Urbanismo en negro

GUILLERMO BUSUTIL* : La Costa del Sol está enladrillada. ¿Quién la desenladrillará? El buen desenladrillador que la desenladrille, buen desenladrillador será. Este es el trabalenguas popular que colea en los últimos años en uno de los paraísos del turismo y en otras zonas costeras y de interior, donde los alcaldes han hecho del urbanismo una potente caja registradora, un corralito para amiguetes con ambición y una piedra de escándalo que los partidos utilizan como munición de batalla. Una hipocresía ya que el dinero fácil y la corrupción no entiende de ideologías ni de consignas éticas.

Hasta el punto de que está difícil encontrar a alguien que se considere libre de pecado como para tirar el primer ladrillo contra los enjuiciados, acusados o sospechosos de especular con el suelo público. Esta práctica no es nueva. Hace mucho tiempo que se ejerce, a pesar de la existencia de una Ley del Suelo, la primera de 1956 y la segunda de 2007, que nadie vigila aunque sea un punto básico del Derecho urbanístico. Basta con recordar aquel célebre escándalo de Sofico, muy arraigado en Estepona, de 1974. Desde entonces, los gobernantes locales, con potestad para decidir qué suelo es urbanizable o cual no, utilizaron el urbanismo para ajustar cuentas o beneficiar a vecinos y sobre todo para recaudar unos jugosos impuestos indirectos para la supuesta financiación municipal. Lo malo es que ese dinero casi nunca ha revertido en la riqueza del pueblo sino en las cuentas corrientes, andorranas o clandestinas, de unos personajes sin escrúpulos y que, al margen de las siglas a las que supuestamente defienden, representan el viejo estilo del caciquismo. Un fenómeno dañino que no se ha erradicado en nuestro país y mucho menos por los partidos de izquierda, responsables morales de haberlo
hecho.
La corrupción urbanística, cuya último caso ha sacudido a la esteponera ciudad del periodismo, se extiende por todos lados. Auque la palma se la llevan la comunidad valenciana, Menorca donde en los últimos años se han modificado los planes en 227 ocasiones, Murcia, Almeria y la Costa del Sol. Los territorios en los que la diferencia entre un tipo de suelo y otro es treinta veces mayor, donde el tirón del turismo de sol, playa y golf propicia que se cuadruplique la edificabilidad, donde una denuncia o una sentencia pública se ha resuelto con una multa en lugar de con la demolición y en los que promotores, constructores y políticos acuerdan entre whiskies que el urbanismo siga siendo la piedra filosofal del dinero B y del enriquecimiento ilegal. Lo curioso es que esto lo saben la cola del ratón y la cabeza del león. Es decir, que no cuela que los paisanos se sorprendan de que exista corrupción en un lugar poblado continuamente de grúas ni que las administraciones, que deben tutelar o visar los proyectos, no se enteren ni desconfíen de esta arraigada corrupción que ha puesto a España y a la Costa del Sol en el punto de mira de la policía, de la prensa internacional y de la Unión Europea. Esto resulta más escandaloso en Málaga donde la reciente Operación Malaya, que generó el precedente de crear una gestora, no motivó que en otros municipios sus gobernantes se arrepintiesen de sus delitos y diesen ejemplo defendiendo lo que prometieron al ser elegidos cargos públicos. Incluso es evidente que todavía surgirán nuevos escándalos, que los partidos continuarán rasgándose las vestiduras y resolviendo la vergüenza expulsando a los que días antes festejaban. Mientras la política se desprestigia cada vez más por la abundancia de caciques, pícaros e hipócritas que enladrillan la democracia que tanto trabajo costó construir.





* La Opinión de Málaga - Opinión - 22 de junio de 2008