AGENCIAS-JF.LEAL* : "La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso ha aprobado el texto preliminar de la Ley del Suelo, que con toda probabilidad será sometido a votación en el próximo pleno del Congreso.
La Ley, presentada por el Gobierno en septiembre de 2006, incorpora una batería de enmiendas parciales acordadas por el PSOE y la mayoría de grupos parlamentarios -CiU e IU-ICV, principalmente- encaminadas a combatir la especulación urbanística y precisar aspectos competenciales. Sólo el PP -a quien la Comisión aceptó apenas dos enmiendas- votó en contra del dictamen la futura norma.
Una de las principales novedades que incorpora el texto, que será votado en el congreso antes de final de mes, es el porcentaje mínimo de terreno urbanizable que tendrá que ser dedicado a vivienda protegida, que pasa del 25% inicial al 30%, a partir de una enmienda presentada por Izquierda Unida.
La Comisión dio luz verde por unanimidad a una enmienda que obliga a que cuando haya una recalificación o un incremento de edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante los cinco años anteriores.
Esta novedad supone que "cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación".
Además, la enmienda persigue, según explicó el portavoz de CiU, Jordi Jané, una mayor transparencia y "evitar los pelotazos urbanísticos". A esta propuesta, se añade en el mismo marco "la obligación de que las permutas y los convenios pasen por los plenos de los ayuntamientos".
Mayor transparencia
En este contexto, Jané recordó en el transcurso de la comisión que CiU ya presentó en una enmienda parcial al proyecto de Ley para la creación de un Pacto de Estado para luchar contra la corrupción urbanística y que, a partir de esta propuesta, acordó con el PSOE otra en la que se incluyen medidas contra la corrupción urbanística, de "mayor transparencia y mayor control de los cargos locales".
En concreto, mencionó la enmienda que obliga a que se identifiquen los beneficiarios de recalificaciones de terrenos o de incremento de edificabilidad o la que obliga a todos los ayuntamientos a tener copias completas y a disposición de los ciudadanos de los diversos planes, convenios e instrumentos de gestión urbanística.
Otro de los puntos destacados del texto exige a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deban "tener y exponer por publicidad telemática todo el plan vigente, anuncios de información pública, anuncios de información pública y otros trámites relevantes".
Torres Vela, presidente de la Comisión, y Joan Herrera, portavoz de IU-Els Verds. (Foto: J. Palomar)
Torres Vela, presidente de la Comisión, y Joan Herrera, portavoz de IU-Els Verds. (Foto: J. Palomar)
Descontento popular
Tras la emisión del dictamen de la Comisión, el Partido Popular ha mostrado su disconformidad con el texto, aunque, como reconoce su portavoz en la Comisión, Pablo Matos, “ha habido un desplazamiento en la redacción del texto y donde antes se notaba la pluma de IU y ERC ahora se aprecian más las ideas liberales de CiU”.
Según Matos, “el texto sigue manteniendo el sistema de calificación de la ley vigente –urbano, urbanizable y no urbanizable-, de forma que lo único de importante que debería incorporar la ley no cambia en absoluto”.
La única modificación en este apartado es la que se establece para las expropiaciones, donde sí se diferencia entre terreno rural y urbano, “una medida que abarata las expropiaciones, puesto que, el propietario recibirá un dinero por un terreno que se va a utilizar para un fin que reportará muchísimo más dinero, señala Matos.
Para CiU, la Ley del Suelo aún "vulnera de manera directa el Estatuto de Catalunya e incluye en todo caso la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda a pesar de haber mejorado muchos aspectos competenciales", señala Jané.
A partir del 1 de julio
Según un pacto alcanzado entre el PSOE y los nacionalistas catalanes, entrará en vigor el próximo 1 de julio, después de las elecciones municipales y de la creación de las nuevas corporaciones locales.
Además, la Comisión aprobó la obligación de establecer "un precio máximo de venta y alquiler", ya que algunas comunidades autónomas "desvirtúan el concepto de Vivienda Protegida" según indicó el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera.
*(elmundo.es) 21/02/2007
La Ley de Suelo entrará en vigor después de las elecciones municipales
Bruselas pide al gobierno español que facilite el acceso a la vivienda
Agencias* : "La Comisión Europea pidió hoy al Gobierno español que facilite el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes, y fomente los alquileres para reducir el riesgo de pobreza. El Ejecutivo comunitario alertó de que, pese al fuerte crecimiento de la economía en los últimos años, no ha bajado el porcentaje de población española en riesgo de pobreza, que se situó en el 20% en 2004, frente al 16% de media en la Unión Europea.
El gasto social en España en porcentaje del producto interior bruto (20%) continúa estando muy por debajo de la media comunitaria (27,3%).
En su informe anual sobre protección social e inclusión social de 2007, que será aprobado el jueves por los ministros de Empleo de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario constata que en España "el acceso a la primera vivienda propia no es fácil; a menudo sólo es posible mediante un elevado nivel de endeudamiento". Añade que "los jóvenes tienen dificultades a la hora de acceder a un empleo estable y a una vivienda", y que estas dificultades se reproducen también en el caso de los inmigrantes, "especialmente los recién llegados".
Por todo ello, en el capítulo de recomendaciones prioritarias, Bruselas reclama al Gobierno "promover una vivienda asequible mediante una política de vivienda pública y de alquiler a largo plazo". También se alude al tema de la vivienda en España en otro documento que aprobarán los Veintisiete el jueves sobre los programas nacionales de reformas. En él se recomienda al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aplique las medidas previstas sobre el mercado inmobiliario para "reducir gradualmente las presiones sobre el precio de la vivienda a medio plazo".
La Comisión aconseja además a España recortar la elevada tasa de abandono escolar, que se situó en 2005 en el 30,8% para jóvenes entre 18 y 24 años, más del doble de la media comunitaria, ya que considera que así se logrará "romper el ciclo de transmisión intergeneracional de la pobreza". La nueva ley de Educación "se propone abordar esta cuestión", admite Bruselas, pero añade que la consecución de los objetivos previstos "requerirá esfuerzos continuados y globales".
SANIDAD.
El informe sobre protección social dedica un apartado a la sanidad, en el que se recoge que el gasto de España en este capítulo se ha mantenido estable en los últimos años en torno al 7,8% del PIB frente al 8,87% de media comunitaria. Aunque la atención es gratuita, Bruselas señala que el gasto privado, especialmente el que se desembolsa en metálico, es alto (23,3% del gasto total en 2004), lo que "puede suponer una carga financiera para los grupos más vulnerables".
También apunta que la descentralización "ha generado diferencias regionales en el contenido de las prestaciones" que el Gobierno trata ahora de resolver estableciendo una cartera de servicios comunes, y que las listas de espera son una de las principales preocupaciones de los pacientes y se deben a que el número de camas hospitalarias es uno de los más bajos de la UE -358 por 100.000 habitantes- y a que se recurre mucho a la asistencia hospitalaria, dado el bajo número de médicos generales.
La recomendación de Bruselas al Gobierno en este caso es "abordar las diferencias regionales en la prestación, reducir las listas de espera y fomentar la prestación de cuidados de larga duración, y mejorar la eficacia, especialmente estimulando el uso y la implantación de la Atención Primaria de Salud y una utilización racional de los servicios, la tecnología y los medicamentos".
RIESGO ENTRE LOS MAYORES.
El informe del Ejecutivo comunitario señala que los mayores de 65 años son las personas con mayor riesgo de caer en una situación de pobreza (29%, frente al 19% en la UE). El gasto público en pensiones se incrementará en los próximos años del 8,6% al 15,7% del PIB, muy por encima de la media comunitaria, aunque el riesgo para la sostenibilidad de las finanzas públicas es medio gracias al superávit presupuestario, de manera que no se esperan problemas hasta 2020. Bruselas cree que el acuerdo de pensiones alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales en 2006 "mejorará la futura sostenibilidad y adecuación", aunque "queda por ver si se necesitarán nuevas medidas para alcanzar incrementos suficientes en la tasa de empleo de los trabajadores mayores".
En este sentido, la Comisión apuesta por "facilitar un mayor nivel de participación, especialmente de las mujeres y los trabajadores mayores, en el mercado laboral, lo que contribuiría a asegurar la sostenibilidad y la adecuación del sistema de pensiones".
En materia de mercado laboral, Bruselas insiste en la necesidad de que España modernice la protección a los trabajadores con legislación para fomentar la flexibilidad y la seguridad, contrarrestar la temporalidad, e incrementar el atractivo del trabajo a tiempo parcial. También aconseja continuar aplicando un nuevo modelo de formación que integre la formación profesional y la continua para dar una mejor respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
*Rebelion.org, 21-02-2007
La Costa cada vez más privatizada
*Ecologistas en Acción presenta un informe que prueba el incumplimiento sistemático por parte de las Comunidades Autónomas de la Ley de Costas, y señala cómo la privatización del dominio público marítimo terrestre y la destrucción de los ecosistemas litorales son cada vez más frecuentes.
El informe demuestra que las administraciones autonómicas y locales, con el consentimiento en ocasiones de la Dirección General de Costas están privatizando el Dominio Público Marítimo terrestre (DPMT), no solo por la indebida ocupación o invasión de esta zona, si no por la recalificación de las zonas de servidumbre.
Ello está provocando el incumplimiento de las zonas de tránsito e impidiendo cada vez mas el acceso al mar, encontrándose dichas zona cerradas o modificadas en la mayor parte de los casos por zonas residenciales o complejos turísticos.
La privatización del dominio público marítimo terrestre, es ya el principal problema que están sufriendo, en algunos territorios de forma generalizada, las costas del Estado español. Un ejemplo claro lo constituye el Hotel Barceló situado en Cala Vinyes, en Baleares, el cuál con sus reformas invade el Dominio Público Marítimo Terrestre, en un claro intento de privatizar la zona de la playa.
Otro intento de privatización del litoral lo constituye el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), documento que, al mismo tiempo que protege los primeros 500 metros de las edificaciones, permite en esa misma franja la instalación de campos de golf, actuando de “efecto llamada” de las promotoras urbanísticas para instalar en los metros contiguos todo el modelo residencial, hotelero y de servicios.
Además, el informe demuestra que se está produciendo una ocupación constante de la servidumbre de transición y protección, debido a la construcción de macro-infraestructuras como complejos turísticos o residenciales, en numerosas ocasiones acompañados por campos de golf. Esta práctica de incivismo por parte de las administraciones se observa a lo largo de todo el litoral español, debiéndose destacar el descarado proyecto de construcción de 2 torres de 21 plantas a pie de mar en el Rincón de Loix (Benidorm) a tan solo 60 cm de la línea de costa, y que cuenta con el visto bueno de la Generalitat Valenciana.
Otro grave problema de nuestras costas es que los 20 primeros metros de la zona de servidumbre de protección están catalogados como zonas de especial protección, donde las construcciones pueden ser de una altura máxima de 1 metro. Sin embargo, la realidad es que se construyen instalaciones de más de 30 metros que constituyen auténticas fachadas arquitectónicas. La franja levantina es el lugar donde el problema del efecto pantalla que plantea la Ley de Costas se reproduce en mayor número. Siendo la zona de Benidorm y la Manga del Mar Menor sus máximos representantes.
Este modelo se ha exportado a lugares donde no estaba prácticamente representado como la Playa de la Casería, en San Fernando (Cádiz), donde se han instalado 7 torres de 16 plantas de altura a escasos metros del mar y situándose en terrenos colindantes al Parque Natural de la Bahía de Cádiz y ejerciendo un efecto pantalla sobre toda la Bahía de Cádiz. La Administración Autonómica es la encargada de gestionar este espacio.
Si analizamos el cumplimiento de la Servidumbre de Tránsito y de Acceso, vemos que aunque esta zona conlleva la obligación quedar permanentemente libre al paso público peatonal y tan sólo vehículos rodados de vigilancia y salvamento. Vemos que ésto se incumple de forma sistemática, siendo costa levantina y la costa del sol, los máximos exponentes de este incumplimiento.
Un caso descarado y muy reprochable, es la gestión tanto de la Administración Regional de Murcia como la de los ayuntamientos de San Javier y Cartagena que nos han legado una situación casi de colapso en la Manga del Mar Menor e impidiendo el libre acceso a gran cantidad de playas de esta barra litoral. Quedando muchas de éstas casi en uso privado.
Otro caso destacado se representa en la Ensenada de Portio, en Liencres (Cantabria) donde hay que llamar la atención sobre la permanencia de incontables vallas y cierres que impiden la utilización de la servidumbre de paso.
Ante esta situación, Ecologistas en Acción denuncia la nula voluntad de la mayoría de las Comunidades Autónomas de garantizar el cumplimiento de la Ley de Costas y asegurar la conservación de los ecosistemas litorales, y solicita al Ministerio de Medio Ambiente, concretamente a la Dirección General de Costas, que se adopten medidas que permitan solucionar estos problemas. Ecologistas en Acción considera especialmente importante que se establezcan mecanismos de coordinación y cooperación entre las distintas administraciones competentes para garantizar una adecuada gestión del litoral.
*Ecologistas en acción, MAR 20/02/2007
Manifestación Estatal por el derecho a la vivienda: 24 de Marzo
VDEVIVIENDA* : "Desde el pasado 14 de mayo cada vez más gente hemos salido a manifestarnos para que se cumpla el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución. Al principio los medios de comunicación y las instituciones intentaron silenciarnos, pensando que seríamos pocos y nos cansaríamos. ¡Pero no! Cada vez hemos sido más miles de personas las que hemos salido a la calle para gritar: ¡no pararemos hasta tener una vivienda! Y hemos conseguido algo: que se hable cada vez más del tema, que quede claro que la vivienda es uno de los principales problemas de los ciudadanos de este país y que se sepa que no vamos a callarnos hasta que se apliquen medidas estructurales para cambiar esta situación.
24 de Marzo 17:00: Manifestación Estatal por el derecho a la vivienda. :-$
En Mayo se celebran las elecciones municipales, fruto de muchas fuentes de corrupción urbanística que nos han hecho todavía más difícil el acceso a una vivienda digna tanto a jóvenes como ancianos, divorciados, madres solteras y a la ciudadanía en general. Por eso ahora más que nunca es importante que salgamos aún más gente a manifestarnos: el próximo 24 de marzo tenemos que ser miles, incontables, para decir basta ya de especular con nuestros derechos, basta ya de falsas promesas: ¡que se cumpla el derecho a la vivienda ya!. Si no lo haces por ti, hazlo por tus hijos.
¡¡¡TENEMOS QUE SALIR A LA CALLE PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA!!!
Empecemos la primavera con fuerza: tráete pancartas, cacerolas para hacer ruido, performances, sound systems y lo que se te ocurra para que se nos vea y se nos oiga. Juntos podemos lograr que el 2007 pase a la historia como el año I d.E. (Después de la Especulación).
Reenvía este mensaje a tus familiares, amigos y conocidos.
¿Que qué pasa? ¡que no tenemos casa!
Más información en:
http://www.vdevivienda.net
http://www.viviendadigna.org
Añade aquí tu ciudad:
(Se actualiza en http://www.viviendadigna.es )
A Coruña: Plaza de Maria Pita
Albacete: Plaza del Altozano
Alicante: Plaza de Toros
Ávila: Plaza de Santa Teresa
Badajoz: Plaza San Francisco
Barcelona: Plaza de Cataluña
Bilbo: Plaza del Teatro Arriaga.
Burgos: Plaza del Cid
Cáceres: Plaza Mayor
Cadiz: Plaza España
Cartagena: Plaza del Ayuntamiento
Castellón: Plaza San Agustina
Córdoba: Plaza de las Tendillas
Elche: Plaza Baix
Gijón: Plaza del Parchís
Granada: Fuente de las Batallas
Huesca: Plaza Navarra
Jerez: Plaza Arenal
León: Plaza de San Marcelo
Logroño: Plaza del Mercado
Madrid: Puerta del Sol
Málaga: Plaza de la Constitución
Mallorca: Plaza Mayor
Maó, Menorca: Plaza de la Constitución
Miranda de Ebro: Plaza de España
Murcia: Plaza Santo Domingo
Orihuela: Plaza del Carmen
Oviedo: Plaza de América
Palencia: Plaza Mayor
Pamplona: Plaza Mayor
Plasencia: Plaza Mayor
Salamanca: Plaza Mayor
Santander: Plaza del Ayuntamiento
Santa Cruz de Tenerife: Plaza Weyler
Sevilla: Plaza Nueva
Tarragona: Estàtua dels despullats (Rambla Nova)
Toledo: Plaza de Zocodover
Valencia: Plaza de San Agustín
Valladolid: Plaza Mayor
Vigo: Puerta del Sol
Vitoria: Plaza Nueva
Zaragoza: Plaza Aragón, 19h.
Para que te hagas una idea de cómo fue la pasada manifestación del 23 de Diciembre:
Madrid: http://www.youtube.com/watch?v=KoV2ZnZLvMo
Barcelona: http://www.youtube.com/watch?v=toWEbqMQKp8
Sevilla: http://www.youtube.com/watch?v=ERWYkuNw2QQ
Valencia: http://www.youtube.com/watch?v=8hcsCPrQTic
Bilbao: http://www.youtube.com/watch?v=3OjV6LYYf24
Castellón: http://www.youtube.com/watch?v=XoezLoeubEM
Santander: http://www.youtube.com/watch?v=biQxI4ZS3nQ
Murcia: http://www.youtube.com/watch?v=m_9axJwVZ24
Cádiz: http://www.youtube.com/watch?v=lCg5H83jCDQ
Jerez: http://www.youtube.com/watch?v=S-v7XIoXSSw
BCN.VDEVIVIENDA.NET
800 núcleos urbanos en España incumplen la directiva de depuración de aguas residuales
LOLAGALÁN* : "Ochocientas aglomeraciones urbanas de más de 2.000 habitantes, que suman más de 6,5 millones de personas, entre ellas Vigo, Ourense, Oviedo, Burgos, Úbeda, Algeciras e Ibiza, no depuran, o lo hacen insuficientemente, sus aguas residuales. El problema -que España debería haber resuelto antes de 2006- se ve agravado por las últimas exigencias de Bruselas, que ha declarado zonas sensibles (objeto de tratamientos depuradores más completos) a 288 aglomeraciones más, con 25,5 millones de habitantes. Expertos en el tema reconocen que las mayores necesidades de depuración se deben al incremento de población y a la galopante urbanización de nuestro territorio.
El Gobierno proyecta destinar 17.500 millones de euros a resolver los problemas actuales y los futuros.
El agua es un bien mal repartido y maltratado en España. Y la situación tiende a empeorar. A los rigores que está imponiendo el cambio climático, se suma el aumento de población (cuatro millones de inmigrantes censados) y la progresiva urbanización de costas y sierras con la consiguiente demanda de agua e infraestructuras.
Pese a los esfuerzos de la administración, todavía hoy 800 núcleos urbanos (entre ellos ciudades como Ibiza, Vigo, Ourense, Badajoz o Úbeda), con 6,5 millones de habitantes, incumplen la directiva europea de 1991, que obligaba a tratar desde diciembre de 2005 las aguas residuales en localidades de más de 2.000 habitantes equivalentes (la carga contaminante por individuo, calculada sobre la media máxima semanal, que llega a las instalaciones depuradoras). De forma que si la población de hecho en núcleos de más de 2.000 habitantes es 35,4 millones de personas, la población estimada, a efectos de las necesidades de depuración supera los 73 millones.
No sólo ha sido imposible cumplir los objetivos del primer Plan de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, sino que, a medida que se aplicaba, se quedaba pequeño. "Se aprobó en 1995, pero se elaboró entre 1992 y 1993, y en estos 15 años años ha habido un aumento enorme de la población", dice Ángel Cajigas, director general de la Asociación Tecnológica para el Tratamiento del Agua (ATTA), que participó en la elaboración de ese primer marco legal.
Y un auge tal de la construcción que, en estos momentos, España duplica la media europea en segundas residencias, con 160 por cada mil habitantes. Parte de estas construcciones son explotadas en el marco de nuestra otra gran industria, el turismo. Una población flotante que reclama nuevas depuradoras. "Cuando se redactó el primer plan de saneamiento no vislumbramos la necesidad de otra planta depuradora para Madrid, por ejemplo. Eso sin contar con que muchas estaban ya obsoletas", añade Cajigas.
Y lo siguen estando, a tenor del listado al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que se detallan la mayoría de esos 800 núcleos urbanos con necesidades de nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). En esta lista negra figuran cerca de medio centenar de municipios de Extremadura, empezando por Badajoz, y siguiendo por Almendralejo, Logrosán o Zurita; casi un centenar de Castilla-La Mancha, entre ellos Ciudad Real, Tomelloso, Jadraque, Trillo o Calzada de Calatrava; Barbate, Úbeda, Morón de la Frontera y Algeciras, en Andalucía; Escatrón y periferia de Zaragoza, en Aragón. En las islas Canarias figuran amplias áreas de la isla de Lanzarote que incluyen Arrecife y núcleos rurales del Puerto del Rosario; Arenys de Mar, Peralada, Ascó, Granollers y Martorell, en Cataluña. Vigo, Ourense, Sanxenxo y Malpica son sólo algunos de la veintena larga de municipios con deficiencias en depuración de Galicia, mientras Ibiza capital, necesitada de nueva EDAR, encabeza la lista en las islas Baleares. El polígono y el puerto de Sagunto, en la Comunidad Valenciana; Torrejón de Ardoz o la zona oeste de Las Rozas, en Madrid, o Puerto Lumbreras, en Murcia, son otros de los municipios incluidos, junto a una capital, Oviedo (Asturias) y más de un centenar de localidades en Castilla y León, como Sahagún, Medina de Rioseco, Madrigal de las Altas Torres, Pedro Bernardo o Bembibre.
En algunos casos, falta desde siempre la depuradora, en otros, la expansión urbanística ha multiplicado las necesidades. Unas necesidades que no se incluyen entre las exigencias legales que los ayuntamientos plantean a las constructora antes de dar luz verde a una nueva urbanización. Luego, cuando Bruselas llama a la puerta, es difícil encontrar el sitio adecuado y los fondos necesarios para construir la depuradora.
"Los ayuntamientos pequeños no pueden abordar estos costes", reconoce una fuente de la Agencia Andaluza del Agua, una comunidad con el máximo déficit en depuración. Sobre todo si son pueblos dispersos, como ocurre en las soledades de Castilla y León o Aragón. "Para los ayuntamientos son infraestructuras impopulares, porque en zonas donde se consume agua de pozo a un precio irrisorio que apenas llega al céntimo de euro, la depuración eleva los costes hasta los 80 ó 90 céntimos de euro el metro cúbico", dice un experto que exige anonimato.
La peculiaridad insular añade dificultades en Baleares y, sobre todo, en Canarias, donde la escasez endémica ha disparado el precio del agua hasta los 1,63 euros por metro cúbico. "Aquí el problema es enorme, porque el agua que se vierte al mar sin depurar es la que pasa a las desaladoras. Y en esas aguas se han encontrado bacterias presentes en nuestro estómago", dice Antonio Hernández, de Ecologistas en Acción. Hernández cree que las deficiencias de depuración son generales en las islas, "excluyendo la zona del sureste de Gran Canaria y Las Palmas".
Para resolver los amplios flecos del primer plan, y dar respuesta a la necesidades añadidas en las nuevas zonas sensibles, que afectan a 288 núcleos urbanos con más de 25 millones de habitantes, Medio Ambiente prepara un segundo plan de Saneamiento y Depuración (2006-2015), que costará 17.500 millones de euros. Pero, a la vista de la situación actual, ¿qué permite suponer que este ambicioso programa de actuaciones alcanzará sus objetivos en 2015? La respuesta nadie la tiene, pero la Administración, que ha inventariado ya los 18.000 vertidos que se producen en el territorio, tiene un nuevo lema: tolerancia cero para los que realicen vertidos sin depurar.
Más zonas sensibles
Al déficit que arrastra España desde finales de 2005 hay que sumar el esfuerzo que representa mejorar la depuración en esas 288 aglomeraciones urbanas consideradas nuevas zonas sensibles. No son exigencias gratuitas, porque las autoridades europeas han detectado en ellas un fuerte proceso de eutrofización, es decir, una presencia creciente de residuos orgánicos que amenaza su equilibrio ambiental.
Aunque España dispone de seis o siete años para adecuarse a esta normativa,
la Administración se enfrenta a un reto enorme. "Basta considerar que en el primer plan, las zonas sensibles afectaban a unos seis millones de habitantes y las que se han designado ahora (las zonas sensibles se revisan cada cuatro años) afectan a más de 25 millones", dice Ángel Cajigas, director de ATTA. Dentro de la nueva catalogación están áreas de la cuenca del Guadiana, porque afectan al embalse portugués de Alqueva, y embalses de cabecera de la Comunidad de Madrid, del Guadalquivir y toda la zona del Delta del Ebro.
"Todo esto, más nuevas necesidades de actuación en tanques de tormenta, ha disparado las necesidades", dice Cajigas, quien, pese a representar a un empresariado que se beneficiará de las obras, reconoce que estamos ante "la última consecuencia de la locura urbanística".
*El País, 19/02/2007
Velar por la legalidad urbanística
EditorialFAROdeVIGO : "La drástica transformación de algunos municipios de la costa gallega con un crecimiento urbanístico galopante, desproporcionado y carente de infraestructuras básicas, obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro del territorio que dejaremos en herencia a futuras generaciones. Los planes del litoral, impulsados desde la Xunta, van en la buena dirección y deben agilizarse lo máximo posible para aportar seguridad jurídica y causar el menor daño a la economía. Ordenar el territorio, evitar su degradación y compromoterse con las leyes son principios aceptables y necesarios para un desarrollo sostenible.
La operación judicial contra una presunta trama de corrupción urbanística en Gondomar ha puesto en entredicho la gestión pública en este municipio, gobernado por el Partido Popular, y evidencia que el Estado de Derecho cumple con su obligación de poner coto a las prácticas delictivas de aquellos cargos públicos que eligen el camino de enriquecerse ilícitamente en el poder. Las detenciones ordenadas por la juez y la posterior puesta en libertad provisional con cargos del concejal responsable del área, del portavoz del gobierno, de la pareja de éste último y de un arquitecto, todos ellos acusados de cohecho -cobro de comisiones ilegales a cambio de favores-, no sólo salpican a los imputados sino también al alcalde, Carlos Silva, como responsable político de velar por la integridad y el cumplimiento de la legalidad en todas las actuaciones de su gobierno. El regidor pasó en unas horas de avalar la gestión pública de los acusados a destituirles, horas después de que la dirección de su partido anunciase que les suspendería de militancia.
El escándalo urbanístico en Gondomar, municipio enclavado en el Val Miñor -una de las zonas turísticas emblemáticas de Galicia y por ende con un vigoroso desarrollo de la construcción en los últimos años- viene además precedido de algunos casos de violencia contra bienes de concejales de la oposición y se suma a otros conflictos abiertos en la comarca como el levantamiento vecinal contra el plan de urbanismo de Nigrán ante las sospechas de tráfico de influencias. El conflicto se llevó por delante a la coalición de gobierno y provocó la renuncia de su alcalde, Alfredo Rodríguez, - investigado por la fiscalía- a seguir como candidato en las próximas elecciones. Pero la polémica urbanística en Galicia -en un contexto de escándalos en toda España- también ha alcanzado a concellos gobernados por otros partidos, con la consiguiente pérdida de confianza ciudadana.
Urge por tanto atajar y plantar cara a estos episodios, que más allá de las conductas reprobables o delictivas de algunos responsables políticos, ponen de relieve la conveniencia de agilizar los planes de ordenación del territorio en los concellos y de someterlos antes de su aprobación a los más exhaustivos controles de legalidad y transparencia para evitar sombras de sospecha, corruptelas y posteriores daños irreparables a ciudadanos que de buena fe compran viviendas con su licencia en regla que después son condenadas al derribo por los tribunales.
La asociación de promotores inmobiliarios ha animado al sector a denunciar cualquier intento de extorsión y de malas prácticas, tanto de técnicos como de políticos, e insistido en que el mejor modo de luchar contra las "corruptelas" es calificar de forma nítida el suelo, sin dejar opción a convenios urbanísticos que son "un foco claro de corrupción".
Lo ocurrido -y lo que se está destapando en toda España- ha de servir para que los partidos gallegos busquen los consensos necesarios para fijar un compromiso claro sobre el urbanismo que queremos para Galicia y garantizar su necesaria limpieza, porque ningún concello está libre del estallido de este tipo de escándalos. Es preciso actuar para evitar mayores daños a las instituciones.
La drástica transformación de algunos municipios de la costa gallega con un crecimiento urbanístico galopante, desproporcionado y carente de infraestructuras básicas, obliga a reflexionar sobre el presente y el futuro del territorio que dejaremos en herencia a futuras generaciones. Los planes del litoral, impulsados desde la Xunta, van en la buena dirección y deben agilizarse lo máximo posible para aportar seguridad jurídica y causar el menor daño a la economía. Ordenar el territorio, evitar su degradación y compromoterse con las leyes son principios aceptables y necesarios para un desarrollo sostenible.
La política del todo vale no debe tener cabida en ningún concello, y en nuestras costas y rías hay ya ejemplos suficientes de actuaciones nada edificantes. Es preciso sentar las bases del nuevo urbanismo, y que las administraciones extremen mucho más los controles y apliquen la tolerancia cero frente a aquellos cargos que manchen la gestión pública con sus conductas.
FARO DE VIGO.es, 18 FEBRERO 2007
La estrategia de cambio climático de España carece de objetivos concretos y de presupuesto
MarAsunción* : "Ayer se presentó en el Consejo Nacional del Clima la Estrategia española de cambio climático y energía limpia. WWF/Adena considera que dicha estrategia es demasiado general y no garantiza que se reduzcan las emisiones en España al nivel necesario para cumplir con Kioto ni prepara para reducciones mucho más ambiciosas que será necesario asumir después de Kioto.
La estrategia no compromete de manera clara a ministerios como el de Industria, Fomento y Economía y Hacienda, cuyas políticas tienen incidencia en las emisiones.
Por tanto, WWF/Adena pide al gobierno que a la mayor brevedad se adjunte al presente documento otro más detallado donde se cuantifiquen objetivos de reducción por sectores para transporte, residencial y comercial, agrario y residuos, que nos permitan evaluar en qué medida cada uno de ellos contribuirá a cumplir con el Protocolo de Kioto. Además, es imprescindible contar con un calendario que especifique cuándo se van a aplicar las medidas propuestas y conocer el presupuesto que se va a dedicar a impulsarlas.
Por otra parte, la estrategia confía excesivamente en las medidas que se aplicarán fuera de nuestro país (mecanismos de desarrollo limpio, comercio de emisiones, cooperación internacional), y en otras no permanentes como sumideros de carbono o como almacenamiento de CO2.
El gobierno tampoco ha contemplado el periodo posterior a Kioto. Recordemos que el objetivo del Protocolo de Kioto es la disminución del 5,2% de las emisiones de los países desarrollados para el año 2012. Los científicos y la Comisión Europea están de acuerdo en que serán necesarias reducciones del 30% para los países desarrollados en 2020, y del 80% en 2050 para que la temperatura global no supere el umbral de aumento de 2ºC, considerado crucial para evitar daños catastróficos en la ecología, la economía y la sociedad. Por tanto, para después de 2012 España tendrá que asumir un compromiso mucho más ambicioso y la Estrategia actual no lo tiene en cuenta.
Finalmente, resulta destacable la falta de participación que se ha concedido a los actores sociales en la redacción de esta estrategia. WWF/Adena espera que se tengan en cuenta sus recomendaciones para mejorar el documento, que si bien tiene la voluntad de establecer medidas adicionales a las ya existentes, no le parece suficiente para garantizar la respuesta necesaria ante la urgencia y gravedad del problema.
Mar Asunción, responsable del Programa de Cambio Climático de WWF/Adena, señala que: “La estrategia presentada hoy adolece de las mismas deficiencias que la presentada por el gobierno anterior en 2004: falta de objetivos claros por sectores, cuantificados y temporalizados; falta de un plan de acción y de presupuesto; el plan de seguimiento que contiene es poco concreto y no posibilita medir si los resultados que se van logrando son suficientes para cumplir con Kioto y prepararnos para reducciones mucho mas ambiciosas que será necesario asumir después de Kioto”.
*WWF/Adena, 18/02/07, www.wwf.es
REBELIÓN.ORG / Foto: José Mercader
El plan, la política sandía y los proyectos intocables
L.B.B.* : "El Plan del Litoral valenciano redactado por la empresa madrileña Inypsa se redactó bajo la batuta de Rafael Blasco al frente de la Conselleria de Territorio. En el documento que salió a información pública hace un año se reconocía la «fuerte presión urbanística sobre la franja costera que ha derivado en una ocupación masiva del territorio y que origina pérdida de calidad ambiental y urbana además de situaciones de insostenibilidad en el desarrollo de los municipios litorales». A pesar de este diagnóstico, la conclusión a la que se llegaba no era «paralizar cualquier actuación que se proponga» sino «cambiar la forma de actuar».
La filosofía made in Blasco planteaba una peculiar apuesta «se puede y se debe seguir creciendo, pero aprovechando el desarrollo para recualificar el territorio y generar un valor añadido que contribuya a generar su atractivo» . De hecho, se apostaba por exportar el «modelo Benidorm» al resto de la costa, crear complejos residenciales para la tercera edad de «alto nivel» en el litoral, una red de campos de golf y una «puesta en valor» de los parques naturales que quedarían unidos por una gran senda verde denominada Vía Litoral.
Pero todas estas propuestas pasarán ahora la prueba del algodón de la política sandía anunciada por el actual conseller de Territorio. Desde sus primeras intervenciones, Esteban González Pons quiso marcar distancias respecto a su antecesor y habló por primera vez de «límites al crecimiento» donde antes sólo se citaba de crecimiento ilimitado aunque, eso sí, «sostenible» . De ahí que González Pons haya embarcado a sus técnicos en la reescritura del Plan del Litoral para adaptarlo a los « nuevos tiempos» . Se han redactado hasta tres borradores de la normativa. Pero esta nueva filosofía de ordenación del territorio choca con viejos proyectos que son «intocables», según reconoce González Pons en petit comité , como el de Mundo Ilusión en Cabanes-Orpesa.
Levante, 18 de febrero de 2007
http://www.levante-emv.com/
El abismo de los pisos vacíos
JoanM.OLEAQUE* : "El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público que en la provincia de Valencia existen 200.000 viviendas vacías. Otra cifra conocida es que, respecto a estas viviendas, las fuerzas de seguridad reciben, al año, unas 200 denuncias de propietarios relacionadas con violación de domicilios, sin especificar si esto tiene relación o no con libertarios. Un exhaustivo análisis de la okupación en España llevado a cabo por el sociólogo Miguel Martínez López indica que, de 1985 y 1999 -los años de mayor evolución del movimiento-, la propiedad de los inmuebles okupados estaba, por este orden, en manos de particulares, de empresas y de inmobiliarias.
"En Europa, la okupación es normal no sólo como protesta, sino como opción para no pagar un alquiler abusivo", expone Alexis, joven que ha estado en casas okupas de Londres e Ibiza. "En Valencia, por 600 euros de alquiler tienes algo cutre, y el sueldo mínimo es de 700 euros: la okupación cedida o pactada sería una buena solución, y además es cosmopolita, como se supone que va a ser la ciudad este año", expone. Como ejemplo, apunta el de una galería de arte contemporáneo, dispuesta a través de una okupación cedida.
El movimiento squatter -es decir, el okupa original- nace en Reino Unido a finales de los 60 y pronto se extiende por todo el viejo continente. Fue tan importante que surgieron auténticas ciudades okupadas como Christiania, un antiguo cuartel en pleno centro de Copenhague con miles de personas viviendo en edificios que no son suyos. Los europeos siguen okupando: más de tres millones de personas no tienen casa y el 70% de ellos son jóvenes. A España llega durante los 80. "Inicialmente, había mayor tolerancia adulta hacia el okupa juvenil", explica el sociólogo Carles Feixa. "Ahora, con inmigrantes latinos y europeos mezclados con okupas nómadas españoles, ya no se ve esto como una rebeldía que puede afectar transitoriamente a nuestros hijos, sino como algo punki, peligroso, extraño". Según Feixa, "se ha estereotipado lo okupa, y se ha elegido como un enemigo a batir, sin contemplar la mediación".
*El País, 18/02/2007
Urbanismo, corrupción, pasividad e hipocresía
FélixSORIA* : "El informe de la ONG Transparencia Internacional referido al año 2006 advierte de que el funcionamiento, los criterios y las actitudes de los responsables políticos, técnicos y funcionariales constituyen el problema fundamental del Estado español en el ámbito de la corrupción. El texto precisa que "el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno", y añade que la costa y las inmediaciones de las ciudades son las zonas donde más abunda la corrupción.
España es el país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el que más se ha encarecido el precio de la vivienda durante los últimos años. Pero el fenómeno no se debe a que gobierne el PSOE, como pretende el PP; el tirón de los precios viene de atrás y el PSOE lo único que ha hecho es --aparte de hablar-- dejar las cosas --y las leyes-- como estaban.
[NOTA: Las corrupciones, sobre todo la urbanística, hace más ruido desde que gobierna el PSOE porque todos los problemas de las Españas hacen más ruido cuando gobierna la izquierda --también el terrorismo, incluso cuando no había muertos recientes--. ¿Y por qué ocurren estas cosas cuando gobierna la izquierda, aunque sea suave como Platero? Pues, entre otras cosas, porque la mayoría de los medios de comunicación están alineados con el centro-derecha y la derecha]
Transparencia Internacional, que ha remitido su informe al Defensor del Pueblo --lo que nadie ha aclarado es para qué le envían informes al señor Mugica Herzog--, apunta nueve aspectos que caracterizan la proliferación de los episodios de corrupción:
1. La mayoría de los gobiernos municipales están a favor de utilizar los convenios urbanísticos para ingresar dinero.
2. La modificación de los planes urbanísticos es demasiado frecuente. En los últimos cuatro años, sólo en la isla de Mallorca los municipios los han modificado 227 veces. 3. El control oficial sobre las construcciones y los proyectos aprobados es irrelevante.
4. Las obras ilegales rara vez son demolidas y las sanciones consisten en poner multas que son de cuantía inferior a los beneficios obtenidos por los corruptos.
5. La elevada cantidad de dinero negro que circula en el país se refugia fundamentalmente en el sector inmobiliario. Por término medio, entre un 20 y un 35% del precio de la vivienda se paga con dinero negro o no declarado a Hacienda.
6. El Estado --y conste que el Estado es todo, desde el Gobierno central hasta los ayuntamientos y el poder judicial-- ha permitido el acaparamiento de suelo en manos privadas, lo que ha provocado una aparente escasez y, a su vez, el encarecimiento de la vivienda.
7. El Estado consiente o cierra los ojos ante las expropiaciones a particulares para ejecutar teóricos proyectos con fines sociales o de interés público para, posteriormente, vender los solares.
8. Hay empresas del sector inmobiliario (incluidos constructores) que crean partidos políticos para presentarse a elecciones locales --generalmente con la vitola de independientes-- para, si ganan por mayoría o sus concejales son necesarios para gobernar, controlar la concejalía de urbanismo. En otras ocasiones los mafiosos se infiltran en los partidos ya existentes para conseguir el mismo objetivo.
9. La corrupción urbanística se ha expandido a todo tipo instituciones, incluida la Administración de justicia.
¿Recuerdan ustedes cuando Pasqual Maragall, ex presidente de la Generalitat, dijo aquello de que son normales las comisiones del 3% en las obras públicas?, ¿recuerdan que casi todos los dirigentes políticos --y acreditados columnistas-- se llevaron las manos a la cabeza por el grave peligro que según ellos supone decir semejantes cosas? Pues bien, Maragall no dijo ninguna mentira.
¿Será que en las Españas es más importante respetar los formalismos que las leyes?
Otra pregunta: ¿Cuántos medios de comunicación han informado con la relevancia que merece del dictamen de Transparencia Internacional, en cuyas actividades intervienen profesionales de la Economía, del Derecho --incluidos jueces-- y de otras disciplinas y saberes?
En fin, buenas noches... Ya es la una de la madrugada y la lectura de ciertas verdades bien merece un sueño reparador.
*Félix Soria, Periodista,
Im-Pulso, lunes 29 de enero de 2007
En Ronda, contra la corrupción urbanística
JuanTORRES* : "Esta mañana de sábado nos hemos manifestado en Ronda (Málaga) un montón de centenares de personas, toda su calle principal ocupada, convocados por Ecologistas en Acción para protestar por la construcción en plena Reserva de la Biosfera de cientos de chaléts de lujo que ponen en peligro el medio ambiente y el equilibrio sistémico de todos sus alrededores. Para hacerse una idea del criminal atentado que se va a producir y de la ilegalidad con la que se hace, baste señalar que con permiso para construir una superficie para muestras de coches de época ya se ha construido un gigantesco circuito para carreras de fórmula 1 en plena reserva.
Los organizadores me encomendaron el honor de leer el manifiesto que ha cerrado el acto y cuyo contenido está más abajo junto a otros enlaces informativos.
MANIFIESTO LEIDO AL FINAL DE LA MANIFESTACIÓN CONTRA LA MACROURBANIZACIÓN DE LOS MERINOS EN RONDA
Estamos hoy reunidos en Ronda, los vecinos de ¡CUEVAS DEL BECERRO!, ¡ARRIATE!, ¡RONDA! y amigos venidos del resto de Andalucía para mostrar ante los poderes públicos en particular y a la sociedad en general nuestro rechazo a un modelo de desarrollo que, además de representar una amenaza brutal contra el medio natural y urbano de nuestra comarca y que se está implantando a marchas forzadas en todo el territorio nacional, está minando los principios elementales de libertad y de convivencia de nuestra joven democracia.
Entre los derechos fundamentales de la persona se recoge en nuestra Constitución el de la libertad de Expresión y de Opinión así como la garantía del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pero el ejercicio de estos derechos en la práctica ha supuesto que alrededor de 60 personas estén en estos momentos denunciadas por distintos medios, con la finalidad evidente de silenciar las voces que están en contra de este modelo de desarrollo, acumulando algunas personas hasta cinco o seis denuncias y otras con reclamaciones económicas, a través de querellas, que alcanzan los 22 millones de euros en algunos casos.
El pasado 26 de octubre aconteció un hecho histórico y sin precedentes que, sin duda, va a representar un cambio de actitud entre los ciudadanos en la toma de conciencia por la defensa de sus recursos y de la identidad de sus pueblos. Nuestros vecinos de Cuevas del Becerro realizaban una huelga general que era secundada por la totalidad de la población, logrando con ello hacerse oír en todo el territorio nacional e incluso fuera de nuestras fronteras, y también que aquellos que permanecen sordos ante nuestras demandas no tuvieran más remedio que reconocer públicamente la valentía y la dignidad de todo un pueblo que se enfrenta a tan poderosos adversarios, como fue el caso del Sr. Presidente de la Junta de Andalucía.
La defensa de un recurso tan escaso como es el agua fue el motivo que provocó este hecho insólito en nuestro país. El proyecto de desarrollar las macrourbanizaciones y campos de golf en la Reserva de la Biosfera “Sierra de las Nieves”, en las fincas conocidas como Merinos y La Parchite, y que se quiere imponer a base de decretos y cheques, conlleva necesariamente la sobreexplotación del acuífero subterráneo que da de beber a los vecinos de Cuevas del Becerro, Arriate, La Cimada, Los Prados y Seteníl. Por lo que de llevarse a cabo, a corto o medio plazo va a provocar que estos vecinos, que llevan habitando sus respectivos pueblos desde hace siglos, vean como el suministro de agua para consumo humano y para sus actividades agrícolas, desaparezca. En el supuesto de que el suministro de agua se realice desde Ronda supondrá que el problema se traslada a todos los rondeños directamente, ya que el consumo actual se triplicaría, disminuyendo drásticamente el acuífero que abastece a la ciudad. Un recurso natural escaso y que es de todos se lo quedarían unos pocos.
La calidad de vida de los ciudadanos de un pueblo no se mide por el número de habitantes, ni por el desmedido ritmo de crecimiento urbanístico de su ciudad. Los indicadores de la calidad de vida vienen definidos por otros estándares como la riqueza paisajística de su entorno, la calidad y cantidad de sus aguas, el grado de pureza de su aire, la ordenación territorial de la ciudad y su entorno, el equilibrio de la explotación racional de sus recursos y el grado de conciencia de cada individuo sobre sus raíces, costumbres e historia; escritos en la dignidad de su población, sus campos, monumentos y paisajes entre otros...
No olvidemos que vivimos en la tierra más seca de Europa, el paisaje y el agua son recursos escasos y susceptibles de ser dañados o disipados para siempre. No sería admisible que mientras hay todavía viviendas que no tienen agua en su interior 15 Km. más allá se juega al golf.
La especulación del territorio se salta la legalidad, con la connivencia y/o la indiferencia de quienes tienen el deber de velar por el cumplimiento de aquella. Todos conocemos las consecuencias que ha tenido la política de los hechos consumados en poblaciones muy cercanas de la Costa del Sol, y en las que al final nadie se atreve a tomar decisiones que son impopulares y las ilegalidades y la destrucción del medio permanecen para el resto de los tiempos. El motor de esta especulación con el territorio es la globalización, sistema que necesita crecer constantemente para mantenerse. Con ese fin intenta a nivel local y mundial apoderarse -por las buenas o por las malas- de los recursos naturales, a la vez que trata sutilmente de conseguir la mercantilización de todo aspecto de la vida.
Por ello exigimos de las autoridades competentes que se aplique la legalidad y que actúen de forma inmediata y contundente con el fin de evitar que el daño aumente y sea irreversible.
Uno de los aspectos con los que quieren comprar nuestra voluntad es con la supuesta creación de puestos de trabajo para evitar el desplazamiento a otros lugares donde existe trabajo. Lo que no se dice es que esos puestos de trabajo son temporales, muy expuestos desde el punto de vista de la salud laboral y con una explotación de los trabajadores para la obtención rápida de la plusvalía.
La mayoría de esos puestos de trabajo están relacionados con el sector de la construcción, por lo que ¿hasta cuando se va a edificar?.Es muy posible que esta manifestación carecería de sentido y no haría falta si se cumpliera lo que recoge el futuro Estatuto, que previsiblemente aprobará el pueblo andaluz la próxima semana y en el que entre otros establece como objetivo básico de la comunidad andaluza, en su art. 10-7 “La mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas, mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de infraestructuras modernas”.
Y lo establecido en el artículo 28, que como un derecho social dice que “1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y el paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes. 2. Se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales.
Y por si esto fuese poco, entre los principios rectores de las políticas públicas se establece “El respeto del medio ambiente, incluyendo el paisaje y los recursos naturales y garantizando la calidad del agua y del aire”Haciendo una puesta en valor de nuestra Constitución exigimos que, a través de los procedimientos legales, los poderes públicos garanticen la disponibilidad de suelo para viviendas accesibles a todos los españoles, no chalés de lujo al alcance de unos pocos, y con la contradicción de que mientras se construye a un ritmo desenfrenado produciendo 3 millones de viviendas vacías en el territorio español hay otros 3 millones de ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda porque los precios son totalmente desorbitados.
Que se cumpla la Constitución cuando dice en su Art. 47 que: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de unavivienda digna y adecuada.Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes parahacer efectivo este derecho, regulando la utilización delsuelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación […]»
Por último queremos proclamar que el desarrollo sostenible, o más bien perdurable, es la única posibilidad que tiene la humanidad de continuar en este planeta, y nosotros en nuestra sierra.
Porque ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando nos pregunten que donde están las encinas?. ¿Qué era un río?. ¿Dónde están las águilas?. ¿Dónde están las dehesas?. ¿Todo desaparecido?
Con ese escenario termina la vida y comienza la supervivencia.
(Para saber más: Revista El Observador)
Sábado, 10 de febrero de 2007
*Juan Torres López -Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga - Página web: www.juantorreslopez.com
http://hl33.dinaserver.com/hosting/juantorreslopez.com/jtl//index.php?option=com_content&task=view&id=456&Itemid=16
Expertos rechazan una moratoria y exigen un urbanismo menos salvaje
R.BIOT/S.VELERT* : "En los últimos diez años, la demanda pero también la huida de capitales de sectores tradicionales hacia la construcción o la necesidad de ingresos de los ayuntamientos han provocado un "desorden territorial". Un grupo de expertos académicos defendió ayer en Alicante que se empieza a percibir un cambio en la tendencia. Coincidieron, sin embargo, en rechazar una moratoria urbanística por el perjuicio que tendría sobre una economía en la que la construcción tiene tanto peso. Compromís pel Territori protestará de nuevo en la calle contra la política urbanística.
El catedrático de Geografía de la Universitat de València Joan Romero, el profesor de la Factultad de Economía de la misma universidad Josep Sorribes, y Fernando Vera, catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante fueron tres de los expertos que reflexionaron sobre Economía, Construcción y Territorio en la segunda Jornada d'Economia Valenciana Ernest Lluch celebrada en Alicante. Los tres expertos coincidieron, entre otras cuestiones, en rechazar una moratoria urbanística por las consecuencias que esta decisión podría suponer en una economía donde la actividad constructora tiene un gran peso. La solución pasa, en opinión de Joan Romero, por profundizar en una "cultura sobre el territorio diferente". Un cambio en la forma de afrontar una actividad que ha vivido un "rápido crecimiento", defendió Josep Sorribes y que precisa de un nuevo modelo que sea menos costoso para la sociedad que el que se ha desarrollado en la última década.
Los tres expertos insistieron también en la idea de dar un cambio de rumbo al modelo actual. Fernando Vera, por su parte, apostó por "afrontar una reordenación de los distintos destinos turísticos consolidados" e insistió en la necesidad de desvincular el desarrollo turístico con la promoción de viviendas.
Romero advierte que en los foros académicos perciben un cambio que puede ser "positivo para el territorio". Un nuevo escenario en el que destaca la contribución de los movimientos ciudadanos que protestan ante la voracidad de las actuaciones urbanísticas, y el papel de los medios de comunicación de los jueces. Romero puso como ejemplo el Plan Rabassa y el caso Parcent, en los que la presión vecinal y las decisiones judiciales han sido claves.
Compromís pel Territori, que agrupa a un centenar de colectivos, retomará las movilizaciones para exigir "que se pare el actual proceso de degradación del territorio y sus recursos" y se escuche "la voz de la ciudadanía" de cara a las próximas elecciones. Para ello, Compromís ha convocado manifestaciones simultáneas en Valencia, Alicante y Castellón el 21 de abril. La plataforma recordó ayer que elaboró sus propias bases para una nueva política urbanística que exigirían una moratoria de dos años para proyectos fuera de ordenación y una nueva legislación.
El País -Alicante - 17/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/expertos/rechazan/moratoria/exigen/urbanismo/salvaje/elpepuespval/20070217elpval_11/Tes
El PEIT es el principal obstáculo en la lucha contra el cambio climático
ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : "El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT) del Ministerio de Fomento es, hoy por hoy, el principal escollo para la reducción de emisiones y, por tanto, para el cumplimiento del compromiso de Kioto. Además, las medidas más razonables del PEIT para la movilidad sostenible no se han puesto en práctica, mientras que las más impactantes van a todo ritmo.
Como es sabido, para cumplir los compromisos de España con el Protocolo de Kioto no se podrá superar más de un 15% las emisiones de CO2 que había en 1990 para el año 2012. Sin embargo, en 2006 ya hemos más que triplicado ese límite y llegamos al 52% más de lo que emitíamos en 1990. Este espectacular incremento demuestra que en España no se están adoptando las medidas necesarias desde las distintas políticas sectoriales para que exista una reducción efectiva de las emisiones de CO2.
El transporte es el sector que más aumenta las emisiones de CO2: El transporte, el sector económico que más crece (un 4,2% de media anual), consume el 36% de la energía final, y casi un 90% de este consumo es debido al transporte por carretera. Su contribución a las emisiones totales de CO2 ha crecido en los últimos 10 años más de un 60%, lo que le convierte en el principal responsable de que España se aleje alarmantemente de los compromisos de Kioto.
Si se cumple el PEIT no se cumplirá Kioto. Los planes de Fomento son conectar a toda España con ferrocarril de alta velocidad (AVE, con 9.000 nuevos kilómetros de vías), construir 6.000 nuevos kilómetros de autopistas y duplicar la capacidad de los aeropuertos. Es decir, fomentar los medios de transporte más impactantes y emisores: el transporte por carretera, la aviación, y el tren de alta velocidad, por este orden.
Pero no sólo se están apoyando los medios de transporte más insostenibles, en detrimento de otros como el ferrocarril convencional o los medios no motorizados. Para Ecologistas en Acción lo peor es la prioridad establecida por el Ministerio de Fomento, que se está centrando en la construcción masiva de infraestructuras, olvidando los pocos aspectos positivos que recogía el PEIT, y que hasta ahora no se han llevado a la práctica.
Efectivamente, Fomento no ha puesto en marcha, pese a su obligación, el Foro del Transporte -un organismo de participación pública para evaluar la marcha del PEIT-, no está apoyando la realización de Planes de Movilidad Sostenible, no está realizando una gestión de la demanda de transporte y sólo alienta una mayor oferta, no toma acciones para que los precios del transporte reflejen su coste real...
España es uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que su minimización debería ser una prioridad de cualquier Gobierno responsable. Sin embargo, se puede decir con rotundidad que el PEIT no sólo hará imposible la reducción de las emisiones del transporte, sino que provocará su incremento.
El Ministerio de Fomento ya hace tiempo que se muestra insensible a estos graves problemas. Por ello, Ecologistas en Acción no dejará de recordar al Gobierno y al Ministerio de Medio Ambiente que, hoy por hoy, la principal forma de reducir las emisiones -y, de paso, de liberar una enorme gran cantidad de fondos públicos para numerosos fines más útiles socialmente- es abandonar el PEIT y trabajar por una movilidad sostenible.
*Ecologistas en Acción, 14/02/2007
El urbanismo depredador alimenta la codicia
CarlosAGULLÓ* : "La codicia casa mal con el servicio público. Ser concejal en el pueblo de uno puede ser un noble servicio a la comunidad. Pero también puede ser un magnífico negocio. En el acervo popular ha calado más la segunda idea que la primera. Y casi siempre por culpa de algunos presuntos servidores públicos que acabaron convertidos en convictos usurpadores de los bienes comunes.
Dejemos la presunción de inocencia a salvo y tomemos la detención de los concejales de Gondomar sólo como un caso abierto. La corrupción urbanística no es un fenómeno nuevo, ni siquiera un invento de las corporaciones democráticas. Lo que sucede es que ahora Galicia está en el punto de mira de constructores y promotores ventajistas que, casi siempre, necesitan de la ayuda de los alcaldes y concejales menos escrupulosos con el patrimonio colectivo. Y se ve que éstos y aquéllos abundan. En todas partes.
Pero en el fondo de la cuestión no está sólo la avaricia, el afán desmedido de riqueza que algunos no pueden reprimir. También existen problemas de financiación de los ayuntamientos, que ven una ocasión de oro en las recalificaciones y en la interpretación laxa de la legislación. El origen de la corrupción urbanística también reside con frecuencia en las necesidades económicas de los partidos políticos, que han puesto en marcha una ruleta de despilfarro que no es fácil parar. Son causas que casi siempre están entrelazadas, pero que no se ennoblecen porque el fin sea público o privado. Robar siempre es quedarse con lo ajeno.
Cuando se habla del riesgo de marbellización de Galicia no se apunta sólo a un modelo de desarrollo urbano depredador y que desprecia el valor añadido que aporta la naturaleza. También se apunta a una forma de hacer negocios directamente entroncada con los códigos mafiosos y no con el honorable oficio de buscar el lucro en la actividad económica. Las recientes suspensiones de planes urbanísticos, la intervención de la policía ante denuncias de empresarios presuntamente extorsionados, sentencias judiciales que anulan licencias de obras deben servir de aviso a quienes estos días maquinan para completar las listas electorales. Aunque, en última instancia, dependen de los votantes que la sombra de la corrupción siga ensuciando las papeletas que dejamos en las urnas.
*La Voz de Galicia, 16 de Febrero de 2007
Marbella: La estética por la ética
MiguelFERRARY* : "Está claro. Se ha perdido el estilo. Los corruptos de ahora malgastan sus esfuerzos en amasar grandes fortunas de dinero que luego no saben ni gastar. El mal gusto se ha convertido en otra de las consecuencias de la corrupción urbanística.
Leer el sumario del `caso Malaya´ cada vez se parece más al guión de una película de Bigas Luna, con esos personajes ambiciosos, a la vez que zafios, simples y superficiales. Es la hegemonía del `gambón´ y de los trajes con dibujo de leopardo. De las cadenas de oro en ellos y del tinte rubio en ellas. Ya no se compran los favores sólo con maletines en un lugar discreto y oscuro. Se hace bajo la luz de un quirófano para sellar los labios con silicona o estirar la moral para quitar las arrugas.
Pero es que, además, durante muchos años los ahora acusados se plantaron como ejemplo a seguir. El camino para cualquiera que quisiera tener éxito y derrochar a manos llenas el mal gusto y que han hecho de la careta una forma de vida. Operaciones a cambio de recalificaciones. Por el pecho, se aumenta altura. Por unos labios, se concede licencia de obra. Por estirar la piel, se recalifica un terreno. Por una liposucción, la venta de un terreno por debajo de su valor. Precios asequibles para promotores sin escrúpulos. Intervenciones de estética como las que se hacían en Marbella para que el brillante decorado del lujo deslumbrara a todos los ojos y no permitieran ver las oscuras operaciones que se gestaban en su interior.
Hay una frase que repiten de forma frecuente los políticos, diciendo que algo puede ser legal, pero "no es estético". En Marbella se da una paradoja. Todo ha sido muy estético, pero poco legal. La losa que ha dejado sobre la ciudad parece bastante pesada y difícil de quitar en los próximos años.
El sumario del caso seguirá revelando detalles de la corrupción institucionalizada de Marbella, pero también carnaza para programas del corazón que promocionan lo que denuncian y enaltecen al que se rebaja.
*La Opinión de Malaga - 16 FEBRERO 2007
La Junta de Castilla y León modifica la ley y vuelve a la época del despotismo
Plataforma en Defensa de S.GLORIO* : "La modificación de la Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León de fecha 18/2006 es un paso definitivo en el cual el gobierno castellano-leonés se autoriza a si mismo el derecho de pernada sobre cualquier espacio protegido o no de Castilla y León. Si considera que un proyecto es bueno para el desarrollo económico de una comarca lo sacará adelante por encima de cualquier otra ley que proteja ese territorio. Es decir, "...solo hay una LEY, y esa soy yo, ...". Volvemos a la época del absolutismo y del despotismo, de Luis XIV y Carlos III.
Porque no es solo Sanglorio... dicen que van a empezar por la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, a lo que seguiría un Plan Territorial de la montaña de León y Palencia... y por supuesto San Glorio. Claro está que a continuación, salvado el escollo de los tribunales ya que a ellos ya nunca podremos apelar, seguirían urbanizaciones en Segovia y Ávila... por supuesto más estaciones de esquí, pongamos por caso Peña Trevinca en Zamora, Una Covatilla fuera de control en Salamanca, y un Burgos que se dispone a absorber miles de viviendas en espacios protegidos.
Esto es simplemente la plasmación de la maldad de unas personas que viven, y solo viven, rindiendo culto mesiánico a la codicia y a la soberbia... mientras sonríen y estrechan manos en la televisión.
Tenemos solo un mes para parar esto... después será demasiado tarde...
La única posibilidad es llevar ante el constitucional esta Ley. Y solo lo puede hacer. O bien el defensor del pueblo, o 50 diputados de las Cortes Nacionales. También el gobierno de la nación podría parar esto, y la única persona que conoce lo que está pasando es la Ministra Cristina Narbona. Vuelvo a repetir que tenemos solo un mes...
A continuación la noticia que supone un punto de inflexión totalmente impresentable...
"Tanto la futura estación de esquí de San Glorio como el Plan de Ordenación Territorial de la Montaña Cantábrica Central, que abarca el norte de León y de Palencia, serán tramitados como proyectos regionales. Así lo anunció ayer la vicepresidenta primera, María Jesús Ruiz, quien presentó el proyecto de ley por el que se declara de interés regional la Ciudad del Medio Ambiente de Soria y añadió que a este texto legal le seguirán otros dos sobre el plan de la Montaña Cantábrica y la estación de esquí. En este último caso, se daría cumplimiento a la propuesta consensuada por PP, PSOE y UPL y aprobada en las Cortes el pasado junio.
La declaración de un proyecto como de interés regional se produce cuando la Junta considera que, por su interés general, debe promover de este modo un determinado sector o unas actuaciones bien a causa de su magnitud o bien porque su influencia trascienda el ámbito local, según figura en la actual Ley de Ordenación Territorial de Castilla y León. Ambas circunstancias coinciden en el caso de la estación de esquí de San Glorio y de la ordenación territorial de la Montaña Cantábrica, ya que las dos iniciativas abarcan más de una provincia (León y Palencia) y previsiblemente van a suponer un importante revulsivo económico y social para toda la zona así como para el conjunto de la comunidad.
Lo que supone
De los tres tipos de tipos de proyectos regionales que existen (sectoriales, territoriales y vinculados a infraestructuras y dotaciones), la ordenación de la zona sería un proyecto regional de ámbito territorial, ya que tiene por objeto «planificar la ejecución de actuaciones industriales, residenciales, terciarias, dotacionales o de implantación de infraestructuras de interés para la comunidad». Por su parte, la futura estación de esquí sería un proyecto regional con el objetivo de «proyectar la ejecución inmediata de las infraestructuras, servicios, dotaciones, etc., considerados de interés para la comunidad».
En ambos casos, su aprobación como tal conllevará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto. "
Martes 13/02, Boletín Número 24 de la Plataforma
http://www.pdsg.es/modules.php?name=News&file=article&sid=93
Los arquitectos españoles dicen no al desarrollo insostenible
EuropaPress : "Desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España se ha puesto en marcha la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura (ASA) con el fin de aunar esfuerzos e iniciativas en un panorama en el que la reciente aprobación del Código Técnico de Edificación y de la inminente ley del suelo genera nuevos planteamientos y preocupaciones en el sector de la construcción en España además de intentar resolver los compromisos con el protocolo de Kioto.
Mañana tendrá lugar la reunión fundacional con una convocatoria de más de 300 expertos de toda España en edificación sostenible y se plantearán las líneas de trabajo que la asociación asumirá para iniciar su andadura en el contexto actual de cumplimiento del Protocolo de Kyoto.
Entre los temas que se abordarán figuran como principales la negativa de España a la insostenibilidad; la situación actual en el sector de la Edificación, el Código Técnico de la Edificación, la Ley del Suelo y los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto así como la creación de la asociación de Sostenibilidad y Arquitectura como herramienta para alcanzar la ciudad sostenible.
Los fines y objetivos de ASA se centran en integrar todos los trabajos sobre edificación sostenible para potenciar y acelerar su aplicación y difusión, además de avanzar en otras líneas de trabajo y de colaboración.
Esta asociación, además de actuar como punto de encuentro de los profesionales españoles, será el nexo de unión con otras organizaciones internacionales, como iiSBE (Internacional Initiative for a Sustainable Built Environment), que están realizando trabajos en la línea de los objetivos de ASA, además de los grupos de sostenibilidad de los Colegios Oficiales de Arquitectos, el Consejo de Arquitectos de Europa y la UIA, etc.
Europa Press, 15/02/07
La punta del iceberg urbanístico
Viñetas de El bueno de Cuttlas
20minutos.es, abril 2006
http://www.20minutos.es/vineta/400143/0/04/2006/cuttlas/
La compra de una vivienda en España: dificultades, ayudas y otras alternativas
AzucenaGarcía* : "La compra una vivienda en propiedad supone desde hace siete años aproximadamente un gran esfuerzo para todos. Pero el caso de los jóvenes, según datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), la compra de un piso precisa del 64,3% de los recursos. Esta cifra supera el umbral máximo de endeudamiento aceptado por las entidades financieras para tramitar una hipoteca, que ronda el 30%, y obliga a buscar viviendas de menor tamaño, esperar a conseguir una vivienda de protección oficial, heredarla de un familiar o lanzarse al mercado de alquiler, una opción que tampoco resulta barata.
La Administración Pública dispone de ayudas para impulsar el acceso de los jóvenes a una vivienda, pero los interminables contratos indefinidos, los sueldos bajos y el encarecimiento del suelo impiden que muchos de ellos se planeen esta opción.
'Sobrecualificación' y sueldos bajos
Los jóvenes de 30 años constituyen la generación mejor preparada. La mayoría tiene un título universitario, ha realizado un master o curso de postgrado y habla al menos dos idiomas. Sin embargo, la trayectoria académica no parece suficiente para conseguir un empleo acorde con el nivel de estudios. Según recoge el informe 'Eurydice, cifras claves de la educación en Europa 2005', elaborado por la Comisión Europea, los universitarios registran un menor índice de paro y de contratos temporales, pero sólo el 40% tiene un trabajo que se corresponde con su formación. Para José Luis Arroyo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), el mercado de trabajo de los jóvenes "no se configura con actividades que tienen un valor añadido, sino con actividades de servicios, construcción, comercio y hostelería, bastante temporales y precarias", por lo que considera "fundamental" que se invierta en I+D+i y "se fomente un mercado más productivo, que sea capaz de crear empleo industrial y empleo con un carácter estable".
A su juicio, la principal consecuencia de esta inestabilidad y precariedad en el empleo se traduce en la dificultad de acceso a la vivienda, aunque reconoce que este problema "es claramente una cuestión del mercado libre". "Los jóvenes destinan el 64,3% de sus recursos para el acceso a la vivienda libre, con lo cual, el endeudamiento es muy elevado y las entidades financieras no llegan a conceder una hipoteca", explica. Según datos del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI), correspondientes al segundo trimestre de 2006, el umbral máximo de endeudamiento aceptado por la mayoría de las entidades financieras para tramitar una hipoteca es del 30% de la renta, lo que obliga a los jóvenes que quieren comprar un piso a pedir ayuda económica a los familiares o buscar "fórmulas hipotecarias más arriesgadas", como el alargamiento de los plazos del préstamo o la financiación de la totalidad del precio del inmueble. Otros, directamente, abandonan la idea de adquirir una vivienda en propiedad. "También existen otras fórmulas como el alquiler con derecho a compra, pero esta opción en nuestro país se ha concebido como una inversión, sin entender que la vivienda es una necesidad. Se ha perdido el espíritu constitucional que tiene la vivienda", señala Arroyo.
Mileuristas
La situación se agrava con el repunte del tipo de interés, que hasta 2005 registró una caída constante, pero en 2006 experimentó la tendencia contraria, con una subida progresiva e imparable. Es en este contexto donde surge la generación de los mileuristas -jóvenes cuyos sueldos apenas alcanzan los mil euros- y comienzan las dificultades para ahorrar y llegar a fin de mes. Para Antonio López, profesor titular de Sociología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), "el término 'mileurista' se ha generalizado como un concepto que define adecuadamente a un tipo de persona joven, que se encuentra a los 30 años con un salario relativamente estable, pero que no le permite desarrollar un tipo de vida de consumo como el ciudadano demanda o como el que tenia cuando vivía con sus padres". Así, advierte sobre la necesidad de diferenciar entre el mileurista y el trabajador de bajo salario, "aquél que gana en torno a 550 ó 600 euros mensuales", ya que, explica, "el mileurista tiene graves dificultades para desarrollar un estilo de vida tal y como se supone que debe ser en una sociedad de consumo como la nuestra, pero no se encuentra con las dificultades de aquellos otros trabajadores que realmente ven peligrar su subsistencia pese a tener un trabajo remunerado".
López insiste en que el problema no es tanto ser mileurista, como la rotación permanentemente en puestos con este tipo de sueldos. En este sentido, lamenta la existencia de una especie de "generación perdida", la que nació entre 1965 y 1970, "que pese a estar preparada ha pasado por varios puestos de baja cualificación por los que no les pagan más que mil euros". "Ahí es donde está el mayor problema a largo plazo, en el trabajo que no supera nunca ese ingreso y el joven que ve que su horizonte profesional no sale de ahí, ya que también puede darse el caso de jóvenes que ganan mil euros, pero cuya trayectoria profesional les permite aspirar a ganar más y lo que hacen es ralentizar su independencia". Asegura que la calidad de vida es más "un concepto relativo que objetivo" y subraya que hoy en día casi cualquier sueldo parece poco "porque los pisos son muy caros y el estilo de vida y de consumo implica mucho más gasto". "Los jóvenes están acostumbrados a un nivel de consumo alto y se encuentran con una dificultad muy grande para reproducir ese rol, pero no son pobres. Se supone que una persona es pobre cuando gana un dólar diario. Ya quisieran muchos ganar mil euros", exclama.
Salarios acordes a la preparación de cada uno
Respecto a la ocupación de los jóvenes en puestos para los que están 'sobrecualificados', la mayoría coincide en que éste puede ser un factor de desmotivación, "una sensación de que estudiar no sirve para nada", matiza López, pero reconocen que en esta percepción influye el hecho de que los jóvenes no siempre reciben el salario "con la mentalidad de esfuerzo, sino como algo natural". "Mientras que para algunos supone un gran esfuerzo tener un titulo universitario o hablar dos idiomas, para otros es algo natural. Una circunstancia que no le resta drama al hecho de que una parte muy importante de la juventud tiene grandes dificultades para acceder al mercado de trabajo, pero que se tiene que ver, en realidad, como una dificultad para desarrollar aquellas expectativas ligadas a su vida profesional, como son la independencia o la adquisición de una vivienda, no como una distorsión del propio esfuerzo", remarca el profesor, quien recuerda que de media los licenciados ganas tres veces más que los no licenciados. "Es decir, la formación universitaria es un valor añadido, aunque haya una enorme población de gente joven a la que su título universitario no le asegura un bienestar adecuado", apunta.
Emanciparse a los 30 años
En la actualidad sólo el 43,5% de la población joven está emancipada, una media que oscila entre el 57,8% de jóvenes entre 30 y 34 años emancipados y el 16,14% de los que tienen entre 18 y 24 años. Por sexo, son las mujeres las que registran un mayor índice de emancipación (49%) con respecto a los hombres (39%), mientras que destaca el fuerte aumento de la tasa de emancipación de la población inmigrante (70%). En cuanto a las características de la vivienda a la que este grupo concreto puede aspirar, el Observatorio Joven de Vivienda en España señala la necesidad de buscar viviendas de menor tamaño, a las que se supone también un menor coste, cuya superficie máxima es 46,7 metros cuadrados. "El problema es que a menudo estas viviendas o no existen en el mercado o no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, sin tener en cuenta que muchas veces suelen constituir un alojamiento provisional", subraya el informe del OBJOVI. "Todas estas circunstancias -manifiesta Arroyo- favorecen que la emancipación sea muy tardía y que, quien consiga emanciparse, lo haga de una forma precaria, muchas veces en condiciones de infravivienda".
Por su parte, a las dificultades de emancipación, Antonio López añade una variable que él mismo denomina "fragilización de las relaciones personales" y que hace referencia a que el producto que demanda el joven titulado español tiene unas características particulares: su deseo de vivir solo.
Esto eleva el coste de la emancipación, pero entra en juego una cuestión de autoestima cultural, que es la propiedad de la vivienda como un factor de identidad, de demostración ante los demás, de garantía de independencia y seguridad económica", señala. Adquirir un inmueble se ha convertido en una prioridad para muchas personas, que ha contribuido a incrementar el precio de los pisos, junto a la llegada de ciudadanos extranjeros a la costa o a las grandes ciudades, donde cuentan con empleos muy bien remunerados y demandan vivienda de lujo. "Aunque bajara la vivienda, independizarse es caro. Nos enseñan o queremos ser independientes, pero es mucho mas barato compartir piso", advierte López.
En todo caso, quien consigue independizarse y estirar el sueldo para pagar un piso, un coche y afrontar los gastos de la vida diaria puede considerarse afortunado. Formar una familia es un objetivo que se retrasa y que, cuando se materializa, obliga a menudo a buscar un segundo empleo o recurrir a la ayuda de la familia. Esta situación se repite en la mayoría de los países, aunque en algunos, como Francia, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley para garantizar a los ciudadanos el acceso a una vivienda. En una primera fase, que entrará en vigor a finales de 2008, la medida se aplicará a las personas en situaciones de extrema dificultad, como los 'sin techo' y las familias, generalmente monoparentales, con hijos menores y bajos recursos. La segunda fase, a partir de enero de 2012, se extenderá a las personas o familias que viven en lugares insalubres o indignos.
Alternativas a la propiedad
La principal alternativa a la vivienda en propiedad es la vivienda en alquiler, aunque en la actualidad tampoco constituye una opción mucho más barata. El Instituto Nacional de Estadística (INE) afirma que en 2006 los alquileres se encarecieron un 4,4%, lo que es lo mismo: 1,8 puntos más que el Índice de Precios al Consumo (IPC). El vicepresidente del Consejo de la Juventud defiende la necesidad de que exista un mercado público de alquiler, "dirigido a cubrir el problema de emancipación que tiene la juventud, como único instrumento capaz de paliar la situación de dificultad de acceso a la vivienda y cubrir a medio y largo plazo las necesidades del conjunto de la sociedad española". Quienes no tienen la suerte de heredar una vivienda familiar, deben buscar alternativas. "De todas formas -señala Antonio López-, quizá habría que fijarse más en la mentalidad del norte de Europa, donde cada vez se compran más viviendas, pero donde también los jóvenes viajan más, rotan en el mercado de trabajo, aprenden varios idiomas... Los españoles no tienen tanta tendencia a la movilidad, excepto en el caso de la población más joven".
La cultura española apunta más a la permanencia en el lugar de origen que a la movilidad. No obstante, López recalca la importancia de no quedarse con la idea de que "los jóvenes no quieren salir de casa de sus padres" y reconoce que, cuando se toma esta decisión, "debe ser por una apuesta laboral muy importante, con un buen puesto y un buen salario, porque vivir fuera es caro". Las redes sociales familiares en España son un complemento básico a nuestro estado de bienestar. "Para cualquier pareja con hijos, uno de sus principales problemas al vivir en otra ciudad es cómo hacerse cargo de éstos y seguir trabajando, mientras que en su lugar de origen suelen contar con la ayuda de los abuelos. Es un problema de dinero, el mercado de trabajo tiene que pagar más, no puede esperar que por 500 euros una persona joven o una familia abandone su ciudad y se traslade a trabajar a otro lugar", concluye.
Otras alternativas al problema de acceso a una vivienda pasan por el programa de emancipación puesto en marcha por el Instituto de la Juventud, que cuenta con Oficinas de Emancipación Joven distribuidas por la geografía española y una Bolsa de vivienda en alquiler, compuesta por pisos de particulares a los que se facilita gratuitamente un seguro multirriesgo y una garantía de cobro de rentas. Además, el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 prevé ayudas de hasta 2.880 euros al año a menores de 35 años que deseen alquilar y subvenciones a los propietarios de viviendas libres desocupadas que las ofrezcan por un periodo de cinco años. También cuenta con programas específicos de alquiler de pisos para jóvenes, ayudas a los promotores para la urbanización y adquisición de suelo con destino a vivienda para este colectivo, convenios específicos con administraciones e instituciones públicas para promover viviendas de alquiler joven, ayudas entre 7.000 y 10.000 euros para pagar la entrada de una vivienda protegida, subvenciones de hasta 600 euros anuales para hacer frente a la cuota de la hipoteca y programas que facilitan el cambio de una vivienda protegida más pequeña a otra más grande cuando cambian las circunstancias personales.
Otro tipo de alojamiento para universitarios
Por su parte, para los jóvenes menores de 35 años, la Obra Social de Caixa Catalunya cuenta con el programa 'Vive y Convive'. Se trata de una iniciativa de alojamiento alternativo para jóvenes universitarios, que comparten vivienda con personas mayores que tienen "problemas de soledad y necesidad de compañía". "Es un intercambio solidario entre dos generaciones", explican desde la entidad, que se encarga de detectar "a ancianos dispuestos a acoger estudiantes en su casa durante el curso universitario, a cambio de compañía y de la ayuda personal, por parte del estudiante". Se pueden acoger a este programa tanto las personas mayores de 65 años como los universitarios menores de 30 años y estudiantes de postgrado hasta 35 años que se desplazan a estudiar fuera de sus ciudades. Durante el periodo de convivencia, un psicólogo y un asistente social se encargan de realizar un seguimiento del programa, que concede una ayuda de 90 euros a la persona mayor, para compensar los gastos extra de agua, luz y gas, y una beca de 480 euros por curso académico a los jóvenes, como parte del pago de la matrícula. El pasado curso 2005-2006, se registraron 308 convivencias en las comunidades autónomas donde está implantado el programa: Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Aragón, Extremadura e Islas Baleares.
*Consumer.es, Febrero 2007
http://www.consumer.es/web/es/vivienda/compra/2007/02/12/159798.php
Visita de una misión del Parlamento Europeo por el urbanismo
EUROPAPRESS* : "Una misión del Parlamento Europeo visitará del 27 de febrero al 3 de marzo la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía para investigar denuncias de irregularidades urbanísticas que han llegado a la comisión de Peticiones de la Eurocámara.
(El grupo de eurodiputados vuelve año y medio después de su última visita -ya estuvieron en 2004 y 2005- porque "siguen llegando denuncias" a la UE y además están interesados en comprobar in situ qué ha sido de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo hace unos meses, donde además de la condena al modelo urbanístico valenciano, se advertía de que la nueva ley -la LUV- no reconducía el problema).
La delegación estará formada por el propio presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Marcin Libicki, del grupo Unión por la Europa de las Naciones, y por el eurodiputado laborista británico, Michael Cashman.
El Partido Popular, que se opuso a esta visita y pidió que se retrasara al menos hasta después de las elecciones municipales y autonómicas, todavía no ha decidido si enviará o no a un representante, según explicó su representante, Carlos Iturgaiz.
Iturgaiz denunció que se está intentando hacer una "sangría" sobre todo contra la Comunidad Valenciana, porque es la tercera vez que la visita una misión del Parlamento por irregularidades urbanísticas. "Es una visita política contra los Gobiernos del PP" que "no tiene precedentes" en ningún otro Estado miembro, dijo el parlamentario popular.
La mesa de la Eurocámara, donde está representado el presidente y los 14 vicepresidentes, dio este lunes su visto bueno al programa provisional de la visita, que se iniciará en Madrid el 27 de febrero con reuniones con el Gobierno central y autonómico.
El miércoles 28 de febrero, los parlamentarios visitarán la zona de Galapagar y luego viajarán a Almería, donde se acercarán a las localidades de Albox y Almazora. El jueves 1 de marzo centrarán sus reuniones en la provincia de Alicante , con visitas a Orihuela, Torrevieja, Rojales, San Miguel de Salinas, Catral, Ibi, Parcent y Benissa.
El viernes 2 de marzo la misión se desplazará a Denia y Jávea y proseguirá hasta Valencia. Si hay tiempo, los eurodiputados se acercarán también a Benicasim y Oropesa.
En todas sus etapas, los parlamentarios se reunirán con los afectados por abusos urbanísticos y con las autoridades. El 3 de marzo los parlamentarios regresarán a Madrid.
lasprovincias.es, 13/02
http://www.lasprovincias.es/valencia/20070213/valenciana/mision-parlamento-europeo-visitara_200702131934.html
