La Xunta debería derribar diez obras ilegales cada semana para resolver las órdenes dictadas

FARODEVIGO* : Tras décadas de vista gorda por parte de la administración, las excavadoras irrumpen en los solares para tumbar cientos de edificaciones ilegales. Desde la creación en 2008 de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, la Xunta derribó ya 50 obras construidas sin licencia municipal ni autorización autonómica. Ocho de ellas en lo que va de año –cuatro en la provincia de Pontevedra y otras tantas en Lugo–. Pero la lista de viviendas, hoteles y naves amenazadas por la piqueta va en aumento. En la actualidad, el Gobierno gallego tiene sobre la mesa un total de 286 demoliciones pendientes de ejecución, lo que supondría una media de diez derribos a la semana en lo que resta de año para dar carpetazo a las órdenes irrevocables de derribo dictadas por la APLU.

El balance de los dos últimos años puede parecer pequeño, pero supone un paso de gigante si se compara con las demoliciones ejecutados durante los últimos años. Antes de la creación de APLU por parte del bipartito, y tras casi tres décadas con las competencias en materia de urbanismo transferidas , el Gobierno gallego sólo consiguió completar con éxito la demolición de una vivienda. Fue a partir de 2008 cuando la Xunta dio un impulso a los derribos de obras ilegales con la puesta en marcha de la agencia de control urbanístico: cinco obras ilegales demolidas en 2008, 37 en 2009 y ocho entre enero y abril de este año.
Para impulsar los trabajos de demolición de obras ilegales, el Gobierno de Feijóo –pese a recortar las competencias y el personal de la APLU tras la destitución del anterior director– ha reservado para este año 600.000 euros, lo que supone un 25% más del presupuesto asignado el año pasado y cuatro veces más que el de 2008.
89 en Pontevedra
De las 286 órdenes de demolición pendientes de ejecutar, la provincia de A Coruña es el mayor volumen con un total de 104 (36,3%), seguida por Pontevedra, con 89, lo que suponen un 31,1% del total. Mientras que el interior de Lugo y Ourense registran la tasa más baja de órdenes de ejecución, con un total de 45 y 48 respectivamente. En cuando a las ejecutadas en lo que va de año, según datos de la Consellería de Medio Ambiente, dos se llevaron a cabo en el municipio de Poio –ambas obras demolidas eran viviendas–, una en Bueu, también una casa; otra en Nigrán –una nave industrial–, así como tres demoliciones de viviendas en las localidades lucenses de Palas de Rei, Conturís e Vilamarín, y un remolque situado en suelo rústico de protección natural en Foz.
Una de las últimas órdenes de demolición de la APLU fue dictada a finales de abril y afecta a 52 chalés construidos a cien metros de la playa de Balea, en O Grove. Tres meses es el plazo del que dispone la promotora que levantó la urbanización para demoler las casas y restituir la situación original.
Y uno de las primeras sentencias de derrumbe promulgadas por la agencia de control urbanístico afectó a una vivienda de la provincia de A Coruña. Los inquilinos del chalé de planta baja construido en Arteixo en el punto de mira de la APLU no contaban con el correspondiente permiso de la Xunta. La orden derribo de la vivienda, de 122 metros cuadrados en suelo rústico protegido por la normativa de costas, se dictó enero de 2008 y fueron necesarias varias multas coercitivas para lograr que los dueños restituyeran la legalidad.
Y es que antes de que una orden de demolición sea firme, el propietario suele agotar todas las vías administrativas y judiciales a su alcance. E incluso una vez agotadas, la APLU debe cumplir hasta 16 pasos diferentes (iniciar el expediente de contratación del derribo, encargar el proyecto de coordinación y seguridad, presentar la solicitud ante la autoridad judicial competente…) para poder ejecutar la demolición. Una vez que la Xunta emite una orden de derribo, son los propietarios los responsables en primera instancia de su ejecución. Pero si no acatan la orden, la ley permite imponer multas coercitivas para forzar al infractor a cumplir. Si tras siete apercibimientos por parte de la agencia urbanística, con sus correspondientes multas, el infractor no ejecuta la demolición ordenada, la APLU se hará cargo de forma subsidiaria asumiendo todos los gastos, que podrá reclamar después al responsable.
La compleja y larga tramitación de los expedientes de derribo explica por qué las órdenes de demolición fueron casi anecdóticas en Galicia durante las últimas décadas, cuando las únicas construcciones que se derribaron fueron obras menores como muros o galpones.
Pero desde la creación de la APLU, las excavadoras echaron abajo chalés e incluso edificios enteros construidos en suelo rústico sin contar con la licencia municipal o la preceptiva autorización por parte de la Xunta.





* Faro de Vigo - 30.05.10
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es