que se levantan en Orihuela (Vega Baja) carece de servicios básicos como agua potable, luz, alumbrado público, alcantarillado y asfaltado, según la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios de Urbanismo (AECU). El colectivo impulsó la denuncia contra el Ayuntamiento de Catral y cinco promotores por la masiva construcción de casas en suelo no urbanizable del municipio.


El presidente de AECU, Honorio Fernández, apunta que el número de vecinos afectados por esta falta de dotaciones y servicios es difícil de precisar en tanto que estos núcleos residenciales están integrados por entre cuarenta y cien viviendas.

Después de sufrir durante al menos una década el gravamen de unos impuestos por unos servicios de los que jamás han disfrutado, el colectivo de usuarios critica la fórmula a la que sistemáticamente recurren los ayuntamientos que optan por considerar propietarios-promotores a los afectados y transferirles de esta forma las cargas de la urbanización de cada enclave.

Residenciales como El Presidente, La Solana, Montezenia, Lomas de Don Juan, en Orihuela; o Las Piqueras, de San Fulgencio, son algunas de las urbanizaciones donde sus moradores fueron estafados y desde entonces "malviven" sin servicios básicos. AECU subraya que son los promotores quienes están obligados a urbanizar el suelo rústico gracias a la plusvalía que obtienen de la recalificación del suelo, "y siempre antes de empezar a construir las viviendas o a más tardar simultáneamente", precisa Fernández.

El presidente de la entidad subraya que la responsabilidad de los incumplimientos de los promotores a la hora de ejecutar los servicios básicos en las zonas comunes de la urbanización son ayuntamientos y colectivos profesionales implicados en el proceso de la construcción.



*ELPAIS.com - Alicante - 18/03/2007

Foto: Orihuela costa

.................................... Leer más...

Cuatro alcaldes del área metropolitana de A Coruña, implicados en negocios inmobiliarios

PaolaOBELLEIRO* : "Los alcaldes con intereses inmobiliarios proliferan en el área metropolitana de A Coruña, uno de los polos de mayor auge de la construcción. Los regidores de Arteixo, Oleiros y Betanzos están siendo investigados para determinar la compatibilidad de sus cargos con sus actividades empresariales. El de Cambre tuvo que rendir cuentas por su promotora de viviendas en el vecino municipio de Sada. En A Costa da Morte, ahora con un fuerte bum urbanístico, las actividades privadas del alcalde de Cee y su familia están también en la mesa de la fiscalía tras una denuncia de los socialistas.



"Estamos aquí para servir, tanto desde el punto de vista de empresa como desde el punto de vista de ayuntamiento. Al que viene como vecino, se le atiende como vecino, y al que viene como cliente, se le atiende como cliente. Sin mezclar las cosas". Manuel Pose Miñones justifica con esta frase la compatibilidad de sus intereses empresariales con su cargo de regidor de Arteixo. Los alcaldes promotores suelen alardear de la transparencia de sus actuaciones. Y todos juran y perjuran que no dan trato de favor a sus empresas.

- De Arteixo a Cambre. Pose Miñones es alcalde por el PP desde 1995 y presidente de un grupo que engloba 15 sociedades, cinco de ellas nacidas tras llegar al cargo y dedicadas a actividades inmobiliarias. Pose reconoce haber votado la concesión de licencias a empresas de las que es accionista para la construcción de cinco edificios en Arteixo. Admite que su actuación "no estuvo bien" aunque defiende su legalidad. Pose emitió la documentación a la Fiscalía, que estudia abrir diligencias. El alcalde cobra por dedicación exclusiva 61.200 euros al año.

El regidor socialista de Cambre, Antonio Varela, también rindió cuentas el pasado año ante la Fiscalía por su participación en una promotora que edificó 46 viviendas en Sada. Varela, que lleva 25 años en la alcaldía, por la que cobra dedicación exclusiva, y sus otros siete socios, entre ellos un ex edil de Urbanismo, percibieron 4.017 euros cada uno. El fiscal no halló indicios de delito.

- Las fincas de los alcaldes. El alcalde socialista de Betanzos, Manuel Lagares y su hermano Antonio, también concejal, están citados a declarar ante el juez por una denuncia del PP, que los acusa de aprobar una urbanización en la que tienen intereses. Un año antes de que el pleno municipal acordase esa operación, los hermanos Lagares vendieron fincas en las que está previsto construir parte de los pisos, pero acordaron con el comprador que éste abonaría 721.000 euros por los terrenos 30 meses después de lograr la licencia para edificar.

La Fiscalía también denunció al alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, al apreciar indicios de que se aprovechó de su cargo para enriquecerse con negocios inmobiliarios. "Ha venido adquiriendo distintas fincas que han incrementado sus valoraciones urbanísticas", sostiene el ministerio público.

- Cee. Desde la llegada de José Antonio Domínguez a la alcaldía de Cee, en 2001, su esposa y su hijo desarrollaron una importante actividad como socios de seis empresas relacionadas con la construcción. Tres de ellas edifican en A Costa da Morte, incluida una urbanización en Cee. Domínguez, del PP, compaginó durante tres años la alcaldía con la administración de su empresa de electricidad que realizó obras en el nuevo mercado municipal.

- Ferrol. El teniente de alcalde de Ferrol, el independiente Juan Fernández, socio de gobierno del PP, es propietario de unos terrenos urbanizables en Serantes, donde la promotora Bros Noroeste planea construir una urbanización con 69 chalés adosados.Fernández adquirió los terrenos en 1978 como suelo rústico y en 2000 se recalificaron como urbanizables.Cuatro años más tarde ya en el gobierno, el edil firmó un edicto donde figuraba entre los afectados por el plan de sectorialización y recibió un pagaré de 192.324 euros por una opción de compra sobre una finca. En mayo del 2005 solicitó como promotor una modificación del PXOM para desviar el trazado de un vial que atravesaba su parcela, informa Lorena Bustabad.

- Concejales de Urbanismo. Pese a percibir un sueldo de más de 36.000 euros por dedicación exclusiva, el edil de urbanismo de Teo, el independiente Manuel Parajó, admitió en uno de los plenos -a los que acude con la carpetilla de una conocida promotora- que no sólo realizaba negocios urbanísticos fuera del municipio (como se había publicado en la prensa), sino también dentro del ayuntamiento. Parajó ultima su campaña para repetir como socio del PP y ocupar nuevamente la concejalía de urbanismo. Sobre su colega de Porto do Son, el socialista Manuel Vázquez, pesa una denuncia de la Fiscalía que lo acusa de un presunto delito de negociación prohibida a funcionarios y autoridades. El concejal compró a su nombre cuatro fincas no urbanizables en Portosín que posteriormente aparecieron recalificadas en el Plan General, informa José Precedo.



*ELPAIS.com - A Coruña - 18/03/2007

Foto: Ferrol /turismo

.................................... Leer más...

El mapa de la corrupción urbanística cuenta con 21 ayuntamientos con causas penales abiertas en Andalucía

AntonioMONTILLA* : "La cifra impacta: 21 ayuntamientos andaluces salpicados por presuntos casos de corrupción urbanística, con imputaciones penales para alcaldes, concejales y ex concejales en lo que va de mandato, desde las elecciones de 2003. Si se compara este número con el total de municipios de la Comunidad autónoma, el porcentaje ofrece otra lectura: sólo el 2,7 por ciento de los 770 ayuntamientos cuentan con representantes involucrados en casos en los que supuestamente se han violado las normas de ordenación del territorio. ¿Muchos o pocos? Seguro que no hay una única respuesta.


«Aquí no hay políticos corruptos de un signo político u de otro, lo que hay son delincuentes». La frase es de Joan Mesquida, director general de la Policía y la Guardia Civil que esta misma semana ha presentado 194 nuevos agentes para combatir la delincuencia urbanística, lo que supone un refuerzo en la investigación de estas infracciones penales, su impacto en el medio ambiente y los delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. La apreciación de Mesquida se cumple, al menos en Andalucía, porque hay cargos públicos afectados de todos los colores y signos políticos.

Ciudades pequeñas

La corrupción tan poco se decanta por una provincia u otra y ni siquiera se puede aseverar al cien por cien que estos delitos sean exclusividad de las localidades costeras.

El único común denominador es que, salvo el caso de Marbella, el resto de concejos afectados no alcanzan los 50.000 habitantes; es decir, que son corporaciones medias o pequeñas donde existe una menor fiscalización previa de las actuaciones de alcaldes y concejales. En cualquier caso, ningún gobierno de capital de provincia se incluye en un listado que hay que actualizar casi semanalmente.Y es que existe otro medio centenar de denuncias relacionadas con el urbanismo que aún no han derivado en una causa penal y que están en fase de investigación, bien por parte de la Fiscalía, por cuerpos como la UDYCO, el SEPRONA o por la propia Junta de Andalucía.

La inminente campaña para las elecciones municipales también incrementará el anuncio de interposición de medidas legales que no siempre se consuman. La primera parada en este recorrido por los presuntos casos de corrupción en Andalucía nos lleva a Marbella. La denominada 'operación Malaya' fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de la Junta que impulsó una decisión sin precedentes, la disolución de la corporación y la instauración de una Comisión Gestora, que rige los designios de la ciudad hasta mayo.

Más allá de 'Malaya'

La ex alcaldesa, Marisol Yagüe, y todo su equipo de gobierno fueron enviados a prisión bajo la imputación de los presuntos delitos de cohecho, malversación y prevaricación. Pero la 'operación Malaya' ha supuesto mucho más por sus connotaciones mediáticas, relacionadas con el mundo del papel 'couché' y, sobre todo, por las dimensiones de un proceso que sigue abierto y que esta misma semana ha deparado tres nuevas detenciones relacionadas con el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.

Más allá de este sumario, ex alcaldes y ex concejales de los distintos gobiernos del GIL están imputado en al menos un centenar de procesos y, algunos de ellos, ya han sido condenados a penas de prisión por delitos contra la ordenación del territorio. En la provincia de Málaga hay, por ahora, tres frentes más abiertos.

El juez Miguel Ángel Torres, el mismo que instruye la 'operación Malaya', dirige la investigación del caso 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol que, como el caso anterior, materializa la UDYCO. Dicho proceso sacó a la luz las irregularidades en los convenios urbanísticos. El alcalde, Pedro Tirado (independiente que perteneció al GIL) dimitió tras ser enviado a prisión. El primer edil de Tolox, Juan Vera, del PA, se enfrenta a varias acusaciones de haber permitido la construcción de promociones inmobiliarias en suelos calificados de no urbanizables. En Alhaurín El Grande, el alcalde Juan Martín Serón, y el delegado de Urbanismo Cristóbal Guerra fueron detenidos por un presunto delito de cohecho. Ambos pertenecen al PP.

Más detenciones

Granada ha tomado el relevo de Málaga en relación con las detenciones, aunque los implicado han podido eludir la cárcel tras la presentación de las fianzas marcadas por el juez. Manuel Fernández, concejal delegado de Urbanismo de Alhendín, tuvo que depositar 18.000 euros y está en libertad bajo fianza, aunque su imputación incluye varios supuestos delitos: cohecho, prevaricación y fraude.

En Armilla, el alcalde socialista, José Antonio Morales, el ex concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavete y otros cuatro concejales del PSOE se enfrentan a sendas imputaciones por los presuntos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en el denominado 'caso Nevada', que también salpica a Tomás Olivo, empresario que se encuentra en libertad bajo fianza por el caso Malaya.

Aforados

Pese a que Ogíjares es un municipio pequeño, los indicios de posible corrupción en su consistorio han llegado hasta el Tribunal Supremo. José Luis del Ojo une a su condición de concejal y ex delegado municipal de Urbanismo la diputado nacional por el PP. Es, por lo tanto, un aforado que sólo puede ser investigado por el Tribunal Supremo. La Fiscalía del máximo órgano judicial español ya ha pedido a la del TSJA que le informe sobre el supuesto trato de favor que Del Ojo habría presuntamente dado a una empresa constructora en relación a unas obras contratados por el Ayuntamiento.

Juan Carlos Benavides, alcalde independiente de Almuñecar que comenzó el mandato bajo las siglas del PA, tiene ante sí un rosario judicial copioso, con cuatro procesos penales abiertos y más de 60 contenciosos administrativos que incluyen presuntos delitos de diversa índole.

En Fuente Palmera, Córdoba, el ex alcalde socialista está imputado por haber vendido, supuestamente, una zona verde para construir viviendas.


*diariosur.es - Domingo, 18 de marzo de 2007

Foto: Almuñécar /motrildigital

.................................... Leer más...

En el suelo urbanizable de Madrid se pueden construir más de un millón de casas

MartaBELLVER/BenditoMUÑOZ* : "Si el crecimiento inmobiliario de Madrid tiene fronteras, éstas se encuentran situadas a una distancia de años luz. Al menos en la teoría. Contando sólo con el suelo listo para urbanizar que tiene la Comunidad se podrían edificar más de un millón de nuevas viviendas. Pero no sólo eso. La región dispone además de otro 17,5% de terreno no comprometido que en el futuro tendría la opción de albergar desarrollos residenciales. Si se calcara el modelo urbanístico actual, con esta reserva se levantarían otros 7,4 millones más de casas.


Ahora bien, ¿cuál debería ser el patrón de desarrollo de la Comunidad de Madrid (CAM)? «El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», responde el arquitecto y urbanista José María Ezquiaga, quien aboga por un sistema en el que los espacios libres se infiltren en la ciudad, se considere indispensable un buen transporte colectivo y se dote a la metrópoli de entidad propia.

En este sentido, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, plantea la necesidad de que el Ejecutivo regional elabore una estrategia de crecimiento territorial que marque pautas generales para todos los ayuntamientos.

Dando un paso hacia la concreción, los expertos estiman imprescindible que se incrementen las densidades de construcción para hacer un uso más racional del suelo y, al mismo tiempo, se potencien los modelos mixtos de acuerdo con las peculiaridades geográficas y ecológicas de la zona.

Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos.

La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con un parque de viviendas de alrededor de 2,8 millones de unidades, lo que se traduce en una media de 2,1 habitantes por casa. Si la teoría se llevara a la práctica, en el futuro podría transformarse en una región que cobijaría a más de 23 millones de ciudadanos.

¿Tiene techo Madrid? En teoría, el suelo es limitado y, lógicamente, no se podrán seguir construyendo casas de forma indefinida. En la práctica, sin embargo, el final de las reservas de la Comunidad está tan lejano que casi parece una entelequia.

Sólo con los solares preparados para urbanizar que atesora la región (es decir, los que han recibido ya luz verde administrativa para el inicio de la edificación) se podrían construir más de un millón de nuevos pisos, de acuerdo con los cálculos de los expertos consultados por SU VIVIENDA. Esto supone el 4,1% de la superficie total, que asciende a 8.030 km2.

Sur y sureste

Pero es que, además, hay un 17,5% de suelo no comprometido, situado principalmente en el sur y sureste de la Comunidad de Madrid (CAM), que en un futuro quizá no demasiado lejano podría cobijar nuevos desarrollos residenciales. Con este terreno la cifra de hogares potenciales suma alrededor de 7,4 millones de unidades más.

Los datos no son exactos, aunque sí muy aproximados. El parque de viviendas de la región contabilizaba 2.478.145 casas en 2001, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE). A esto hay que añadir las 336.750 licencias de nueva construcción que se han concedido en los últimos cinco años. Si bien no todas acaban ejecutándose, sí dan una idea muy certera del ritmo madrileño de crecimiento inmobiliario. Así, se podrían contabilizar en la actualidad más de 2,8 millones de inmuebles finalizados o a punto de concluir.

Por otro lado, las ciudades y pueblos de la CAM ocupan un 8,6% de su suelo total, mientras que las infraestructuras y redes públicas se llevan un 4,4% de la superficie. Si se repitiera el modelo de urbanización existente en la actualidad en ese 17,5% de terreno no comprometido, citado anteriormente, el resultado en viviendas sería de esos 7,4 millones de pisos.

«El escenario de urbanizar todo lo posible es una pesadilla», afirma José María Ezquiaga, arquitecto y urbanista. «Lo importante es pensar un modelo. Éste debería contemplar un sistema de espacios libres que se infiltren en la ciudad y que no sea una mancha de aceite que lo ocupa todo. El modelo debe contar con algo esencial: un buen transporte colectivo para toda la región; y alimentar la metrópoli con múltiples centros con entidad propia, no sólo con viviendas, sino con ocio, comercio, actividad económica en forma de empleo...», asegura.

Desde su punto de vista, «es vital buscar una manera de reducir tantos 'viajes cautivos' de los madrileños sólo para ir al trabajo».

Además, este arquitecto señala dos cuestiones fundamentales para los nuevos desarrollos: «Lo importante es que todo el suelo de que se dispone llegue al mercado a precios asequibles y no con un valor desmedido; que se permita el primer acceso a la vivienda».

«El problema del crecimiento de Madrid no es el suelo comprometido, sino el suministro de agua», apunta Alfonso de Esteban, catedrático de Sociología Urbana de la Universidad Rey Juan Carlos. «El consumo actual es de 280 litros por habitante y día; si multiplicamos esa cifra por 12 millones de ciudadanos potenciales, es evidente que será necesario construir nuevos pantanos o hacer trasvases desde el río Duero», añade.

Estrategia

En esta línea de planteamientos generales, Ignacio Alcalde, director del Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Escuela de Negocios CEU, no se explica que la CAM no disponga aún de una estrategia de desarrollo territorial que marque las pautas del crecimiento. «Es importante hacer I+D sobre el suelo, porque es necesario utilizarlo de manera inteligente. Hay que conocer la vocación de cada espacio y su encaje en el conjunto regional», propone.

Madrid ha tenido un desarrollo singular a lo largo de los años. «En los 60 se apostó por la edificación en torre, en los 80 y 90 por los adosados, en los 90 por las manzanas. La oferta de ahora debe ser lo más variada posible y capaz de mezclarse con otros usos, económicos, sociales, educativos, sanitarios», añade José María Ezquiaga.

Según Rosa Cervera, directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Geodesia de la Universidad de Alcalá de Henares, «el crecimiento debe ser muy moderado». Y destaca: «En seis décadas ha existido una invasión del territorio. En los 80 se pensó que Madrid no crecería más. Ahora vivimos otra ola de expansión. De seguir así, en un par de generaciones se acabará con el suelo del futuro».

Para el urbanismo del mañana los expertos consultados apuestan por incrementar las densidades de construcción, a la vez que se potencien los modelos mixtos y se atiende a las peculiaridades geográficas y ecológicas del área.

Por ejemplo: «En la zona sur, se podría construir un 40% de unifamiliares y un 60% de multifamiliares con un máximo de seis o siete pisos; en Guadarrama, en cambio, la mayoría de las edificaciones deberían ser chalés y los edificios no superar las cuatro alturas», propone De Esteban.

«La vivienda del futuro debe apostar por la continuidad y construir tanto apartamentos pequeños en altura como pensar en unifamiliares. Evitar esos saltos inexplicables entre desarrollos. La discontinuidad es lo que baja la densidad», apunta José María Ezquiaga.

«Pero antes de pensar en crecer hay que diseñar desde la demanda de vivienda como valor de uso. Recuperar casas en los centros urbanos, no sólo de Madrid, también de Alcobendas, Parla, Leganés..., que lo están pidiendo. Ir, también, hacia un crecimiento ordenado de la inmensa cantidad de suelo calificado actual; y reconstruir los barrios periféricos de los 50, 60 y 70», dice Ezquiaga.

En esta misma línea, Rosa Cervera añade: «Se debe hacer un mejor uso de lo que hay, una colmatación razonable mejorando lo existente y regenerando el tejido construido, pero no por extensión sino por coherencia».

Flexibilidad

«Las tipologías de vivienda deben ser muy flexibles, modelos cambiantes en función del crecimiento. Y con criterios que aseguren el ahorro energético y la sostenibilidad», apunta. En estos aspectos de sostenibilidad, ahorro energético y cuidado del medio ambiente ha insistido también Ezquiaga.

Alcalde propone una tesis muy parecida: «Es necesario apostar por ecourbanismo, que puede materializarse en directrices muy concretas. Por ejemplo, que el plan general de ordenación urbana de un municipio establezca una doble malla viaria dura y blanda, para vehículos y para ciclistas y peatones».

«El desarrollo infinito es imposible, como lo es prever la movilidad demográfica. Ni se debe cerrar ni pretender agotarlo. Es necesario pensar en que la ciudad es un lugar de convivencia, no de mercantilismo», indica Rosa Cervera antes de terminar: «Todo plan de suelo debe ir en paralelo a un plan de infraestructuras en la búsqueda de equilibrio».

De hecho, en el sector se empieza a dar forma (de momento verbal) a la creación de la futura M-60. Aunque el primer escollo ya está servido: la nueva vía de circunvalación debería discurrir bajo los montes de El Pardo, una opción técnicamente factible que plantea también no pocos problemas ecológicos.

Que Madrid fuera designada sede de los Juegos Olímpicos de 2016 podría suponer un empujón a estos planteamientos urbanísticos. «Evidentemente, se aceleraría el ritmo residencial», considera el catedrático Alfonso de Esteban. «Hay suficiente tiempo como trabajar con calidad y sensibilidad y hacer las cosas bien», concluye Ignacio Alcalde.


*El Mundo - SU VIVIENDA - 16 de marzo de 2007

Foto: Gran extensión de terreno el sur de la Comunidad de Madrid. / JULIÁN JAÉN

.................................... Leer más...

La España del ladrillo (II): nieve va

Perla Sambá* : "En las últimas semanas se ha puesto en marcha el lanzamiento publicitario de Marina d’Or Golf, segunda fase del famoso emporio turístico inmobiliario diseñado para recluir a 100.000 turistas. A plena ocupación, Marina d’Or pasará estar entre las cuarenta ciudades más pobladas de España. Pero antes de que aterrizen los nuevos colonos es preciso realizar una serena descripción de lo que les espera…


Aprendiendo de Las Vegas
Como no podía ser menos, el nuevo complejo incluirá los preceptivos tres campos de golf, diseñados por los superprofesionales mercenarios Sergio García y Greg Norman. Pero, como ya se imaginarán, a estas alturas del Delirio Urbanístico Generalizado (DUG), lo de los campos de golf es casi lo de menos… Gracias a Anne Igartiburu, portavoz oficiosa del emporio y conocida presentadora del concurso Mira quién saca tajada de la destrucción del territorio, nos hemos enterado de que entre las insensatas novedades que propone el demencial holding castellonense se incluyen los siguientes servicios de interés general: 1) Una serie de románticos canales para pasear en góndola. 2) Un balneario científico de agua marina (signifique esto lo que signifique). 3) Un arrecife coralino con más de 12.000 peces tropicales. 4) Reproducciones de la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo y los Jardines de Versalles. 5) Dos kilómetros de magníficas playas caribeñas (repetimos: caribeñas). 6) Y por último, aunque no por ello menos desquiciado, la mayor pista de esquí artificial del mundo.

Entre unas cosas y otras, los requerimientos de agua de Marina d’Or Golf representarían una quinta parte del trasvase del Ebro, según Ecologistas en Acción. (Nota: para que este tipo de nimias estadísticas no impidan el pleno disfrute de las nuevas atracciones, imaginamos que Marina d’Or proporcionará, a quien no lo lleve incorporado de serie, el mismo kit de aislamiento sensorial que llevan los “turistas” de Guantánamo para que el mundo exterior y sus engorrosos límites no impidan al visitante disfrutar de su vertiginoso descenso en trineo).

El tío Ger
Aunque la idea de esquiar en Castellón en pleno agosto suene quimérica, no hay que olvidar que el lema “nada es imposible” encaja como un guante en la personalidad de Jesús Ger, carismático alcaide de Marina d’Or. A Ger le gustán los desafíos y, para colmo, la Diosa de la Fortuna siempre ha estado de su lado:

- Primero tuvo la buena suerte de que los ayuntamientos de Oropesa y Cabanes le adjudicaran 19 millones de metros cuadrados para edificar Marina d’Or Golf. ¿Qué cómo consiguió la adjudicación? Bueno, según denuncias de Isaura Navarro, diputada de Izquierda Unida por Valencia, “dos de los seis concejales del Partido Popular de Cabanes que votaron a favor del proyecto, dos hijas de los máximos dirigentes del PSOE en Oropesa y la secretaría general del PSOE en esa localidad están en nómina de Marina d’Or”. Y lo dice como si cobrar dinero de Ger fuera algo malo… Vamos a ver: después de todo, los municipios de Oropesa y Cabanes van camino de convertirse en meros suburbios de Marina d’Or, así que es lógico que las autoridades locales reciban órdenes del alcaide Ger que, a fin de cuentas, es el que corta el bacalao. ¿O no?

- Más tarde, en otro increíble caso de buena suerte, las autoridades locales decidieron que el futuro aeropuerto de la provincia estuviera cerca del chiringo vacacionista de Ger. Por si esto no fuera suficiente, Carlos Fabra, presidente de la diputación de Castellón, decidió que había que construir una carretera entre el nuevo aeropuerto y Marina d’Or aplicando la siguiente lógica: la-distancia-más-corta-entre-dos-puntos-es-la-línea-recta (formula geométrica de dudoso encaje legal, según algunos jueces, cuando la línea recta incluye una zona protegida y un yacimiento arqueológico).

Bajarse al moro… con los palos de golf
Pero no se alarmen, porque a Ger nadie le para los pies: aunque haya que secar el Ebro y sus batracios se caguen en la puta raza de Fabra y Ger, en Marina d’Or va a haber agua, suelo, carreteras y energía para lo que a él le de la real gana. No obstante, tras haber conseguido que nieve en Oropesa en agosto y en vista de que en España no hay autoridad competente que se le resista, Jesús Ger está intentando ahora el más difícil todavía: construir un complejo marinadoriano en Marruecos. ¿Utilizará el agua de los oasis marroquíes para construir una reproducción de Cullera en el Sáhara Central? Bueno, hasta que esto se aclare que mejor manera de amenizar la espera que echando un vistazo a uno de los últimos videos ideados por las autoridades de Castellón para atraer a sus costas a los colonos/turistas. Ladies and gentlemen, con ustedes, el único, el incomparable, el legendario… ¡LUIIIIIIIS AGUILÉ!


*LadinamoBlog - Miércoles, 21 Febrero, 2007

Foto: Marina D'Or /integral

.................................... Leer más...

Alrededor de 160 entidades se unen contra la destrucción del territorio

I.OLAIZOLA* /Palma : "Más de 160 entidades educativas, ambientales, culturales, formaciones políticas, sindicatos, asociaciones vecinales, plataformas territoriales y una gran variedad de otras asociaciones se han adherido a la manifestación contra la destrucción del territorio convocada para hoy a la seis de la tarde en la plaza de España por la plataforma Salvem Mallorca.



Tonina Siquier, militante del Gob que ha participado activamente en la organización de esta protesta, no se atrevía aventurar una cifra de las personas que acudirán a la manifestación convocada para esta tarde. "No sé, soy muy mala con las cifras. Llevamos más de un mes de trabajo y confiamos en que acuda tanta gente como la que vino a la gran protesta de 2004", pronosticó la ecologista.

Cabe recordar que el 14 de febrero de 2004 el Gob y otras dos plataformas contra proyectos viarios consiguieron congregar a más de 40.000 personas (otras fuentes hablaron de 50.000) por las calles de Ciutat bajo el lema ´Qui estima Mallorca no la destrueix´. La primera consecuencia de esta gran movilización ciudadana fue la retirada del polémico proyecto viario que pretendía unir Inca y Manacor con una autopista. Recordando esta victoria, las diferentes entidades convocantes animaban a la gente a acudir hoy a la manifestación contra la destrucción del territorio en Mallorca.

Los ataques contra el portavoz del Gob, Miquel Àngel March, por una presunta irregularidad urbanística en una finca de su propiedad en una zona Anei de Pollença serán, a juicio de los organizadores, una motivación añadida para que más gente acuda a la protesta.

"La denuncia la ha interpuesto un militante del PP y, curiosamente, todo el asunto se ha destapado la semana previa a la manifestación. En la finca de March no se ha hecho ninguna obra. Estamos bien tranquilos de que cualquier persona de nuestra organización es de una honestidad y transparencia absolutas. Quizá toda esta campaña responde a que no saben como tapar sus propios casos de corrupción e intentan desprestigiar a otros", apuntó Siquier.

En este mismo sentido se pronunció la secretaria general de los socialistas de Mallorca, Francina Armengol, para quien el PP emprende "campañas de desprestigio contra las organizaciones sociales y partidos que piensan diferente. Ya se ha demostrado que el Govern utiliza dinero público para pagar programas como IB3 Confidencial en los que se ataca a todo tipo de disidencia. Me repugna esta forma de hacer política", recalcó.



Más adhesiones



En lo que atañe a los últimos preparativos de la manifestación, Siquier se mostró sorprendida del alud de adhesiones que están teniendo hasta el último momento. "Ayer (por el jueves) se nos habían sumado unas 130 entidades. Hoy (por ayer, viernes) ya sumamos más de 160. Treinta nuevas organizaciones en un solo día", resaltó Siquier.

Aparte de la gente que acuda en sus propios vehículos, se han fletado autobuses desde las localidades de Pollença, Felanitx y Andratx, como informó este diario el jueves, a los que en las últimas fechas se han sumado otros autocares que partirán de Campanet, Inca, Alcúdia, Llucmajor, Esporles y Petra, según informaron desde la organización. "Los medios de comunicación están dando mucha cobertura a esta manifestación. Acudo a tres o cuatro radios cada día. Espero que la gente responda y acuda hoy a la plaza de España. Hemos trabajado para repetir el éxito de 2004", mostró su esperanza Siquier.


*diariodemallorca.es, Sábado, 17 de marzo de 2007

Foto: Militantes del Gob y de entidades que se han sumado a la manifestación desplegaron ayer en Son Sardina la pancarta que encabezará la protesta. /G.BOSCH

.................................... Leer más...

Afectados por posibles derribos esperan que la Junta recapacite tras el «rapapolvo»

SUR*/Marbella : "La contundencia de los argumentos con los que el juez Miguel Ángel Torres, instructor del 'caso Malaya', ha rechazado la personación de la Junta de Andalucía como acusación particular no ha dejado indiferente a nadie. Tampoco a los vecinos que pudieran verse afectados por algunas de las demoliciones de viviendas ilegales que podrían derivarse de las peticiones de ejecución de sentencias por parte del Gobierno andaluz.


La plataforma de ciudadanos afectados por los posibles derribos en Marbella no se anduvo ayer por las ramas y se mostró confiado en que el «rapapolvo» del magistrado a la Junta «le haga recapacitar y anuncie antes de las elecciones que no habrá ninguna demolición de viviendas adquiridas de buena fe».

Desde la plataforma no ocultaron su satisfación porque el juez haya considerado en el sumario a la Junta más responsable que perjudicada en la trama de corrupción urbanístico. En un comunicado, afirmaron que el «mal funcionamiento» de las administraciones públicas ha llevado a miles de vecinos a «situaciones muy graves», al mismo tiempo que acusaron de «hipocresía» de la Junta «al querer derribar viviendas después de haberse enriquecido por ellas».

Frente a estas duras críticas, la comisión gestora de Marbella cerró filas en torno al Ejecutivo andaluz. El vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, consideró que culpar a la Junta de lo ocurrido «es como culpar a la Policía de la situación en el País Vasco».

«Muy precipitadas»

A su juicio, las observaciones reveladas tras el último levantamiento de sumario son «muy precipitadas» y no dudó en respaldar el argumento de Manuel Chaves, considerando que «quien cobra por la expedición de licencias ilegales y los impuestos de plusvalía es el Ayuntamiento». «Las palabras del juez se están sacando de contexto», añadió.

La propia Junta siguió ayer defendiendo a ultranza su gestión durante los 15 años de gilismo. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, recordó que desde que se obtuvo el respaldo de los jueces en las primeras sentencias anulando las licencias ilegales la actuación en Marbella ha sido «siempre contundente». Mientras, el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, insistió en que la Administración autonómica no se ha beneficiado «en nada» de las operaciones urbanísticas irregulares que se han producido en Marbella.

Los coletazos al demoledor auto del juez también vinieron ayer de parte de los dirigentes del PP, del PA y de IU. Javier Arenas, presidente del PP andaluz, reiteró que el auto «no es subjetivo» porque la Junta lleva «15 años mirando para otro lado en Marbella». Por su parte, la portavoz del PA en el Parlamento , Pilar González, consideró que el Gobierno andaluz ha podido incurrir en un «fraude político» si se confirma el ingreso de dinero por impuestos de viviendas ilegales.

Por último, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, apostó por abrir una investigación para concretar la responsabilidad de la Junta y si sabía que las licencias eran «ilegales».


*diariosur.es - Sábado, 17 de marzo de 2007

Foto: Puerto Banús /malagaweb

.................................... Leer más...

El alcalde de Oleiros acusa a la Xunta de castigarlo mientras permite destruir la costa

PaolaOBELLEIRO* : "El alcalde de Oleiros, el independiente Ángel García Seoane, atacó ayer con dureza la política urbanística del Gobierno gallego ante la decisión de Política Territorial de rechazar el Plan Xeral de Ordenación Municipal de esta localidad del área metropolitana de A Coruña. "Somos víctimas del politiqueo", acusó, "nos paran el plan para jugar electoralmente con él". Nada que ver, denunció, con "la permisibilidad" ante alcaldes que destruyen la costa. "A esos nadie los para, sólo les dan tirones de oreja", denunció en alusión a los regidores de la Mariña lucense.


Hay dos varas de medir, según García Seoane. "Pero no vamos a dejar que esa política miserable mancille nuestra gestión", advirtió. El regidor desplegó una artillería de descalificaciones contra la política urbanística de los socialistas, que equiparó a la del PP: "Basta darse una vuelta por los ayuntamientos donde gobiernan unos y otros, están llenos de desfeitas y falcatruadas".

García Seoane tenía claro que iba ocurrir lo mismo que con los dos anteriores planes urbanísticos de Oleiros, de 1983 y 1995: también fueron rechazados, en vísperas de elecciones municipales, por el Gobierno gallego, entonces en manos de los populares, recordó. Y ahora, con los socialistas, la política urbanística de la Xunta se caracteriza, según este alcalde, por su "desnorte", su incapacidad para tramitar planes de ordenación -más de un centenar están pendientes, dijo- y su "permisividad mientras la costa gallega sigue siendo destruida".

El Ayuntamiento de Oleiros, que presume de "la singularidad" de su urbanismo, redactará para después del verano, tras las elecciones, un documento de respuesta al informe de Política Territorial en el que se desgranan las deficiencias del plan municipal por las que el departamento autonómico rechazó darle la aprobación definitiva. Pero ayer García Seoane ya lanzó crudas aseveraciones contra la resolución de la Xunta: "Es el informe personal de unos técnicos que interpretan la ley a su manera, en algunas ocasiones incluso con una maldad y ruindad terrorífica". Denunció que la resolución no fuera firmada por el director general de Urbanismo, sino por un subdirector "vecino de Oleiros y que se jacta de ser enemigo del alcalde".

Es extraño, continuó el regidor, que Política Territorial emitiera su informe sin esperar por la indispensable evaluación de la Consellería de Medio Ambiente, un documento que, según él, estará listo el próximo miércoles. Y recordó que cuenta con informes favorables de las demás administraciones, como el Ministerio de Fomento o Patrimonio de la Xunta.

En cuanto a la clasificación de los suelos, principal motivo para devolver a Oleiros su plan de ordenación, el alcalde se explayó en explicar que su propuesta rebaja la edificabilidad en el municipio. Acusó a la consellería de pretender, con sus criterios para la declaración de suelo urbano en núcleos de población ya existentes, "quitarles de un plumazo las fincas a vecinos que tienen esa clasificación desde 1983". Seoane advirtió de que el Ayuntamiento está dispuesto a acudir a los tribunales, si es necesario, para "parar esas tropelías". Y recurrió a un símil taurino para destacar la disposición de su gobierno a dar la batalla: "Vamos a coger el toro por los cuernos y llevarlo al cercado. Pero no vamos a usar toros mansos, porque nosotros nunca lo fuimos".


*ELPAIS.com - A Coruña - 17/03/2007

Foto: Sta.Cristina /Oleiros

.................................... Leer más...

El precio de la vivienda ha subido 10 veces más que los salarios en el último decenio en Catalunya

AGENCIAS* : "Los salarios han subido una media del 30% en la última década en Catalunya, mientras que los precios medios de los pisos han crecido más de un 310%, lo que ha dejado a una importante parte de la población sin posibilidad económica de acceso a una vivienda.



La provincia catalana en la que se ha registrado un aumento más espectacular ha sido Girona, donde el precio de la vivienda ha subido un 372,8% entre 1994 y el 2006, llegando a 3.848 euros el metro cuadrado, según ha afirmado el conseller de Medi Ambient i Vivenda, Francesc Baltasar, durante una comparecencia en el Parlament. De cerca le siguen las demarcaciones de Tarragona, donde el crecimiento ha sido del 325%; Barcelona, con un 297,4%, y Lleida, con un 250%.

La clase media, cada vez más afectada

El político ecosocialista ha explicado que la fuerte inflación de precios que se ha producido en esta década, "una de las más intensas conocidas en la historia inmobiliaria", ha llevado a una discrepancia extraordinaria entre la evolución de los salarios, que han crecido muy modestamente, y el coste de la vivienda, que se ha disparado en todas las esferas del mercado inmobiliario, tanto en la obra nueva como de segunda mano y alquiler.

"[La situación] Ha superado los ámbitos habituales en los que se desarrollaba la política de vivienda porque cada vez más afecta a franjas de clases medias con ingresos por encima de los considerados habitualmente como elegibles para tener derecho a ayudas públicas", en palabras del conseller.

Este escenario, además, ha venido acompañado de una "caída drástica" en la producción de vivienda protegida, ya que de los volúmenes de entre 15.000 y 20.000 pisos protegidos que se construían cada año en la década de los 90 se ha pasado a producciones inferiores a los 10.000 en los últimos años.

Batería de medidas

Para hacer frente a esta situación, Baltasar ha señalado que su departamento está impulsando una serie de medidas que pasan por ampliar el abanico de la población beneficiaria de pisos de protección oficial, incrementar los recursos presupuestarios y cambiar los instrumentos de intervención en el campo de la vivienda social.

En este sentido, ha subrayado que una de las iniciativas que se están potenciando es la concesión de ayudas para el pago del alquiler a familias con unos ingresos 2,5 veces por debajo del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM). El pasado año se beneficiaron de estas ayudas 8.376 personas, con 17,1 millones de subvenciones, y está previsto que en el 2007 la cifra de agraciados llegue a 10.000 personas.

Otras de las "medidas de choque" que está preparando la conselleria que dirige Baltasar son la ampliación de créditos para la emancipación de la gente joven, el establecimiento de un sistema universal de avales a los inquilinos y la firma de un protocolo interdepartamental contra el acoso inmobiliario.


*ElPeriodico.com 16/3/2007


.................................... Leer más...

Las impugnaciones han impedido construir 10.490 viviendas ilegales en Marbella

DiegoNARVÁEZ* : "Los controles de la administración autonómica y de los tribunales de Justicia sobre el urbanismo de Marbella, cuya eficacia es objeto recurrente de polémica, sí tuvo resultados al menos en los tres últimos años de mandato del Grupo Independiente Liberal. Desde que en marzo de 2003 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cambió de doctrina y comenzó a ordenar suspensiones cautelares de obras con licencia impugnada, se ha impedido la construcción de 10.490 viviendas contrarias al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). 4.427 están paradas, y el resto no llegaron a iniciarse.



Hasta ahora se daba por bueno que en Marbella se construyeron unas 30.000 viviendas contrarias al PGOU entre 1991 y 2005. El dato lo obtuvo el equipo redactor del nuevo planeamiento cuando elaboró el documento de avance, pero estaba extraído de los datos de las licencias otorgadas de forma ilegal.

Ahora, una vez que la oficina de planeamiento de la Junta en Marbella ha hecho un control sobre el terreno de lo que ha ocurrido con cada una de estas licencias, la cifra se rebaja en una tercera parte. Y es que desde el año 2003 las órdenes de suspensión de obras que el TSJA dictaba siempre que la Junta impugnaba una licencia irregular han impedido la construcción de 10.490 casas ilegales. De ese total, 5.795 ni siquiera llegaron a iniciarse y las parcelas continúan libres. Otras 4.427 están en distinta fase de obra, pero paralizadas y precintadas. La lista se competa con otras 268 casas que sí se han acabado pero no han llegado a ocuparse, lo que alivia el problema social que se plantearía en caso de que finalmente el TSJA decidiera demolerlas.

También ha habido promotores que han incumplido las órdenes de paralización cautelar y han acabado las construcciones que ya están habitadas, situación en la que se encuentran 999 viviendas que corren el riesgo de ser declaradas ilegales en sentencia firme.

Según la consejera de Obras Públicas, estos datos evidencian que la Junta ha cumplido su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística en Marbella. "Cuando hemos tenido apoyo del tribunal, hemos tenido eficiencia", sostiene la consejera, quien recuerda que la Junta ha impugnado más de 400 licencias de obras en Marbella y siempre pidió la suspensión cautelar de las obras al TSJA, que es a quien compete tal decisión, y que éste las denegó hasta marzo de 2003, cuando ya se habían impugnado 130 permisos sin que se adoptaran medidas.

Entre las obras en construcción que se encuentran paralizadas hay algunas de promotores imputados en la Operación Malaya, como José Ávila Rojas -279 casas en Río Real y 192 en La Trinidad, de Naviro Inmoviliaria; y 210 de Turasa-, o Carlos Sánchez -242 viviendas en Elviria de CCF 21 y dos hoteles-, o Fidel Sanromán -dos centros comerciales del grupo Tifan-.

Unifamiliares
Naviro Inmobiliaria (Ávila Rojas), construía 11 casas en suelo para parques y jardines que el TSJA ordenó parar en noviembre de 2004.

Apartamentos
Promoción de 279 viviendas de Naviro Inmobiliaria en suelo urbanizable pero sin instrumento de planeamiento. Parada en mayo de 2004.

Urbanización
Sur Inversiones Sema construía 181 viviendas, más de las permitidas en la zona y sin plan de desarrollo. Parada en abril de 2004.

Adosados
En junio de 2004 el TSJA mandó parar la promoción de 14 adosados que Anotaciones Veinticuatro alzaba en suelo destinado a parques y jadines.



*ELPAIS.com - Málaga - 16/03/2007

Foto: Apartamentos en construcción- EL PAÍS

.................................... Leer más...

El Juzgado de Avila llama a declarar como imputado al Director General del Medio Natural de la Junta

EFE* : "El Juzgado de Instrucción número 2 de Avila ha atendido la petición del fiscal jefe al llamar a declarar como imputados en el caso de la 'Ciudad del Gof' de Las Navas del Marqués al director general del Medio Natural de la Junta, Mariano Torre, y el alcalde navero, Gerardo Pérez (PP), entre otros. Sin embargo, el Juzgado de Instrucción no atiende la petición presentada por la Asociación Centaurea, para que el número de imputados se viera ampliado con otros dos cargos de la Administración autonómica.



La providencia del juzgado a la que tuvo acceso hoy Efe fija para el próximo 11 de abril, a partir de las 10.00 de la mañana, el día para que ambos presten declaración ante el juez Miguel Angel Moreno, junto al secretario del Ayuntamiento de Las Navas, Carlos de la Vega, y al ex delegado de la Junta en Avila, Félix San Segundo, que cuando se tramitó el proyecto también era presidente de la Comisión de Urbanismo.


Los ecologistas solicitaban la declaración del jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, José Angel Arranz, y el jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente en Avila y vocal de la Comisión Territorial de urbanismo de Avila en la época en la que ocurrieron los hechos, Juan Manuel Pardo.

La providencia emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 no llama a declarar a estos dos últimos, pero sí atiende a la solicitud de Centaurea, que pedía al juez la declaración como testigos de tres funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente.

Se trata de Sabas Yagüe, jefe de la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente en la época en que ocurrieron los hechos; José Ignacio Molina, jefe de Especies Protegidas de la Consejería, y Alfredo Martín, técnico de Evaluación de Impacto Ambiental del Servicio Territorial de Medio Ambiente.

Todos ellos han sido llamados a declarar el próximo 10 de abril, a partir de las 10.30 de la mañana en esta instancia judicial que ordena practicar estas diligencias 'sin perjuicio de otras que pudieran acordarse en vista del resultado de las que ahora se acuerdan'.

Además, el Juzgado requiere a la Consejería de Medio Ambiente, al Servicio Territorial de Fomento, al Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y a la Sociedad Montes de Las Navas que remitan la documentación que, a juicio de los ecologistas, 'no han entregado' hasta la fecha.

Esta providencia es emitida un día después de conocer que La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ) ha decidido paralizar cualquier trabajo encaminado a la construcción de la 'Ciudad del Golf', hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados en esta instancia judicial.

El proyecto incluía la construcción de 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en 210 hectáreas de terreno en una zona protegida.

El presidente de Centaurea, Carlos Bravo, elogió hoy, en declaraciones a Efe, la 'celeridad' con la que tanto la Fiscalía como el Juzgado están actuando en este caso.

Desde su punto de vista, ambas instancias 'avanzan correctamente' para que 'cuanto antes, se resuelva esta situación, ya que están en juego espacios naturales con políticas de especulación urbanística y cacicadas en Castilla y León, como la Ciudad del Medio Ambiente -Soria-'.

En este contexto, se mostró esperanzado en que con estos testimonios 'se pueda empezar a conocer la verdad' y 'se concreten los delitos penales' que se hayan podido cometer.



*Terra Actualidad - EFE 16-03-2007

Foto: habitat cigüeña negra /forocastellano

.................................... Leer más...

Políticos de ladrillo

Mª.DOLORES F.-FÍGARES* : "Hemos tardado, pero ahora nos estamos dando cuenta de para qué se meten en la política un grupo de ciudadanos, bastante numeroso al parecer. Una vez que han sembrado las verdes praderas de la Vega granadina y los secanos de otros pagos de urbanizaciones bien macizas de volúmenes de cemento, de extensos centros comerciales, empiezan a saltar los escándalos urbanísticos, al calor de la primavera en flor y las próximas elecciones municipales. Cada día aparecen nuevas noticias, saltan nombres de personas y de pueblos, donde presuntamente se cometen las tropelías y los incautos ciudadanos que creíamos que a la política se iba a servir al bien común y no a enriquecerse lo más pronto posible, no paramos de ponernos las manos en la cabeza, aunque vamos perdiendo nuestra capacidad para la sorpresa.


Lo malo es que les pase lo mismo a los esforzados reporteros que sacan a la luz de los periódicos los asombrosos datos y un buen día den por saturado el cupo del periodismo de investigación y nos dejen otra vez a oscuras. Eso sería una tragedia, porque se ha comprobado que lo que más les duele a esos políticos de ladrillo es verse de protagonistas en este tipo de historias, ante el escarnio general.

Por debajo de los cimientos, de los tabiques, de las estructuras, asoman las tupidas redes de influencias montadas, los clanes pueblerinos que funcionan como mafias y se cuelan en los partidos, repartiendo a diestro y siniestro algunas migajas de los pingües beneficios obtenidos bajo cuerda.

Poco a poco van cayendo los nombres de una lista que se hace larga y casi nadie se extraña de que sean así las cosas, como si la corrupción se hubiese ganado la comprensión y hasta el prestigio. Muchos lo sabían, o lo temían, casi nadie se extraña y, sin embargo, ahí seguían, impunemente, haciendo oídos sordos a las advertencias de unos técnicos continuamente desautorizados.

Cabe preguntarse por qué nadie hizo nada cuando todavía el daño a los intereses públicos, al paisaje, a la cordura, aún no estaba hecho. Está quedando claro que hay un vacío de poder y de autoridad, ya que comprobamos que nadie pone freno a los desmanes cuando aún es tiempo. Así se ha visto en el caos de Marbella, que nadie se explica cómo no actuó la Junta de Andalucía, en este y en otros casos flagrantes. Quizá no existan los medios jurídicos y administrativos necesarios para que la transparencia de las gestiones se vea garantizada de manera suficiente. Pues que se busquen y se pongan en acción cuanto antes. No sólo nos estamos jugando todo un modelo de ética ciudadana, sino la propia credibilidad de los partidos políticos, que ya se están viendo salpicados por los escándalos.

Pero lo más triste es que no parece que estén aprendiendo la lección. Como émulos de lo que hacen sus patrones en la política nacional, la única reacción que vemos en los partidos es la de lanzar a los adversarios ese infantil recurso del «y tú más», que es el grito guerrero que usan los niños de cinco años, cuando se pelean en los recreos del colegio. En vez de ese intercambio sin fin de acusaciones, más vale que se dediquen a diseñar procedimientos de depuración en sus propias estructuras y sean capaces de garantizar a los ciudadanos que nadie que sea sospechoso de corrupción tendrá la osadía de presentarse antes las urnas, a que los votantes respalden sus trapicheos.


*idealdigital, Granada - miércoles, 14 de marzo de 2007


.................................... Leer más...

Un pueblo de Toledo planea 20.000 viviendas a 15 kilómetros de la macrociudad de Seseña

J.LAFUENTE/LL.MARTÍNEZ* : "La comarca toledana de la Sagra va camino de convertirse en la del ladrillo. En Illescas, localidad de 17.000 habitantes a 30 kilómetros de Madrid, el Ayuntamiento (PSOE) está tramitando un inmenso proyecto urbanístico: la recalificación de 4,5 millones de metros cuadrados de suelo, 560.000 de los cuales son protegidos, para construir más de 20.000 viviendas (60.000 habitantes). Sería la segunda macrociudad en la zona después de que hace más de un año el promotor Francisco Hernando, El Pocero, consiguiera que le recalificaran un secarral en Seseña para levantar 13.000 viviendas en edificios de 10 alturas.



La zona que une Madrid con Toledo es muy apetecible para los promotores urbanísticos: grandes extensiones de suelo rústico y barato que, con una recalificación de por medio, pueden albergar viviendas en una zona relativamente próxima a la capital. Tras el ejemplo de Seseña (13.000 viviendas para un municipio de apenas 9.000 habitantes con problemas de abastecimiento de agua), llega Illescas. El alcalde socialista de esta localidad, José Manuel Tofiño, asegura que su caso "no es comparable". Aunque el proyecto que se está tramitando supone la construcción de más de 20.000 viviendas, Tofiño argumenta que se harán "de forma moderada, en unos 30 años".

Los cuatro Programas de Actuación Urbanística (PAU) que desarrollan la macrociudad prevén un 80% de edificios de cuatro y cinco alturas y el resto de hasta 10 plantas. El enclave elegido para la futura Illescas está separado del casco urbano por la vía del ferrocarril. El alcalde alega que la nueva urbanización le viene de perlas para enterrar los raíles y lograr que el pueblo de toda la vida y las futuras casas estén integradas "sin barreras que las separen". El espacio que ocupan los raíles se transformará en una ronda de circunvalación. Bajo tierra, se instalará una doble vía que permitirá que el tren de cercanías llegue a Illescas.
Soterramiento

Del soterramiento de la vía férrea se encargarán cuatro entidades. Las mismas que, según el convenio firmado en 2005 con el Ayuntamiento, ya se han postulado como agentes urbanizadores para desarrollar los PAU cuando estén aprobados. Para IU, estas sociedades serán las únicas beneficiarias de la operación. La coalición lamenta que el asfalto "se lleve por delante" cientos de miles de metros de suelo protegido "por su valor ecológico". También reprocha que se tramite un proyecto "descomunal" sin que el municipio haya aprobado todavía un Plan de Ordenación Municipal. Ecologistas en Acción y la asociación de vecinos Al-Sagra respaldan estas críticas.

El concejal de Urbanismo de Illescas, Pedro Caballero, se defiende: "Todo es legal, ordenado y transparente". Lo argumenta diciendo que el proyecto fue aprobado en un pleno municipal por unanimidad y que la zona protegida no tiene "tanto valor ecológico" como dice IU. Otra ventaja que ve la corporación es que los promotores construirán los equipamientos y servicios públicos necesarios.

Sobre la petición de IU de declarar nulo el convenio urbanístico, el Gobierno municipal recuerda que las instituciones superiores ya se encargarán de revisar o corregir lo que haga falta. Mientras, el Ministerio de Fomento ha encargado un estudio informativo sobre el soterramiento de la vía, "el primero en una ciudad de tamaño medio que se financia en España", destaca el concejal.

Respecto al modelo de la nueva Illescas, Tofiño defiende que es "asequible y sostenible". "No será un enjambre", alegó el edil, que no teme que Illescas se convierta en una ciudad dormitorio. Será una ciudad en toda regla. El Ayuntamiento prevé dedicar otros 14 millones de metros cuadrados a industrias y servicios.

El proyecto tiene todavía mucho camino que recorrer. Falta que la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo lo apruebe y que el pleno municipal le dé el visto bueno definitivo. La última palabra la tendrá la nueva corporación que salga de las elecciones.


*ELPAIS.com - Madrid - 16/03/2007

Foto: Terreno protegido en Illescas- J. L.


.................................... Leer más...

Manifestación en Segovia contra la especulación urbanística y en defensa del medio ambiente

*La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia, dio a conocer un Manifiesto que será la tabla reivindicativa de la manifestación, que se celebrará en Segovia el día 17 de Marzo, sábado, a las 8 de la tarde y que partirá de la Avenida Fernández Ladreda. La Plataforma hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.


Los cuatro ejes de la movilización, que en el fondo están todos ellos interrelacionados son:

- Por la declaración ya del Parque Natural del Guadarrama. En toda su extensión y no sólo en las cumbres.

- Contra el desarrollo urbanístico salvaje y la especulación inmobiliaria en Segovia y su alfoz.

-Contra la privatización de las aguas públicas, no a las concesiones de agua del Río Cambrones.

- En defensa de ''Las Calderas’’, no al Proyecto de pantano en el río Cambrones.

La Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia viene constatando desde hace tiempo “una creciente preocupación de los ciudadanos, por una serie de proyectos urbanísticos que amenazan de manera muy seria nuestro medio natural, y sobre todo, que no se entienden necesarios y mucho menos se entiende que traigan ni progreso ni desarrollo”.

“Toda la problemática urbanística de Segovia y su alfoz, hay que enmarcarla en la tan añorada declaración del Guadarrama como Parque Natural, que en primer lugar se demora de manera deliberada, dando tiempo a que los especuladores tomen posiciones y aseguren por la vía de planes urbanísticos sobredimensionados, terrenos para seguir construyendo en los próximos 100 años”.

Además, agrega la Plataforma, “la tan cacareada declaración de Parque Natural, no va a ser una figura jurídica de protección integral de la sierra, sino que prácticamente se reduce a la línea de cumbres. Como dijo el consejero autonómico de turno, hace algunos meses, ese espacio natural será, sobre todo un parque de cumbres y de oportunidades”.

“Crecimiento Cero”

“Así pues, podemos olvidarnos de que la declaración de Parque Natural venga a poner orden en el desorden urbanístico de la falda de la sierra. La suma de los planes urbanísticos proyectados por Segovia, Palazuelos, La Granja, y otros municipios de esta zona, es decir del pie de monte del Guadarrama, prevén la construcción de 30.000 nuevas viviendas, en una provincia que lleva dos siglos con crecimiento cero en lo relativo a población”.

Además, de las 100.000 viviendas que más o menos hay en la provincia de Segovia, menos de la mitad están ocupadas de forma permanente, es decir como primera residencia. “Así pues, esta explosión de ladrillo, no tiene otra finalidad que la meramente especulativa, o a lo sumo servir de segunda residencia; o por pura lógica, si estas viviendas finalmente se habitan, otras quedarán vacías”, denuncia la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia.

De acuerdo al Manifiesto, “además del destrozo paisajístico que supondría este 'tsunami' urbanístico, uno de los principales problemas que trae aparejado es la necesidad de cantidades ingentes de agua para dar servicio a estas viviendas, y sobre todo a jardines y piscinas. No parece por el momento que ningún ayuntamiento haya sido capaz de presentar el menor aval hídrico a estos planes urbanísticos”.

“Es increíble que mientras en otras zonas del estado se están paralizando urbanizaciones por falta de informes hidrológicos que garanticen la necesaria existencia de agua, en Castilla y León y en concreto en Segovia, se siguen haciendo planes urbanísticos a todo pasto sin informes sobre el suministro de agua potable, es decir sin la menor consulta sobre el tema a la Confederación Hidrográfica del Duero”, agrega.

La Plataforma recuerda la obligatoriedad de que cualquier nuevo plan urbanístico, ha de solicitar un informe sobre recursos hídricos a la confederación hidrográfica correspondiente, está regulado de forma taxativa en la Ley de Aguas Art. 25 apartado 4. En este sentido, un auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, de fecha 16-01-2007, paralizaba un plan parcial en el municipio de Ador (Valencia), por ''no aportar informe hídrico de la Confederación Hidrográfica del Jucar''.

“A duras penas pasamos los veranos”

“No hay que ser muy listo –afirma la Plataforma en su Manifiesto-, para darse cuenta que en lo relativo al suministro de agua potable, hoy por hoy con la población que existe en el entorno de Segovia, a duras penas pasamos los veranos a costa de restricciones, por lo tanto es una completa irresponsabilidad planificar 30.000 viviendas y algún que otro campo de golf, sin saber de dónde va a salir el agua”.

La Plataforma también critica a los “desalmados” que “comienzan a pedir la construcción de nuevas presas y embalses”. Ha comenzado ya a pedirse con bastante insistencia la construcción de un pantano en el Cambrones, en la zona de''Las Calderas'' “Desde luego –dice la Plataforma- si dejamos que destrocen Las Calderas, estaremos sepultando bajo el agua uno de los valles más emblemáticos de nuestro entorno”.

Para la Plataforma, también resulta significativo “que algunos ayuntamientos como Palazuelos o Tres Casas, que ahora reclaman el pantano del Cambrones, no les haya preocupado en su momento, que parte del caudal de ese mismo río se privatizara, adjudicándose su explotación a la embotelladora Bezoya-Pascual. Por cierto, proceso de adjudicación que como hemos venido denunciando, ha estado plagado de presuntas (pero claras) irregularidades, chapuzas y chanchullos. Prueba de ello, es que el Procurador del Común ha admitido a trámite nuestra denuncia, que está actualmente en fase de estudio”.

Ante este estado de cosas, la Plataforma en Defensa del Agua Pública en Segovia hace un llamamiento a todos los colectivos sociales, políticos, vecinales, culturales, sindicales, deportivos y conservacionistas, “y sobre todo a los ciudadanos, para que se movilicen ahora que aún estamos a tiempo, y les digamos a quienes nos gobiernan, que este no es en absoluto el modelo de desarrollo que queremos para Segovia”.


*GLOCALIA - 09/03/2007

.................................... Leer más...

La UCE demanda medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación

Efe* : "La Unión de Consumidores (UCE) demandó este jueves una Ley de Sobreendeudamiento Familiar que proteja a los más endeudados por el incremento de los tipos de interés y un conjunto de medidas que faciliten el acceso a la vivienda frente a la especulación y la corrupción existente en varios municipios. Estas son algunas de las propuestas electorales de política municipal de consumo que la UCE espera ver incorporadas en los programas de los distintas formaciones políticas para los comicios del 27 de mayo y que la organización presentó este jueves, Día Mundial de los Consumidores.


El secretario general de la UCE y presidente de la asociación en Andalucía, Juan Moreno, explicó en Sevilla que los ciudadanos, en su condición de consumidores y usuarios, deben ser el eje principal de las políticas que se desarrollen en los municipios.

La UCE exige políticas "prioritarias" en materia de empleo, vivienda, urbanismo sostenible, políticas sociales, protección de medio ambiente e igualdad.

Respecto a la vivienda, la asociación alertó sobre el espectacular descenso en la construcción de viviendas de protección oficial, por lo que hizo un llamamiento a los gobiernos locales para emprender políticas activas que contribuyan a controlar el alarmante precio de la vivienda.

Según dijo Moreno, "hay que orientar las ordenanzas fiscales locales en apoyo de la promoción de las políticas de alquiler de viviendas vacías del municipio, impulsando las agencias de fomento del alquiler".

Los ayuntamientos deben programar y desarrollar políticas activas de dotación de suelo a fin de que los precios sean compatibles con el uso social al que van destinado, por lo que la UCE defiende la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía que reserva el 30 por ciento del suelo a vivienda protegida.

Para evitar la corrupción, la Unión de Consumidores exige un reforzamiento de los mecanismos de gestión transparente del urbanismo y de toda la información relativa a la política del suelo y la vivienda.


*El Confidencial, Jueves, 15 de marzo de 2007

Foto: Sentada vivienda digna 15 Mayo 2006 /bloj

.................................... Leer más...

El juez Torres recrimina a la Junta beneficios por obras ilegales en Marbella

EsperanzaCODINA* : "La insistencia de la Junta de Andalucía por personarse como acusación particular en el caso Malaya -fórmula prevista para que una parte perjudicada pueda defenderse en un procedimiento- no sólo ha caído en saco roto, sino que ha provocado que el juez instructor del sumario, Miguel Ángel Torres, recrimine al Gobierno andaluz que ha sido "beneficiario" de los ingresos tributarios "de todas las licencias ilegales" concedidas en Marbella hasta que se inició la operación, hace casi un año.


Después de eso, ha vuelto a denegarse la petición formulada por la Administración autonómica.

El magistrado, en un extenso auto dictado en noviembre de 2006, incluido en la última parte del sumario que ya no está bajo secreto, concluye que la Junta no es una parte perjudicada en este proceso contra la corrupción, que supera los 90 imputados, sino que, teniendo en cuenta "sus amplias competencias", en concreto en materia urbanística, "su situación está más próxima" a la responsabilidad civil. Añade entonces que ha sido "beneficiario" de los ingresos por impuestos que ha generado la concesión de licencias ilegales por parte del Ayuntamiento, gobernado por el GIL y sus herederos durante 15 años, de 1991 a 2006.

Antes, al inicio de la resolución, argumenta el magistrado que no está negando a la Junta el derecho a personarse en la causa, ya que puede hacerlo como acusación popular. Lo que rechaza "con rotundidad" es que el Gobierno andaluz "ostente la condición de ofendida o perjudicada" en este caso.

El auto también recuerda que la Fiscalía considera "ajustada a derecho" esta decisión debido a que esta Administración pública "no es titular de los bienes jurídicos afectados" por las actividades delictivas que se investigan y no sufre las consecuencias del delito "de forma inmediata y directa". El juez asegura que comparte los argumentos del Ministerio Público y añade que "la posición de la propia Junta se asemeja más a la de tener un cierto grado de responsabilidad en la situación creada en Marbella".

Precisa después el magistrado que hay que tener en cuanta que el caso Malaya no intenta esclarecer las actuaciones ilícitas que han podido cometer los diferentes gobiernos locales de Marbella entre 1991 y 2006, sino "una serie de actos presuntamente delictivos" entre agosto de 2003 -cuando se produjo la moción de censura contra Julián Muñoz- y marzo de 2006, por lo que "no pueden invocarse perjuicios" relacionados con delitos en general o con procedimientos penales o contenciosos.

Sobre la alegación de la Junta de que ha tenido que asumir las competencias de Planeamiento en Marbella, crear una oficina para los asuntos relacionados con esta materia y pagar el contrato para elaborar el PGOU, Torres argumenta que es una decisión "de carácter político" que "no tiene relación directa" con la actuación de los imputados.

El juez quiere dejar claro que este procedimiento nada tiene que ver con los contenciosos que ha planteado la Junta por las construcciones ilegales en el municipio, con la nulidad de las licencias, ni con las posibles demoliciones de inmuebles, algo que, dicho sea de paso, Miguel Ángel Torres considera algo "improbable".

Sobre las alegaciones relacionadas con el hecho de que la Junta no ha podido construir equipamientos públicos, señala que si el municipio se ha visto privado de una serie de parcelas, "será el propio Ayuntamiento el perjudicado, no la Junta", y que por eso el Consistorio sí que está personado como acusación particular.

*diariodecadiz.es, Jueves, 15 de Marzo de 2007

Foto: Viviendas ilegales "Banana Beach" en Marbella /info

.................................... Leer más...

La Junta de Aragón paraliza un campo de golf y 800 viviendas

J.L.G.* : "El departamento de Obras Públicas de la Junta de Aragón ha ordenado a un promotor valenciano detener el complejo San Agustín Golf Club, una macrourbanización en el municipio turolense de San Agustín (unos 150 vecinos y limítrofe con Castelló) que prevé contar con 800 casas de madera que conformarán un complejo junto con un campo de golf. El proyecto se está comercializando a través de Internet con la venta de parcelas, pero carece de licencia y se sitúa sobre suelo rústico.


De hecho, ni siquiera figura en un PGOU que aún no ha sido revisado por el Gobierno autonómico.
Según informaron desde la Junta de Aragón a este periódico, se trata de un aviso a la promotora, que todavía no ha comenzado a edificar -se observan «movimiento de corte urbanizador, como una caseta como reclamo y explanaciones» -, pero que ya está vendiendo parcelas. «Se le ha enviado al alcalde del municipio y al promotor una resolución para que paren el proyecto porque no tiene base legal» , señalaron. Por su parte, el alcalde del municipio, Alejandro Peña, reconoció estar trabajando en el reordenamiento del municipio y afirmó que por el momento no ha «visto ningún proyecto» sobre su mesa para construir una urbanización y un campo de golf. Por ello, aseguró que han solicitado a la promotora que retire los anuncios de la red. El empresario que está detrás de la operación es el promotor valenciano Vicente Orts, administrador único de la empresa Ciudades de Otoño, mercantil que figura como vendedora de las viviendas en el modelo de contrato que se ofrece en la página web. Según el registro mercantil, esta empresa tiene sede en el municipio balear de Santa Eulalia, aunque en la página web figura con sede en Valencia. En el punto de información desde donde se comercializan las viviendas señalaron que no tienen «nada que decir» al respecto, a preguntas de este periódico para contrastar la información.

Lo cierto es que el sitio de Internet anuncia el plan e informa sobre posibilidades de comprar estas viviendas de madera. Se ofrecen dos modelos de habitáculo, de 206.000 y 296.000 euros, «casas importadas de Finlandia y construidas con tronco macizo de pino nórdico», con un campo de golf como reclamo principal diseñado por «un prestigioso equipo de arquitectos suecos» y «asesorados por la que será directora de la Escuela de Golf San Agustín Hellen Alfredssons, capitana del equipo nacional sueco» .

«No nos interesa este modelo»


Entre los atractivos que se destacan en la comercialización de estas viviendas está la cercanía de las pistas de nieve de Valdelinares y Javalambre. Pero, sobre todo, sus buenas comunicaciones, ya que San Agustín se encuentra en el límite con la provincia de Castelló y a 4 kilómetros de la futura Autovía Mudéjar, que conectará Teruel con Valencia en apenas 50 minutos.
En este sentido, desde Obras Públicas de la Junta destacaban que, precisamente ahora, con la mejora de la accesibilidad «hay que tener claro» el modelo de ocupación. La nueva autovía va a favorecer la vertebración de esta provincia caracterizada por la emigración de sus jóvenes, pero también puede generar un crecimiento urbanístico que coja a contrapié a la autoridades. «Es difícil aprobar 800 casas de golpe: estos desarrollos no nos interesan» , señalaron. «Estaremos vigilantes y si siguen obrando sin respaldo legal habría que llevar el expediente al fiscal de la audiencia» .

Desde la Junta de Aragón tienen claro que la saturación de la costa de la Comunitat Valenciana puede dirigir a los empresarios del ladrillo a los límites de Aragón. «O lo cortamos desde el principio o el problema se va de madre» , concluyeron.


*LEVANTE-EMV, Martes, 13 de marzo de 2007

Foto: San Agustín /infoaragon

.................................... Leer más...

¿Ciudad del medio ambiente?


Viñeta de Ramón - El País, 14 de marzo de 2007

.................................... Leer más...

Querella contra dos directores generales por las obras de Puerto Mayor

M.BUITRAGO/R.FERNÁNDEZ/Murcia* : "Los directores generales de Calidad Ambiental y de Transportes y Puertos, Antonio Alvarado y Marcos Ortuño, deberán dar explicaciones por su participación en los expedientes administrativos que permitieron la reanudación de las obras de Puerto Mayor, en octubre del año 2003. Como se sabe, estas obras, situadas en el Canal del Estacio de La Manga, se encuentran paralizadas cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desde septiembre del 2005.


El magistrado Francisco José Albaladejo Caravaca, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha admitido a trámite la querella presentada por el PSOE murciano por un presunto delito de prevaricación administrativa, según se ha conocido ahora. La iniciativa judicial fue presentada por José Ramón Jara, número dos de los socialistas murcianos.

Ahora, el juez de Instrucción número 5 considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de delito y ha decidido incoar diligencias previas e iniciar «las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias». Las notificaciones se cursaron el pasado mes de enero. El magistrado ha dado asimismo parte al Ministerio Fiscal; al igual que las consejerías de Obras Públicas y de Medio Ambiente. Ambos departamentos deberán remitir al juzgado los expedientes administrativos incoados con relación a las obras de Puerto Mayor.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Teresa Rosique, manifestó ayer que la querella está dirigida contra ambos directores generales «porque fueron ellos quienes levantaron la paralización del proyecto en octubre del 2003, lo que permitió que las obras se reanudaran en el año 2004. A partir de ahí intervino el Seprona para advertir que la empresa estaba actuando de forma irregular». Después llegó el contencioso presentado por la ministra de Medio Ambiente instando al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel a paralizar las obras, entre otros motivos porque causaba daños medioambientales al entorno. A juicio de Rosique, los dos directores generales «no debieron autorizar el levantamiento de la paralización que pesaba sobre el proyecto debido a que había caducado la concesión». Esta Redacción intentó ayer ponerse en contacto con el director de Calidad Ambiental.


*laverdad.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007

Foto: Las obras de Puerto Mayor junto al Canal del Estacio, en junio del 2005, cuando fueron suspendidas por el TSJ. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ /AGM

.................................... Leer más...

El fiscal Vercher arremete contra las críticas a las actuaciones en corrupción

DanielMILLET/LaOrotava* : "El fiscal jefe nacional de Medio Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo, Antonio Vercher, aseguró al preguntársele por los ataques políticos a la Fiscalía Anticorrupción de Tenerife y otros órganos judiciales canarios con los que determinados grupos políticos y empresariales han respondido a la apertura de varias investigaciones, que "al que le pica, se rasca".



Vercher aclaró durante una conferencia en La Orotava sobre Justicia y Urbanismo, que "habría que recordar que se han abierto procesos que afectan a un amplio arco político, desde independientes hasta representantes de la izquierda y la derecha", y añadió que "sabía en lo que me metía cuando inicié mi carrera hace más de 25 años. La presión siempre está ahí".

Vercher explicó los grandes avances jurídicos y sociales que se han conseguido en materia de medio ambiente y urbanismo, desde la misma creación reciente de la Fiscalía que dirige a raíz de la nueva Ley de Montes de 2006, pero matizó que siguen faltando muchos medios, concienciación y siguen sobrando problemas a la hora de aplicar las medidas legales.
"Se han ido creando fiscalías especiales y nuevos cuerpos policiales, mientras las encuestas indican que cerca de un 90 por ciento de la población española está concienciada en temas medioambientales. Pero, muchos fiscales carecen de herramientas, hay una necesidad de coordinación entre los cuerpos de seguridad y de ese 90 por ciento, sólo alrededor de un 20 por ciento recicla la basura o demuestra con algún otro hecho su verdadera preocupación", lamentó Vercher.
Tanto él como José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, expusieron que el problema de la corrupción y las actuaciones que degradan el entorno natural han llegado a tal extremo que la Justicia ha tenido que empezar a aplicar con severidad el Código Penal, pues el Derecho Administrativo no ha sido suficiente.
"Esto es un cáncer que se ha propagado y que precisa de cirugía urgente. Es que si seguimos así vamos a tener que empezar a construir juzgados en territorio protegido. O lo paramos o esto puede convertirse en una verdadera catástrofe", señaló Martín Pallín, quien utilizó entre otros ejemplos el de Canarias como muestra de los graves daños que puede ocasionar un desarrollo irresponsable sobre el territorio.

Vercher partió de la base de que el derecho al medio ambiente es constitucional y de que la misma Constitución sólo pide expresamente la aplicación del Código Penal en la defensa de la naturaleza y el patrimonio histórico. "No ha habido ningún asunto, como el medio ambiente, que haya pasado de no tener ni un artículo hasta hace muy poco, el año 1995, a pasar ahora a tener más de 40". Precisó que de cualquier modo se están produciendo muchas dificultades para aplicarlos, desde la misma concienciación ciudadana: "Nos llegaron a llamar despectivamente los fiscales de los pajaritos. Decían que qué hacíamos defendiendo a esos animalitos. Luego, tenemos que partir de que para aplicar las normas ambientales debemos tener en cuenta más de 30.000 reglamentaciones nacionales e internacionales".

El fiscal jefe del Supremo recordó las innumerables advertencias de la Unión Europea a España de que no está cumpliendo con los objetivos comunitarios y la complejidad que se está encontrando la Justicia a la hora de aplicar por ejemplo medidas como las demoliciones de las viviendas ilegales.

Entonces, leyó un artículo obtenido de internet en el que se detallan todo tipo de trucos para legalizar una construcción en suelo rústico, ante la sorpresa del nutrido aforo del Liceo orotavense. En este punto, el magistrado emérito abogó por el endurecimiento de las penas: "Lo que no puede suceder es que a una persona que entre a robar en un adosado le puedan caer cinco años y a quien construye ilegalmente una urbanización, deteriorando irreversiblemente todo un espacio de gran valor natural, sólo le castiguen con no más de tres años".


*laopiniondetenerife.es, Miércoles, 14 de marzo de 2007

Foto: urbanización "El pelotazo" en la Orotava /ecoboletin.com

.................................... Leer más...