Arona: Un ´pelotazo urbanístico´ agrava la situación de Sierra

LAOPINIÓN/Tenerife* : En el registro domiciliario del consejero del Cabildo de Tenerife delegado de Sur y edil en la oposición del Ayuntamiento de Arona Félix Sierra Melo (PP) "apareció un documento que descubrió una operación especulativa presuntamente delictiva" vinculada a una recalificación de terrenos llevada a cabo cuando era concejal de Urbanismo (entre 1999 y 2003).

Ese presunto "pelotazo urbanístico" revelado ayer por el letrado Felipe Campos al término de la segunda comparecencia judicial de Sierra en el marco del conocido como caso Arona, ha sido la parte novedosa de la amplia batería de presuntas ilegalidades atribuidas a este político que de momento ha sido imputado de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación continuada y prevaricación contra la ordenación del territorio.
Campos rehusó dar más detalles sobre ese "pelotazo" alegando que "forma parte de la investigación" judicial en curso, pero adelantó que es "espectacular", aunque lo calificó como "espectacular". Otras fuentes apuntaron a que también se investiga el llamativo patrimonio económico e inmobiliario de este imputado.
Sierra empezó imputado en este caso, al igual que el resto de políticos que integraron la Junta de Gobierno de Arona entre 2003 y 2007, por presuntos delitos de prevaricación continuada y contra la ordenación del territorio por haber apoyado con su voto la concesión de licencias urbanísticas que vulneran la legalidad vigente, así como por haber apoyado la contratación de obras y servicios de forma fraccionada para poder adjudicarlas a dedo.

Corrupción. Pero su situación se complicó sobremanera cuando un empresario citado como testigo narró ante el juez, la fiscal y los abogados de los imputados y de la acusación particular una trama de corrupción urbanística en la que vinculó a Sierra durante su etapa de edil de Urbanismo. Además de desencadenar el inmediato ingreso en prisión del ex arquitecto jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa, y del empresario Arsenio Zamora, desencadenó también que al político popular que se sentó ayer en el banquillo de los acusados se le imputaran también presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Esa trama de supuesta corrupción vinculada, según el relato del integrante de la empresa Proguito (José Ramón Ansorena) al presunto cobro de comisiones para la concesión de licencias urbanísticas, los indicios delictivos denunciados por Fiscalía en el proceder de la Junta de Gobierno aronera, el resultado de las escuchas telefónicas realizadas a Sierra y los hallazgos localizados en los registros policiales llevados a cabo en el domicilio y la oficina de este político, protagonizaron ayer la ronda de preguntas que le hicieron el juez Nelson Díaz Frías, la fiscal Inmaculada Violán y los abogados de la defensa. Y al igual que los otros imputados que han prestado declaración tampoco respondió a las preguntas de la acusación particular.
Entró en los juzgados poco antes de las 11.00 horas, empezó a declarar a las 12.20, su comparecencia acabó sobre las 16.00 horas y salió de los juzgados sobre las 20.00 horas.
Al salir de los juzgados evidenció un notable esfuerzo por aparentar una tranquilidad nada lograda, como delataba el temblor de su labio superior (más visible que de costumbre porque se afeitó el bigote que le caracteriza). Pero dijo a la prensa que estaba "tranquilo".
Sobre los registros domiciliarios respondió: "no quiero hablar por no decir algo que no guste" y al preguntarle si se sentía respaldado por sus anteriores compañeros de gobierno dijo que sí, igual que "por mi partido y sobre todo por mi familia". A la salida del Palacio de Justicia le arroparon los populares Juan Antonio González y el edil Esteban Alayón, así como la edila de CC y prima suya Marta Melo.

Según Torco, Arona es "la Marbella canaria"

Juan Manuel Fernández del Torco, abogado de la defensa de dos imputados en el conocido como Caso Arona, señaló ayer en relación a esta causa que este municipio del Sur de Tenerife es "la Marbella canaria", aunque matizó que "me gustaría más estar hablando del caso Gurtel y del cohecho impropio". Añadió que está "absolutamente preocupado" porque "lo que se está narrando como un comportamiento habitual y normal" durante la instrucción de este proceso "está tutelando la vulneración del ordenamiento jurídico por parte de la clase política como algo habitual". Para Del Torco ese es un hecho especialmente grave porque denota que "entonces lo que no es habitual es el cumplimiento de la norma". Y aunque no quiso opinar sobre si es probable o no que esta causa termine con la condena o inhabilitación de políticos y/o técnicos, sí comentó que respeta "mucho" al Ministerio Fiscal y a los jueces y que la Ley "exige un indicio racional de criminalidad" para emprender procesos como éste y que, por ende, actúan en base a la legalidad y no bajo dictados del poder ejecutivo. Eso sí, aseveró que no cree que prospere la acusación que pesa sobre sus defendidos, que son el ex arquitecto jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Arona, Eliseo de la Rosa (que está en libertad bajo fianza imputado de presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación) y la sargento de Policía Local aronera Hortensia García (imputada por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación). En relación a su solicitud de que el decano de estos juzgados de primera instancia se inhiba en la instrucción de este caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Canarias al entender que hay indicios de un presunto delito de tráfico de influencias que afecta a un político aforado como es el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el letrado reiteró que mantiene su postura y que aún no ha recibido respuesta a la solicitud que hizo el pasado viernes a ese respecto.







* La Opinión de Tenerife - BLANCA SALAZAR - 10.09.09
Foto: Arona (Tenerife), vista - D.Garuti, laopinion.es