La Ley de Suelo entrará en vigor después de las elecciones municipales

AGENCIAS-JF.LEAL* : "La Comisión de Fomento y Vivienda del Congreso ha aprobado el texto preliminar de la Ley del Suelo, que con toda probabilidad será sometido a votación en el próximo pleno del Congreso.
La Ley, presentada por el Gobierno en septiembre de 2006, incorpora una batería de enmiendas parciales acordadas por el PSOE y la mayoría de grupos parlamentarios -CiU e IU-ICV, principalmente- encaminadas a combatir la especulación urbanística y precisar aspectos competenciales. Sólo el PP -a quien la Comisión aceptó apenas dos enmiendas- votó en contra del dictamen la futura norma.

Una de las principales novedades que incorpora el texto, que será votado en el congreso antes de final de mes, es el porcentaje mínimo de terreno urbanizable que tendrá que ser dedicado a vivienda protegida, que pasa del 25% inicial al 30%, a partir de una enmienda presentada por Izquierda Unida.

La Comisión dio luz verde por unanimidad a una enmienda que obliga a que cuando haya una recalificación o un incremento de edificabilidad se haga constar la identidad de los propietarios durante los cinco años anteriores.

Esta novedad supone que "cuando una alteración de la ordenación urbanística, que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación".

Además, la enmienda persigue, según explicó el portavoz de CiU, Jordi Jané, una mayor transparencia y "evitar los pelotazos urbanísticos". A esta propuesta, se añade en el mismo marco "la obligación de que las permutas y los convenios pasen por los plenos de los ayuntamientos".
Mayor transparencia

En este contexto, Jané recordó en el transcurso de la comisión que CiU ya presentó en una enmienda parcial al proyecto de Ley para la creación de un Pacto de Estado para luchar contra la corrupción urbanística y que, a partir de esta propuesta, acordó con el PSOE otra en la que se incluyen medidas contra la corrupción urbanística, de "mayor transparencia y mayor control de los cargos locales".

En concreto, mencionó la enmienda que obliga a que se identifiquen los beneficiarios de recalificaciones de terrenos o de incremento de edificabilidad o la que obliga a todos los ayuntamientos a tener copias completas y a disposición de los ciudadanos de los diversos planes, convenios e instrumentos de gestión urbanística.

Otro de los puntos destacados del texto exige a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deban "tener y exponer por publicidad telemática todo el plan vigente, anuncios de información pública, anuncios de información pública y otros trámites relevantes".
Torres Vela, presidente de la Comisión, y Joan Herrera, portavoz de IU-Els Verds. (Foto: J. Palomar)

Torres Vela, presidente de la Comisión, y Joan Herrera, portavoz de IU-Els Verds. (Foto: J. Palomar)
Descontento popular

Tras la emisión del dictamen de la Comisión, el Partido Popular ha mostrado su disconformidad con el texto, aunque, como reconoce su portavoz en la Comisión, Pablo Matos, “ha habido un desplazamiento en la redacción del texto y donde antes se notaba la pluma de IU y ERC ahora se aprecian más las ideas liberales de CiU”.

Según Matos, “el texto sigue manteniendo el sistema de calificación de la ley vigente –urbano, urbanizable y no urbanizable-, de forma que lo único de importante que debería incorporar la ley no cambia en absoluto”.

La única modificación en este apartado es la que se establece para las expropiaciones, donde sí se diferencia entre terreno rural y urbano, “una medida que abarata las expropiaciones, puesto que, el propietario recibirá un dinero por un terreno que se va a utilizar para un fin que reportará muchísimo más dinero, señala Matos.

Para CiU, la Ley del Suelo aún "vulnera de manera directa el Estatuto de Catalunya e incluye en todo caso la regulación de los patrimonios públicos de suelo y vivienda a pesar de haber mejorado muchos aspectos competenciales", señala Jané.
A partir del 1 de julio

Según un pacto alcanzado entre el PSOE y los nacionalistas catalanes, entrará en vigor el próximo 1 de julio, después de las elecciones municipales y de la creación de las nuevas corporaciones locales.

Además, la Comisión aprobó la obligación de establecer "un precio máximo de venta y alquiler", ya que algunas comunidades autónomas "desvirtúan el concepto de Vivienda Protegida" según indicó el portavoz de IU-ICV, Joan Herrera.


*(elmundo.es) 21/02/2007